«Este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de la región», señalaron las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de IPRI (Indigenous Peoples Rights International) en México, que enmarcaron la desaparición y homicidio de Nicolás Romero en las agresiones, desalojos y criminalización que se intensificaron en el municipio tras el desalojo del campamento «Tierra y Libertad», instalado en 2023 contra el megaproyecto del tren interoceánico, en Mogoñé Viejo.
El asesinato de Nicolás Romero se suma a la serie de agresiones a las que los pobladores del Istmo de Tehuantepec se enfrentan por defender su territorio, entre ellas la criminalización de 24 defensores que participaron en el plantón y de 17 personas de la comunidad binnizá de Puente Madera, que también se lucha contra la imposición de los parques industriales del Corredor Transístmico.
«Incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación», señalaron las organizaciones del IPRI en referencia al caso de David Hernández Salazar, defensor binnizá de Puente Madere criminalizado por su oposición al megaproyecto.
El IPRI señaló que el asesinato de Arnoldo «lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello», y urgió al Estado mexicano investigar el crimen y garantizar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad.
Finalmente, llamó a que las autoridades desarrollen un plan con las medidas de seguridad «necesarias y culturalmente adecuadas» para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.
COMUNICADO:
A la opinión pública solidaria.
A los medios de comunicación.
A las instancias internacionales de Derechos Humanos.
A los Pueblos Indígenas de Oaxaca, de México y del Mundo.
Hermanas y hermanos.
El 21 de enero de 2025 fue encontrado sin vida y con heridas de bala el cuerpo de nuestro compañero indígena ayuuk Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero. Desde las organizaciones que integramos el Grupo Núcleo de IPRI en México expresamos nuestra profunda indignación por este asesinato junto con toda nuestra solidaridad para su familia y comunidad. Este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de la región, ante ello queremos señalar un conglomerado de hechos que nos preocupan:
· En el municipio de San Juan Guichicovi se encuentra la agencia de Mogoñe Viejo, donde se instaló el campamento “Tierra y Libertad” como protesta por las violaciones de derechos humanos del Tren Interoceánico, este plantón fue desalojado el 28 de abril de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.
· Como consecuencia de dicho desalojo fueron detenidas de manera arbitraria por 48 horas 6 personas que fueron puestas en libertad después de sendas protestas a nivel local, nacional e internacional.
· Además, existen denuncias penales contra 16 personas que participaron en ese plantón, sumadas a 17 personas criminalizadas de la comunidad de Puente Madera. Dentro de estas denuncias hemos conocido que incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación.
Desde los ocho estados donde nos encontramos las organizaciones firmantes manifestamos nuestra exigencia por justicia para el homicidio de Arnoldo. En otros comunicados hemos insistido en reconocer que las consecuencias de estos homicidios tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, también en las comunidades en su conjunto. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. El asesinato de Arnoldo como parte de la estructura indígena agraria del pueblo ayuuk de Buenavista lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello.
Exhortamos a la sociedad civil en su conjunto a estar atentas sobre la situación en el Istmo de Tehuantepec y, sumar esfuerzos para evitar la impunidad o el silencio que oculta la grave situación.
Finalmente, las organizaciones que integramos el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México recordamos al Estado mexicano su obligación de investigar este asesinato, otorgar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad. Exhortamos para que se desarrolle un plan con las medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra.
Atentamente.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas);
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero);
Colectivo Emancipaciones (Michoacán);
Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla);
Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua);
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco);
Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).
Voces del Territorio A.C.
AUTOR: REDACCIÓN.
