El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denunció este 19 de septiembre que, en los últimos meses, sus integrantes han sufrido un incremento de la violencia en su contra, “allanamiento, amenazas de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes”.

Organizaciones de derechos denunciaron la impunidad en la que permanece la ilegal persecución hacia las defensoras Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y la periodista Marcela Turati, contra quienes en 2016 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) abrió una investigación por delincuencia organizada y secuestro que la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, mantiene vigente hasta ahora.  

El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur denunció que la policía estatal de Chiapas comete hostigamiento, intimidación y perfilamiento racial contra defensores de los derechos humanos en Tapachula, en el marco de la crisis migratoria que atraviesa la entidad.

Explicó que el pasado 21 de febrero tres integrantes del Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS) fueron verificados arbitrariamente por elementos de la policía en Tapachula, como resultado “de la práctica de perfilamiento racial”, especialmente contra uno de los defensores por ser de origen haitiano.

Amnistía Internacional (AI) documentó el uso “desproporcionado” del sistema de justicia en México “para disuadir, castigar e impedir” que los defensores de la tierra y el territorio exijan sus derechos, así como la impunidad alrededor de los casos de criminalización de las luchas, en el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”.

“El uso del sistema punitivo por disentir o alzar la voz en contra de proyectos de interés de gobiernos locales y de empresas se realiza sin ninguna consecuencia y en completa impunidad”, acusó Amnistía Internacional durante la presentación de su informe, en la que añadió que las violaciones cometidas contra los defensores en el marco de las protestas por su territorio “tampoco han sido investigadas”, entre ellas el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer este jueves de 3 de agosto, que denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano por los actos de tortura y fabricación de culpables, hechos que se habrían cometido contra seis activistas indígenas.

Durante el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 22 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de “ejecución extrajudicial”, sostuvo el Comité Cerezo en su último informe anual.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad. «Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.