«La guerra que enfrentamos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus y naciones en todo el territorio nacional es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del ejecutivo federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narcoEstado», concluyó la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se realizó los pasados 12 y 23 de agosto en San Gregorio Atlapulco.

Un nuevo ataque a balazos, esta vez perpetrado supuestamente por agentes de la Guardia Nacional, ha vuelto a hacer sonar las alarmas en Nuevo Laredo. Cuando aún no se cumplen dos meses de la muerte de cinco muchachos desarmados a manos de militares en la ciudad fronteriza, una nueva agresión el domingo pasado, que dejó dos muertos, además de un bebé no nato de ocho meses, y tres heridos, pone de nuevo a las corporaciones de seguridad en el punto de mira. De momento, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa (Sedena), ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han informado de lo ocurrido. Tampoco la Fiscalía General de la República (FGR).

Como en el caso de los militares en febrero, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha denunciado lo ocurrido, exigiendo una respuesta del Gobierno. El presidente de la organización, Raymundo Ramos, objetivo del espionaje de las Fuerzas Armadas durante la actual administración, ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigiendo que investigue el asunto. Ramos y su equipo han entrevistado estos días a los supervivientes en el hospital. Los tres dibujan una agresión sin motivo. Una camioneta de la Guardia empezó a seguir su vehículo. Acto seguido empezaron a disparar, agresión que continuó tras la persecución y la primera ráfaga. Mientras los civiles huían, al menos tres agentes siguieron tirando.

Elementos de la Secretaría de la Marina amenazaron e intimidaron a los ejidatarios y pequeños propietarios de Vixidu, Oaxaca, que forman parte del plantón de mixes que se oponen a los trabajos de ampliación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de las obras del Corredor Transístmico, denunció la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

De acuerdo con la Unión, cinco patrullas de la Semar se presentaron el pasado 1 de marzo en la zona colindante entre los ejidos de Mogoñé Viejo y El Zarzal, en San Juan Guichicovi, donde decenas de mixes mantienen el plantón por las afectaciones de las obras de ampliación.

Un enfrentamiento entre pobladores y policías en Coyomeapan, Puebla, dejó tres personas muertas, saldo que primero negó el gobierno de Puebla y dos días después reconoció.

El movimiento de resistencia indígena Unidad por Coyomeapan acusó que el pasado 9 mayo, en el entronque de Zoquitlán a Coyomeapan, los policías cerraron el paso a los vehículos donde viajaban los dirigentes del movimiento indígena que tienen tomada la cabecera municipal y ahí comenzó el ataque.

Las amenazas y el uso arbitrario de la fuerza por parte de policías de Irapuato, en Guanajuato, fue la constante el 1 de mayo al término de una protesta de mujeres contra los feminicidios y desapariciones. Ahora, a la violencia física y psicológica que 23 de ellas y un hombre enfrentaron al ser arrestadas, se suman las denuncias por daños y lesiones que el Gobierno de la Alcadesa Lorena Alfaro García ratificó en su contra pese a que los testimonios de varias de estas personas apuntan a que no participaron en la manifestación.

Elementos de la Guardia Nacional  (GN) asesinaron a un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato (UG). Una segunda víctima resultó herida.

Los hechos se registraron antes de las 5 de la tarde de este miércoles en la comunidad El Copal, dónde se encuentra la División de Ciencias de la Vida.

Jhonatan Sandoval Juárez, de 22 años, lleva casi un mes en el penal de Ocampo, Guanajuato. Está acusado de tenencia de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas. Su detención tuvo lugar el 31 de enero en Pénjamo, durante un operativo en el que también fue arrestada su pareja, Alma Villalobos, integrante del colectivo de búsqueda Una promesa por cumplir.

“No habrá impunidad, trátese de quien se trate”, aseguró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un mensaje posterior al anuncio de Fiscalía. A pesar de la contundencia del mandatario, esta no es la primera ocasión en la que agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno que él preside son señalados por graves vulneraciones a los derechos humanos.