Una decena de mujeres que han sufrido violencia vicaria se encadenaron y hacen huelga de hambre para exigir que en Jalisco sea aprobada una ley para evitar que sus hijas e hijos sean retenidos por sus exparejas, quienes ejercieron diferentes tipos de agresiones.

Doce madres que integran los colectivos “Frente contra la Violencia Vicaria” y “Madre, Yo Sí Te Creo” iniciaron una huelga de hambre y se encadenaron afuera de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco para exigir que se sancione la violencia vicaria en la entidad.

La protesta, que inició el martes, busca que las y los diputados del Congreso del estado legislen sobre el tema, pues, acusan que ha sido evadido por más de dos años. Las manifestantes piden que la violencia vicaria sea considerada una violencia específica de género.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son constitucionales las normas que sancionan la violencia vicaria en San Luis Potosí y constituyen violencia de género.

Por unanimidad de once votos, el Pleno del Máximo Tribunal aprobó el proyecto presentado por la ministra Yasmin Esquivel, ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí pidiendo la invalidez de dicha legislación.

Diputados aprobaron la iniciativa que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los códigos Civil Federal y el Penal Federal, para regular la violencia a las mujeres a través de interpósita persona o violencia vicaria.

El dictamen, que tipifica como delito la violencia vicaria y establece penas de hasta cinco años de cárcel, fue remitido al Ejecutivo para su promulgación.

Un día antes del Día de las Madres, Dulce Flores se enteró de la muerte de su hijo Fernando, de ocho años de edad, por una llamada telefónica. La mujer no lo veía desde hace 10 meses  (pese a tener la custodia legal de dos hijos), pues el padre se negó a entregarlos tras llevárselos de Morelos a Guanajuato. 

La mujer se trasladó de Cuautla a Guanajuato, en compañía de su madre, y averiguó dónde se hacía el servicio funerario, pero el padre le impidió siquiera acercarse al féretro por una supuesta orden de restricción.

Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó reformas que buscan atender, sancionar y erradicar la violencia por interpósita persona, también conocida como “violencia vicaria”. 

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, el pleno de la Cámara Alta avaló las reformas para establecer castigos hasta con cinco años de prisión a este tipo de agresiones.

La Ciudad de México está en camino de convertirse en la décima entidad en reconocer la violencia vicaria, misma que se ejerce en contra, principalmente, de los hijos o hijas de una mujer con la finalidad de dañar a ésta, luego de que el pasado miércoles 23 de noviembre la Comisión de Igualdad del Congreso Capitalino aprobó una iniciativa con la que se busca incluir esta modalidad de violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Organizaciones sociales y diputadas de la Ciudad de México presentaron una iniciativa para que el concepto de “violencia vicaria” –la que se ejerce contra los hijos para herir a la mujer– se incluya en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Francis López Bayghen Patiño, el miércoles 23 el dictamen subirá a la comisión legislativa correspondiente y la próxima semana, al pleno del Congreso de la Ciudad de México para ser votada. Adelantó que tiene el apoyo y acompañamiento de “todos los grupos parlamentarios”.

Dulce María Silva Hernández, diputada federal de Morena, planteó al Congreso una reforma para incluir el concepto de violencia vicaria en la legislación federal y obligar a las 32 entidades del país a hacer lo propio en sus normas.

La iniciativa de Silva Hernández, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara, fue publicada este miércoles en la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso.

En menos de dos días, Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, se ha mostrado intolerante e incluso grosero con ciudadanos que le han pedido ayuda o protección. Este lunes, descartó influyentismo en el caso de Ángela María Barba Ascencio, madre de un niño de nueve años, quien solicitó su intervención para recuperar a su hijo.

En los primeros días del mes de julio, tres mujeres integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria fueron arrestadas por autoridades, como resultado de los pleitos legales que sostienen con sus exparejas tras haberse separado de ellos.

La organización reportó que el pasado 4 de julio Yetlanezy Baltierrez fue detenida en Sonora, acusada de incumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hijo de 18 años, aunque no existe un fallo que determine que le debe dinero a su exmarido por los años que estuvieron separados y el joven aún era menor de edad. Debido a esta irregularidad en su proceso, la mujer fue liberada horas después.

Zacatecas es el primer estado del país que aprueba la tipificación de la violencia vicaria como parte de su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de sus códigos locales familiar y penal. 

La iniciativa, aprobada por el Congreso local el 31 de marzo, la define como “cualquier acto u omisión, por parte de la pareja o expareja sentimental de una mujer que inflija a personas con las que esta tenga lazos de parentesco civil, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de causar perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la mujer”. 

Para algunas mujeres, las agresiones que viven por parte de sus parejas no terminan cuando deciden separarse. Por el contrario, se convierten en víctimas de “violencia vicaria”, concepto que se refiere al daño que causa el padre a sus hijas e hijos para generar dolor a la madre. La historia de Lizeth es un ejemplo de esto.

Lizeth lleva más de seis años separada de sus dos hijas, Fernanda y Samantha. En 2016, le pidió el divorcio al padre de las niñas, quien la violentó a lo largo de la década que duró su matrimonio. Él respondió con la sustracción de las menores —entonces de ocho y 10 años— y también con una denuncia por presunta violencia familiar.