Animal Político consultó con la Secretaría de Bienestar sobre las denuncias de despidos injustificados, renuncias y condiciones de trabajo realizadas por exservidores de la nación y algunos que aún se encuentran en funciones, sin que hasta el momento de la publicación haya dado información al respecto.

Las denuncias por despidos injustificados e irregulares

En 2018, Dolores se unió al grupo de voluntarios que realizaban recorridos por distintas colonias del país, primero para la promoción del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, y después para realizar el llamado “Censo del Bienestar”, que registró a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal al inicio del sexenio anterior. Gracias a este trabajo, posteriormente fue nombrada como servidora de la nación, con lo que pasó a formar parte de la Secretaría de Bienestar.

“Cuando López Obrador llegó a la presidencia nos pidió que fuéramos las personas que lleváramos los programas sociales más allá de las oficinas, que íbamos a recorrer colonias para buscar a los más necesitados. Para enero de 2019 se nos pidió formalizar nuestro trabajo con documentación, y fue cuando recibimos el nombramiento de servidores de la nación, aunque fue hasta abril de ese año, cuatro meses después, que nos pagaron nuestro primer salario”, recuerda.

“Yo entré por interés de que el país cambiara y que dieran frutos los proyectos del presidente Andrés Manuel. En mi experiencia, estuvimos trabajando no sólo para los programas de Bienestar, también formamos parte de jornadas de vacunación en la pandemia de COVID, e incluso realizamos actividad política”, sin embargo, lamenta que “así como hemos sido parte de este trabajo, hemos tenido muchas injusticias”.

Durante el tiempo que se desempeñó como servidora en el estado de Baja California, Dolores no tuvo contrato, únicamente recibía nombramientos con tres meses de vigencia, hasta el pasado mes de enero, cuando le informaron que ya no se presentara a trabajar, sin justificación ni un proceso de liquidación.

Aquel día, 2 de enero, Dolores había registrado el inicio de su jornada laboral vía WhatsApp, enviando a su superior la ubicación real de su teléfono celular por ocho horas. “Andaba en el proyecto del censo de salud y bienestar, pero al terminar el día me escribieron que ya no me presentara porque no iba a llegar mi nuevo nombramiento. Supuestamente la instrucción vino de la Ciudad de México, por lo que al igual que otros compañeros quedé desempleada”, detalla.

Alma, otra de las servidoras de la nación despedida en Baja California, cuenta que recibió la noticia el 21 de diciembre, después de trabajar por cinco años y medio en la Secretaría de Bienestar, y al igual que en el caso de Dolores, fue notificada “sin darnos nada por escrito y sin darnos lo que corresponde por ley”.

“Por mucho tiempo se nos presionaba para trabajar muy tarde, aún sábados y domingos, días festivos, y en tiempo de pandemia tuvimos jornadas de todo el día con sólo 30 minutos de descanso, sin que el delegado fuera a apoyarnos con comida, sillas, gel antibacterial o cubrebocas y sin pagos extra… pero aguantamos porque estábamos prestando un servicio con mucho amor”, subraya.

Pese a que fue notificada de que se terminaba su nombramiento, Alma afirma que su nombre continúa apareciendo en la nómina de Bienestar, por lo que acusa que están haciendo uso de su información personal para que esa plaza de servidores de la nación siga siendo utilizada, sin que a ella le retribuyan de ninguna manera.

“Nosotros que fuimos despedidos aún seguimos en nómina, pero no nos llega ni un depósito a nuestra cuenta y queremos saber qué pasa con ese dinero y por qué aún seguimos en el sistema, porque no nos dieron un despido por escrito que viniera de la Secretaría de Bienestar. No les importó despedirnos en esas fechas en las que es muy difícil conseguir trabajo, no les importó si somos el único sostén de la familia, si pagamos renta, si tenemos hijos a los que tenemos que darles de comer”, reclama Alma.

Según la información de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 la Secretaría de Bienestar tuvo un aumento de 2.21% en comparación con 2024, y únicamente se contempló la reducción de dos plazas. Aunque, en cuanto a los servidores de la nación –cuyos trabajos no se encuentran formalizados por contratos permanentes–, exfuncionarios despedidos documentaron que fueron al menos once personas quienes no tuvieron renovación de nombramiento.

“Renuncié porque ya eran demasiadas injusticias”, asegura exservidora

Tras seis años de trabajo en la delegación de Bienestar en el estado de Nuevo León, Nereida tomó la decisión de renunciar en diciembre pasado, “porque ya eran demasiadas injusticias y preferí retirarme; nos exigían estar disponibles 24/7, no respetaban nuestros horarios y en todo el tiempo que estuve sólo pude tomar dos semanas de vacaciones, una de ellas porque falleció una familiar”.

Aunado a estas situaciones, la exservidora reclama que, para poder desempeñar su trabajo, tenía que comprar hojas de papel, grapas, ligas, e incluso una impresora, ya que “ahí no te dan nada de material”.

Antes de renunciar, Nereida afirma que hizo intentos por solicitar que se respetaran los horarios y su derecho a tomar vacaciones, sin embargo, la situación en vez de mejorar, empeoró, “porque te agarran de carrilla, como decimos acá, o sea, que te traen de encargo”.

“Me voy decepcionada porque nuestro querido Andrés Manuel se fue y nunca nos dieron base como trabajadores, y sé que han habido más casos de personas que, como yo, han preferido renunciar, porque definitivamente no estamos de acuerdo con tanta cosa”, lamenta, ya que “ese trabajo me fascinaba, el tener contacto con las personas me permitió hacer muchas amistades que todavía me escriben, pero todo se volvió muy pesado, y en los últimos meses de plano no me daban ganas de llegar”.

A pesar de que ha recibido el ofrecimiento de volver a trabajar como servidora de la nación, Nereida dice que no está dispuesta a regresar sabiendo que tendrá las mismas condiciones laborales por las que decidió renunciar, por lo que prefiere esperar un tiempo para resolver algunos pendientes y “dios mediante, en los próximos meses voy a ver qué hago”. 

La “situación insostenible” de quienes continúan como servidores de la nación

En Zacatecas, los servidores de la nación trabajan en condiciones similares a las que se han denunciado en otros estados. Es por eso que P., quien pidió no publicar su nombre por miedo a represalias, ha considerado renunciar, aunque a la fecha no lo ha hecho porque necesita el trabajo para mantener a sus tres hijos.

“Ya no aguanto, de plano no quisiera seguir ahí por el exceso de trabajo, el abuso de poder de algunas compañeras; van seis años de violaciones a nuestros derechos, pero no quiero irme así nada más, aunque ya me tengan tachada como revoltosa porque les contesta y les exige los derechos que debemos tener”, expresa la servidora.

A diferencia de otros de sus compañeros, que se unieron a las brigadas que defendieron los votos a favor de López Obrador en 2018, ella recuerda que tomó este trabajo “por necesidad”, y lo que se encontró fue un espacio en el que les exigían mucho, a veces con pagos que se retrasaban hasta tres meses, con la justificación de que “este no era un trabajo cualquiera, sino un movimiento”.

“Pagamos nuestro propio internet y los materiales con los que se trabaja, hay que estar viendo cada quién cómo llegar hasta las comunidades, además de que no hay descansos y el trato es de hostigamiento. Cuando se descompone algo en la oficina, nos piden pagar montos de entre 100 y 250 pesos para la supuesta reparación, aunque independientemente del monto, yo no estoy de acuerdo porque es dinero que bien podría darle a mis hijos”, menciona la mujer.

Sin embargo, señala que debido a las condiciones de necesidad que tienen ella y sus compañeros de este trabajo, “sienten que pueden hacer con nosotros lo que quieran, políticamente. Con un solo sueldo nos hacen llevar programas sociales federales y estatales haciendo promoción de algunos políticos, aunque nos obligan a firmar un documento en el que se establece que eso está prohibido”.

“Es una decepción, porque no sé si la doctora Claudia Sheinbaum sepa, si Ariadna Montiel está enterada de la situación horrible que tenemos aquí y en otros estados, porque allá arriba dicen una cosa, pero la verdad que nosotros vivimos es completamente diferente” –cuestiona–, mientras se lamenta por saber que, a menos que renuncie, tendrá que continuar aguantando estas situaciones, hasta que las autoridades federales y estatales atiendan las problemáticas que han denunciado por diversos medios sin obtener respuesta.

“Entiendo a mis compañeros, que como yo necesitan el trabajo, pero psicológicamente estamos dañados, la situación es insostenible, pero mi plan es seguir aguantando, con la esperanza de que más adelante se vaya acomodando esto y nos quieran escuchar y que las cosas cambien, aunque no me toque a mí, pero para los demás compañeros que entren”, agrega.

De acuerdo con información recopilada por el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación (SINASEN), las quejas por las condiciones laborales en las que se encuentran estos trabajadores también se han presentado en Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Tamaulipas y Estado de México.

En junio de 2024, Animal Político publicó que 12 servidores de la nación fueron despedidos en el estado de Jalisco después de organizarse en el SINASEN, sindicato que formaron para la exigencia de derechos laborales.

La vocera se presentó junto con representantes del primer circuito de la Ciudad de México, y como se informó Proceso, esto a causa de que el CJF decidió limitar al 2 % las aportaciones al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y al Fondo de Retiro Individualizado (FORI), en respuesta a la reducción presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados para el PJF en el ejercicio 2025. 

Patricia dijo que el Consejo está  violando el décimo transitorio y varios artículos de las condiciones generales de trabajo, además de expresar que existe incertidumbre ante la llegada de un nuevo órgano de administración en lugar del CJF en agosto, pues esto no les garantiza ninguna seguridad laboral ni el respeto de sus derechos.    

En relación con los sindicalistas del PJF, liderados por Jesús Gilberto González Pimentel, quienes recientemente también han realizado protestas frente al CJD, Aguayo señaló que no respaldan a este grupo de trabajadores, ni a su dirigente y explicó que ellos han optado por convocar una huelga, mientras que su propia fracción considera la suspensión de labores.  

“El año pasado, sacaron un comunicado el 11 de enero del 2024, haciendo una serie de argumentaciones, en el sentido de que la huelga es inviable, porque el Consejo no está violando nuestras prestaciones laborales. Entonces ahora, como por arte de magia, ahora si ya es procedente la huelga” dijo la vocera.

La Ley de la Seguridad Social indica que un beneficiario de ese derecho, afiliado por ejemplo al Instituto Mexicano del Seguro Social y que contribuye con su cuota lo mismo que el patrón, tiene derecho a afiliar a ese servicio de salud garantizado, a los padres, a los cónyuges y a los hijos menores de edad, y a los mayores de edad, sólo si aún son dependientes y continúan con sus estudios profesionales.

Pero en Baja California, los empleados de la FGE y del gobierno están afiliados al Issstecali, institución en quiebra debido a los malos manejos de los gobiernos, sea por el impago de las cuotas de los trabajadores del Estado y Municipios, o por la pésima administración de los recursos en gobiernos pasados y el actual.

Para sobrevivir, dado que la gobernadora Marina Ávila Olmeda no ha logrado los consensos para reformar la Ley del Issstecali e intentar ordenar algo de la maltrecha institución que ahogada en déficit pretende mantenerse incrementando cuotas a los trabajadores, ahora los de la FGE deben aportar.

En el portal electrónico de ZETA (www.zetatijuana.com) publicamos una nota revelando el abusivo descuento a los empleados de la FGE un día antes de que lo hicieran efectivo. Y lo que sucedió al interior de la corporación, dicen que fue una persecución de los altos mandos para dar con la persona que dio a conocer la información y cambiarla de adscripción.

Es la forma que tienen en la FGE para “castigar” o reprimir a los agentes y colaboradores, cambiarlos de comisión, adscripción e incluso de municipio. Si alguien está en Tijuana y ha hecho algo que molestó a “los jefes”, lo mandan comisionado al Paralelo 28 y allá a ver qué hace.

Por supuesto que los agentes y demás trabajadores de la FGE están molestos con esta situación, consideran injusto y con toda razón, que no puedan disponer para sus familias del derecho a la seguridad social como lo marca la Ley, sino que ahora deben pagar por ello como si se tratase de un seguro privado de gastos médicos mayores, cuando de hecho la atención en Issstecali es de pésima calidad.

En una época en que los gobernantes y titulares de las áreas de seguridad, prevención, protección y procuración de justicia refieren la necesidad de dignificar la labor del policía, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal estatal María Elena Andrade están precarizando aún más la condiciones de quienes trabajan en la FGE, al obligarlos a descuentos de 250 pesos por cada derechohabiente, adicional a la seguridad social y de salud en el Issstecali, y, de manera interna en la fiscalía, se amedrenta a quienes revelen información o pretendan manifestarse por el injusto y unilateral acuerdo de descuento.

Si eso no fuese ya suficientemente grave, el martes 14 de enero, agentes de la FGE y demás colaboradores y empleados de la fiscalía no recibieron su primera catorcena como por Ley debe ser ante el trabajo desempeñado. No les pagaron. El dinero que han ganado en los primeros catorce días del año por su trabajo, no les fue depositado a sus cuentas, y cuando fueron a preguntar por qué no habían recibido su sueldo, la indolente respuesta de la autoridad fue simplemente que la institución “no tenía dinero y estaba en reajustes”.

Aparte, a eso de las tres de la tarde les advirtieron: “Y ni se les ocurra hacer manifestaciones, porque serán cambiados de adscripción. En el transcurso del día se irán liberando los pagos”.

Por supuesto molestos por la falta del pago, los agentes empezaron a enlistar otras inconformidades sobre el actuar dentro de la institución, como horarios extendidos de trabajo (sin pago de horas extra), trabajo en días festivos (sin pagarlos acorde a la Ley), y en algunos casos, la exigencia de “cuotas” para los agentes que trabajan en calle, las cuales suelen superar el requerimiento de pago de los 4 mil pesos.

Los agentes comenzaron a recibir el pago de sueldo hasta la noche del miércoles 15 de enero, registrando, además, descuentos desde 250 hasta mil 500 pesos, dependiendo del número de afiliados a la seguridad social que tengan. Pero de quejarse, nada, a reserva de ser castigados.

Así las cosas en la FGE de Baja California, que se va ganando con fundamento y desde el interior, la fama de mala paga y represora.