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TSJ-CDMX había obligado a los niños que murieron en Magdalena Contreras a vivir con un violador, denuncian

CIUDAD DE MÉXICO: El suicidio de Mireya Agraz Cortés, sus tres hijos y su padre fue resultado de la violencia institucional y la violación a los derechos de los niños por parte de las autoridades del Distrito Federal, denunciaron 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En conferencia de prensa, el grupo de expertas y defensoras de derechos humanos aseguró que los integrantes de la familia perdieron la vida el pasado 8 de junio, debido a la desesperación de la madre por un mal tratamiento de la justicia del que fue víctima durante seis años.

Liberan bajo fianza a 28 normalistas de Michoacán

Morelia, Mich. Tras pagar una fianza de dos mil pesos, 28 normalistas arrestados el pasado 15 de agosto fueron puestos en libertad esta madrugada, en tanto los 11 restantes continuarán bajo proceso en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres.

La jueza Amalia Herrera indicó que ocho de los normalistas son probables responsables del delito de robo calificado y tres porque su defensa solicitó el doble de tiempo (72 horas más) que marca la ley para que se defina su situación legal

Los 39 estudiantes de las escuelas normales de Cherán y Tiripetío, principalmente, fueron detenidos el lunes pasado porque retuvieron vehículos e incendiaron al menos cuatro de ellos cerca de la caseta de peaje de Ecuandureo, lugar donde fueron detenidos.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA, Corresponsal
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/michoacan-liberan-bajo-fianza-a-28-normalistas

Derrochó Peña en propaganda 7 mil 400 millones de pesos

MÉXICO, DF (apro).- El gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto informó a la Comisión Permanente que en el año que termina se ejerció un presupuesto de 7 mil 400 millones de pesos en campañas de comunicación de las dependencias.
De esa cifra, el principal gasto se realizó en difusión para la prevención de chikungunya y dengue, por mil 2 millones de pesos.
En el reporte sobre recursos en materia de comunicación social y publicidad, correspondientes a la partida 36101, el gobierno de Peña admitió que las secretarías con mayor gasto en ese rubro son Educación Pública, Hacienda, Salud, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Y la Presidencia de la República, según el informe, sólo ejerció 41 millones 961 mil 980 pesos en la difusión del tercer informe, acciones de gobierno y mensajes a la ciudadanía.
La Secretaría de Gobernación, destacó Reforma, reportó un ejercicio de 298 millones 597 mil pesos; SRE, 38 millones 500 mil; Hacienda, 595 millones 352 mil; Defensa Nacional, 103 millones 95 mil; Agricultura, 158 millones 855 mil; Comunicaciones, 157 millones 261 mil, y Economía, 447 millones 444 mil pesos.
Por su parte la SEP ejerció 962 millones de pesos; Salud, mil 206 millones; Marina 110 millones; Trabajo 320 millones 864 mil; Desarrollo Agrario, 105 millones 114 mil; Medio Ambiente, 779 millones 422 mil; Energía, 9 millones 580 mil; Desarrollo Social, 769 millones 277 mil; Turismo, 11 millones 859 mil, y Función Pública, 10 millones 797 mil pesos.
En tanto la PGR destinó a campañas 31 millones 788 mil pesos; CFE, 324 millones 852 mil; Pemex, 145 millones, y el Instituto Nacional de las Mujeres, 63 millones 898 mil pesos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 15 millones de pesos; la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, 63 millones 870 mil; el ISSSTE, 32 millones 742 mil; IMSS, 599 millones 719 mil, y la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, 20 millones.

Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424446

Estudiantes golpeados el 5 de Junio en la UV exigen justicia

Xalapa, Ver.- Estudiantes agredidos la madrugada del pasado 5 de junio por un grupo de hombres armados y encapuchados que llegaron hasta su domicilio en pleno centro de Xalapa, exigieron a la Fiscalia General del Estado (FGE) que llegue al fondo de las investigaciones para dar con los culpables de la artera agresión.

Los universitarios que pasaron varios días internados en el Centro de Especializaciones Médicas de esta capital aseguraron que lo sucedido fue un intento de homicidio, de lo cual responsabilizaron al Gobierno del Estado, y en particular al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita: "Estamos jodidos a pesar de que ha pasado un mes. Fue un intento de homicidio".

Ignacio Córdoba Cruz, uno de los jóvenes atacados, expuso a nombre del Comité 5 de junio que "el ataque fue organizado y orquestado, que existen autores intelectuales, demandamos a la Fiscalía acreditar el delito de conspiración".

De igual forma exigieron el cese a la criminalización de los que han sido víctimas, y se pronunciaron en contra de que la Fiscalía General del Estado retome como una línea de investigación que ellos fueron los responsables de los ataques a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en la pasada elección federal.


Fuente: AVC Noticias

En cinco meses, 7 mil 428 personas han fallecido en situaciones violentas

México.- De enero a mayo de este año, 7 mil 428 personas han fallecido en el país en situaciones violentas, según la estadística del fuero común compilada por la Secretaría de Gobernación. 

El acumulado de homicidios dolosos durante los primeros cinco meses de 2015 es apenas 2.8 por ciento menor que el registrado en el mismo periodo del año anterior (208 casos), acorde con los reportes de procuradurías y fiscalías estatales enviados a Gobernación.

En estadística mensual más reciente (mayo), 15 entidades reportan alzas respecto de los datos de abril: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Entre las que dieron un salto en homicidios intencionales, pese a que en los primeros meses del año habían logrado contener o reducir este delito, se encuentra Baja California, al pasar de 69 a 80 asesinatos de ese tipo; Chihuahua, con una relación 78-110; Distrito Federal, 81-93; Michoacán, 67-106; Nuevo León, 32-41; Oaxaca, 49-86; San Luis Potosí, 14-25; Sinaloa, 32-47, y Sonora, con un avance de 32 a 47 en mayo respecto de abril pasado.

En el caso de Michoacán, con un incremento de casi 40 por ciento de víctimas en el lapso referido, aun está prácticamente dentro del promedio nacional de la tasa en este indicador, que a mayo fue de 5.54 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta entidad llegó, al corte de mayo, a 261 denuncias por ese delito, las cuales representan 349 víctimas en los primeros cinco meses del año.

Pese a lo anterior, el plan de la Secretaría de Hacienda para compactar programas y reducir presupuesto propone, para Gobernación, la eliminación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, creada el 15 de enero de 2014, mes en el que en esa entidad se reportaron 105 víctimas de homicidio doloso, una menos que en mayo pasado.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de Gobernación presenta dos cuadros estadísticos: número de averiguaciones previas iniciadas por homicidio doloso y otro en cuanto a número de víctimas. En tasa, el primer sitio lo sigue teniendo Guerrero, con 22.48 casos por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar está Sinaloa (13.70), y en tercero Chihuahua (11.16).

A escala nacional, el acumulado de víctimas por ese tipo de asesinato es de 7 mil 428: mil 428 casos ocurrieron en enero; para el mes siguiente, mil 410; en marzo subió a mil 449; para abril llegó a mil 520, y en mayo se reportaron mil 621 fallecimientos en esa condición violenta.

En total se levantaron 6 mil 698 averiguaciones previas en donde, como se dijo, se denuncia –en conjunto– el homicidio doloso de 7 mil 428 personas.


Fuente: La Jornada
Autor: Fabiola Martínez

Comando derriba helicóptero de la Sedena en Jalisco; mueren tres militares

GUADALAJARA, Jal.(Proceso Jalisco).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que un helicóptero fue impactado con disparos de arma de fuego en el estado de Jalisco provocando un aterrizaje de emergencia, la muerte de tres militares, 12 más heridos y otros tres desaparecidos.

Los hechos ocurrieron luego de que tropas militares realizaban reconocimientos aéreos y localizaron un convoy de vehículos con personas armadas sobre la ruta Casimiro Castillo–Villa Purificación, ubicada a unos 240 kilómetros de la capital Guadalajara.

De acuerdo con el reporte de la Sedena, el grupo delincuencial agredió “al personal militar con disparos de armas de fuego, impactando al helicóptero Cougar Mat. 1009, lo que ocasionó que se realizara un descenso de emergencia”.

La Sedena detalló que a bordo de la aeronave “se trasladaban 18 elementos: 5 de tripulación, 11 pasajeros militares y 2 agentes de la Policía federal. Tres militares murieron y otros 10 miembros del Ejército y 2 policías federales resultaron lesionados. Fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Militar Regional de Guadalajara para su atención médica correspondiente, en el concepto que los 3 elementos restantes se encuentran pendientes por localizar”.


El ataque a la aeronave militar se da luego de que esta mañana la zona Metropolitana de Guadalajara amaneciera con narcobloqueos, quemas de vehículos, gasolinerías y sucursales bancarias, en al menos 40 puntos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El policía del Metro

Esta es una historia que quizás pueda parecer trivial o poco pertinente, dado que ha pasado un mes desde que sucedió. De hecho, me ha tomado días decidir si vale la pena contarla, o si en realidad “aquí no pasó nada”, como a veces me siento tentada a creer.

Peor aún, me ocurrió a mí y cabe pensar dos veces si uno le cede sus columnas de opinión a la propia vida, primero hay que preguntarse si la anécdota personal aborda asuntos de interés público.

Por demás, el caso es pedestre y hasta insignificante en el marco de los abusos de las autoridades mexicanas y las violencias que vivimos a diario las mujeres. Pero voy a escribirlo y a darle vueltas, porque, aunque sea una historia más, entre tantas, de los desmadres autoritarios y machistas, y aunque sea una nimiedad, tiene que ver con cómo aguantamos la corrupción y el abuso en la vida cotidiana. Yo ya lo he aguantado por más de 30 días. Al menos hay que pensar en eso.

Eran las 10 de la noche en la estación de metro Observatorio, domingo 21 de diciembre de 2014. Cuando fui a ingresar el boleto en la máquina, se me cayó al piso y me agaché a recogerlo. Entonces, el policía R. Hernández L., con placas 46761, sacó su celular y empezó a tomarme fotos. No a mí, a mi culo. Esto lo notó mi pareja que enseguida se lo reclamó al policía. Después yo me uní al reclamo, llegó un segundo policía, ninguno quiso darnos información sobre dónde poner una queja y estaban muchísimo menos dispuestos a pedir una disculpa. Así que fuimos subiendo la voz. Yo le decía al policía “¿Por qué le toma fotos a mi culo?”, y él me contestaba “señorita, no sea grosera”.

Entonces llegaron más policías y nos acorralaron. Empezaron a tomarnos fotos y nosotros empezamos a grabarlos (aquí el video). Una policía, mujer, me cogió del brazo y me zarandeó agresivamente. Empezaron a amenazarnos con llevarnos en una patrulla. Nos metieron en la pequeña oficina de la que parecía ser una administradora del Metro (que tampoco quiso oír nuestros reclamos). Los policías, que ahora eran al menos seis, se agolparon en la puerta sin dejarnos salir y ahí estuvimos peleando otro buen rato. No, no había donde poner una queja, no, no había pasado nada, no, nadie iba a ayudarnos.

Finalmente nos dejaron salir de la oficina y yo logré grabar el nombre y número de placa del policía que me tomó fotos. Ninguno había querido identificarse y cuando los grabábamos, todos ponían la mano para taparse la placa. Finalmente, con mucha rabia y bastante susto, nos fuimos en el metro a la casa.

Por supuesto ha podido ser mucho peor. Esta historia ni siquiera parece relevante ante las violencias y abusos que viven todos los días las mujeres en México y en el mundo. Varias veces he dicho, “no fue nada”, “no pasó nada”, pero, ¿acaso que un policía le tome fotos a mi culo, sin mi permiso, desde su posición de autoridad, es nada? ¿Cómo es que deviene en nada, que ante una cosa así no haya con quien quejarse, sino el mismo policía que abusivamente lo morbosea a uno? ¿Me debe parecer casual que ante cualquier reclamo a un policía este se rodee de secuaces de uniforme para matonear a quien se queja? ¿Me debe parecer normal que una ida al metro incluya que un policía le tome fotos a mi culo sin mi permiso y que su colega me zarandee?

Según el artículo 19 de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se define la “violencia institucional” como los “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.” Me inclino a creer que lo que hizo el policía se enmarca dentro de este artículo, pero, la ley no me aclara qué puedo hacer ante esto o qué pasa si la “violencia institucional” viene de parte de la misma persona que tendría que tomar mi queja. La verdad es que parece que los policías pueden tomarle fotos a los culos de las mujeres sin su permiso y eso no corresponde a ninguna infracción concreta.

También podría presentar una queja ante el consejo para prevenir la discriminación del D.F., que según su artículo 6, considera conductas discriminatorias: “XIII. Aplicar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho fundamental a la no discriminación, la dignidad e integridad humana;”. Quizás podría dirigirme a la PGR, pues, según el artículo 179 del Código Penal del D.F.: “A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.  Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Si la persona agresora fuese servidor público y utilizará los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.”

¿Podríamos decir que los actos del policía caben dentro de lo que aquí llaman “una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe”? ¿Puedo decir que me causó daño, o sufrimiento psicoemocional? ¿La rabia y la indignación y la zarandeada cuentan como daños psicoemocionales?  Al menos es claro que en el incidente hay una relación jerárquica, pero mi interés no es que metan a la cárcel o dejen sin trabajo al policía, yo lo único que hubiese querido es una disculpa y claro, que el comportamiento del tipo no fuese avalado por sus colegas, por sus colegas mujeres además, policías machistas que en vez de protegernos se unieron para matonearnos.

El año pasado el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (IniMujeres DF) y la Secretaría de Seguridad Pública firmaron un Convenio para capacitar a servidores públicos en igualdad de género. En la misma página de IniMujeres, uno encuentra el documento “Viajemos Seguras” sobre el acoso en el el transporte público, escrito en una amigable fuente comic sans. Según el documento “la violencia sexual puede darse mediante: tocamientos en zonas sexuales, miradas, palabras o expresiones corporales ofensivas…”, dice que hay 100 Unidades Atenea de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) -ninguna de las cuales fue mencionada por los policías o funcionarios del metro- y se ufana de la “separación permanente”, que junta a las mujeres como ganado pero las deja igual de vulnerables, pues asume que los hombres son unos animales incapaces de convivir con nosotras alrededor sin irrespetarnos. El documento recomienda “solicitar apoyo de algún elemento de seguridad” (jajaja), y habla de una persona que, seguido el conducto regular, llegaría a darme asesoría jurídica.

Creo que a estas alturas muchos de los lectores se imaginarán que a pesar de haberme clavado a investigar las posibilidades de denuncia del incidente, no he presentado una denuncia formal al respecto. La razón es más bien un sentimiento que oscila entre el miedo y la impotencia, la pereza de ser sometida a un proceso tortuoso y confuso, en el que claramente llevo las de perder, cuando lo único que yo quiero en respuesta es un cambio de trato y una disculpa. Es claro que aquí no hubo “daños irreparables” y yo no estoy dispuesta a asumirme “víctima” pues me parece doblemente violento contra mi identidad o exagerado e irrespetuoso frente a las crueles agresiones que sufren mujeres que han sido objeto de otras violencias de género. Yo, en cambio, puedo escribir esta columna y por eso debo contar mis privilegios.

Así, el incidente sirve para ilustrar cómo las pequeñas violencias surten su efecto de autocensura: hacen que le tengamos miedo al espacio público y prevención a la autoridad y de esa manera nos anestesian de entrada ante escenarios más graves de impunidad. El episodio también deja claras tres cosas: la primera es que los miembros de la policía adscrita al Metro en el D.F. no están educados en perspectiva de género y no son capaces de ver el machismo en sus acciones ni en las de sus colegas. Tampoco están capacitados para darse cuenta de que morbosear mujeres en la calle es agresivo, tomarles fotos sin su consentimiento es peor, o para entender que desde su lugar de autoridad, con ese uniforme que representa la fuerza del Estado, cualquier comportamiento agresivo que tengan se ve exacerbado. Por otro lado es claro que como equipo están más interesados en protegerse entre ellos que en cumplir su trabajo, que es servir a los ciudadanos, tomar sus quejas, y conciliar las diferencias. Finalmente, aunque hay montones de leyes y protocolos a seguir, ninguno se aplica, no es claro dónde se puede poner una denuncia, qué es exactamente lo que constituye un delito, y no hay ningún mecanismo claro y efectivo para lidiar con las pequeñas violencias que vivimos a diario todas las mujeres, y cualquiera que sea visto como más débil o vulnerable en el contexto del sistema.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CATALINA RUIZ-NAVARRO.