Asesinan a maestro disidente y a policía auxiliar en Oaxaca

OAXACA, Oax: Las ejecuciones en el estado no paran. Ahora le tocó a un maestro de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la región del Istmo de Tehuantepec y a un elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial en la Costa, según confirmaron fuentes policiales.


El profesor Amos Guzmán Ortiz fue ejecutado la mañana de este lunes cuando viajaba en su vehículo en el kilómetro 7 de la carretera Ixtepec-Chihuitán, cerca del motel El Guayacán.

Originario de Guevea de Humboldt y vecino de Ciudad Ixtepec, el hombre presentó un impacto de arma de fuego calibre 38 súper en la cabeza.

Según las primeras indagatorias, el maestro disidente fue obligado a bajar de su vehículo para ejecutarlo y posteriormente fue arrojado a un barranco.

En la región de la Costa fue ejecutado el policía auxiliar Artemio Santiago, cuyo cadáver fue encontraba entre la maleza del Parque Nacional de Bahías de Huatulco.

El atentado ocurrió alrededor de las 10:00 horas en Santa Cruz Huatulco, cercano a la zona hotelera, cuando el policía fue interceptado por dos individuos, quienes presuntamente lo asesinaron para robarle su motocicleta y otras pertenencias.


La víctima se desempeñaba como vigilante del área de El Sabanal, en el Parque Nacional Huatulco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATIAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475162/asesinan-a-maestro-disidente-a-policia-auxiliar-en-oaxaca

La Policía de Juárez dice que detenido murió en la celda, pero un VIDEO muestra que fue en su arresto

Los primeros informes que dieron las autoridades era que el hombre amaneció muerto en una de las celdas de la Estación de Policía del Distrito Universidad, Ciudad Juárez, Chihuahua. El hombre identificado como Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido por manejar intoxicado y en posesión de un arma.

Un video muestra la muerte de una persona que fue detenida luego de que efectivos de seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo sometieran en una estación policiaca.

En la grabación que circula en redes sociales se observa a la persona con el pantalón bajado y a los policías que lo intentan controlar.

El detenido alcanza a decir: “ya me lo subí”.

Posteriormente entre al menos ocho agentes lo someten por las extremidades y el cuello, le colocan boca abajo y le ponen una esposas. En algunos momentos el sujeto tira patadas y es pisado por los efectivos de seguridad.

El video se corta por un momento y luego los uniformados levantan el cuerpo inerte del detenido. Segundos después,  una mujer y un hombre, probablemente personal médico, revisan al sujeto que sigue sin moverse.

La mujer le coloca un estetoscopio a la altura del corazón aun latía y mientras el hombre utiliza una lámpara para mirar los ojos del hombre.

Posteriormente le quitan las esposas y otra mujer lo revisa, pero el detenido no responde. Finalmente le aplican maniobras para resucitarlo, pero el detenido ya no responde.

De acuerdo con el Diario de Juárez, los primeros informes que dieron las autoridades era que el hombre amaneció muerto en una de las celdas de la Estación de Policía del Distrito Universidad.

El hombre identificado como Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido por manejar intoxicado y en posesión de un arma.

El medio cita un comunicado de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) en que se informó que a las 02:24 horas elementos de Vialidad que realizaban su recorrido rutinario le marcaron el alto a un vehículo Lincoln por carecer de luz de freno, en el cruce de Paseo Triunfo de la República y calle Vicente Guerrero.

El conductor, cita el medio, hizo caso omiso a las indicaciones de los oficiales de Tránsito y Seguridad Pública y fue alcanzado en la avenida Calzada del Río.

Al ser detenido estaba en posesión de una pistola tipo escuadra, calibre .380, de la marca Pietro Beretta, con dos cargadores, con la que los amenazó.


Durante la inspección al vehículo también se le encontró una subametralladora marca Mendoza, calibre .380 milímetros, con dos cargadores, de acuerdo con el informe citado por el medio.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-02-2017/3154177

¿Cómo funciona el programa espía, que ya fue denunciado ante la PGR?

R3D, Artículo 19 y Social TIC presentarán una denuncia ante la PGR ya que el gobierno ha espiado a activistas que apoyaron impuestos a la industria refresquera.

Luis Fernando García (R3D), Ana Cristina Ruelas (Artículo 19) y Juan Manuel Casanueva (Social TIC) anunciaron que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso de programas en poder del gobierno mexicano para espiar a activistas que apoyaron impuestos a la industria refresquera.

The New York Times reveló estos hechos y cuestionó si los virus, que únicamente se venden a gobiernos, se están utilizando para apoyar los intereses comerciales de la industria refresquera en México. 


En la conferencia se publicaron los mensajes que analizó CitizenLab y que dieron positivo a los programas diseñados por NSO, vendidos al gobierno mexicano.

Los mensajes se mandan con una liga que intenta engañar a quien lo recibe para que dé click. 

Al ir al enlace se baja un virus que interviene todo el teléfono celular, dando acceso a hackers a todo el contenido: fotos, cámara, contactos, mensajes, etc.

El CitizenLab afirma que el Estado mexicano podría estar relacionado con los ataques, pues México ha comprado el software de NSO Group y se han detectado infecciones a periodistas, como Rafael Cabrera de Aristegui Noticias.

Fuimos intervenidos con un sistema de espionaje altamente sofisticado, recibimos mensajes intimidatorios." – @elpoderdelc pic.twitter.com/vHs7QD4t91

— R3D (@r3dmx) 13 de febrero de 2017

En México, defender el derecho a la salud se ha vuelto en un peligro. El poder económico se ha vuelto en un poder político. – @elpoderdelc

— R3D (@r3dmx) 13 de febrero de 2017

FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1302/mexico/como-funciona-el-programa-espia-que-ya-fue-denunciado-ante-la-pgr/

Gobierno corrupto, hacker y espía

Va quedando más claro que nunca: El gobierno mexicano usa software malicioso (malware), adquirido con recursos públicos, para espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que le incomodan.

Imagine usted que es un periodista y ha realizado investigaciones sobre la corrupción en el gobierno. Su trabajo obviamente les es incómodo a empresarios y funcionarios públicos que se benefician del abuso de poder que reveló y por lo tanto, tienen su atención sobre usted. Un día recibe un mensaje SMS en su teléfono celular, con algo que no dudaría en abrir, como “buen día, perdóname pero tienes que ver esta nota, te acusan de cosas graves” seguido de un link que no lleva a ningún lado. Al momento de abrirlo, su teléfono ha quedado infectado y toda su información personal, comprometida.

Los atacantes, ahora pueden ver sus fotos y archivos, leer sus mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, usar su cámara sin que usted lo sepa, escuchar sus conversaciones encendiendo el micrófono y saber en donde se encuentra, activando el GPS. Ese mensaje que parecía una mala broma, ha expuesto su seguridad y probablemente la de sus seres queridos.

Es probable que el ataque haya sido orquestado por el gobierno o los empresarios, pero, ¿podrían ser ambos?

La investigación revelada por The New York Times este fin de semana, demuestra que sí.

La historia de terror contada líneas arriba sucedió en la vida real a Alejandro Calvillo, Director de Al Poder del Consumidor; a Luis Encarnación, director de la coalición ContraPESO; y al Dr. Simón Barquera, Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; quienes, una semana después de lanzar una campaña pidiendo aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas como medida a favor de la salud, recibieron grotescos mensajes SMS con advertencias falsas sobre la muerte del padre de un amigo, accidentes de familiares, notas periodísticas que los involucraban y hasta de una supuesta infidelidad, con insultos y falsos links a las fotos.

El malware usado en contra de los tres se llama Pegasus y fue desarrollado por una empresa Israelí, llamada NSO Group, que solo vende sus herramientas y servicios a gobiernos, como el mexicano.

Lo anterior no es una suposición. Todo ha quedado documentado gracias al acompañamiento a los afectados, por parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, quienes a través de Acces Now contactaron al Citizen Lab de la Universidad de Toronto y a Amnistía Internacional, para realizar una investigación científica que derivó en el informe “Bitter Sweet (“dulce amargo”, en referencia a la propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas): Supporters of México´s Soda Tax Targeted With NSO Exploit Links; y en el referido reportaje del The New York Times.

Citizen Lab había dado a conocer en agosto del año pasado, el uso del malware de NSO Group, en contra de Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, revelada en el noticiero de Carmen Aristegui y que provocó su salida de la radio.

Pero NSO no es la única empresa que le ha vendido estas herramientas a gobiernos y dependencias mexicanas. La italiana Hacking Team tiene como principal cliente a México, del cual ha recibido casi 6 millones de Euros de entidades como la Sedena, de gobiernos como el de Jalisco y ¡hasta de PEMEX!

Nadie puede negar la necesidad que tiene el Estado de contar con herramientas de vigilancia para fines loables, pero la ausencia de controles democráticos a la misma -que ha proliferado bajo el discurso chantajista que exige a la ciudadanía ceder en sus derechos humanos, como la privacidad, a cambio de su seguridad- ha generado el ambiente propicio para estas historias de terror protagonizadas por gobiernos e instancias corruptas que, lejos de perseguir fines legítimos, adquieren herramientas tecnológicas con dinero público para espiar a quienes les incomodan.

Organizaciones de la sociedad civil, como R3D, han dado batallas legales y de incidencia que han logrado acotar las facultades de vigilancia de las autoridades. Hoy, el Cisen, la Policía Federal y las procuradurías son las únicas facultadas legalmente para realizar solicitudes de acceso a datos de usuarios de telecomunicaciones, con previa autorización judicial. Pero el camino es muy largo aún.

R3D presentó a finales del año pasado, su informe “Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, un documento único en su tipo, que da cuenta del estatus regulatorio de la vigilancia; de los números de la vigilancia en nuestro país y los hallazgos documentados sobre la adquisición y uso de malware, por instancias y gobiernos. Con información tal, como que en México, el 98.9% de las solicitudes de acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones se han realizado sin autorización judicial y sólo en el 8.73% de los casos de espionaje se ha ejercido acción penal; que el Cisen aseguró haber realizado 2002 intervenciones con autorización judicial, pero el Consejo de la Judicatura Federal sólo tiene constancia de 654 de ellas; entre muchos otros datos escalofriantes sobre los excesos de la vigilancia por parte del gobierno y de las propias empresas de telecomunicaciones.

Ahora que se evidencia que las coaliciones de la sociedad civil son hackeadas y espiadas por coaliciones de empresas y gobiernos para proteger sus intereses y privilegios, debemos ser capaces de imaginar y exigir una realidad en la que la vigilancia se realice bajo una perspectiva de derechos humanos y solo de forma necesaria y proporcional.

El cese a la vigilancia ilegal debe darse sin impunidad en casos como los denunciados este fin de semana. La PGR debe investigar (e investigarse) para identificar y buscar la sanción penal a los responsables de lo documentado. Quienes integrarán el Sistema Nacional Anticorrupción este año, deben tomar nota y planear acciones prioritarias para atacar estos hechos en los que es evidente el uso de recursos públicos y la comisión de delitos por parte de servidores públicos.

Muchísimos discursos se han pronunciado en los últimos días sobre la Constitución, las amenazas exteriores y los llamados a la unidad. Qué vacíos y descarados cuando los dictan los perpetradores de la propia Constitución y de los derechos humanos de las personas.


Un vibrante capítulo más sobre nuestras crisis.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ALFREDO LECONA (OPINIÓN)
LINK: http://aristeguinoticias.com/1302/mexico/gobierno-corrupto-hacker-y-espia/

Activistas contra refresqueras exigen castigo al espionaje del Gobierno; agravia a todos, dicen

En México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro, alertaron organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron que el espionaje contra activistas promotores del impuesto a las bebidas azucarada y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la diabetes, no quede impune. El fin de semana, The Ne York Times reveló que tres promotores del gravamen a las bebidas con alto contenido calórico fueron víctimas de espionaje cuando impulsaban una campaña para aumentar el impuesto a estos productos.  Los activistas informaron que presentarán una denuncia ante la PGR y una queja ante la CNDH.

Organizaciones de la sociedad civil exigieron que el espionaje contra activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, el correcto etiquetado de productos industrializados y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la diabetes, no quede impune.

Un informe de Citizen Lab y la Red de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional demostró que tres defensores del derecho a la salud fueron víctimas de espionaje ilegal.

El fin de semana, The New York Times reveló que el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; y Manuel Encarnación, de la Coalición Contrapeso, recibieron mensajes entre el 8 de julio y el 17 de agosto del año pasado, con enlaces maliciosos a fin de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group, de la cual “México es asiduo cliente”, de acuerdo con Luis Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales.

Los afectados, al hacer clic en los enlaces recibidos, el malware identificado como Pegasus se descarga “sigilosamente” en el dispositivo, con lo que los atacantes obtenían el control, así como acceso a utilizar la cámara, el micrófono y GPS, principalmente, explicó.


Calvillo, de El Poder del Consumidor, sentenció: “Somos incómodos para el Gobierno y la industria”. Subrayó que en México defender el derecho a la salud “se ha vuelto un peligro”.

El activista señaló que la industria cuenta con aliados en el Gobierno: “Fue el Gobierno con nuestros recursos con nuestros impuestos […] El poder económico se ha convertido en poder político”, dijo.

Asimismo señaló que dichos mensajes pueden ser considerados amenazas de muerte e intimidación, ya que redireccionaban a la página de la conocida funeraria Gayosso.

En su oportunidad, Luis Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales, condenó el hecho y exigió la “inmediata apertura” de una investigación, ya que, subrayó, vulnera el ejercicio a la libertad de expresión.

“Es reprobable, inaceptable y agravia a toda la sociedad”, acusó.

Adelantó que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y exigió que en el caso no prevalezca la impunidad.

Los tres defensores de la salud tienen en común la promoción en 2014 el gravamen contra las bebidas azucaradas en el país. Incluso, recordaron, tanto Encarnación como Calvillo convocaron a una rueda de prensa para exigir el aumento a dicho impuesto, apenas una semana antes de recibir los primeros mensajes. Al la par, el investigador Barquera se pronunciaba a favor del gravamen en sus redes sociales y en foros.

El Gobierno sólo puede utilizar dichas herramientas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y no para limitar la capacidad de defensa y libertad de expresión tanto de activistas como de periodistas, explicó

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 y destacó que únicamente es vendido a gobiernos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-02-2017/3150971

Secuestran a dos más en Aquila, iban a negociar liberación de los otros cinco

El Comité de Defensa de Comuneros Presos de Aquila presentará el caso ante la CIDH; jefe policial opina que los captores sí eran de la Marina.

Este martes Germán Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio de Aquila, Michoacán, informó que fueron secuestradas dos personas más en la región, quienes iban a negociar la liberación de los cinco policías comunitarios plagiados el pasado domingo.

Los dos secuestrados fueron identificados como Madaleno Valencia Zambrano y Francisco Javier Valencia Cisneros, según el mando policiaco, quien destacó que no ha habido ningún avance en el operativo de búsqueda en el que también participa la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Director de Seguridad Pública de Aquila acusa a la Marina

En entrevista con Aristegui Noticias, Germán Ramírez aseguró que los secuestrados están siendo retenidos en el área comprendida entre las localidades de Huahua, ubicada en Aquila, y Caleta de Campos, perteneciente a Lázaro Cárdenas.

Este Sitio informó que el alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, presentó una denuncia por el secuestro de los cinco policías municipales y dirigió una carta al secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, en la que detalló los presuntos plagiarios llegaron vestidos con uniformes de la Secretaría de Marina (Semar) a bordo de dos camionetas con camuflaje, según testimonios.

Por su parte, la dependencia federal negó en su participación en el crimen a través de un comunicado.

No obstante, el director de Seguridad Pública de Aquila insistió en la participación de elementos de la Semar coludidos con una célula delictiva en la que opera Jesús Cruz Birrueta, alias ‘Chuy Playas’, a la que asegura que fueron entregados los cinco agentes secuestrados.

“Quieren expandir su territorio en el área donde estamos nosotros y no pelean como tienen que pelear, ahora desgraciadamente se valieron de la Marina Armada de México para ponernos un cuatro y llevarse a los compañeros”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si se trató de personas con uniformes apócrifos de la Semar, Ramírez respondió: “No, no son ni apócrifos los uniformes ni apócrifas las unidades. Los elementos que estaban ahí, los que me pasaron la información y no estaban a menos de tres o cuatro metros, los identificaron perfectamente“.

Según la versión de Ramírez, los secuestradores fueron identificados como elementos de la Marina debido a la logística que emplearon para llevar a cabo el plagio: llegaron, pasaron revista, preguntaron por el comandante, estuvieron platicando entre 5 y 8 minutos, los sometieron y se los llevaron.

“Los criminales cuando llegan con nosotros no llegan a platicar, mucho menos a querer desarmarnos, ellos llegan a echarnos putazos, pero ahora llegaron con toda la disciplina y todo el carácter que tiene el gobierno”, afirmó.

Llevarán información de secuestros ante CIDH

El Comité de Defensa de Comuneros Presos de Aquila informó que este miércoles presentarán información del secuestro de los cinco policías municipales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Desde 2013 el comité inició una petición de medidas cautelares a la CIDH a raíz de un operativo en el que fueron detenidos 40 policías comunitarios, de los cuales liberaron 37 y dejaron presos a Agustín, Vicente y Efraín Villanueva, tres hermanos que formaban parte de la guardia comunal.

“Estos secuestros de los cinco policías tienen que ver con la misma conflictividad y es por eso que apostamos a llevarlo a la Comisión Interamericana para pedir medidas cautelares o para incluirlos como peticionarios de las medidas cautelares para los presos de Aquila”, narró un integrante del comité que pidió no revelar su nombre por seguridad.


“El conflicto en Aquila es mucho más grande y tiene que ver con la minería. Desde hace una década han ido intensificándose los asesinatos y las desapariciones forzadas, tanto para la comunidad de Ostula como para la comunidad de Aquila”, abundó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MAURIZIO MONTES DE OCA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0702/mexico/secuestran-a-dos-mas-en-aquila-iban-a-negociar-liberacion-de-los-otros-cinco/

Ostula exige liberar a comunitarios secuestrados por la Armada

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula en Aquila, Michoacán en un comunicado emitido la mañana del 7 de febrero, exige la libertad inmediata de los cinco comunitarios secuestrados por fuerzas de la Marina (SEMAR)  y entregados a grupos del crimen organizado identificados con células remanentes de los Caballeros Templarios el domingo 5 de febrero.

Los hechos, ocurridos en la madrugada del domingo, relata el comunicado que “camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad de la policía comunitaria en Tizupan y en una acción planificada y no al azar, detuvieron a los cinco comunitarios. En el transcurso de la mañana, recibieron la comunicación de que el grupo criminal pedía 21 rifles de alto calibre y a dos personas para establecer la negociación de la libertad de los comunitarios secuestrados.

La comunidad indígena de Ostula en numerosas ocasiones ha reiterado su denuncia de la actuación del crimen organizado en la región de la costa y sierra de Michoacán asediando a sus comunidades como sucedió el 19 de julio de 2015 “cuando junto con elementos de la Secretaría de Defensa de México realizaron un operativo contra la población que se manifestaba contra la ilegal detención de Cemeí Verdía. En aquella ocasión, elementos del Ejército dispararon contra la población civil, provocando la muerte de Hidelberto Reyes García y lesiones en al menos 10 personas”. 

Comunicado:

Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,

Al Congreso Nacional Indígena

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A los medios libres,

A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

A lo largo de la mañana del 5 de febrero el comandante Germán Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio de Aquila recibió una comunicación en donde se daban a conocer las demandas del grupo criminal: 21 rifles de alto calibre en posesión de la policía de aquel municipio y dos personas para establecer la negociación. A través de la llamada fue posible certificar la integridad de los comunitarios secuestrados. Sus nombres son Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia.

La comunidad indígena nahua reitera que en varias ocasiones ha denunciado la actuación criminal de varias personas que pertenecen a células remanentes de los Caballeros Templarios, grupo criminal que tuvo que abandonar el territorio de la sierra-costa michoacana a partir de febrero de 2014, debido a la presencia de autodefensas, policías comunitarias y guardias comunales.

Jesús Cruz Virrueta alias “El Chuy Playas”, Fernando Cruz Mendoza alias “El Tena” y José María Cruz alias “El Tunco” son los nombres de los criminales que mantienen privados de su libertad a los 5 comunitarios, aunque es necesario subrayar que fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes realizaron la captura, igual que el 19 de julio de 2015, cuando junto con elementos de la Secretaría de Defensa de México realizaron un operativo contra la población que se manifestaba contra la ilegal detención de Cemeí Verdía. En aquella ocasión, elementos del Ejército dispararon contra la población civil, provocando la muerte de Hidelberto Reyes García y lesiones en al menos 10 personas, como lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 65/2016 en diciembre pasado.

Hasta el momento y luego de un fuerte operativo coordinado entre Policía Michoacán de los municipios de Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, policías comunitarias y grupos de autodefensas de la sierra-costa, así como la Guardia Comunal de Santa María Ostula, comandada por Cemeí Verdía, no ha sido posible la liberación de los comunitarios. Sin embargo, a través de una nueva llamada telefónica hecha este 6 de febrero alrededor de las 16:00, se logró certificar que los elementos secuestrados continúan con vida y están bien a decir de quien sostuvo la llamada: «estamos bien, esperamos que pronto nos liberen».

En Asamblea General la comunidad de Santa María Ostula determinó reforzar los filtros de seguridad, tanto en la encargatura de Xayacalan como en el punto de Tizupan; además, acordó colocar un bloqueo en la carretera federal 200 en el punto conocido como Triques e impedir el paso al transporte de empresas mineras y transnacionales, así como a elementos de la Marina y el Ejército.

Desde ahora advertimos que nuestras acciones irán escalando si no se da respuesta satisfactoria a nuestras demandas de justicia, por ello llamamos a los pueblos, organizaciones y personas honestas de Michoacán, de México y del mundo entero para que apoyen nuestra causa de paz y justicia resumida en las siguientes exigencias:

1. LIBERTAD INMEDIATA A LOS 5 COMUNITARIOS SECUESTRADOS POR LA MARINA Y EL CRIMEN ORGANZIADO.

2. CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN QUE EXISTEN EN CONTRA DE INTEGRANTES DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE LOS OTROS GRUPOS DE POLICÍAS COMUNITARIOS DE LA REGIÓN SIERRA-COSTA.

3. DESMILITARIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EL CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO HIDELBERTO REYES GARCÍA, HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS Y DESTRUYERON LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA Y LA DEVOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: CUATRO RADIOS DE COMUNICACIÓN, EL SELLO E IDENTIFICACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, UNA PISTOLA CON REGISTRO Y CUATRO JUEGOS DE LLAVES.

4. APREHENSIÓN DE LOS JEFES DEL CARTEL TEMPLARIO EN LA REGIÓN, FEDERICO GONZALEZ MEDINA, ALIAS “LICO”, Y MARIO ALVAREZ LÓPEZ, ALIAS “EL CHACAL”, Y DESARTICULACIÓN VERDADERA DE DICHO CARTEL Y DE SU ESTRUCTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA.

5. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA LA LIBERTAD DE LOS INTEGRANTES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AQUILA, COAHUAYANA, CHINICUILA Y COALCOMÁN.

6. PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 6 COMUNEROS DESAPARECIDOS Y EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DEL ASESINATO DE 34 COMUNEROS PERTENECIENTES LA COMUNIDAD DE OSTULA A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.

7. ALTO A LA DESINFORMACIÓN Y LA CREACIÓN DE GRUPOS DE CHOQUE EN EL PUEBLO NAHUA.

A T E N T A M E N T E

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

“NOSOTROS LUCHAMOS POR LA VIDA Y LA PAZ, NO LUCHAMOS POR EL PODER Y MENOS POR LA MUERTE”


“NUNCA MÁS, UN MÉXICO SIN NOSOTROS”

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ostula-exige-libertad-inmediata-comunitarios-secuestrados-por-la-armada/

En Ostula, la Marina y el crimen organizado desaparecen a cinco comunitarios

Soldados de la Marina de Michoacán detuvieron arbitrariamente a cinco policías comunitarios de la comunidad indígena de Santa María Ostula y los entregan a grupos del crimen organizado, quienes ahora pretenden extorsionar a la población y les exigen canjear la vida de las personas por armas. Organismos de Derechos Humanos emprenden una acción urgente para exigir que el Estado mexicano garantice la seguridad y la vida de los desaparecidos por las fuerzas armadas. 

En un comunicado, integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, informan que en la madrugada del domingo 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila y posteriormente los entregaron al crimen organizado.

La población de las comunidades indígenas naguas de la costa de Michoacán desde hace varios años han tenido que organizarse y crear policías comunitarias para protegerse de la extorsión y la violencia desatadas por la alianza de los grupos del crimen organizado y los gobiernos de los tres niveles que los reprimen y saquean.


Ante la desaparición de sus cinco compañeros, las comunidades  decidieron bloquear la carretera Federal 200 para exigir su liberación inmediata ya que temen por sus vidas. Las autoridades comunitarias señalan que los grupos criminales están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a las personas secuestradas y que abandonen el filtro que los comunitarios mantienen en el crucero de Tizupan.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ostula-la-marina-crimen-organizado-desaparecen-cinco-comunitarios/

Exigen ONG a Peña poner fin a violencia contra defensores de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese de la violencia contra los defensores de derechos humanos, así como dar garantías de seguridad y sancionar a responsables de ataques a los activistas.


A unas horas de que finalizara la visita de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, cerca de medio centenar de organizaciones y tres redes de agrupaciones suscribieron un pronunciamiento por el que condenan la violencia contra activistas, en particular el homicidio del ambientalista indígena Isidro Baldenegro López, ocurrido el lunes 16, día en que el experto inició su visita oficial a nuestro país.

Tras recordar que es “responsabilidad del Estado garantizar el derecho a defender derechos humanos”, las organizaciones firmantes llamaron al gobierno mexicano a acatar las recomendaciones formuladas por el relator de ONU, a quien activistas y periodistas expresaron las dificultades de ejercer sus labores durante reuniones sostenidas en la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En un comunicado, las organizaciones exigieron “investigar y castigar las violaciones a derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra defensores de derechos humanos”, de manera especial los casos en que “policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes los agreden”, además de que deben garantizarse medidas de reparación y no repetición.

En apego a las recomendaciones y observaciones hechas por el relator Forst, las ONG exhortaron a combatir la corrupción e impunidad “que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras de derechos”.

También resaltaron que Forst, como otras oficinas de ONU, llamaron al retiro del Ejército “de las funciones de seguridad pública, y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años”.

Igual exigieron evitar y condenar la “desacreditación pública” de defensores, así como emprender una política de reconocimiento de su labor y de la libertad de expresión.

Además, exhortaron al Estado mexicano a atender las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas incluir a los integrantes de organizaciones sociales en las discusiones de los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.

Asimismo, se pide “evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso definiciones ambiguas, como ‘ataques a la paz pública’, que criminalizan la protestas social”.

En materia de protección las organizaciones sugieren mejoras en la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil”, así como “integrar un enfoque multicultural y colectivo, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano”.

Incluso sugieren la adopción de “políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGTBI, así como optimizar el funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos en la protección de defensores”.

También incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos “un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades, así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos”, y sobre todo garantizar procesos de consulta “significativos sobre aquellos proyectos que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas”.

Para los activistas es indispensable que “los inversionistas y las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y se sancione a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero”.

Al exigir al Estado mexicano que invite una vez más al relator Forst, quien manifestó su disposición de dar seguimiento a las recomendaciones, las ONG consideraron que para que esas observaciones sean cumplidas se requiere la participación de la sociedad civil y de los agraviados, sobre todo tomando en cuenta que persiste “un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes”.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento destacan Artículo 19, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Cauce Ciudadano, Asistencia Legal para los Derechos Humanos, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comunicación e Información de la Mujer, Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.


Se sumaron al posicionamiento las redes Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471763/exigen-ong-a-pena-poner-fin-a-violencia-contra-defensores-derechos-humanos

Autor del allanamiento a Aristegui Noticias, vinculado con corporaciones policiacas federales

Indagatoria oficial prácticamente carece de avances, “no va a ningún lado”: Leopoldo Maldonado.

Uno de los autores del allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias el 13 de noviembre del 2016, ofrece sus servicios como escolta, ostentando supuestos vínculos con el  Estado Mayor Presidencial y otras corporaciones policiacas federales, afirmó el Presidente de la organización Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH), Fernando Ruiz Canales.

En entrevista para Aristegui En Vivo, explicó que gracias a su labor como defensor de derechos humanos y acompañamiento de víctimas de secuestro, logró la identificación plena de una de las cinco personas que sustrajeron una computadora de la Unidad de Investigaciones Especiales, derivado de que es el mismo individuo que participó en una fallida agresión en su contra, así como en otros eventos para intimidar a integrantes de su organización.

Se trata de una persona que utiliza el alias de Rafael Montufar García, mismo que aparece con una chamarra negra, pantalón obscuro y cabello cano recortado al estilo militar en las videograbaciones del allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias. De tez morena y complexión robusta, el personaje no tiene empacho en mirar a las cámaras de seguridad, sin que muestre signos de preocupación.

Ruiz Canales sostuvo que ese mismo individuo se ostenta como escolta con experiencia en el Estado Mayor Presidencial, además de que estaría vinculado con el grupo delictivo “La Flor”, el cual participó en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, hijo del empresario Fernando Martí, y con llamada “La Hermandad Policiaca”, grupo criminal conformado por policías en activo de diversas corporaciones.

Incluso, recuerda que en una de las agresiones cometidas en su contra, la persona que también allanó la redacción de Aristegui Noticias portaba un uniforme de la extinta Agencia Federales de Investigaciones (AFI), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).

Fernando Ruiz logró identificar al presunto delincuente debido a que se trata de la misma persona que intentó agredirlo con un arma de fuego cuando se encontraba en Ciudad Universitaria, ataque que evitó junto con su acompañante, pegándole en la mano con la portezuela de su automóvil.

Además, añadió que su agresor ese día portaba el uniforme de la AFI y que llevaba en la mano una pistola tipo revolver calibre 357 Magnum,  misma que lograron arrebatarle luego de pegarle con la puerta.

El activista explicó que al verse descubierto, el individuo huyó y el arma quedó en manos de su organización, pero en un allanamiento similar al sufrido por Aristegui Noticias, este la recuperó sin que la Procuraduría capitalina interviniera para resguardar la pistola, pese a que los afectados presentaron una denuncia penal en contra de los presuntos responsables.

“Desde el 2008 diversos miembros del CLDH fueron víctimas de amenazas motivadas por las investigaciones que la organización realizaba en torno a la banda de La Flor y a La Hermandad Policiaca.  Al reactivar dicha investigación, fuimos amenazados e intimidados por hombres que de manera  abierta y pública, portaban armas de fuego. Uno de los participantes en los ataques, es el hombre de cabello con corte tipo militar y chamarra oscura que aparece en el video tomado por cámaras de seguridad de Aristegui Noticias”, explicó Fernando Ruiz en una misiva enviada a Aristegui Noticias desde noviembre pasado, imputación que ratificó en la entrevista.

Para Fernando Canales, las denuncias en contra de su agresor y de quien posteriormente allanó Aristegui Noticias, no prosperan y no avanzan, debido a que cuenta con protección policiaca y a que presuntamente está coludido con autoridades, pues la Procuraduría capitalina se ha negado de manera sistemática a investigarlo.

La investigación oficial no avanza hacia ningún lado

El oficial del programa legal de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, reveló que la procuraduría capitalina ha incurrido en diversas irregularidades durante la investigación y que la indagatoria oficial prácticamente carece de avances, por lo que “no va a ningún lado”.

Dijo que entre las irregularidades detectadas en el expediente, se encuentran la pérdida de evidencia crucial para localizar a los autores, como la botella de líquido con la que drogaron al portero y la caja de herramientas que sacaron de las oficinas y que posteriormente abandonaron en las escaleras.

“En ambos casos, estaban las huellas dactilares de los autores del robo y allanamiento, además en la botella de agua se hubiera podido rastrear el ADN de alguno de los participantes, pero no fueron embaladas ni se resguardaron debidamente, afectando la investigación”, sostuvo.

Dijo que otra irregularidad es la filtración del expediente por parte de la fiscalía de Álvaro Obregón a la revista TV Notas, violando así la secrecía de la indagatoria y alertando a los autores del robo de una eventual acción para localizarlos y detenerlos.

Defensor acreditado de Aristegui Noticias para este caso, Maldonado alertó que la inacción de la Procuraduría capitalina es de tal magnitud que se ha negado a recabar las imágenes de ocho cámaras de seguridad que están cercanas a la redacción de Aristegui Noticias, bajo el argumento de que sus agentes investigadores “no las vieron” durante dos inspecciones oculares.

Por último, sostuvo que la Fiscalía Especializada para investigar crímenes contra periodistas de la Procuraduría capitalina, al igual que su similar de la PGR, trabajan de forma totalmente opuesta al que debería ser su principal objetivo, puesto que sus integrantes sólo se dedican a descartar que las agresiones, robos y homicidios que sufren los comunicadores, sean consecuencia de su trabajo periodístico.

“Siempre están buscando como demostrar que la agresión no es consecuencia del trabajo periodístico, cuando su razón de ser, es precisamente la contraria”, finalizó.


Video del allanamiento ocurrido el 13 de noviembre:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1701/mexico/autor-del-allanamiento-a-aristegui-noticias-vinculado-con-corporaciones-policiacas-federales/

Activistas protestan ante "guerra contra el narco"

Ciudad de México. Más de un centenar de activistas de diversas organizaciones civiles encabezaron este domingo en el Monumento a la Revolución un acto de protesta ante la “guerra contra el narco”, que a lo largo de 10 años ha sumido al país en una barbarie de miles de personas asesinadas, desaparecidas o desplazadas de sus hogares.

Denuncian “campañas negras” del gobierno de BC contra la vida privada de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO: Periodistas de Baja California denunciaron una vez más la violencia institucional que ejercen en su contra funcionarios del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid.


Asimismo, informaron que iniciarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante organismos internacionales de defensa y protección de los periodistas, “para salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”.

En un pronunciamiento firmado por cien periodistas de diversos medios, destacaron que ante la falta de respuesta a la carta que publicaron el pasado 11 de noviembre, “denunciamos una vez más que utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juárez, de Agencia Fronteriza de Noticias”.

También se ha presionado a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el gobierno del estado, subrayaron.

Por ello, insistieron se realice una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, “para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría” de la CNDH.

Señalaron que casi un mes de la petición original al gobernador y otras autoridades del estado, no se emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación.

En su pronunciamiento destacaron que la procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del estado, y que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas antiéticas por parte de los mencionados funcionarios.

Precisaron, asimismo, que tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo “continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor”.

Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones, añadieron, continúan hacia periodistas de Baja California. “Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación, luego que desde Comunicación del gobierno del estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad”.

Ante la actitud oficial, más de 60 periodistas se reunieron de nueva cuenta el pasado lunes 5, y otros casos de presiones fueron dados a conocer. Entre ellos el de Antonio Heras, periodista y colaborador de Proceso y La Jornada, quien fue hostigado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, señalándolo de estar bajo investigación, agraviando su vida personal y profesional. Después la misma Procuraduría reculó en su posición invocando una equivocación debido a un homónimo.

“Resulta alarmante que la política de comunicación social del gobierno del estado de Baja California para presionar y hostigar a periodistas con campañas de desprestigio, se adopte en otras dependencias generalizando las prácticas irregulares”.

A 29 días de la solicitud de una investigación imparcial que no se hizo, y sin una respuesta oficial, “manifestamos de nueva cuenta nuestra preocupación ante lo que se perfila como una política de estado, que pondera la violencia institucional y el hostigamiento hacia la prensa en Baja California”, recalcaron los comunicadores.


Añadieron: “En estas condiciones resulta imperante que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid enfrente la delicada situación. Que tome decisiones, ordene investigaciones imparciales y participe a la ciudadanía, para que las acciones llevadas a cabo por el secretario general de Gobierno no queden como investigaciones unilaterales donde juegan el rol de juez y parte”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465726/denuncian-campanas-negras-del-gobierno-bc-contra-la-vida-privada-periodistas

CRAC-PC anuncia bloqueos ante extrema violencia, grupo paramilitar impone toque de queda en Tixtla

En un comunicado emitido el 30 de noviembre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC- PC  anuncia que a partir del 1 de diciembre realizarán medidas de presión como cierre de carreteras y bloqueos para protestar por la situación de extrema violencia que vive la ciudadanía de Tixtla de Guerrero y denuncian el “narco-estado” y gobierno fallido en el que se encuentran y que permite que la criminalidad vaya en aumento: “Día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados.  La inseguridad va en aumento y, a pesar sus operativos con policía estatal y militares, las ejecuciones continúan”.

La revista Proceso reporta, que en el comunicado, la Coordinadora denuncia la presencia de un grupo criminal denominado La Nueva Familia de Los Jefes, que a través de mensajes en las redes sociales anunció un toque de queda en Tixtla después de la 11 de la noche.  Este anuncio ha provocado pánico y terror entre los pobladores. 

La Policía Comunitaria,  que tiene su bastión en el barrio de El Fortín en Tixtla, señala que desde hace varios meses la violencia en Guerrero se ha disparado, principalmente contra los normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activistas en Tixtla.

Los comunitarios consideran que la aparición de estos “grupos paramilitares” es una estrategia del gobierno de Guerrero para aniquilar a los activistas y acabar con la disidencia en contra de los tres niveles de gobierno y responsabilizan de los recientes crímenes contra dirigentes suyos a la clase política de Guerrero, y en particular al gobernador Héctor Astudillo y al alcalde Hossein Nabor Guillén.

Hacen un llamado a la sociedad de su municipio, empresarios, comerciantes, maestros, campesinos, amas de casa, estudiantes, recolectores de basura y líderes comunitarios a que se unan a la exigencia para evitar que la “profunda guerra sucia infunda terror y siga cobrando vidas. Debemos evitar que el narco-gobierno tome los destinos de nuestras vidas”.

Continúa diciendo la CRAC-PC que, ante la omisión e insensibilidad, así como la falta de oficio político del gobierno, “les comunicamos que a partir de este momento asumimos un compromiso moral y social con nuestras comunidades, y de la mano de cada ciudadano indignado en este municipio tomaremos acciones de manera inmediata y, a partir de este Jueves 1 de diciembre nos vemos obligados a realizar acciones de presión como tomas de carreteras, bloqueos, y toda acción necesaria hasta que nuestras demandas sean atendidas”.

Los crímenes más recientes son el levantamiento y asesinato del profesor Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la Policía Comunitaria de Tixtla el pasado 23 de noviembre, apareciendo muerto junto con otros dos hombres, dos días después en el municipio de Chilapa. Los victimarios dejaron junto a los cuerpos “embolsados” un narco mensaje con la leyenda: “Esto les pasó por no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata, es la mera riata. Atte. Los Jefes”

El lunes 28, un grupo armado se llevó por la fuerza al ex regidor y promotor de las autodefensas, Luis Tenero Encarnación, quien también fue ejecutados y apareció muerto sobre el libramiento Chilpancingo – Tixtla, junto a dos hombres más.  El hallazgo de los cuerpos fue a la altura del poblado de Matlalapa.


Entre sus demandas, también está la instalación de un observatorio internacional de derechos humanos en Tixtla, así como operativos de vigilancia con la participación de la policía federal, estatal, municipal y comunitaria,  coordinados por la sociedad civil.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/crac-pc-anuncia-bloqueos-ante-extrema-violencia-grupo-paramilitar-en-tixtla/

**NOTA: SE CORRIGIÓ UN ERROR EN CUANTO A LA FUENTE DE LA NOTA POR ESTE MEDIO LES PIDO MIL DISCULPAS POR EL MISMO

Ejército “ordenó, orquestó y organizó” la noche en la que desaparecieron los 43: Anabel Hernández

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen".

La periodista Anabel Hernández expuso en Aristegui CNN su nuevo libro “La verdadera noche de Iguala“, resultado de dos años de investigación.

“Lo que me he encontrado es una historia que no ha sido contada por nadie. Para mucha gente ya es un caso olvidado, aislado, yo lo traigo de regreso y lo pongo sobre la mesa porque es un retrato fiel de lo que es nuestro gobierno, es un retrato fiel de lo que somos como mexicanos”, indicó.

“Yo no creo que quien pase por estas casi 400 páginas del libro, al final no se sienta identificado con uno u otro personaje: un normalista desaparecido esa terrible noche; uno de los sobrevivientes; uno de los valientes vecinos que abrió las puertas para refugiar a estos muchachos… los torturadores, los marinos, los policías federales, los policías ministeriales, el procurador Jesús Murillo Karam, quien por órdenes presidenciales se dedicó a ocultar la verdad durante el tiempo que estuvo en el cargo; Arely Gómez, que entra y toma el cargo en una situación bastante incómoda con una investigación mal hecha desde el principio…

“O la gente puede identificarse con los vecinos atemorizados, que escucharon esa terrible noche a los muchachos tocando la puerta, suplicando que les abrieran para no ser masacrados y hoy viven con un gran remordimiento, y son los que empiezan a reconstruir la historia y los que narran quiénes estaban en la historia, cómo los persiguieron, cómo los balacearon.

“No hay un personaje en este libro donde no retrate exactamente lo que somos como sociedad. Y la gente tendrá que decidir qué quiere ser”, aseguró la reportera.

Apuntó que en la PGR con Arely Gómez al mando y el visitador César Amador Chávez Flores, ordenaron una investigación de la indagatoria que se había realizado hasta ese momento.

“Me encontré con un montón de verdades que la PGR estaba ocultando”, señaló.

Por ejemplo, detalló, que los estudiantes fueron monitoreados desde que salieron de la Normal de Ayotzinapa; que la Policía Federal estuvo ahí vigilándolos; el nombre del capitán José Martínez Crespo que esa noche estuvo circulando por toda la ciudad; además de presuntas torturas referidas en dictámenes médicos; que a quienes se les achaca el homicidio y cremación de estudiantes en el basurero son 4 albañiles; y cómo en el expediente de José Luis Abarca y su esposa, no había un caso sólido contra ellos.

“Paralelo a la investigación que tiene sus propias conclusiones, a punto de terminar el libro, me encuentro con dos documentos claves que revelan que mi investigación ha sido absolutamente correcta y atinada”, contó Hernández. Dicha auditoría comenzó en mayo 2016 y terminó en septiembre 2016; la encabezó el visitador general de la PGR y el resultado de ésta “le costó el cargo”, dijo.

En la investigación de la visitaduría de PGR, “la orden final que se da en esta auditoría es: investiguen al Ejército sobre lo que pasó esa noche. Investiguen al capitán José Martínez Crespo, que esa noche salió en un escuadrón de más de 14 personas, investíguenlo por vínculos con el crimen organizado. No ocurrió. Estos documentos que han sido escondidos por órdenes presidenciales”.

“Pero no sólo se involucra a Tomás Zerón, al Ministerio Público, al capitán Crespo, involucra a centenas de funcionarios públicos, porque violaron derechos humanos, torturaron e incluso cometieron delitos sexuales para fabricar la verdad histórica”, sostuvo.

“Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes”, precisó.

Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de 2 millones de dólares.

“El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, se entera de esta situación y de acuerdo con la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida”, aseveró la periodista.

Es entonces cuando los militares, “quienes tenían control de la ciudad y el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí”, desatan este operativo.

Otra revelación la apunta Hernández:

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del camino a Santa Teresa, donde fueron atacados en el camión Los Avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez”.

Solicitudes de información a la Sedena corroboran que el calibre G-3, que usó el Ejército esa noche, “al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G-3… nadie puede adquirir esos cartuchos, sólo los usa el Ejército”.

“El capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener a los autobuses. Supuestamente no había intención de dañar a los estudiantes, el capo sabía que eran estudiantes, lo único que quería era recuperar su mercancía”, comentó.

-¿Hablaste con el cártel que controla Iguala?-, le preguntó Carmen Aristegui.

“Tuve contacto directo con esta informantes de esta organización criminal… me dicen que es una cuestión de control de plaza…”, respondió.

-¿Por qué la agresividad?

“La única intención era parar los autobuses a como diera lugar, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que están tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento, fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones, que dijeron no puede haber testigos, no fue la orden supuestamente del capo, el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza”.

En su investigación, Hernádez encuentra tres últimas rutas a donde habrían sido llevados los 43:

-La carretera Iguala-Ciudad Altamirano, donde hay quienes dicen que bajaron de un “camión de redilas a algunos de los estudiantes”.

-Otro punto donde son vistas patrullas a alta velocidad que van rumbo a Huitzuco.

-Y camionetas blancas de la policía ministerial, no se sabe si de Guerrero o de la PGR, llevaban cuerpos sin vida a las 5 de la mañana, rumbo a Taxco, el 27 de septiembre.


“Esta es la historia que el gobierno no ha contado, esta es la historia que yo cuento en La Verdadera Noche de Iguala, basada en documentos, cientos de testimonios y miles y miles de fojas, peritajes, y demás información a la que tuve acceso”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2811/mexico/ejercito-ordeno-orquesto-y-organizo-la-noche-en-la-que-desaparecieron-los-43-anabel-hernandez-en-cnn/

Allanan redacción de Aristegui Noticias y sustraen computadora de Investigaciones Especiales

Los hechos ocurrieron el domingo 13 de noviembre cuando cinco personas amagaron al conserje de las instalaciones, a quien le dijeron que iban por "datos e información" de este sitio de noticias.

El domingo 13 de noviembre, las oficinas del sitio Aristegui Noticias fueron asaltadas por sujetos desconocidos, quienes forzaron cerraduras, desmontaron puertas, hurgaron en cajones y espacios del lugar.

Dos  de los individuos que ingresaron a la redacción -cuyos rostros, características y movimientos fueron captados plenamente por 9 cámaras de seguridad– se dirigieron e ingresaron a la oficina de la dirección general, así como a la de la Unidad de Investigaciones Especiales; de ésta última, sustrajeron una computadora portátil, la cual contiene información relevante de investigaciones en curso, así como reportes sobre investigaciones especiales publicadas por el sitio de noticias y solicitudes de información formuladas a diversas instancias públicas, además de  otros elementos relacionados con el trabajo de dicha Unidad del Sitio.

Los sujetos sustrajeron, además de la computadora, un  reloj tomado de uno de los cajones abiertos, un saco que se encontraba en el respaldo de una silla y una caja de herramientas que después abandonaron en las escaleras. Estas personas -quienes no parecían preocupadas por las cámaras de seguridad que registraron todos sus movimientos- no se llevaron nada más, a pesar de que tuvieron a su alcance varias computadoras, cámaras y equipos de producción de mucho mayor valor que la computadora robada.

Los administradores del inmueble presentaron la denuncia respectiva ante la Fiscalía Desconcentrada de Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) a la cual le corresponde investigar lo ocurrido, deslindar responsabilidades y dar con los autores materiales del robo de la computadora y otros materiales.

Aristegui Noticias ha colaborado con las autoridades capitalinas, presentando la denuncia correspondiente; entregando la documentación necesaria para acreditar su razón social y facilitado, en todo momento, el acceso de peritos y autoridades  para recabar evidencias y testimonios. Entregó, también, a las autoridades todos los videos obtenidos de las cámaras de seguridad que capturaron los movimientos de los sujetos responsables del allanamiento, el  asalto y las agresiones físicas y amenazas en contra de quien vigilaba el inmueble.

Una vez iniciadas las investigaciones, la persona que fue drogada, herida con la cacha de una pistola y amarrada de pies y manos, declaró ante el Ministerio Público que uno de los individuos que participó del asalto y allanamiento le dijo que estaban buscando: “datos o información”, sin especificar más.

Este medio, desde el primer día, tomó la decisión de no divulgar el allanamiento y robo para no afectar la secrecía de las investigaciones y evitar que el trabajo de la Procuraduría capitalina se viera afectado o entorpecido y no poner en riesgo la indagatoria y sus resultados.

Sin embargo, el medio de comunicación ha decidido –previa consulta con sus abogados- dar a conocer la información de la cual dispone, una vez que la carpeta de investigación, bajo resguardo de la Fiscalía, ha sido filtrada y dada a conocer  por dos medios de comunicación que publicaron este lunes documentación de la empresa denunciante, fragmentos de los testimonios ofrecidos, fotografías  y otros elementos fundamentales de la investigación.

Una vez que la cadena de custodia de los elementos que forman parte de la investigación y la reserva, a la que está obligada la autoridad, fueron rotas, Aristegui Noticias ha decidido dar a conocer lo sucedido y mostrar ante la opinión pública los videos que fueron entregados a las autoridades de la Fiscalía.

En virtud de que la secrecía de la investigación ya se violó y de que todavía no hay avances en la misma, este medio determinó difundir un video editado de los hechos, con el propósito de que los usuarios, lectores y  ciudadanía en general  puedan colaborar con el medio y las autoridades  para  la identificación plena de los responsables.

Aristegui Noticias notificó al procurador Rodolfo Ríos Garza y al fiscal Gustavo Omar Jiménez Escudero, su decisión de divulgar  estos videos y la  información sobre lo sucedido, ante la sospecha de que, tal como ocurrió con la carpeta de investigación bajo su resguardo, las imágenes entregadas a la Fiscalía pudieran ser, también, difundidas por terceros.

Tanto el procurador Ríos Garza como el fiscal Jiménez Escudero, se comprometieron con este medio a realizar la investigación interna correspondiente para identificar al o los responsables de lo sucedido con la carpeta de investigación, bajo resguardo de la Procuraduría, cuya reserva y secrecía fue violentada.  Asimismo, se dieron por enterados de la decisión de divulgar los videos y ratificaron su compromiso de  realizar una investigación que permita esclarecer los hechos.

Hasta el martes 22 de noviembre, el comandante adscrito a la investigación del caso aún no había tenido acceso a las imágenes de los videos -entregados de manera inmediata por los representantes del Sitio- dado que los videos aún se encuentran en el área de peritajes, según dijo el propio comandante. Por esta razón, las diligencias necesarias para contrastar las imágenes de esos videos contra imágenes que hayan podido ser capturadas por cámaras instaladas en zonas aledañas, aún no habían podido ser realizadas según refirió el Fiscal y el comandante al cargo del caso.

CRONOLOGÍA DEL CASO

EL ASALTO

Domingo 13 de noviembre.

El robo en Aristegui Noticias fue cometido por cinco personas -dos mujeres y tres hombres-, entre las tres y seis de la tarde. Las mujeres se presentaron como vendedoras de suplementos alimenticios al momento de abordar al conserje del edificio. Después de varios minutos de conversación, le pidieron permiso para  entrar al baño y posteriormente le dieron a probar una bebida de las que dijeron estar promocionando.

La bebida le provocó mareos al empleado casi de inmediato. Una de las mujeres anunció que iba por cigarros y al momento de abrir la puerta del edificio, los tres hombres se introdujeron al inmueble, sometiendo por la fuerza al conserje que intentó cerrar la puerta al notar la presencia de los extraños.

Posteriormente, uno de los hombres amagó al conserje y le dio un cachazo en la cabeza con un arma de calibre indeterminado, al tiempo que le advirtió que si se resistía lo iban a dejar inválido con varios “plomazos” en las piernas. El conserje fue obligado a tomar el resto de la bebida, en tanto, las mujeres lo amarraron de pies y manos. La herida causada por el cachazo de la pistola quedó acreditada en el expediente con un peritaje médico.

Mientras tres de ellos sometían y  vigilaban al conserje, los otros dos hombres se introdujeron al edificio, subieron las escaleras, forzaron y desmontaron la puerta de la oficina de Aristegui Noticias.

FILTRACIÓN DE EXPEDIENTE


Martes 22 de noviembre. La revista TV  Notas y el periódico Récord publicaron un artículo sobre el allanamiento y sustracción de la computadora de Aristegui Noticias. El texto incluye documentos confidenciales que forman parte de la carpeta de investigación, a los cuales únicamente tiene acceso  personal de la Procuraduría capitalina.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2311/mexico/allanan-redaccion-de-aristegui-noticias-y-sustraen-computadora-de-investigaciones-especiales/