El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha incumplido la orden que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió desde 2019 para que todas las instituciones del gobierno federal entreguen al Archivo General de la Nación (AGN) la información que tengan sobre violaciones a derechos humanos.

Así lo advierte el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), instancia que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), y que este martes publica un informe sobre los incumplimientos del CNI.

Cinco de las 32 entidades del país concentran el 81.6% de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va de este año, de acuerdo con cifras oficiales.

Entre enero y febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió 404 expedientes relacionados con el INM, de los cuales 330 corresponden a posibles abusos de funcionarios del organismo en Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Cuatro mujeres trans denunciaron ser víctimas de golpes, discriminación y malos tratos por parte de policías municipales en León, Guanajuato.

A través de un video en redes sociales, Vanessa Vázquez mostró el momento en que sus amigas eran detenidas en la calle Julián de Obregón, frente al Parque Hidalgo, bajo el argumento de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas, hecho que las mujeres negaron.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó violaciones graves a los derechos humanos por detención arbitraria, ataque sexual y a la integridad personal por actos de tortura en agravio de dos personas, en actos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en marzo de 2022.

En la investigación también se incluye a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que se negó a abrir la carpeta de investigación y solo cambió de opinión cuando el caso se denunció en medios de comunicación.

El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».

Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.

La mañana del 4 de febrero de 2014 un grupo de soldados irrumpió en la casa de la señora Elvira Santibañez en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Sin ninguna orden de cateo, pero con el supuesto argumento de que estaba implicada con una banda de homicidas y secuestradores, los soldados tiraron a la mujer en el suelo, le amarraron las manos y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. 

“¿Ya me vas a decir de una vez o te mato? ¿si o no?… ¿ya vas a hablar?… ¡Te voy a dejar en muletas…! ¿qué te parece?” … le repite a Elvira una de las militares, al tiempo en que corta cartucho y otro la sofoca con la bolsa. Todo quedó registrado en video.