Saltillo, Coah. El Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, anunciaron que pedirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la nulidad de la elección del domingo, pues consideran que hubo irregularidades graves en al menos 20 por ciento de las tres mil 628 casillas que se instalaron el día de la elección.
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miércoles, 7 de junio de 2017
miércoles, 31 de mayo de 2017
Más de 900 mil personas podrán votar por primera vez en Edomex
Toluca, Méx. Más de 900 mil mexiquenses podrán votar por primera vez en una elección para gobernador en el estado de México, revelaron hoy consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
La lista nominal es de 11 millones 317 mil ciudadanos que podrán ejercer su voto el próximo domingo en las 18 mil 605 casillas que se instalarán a lo largo y ancho del territorio estatal. Del listado nominal, el 30 por ciento corresponde a jóvenes menores de 30 años y de ellos, 409 mil acaban de cumplir la mayoría de edad para votar en los comicios.
domingo, 19 de marzo de 2017
Voto por mí
“Estos son mis principios y si no le parecen, tengo otros”. Recordé la frase de Groucho Marx mientras platicaba con un viejo conocido de la prepa que me dijo algo que se repite quizás demasiado en estos días:
–No nos merecemos este país. No me siento representado por nadie. Voto por que todos se vayan.
sábado, 18 de febrero de 2017
En México, el mayor costo por cada voto en AL, revela estudio
El costo de la democracia mexicana es el más alto de América Latina: 18 dólares por voto contra, por ejemplo, 29 centavos de dólar en Brasil, de acuerdo con estudios universitarios.
Ayer se celebró un seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para discutir si debe reducirse el costo de nuestro sistema político. Las respuestas de académicos, diputados y consejeros electorales que participaron en ese acto fueron diversas, pero coincidieron en que son indispensables cambios al modelo, pues ha llevado a una crisis de representatividad.
El encuentro, titulado ¿Se debe reducir el financiamiento de la política?, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. En una de las mesas, Jacqueline Peschard –académica de la UNAM que presidirá el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– consideró que el financiamiento público a los partidos ha logrado el propósito con que fue instaurado con las reformas a las leyes de 1977 y 1997: crear un sistema con condiciones de equidad para la competencia electoral. Opinó que la discusión, más que centrarse en reducir los recursos a los partidos –que en 2015, año de elecciones, recibieron más de 9 mil millones de pesos– debe centrarse en la fiscalización. El problema es que las autoridades no pueden fiscalizar los recursos ilícitos que inundan las campañas.
María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, presentó algunos cálculos acerca de lo que cuesta el sistema político mexicano. En 2015, señaló, se destinaron al sistema –que tiene 22 mil burócratas– 37 mil millones de pesos, que equivale al presupuesto anual de la UNAM.
El consejero del Instituto Nacional Electoral Arturo Sánchez y el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral Leonardo Valdés Zurita mostraron por separado datos que indican que los recursos destinados a los partidos son casi marginales para el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues en 2015 representaron sólo 0.08 por ciento. Acotaron que el gasto podría ser más eficaz.
Los diputados Pablo Piña (Partido Acción Nacional) y Juan Romero (Morena) expusieron por separado que el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados se han opuesto a las propuestas para reducir el financiamiento a los partidos.
Fuente: La Jornada
Autor: Arturo Sánchez Jiménez
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/18/politica/011n2pol
jueves, 8 de diciembre de 2016
Votarían en CDMX menores de 18 años y reclusos sin sentencia
Algunos legisladores advirtieron que conceder el derecho al voto a los 16 años en la Ciudad de México sería inconstitucional.
La Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno aprobó la noche del miércoles que en la Constitución de la Ciudad de México se reconozca el derecho al voto a partir de los 16 años y que las personas en reclusión puedan ejercer esa misma garantía, siempre y cuando no hayan recibido sentencia definitiva.
De acuerdo con un comunicado de la Asamblea Constituyente, los legisladores aprobaron la “propuesta de que se conceda el voto a los 16 años, contenida en el numeral 3 del artículo 29 del proyecto original de Constitución y retomado por el predictamen”, la cual fue impulsada por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento de Regeneración Nacional.
Los constituyentes argumentaron “la extensión y progresividad de los derechos humanos, mientras constituyentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) advirtieron sobre el riesgo de que la inclusión de esa garantía en la Carta Magna acabe siendo impugnada en la Corte por ser, precisamente, inconstitucional”.
La diputada panista María Teresa Gómez Mont, aclaró que su partido no estaba en oposición de la participación política de los jóvenes, pero señaló que en la Constitución General de la República se especifica que la ciudadanía se adquiere a los 18 años.
A su vez, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de Morena, sostuvo que lo dispuesto por la Constitución federal no impide que se amplíen los derechos en la capital, según los principios de progresividad y pro persona. “Un joven de 16 años posee ya plena conciencia para discernir qué plataforma política es la que está más cercana a su cosmovisión. Además, el voto se convertiría en un instrumento para construir ciudadanía”, expresó.
Los constituyentes Consuelo Sánchez Rodríguez y Jesús Ramírez Cuevas se sumaron a lo planteado por su compañero de Morena. La primera dijo que reconocer el voto de los jóvenes servirá para ampliar la democracia participativa, pero consideró que ese proceso debe ir acompañado por la consolidación de otros derechos como educación, salud, deporte y cultura. El segundo expuso que los jóvenes son hoy el sector social más excluido y las cárceles están llenas de ellos. “Si hay que enmendar la plana la Corte, hagámoslo”, dijo ante la eventual interposición de un recurso de anticonstitucionalidad.
En votación nominal de nueve a favor y cinco en contra se aprobaron las adiciones propuestas por legisladores de Morena y PRD.
¿Vamos a elegir a El Chapo?
También se aprobó la iniciativa del diputado del PRD, Jesús Ortega, para que se reconozca el derecho al voto activo de las personas en situación de reclusión que no hayan recibido sentencia definitiva. Propuso que se adicionara esto al numeral 5 del artículo 29; la votación fue de seis en favor, cinco en contra y una abstención.
El constituyente argumentó que en razón del principio de presunción de inocencia debía concederse el derecho al voto a ese grupo de la población. “Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario –recalcó–. Las cárceles están llenas porque no se aplica el derecho de presunción de inocencia”, dijo.
En contra fijaron su postura el constituyente panista Gonzalo Altamirano Dimas y las legisladoras priístas María de la Paz Quiñones y Beatriz Pagés.
Pagés incluso señaló que “sería muy mala señal que cuando el país vive en lucha contra el crimen organizado se conceda el derecho al voto a quien esté sometido a proceso penal. ¿Vamos a elegir a El Chapo? Hagámoslo gobernador de Sinaloa”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/votarian-en-cdmx-menores-de-18-anos-y-reclusos-sin-sentencia/
La Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno aprobó la noche del miércoles que en la Constitución de la Ciudad de México se reconozca el derecho al voto a partir de los 16 años y que las personas en reclusión puedan ejercer esa misma garantía, siempre y cuando no hayan recibido sentencia definitiva.
De acuerdo con un comunicado de la Asamblea Constituyente, los legisladores aprobaron la “propuesta de que se conceda el voto a los 16 años, contenida en el numeral 3 del artículo 29 del proyecto original de Constitución y retomado por el predictamen”, la cual fue impulsada por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento de Regeneración Nacional.
Los constituyentes argumentaron “la extensión y progresividad de los derechos humanos, mientras constituyentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) advirtieron sobre el riesgo de que la inclusión de esa garantía en la Carta Magna acabe siendo impugnada en la Corte por ser, precisamente, inconstitucional”.
La diputada panista María Teresa Gómez Mont, aclaró que su partido no estaba en oposición de la participación política de los jóvenes, pero señaló que en la Constitución General de la República se especifica que la ciudadanía se adquiere a los 18 años.
A su vez, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de Morena, sostuvo que lo dispuesto por la Constitución federal no impide que se amplíen los derechos en la capital, según los principios de progresividad y pro persona. “Un joven de 16 años posee ya plena conciencia para discernir qué plataforma política es la que está más cercana a su cosmovisión. Además, el voto se convertiría en un instrumento para construir ciudadanía”, expresó.
Los constituyentes Consuelo Sánchez Rodríguez y Jesús Ramírez Cuevas se sumaron a lo planteado por su compañero de Morena. La primera dijo que reconocer el voto de los jóvenes servirá para ampliar la democracia participativa, pero consideró que ese proceso debe ir acompañado por la consolidación de otros derechos como educación, salud, deporte y cultura. El segundo expuso que los jóvenes son hoy el sector social más excluido y las cárceles están llenas de ellos. “Si hay que enmendar la plana la Corte, hagámoslo”, dijo ante la eventual interposición de un recurso de anticonstitucionalidad.
En votación nominal de nueve a favor y cinco en contra se aprobaron las adiciones propuestas por legisladores de Morena y PRD.
¿Vamos a elegir a El Chapo?
También se aprobó la iniciativa del diputado del PRD, Jesús Ortega, para que se reconozca el derecho al voto activo de las personas en situación de reclusión que no hayan recibido sentencia definitiva. Propuso que se adicionara esto al numeral 5 del artículo 29; la votación fue de seis en favor, cinco en contra y una abstención.
El constituyente argumentó que en razón del principio de presunción de inocencia debía concederse el derecho al voto a ese grupo de la población. “Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario –recalcó–. Las cárceles están llenas porque no se aplica el derecho de presunción de inocencia”, dijo.
En contra fijaron su postura el constituyente panista Gonzalo Altamirano Dimas y las legisladoras priístas María de la Paz Quiñones y Beatriz Pagés.
Pagés incluso señaló que “sería muy mala señal que cuando el país vive en lucha contra el crimen organizado se conceda el derecho al voto a quien esté sometido a proceso penal. ¿Vamos a elegir a El Chapo? Hagámoslo gobernador de Sinaloa”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/votarian-en-cdmx-menores-de-18-anos-y-reclusos-sin-sentencia/
viernes, 20 de mayo de 2016
A votar otra vez por lo mismo
Es una elección Primaria, una de las docenas que vendrán.
No importa donde — o, en gran parte, tampoco importa quien.
Las elecciones son expresiones públicas de emociones, como, “¿Quién te gusta a tí?”
“¿Por quién crees tú que vas a votar?”
Se gastan millones de dólares en campañas masivas de publicidad, especialmente diseñadas para hacer cambiar tus emociones, para jugar con tus miedos, para hacer aflorar tus rencores más profundos.
Pocos políticos tienen planes para hacer realidad tus esperanzas, y aún mucho más pocos tienen la menor idea de como hacer realidad tus sueños.
Nosotros nos hemos acostumbrado a votar por “el menor de los males” — olvidando la lógica verdad que el menor de los males… es también malo.
Por éso terminamos votando por guerras que no queremos, por decisiones políticas que no aceptamos — y por gente que en verdad no nos gusta.
En esencia, aceptamos – y nos preguntamos porqué las cosas van de mal a peor.
Todo candidato promete la luna; y dificilmente produce arena.
Pero ésa es la naturaleza de la bestia.
El sistema político de los Estados Unidos no fue diseñado para representar al pueblo. Fue construído para representar a la clase propietaria — a las elites adineradas.
Es un sistema construído para proteger los intereses de una poderosa y rica minoría.
El pueblo, como lo dijo uno de los llamados “fundadores” (el Gobernador Morris, de Pensilvania) fue visto como una “turba amotinada” que lo llenaba de “miedo y terror.” *
¿Tú ciertamente crees que “fundadores” como ésos en verdad quisieron que la “turba amotinada” pueda votar? ¿Nunca… Jamás?
Ese espíritu, el miedo de “la turba”, se puede ver ahora en los crecientes esfuerzos de negar más y más al pueblo de su llamado derecho al voto — ¡sin decir nada de que no dan al pueblo algo por el que el pueblo quiera votar!
El sistema norteamericano permitió, por más de 70 años, especialmente a los estados del Sur, desarrollar prácticas por las que los Negros tenían que pasar pruebas de saber leer y escribir, pruebas de saber contar, y las dañinas cláusulas de los abuelos –que permitían a los Negros votar solo si su abuelo había votado –lo que significaba que si tu abuelo había sido esclavo, tus nietos no tenían derecho a votar — jamás.
Hoy, el mismo votar se ha vuelto el menor de los males; votar es un proceso que preserva el poder de las clases propietarias, y los privilegios económicos de las elites.
–© ‘16maj
*Fuente: Jerry Fresia, Hacia una Revolución Norteamericana, (Toward an American Revolution,South End Press, 1988, pp.1-2)
Traducción libre del inglés enviado por
Fatirah Aziz, Litestar01@aol.com,
hecha en REFUGIO DEL RIO GRANDE, Texas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
martes, 3 de mayo de 2016
¿Quieren honradez? ¡Voten por corruptos!
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La corrupción en México no es cultural ni es consecuencia de la mala suerte o de una maldición divina, sino producto de las complicidades en la élite partidaria, empresarial, mediática y criminal que, a menudo, son toleradas y hasta premiadas por amplias porciones de la sociedad.
Por eso no hay ni habrá medidas institucionales de la dimensión estructural de la corrupción y la impunidad, porque a los políticos priistas, panistas y perredistas no les importa, como lo acredita el incumplimiento constitucional del Congreso para aprobar, en periodo ordinario, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Si a los grupos parlamentarios que controlan el Congreso no les importó cumplir con su deber es porque, por una parte, el jefe del Estado, Enrique Peña Nieto, no quiere ir contra la corrupción que une a esos que son los principales partidos políticos del país, y porque, por otra parte, la sociedad se muestra más bien pasiva.
Es grave que los proyectos de ley del Sistema Nacional Anticorrupción dejen intocado al presidente de la República, el gran corruptor en un país constitucionalmente presidencialista, pero lo es también que sólo 600 mexicanos hayamos firmado a favor de la ley 3de3 para que los candidatos y funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés: Es decir, menos de 1% de los mexicanos.
Si el PRI pudo someter a los gerentes de los organismos civiles que promovieron la iniciativa #3de3, para que las declaraciones sean públicas sólo por voluntad del servidor público, y las leyes anticorrupción garantizan plena impunidad al titular del Ejecutivo, entonces mejor que no haya ningún cambio, porque es sólo simulación.
Y eso es lo que predomina: El PRI, con sus rémoras PVEM, Panal y Encuentro Social, es producto y reproductor de la corrupción desde la base hasta la punta de la pirámide, pero también lo son ya el PAN y el PRD, que no sólo no quieren combatir la corrupción, sino la enaltecen.
En las 12 elecciones de gobernador que están en curso, la coalición PRI-PVEM-Panal-Partido del Trabajo ha postulado ladrones, pero sus contrapartes de PAN-PRD impulsan a rufianes de la talla de los expriistas Miguel Ángel Yunes Linares, Antonio Gali, Jorge Estefan Garfias, José Rosas Aispuru, Francisco Xavier Berganza, Rafael Flores, Carlos Joaquín…
El más grotesco de los candidatos de PAN-PRD es Yunes Linares, quien lo es porque Felipe Calderón solapó el saqueo que hizo del ISSSTE como director general, en pago –claro– al fraude que orquestó a su favor en la elección interna del PAN, en 2005, y luego, junto a Elba Esther Gordillo, en la constitucional de 2006.
¿Cómo podía ir Calderón contra Vicente Fox y la corrupción de su parentela, como la fortuna de Marta Sahagún y sus hijos, si, desde el gobierno, operó para imponerlo, y cómo podría Peña Nieto ir contra el saqueo en el sexenio de Calderón si éste lo apoyó para ganar en 2012?
No: De este elenco no podrá venir un cambio para bien. Hay conversos de siglas, pero los corruptos lo son toda la vida.
Es triste y real, pero en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Durango y Quintana Roo los ciudadanos buscarán honestidad votando por corruptos…
Fuente: Proceso
Autor: Álvaro Delgado
http://www.proceso.com.mx/439219/quieren-honradez-voten-corruptos
Fuente: Proceso
Autor: Álvaro Delgado
http://www.proceso.com.mx/439219/quieren-honradez-voten-corruptos
jueves, 24 de diciembre de 2015
Cae empresario ligado a fraude de “voto migrante” en Chiapas
MEXICO, DF (apro).- Este jueves la Procuraduría de Chiapas detuvo al representante legal de la empresa DSI Elecciones SA, Carlos Alberto Díaz Hernández, por supuestamente alterar el listado nominal de chiapanecos en el exterior para la elección del llamado “diputado migrante”, acción que favoreció a Roberto Pardo Molina, del PVEM.
Es por ello que ayer el juez tercero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez dictó la formal prisión por los delitos de fraude y asociación delictuosa contra Díaz Hernández, quien fue recluido en el penal estatal El Amate.
Según la PGJE, Díaz Hernández fue el responsable de firmar el contrato con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para, a través de un sistema electrónico, hacerse cargo del registro de electores e integrar la lista nominal, así como de recabar y contar los sufragios.
De acuerdo con la averiguación previa 005/FE/2015, en el listado nominal de chiapanecos en el exterior aparecieron ciudadanos que nunca han estado fuera del país y que, por aparecer en la base de datos apócrifa, no pudieron votar de manera local en los comicios de julio.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa manipuló el voto en favor de Pardo Molina, quien recientemente fue desaforado por el Congreso local para enfrentar las acusaciones en su contra. El excandidato del Verde es primo de Manzur Salomón Molina, dueño de DSI Elecciones.
Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424538
jueves, 16 de abril de 2015
‘Promotores de la abstención’,
Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, afirma el funcionario del PRD.
Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema.
Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno.
La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta.
La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas.
Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.
Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: PABLO GÓMEZ.
Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema.
Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno.
La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta.
La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas.
Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.
Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: PABLO GÓMEZ.
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