En un documento, difundido el miércoles, las ongs exigieron al Poder Judicial del estado de Chiapas revisar el caso, ya que consideran que la sentencia es “injusta, porque nunca cometieron el delito” y que se suma a las violaciones de derechos humanos padecidas durante su detención.

Además, señalaron que presentaron una queja ante el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la sentencia es indebida

Las organizaciones relatan que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”. 

Fue el 26 de julio de 2021 cuando 19 hombres fueron desaparecidos forzadamente en Pantelhó, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera”. 

A principios de agosto del 2021, añadieron, fue conformando un concejo municipal provisional que empezó a funcionar oficialmente el 18 de diciembre. “Fue hasta entonces que Pedro Cortés (presidente del concejo municipal) y Diego Mendoza (regidor) se conocieron”. Ambos, todavía en funciones, fueron detenidos en junio de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, acusados de la desaparición de los 19 pobladores de Pantelhó. 

En el caso también estaba imputado el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en octubre pasado, cuando salía de un templo en San Cristóbal de las Casas. 

Las 67 organizaciones y colectivos, así como las 236 personas que firmaron el documento, aseguraron que el arresto de Pedro Cortés y Diego Mendoza, “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión, además que fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales”. 

También “fueron despojados de sus pertenencias, se les obligó a firmar unos papeles desconociendo su contenido; se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. 

El juicio al que han sido sometidos, afirman, “ha estado plagado de irregularidades, empezando porque la jueza designada para el caso: Mitzi Guadalupe Flores Rocha, quien destituyó a la defensa particular por parte de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), e impuso al defensor de oficio que estuvo hasta el final del juicio, auxiliado por otro abogado que ella también impuso”. 

La Misión Jesuita de Bachajón, a la que pertenece la comunidad en la que viven las familias de Diego y de Pedro, defienden su inocencia por conocer su recta y honorable trayectoria de vida al servicio de la paz en sus comunidades.  

“Don Pedro, de manera especial, ha sido un incansable reconciliador en su comunidad, promotor de derechos humanos, autoridad moral, buscando desde el diálogo, la ley y la no violencia resolver los distintos conflictos que se le han presentado. Es catequista y candidato al diaconado permanente”. 

En el texto, las organizaciones señalan que como parte del mismo expediente se le dictó orden de aprehensión al padre Marcelo y aunque “no se liberó, no se suprimió (…) existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”. 

Para las ongs, el procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 campesinos, hombres y mujeres, han sido ultimados/as en los últimos 20 años, según el testimonio de los pobladores del municipio. 

Los firmantes piden al gobierno federal y estatal que pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo Pérez no quede impune. 

Manifestaron que el caso de Cortés y Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes”.

SANTIAGO MEXQUITITLÁN AMEALCO QUERÉTARO ES MÉXICO

Acoso, hostigamiento, crímenes de estado y violaciones graves de derechos humanos sistemáticos

Al congreso nacional indígena

A la comandancia del EZLN

A la asamblea nacional por el agua y la vida

A la red tdt

A los pueblos y barrios originarios que nunca fueron conquistados.

A la europa insumisa digna y rebelde.

A los adherentes a la sexta nacional e internacional

Nuestra lucha es por la autonomía que el mal gobierno crea grupos paramilitares desde los partidos políticos.

Ante los crímenes del estado mexicano en Querétaro, cometidos sistemáticamente en contra de la comunidad originaria de Santiago Mexquititlán, recordamos por lo menos 3 intentos de ejecución extrajudicial, encabezado por verónica Sánchez Gutiérrez, allegada a Mauricio Kuri González, intentos de desaparición forzada a tres tianguistas por policías municipales, más de 10 detenciones arbitrarias por policías municipales, estatales y la guardia nacional, entre las que se encuentran tianguistas, quitándonos la obra de rehabilitación del templo para dañarlo gravemente desde su estructura con su obra turística.

Como víctimas, quienes nos atrevemos a organizarnos para ejercer nuestro derecho de autonomía, autodeterminación, autogobierno, la recuperación de espacios comunitarios como el tianguis tradicional, nuestros pozos de agua y otras formas propias de decidir colectivamente nuestros acuerdos internos y externos de vivir. Fundado legalmente, desde el artículo dos de la constitución y tratados internacionales como la 169 de la OIT.

Ante los recientes señalamientos por parte de los auxiliares municipales impuestos por Mauricio Kuri, Rosendo Anaya, Verónica Hernández y otros integrantes de grupos armados quienes reciben el presupuesto correspondiente a Santiago como pago para incitar, provocar, cometer crímenes de contrainsurgencia a las personas comunes que habitamos Santiago Mexquititlán, la causa ser representantes comunitarios, ejercer la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno en nuestros espacios comunitarios desde el actual delegado municipal y subdelegados que involucra los tres niveles de gobierno, auxiliares municipales, el ayuntamiento, el ejecutivo estatal y la federación, en contra de tianguistas originarios de Santiago Mexquititlán y habitantes comunes con el claro objetivo del despojo de nuestras tierras, el agua, atentado contra nuestro trabajo y patrimonio familiar, que altera la PAZ comunitaria por estos grupos paramilitares y funcionarios públicos y a quienes responsabilizamos ante el daño a la integridad física de cualquier tianguista por los constantes señalamientos.

Reiteramos la municipalización es una estrategia que pretende entregar el pueblo de Santiago Mexquititlán al narco estado mexicano capitalista para el sometimiento de quienes defendemos el agua y el territorio, para legitimar un premio mayor es decir beneficios económicos y materiales aún mucho mayores a grupos armados legales pero no justas e ilegales.

Desde la llegada de la agroindustria fresera y Ahorrera en nuestros territorios la violencia ha incrementado, seguimos llamando al boicot de estas empresas y todas las empresas que nos despojan el agua como la bonafont.

Exigimos:

El alto al acoso, hostigamiento y señalamientos de grupos paramilitares impuestos como funcionarios públicos en Santiago Mexquititlán desde los delegados, subdelegados anteriores y actuales, Samir fue señalado por Andrés Manuel López obrador y después ejecutado.

Repudiamos y señalamos la municipalización de Santiago como una estrategia de control social y contra-insurgencia para la gentrificación, turistificación, militarización , polarización rompiendo aún más el tejido social desde la compra de conciencia para la creación de grupos paramilitares armados.

Ante las estrategias gestadas desde el estado de alcoholismo como un mecanismo capitalista, decimos estamos dispuestos a detener la venta de alcohol empezando por los grupos caciquiles favorecidos por el estado que venden cerca de las escuelas y desde el llamado a la movilización de Austorianos y Oxxos.

A las redes de apoyo, el pueblo consiente pedimos su solidaridad, ante las embestidas criminales sistemáticas y reiteradas en contra de miembros del concejo Autónomo y de la comunidad de Santiago Mexquititlán desde la limpieza racial y el desprecio hacia los pueblos originarios. (Tianguistas, Artesanas, trabajadores de la educación, defensores del agua y el territorio)

Anunciamos acciones próximas de protesta, no nos vendemos, no nos rendimos, no claudicamos.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin nosotrxs.

ATTE

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro

Luego de ser exhibido en un video golpeando a una mujer indígena, el Presidente Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, Roberto Pérez Delgado, pidió licencia a su cargo para que se investigue la agresión. Minutos antes, el Gobernador Salomón Salomón Jara había solicitado su separación.