Vecinos de Cuauhtémoc acusan a Monreal de ignorar reclamos y enviar agresores en su contra

Vecinos de la Delegación Cuauhtémoc acusan que se reunieron en la explanada de la sede delegacional para pedir la destitución de Ricardo Monreal Ávila, pero en respuesta llegaron cerca de 200 personas que los amedrentaron, los insultaron e incluso los agredieron físicamente.

El 22 de mayo pasado, un grupo de vecinos de diferentes colonias de la Delegación Cuauhtémoc se reunieron en la explanada de la sede delegacional para presentar un documento en el cuál exponían todas las inconformidades e irregularidades que han padecido. En ese documento también se pedía la destitución del Delegado Ricardo Monreal Ávila.

Los vecinos que asistieron a esa cita revelaron que de pronto llegaron cerca de 200 personas con pancartas en favor de Ricardo Monreal y no sólo los amedrentaron e insultaron, también los agredieron físicamente con empujones.

Autoridades, principales agresores de periodistas y defensores, acepta Gobernación

Según los casos evaluados por el Mecanismo de Protección, las autoridades son las principales causantes de las agresiones de periodistas y defensores de derechos humanos.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció su plan de protección a periodistas, aseguró que el gobierno federal como los gobiernos estatales “haremos valer la justicia y la libertad de expresión”. Paradójicamente, el mayor número de agresiones contra periodistas en México proviene de servidores públicos.

De acuerdo con el informe estadístico emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), con motivo de 265 casos de periodistas que se han integrado al Mecanismo de Protección, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, 98 funcionarios públicos fueron “probables agresores” de periodistas, contra 84 casos en los que los ataques provinieron de “particulares” y 83 de “desconocidos”.

Ellas y ellos son las madres y padres asesinados por buscar a sus hijos desaparecidos

No sólo tenían en común el ser familiares de víctimas de desaparición, todos sus casos también convergen en el mismo problema de impunidad, desatención de las autoridades e, incluso, complicidad entre grupos criminales.

El pasado 10 de mayo de 2017, Día de las Madres, fue asesinada en Tamaulipas la señora Míriam Rodríguez, madre de una joven raptada por el crimen organizado y quien no sólo se encargó de investigar y dar con el paradero de la fosa en donde el cadáver de su hija fue ocultado, sino también con la identidad de los plagiarios y asesinos.

Míriam, lamentablemente, es sólo la más reciente de una larga lista de familiares directos de víctimas de desaparición, que han sido asesinados en los últimos siete años en México, en represalia por las denuncias e investigaciones que han encabezado, para dar con el paradero de sus seres queridos, y de las personas que se los llevaron.

Fuerzas federales y estatales retiran 14 bloqueos carreteros en Tierra Caliente de Guerrero

El gobierno de Héctor Astudillo informó en un comunicado que fueron retirados 14 bloqueos carreteros en la zona de Tierra Caliente.

El gobierno de Guerrero informó en un comunicado este domingo que, luego de que fuerzas federales y estatales asumieran el control de la seguridad en San Miguel Totolapan, la situación en dicho municipio se “encuentra en calma”. Además, reportó el retiro de 14 bloqueos carreteros en la zona de Tierra Caliente, en esa entidad.


“Elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Policía Estatal asumieron labores para restablecer el orden y dar seguridad a la población, sin que al momento se hayan registrado muestras de inconformidad, salvo las acciones de los grupos delictivos para tratar de impedir la labor de las fuerzas del orden”, según detalló el gobierno estatal.

Asesinan a madre de joven desaparecida y activista de San Fernando, Tamaulipas

Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada por un grupo de hombres armados este miércoles. Apoyaba la búsqueda de desaparecidos luego de que su hija fuera secuestrada en 2012. Ella dio con el paradero de su familiar en una fosa clandestina.

La representante del Colectivo de desaparecidos en San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fue asesinada por un grupo de hombres armados la noche de este miércoles 10 de mayo.

La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos de Tamaulipas condenó la ejecución de la líder del movimiento en el valle san fernandense.

De acuerdo con el comunicado de la Comunidad, la noche de este miércoles 10 de mayo, un grupo de hombres armados acudió a la casa de Miriam Elizabeth, ubicada en el municipio San Fernando, estado de Tamaulipas, y le disparó.

CIDH culpa al Estado mexicano por ejecución extrajudicial de indígena tzeltal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Ejército Mexicano de la ejecución extrajudicial del indígena tzeltal Gilberto Jiménez Hernández ocurrida en febrero de 1995 en una comunidad de Altamirano en el marco de la estrategia militar contra las bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

A 22 años del operativo militar en la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano, hasta donde ingresaron de forma violenta miembros de las fuerzas armadas, la CIDH publicó el pasado 27 de abril el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/162 del Caso 11.564 Gilberto Jiménez Hernández y Otros (LA Grandeza) México en el que determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.

Movimiento Social por la Tierra denuncia agresión contra su dirigente nacional

Ciudad de México. El Movimiento Social por la Tierra (MST) denunció que en la madrugada del sábado 29 de abril fue agredida su dirigente nacional Yury Zareth Uribe Montero.

El MST detalló que los hechos ocurrieron al término de la Jornada Nacional de Movilización, impulsada por el Frente Auténtico del Campo (FAC), los días 26, 27 y 28 de abril, al volver de la ciudad de México y dirigirse a su domicilio en la comunidad de Pedro María Anaya en Tepetitlán Hidalgo, al transitar a las dos de la mañana en su vehículo entre las comunidades de Benito Juárez y Santa Ana Ahuehuepan del municipio de Tula de Allende.

México responde a violencia con mayor participación de las fuerzas armadas: CIDH

El gobierno mexicano optó por responder a la violencia generada desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” del 2006 con una mayor participación de las fuerzas armadas, práctica que hasta ahora continúa con el incremento de 26.5 por ciento de operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por el Ejército o la Marina, en el periodo del primero de septiembre del 2015 y el 31 de julio de 2016, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de su informe anual 2016, el organismo lamentó que México no haya atendido las recomendaciones que se han hecho en materia de derechos humanos y contra la violencia, y calificó de insuficientes los avances del Estado sobre la colusión de autoridades con el crimen organizado y la impunidad casi generalizada.

Denuncian en Chiapas detención arbitraria del activista Adán López Calvo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Integrantes del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN) denunciaron la detención arbitraria e ilegal de uno de sus miembros por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).


José Adán López Calvo fue detenido la noche del miércoles pasado en la capital del estado por policías ministeriales y fue trasladado al penal de “El Amate” para ser puesto a disposición de un juez del ramo penal, donde está acusado del homicidio de Martha Gómez Pérez, quien falleció en el marco de un enfrentamiento en la colonia Emiliano Zapata al norte de la capital del estado.

Ordenan despliegue policial en asamblea de Xochicuautla

El gobierno de Eruviel Ávila ordenó un despliegue de la Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno del Estado de México y la presencia de personal de la corporación constructora Grupo Higa en la asamblea para elegir Comisariado de Bienes Comunales en el pueblo ñätho de Xochicuautla, así como en en otros puntos de la comunidad, denunciaron pobladores.


Al llegar a donde se realizaba la asamblea, los agentes no dejaron entrar a uno de los defensores del territorio bajo el argumento de que había problemas con su identidad, sin importar que el comunero mostró la documentación que lo identifica como tal.

Con estas acciones, el gobierno atenta contra las medidas cautelares de protección a los derechos humanos en con las que cuenta Xochicuautla y viola “las pocas garantías” que recoge el artículo segundo constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, señalaron.

Comuneros de San Pedro Mártir Quiechapa recriminan a Murat por emboscada e inseguridad

OAXACA, Oax: Con recriminaciones al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, autoridades y habitantes de San Pedro Mártir Quiechapa protestaron hoy en el Congreso del estado para exigir justicia, luego de la emboscada que perpetraron sus vecinos de Santiago Lachivía y que dejaron cinco muertos y 13 heridos.


En cartulinas inscribieron: “5 muertos y no han hecho nada”, “Pedimos castigo para los delincuentes que asesinaron a nuestros familiares”, “Gobierno del estado solo nos mintió”, “Exigimos justicia para Quiechapa”, “Exigimos al gobierno brinde seguridad y paz en Quiechapa”, “Quiechapa no quiere más mentiras” y “Exigimos indemnización para los familiares de las víctimas”.

En Sonora, violenta represión a manifestantes por parte de policía estatal y municipal

En Sonora, un grupo de manifestantes integrado por transportistas y estudiantes fueron violentamente reprimidos la tarde del 31 de marzo por la policía estatal y municipal cuando bloqueaban la carretera federal No. 100 que va de Hermosillo a Bahía de Kino, a la altura del poblado Miguel Alemán.

Los manifestantes protestaban contra la decisión de la autoridad de revocar sus concesiones sin explicación alguna.  El bloqueo fue desalojado violentamente con la presencia de policía municipal y estatal que con gases lacrimógenos y balas de goma dispararon contra los manifestantes sin ningún protocolo de protección a los mismos.  Hirieron a niños y personas de la tercera edad. Al final detuvieron a 37 personas.

Cateos de la Marina derivan en tiroteo contra comunitarios de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: Infantes de Marina catearon esta madrugada la casa del exalcalde panista del municipio de San Marcos, Fernando Sotelo del Carmen, acusado de secuestro por el gobierno de Héctor Astudillo Flores, indica un reporte oficial.


También irrumpieron en otro domicilio y detuvieron al líder de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Vicente Cuenca Campo, donde decomisaron armamento, refieren los mismos informes.

Amenazan a mujer que denunció la muerte de su esposo tras ser detenido por la Marina

CIUDAD DE MÉXICO: La esposa de Joel Sebastián Casino, quien apareció calcinado después de ser detenido por la Marina, denunció hoy que fue agredida y amenazada de muerte por presentar su caso a los medios y exigir justicia para su marido.


La mujer, quien radica en la ciudad de Reynosa, salió de su domicilio la noche del lunes pasado y advirtió que era seguida por una camioneta con placas CWY 6837 de Texas.

La esposa de Cansino viajaba en su auto junto con su hijo menor de edad cuando al filo de las 20:30 horas la camioneta que la perseguía la impactó por la parte trasera.

Un menor muere baleado presuntamente en retén militar en Nuevo León

MONTERREY, NL: Un menor de edad murió baleado la noche del pasado sábado 25, al parecer en un retén de la Secretaría de Marina (Semar) ubicado en el municipio de Sabinas Hidalgo, a cien kilómetros al norte de esta capital.

El procurador general de Justicia, Bernardo González Garza, confirmó esta mañana el incidente registrado en la colonia Francisco Villa, aunque aclaró que no tenía elementos para afirmar que las Fuerzas Armadas estuvieran involucradas.

PGR investigará caso de Sebastián Cancino; apareció incinerado tras ser detenido por la Marina en Tamaulipas

NUEVO LAREDO, Tamps: La Justicia Militar de la Secretaría de Marina Armada de México y la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas remitieron a la Procuraduría General de la República (PGR) el caso de Joel Sebastián Cancino.


Cancino fue detenido por marinos junto con otras 25 personas y posteriormente fue localizado incinerado con otros de los capturados, en un operativo realizado por las fuerzas armadas y policías estatales.

Los frenos “se pusieron duros”, afirma una de las víctimas baleada por policías federales en retén en Sinaloa

Irma Salazar, la maestra de 54 años de edad, quien en un retén atropelló de muerte a un agente federal, sostiene que los frenos del vehículo no respondieron, momento en el que el resto de los elementos de seguridad comenzaron a dispararles por la parte delantera y trasera de la unidad. Aunado a esta agresión, las víctimas civiles, y sus familiares, ahora también temen posibles represiones en su contra.

En Culiacán, Sinaloa, en una cama del área de Urgencias del Hospital Regional del Issste Manuel Cárdenas de la Vega, Irma Salazar, la maestra que en un retén atropelló de muerte a un policía federal, afirmó que no pudo parar su automóvil porque los frenos no le respondieron.

Relató que se dirigían de La Brecha, municipio de Guasave, a Mazatlán, en donde radica, cuando se dio cuenta el retén, y conforme se fue acercando el vehículo no frenó, “(Los frenos) se pusieron duros, y ya después, los que estaban ahí, militares, no sé quiénes serían, pero estaba esa gente con armas, y ellos mirando que venía el carro, no se quitaron, en cambio levantaron las armas para dispararnos, hubo disparos de frente”.

Muere en cuartel un detenido por elementos del Mando Único en Morelos

CUERNAVACA, Mor: Minutos después de ser detenido por elementos del Mando Único en esta capital, Edwin Altamirano Delgado falleció dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).


De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16 horas el hombre de 28 años fue aprehendido en la avenida Paseo del Conquistador, supuestamente en posesión de mariguana, y luego trasladado a las instalaciones de la SSC ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar.

En un video difundido a través de las redes sociales, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, aseguró que “al momento de ser aprehendido (Edwin Altamirano) genera cierta actitud de resistencia y de violencia en contra de los elementos aprehensores, por lo cual solicitan apoyo a otros dos compañeros, quienes llegan de forma inmediata para apoyar en esta detención”.

Añadió: “Al momento de llegar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta persona empieza a convulsionarse y pierde la vida”.

Posteriormente Capella Ibarra lamentó que “algunas personas y medios de comunicación” estén difundiendo que el detenido perdió la vida a consecuencia de los golpes de los policías.

“Eso no lo podemos adelantar”, dijo, y aseguró que los cuatro agentes involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía “para esperar la necropsia de ley correspondiente y poder determinar con mucha claridad las causas de la muerte de esta persona”.

El funcionario estatal advirtió que si los policías provocaron la muerte del detenido, serán procesados, pero si no es así, “nosotros vamos a apoyar como debe ser, de manera legal, para que estos elementos sigan haciendo su trabajo, en virtud de que no existe ningún proceso ni delito que perseguir”.

Según fuentes de la corporación, elementos policiacos a bordo de la patrulla 1740 detuvieron a Edwin Altamirano Delgado y lo trasladaron a la base central en esta capital, después de las 16 horas, y luego ocurrió “el incidente” en el que perdió la vida.

Minutos después arribaron a las instalaciones de la SSC varias unidades de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia de Morelos y una camioneta de los Servicios Periciales con la leyenda Servicio Médico Forense, con la matrícula ER-0201, en la que fue colocado el cuerpo para trasladarlo a las oficinas ubicadas en la avenida Emiliano Zapata de esta capital.

El Mando Único suma cerca de mil quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos por violaciones a los derechos humanos, la mayoría por tortura, detenciones arbitrarias y abuso de autoridad. Incluso en 2014 vecinos de Jiutepec se quejaron de que en las propias oficinas centrales de la corporación existían jaulas y herramientas para la tortura.

Ese mismo año una familia de Emiliano Zapata denunció que elementos policiacos asesinaron a dos jóvenes cuando intentaban detenerlos, y para justificar el uso de sus armas de cargo habrían sembrado otras en los cuerpos sin vida. Nadie fue procesado o cesado de la corporación.

En otro caso, esta mañana se encontró el cuerpo de un hombre desmembrado en dos puntos de la colonia Carolina, ubicada a pocas cuadras del Centro Histórico de esta capital. La cabeza y parte del cuerpo se hallaron frente a la parroquia de la comunidad, en la calle Amado Nervo, donde la víspera se registró una balacera en la que resultó herido un hombre.

Los restos humanos estaban en bolsas de plástico negro y debajo un cartón con un mensaje que textualmente decía: “Esto me paso por rata por asaltar rutas robar coches y jugarle al verga.

“Señores ciudadanos les pedimos una disculpa por el caos que venimos causando pero estamos asiendo el trabajo que el gobierno del estado no a podido aser. acabaremos con ratas extorsionadores secuestradores y robacoches. venimos con todo siguen ustedes putos: Pedro y el pinki alias ‘los pinkis o los gueros’ Pedro iniestra alias ‘el pelon’ Ricardo alias ‘el muerto o el bala’ Miguel Angel pichardo alias ‘el espiri’ Josét Josué alias ‘joset’ David Vazquez alias ‘deivids o chaparro’ y tu puto payaso que vendes negra (heroina) en la privada de las flores puto todos estos vergas comandados por el puto jorge porcayo alias ‘temerario’ que la disfraza trabajando en gobierno a todos se los va a llevar la verga sigue la limpia.


“Y ustedes encargados de la seguridad del bar el debrayer: jacobo alias ‘el gordo o motomoto’, ‘el criatura’, ‘el ivan’ y ‘el panque’ siganse pasando de verga o jugandole al loco y asi van a quedar…”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476230/muere-en-cuartel-detenido-elementos-del-mando-unico-en-morelos

Marina y policías se los llevaron vivos… aparecieron incinerados en Tamaulipas

NUEVO LAREDO, Tamps: Para concretar la venta de un Taurus 2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años, salió de Reynosa rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la tarde del 22 de julio pasado.


Cerca de las 16:00 se comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el auto en 17 mil pesos, y les pidió vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras de esperarlos frente al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa.

Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México.

Metros antes de estacionarse frente al hotel, observaron cuando efectivos de la Marina interrogaban brevemente a Sebastián Cancino para luego subirlo con violencia a una de sus unidades, donde llevaban a otras personas detenidas.

Horas después su esposa comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido, donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz Ordaz.

Joel Sebastián apareció incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera.

13 muertos en tiroteos

Un día antes, el 21 de julio pasado, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y policías federales en la comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa. Pistoleros que se desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron disparos con los uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron escapar, pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos miembros del CDG abatidos.

Para la mañana siguiente se registró una intensa movilización de fuerzas federales y estatales encabezadas por la Marina para localizar a los hombres que huyeron en los tres vehículos. Los efectivos buscaban en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se extendió por toda la Frontera Chica hasta el municipio de Camargo.

En un camino vecinal de Díaz Ordaz, militares se toparon con presuntos sicarios que trataban de deshacerse de un cuerpo. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar contra los elementos castrenses. La información que trascendió a la prensa fue que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”. Al menos seis hombres murieron incinerados,aseguró el parte oficial.

El portal estadunidense Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”.

Posteriormente se localizó la bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados.

Sobre ese hallazgo, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”.

“Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”.

Operativo para “levantar” civiles

Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena de personas.

Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina, policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia que se registran en Tamaulipas.

Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la “prensa nacional”.

Posteriormente de las capturas de la Marina y la policía estatal, decenas de familiares de los detenidos se presentaron ante las autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en busca de ayuda para localizar a sus parientes.

Es el caso de Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 del viernes 23 de julio de 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su hermano y otro amigo.

Los efectivos militares liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo llevaron detenido.

Galaviz Olivares denunció que los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los hechos. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años, también se presentó al MP de Díaz Ordaz para denunciar que su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años, se encontraba descansando en su casa del ejido Marte R. Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de julio llegaron tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca, donde los policías se llevaron a su cónyuge.

Los efectivos policiacos también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los hechos.

Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años y esposa de Jonathan Camacho Perales, de 28, denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando a las 2:00 horas del jueves 22 arribaron presuntos elementos de seguridad, quienes se llevaron a su marido.

Dos días después Camacho Perales fue localizado incinerado junto con Joel Sebastián Cancino. Fue identificado debido a que sus credenciales también aparecieron intactas en una zona de la bodega.

Arely Treviño desconfió de que el cuerpo incinerado que le entregaron fuera el de su esposo y solicitó a la delegación de la PGR en Reynosa que se realizara la prueba de ADN.

Entre los desaparecidos del 23 y 24 de julio del 2016 se encuentran también dos ciudadanos extranjeros: un estadunidense llamado Cenobio Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa Rica, Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado.

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros se comunicó con la delegación de la PGR en Reynosa para conocer sobre el paradero de Guerra Gutiérrez, mientras que la embajada de Costa Rica buscó a Sergio Ricardo Jiménez.

“Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa.

Las familias igual anunciaron que solicitarían ayuda de la CNDH para localizar a sus familiares, ya que no confiaban en las autoridades locales para buscar justicia.

Sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio.

Cadena de irregularidades

A diferencia de la capital del país, donde medios de comunicación, organizaciones civiles y políticos exigen que los militares dejen de vigilar las calles, en Tamaulipas –y la región noreste–, los ciudadanos inician sus jornadas escribiendo en sus redes sociales bendiciones y oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército Mexicano, ya que los consideran la única opción para combatir la inseguridad y la violencia que provocan el crimen organizado.

No obstante, esa confianza se continúa perdiendo día a día debido a los constantes “daños colaterales” y a las “equivocaciones” en las que los militares cotidianamente confunden a ciudadanos inocentes con criminales, durante sus operativos para combatir a los delincuentes.

En los casos de los detenidos por la Marina que posteriormente aparecieron incinerados existe una cadena de irregularidades para encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales.

La Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.

Apro solicitó a la Secretaría de Marina información sobre la investigación, pero el departamento de comunicación no respondió a la petición que se hizo por escrito.

Además de ocultar el caso, autoridades de la PGR pusieron en marcha todo tipo de argucias para presentar como criminales a los desaparecidos y a los civiles que aparecieron calcinados.

Destaca el caso de Sebastián Cancino. La autoridad que debió investigar su asesinato era la PGR. No sobra decir que no realizó alguna investigación.

Peor aún, la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez Merinos de esta dependencia se atribuyó funciones que no le correspondían y giró oficios al Registro Civil para que aceptara actas de defunción con irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del joven costarricense.

En un oficio de la delegación de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de Reynosa:

“Gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reciban los certificados de defunción con número de folio 160708377 y 160708378, modelo 2016, expedidos por la Secretaría de Salud, a nombre de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio Ricardo Jiménez Fallas respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades, dé el trámite correspondiente a las respectivas actas de defunción”.

Las actas de defunción que la fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera registraron la fecha de su muerte, entre otras irregularidades.

La fiscal también se encargó de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado.

El resto de las autoridades de Tamaulipas también protegieron a los marinos y los policías que desaparecieron a los más de 20 “detenidos”.

En una de las múltiples quejas, la número 227/2014, que se presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas por casos similares a los de Díaz Ordaz, se precisa:

“Agentes de la policía estatal intervinieron en su desaparición, pero en la Secretaría de Seguridad Pública se niegan a proporcionar los datos de identidad de los policías que laboraron el día de los hechos, argumentando que es información confidencial”.

Esa era la constante durante la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde la Procuraduría de Justicia se desalentó a que las familias denunciaran a sus parientes desaparecidos. Les recomendaban que no lo hicieran porque podría ser peligroso para ellos. Incluso muchos casos quedaron registrados con otros delitos como “robos”.

A pesar de los intentos de borrar de las estadísticas la violencia, Tamaulipas es la entidad del país con la mayor cantidad de personas de quienes se desconoce su paradero.

Las familias tamaulipecas padecen una gran tragedia humanitaria con padres, hermanos e hijos desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha han desaparecido oficialmente más de 5 mil 450 personas.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos existen unas 2 mil víctimas más cuyos casos no fueron denunciados, y por lo tanto no son reconocidas así por las autoridades.


Algunos de los familiares de Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a un lado el miedo y los obstáculos que les impusieron desde la PGR y la SSP, a y ahora preparan denuncias contra los funcionarios ante la justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles de desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/476026/marina-policias-se-los-llevaron-vivos-aparecieron-incinerados-en-tamaulipas

A 18 meses de la muerte de un niño, militares involucrados no han declarado

El 19 de julio de 2015, el niño Hidelberto salió a comprar unas cosas a una tienda pero murió luego que militares dispararan contra él y otros habitantes en Santa María de Ostula, Michoacán.

A más de 18 meses de que integrantes del Ejército mexicano participaron en un “supuesto enfrentamiento” con miembros del crimen organizado en la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, donde murió un niño de 12 años y otros 10 pobladores ajenos al conflicto resultaran heridos, víctimas y sus familiares denunciaron que los responsables de las agresiones no han declarado ministerialmente por estos hechos.

Según el abogado que lleva el caso, Raymundo Ortiz Martín del Campo, a los 15 soldados que participaron en la muerte del niño no se les ha tomado la declaración, ya que fueron dados de baja en los días posteriores al incidente.

El abogado agregó que las víctimas y sus familiares no han recibido una adecuada reparación del daño por parte del Ejército, aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el uso ilegitimo de la fuerza y les recomendó reparar el daño a víctimas directas e indirectas.

En el caso del niño, el Ejército aprobó el pago de los servicios funerarios pero no la indemnización económica para su familia.

Sobre la responsabilidad e identidad de los involucrados en la muerte del niño y las heridas provocadas a los pobladores de Ostula no hay avances en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto la recomendación 65/2016, emitida por la CNDH a fines de diciembre de 2016, ha sido minimizada por el Ejército, según el abogado.

Quién era el niño víctima de los soldados

“Dicen que la comunidad andaba armada. No es cierto, la comunidad no traía ningún arma. Quienes tiraron fueron los soldados porque yo lo vi… Si yo estuviera echando mentiras no hubiera recogido a mi hijo allá en el restaurante. Les estoy diciendo la verdad”, dice Emilia García, madre de Hidelberto, el niño de 12 años que murió el 19 de julio de 2015, durante el tiroteo del Ejército.

Emilia perdió al séptimo de sus hijos, un niño que, a decir de sus hermanos, era trabajador, y quería ser maestro, agrega su padre, Miguel Reyes.

Aquel 19 de julio, Hidelberto junto con su prima salieron a una tienda que está dentro del Hotel del Valle, ubicado en uno de los extremos del Puente de Ixtapilla, crucero en el cual el Ejército comenzó a disparar.


Estando en el interior de la tienda, Hidelberto trató de esconderse al desatarse la balacera; sin embargo, una esquirla de bala lo alcanzó a la altura del ojo derecho y lo hirió de muerte.

Dispararon a gente sin armas

Un día antes del enfrentamiento se dio a conocer la detención de Cemeí Verdía, comandante general de la policía comunitaria en la zona. Mientras que el líder de las autodefensas era trasladado en helicóptero a Morelia, un operativo de elementos del 65 Batallón de Infantería, Marina, Policía Estatal y Federal emprendía un recorrido para atravesar la comunidad de Santa María de Ostula.

El operativo molestó a la población y por ello cientos de personas de la comunidad salieron a los diferentes cruceros de la carretera federal 200 para cerrar el paso al convoy y pedirle que se retirara. Los pobladores no llevaban armas, se trataba de habitantes de las diferentes localidades de la comunidad que de manera pacífica intentaban detener la avanzada policiaca y militar y que al mismo tiempo protestaban por la detención del comandante de su policía.

La situación se tensó en la localidad El Duín, donde la policía estatal lanzó gas lacrimógeno para disuadir el bloqueo de los civiles y poder avanzar tal y como lo refiere la propia recomendación emitida por la CNDH.

En videos de manifestantes que estaban en el lugar es posible observar cómo, mientras los gases lacrimógenos son lanzados, el Ejército toma posiciones y se alista a disparar, aunque al final no lo hace.


Es en la localidad de Ixtapilla donde comienza la pesadilla: ahí los militares no sólo lanzan gas lacrimógeno sino que endurecen su actitud ofensiva. Luego de unos minutos y al emprender la retirada, los militares comienzan a disparar a la población, lo hacen sin que medie una provocación o alguna agresión y a pesar de que la población les gritaba que pararan.

Delfino le llevaba comida a su padre

Delfino Antonio Alejo Ramos, tiene 19 años ahora, pero en aquel entonces era menor de edad. Es originario de El Zapote Madero, otra localidad de Ostula ubicada entre el primer sitio donde se lanzó gas lacrimógeno y el punto donde tuvieron lugar los disparos del Ejército.

Aquel 19 de julio, Delfino le llevaba algo de comer a su padre, quien había pasado casi todo el día en el bloqueo de Ixtapilla.

“Se empezó a poner fea la cosa. Llegaron federales, el Ejército Mexicano, granaderos, llegaron muchos, eran como el triple o cuatro veces más que nosotros; nosotros teníamos tapada la carretera… no queríamos que se lo llevaran (a Verdía) porque él es una de las personas que hace las cosas bien dentro de la comunidad”, dice el joven, quien durante la agresión fue alcanzado por una bala del Ejército, que se le incrustó en uno de sus glúteos.

“Se me entumió la pierna de inmediato y traté de caminar”, recuerda Delfino, cuyo relato complementa otros testimonios que recaba el expediente de la CNDH. Todos concluyen lo mismo, fueron los miembros del Ejército quienes dispararon a la población, que protestaba pacíficamente.

Como consecuencia de la agresión los familiares de Delfino lo trasladaron a un hospital de Tecomán, en Colima, para ser atendido médicamente, pero lo doctores le dijeron que se podía ir porque “no” tenía nada, lo que evidentemente no era cierto.

El proyectil disparado por el Ejército hirió a Delfino a la altura del glúteo derecho y la bala se quedó albergada en la ingle del mismo lado.

A pesar de varios estudios, realizados a partir del apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de manera independiente, las conclusiones hasta el momento son las mismas: no es posible retirar la bala porque existe un riesgo muy alto de tocar una arteria principal y ocasionar una hemorragia mortal.

Luego de 18 meses, la vida comienza a reconstruirse para el joven y el año de escuela que perdió casi lo ha recuperado, ahora se encuentra por comenzar el segundo semestre de ingeniería agrónoma.


“Al Ejército yo le tengo odio, cuando los veo quiero saber quién fue”, comenta el joven, cuyos gastos médicos y recuperación han corrido casi por completo por cuenta de su familia.

Estancamiento penal

A partir de la recomendación emitida por la CNDH resulta inusual que no se hayan imputado las responsabilidades ni se haya promovido alguna consignación, considera el abogado Ortiz Martín del Campo.

“Todas las pruebas vertidas, como las declaraciones de los ofendidos, testimoniales, peritaje en balística, y las mismas declaraciones de los soldados confirman que solamente los elementos de las fuerzas armadas abrieron fuego”.

Sobre los detalles de la identidad del militar que disparó, el abogado asegura que aún no se define, pues además de las declaraciones la Marina no ha aportado los vídeos de seguridad de los hechos.

Agrega que el operativo fue ilegal, por lo que los funcionarios que lo ordenaron deberán declarar, por lo que se están haciendo los esfuerzos pertinentes para que esta situación no se olvide y se aparte del deslinde de responsabilidades.

A solicitud de Animal Político, la CNDH informó que tras emitir la recomendación el Ejército la aceptó, por lo cual la institución presentó “algunas pruebas de su cumplimiento, que se encuentran en proceso de calificación”.


Para el abogado Ortiz Martín del Campo el Ejército debe responsabilizarse por sus errores y cumplir con la reparación del daño a los familiares de Hidelberto, pues para nadie hay duda que el asesino del niño fue un soldado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: HERIBERTO PAREDES, HANNAH SIMÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/muerte-nino-militares-libres/