Exigiendo el pago de su aguinaldo y finiquito es como más de 30 trabajadores de la construcción protestaron a un costado de la obra del viaducto elevado sobre la avenida Internacional de Tijuana ya que los despidieron sin liquidarlos tras exigir el pago del aguinaldo 2024 ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el Senado de la República decenas de personas continúan trabajando bajo un esquema de subcontratación (outsourcing), y acusan que ello deriva en maltratos y despidos injustificados. 

Aunque más de 200 personas trabajadoras limpian oficinas de legisladores, pasillos, escaleras, baños en el Senado, no trabajan para la sede legislativa donde se reforman las leyes en México.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, anunció en un videomensaje una “limpia” en la policía de la entidad, que mantiene un paro indefinido para exigir mejores condiciones de seguridad y la destitución de la secretaria Marcela Muñoz.

La morenista dio a conocer la destitución de nueve policías a quienes señaló de encabezar las protestas y calificó de canallas y corruptos.

El Colectivo de Médicxs en Formación denunció que residentes de más de 18 centros hospitalarios en todo México no han recibido el pago de sus becas.

A través de un comunicado señalaron que desde hace un mes los residentes de distintas sedes de la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) no han recibido su remuneración, por lo que exigen una solución a la brevedad.

Trabajadores del Tren Maya en Quintana Roo han denunciado malas condiciones laborales y abusos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un primer caso difundido a través de un video en redes sociales, obreros del Tramo 7, ubicado en la localidad de Nicolás Bravo, señalaron que los militares a cargo de la obra los amenazan constantemente con correrlos.

Servidores de la Nación de Chihuahua acudieron este 1 de julio al festejo de los cinco años de triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el zócalo de la capital del país. Se trasladaron por una orden, pero también porque sentían agradecimiento. El trayecto de casi 36 horas, ida y vuelta, lo valía para mantener su trabajo.  

Durante el viaje a la Ciudad de México les llegó un mensaje contundente: “Llegas del viaje y el lunes ya no te presentas a trabajar”, relató Samantha, trabajadora que tenía un contrato temporal al que le faltaban dos meses para concluir.

Por sexta ocasión en lo que va de este año y la segunda en menos de una semana, el gobierno de Estados Unidos solicitó al de México usar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC e investigar la denuncia de violación a los derechos de los trabajadores de la mina San Martín, en el estado de Zacatecas.

Katherine Tai, representante Especial de Comercio (USTR) de la Casa Blanca, hizo el pedido al gobierno mexicano tras recibir las denuncias de los trabajadores de la mina extractora de cobre y zinc.

Esta arbitraria medida laboral ya empieza a generar airadas protestas de los trabajadores del sector, principalmente del gremio de la enfermería, quienes le exigen al IMSS-Bienestar –entre otras demandas– ajustarse a los salarios y categorías que tienen los empleados de la Secretaría de Salud, quienes están mejor pagados, bajo el argumento de “a trabajo igual, salario igual”, estipulado en el artículo 123 constitucional.

Migrantes mexicanos denunciaron este domingo a redes de supuestos reclutadores que los enganchan con la ilusión de obtener trabajo en Canadá y luego los convierten en “esclavos modernos”, ya que los explotan y los tienen hacinados en viviendas que comparten hasta con 15 personas.

“Todo es un fraude: te cobran 600 dólares (canadienses o 441 dólares estadounidenses) al mes de renta y exigen otros 5,000 dólares con el argumento de que están tramitando tu refugio en Canadá”, contó a EFE Kevin, un mexicano que hoy fue deportado de Ottawa a Cancún.

Nalleli H., quien trabaja desde hace cinco años en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, denunció que le bajaron su sueldo, así como su nivel en la estructura de la dependencia, bajo el argumento de que tenía muchas faltas. Sin embargo, estas ausencias se deben a que está en tratamiento contra el cáncer de mama.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, el máximo tribunal capitalino donde se resuelven conflictos laborales, se vive una gran paradoja: alrededor de 50 trabajadores, algunos con hasta 35 años de servicio en la institución, han sido cesados sin justificación legal y, peor aún, sin que les respeten los derechos laborales que por ley les corresponden.

Los contratos de protección en México son uno de los mayores obstáculos para organizar sindicatos y negociar convenios colectivos genuinos. Se pactan entre empleadores, gobiernos y sindicatos antidemocráticos con o sin el conocimiento de los trabajadores y, a menudo, están vigentes antes de que sean contratados. Con frecuencia, los trabajadores que han desafiado poderes corruptos que mantienen dichos contratos de protección enfrentan severas represalias, que incluyen despidos, amenazas, violencia y condiciones de trabajo deplorables.

Dos jueces federales han impuesto 13 multas a la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y al comandante en jefe de la Guardia nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, por desacatar de manera reiterada un amparo tramitado por uno de sus agentes a quien, entre otras irregularidades, no le han pagado el sueldo que por ley le corresponde.

El monto de las multas impuestas a los dos altos funcionarios, así como a un directivo de Recursos Humanos de la GN ascienden, hasta ahora, a más de 182 mil pesos, cifra que podría incrementarse debido a que el agente afectado continúa sin recibir los apoyos que según los jueces le corresponden.

El enfermero Oswaldo Vértiz denunció, públicamente y a través de un escrito, acoso laboral hacia él y sus compañeros que entraron a trabajar al Hospital General de México Eduardo Liceaga para atender a pacientes COVID en abril de 2020.  Esperaba que con la queja oficial y pública las cosas mejorarán. Pero lo que sucedió fue que el pasado jueves 30 de junio, el Hospital le avisó que ya no le renovarían su contrato temporal de cada tres meses. No le dieron más explicación que la de “recorte de personal” y lo dejaron sin empleo.

Animal Político pidió, a través del área de comunicación del Hospital General de México, saber por qué ya no le renovaron su contrato a Vértiz, pero la respuesta fue que no tenían la información sobre el motivo de la no renovación y que, si la persona afectada tenía alguna inconformidad, se dirigiera al área de Recursos Humanos.

Tiendas departamentales, como Sanborns, Palacio de Hierro y Liverpool, contribuyeron con la precariedad laboral de la industria de la moda en México, donde más de un millón de personas trabaja sin acceso a derechos laborales, denunció la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

A través del informe “La precariedad laboral está de moda”, la organización exhibe a la industria del calzado, el vestido y a las tiendas departamentales y supermercados que comercialización los productos y obtienen millones de pesos en ganancias, mientras que a un millón 18 mil trabajadores —de los que más de la mitad son mujeres— no se les respetan sus derechos laborales.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado despidió a siete policías estatales que encabezaron el paro de labores y la manifestación realizada el sábado 19 y domingo 20 por agentes de la corporación estatal para exigir la destitución de tres mandos, así como mejores condiciones laborales y un plan de apoyo económico para las familias de los policías caídos.

Los uniformados recibieron un oficio en que se les notifica que a partir del primer día de abril causan baja de la policía estatal por “pérdida de confianza”.

Saraí García y Mario Ordoñez laboraban como orientadores jurídicos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) donde llevaban meses exigiendo mejores condiciones como el uso de equipos de cómputo y sillas para sus lugares de trabajo.

“Ten cuidado con lo que haces, o te vas a meter en problemas graves. ¿Quién te crees que eres para bajar a esos afganos del avión?”.

Gabriela, de 31 años, denuncia que esta fue la amenaza que le profirió uno de sus superiores en el Instituto Nacional de Migración (INM), después de comunicarse con la delegación del Instituto en el Aeropuerto de Cancún para conocer la situación de una pareja de afganos que habían llegado al país para pedir asilo y que estaban por ser deportados. 

“Me presenté por oficio a la sede de la Coordinación Regional de la Agencia de Investigación Criminal, donde el jefe regional de la unidad administrativa de esta dependencia me informó que a partir del 1 de enero del 2022 se terminaría la relación jurídico administrativa que me une con la fiscalía, debido a un nuevo modelo institucional. También me dijo que tendría que firmar mi renuncia voluntaria y recibir el dinero que me estaban ofreciendo porque no habría forma de evitar mi separación del cargo”. Este es el relato de un agente de la policía ministerial al que fue anunciado su cese el pasado 28 de diciembre. 

Como él, agentes del Ministerio Público, peritos y policías de diversas delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron en los últimos días citatorios para presentarse en las oficinas de la institución y allí fueron notificados de su inminente despido, que se hará efectivo el próximo 1 de enero. 

Enfermeras y enfermeros que trabajan en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, contratados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para atender la contingencia sanitaria, denuncian que pese a tener más de un año laborando no les han dado vacaciones, además aseguran que reciben malos tratos y discriminación por parte de jefes y compañeros que sí tienen base, mientras ellos siguen con contratos de solo tres meses y en la incertidumbre de no saber si les darán uno definitivo o no.

Este personal de enfermería es parte de los recursos humanos que ingresaron a los hospitales para atender la pandemia y sobre los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no se quedaran sin empleo, algo que todavía reiteró este primero de diciembre, en el informe por sus tres años de gobierno.