Protección a constructoras que violan resolución judicial

Grupo Higa desdeña resolución judicial federal y mantiene la construcción de autopista en comunidad otomí. Pobladores de Santa Cruz Ayotuxco ven cómo siguen las obras, protegidas por funcionarios y policías del Estado de México.

Sierra de Huixquilucan, Estado de México. El pasado 6 de abril de 2017, la comunidad indígena Otomí Ñuhú de Santa Cruz Ayotuxco obtuvo el resolutivo favorable del recurso de revisión 27/2017. Está resolución indica suspender todos los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, hasta que se resuelva el amparo 1396/2015.

A partir de esa fecha por diferentes instancias los comuneros han intentado hacer valer esta resolución de carácter federal y los resultados han sido desfavorables para ellos. Pero esta situación no es menor, se “entrelazan redes de corrupción, intereses económicos corporativos y la violación a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, señalan pobladores.

Pese a suspensión de tribunal, siguen construcción de carretera en Xochicuautla y amenazas a sus habitantes

CIUDAD DE MÉXICO: El Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla denunció que, pese a las tres suspensiones definitivas –otorgadas por tribunales colegiados– del tramo carretero que pasa por esta comunidad otomí, las construcciones de la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México continúan, así como las amenazas a los habitantes de la zona.

En el foro académico “#XochiPropone”, José Luis Fernández, vocero de la comunidad, aseguró que tras iniciar el proceso de defensa de su tierra han sido víctimas de hostigamientos y violencia física y verbal. Y es que, constantemente, maquinaria de la empresa Autopistas de Vanguardia -filial de la Constructora Teya del Grupo Higa- llega a la zona en cuestión, acompañada de policías.

“Todo esto es agua, es vida”. Xochicuautla presenta proyecto alternativo de autopista para no destruir su bosque

“Quiero decirle a Enrique Peña Nieto que no pase esta autopista y que busquen túneles o arcos… Que se atengan a lo que estamos diciendo”: Comunidad indígena del bosque otomí de Xochicuautla.

Con un proyecto alternativo para no destruir su bosque, no ser desplazados y continuar su vida, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla plantea poner fin al conflicto con esta propuesta presentada por el Consejo Supremo Indígena:

El Consejo Supremo Indígena propone alternativa técnica frente a la autopista impuesta Toluca – Naucalpan.

El Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla #Edomex propone alternativa técnica frente a la autopista impuesta Toluca-Naucalpan.

Basada en túneles y puentes, propone permitir el cruce humano y de fauna, así como de las fuentes de agua de la comunidad, a diferencia del proyecto de Grupo Higa.

Desde hace más de 10 años, el gobierno del Estado de México y la empresa Autopistas de Vanguardia, filial de la Constructora Teya del Grupo Higa, han intentado construir la autopista Toluca-Naucalpan que pretende cruzar y dividir a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma Estado de México, así como a otras comunidades. El proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan adjudicado a la empresa, implica la separación de la comunidad, de sus bienes naturales y culturales en el tramo correspondiente del kilómetro 14.000 al 18.000. Es un proyecto que afecta bosques, fauna, lugares sagrados y cultura del pueblo otomí.

“México, estamos vivos cabrones”: Residente arma la fiesta en su primer concierto y comparte con Ayotzinapa

Residente, la nueva etapa de René Pérez de Calle 13 se presentó en la Ciudad de México ante un lleno total en el Auditorio Nacional. Durante el concierto de casi tres horas, al ritmo de nuevas y tradicionales canciones exclamó en el escenario: “Estoy emocionado de abrir la gira acá en México. Al son de la mejor energía, al son del mezcal. ¿Se han dado cuenta que tienen un país cabrón? Y por eso hay que defenderlo”.

En los momentos más vibrantes del concierto, casi al finalizar el mismo, Residente señaló: “A mí me dijeron alguna vez que ya no podía decir cosas cuando viniera aquí, así que traje a alguien más para que las diga…” y dio la voz a la representación de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañadas por América del Valle de Atenco: “Jóvenes, gracias por escucharnos. A casi tres años sin poder ver a nuestros hijos, escuchando música y bailando como ustedes… estamos aquí en pie de lucha porque fue el Estado quien se llevó a nuestros hijos. Los padres de familia de los 43 normalistas no se rendirán”. Enseguida, en el Auditorio Nacional retumbó el “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y René, ahora Residente empezó a entonar “Latinoamérica” mientras las madres permanecían en el escenario.

¿Qué razones dio EPN para quitar tierras a Xochicuautla y darlas a Higa? Los otomíes sabrán… en 2022

Los habitantes de San Francisco Xochicuautla no podrán conocer los detalles del proceso expropiatorio de sus tierras donde el Grupo Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan. La Sedatu, a cargo de Rosario Robles Berlanga, clasificó como reservado el expediente hasta el 20 de octubre de 2022. Es decir, cuando la presente Administración tenga cuatro años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos.

Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.

Ante la cerrazón y la violencia, Xochicuautla presenta carretera alternativa como salida al conflicto que dura diez años

La comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla presentó una propuesta alternativa para adecuar el proyecto carretero que el gobierno pretende construir en sus bosques.

Sin renunciar a su oposición a la construcción de la autopista, la comunidad plantea una salida digna al conflicto que dura ya diez años y pero desconocen si habrá la voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila para entablar el diálogo.

Indígenas ñañus proponen sistema de túneles y puentes como alternativa a autopista Toluca-Naucalpan

Representantes del pueblo ñañu de San Francisco Xochicuautla, estado de México, dieron a conocer una propuesta alterna para evitar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que afecta e invade sus territorios, por lo que sugirieron un sistema de puentes y túneles con los cuales no se interrumpa el libre tránsito de personas y especies de animales entre el bosque y la comunidad.

Los habitantes de Xochicuautla, José Luis Fernández y Armando García, explicaron que hace diez años se vieron obligados a iniciar la resistencia contra las obras del proyecto carretero a cargo del Grupo Higa por atravesar terrenos comunales y el Bosque de Agua sin haber consultado al pueblo antes.

Otomís piden diálogo sobre autopista Toluca-Naucalpan con candidatos estatales

Indígenas otomís de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, estado de México, pidieron a los candidatos a gobernador estatal abrir un diálogo para discutir las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de la empresa Grupo Higa.

Los pobladores de Xochicuautla aseguraron que debido al proyecto de autopista su territorio se encuentra “constantemente en riesgo”, a pesar de que consiguieron una suspensión temporal de las obras a través de tres juicios de amparo y por las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por los 10 años de lucha contra la autopista, los indígenas aseguraron que es necesario abrir un diálogo y mantener una reunión para hablar sobre la situación de la comunidad, su defensa y resistencia.

Xochicuautla acusa a Eruviel de querer imponerle líder del PRI por medio de la fuerza pública

El lunes pasado, la Policía del Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila Villegas, llegó en camionetas a las siete de la mañana a San Francisco Xochicuautla, comunidad otomí donde hace un año maquinarias derrumbaron una casa para construir un proyecto carretero de Grupo Higa, constructora relacionada con la Casa Blanca. Esta vez entraron por el campo de futbol y se distribuyeron por todo el pueblo. Estuvieron presentes dentro de la asamblea comunal donde se “impuso” al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, cuyas funciones originales son salvaguardar el territorio y a la comunidad, pero al ser afín al PRI actúa a favor de intereses del gobierno mexiquense y de la compañía, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.

Policías del Gobierno del Estado de México, armados con escopetas, lanza granadas y equipos antimotines, interrumpieron una vez más en San Francisco Xochicuautla, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.

En esta comunidad otomí de 6 mil 500 habitantes hace un año, el 11 de abril, más de 800 policías del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas custodiaron la demolición de una casa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Este proyecto, por ahora está suspendido, es de la empresa Autovan de Grupo Higa, compañía envuelta en el caso de la Casa Blanca y propiedad del empresario cercano al actual sexenio, Armando Hinojosa Cantú.

Ordenan despliegue policial en asamblea de Xochicuautla

El gobierno de Eruviel Ávila ordenó un despliegue de la Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno del Estado de México y la presencia de personal de la corporación constructora Grupo Higa en la asamblea para elegir Comisariado de Bienes Comunales en el pueblo ñätho de Xochicuautla, así como en en otros puntos de la comunidad, denunciaron pobladores.


Al llegar a donde se realizaba la asamblea, los agentes no dejaron entrar a uno de los defensores del territorio bajo el argumento de que había problemas con su identidad, sin importar que el comunero mostró la documentación que lo identifica como tal.

Con estas acciones, el gobierno atenta contra las medidas cautelares de protección a los derechos humanos en con las que cuenta Xochicuautla y viola “las pocas garantías” que recoge el artículo segundo constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, señalaron.

La comunidad indígena de Xochicuautla responde a CNDH: recomendación insuficiente

Ante la emisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la recomendación 56/2016 en la que señala que el derecho a la consulta del pueblo otomí fue violado ya que no fueron informados y consultados respecto al proyecto de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla del Estado de México responde: “son insuficientes”.

“Son diez años de lucha en contra de una carretera que nos atraviesa y nos separa a la comunidad indígena de nuestro bosque, por lo que si bien la recomendación emitida es importante, la consideramos insuficiente, porque la respuesta tendría que ser la cancelación definitiva de las obras”.

“La recomendación emitida no honra la memoria de Rodolfo Stavenhagen, a quien la CNDH entregó de manera póstuma el Premio Nacional de Derechos Humanos” señala la comunidad otomí “esto es un nuevo golpe desde las instituciones mexicanas”.

Aquí el texto de su pronunciamiento:

San Francisco Xochicuautla, a 16 de diciembre de 2016

A la opinión pública Nacional e Internacional.

El día de ayer se hizo pública la emisión, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la recomendación 56/2016 sobre las violaciones cometidas por parte del Estado mexicano en contra de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros niños y nuestras niñas.

Son 10 años de lucha en contra de una carretera que pretenden construir atravesando nuestro territorio, entre nosotros y nuestro bosque. Sabemos que nuestras abogadas y abogados tendrán la oportunidad de hacer un análisis detallado de la recomendación emitida, ya ellos harán públicas dichas observaciones con su mirada experta. Sin embargo hoy queremos pronunciarnos al respecto como pueblo indígena.

Si bien las recomendaciones emitidas a la Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobernador Constitucional del Estado de México reconocen que hemos sido víctimas de la violación de nuestros derechos como pueblo indígena otomí a partir de la injusta imposición de un proyecto innecesario e ilegal, nos parece insuficiente. Lo correcto a la luz de las leyes mexicanas y de los tratados internacionales debería ser su cancelación definitiva. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y hemos hecho llegar a la CNDH toda la documentación con la que damos cuenta de la larga lista de violaciones a nuestros derechos humanos. Sin embargo la respuesta que dan nos hace sentir vulnerables ante el Estado Mexicano.

Esta resolución se emite a unas horas de que la CNDH entregó de manera póstuma al compañero Rodolfo Stavenhaguen el Premio Nacional de Derechos Humanos, él fue un símbolo de una mirada distinta de la antropología hacia los pueblos indígenas, él fue un aliado en la defensa de nuestros derechos. La recomendación publicada el día de ayer no honra su memoria. Este es un nuevo golpe para nosotros de las instituciones mexicanas, sin embargo no nos desanimamos, nuestra convicción de lucha está intacta en la defensa de nuestro Bosque Sagrado y de todo nuestro territorio.

¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla del Estado de México.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/la-comunidad-indigena-xochicuautla-responde-cndh-recomendacion-insuficiente/

Autoridades violaron derechos de pobladores de Xochicuautla al imponer una carretera: CNDH

La Comisión evidenció cómo las autoridades incumplieron acuerdos y cometieron actos de intimidación para la construcción de una carretera de una filial del Grupo Higa.

Autoridades federales y del Estado de México (Edomex) violaron los derechos de los pobladores indígenas otomíes del pueblo de San Francisco Xochicuautla al imponer, sin consulta previa y sin un adecuado informe de impacto ambiental, una carretera que sería construida por una filial del Grupo Higa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 56/2016.

En la recomendación dirigida a la secretaria Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); al secretario Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Edomex, la CNDH concluyó que el proyecto, que inició el 5 de diciembre de 2006, se hizo sin “consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista”.

No sólo eso. La CNDH evidenció que estas autoridades, así como la empresa filial de Grupo Higa, han incumplido acuerdos judiciales, cometido actos de intimidación con el apoyo de la fuerza pública y puesto en marcha nuevas estrategias para continuar con los trabajos de construcción de la carretera, sin cumplir con el derecho de las comunidades indígenas de “ser consultados de manera previa, libre e informada”.

Lo documentado por la CNDH provocó que, desde 2007, una parte importante de los pobladores y activistas de la región se organizaran y denunciaran las irregularidades cometidas ante diferentes instancias defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Los pobladores en todo este tiempo han denunciado no haber sido tomados en cuenta para decidir sobre el futuro de su comunidad, regida por usos y costumbres; no tomarse en cuenta las afectaciones que el proyecto traería a la flora y fauna de la región y el hecho de que el pueblo quedaría partido en dos por el paso de la carretera, provocando a su vez que se perdiera el vínculo que tienen con el bosque y de lo que ahí obtienen, como madera, hongos, y otros alimentos.

La recomendación

En la recomendación de 102 cuartillas, la CNDH no sólo documentó la falta de una consulta previa para construir la carretera, identificó algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades para saltarse las normas y los procesos judiciales existentes que prohíben continuar con los trabajos de construcción en tanto concluyen los juicios interpuestos por los propios pobladores.

Corroboró que aun cuando las autoridades aseguraron haber cumplido con las consultas correspondientes con los pobladores, para pedir la autorización de la obra, no existió una verdadera consulta.

“La participación de los pobladores tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras”, como indicaba el decreto expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015.

“Tampoco se advirtió de qué manera se dio a conocer dicho proceso de consulta, porque se organizó sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó en un lugar ajeno a ésta y de último momento se cambió a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Además, la consulta se realizó en una semana, tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento”, dijo la CNDH.

La Comisión también detectó como el pasado 11 de abril los representantes de la filial de Grupo Higa, acompañados por policías municipales y de Seguridad Ciudadana, reanudaron los trabajos de construcción de la autopista y para ello demolieron la casa de uno de los pobladores de San Francisco Xoxhicuautla, así como un campamento instalado para evitar el avance de las obras.

Ante ese panorama, la CNDH lanzó una serie de recomendaciones a las autoridades involucradas para lograr una adecuada solución al conflicto, independientemente de los procesos judiciales que se siguen en este momento en los tribunales.

Al Gobierno del Edomex recomendó mantener las mesas de diálogo para la solución del conflicto y la puesta en marcha de un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, “cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien”.

En el caso de la construcción de la autopista pidió que se valore la modificación del trazo y la construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla.


A Sedatu y Semarnat pidió la redacción de circulares que obliguen a sus funcionarios a respetar las consultas previas de los derechos indígenas, conforme a las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales;  a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recomendó vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las resoluciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la autopista Toluca-Naucalpan, entre las más importantes.

RECOMENDACIÓN COMPLETA

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/derechos-pobladores-xochicuautla-cndh/

Opositores a la autopista Toluca-Naucalpan irrumpen en evento de Eruviel

LERMA, Edomex: Vecinos de San Lorenzo Hutzizilapan –colindante con Xochicuautla- irrumpieron en un evento del gobernador Eruviel Ávila para demandarle detener la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y la entrada en vigor de la llamada Ley Atenco.


El mandatario mexiquense fue sorprendido esta mañana en la colonia Guadalupe Victoria, previo a la reinauguración del Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) de la comunidad, que en septiembre de 2014 quedó inservible, después de que un corto circuito provocó un incendio que calcinó las instalaciones.

En el sitio del encuentro ya lo esperaba un grupo de habitantes aglutinados en lo que denominan Movimiento Juvenil Hutzizilapan. Se trata de opositores a la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan por parte de la empresa Autovan-Higa –propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa-, y a la entrada en vigor de la “Ley Atenco” el próximo 8 de agosto.

“Ya estamos hartos”, gritaban, mientras mostraban mantas con las leyendas: “Eruviel, no eres bienvenido” o “Eruviel, represor de los Pueblos”, además del rechazo a la “Ley Atenco”.

Los pobladores denunciaron afectaciones al bosque otomí, tanto con el proyecto carretero como con el cambio de uso de suelo que, desde su punto de vista, detonará la puesta en marcha de proyectos alejados del beneficio de la comunidad.

“No venimos aquí a ser grilleros, tenemos un fundamento: queremos que esta comunidad crezca, pero conservando sus usos y costumbres”, explicaron.

También acusaron que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Atenco”, será utilizada como instrumento para reprimir la protesta social y la oposición a los grandes proyectos de infraestructura.

Los inconformes aseguraron que el pasado 6 de julio, aún sin que la también conocida como “Ley Eruviel” opere, fueron víctimas de la represión policiaca. Aquél día, afirmaron, granaderos de la Policía Estatal irrumpieron en la comunidad para amedrentar a los habitantes y garantizar la venta de sus tierras.

“No es una forma sustentable como lo están haciendo, se están dañando miles de mantos freáticos”, expusieron.

De igual manera, mostraron su inconformidad porque desde la tarde-noche de ayer, elementos de la policía estatal fueron enviados al poblado para garantizar la seguridad en el evento.

Los jóvenes aprovecharon para denunciar que durante un año prácticamente se quedaron sin servicios de salud, y sólo hasta ahora les será reactivado el hospital comunitario.

“Apenas hoy se inaugura… Nos quedamos más de un año sin el servicio. Antes la población tenía que repartirse porque el servicio era insuficiente, sólo se atendía a las personas que de plano estuvieran muy mal”, indicaron los inconformes, quienes solicitaron equipamiento, abasto de medicinas y personal suficiente para su atención.

Los manifestantes lamentaron que al acto de inauguración del CEAPS limitaran el acceso a la población en general, pues sólo hubo cupo para los beneficiarios de algún programa social.

“No se me hace justo que si es un acto público esté lleno de policías que revisan”, señalaron.

Ante los cerca de 10 jóvenes que lo encararon, el gobernador Eruviel Ávila justificó que el proyecto carretero es del ámbito federal, pero aseguró que el gobierno estatal se mantiene “pendiente” de las inconformidades sociales y respetuoso de los recursos jurídicos entablados en contra de la construcción de la autopista.

El mandatario estatal instruyó al secretario general de Gobierno, José Manzur, para atender a los inconformes. Éste prometió realizar un encuentro con la comunidad este viernes 22 de julio a las 11:00 horas en Palacio de Gobierno Estatal.


El nuevo CEAPS de Huitzizilapan –del náhuatl que significa “Donde beben agua los colibríes”– dará atención médica a la zona montañosa del Alto Lerma los siete días de la semana, las 24 horas del día, según el gobernador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448203/opositores-a-la-autopista-toluca-naucalpan-irrumpen-en-evento-eruviel

Los habitantes de Xochicuautla que se enfrentan a Higa-Edomex están en riesgo: CIDH

La CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Los detalles de la vía concesionada a uno de los empresarios más favorecidos por la administración de Enrique Peña Nieto no pueden saberse: una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.

“La Comisión requirió al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros identificados de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar, y así evitar su repetición”, se lee en la notificación sobre la medida.

En la resolución, la CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”.  Y que su solicitud cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar las medidas.

El organismo internacional señaló que la solicitud de medidas, que se le hizo llegar desde el año 2013, argumenta que “el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan incluye una sección que atravesaría el territorio ancestral de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, donde sus miembros desarrollan actividades de caza, pesca y recolección”.

La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.


Los detalles de la concesión no pueden saberse. Una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio del Presidente Enrique Peña Nieto. Higa no pudo avanzar en sus trabajos.

Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias organizaciones no gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.

La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas.

Las acciones de “represión y desalojo cometidas” fueron condenadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigieron que la obra le fuera retirada a Grupo Higa.

“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.

Apenas el día de ayer, La Jornada dio a conocer que la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, argumentó haber entregado al menos 100 millones de pesos a los integrantes del comisariado de bienes de dichas comunidades por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria.


La publicación menciona que los abogados de la empresa Autovan presentaron ante el Poder Judicial Federal copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661607

Rechazan que haya tratos bajo el agua de Higa

Ciudad de México. El comisariado de bienes comunales (CBC) de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción es el órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros de esos poblados mexiquenses, a los que el gobierno federal les expropió 37 hectáreas de terrenos comunales por donde pasará la autopista Toluca-Naucalpan, y fue por ello que la constructora Autovan les ha entregado hasta el momento 130 millones 53 mil 257 pesos.

En una tarjeta informativa elaborada por abogados de la empresa filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, se precisa que ese dinero se ha entregado en cumplimiento a los convenidos firmados desde 2009 entre el gobierno del estado de México (en representación de la empresa concesionaria de las obras de la autopista) y el CBC (que representa a 882 comuneros de ambos poblados).

La empresa precisó que el artículo 98 de la Ley Agraria (reglamentaria del artículo 27 Constitucional), estipula que el CBC es el representante legal y administrador de los recursos que obtengan los comuneros de Xochicuautla y del barrio La Concepción, motivo por el cual haberle entregado recursos a los integrantes del comisariado por concepto de indemnización por la expropiación de sus tierras está previsto en la normatividad agraria.

De su lado, abogados de Autovan consultados, quienes pidieron no mencionar su nombre, aseguraron que no existen tratos bajo el agua o alguna otra irregularidad en los pagos que ha recibido el CBC tanto en depósitos o transferencias bancarias como en un fideicomiso, ya que todo ello está previsto dentro de la normatividad de la Ley Agraria vigente.

En la edición de este lunes La Jornada informó que la filial de Higa ha repartido al menos 100 millones de pesos en San Francisco Xochicuatla, acción que ha divido a comuneros e indígenas en torno a los convenios que autorizan la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.

Según el desglose de pagos que tiene Autovan, por concepto de indemnización por el uso de las tierras comunales de Xochicuautla y su barrio La Concepción entregó al CBC el 9 de diciembre de 2009 13 millones 095 mil 770 pesos; otros 58 mil 934 millones se los depositó el 8 y 15 de diciembre de 2011; el 15 de mayo de 2012 les entregó un millón 319 mil 381 pesos; para 2015 los pagos ascendieron a 34 millones 154 mil 594 pesos y, finalmente, les depositó 398 mil 843 pesos el 14 de marzo pasado.

La empresa también acreditó ante el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca (el cual otorgó dos suspensiones de amparo que mantienen detenidas las obras de construcción de la autopista en los tramos concernientes a los poblados afectados) que se ha entregado al CBC 2 millones 201 mil 383 pesos en material para construcción (cemento, mina picapiedra, entre otros).

Autovan también entregó al juzgado quinto comprobantes de pagos en efectivo a los integrantes del CBC por 14 millones 882 mil 174 pesos.

La Jornada posee copia de esos comprobantes de depósitos y transferencias bancarias que según la empresa constructora forman parte de los convenios firmados con el comisariado de bienes ejidales para efecto de los pagos indemnizatorios.

La mayoría de los 15 mil pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están coptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.

Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del CBC están coptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/rechazan-que-haya-tratos-bajo-el-agua-de-higa

Tratos bajo el agua de Higa en la vía Toluca a Naucalpan

Los integrantes del comisariado de bienes comunales (CBC) del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción –que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de ambos poblados, ubicados en el municipio de Lerma, estado de México– han recibido entre diciembre de ese año y marzo pasado, por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria, al menos 100 millones de pesos de parte de autoridades mexiquenses.

En realidad, los recursos entregados al comisariado fueron proporcionados por la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa –uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto–, la cual obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquese para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.

Los pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están cooptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.

De su lado, los abogados de la empresa Autovan intentan demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido a cabalidad con las normas del derecho agrario, por lo que ya entregaron al juzgado quinto de distrito del estado de México copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.

Entre los documentos privados aportados por la compañía destacan cinco convenios que avalan en total el pago de 56 millones de pesos y que fueron firmados por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera, que afectará 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades, cuyos terrenos fueron expropiados el año pasado.

La Jornada cuenta con copia de los cinco convenios firmados por los integrantes del comisariado, así como de otras documentales bancarias que demuestran la existencia de un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado.

Buena parte de los 15 mil pobladores indígenas de la región afectada por la construcción de la autopista –representados por organismos no gubernamentales– han conseguido suspensiones en vía de amparo.

Esos recursos legales han retrasado durante más de ocho años la consumación del proyecto que se concesionó en 2007 al propietario de Higa, grupo constructor de la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, edificada al gusto de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto.

Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del comisariado están cooptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.

Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense –que pidieron no mencionar su nombre– informaron a este diario que los pagos los ha realizado la empresa ‘‘de buena fe’’. Añadieron que los comuneros que sí están en favor de la autopista siguen solicitando dinero a la empresa, supuestamente para calmar las inconformidades de quienes aún se oponen.

De su lado, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien junto con otros organismos no guberamentales asesora legalmente a los comuneros e indígenas otomíes inconformes con la construcción de la autopista, reconoció que los integrantes del CBC y buena parte de los 882 comuneros recibieron dinero del gobierno mexiquense y de Autovan.

‘‘Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. (Sin embargo), la mayoría de los que están en favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del estado de México y por parte de la empresa’’, dijo Lara Duque.

Según el representante de los comuneros inconformes, la controversia de fondo no es por temas de derecho agrario, sino de derechos indígenas tutelados por el artículo 2 de la Constitución y por diversos tratados internacionales.

‘‘Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones. Eso está a debate en los tribunales’’, dijo Lara.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Méndez

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/16/politica/003n1pol

Los millones detrás de Xochicuautla

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás del enfrentamiento entre la comunidad de San Francisco Xochicuautla y el Grupo Higa está uno de los contratos que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú refirió ante la firma panameña Mossack Fonseca para crear el año pasado empresas offshore con el propósito de movilizar por lo menos 100 millones de dólares.

El proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Naucalpan aparece como uno de “los más significativos del Grupo Higa en los últimos años”, según la documentación obtenida por Proceso como parte de la investigación internacional #PanamaPapers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/) a partir de la filtración de 11 y medio millones de documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/).

La oposición de los comuneros al proyecto carretero, por las amenazas que representa al ecosistema de esa zona otomí, no es nueva. Sin embargo, Hinojosa Cantú la pasó por alto cuando se apresuró, en julio del año pasado, a crear complejas estructuras a través de sociedades británicas y fundaciones establecidas en Holanda y Nueva Zelanda para mover lo que sus asesores financieros describieron como “una pequeña parte” de su fortuna.

El despacho D’Orleans, Bourbon & Associates Group, que tiene oficinas en distintas partes del mundo, elaboró el documento en el que menciona una docena de contratos del Grupo Higa para justificar la riqueza del constructor de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

Entre ellos está el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan que ha causado el rechazo de los pobladores de San Francisco Xochicuautla por las afectaciones al bosque y a los mantos acuíferos de esa zona. La semana pasada fue necesaria la intervención policial para que comenzaran los trabajos en la zona. Pero se tuvieron que parar de manera indefinida ante el rechazo organizado de los comuneros desde el año pasado.

PEP y UHNWI

La responsable de la obra es la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. De acuerdo con el documento, la Constructora Teya tiene 36 años de existencia y es “una de las empresas líderes en la construcción civil del país”.

Además de la carretera en discordia, menciona otras 10 obras como algunos de los proyectos más significativos del Grupo Higa “en los últimos años”; es decir en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en el federal (Proceso 2058). La mayoría de las obras que refiere son del Estado de México:

La construcción de más de 58 tramos carreteros, el viaducto elevado Bicentenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, la modernización de 31 vialidades primarias y 39 carreteras en el Estado de México, la modernización de la vialidad de las torres de Zinacantepec a San Mateo Atenco, la construcción del estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Hospital de Zumpango.

También menciona la remodelación del hangar presidencial, “a través de una asignación directa por 945.5 millones de pesos”, el acueducto de Monterrey, y su interés para construir 17% del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, “que será el más grande y moderno del mundo”. Sin precisar, como otras obras menciona la construcción y rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios.

Para demostrar la solvencia de Hinojosa Cantú, el documento no se limitó a esas obras y a la constructora Teya. Mencionó que “algunas” de las empresas que tiene son: Eolo, compañía aeronáutica, situada en el aeropuerto internacional de Toluca y que da varios servicios aeroportuarios, entre ellos de aerotaxi. De la flota de Eolo dice tener un avión Challenger, un avión Hawker, un avión Learjet, un helicóptero Augusta Koala y un helicóptero Augusta Grand.

La información indica que también es dueño de la empresa Mezcla Asfáltica de Calidad; Impresión Publicitaria, que tiene entre sus clientes a Coca-Cola, Domino’s Pizza y el Tec de Monterrey; y Bienes Raíces H&G, que desarrolla vivienda de lujo y propiedades vacacionales en el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Campeche. Uno de sus clientes fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, con una residencia de descanso que le vendió en Malinalco, Estado de México, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.

Además, es dueño de Consorcio IGSA Médica del Perú, que cuenta con la exclusividad por 30 años para el tratamiento de pacientes renales en ocho departamentos (estados) del país, incluida Lima, la capital. Según el documento, el negocio tiene un valor de mil 200 millones de soles, casi 370 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Identificado en el documento como ingeniero civil “originario del Estado de México, graduado del Tecnológico de Monterrey”, Hinojosa Cantú fue asesorado para transferir el dinero que tenía en seis cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y la isla Nevis, en el Caribe, a tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su suegra.

En el esquema, esos fideicomisos pasaron a ser los beneficiarios de fundaciones establecidas en Holanda, cuyo propósito era la “protección de bienes”, la “planeación de sucesión familiar”, así como “confidencialidad y privacidad”, publicó proceso.com.mx el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios que participaron en la investigación de #PanamaPapers revelaron en forma simultánea sus hallazgos.

A pesar de ser considerado una PEP (persona políticamente expuesta), por su estrecha relación con Peña Nieto, Mossack­ Fonseca le ofreció sus servicios “no sólo desde el punto de vista de negocio… sino también desde el punto de vista estratégico”, porque este señor conoce a muchos UHNWI (individuo de fortuna neta ultra elevada) en México.

Los UHNWI son personas con activos líquidos superiores a los 30 millones de dólares, sin incluir sus bienes personales, residencia principal ni piezas de colección.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco

http://www.proceso.com.mx/437768/los-millones-detras-xochicuautla

Higa construye… y destruye casas

CIUDAD DE MÉXICO: Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche.

El pasado lunes 11, la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para construir una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora violaban así una suspensión judicial que tiene detenidas las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.

Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa. La compañía primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra para después destruir la casa de García Salazar y otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad.

Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de descarrilar su eventual candidatura presidencial.

Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales respecto de la aplicación de la ley.

Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llama la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlín como parte del Año Dual México-Alemania. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.

Al día siguiente, el martes 12, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale a menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y a una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial.

Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos cómo apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde.

El miércoles 13 un grupo de indígenas tarahumaras clausuró el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua, en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por las afectaciones ambientales y sociales generadas por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias.

Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13%, de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma).


Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya se inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437555/higa-construye-destruye-casas

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso

Autor: Rosalía Vergara

http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla