La lucha del pueblo de Xochicuautla

Han sido 10 años de lucha en contra de una carretera que atravesará sus territorios, los despojará de sus tierras de cultivo, de sus lugares sagrados y de su flora y fauna. El pueblo de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, ha sabido resistir de múltiples formas: sus pobladores han puesto el cuerpo frente a la maquinaria; han recorrido la vía jurídica; se han movilizado en las calles y frente a organismos de derechos humanos. Un decreto de expropiación de sus tierras no los desanimó y se ampararon contra el atropello. Finalmente, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México concedió la suspensión del decreto. Pero falta.

El proyecto de autopista fue puesto en marcha por el entonces gobernador del estado y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, nada menos que por la constructora Autopistas de Vanguardia, perteneciente al Grupo Higa, y no sólo afecta a Xochicuautla sino al menos a otras 12 comunidades, entre ellas San Lorenzo Huitizizilapan y Santa Cruz Ayotuzco, que también la han rechazado.

El manual del despojo operó aquí como en el resto del país. Vino la división de los pueblos, la compra de voluntades, el engaño para apoderarse de las tierras. Luego la represión. Primero fueron detenidos 14 opositores, y el 3 de noviembre de 2014 otros ocho. Después, el decreto expropiatorio de 37 hectáreas, 93 áreas y 86 centiáreas de uso común. Este es el decreto que lograron echar para atrás.


Pero el pueblo de Xochicuautla no se confía, y tiene razones para ello. Y si no, que le pregunten a la tribu yaqui, que ganó todas las instancias posibles contra un acueducto que casi está terminado. Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y, en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo, explicaron en un comunicado.

La defensa continúa y las movilizaciones no cesarán hasta quela autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí, por lo que desde el estado de México demandan estar alertas por posibles represalias que estas suspensiones generen en contra de los defensores del bosque sagrado.

Fuente: Los de Abajo/La Jornada

Autora: Gloria Muñoz Ramirez

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/opinion/012o1pol

Logra Xochicuautla suspensión del decreto de expropiación de su territorio

Tras 10 años de lucha, la comunidad de San Francisco ‪#‎Xochicuautla‬ logró la suspensión definitiva del decreto de expropiación de su territorio, suspendiendo así la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que pone en grave peligro el territorio comunal otomí.

Pero la lucha continúa, las autoridades municipales, estatales y federales, así como las empresas deben desocupar el territorio, retirando maquinaria, trabajadores y policías ‪#‎XochicuautlaResiste‬

Los pasados días 11 y 18 de febrero, el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan.Durante diez años, miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla han defendido el territorio comunal que se encuentra en grave peligro por la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan, impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El territorio de dicho pueblo indígena fue expropiado por el actual Presidente de la República en favor de Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en 2015.

La autopista es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V. perteneciente al Grupo Higa y afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluida la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y al menos doce comunidades más, como lo son San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.

Se han interpuesto una diversidad de recursos jurídicos: amparos, denuncias penales, quejas en las comisiones de derechos humanos, juicios agrarios, entre otros. En dos de los amparos se obtuvo la suspensión del decreto de expropiación. El primero de ellos el 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., concedió la suspensión definitiva el 11 y 18 de febrero pasados.

Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo.

Si bien las suspensiones son un gran paso para proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la defensa de la vida, el agua, el Bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí.

Solicitamos a la sociedad civil estar pendiente a las posibles represalias que estas suspensiones puedan generar en contra de las y los defensores del Bosque Sagrado del Agua. En ocasiones anteriores, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha documentado diferentes amenazas y agresiones en contra de quienes resisten a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales, federales y municipales, cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que por lo tanto SAASCAEM, la empresa Autopista de Vanguardia, S. A. de C. V., desocupen de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores, así como también se retiren las policías estatales que suelen acompañar la obra.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=z7MMD7hNSg8

Fuente: Desinformémonos/CMDPDH

http://desinformemonos.org.mx/?p=90013

http://cmdpdh.org/2016/03/comunidad-otomi-de-san-francisco-xochicuautla-exige-cumplimiento-de-decision-del-poder-judicial-de-suspender-la-autopista-toluca-naucalpan/

Sistemática política de despojo territorial en Edomex, denuncia ONG

México, DF. En el estado de México hay una “política sistemática” de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales, en medio de una abierta violación a los derechos humanos y colectivos de la población, principalmente indígena y pobre, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

En su informe anual 2015, sobre su trabajo y la situación que priva en la entidad en materia de derechos humanos, denunció que este despojo se pretende hacer a través de la imposición de “megaproyectos” y desarrollos inmobiliarios en los que siempre resultan beneficiadas las grandes corporaciones y consorcios empresariales.

Además, advirtió que esta situación ha generado un enorme y grave clima de tensión e inseguridad, aunado a la represión orquestada desde las diferentes niveles de gobierno, en contra de las manifestaciones de inconformidad de pueblos y organizaciones que resisten al despojo.

En conferencian de prensa, representantes de una docena de comunidades y pueblos del territorio mexiquense explicaron uno a uno su situación y lucha frente a esta política de despojo.

Así, se denunciaron, entre otros, los casos que viven los pueblos o municipios de Coyotopec, con la privativación del agua; de San Francisco Xochicuautla, en contra de la carretera Toluca-Naucalpan; de San Lorenzo Hutizizilapan, que pelean por su bosque y agua; de San Francisco Magu, que están contra la construcción de una desarrollo inmobiliario; de San Salvador Atenco, que rechazan la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como organizaciones que están contra del pago desproporcionado de la energía eléctrica.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/sistematica-politica-de-despojo-territorial-en-edomex-denuncia-ong-978.html

Comuneros otomíes denuncian intromisión del gobierno para favorecer a Higa

MÉXICO, DF (apro).- Comuneros otomíes afectados por el decreto expropiatorio para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, alertaron de la pretensión de los “tres niveles de gobierno” de manipular el proceso de renovación de autoridades comunales en Huitzizilapan para favorecer a Grupo Higa, concesionaria de Juan Armando Hinojosa Cantú.

En conferencia de prensa, habitantes de Huitzizilapan, una de las tres comunidades del municipio de Lerma que serán afectadas por el paso carretero solicitaron la presencia de organizaciones civiles y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la asamblea en la que se designarán al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, ante la tensión que persiste en la comunidad.

Los habitantes inconformes con la construcción de la autopista de cuota, que comunicaría a Toluca con Naucalpan, rechazaron la presencia de policías municipales y estatales en el proceso de renovación de autoridades comunales y pidieron que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano “sea vigilante para que la actuación de los servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México” se apegue a la Constitución.

Asimismo exigieron al gobierno municipal de Lerma, “al gobierno de Eruviel Ávila y a las empresas” interesadas en su territorio, “se abstengan de intervenir” en la asamblea para elegir a las autoridades de la comunidad indígena en apego a la Constitución y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mientras esperan que un tribunal colegiado resuelva el amparo 855/2014 por el que piden la suspensión definitiva de la obra, Abundio Rivero, habitante de Huitzizilapan, denunció que en la comunidad opera un “grupo de choque” vinculado a una camarilla de priistas que se han encumbrado como autoridades comunitarias durante los últimos 15 años, tiempo en que han dado concesiones a empresas privadas para deforestar y para la construcción de la autopista concesionadas a la empresa Teya, del Grupo Higa.

Según el comunero, el “grupo de choque” a cargo del excomisariado ejidal Luis Enrique Ortínez Dorantes y el exalcalde de Lerma Erick Servilla presionan a los 904 comuneros que integran el padrón avalado por la Procuraduría Agraria para que favorezcan a miembros de su grupo político.

Tras recordar que el proyecto carretero afectará 138 hectáreas de bosque que comprenden las comunidades de Huitzizilapan, Xochicuatla y Ayotuxco los líderes comunitarios resaltaron que en 2006 y 2012 los entonces comisariados ejidales Guadalupe Fidencio y Francisco Olvera, también priistas, “operaron junto con la empresa (Teya) la imposición de proyecto y dieron 20 mil pesos a cada comunero para que aceptaran el paso de la autopista”.

Y aunque a esa asamblea “ni la mitad del padrón asistió” fue convalidada por la Procuraduría Agraria.

Al señalar las trabas impuestas por la Procuraduría Agraria para que se emitiera una convocatoria para el relevo de autoridades comunales que habían concluido su mandato en octubre de 2014, Abundio Rivero señaló que el “grupo de choque” priista “intimida a los comuneros para que los apoyen, los amenazan con sacarlos del padrón de comuneros o les ofrecen dádivas a cambio de su voto”.

Efrén Santana explicó que contra la intención de que los priistas vinculados a la constructora Teya continúen como autoridades comunitarias y bloqueen los recursos legales contra la autopista, los opositores decidieron conformar una planilla en la que participan representantes de las 12 poblaciones que integran Huitzizilapan.

Ismael Santana, integrante de la planilla opositora a los priistas, señaló que aunque sólo pueden participar en la renovación de las autoridades comunitarias 904 personas el proyecto carretero impulsado por Peña Nieto desde que era gobernador afectará a 17 mil personas, además de los daños al ambiente y a los recursos hídricos que alimentan el sistema Cutzamala.

“Como planilla seguimos firmes para combatir el despojo. Aunque el decreto expropiatorio dice que el uso de la autopista es de utilidad pública, lo cierto es que el objetivo es unir los grandes capitales de Santa Fe e Interlomas con el aeropuerto de Toluca, a costa de la destrucción de la tierra”, denunció Santana.

Fuente: Proceso

Autor: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/?p=422443

Peña Nieto despoja a otomíes para favorecer a Hinojosa Cantú

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ha forzado la ley para concretar el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, otorgado a su constructor favorito, Juan Armando Hinojosa. Apenas llegó a la presidencia, canalizó dinero a ese negocio y expropió tierras indígenas –que incluyen zonas protegidas de bosque– para allanarle el terreno al contratista de la Casa Blanca de Las Lomas.

MÉXICO, D.F: De un plumazo, Enrique Peña Nieto echó abajo el decreto presidencial de 1952 que dio certeza jurídica y posesión sobre sus tierras a indígenas otomíes de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, a fin de expropiar la zona en beneficio de su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, para que éste construya la autopista privada Toluca-Naucalpan.

El jueves 9 Peña Nieto firmó el decreto mediante el cual, con el argumento de “utilidad pública” y la necesidad de “facilitar el transporte” entre el Valle de México y el Distrito Federal, expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla. A cambio pretende entregar un total de 10 millones 850 mil 440 pesos “a quienes legítimamente” demuestren ser comuneros.

Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo; Armando García, delegado de la comunidad de Xochicuautla; y José Luis Fernández Flores, vocero de los indígenas otomíes, consideran que es un “despojo” y viola sus derechos pluriétnicos, pues no se les consultó el proyecto y, por lo tanto, no autorizaron la entrega de sus tierras.

Además, cuentan con un amparo federal que obliga a las autoridades del Estado de México y a Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa Autovan, a suspender cualquier obra en el Santuario del Agua y el Parque estatal Otomí-Mexica.

En entrevista, los comuneros adelantan que impugnarán el nuevo decreto presidencial e interpondrán una segunda queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2019 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Mexiquenses protestan ante CNDH contra proyecto carretero

México, DF. Integrantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla Lerma, estado de México, se manifiestan a las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicadas en Periférico Sur, para exigir a este organismo que emita lo antes posible una recomendación así como medidas cautelares ante la intención de construir una carretera que “afectará” a dicha comunidad y que ahora está avalada por un decreto expropiatorio emitido ayer por el presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista José Luis Hernández, vocero de dicha comunidad, aseguró que las manifestaciones tanto en el estado de México como del Distrito Federal no cesarán hasta que se eche atrás este proyecto que afectará más de 37 hectáreas de agostadero de uso común y añadió que el decreto expropiatorio es un “acto ilegitimo e ilegal con el que pretenden despojarnos de lo poco que tenemos”.

Con pancartas en las que se leía “Xochi está sufriendo el terrorismo de Estado y la desviación del poder” y “No al decreto de expropiación en territorio otomí”, los manifestantes acompañados por miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra confiaron en ser recibidos por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Refirieron que si ello no ocurre establecerán un campamento frente a las instalaciones de la CNDH.

Precisaron de no haber respuesta de la CNDH acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente: La Jornada

Autor: Carolina Gómez Mena

Comuneros protestan en la CNDH contra obra de contratista favorito de EPN

MÉXICO, DF: Comuneros mexiquenses de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, y de Santa Cruz Ayotuxco, de Huixquilucan, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la CNDH y exigieron protección contra actos realizados por una de las empresas del constructor Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista consentido del presidente de Enrique Peña Nieto.

Desde hace ocho años Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, la inmobiliaria que tiene bajo su custodia la llamada Casa Blanca de la primera dama Angélica Rivera, creó la empresa Autovan para construir la autopista Toluca-Naucalpan, sin embargo, comuneros de la zona por donde pasará la vía se han manifestado en contra del proyecto.

El 15 de junio, pese a contar con un amparo federal que obliga a la empresa a suspender las obras, trabajadores de Autovan llegaron a San Francisco Xochicuautla para reiniciar los trabajos con la protección de 60 elementos de la policía del Estado de México.

No obstante, empleados de Autovan y comuneros acordaron de nueva cuenta suspender la obra en tanto no se demostrara con documentos que se podía realizar los trabajos.

El proyecto, autorizado por el propio Peña Nieto cuando aún era gobernador del Estado de México, arrancó en 2007, pero fue hasta febrero pasado cuando los comuneros acudieron a la CNDH, pues a pesar de que existe una orden de suspensión de obras, dictada por un juez federal desde mayo de 2014, éstas han continuado en la zona.

La demanda de protección a sus derechos indígenas se encuentra en poder del cuarto visitador de la CNDH, confirmó José Luis Fernández, vocero de Xochicuautla.

El portavoz también informó esta tarde que tienen conocimiento de que la resolución sería a su favor, y por tanto la CNDH recomendaría al gobierno de Eruviel Ávila el respeto a los derechos indígenas de los comuneros otomíes.

La resolución no ha sido emitida de manera oficial, aunque debido a que se ha incrementado la presencia de trabajadores de Hinojosa Cantú y de policías estatales, los comuneros de Xochicuautla y Santa Cruz Atoyac decidieron manifestarse este viernes a las afueras de la CNDH.


Por lo pronto, este sábado 11 los comuneros sostendrán, con el apoyo de habitantes de San Salvador Atenco, una asamblea más para definir nuevas acciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Acusan a constructoras de Hinojosa Cantú de despojo y ecocidio

Toluca, Edomex: Campesinos de los municipios de Naucalpan, Lerma, San Mateo Atenco y esta capital denunciaron el despojo de tierras al publicarse el pasado jueves cuatro decretos expropiatorios para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que estará a cargo de Constructora Autovan S.A. de C.V., una filial de Teya y Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa, el empresario consentido del sexenio.

Por los terrenos de alta vegetación que se expropiarán cruzarán la autopista Toluca-Naucalpan y el tren suburbano México-Toluca.

De las hectáreas contenidos en los decretos, 8 pertenecen a la comunidad de San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan; 37 a San Francisco Xochicuautla, en Lerma; 10 a San Mateo Atenco, y 29 a San Pedro Totoltepec, en esta ciudad.

Los campesinos afectados argumentaron que la mayoría de los terrenos se encuentran en reservas naturales protegidas; además, advirtieron que corre el riesgo de desaparecer el santuario del agua mazahua-otomí, toda vez que los Valles de México y Toluca dependen del líquido que se filtra por sus montañas.

A pesar de que han intentado bloquear los trabajos la empresa constructora propiedad de Hinojosa Cantú son custodiados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC). Gracias al escudo policial, los trabajadores han logrado demoler algunas viviendas.

El secretario general de Morena en la entidad, Félix Santana Ángeles, acusó que el gobierno federal opta por las magnas obras de infraestructura para beneficiar a empresas como Grupo Higa, el consorcio que se encargó de construir la mansión de Angélica Rivera de Peña en las Lomas de Chapultepec, sin importar el daño ambiental, el despojo a comunidades indígenas y la falta de consenso de la población.

En ambas obras, dijo, prevalece el tráfico de influencias y el pago de favores, pero no la urgente necesidad de construir obras en beneficio de los mexiquenses.

Por esta razón, después de que los vecinos inconformes han solicitado su mediación, Morena revisará los decretos de expropiación de las tierras con la finalidad de revertirlos, pues subsiste un amparo en favor de los indígenas por la invalidez de la asamblea que aprobó el cambio de uso de suelo.

Santana Ángeles hizo un llamado a la cordura y al respeto del amparo, pues cabe la posibilidad de que se generen enfrentamientos.

Autovan-Teya ganó en el 2007 la licitación para construir la autopista Toluca-Naucalpan que atravesará el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí–Mexica del Estado de México que tiene también categoría de Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo Temoaya.

La CNDH recibe ampliación de queja

Por la tarde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que recibió una ampliación de queja de pobladores de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma. En ella, dice, solicitaron la emisión de medidas cautelares para evitar que continúe la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan porque, aseguran, provocará graves daños al ecosistema.

Esta ampliación se incorporará al expediente iniciado el pasado mes de febrero.

Los quejosos fueron recibidos por la Cuarta Visitadora General de la CNDH, Norma Inés Aguilar León, quien les informó que el caso continuará siendo analizado, se solicitará mayor información a las autoridades involucradas y se enviará a visitadores adjuntos en calidad de observadores al lugar de los hechos.

Los pobladores expusieron su temor porque se afecten flora, fauna y acuíferos del área natural protegida que forma parte de la cuenca del río Lerma, así como también manifestaron diversos agravios por parte de la empresa constructora.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos analizará las evidencias y la información que se allegue, y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MANDOZA.

Firma EPN decreto de expropiación de Bosque Otomí

El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra mantendrán campamento en Xochicuautla

México, D.F., 9 de julio 2015.- El Diario Oficial de la Federación publicó el día de hoy el decreto de expropiación a 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común de la comunidad San Francisco  Xochicuautla y su barrio La Concepción,  así como la expropiación de 10-33-67 hectáreas de temporal de uso común en el ejido de San Mateo Atenco, Municipio de Lerma, Estado de México.

El documento firmado por el presidente Enrique peña Nieto detalla que el 26 de septiembre de 2014, el organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la expropiación de las tierras  para destinarlos    a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.

El decreto explica que la solicitud de expropiación fue notificada a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Xochicuautla y a los integrantes del Comisariado Ejidal de San Mateo Atenco, sin que ambos hayan manifestado inconformidad.

En respuesta al decreto,  el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra  (FPIDMT), se declaran en desacuerdo ante tal atropello. Denunciaron que  en el año 2014   ganaron un amparo  ante el Tribunal Unitario Agrario en el año 2014 en contra de la Asamblea de Comuneros, ya que para ellos no tienen ninguna representatividad.

Desde que la  empresa Autopistas de Vanguardia (Autovan), propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú,  inició la construcción de la Autopista Toluca Naucalpan, la comunidad de Xochicuautla inició un proceso de resistencia a la construcción en defensa de su bosque. El pasado 25 de junio el FPIDMT instaló un plantón en el paraje conocido como “La Pondishi” que actualmente se encuentra resguardado por habitantes de la comunidad.


DECRETO

FUENTE: SOMOS EL MEDIO
AUTOR: MARIO MARLO.
LINK: http://www.somoselmedio.org/article/firma-epn-decreto-de-expropiaci%C3%B3n-de-bosque-otom%C3%AD#sthash.Us9PvgoO.dpuf

Pronunciamiento de #AlertaXochicuautla, un pueblo otomí que se niega a someterse

PRONUNCIAMIENTO

San Francisco Xochicuautla, el pueblo otomí que se niega a someterse

San Francisco Xochicuautla, Lerma, estado de México.

8 de julio de 2015

Desde el día 18 de junio de 2015 hasta el día 7 de julio del mismo año la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México ha sido sitiada por trabajadores de la empresa Autovan S.A de C.V los cuales están permanentemente custodiados por Policías Estatales, personal del Gobierno Estatal y Policía Ministerial.

Por enésima vez los indígenas otomíes de Xochicuautla resisten el embate de las fuerzas gubernamentales y empresariales quienes se han empeñado en imponer un megaproyecto carretero el cual de realizarse partiría a la mitad sus tierras ancestrales y sus lugares sagrados.

Xochicuautla sostiene una resistencia civil pacífica a este proyecto concesionado a una filial del Grupo Higa desde el año 2007. Han sido años repletos de acciones legales, diversas movilizaciones, las cuales han buscado la cancelación definitiva de este acto de agresión a la naturaleza y a la vida de un pueblo mexiquense.

En mayo de 2013 y noviembre de 2014 la comunidad indígena sufrió detenciones de varios de sus integrantes por la imputación de “oposición a la obra pública”, jóvenes y adultos mayores fueron detenidos y trasladados a la Cd. de Toluca para amedrentar la resistencia, sin embargo, dichos actos arbitrarios no pudieron sostenerse y las personas recuperaron su libertad casi inmediatamente.

Sin embargo, a pesar de los recursos jurídicos interpuestos, la falta de consulta libre previa e informada a la población indígena y el daño ambiental que ocasionaría la obra, la empresa Autovan S.A. de C.V. y gobierno insisten en imponerla con garrote en mano haciendo caso omiso a los llamados estatales y nacionales para su cancelación e iniciar procesos de diálogo con la comunidad.

Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero decidió mantener monitoreo y presencia permanente en la comunidad a efecto de observar directamente el proceder de las autoridades mexiquenses y la empresa en cuestión.

Con nuestra labor de observación civil hemos verificado que los indígenas otomíes defensores de derechos humanos se encuentran en un alto riesgo de ser agredidos físicamente e incluso injustamente detenidos/aprehendidos por su labor de defensa de pueblos indígenas y medioambiental, así como constatamos que no existen señales de voluntad de gobierno y empresa para respetar la decisión del pueblo otomí.

Por lo anterior es que consideramos indispensable hacer del conocimiento público que en el Estado de México se prepara una nueva represión-imposición si es que la sociedad civil nacional e internacional, pueblos, organizaciones sociales, personas dignas y nobles no hacen lo que está a su alcance para evitarla. Es en ese entendido que este Centro de Derechos Humanos llama la atención de todas las organizaciones, pueblos y personas para respaldar la digna resistencia del pueblo de Xochicuautla.

Por nuestra parte fortaleceremos nuestra observación en el territorio y acompañaremos a las personas indígenas a hacer del conocimiento de instituciones y organizaciones internacionales la delicada situación que atraviesan los indígenas defensores de derechos humanos del estado de México.

Desde que nos constituimos como organización de la sociedad civil para participar en la defensa de derechos humanos en el Estado de México lo hicimos convencidos de que los derechos humanos son una herramienta que debe estar a la disposición de la emancipación de los pueblos, hoy la lucha de Xochicuautla refrenda y fortalece nuestra determinación, porque es precisamente en la lucha de los pueblos y personas comunes donde se gesta la construcción de un mundo con dignidad humana.

Fuente: Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero"

Página web: https://cdhzl.wordpress.com/2015/07/09/san-francisco-xochicuautla-el-pueblo-otomi-que-se-niega-a-someterse/

Autopista Toluca-Naucalpan: amenazas y represión contra comuneros

MÉXICO, D.F: Con la protección de policías del Estado de México, trabajadores de la empresa Autopistas de Vanguardia (Autovan), propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor predilecto de Enrique Peña Nieto, reiniciaron los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, pese a que el Tribunal Agrario decidió amparar a los comuneros para desechar ese proyecto.

Desde el jueves 18 a la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla llegaron los trabajadores de la empresa Autovan de Hinojosa Cantú y, acompañados por policías ministeriales, reiniciaron las obras de excavación.

La autopista que pretende conectar el área de mayor plusvalía del Estado de México ubicada en el municipio de Huixquilucan, con el Distrito Federal, fue autorizada por Peña Nieto en 2007 concesionándola a su amigo Hinojosa Cantú, quien para ello creó la empresa Autovan.

Hinojosa Cantú ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero la obra no arrancó por falta de dinero fresco y por diferencias con los propietarios originarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía.

A escasos dos meses de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, el 23 de febrero de 2013, logró conseguir para su amigo un crédito de 2 mil 775 millones de pesos, recursos necesarios para arrancar los trabajos y que para ese tiempo llevaban casi cinco años de retraso.

Del crédito que el gobierno peñanietista autorizó a Hinojosa Cantú salió el dinero para cubrir el costo del derecho de vía y 13 millones de pesos que Hinojosa Cantú entregó a 320 comuneros de Xochicuautla a cambio de que avalaran en asamblea comunitaria la entrega de sus terrenos.

Los afectados iniciaron la defensa de su tierra y, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito “anuló” la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla, razón por la que Armando Hinojosa Cantú debió suspender la obra.

A pesar de ello, el 8 de octubre pasado el constructor obvió la resolución judicial en materia agraria y echó a andar la maquinaria de una de sus empresas y ganadora de la licitación, Autovan; lo anterior llevó a que el 3 de noviembre se enfrentaran comuneros y empleados de la empresa, respaldados estos últimos por 600 policías mexiquenses.

Luego de frenarse el proyecto, narró Lucas Miguel Hernández, comunero de Xochicuatla y quien encabeza a los productores que rechazan entregar sus tierras, la gente de Hinojosa Cantú empezó nuevamente a comprar a los comuneros. De los 121 que rechazaban el proyecto, hoy quedan menos de cien.

El nuevo, presidente de Bienes Comunales, Ángel Valdez, ha convencido a varios que estaban en la resistencia pagándoles 120 pesos por metro cuadrado, denuncia Lucas Miguel, “aunque sus cheques no tienen fondos pero eso ha bastado para dividirnos”.

Desarticulada parte de la resistencia, Hinojosa Cantú decidió regresar con maquinaria y el respaldo de la policía mexiquense violentando la resolución judicial.

“Nuevamente el día de hoy, 18 de junio de 2015, ha sido sitiada la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla por trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, custodiados de policías estatales, entre ellos personal del gobierno del estado y Policía Ministerial; Xochicuautla se encuentra inconforme y responsabiliza de los actos de hostigamiento al gobierno, ya que en ningún momento la comunidad otorgó permiso para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en nuestro territorio”, se señala en un comunicado emitido por los comuneros el jueves anterior.

“Denunciamos los convenios que las autoridades de Bienes Comunales están realizando bajo la manga por millones de pesos que sólo tiene un beneficio personal para estas personas y que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de población en general de Xochicuautla, mucho menos a las personas que se oponen a este proyecto, quienes sólo han recibido amenazas, hostigamiento, represión.

“Responsabilizamos también al presidente municipal de Lerma, Erick Sevilla, por los actos ilegales que se cometen en contra de nuestra población indígena y nuestro bosque sagrado otomí, ya que este señor promueve y presume a nuestro municipio y sus pueblos como ‘pueblos con encanto y vocación turística’, lo cual repudiamos, pues ha llamado indios a los defensores del bosque y del agua, además de eso promueve y autoriza la destrucción de nuestros recursos naturales”, se lee en el comunicado.

Los comuneros de Xochicuautla aún analizan convocar a otros pueblos para que los apoyen en su resistencia; por lo pronto, la maquinaria de Autovan ya ha destruido cuando menos dos kilómetros de bosque otomí, y en su acompañamiento están al día de hoy poco más de 50 granaderos que protegen a los trabajadores de la obra.

Historia de la autopista

En el segundo año al frente del gobierno mexiquense, Peña Nieto emitió la licitación para construir la autopista de 39 kilómetros, de los que 30 forman parte de un bosque y un santuario del agua en la zona otomí. Incluso, este último es considerado por el propio Hinojosa Cantú como “zona con gran capacidad de infiltración y representa tal vez el potencial con mayor riqueza de agua subterránea en la entidad”.

En abril de 2007, Autovan “ganó” la concesión para construir la autopista Toluca-Naucalpan y operarla por 30 años, obteniendo como ganancia el cobro de peaje, pues se trata de una vía privada.

Otro documento denominado “Asuntos prioritarios del sector comunicaciones del Estado de México”, con fecha del 10 de julio de 2007, establece que la obra sería de 34 kilómetros y tendría un costo de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, hoy se tienen programados 39 kilómetros. Y para arrancar el proyecto el gobierno ya entregó casi 3 mil millones de pesos a Hinojosa.

Peor aún, de las cláusulas de la concesión estatal de 2007 y el crédito gubernamental federal se desprende un toma y daca de recursos.

En septiembre de 2007, Hinojosa Cantú –dueño de HIGA, Eolo, Constructora Teya, Publicidad y Artículos Creativos, Mezclas Asfálticas de Calidad, Señales y Mantenimiento, consorcio IGSA Medica del Perú y ahora Ingeniería Inmobiliaria del Centro, firma esta última que es la que adquirió el terreno y vendió la casa a Angélica Rivera– recibió el título de concesión para “la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento” de la autopista.

El documento establece que el concesionario deberá crear otra empresa, de ahí que el empresario consentido del régimen constituyera Autovan, así como un fideicomiso mediante el cual se indemnizará y comprará a comuneros propietarios de las hectáreas afectadas.

A cambio, según el título, Hinojosa debió financiar algunas obras del entonces gobernador Peña Nieto.

Se trata de 65 millones para la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio; 90 millones para la construcción de la conexión bulevar Aeropuerto, y 20 millones más para la construcción el ramal Huixquilucan. Un total de 175 millones de pesos frescos para subsidiar las obras de Peña Nieto en sus tiempos de gobernador mexiquense.

El retraso en las obras, debido principalmente a conflictos con los comuneros de Xochicuatla y de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, Peña Nieto lo pudo revertir una vez que asumió la Presidencia de la República.

Por decisión presidencial de Peña Nieto, pero que ejecutó su primo segundo Alfredo del Mazo, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banorte), y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), autorizaron “al empresario conocido” de Angélica Rivera unos 2 mil 775 millones de pesos “para el desarrollo de la nueva autopista Toluca-Naucalpan”.

De acuerdo con el boletín de Banobras emitido el 23 febrero de 2013, se hace el préstamo “con el objetivo de mejorar la vialidad entre la zona norponiente del Valle de México con el Valle de Toluca, y Banorte junto con Fonadin autorizaron recursos por un total de 2 mil 775 millones de pesos”.

Previamente, se añade en el comunicado, Fonadin otorgó a este proyecto una garantía de crédito para la liberación de derechos de vía.

De los 2 mil 775 millones de pesos que entregó el gobierno federal a Hinojosa Cantú para la autopista, un día antes de que se diera a conocer públicamente ese recurso, el constructor y amigo de la pareja presidencial puso a trabajar parte de ese dinero, unos 600 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo hizo a través de la empresa llamada Infraestructura Institucional S de RL de CV.

Así, la BMV reportó el 22 de febrero de 2013 como “eventos relevantes” la “inversión en deuda ‘Mezzanine’ en Autopistas de Vanguardia SA de CV –600,000,000.00–, adjudicada la concesión para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de la autopista que conectará al municipio de Toluca con el de Naucalpan”.

Según el título de concesión, la empresa Autovan crearía un fideicomiso para el pago de tierras, sin embargo, fue el mexiquense Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) el que conformó el fideicomiso, por lo tanto, el que pagó a 320 productores de San Francisco Xochicuautla los bienes comunales.

De acuerdo con el “convenio de ocupación previa” pactado entre el SAASCAEM y 301 productores, firmado el 16 de noviembre de 2011, éstos aceptaban el proyecto de la autopista, según la asamblea general de comuneros del 14 de agosto del mismo año.

A cambio de esta aceptación avalada en la supuesta asamblea, los comuneros daban su visto bueno a la expropiación por causa de “utilidad pública” sobre 235 mil 736.42 metros cuadrados “de tierras de uso común”.

Es decir, el gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto pagaría a los afectados un total de 55 millones 538 mil 758 pesos con 16 centavos, según se destaca en el convenio en poder de Proceso.

Los afectados aceptan que ese dinero es como “pago de indemnización… mediante cheque y en una sola exhibición con cargo al fideicomiso constituido para tal finalidad en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de dicho convenio”.

Los comuneros se obligan por su parte a “no impedir ni entorpecer las actividades y trabajos”.

El convenio resalta que el gobierno estatal pagaría a los productores un total de 55 millones de pesos y que sería en una sola exhibición; sin embargo, dos años después, el 12 de julio de 2013, los comuneros recibieron, no del estatal, sino del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal Fondos Comunes (Fifonafe), 40 mil 410 pesos, según cheques en poder de Proceso.

El repudio

Desde el día en que se lanzó el concurso de licitación SCEM-CCA-01-06 para construir y operar la autopista Toluca-Naucalpan (en 2006), habitantes de Xochicuatla, principal grupo comunal de los siete que resultarán afectados con la autopista, empezaron movilizaciones en repudio del proyecto.

José Luis Fernández Flores, Antonio Reyes Valdés y Lucas Miguel Hernández Josefa, comuneros de Xochicuautla, explicaron que en 2006 se lanzó la licitación; en abril de 2007 se informa que la ganó Armando Hinojosa Cantú, y en septiembre del mismo año se firma el título de concesión.

Luego, en el 29 de octubre de 2007, el gobierno promueve que un grupo de habitante pida el reconocimiento de “comuneros de la comunidad”.

De las 40 mil personas que viven en la zona por la que pasará la autopista, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 9 reconoció con carácter de comuneros a 882, a los que divide en 441 de San Francisco Xochicuautla, y 441 del Barrio La concepción.

José Luis Fernández, originario de Xochicuautla, señaló que el gobierno estatal de Peña Nieto dividió con dinero a los 441 comuneros de Xochicuautla, los mismos que en octubre de 2007 pidieron el reconocimiento ante el Tribunal Agrario y quienes el 14 de agosto de 2011 resolvieron estar a favor de la autopista.

“De los 441 que nos reconocieron, 320 votaron a favor y 121 lo hicimos en contra, por ello impugnamos la asamblea por tener irregularidades, eso provocó que la obra se detuviera; más tarde, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito anuló la asamblea del 14 de agosto de 2011”, recordó Fernández.

Con documento en mano, del que Proceso tiene copia, exhibe como se anula el “Convenio de ocupación previa” que algunos comuneros firmaron el 14 de agosto de 2011 con el gobierno mexiquense y por lo tanto la indemnización de poco más de 55 millones de pesos.

José Luis Fernández, quien acusa al gobierno estatal peñanietista de haber comprado a algunos comuneros y dividirlos, mostró el cheque por 40 mil 410 pesos que el Fifonafe entregó el 12 de julio de 2013 “para votar a favor en aquella asamblea” y con lo cual les compraron sus terrenos.

El documento que ampara el cheque mencionado va acompañado de un pagaré donde se establece que se recibió el recurso, “y en consecuencia otorgo a favor del Fifonafe el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del pago a que se refiere el presente recibo, por lo que expresamente no me reservo derecho de acción alguna que pudiera reclamar “.

Pero hoy, advirtió Fernández, ese convenio y los pagos se tienen que echar para atrás, así como las obras de Hinojosa y Autovan, “porque ya ganamos el amparo en la última instancia y anuló dicha asamblea”.


Pese a ello, la maquinaria de Autovan sigue en los terrenos de Xochicuatla y ya cuenta con 30% de avance de la obra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).

Construyen proyecto inmobiliario de lujo y autopista en santuario del agua en Edomex

La carretera destruirá parte del bosque del que depende el sistema Lerma, alertan. Aunque no tienen permisos talaron miles de árboles en Xochicuautla, denuncian pobladores.

La construcción de Reserva Santa Fe (desarrollo inmobiliario de lujo en Lerma, estado de México), la autopista Toluca-Naucalpan y un nuevo campus de la Universidad Iberoamericana son obras que forman parte del proyecto de urbanización de una región boscosa que abastece de agua al sistema Cutzamala, denunciaron integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

El proyecto Reserva Santa Fe, planeado en 217 hectáreas forestales, fue suspendido la semana pasada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que no cuenta con autorización de la manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, mientras que la autopista fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en mayo de 2010, obra a cargo de la constructora Teya, una de las filiales de Grupo Higa, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa Cantú.

El trazo del proyecto carretero destruirá gran parte del bosque y santuario del agua, del cual depende el sistema Lerma, que abastece del recurso a la zona metropolitana de la ciudad de México, sostuvo José Luis Fernández, de la comunidad de Xochicuautla, integrante de la ANAA y del Congreso Nacional Indígena.

El proyecto carretero no llega solo, viene con el desarrollo Reserva Santa Fe, que empezó en Santa María Atarasquillo, en terrenos de bienes comunales y área natural protegida del estado. Ahí cooptaron a los representantes comunales para la venta de los terrenos, agregó en entrevista.


Explicó que 90 por ciento del trazo de la autopista atraviesa el bosque y ya lleva avance en ciertas zonas, pero en Xochicuautla no hay permiso de la comunidad para que se realice, aunque el gobierno adoptó como válida una asamblea en la que participaron 100 de 800 comuneros, a quienes les dieron 40 mil pesos. Decimos, en diferentes comunidades, que la ley agraria ha servido para legalizar los despojos de la tierra de los pueblos, apuntó.

Aseveró que aunque no hay permiso, ya se realizan trabajos y se han talado miles de árboles en un tramo de cinco kilómetros en Xochicuautla. Explicó que el proyecto de la preparatoria de la Universidad Iberoamericana está detenido, luego de una clausura en 2013 por parte de la Profepa.

En tanto, el plan Reserva Santa Fe, que se anuncia como desarrollo de 500 viviendas de lujo, hace unos días fue suspendido también por la Profepa, debido a que la empresa utiliza caminos que se utilizan para aprovechamiento forestal, no para la construcción de un desarrollo inmobiliario, detalló Ignacio Millán, encargado del despacho de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa.

La zona tiene un programa de manejo de aprovechamiento de recursos forestales y la extracción de pino y oyamel.

Agregó que la empresa tiene de plazo el tiempo que dure el procedimiento administrativo para retirar todo lo que tienen en los caminos y consignar que esas vías son de aprovechamiento forestal, no para el desarrollo inmobiliario, si esto no se hace se establecerá una sanción de carácter económico y la clausura total de las obras.

Precisó que debido a que es un área protegida a escala estatal, el proyecto se debe someter a dos tipos de autorizaciones de carácter federal, por estar en un área forestal: una en materia de impacto ambiental para el desarrollo inmobiliario y la otra para el cambio de uso de suelo.

Vigilaremos que no empiecen el desarrollo hasta que cuenten con las autorizaciones, apuntó.


El proyecto inmobiliario se busca levantar en una zona donde 51 por ciento del bosque es de Oyamel, 37 de pastizales inducidos y 12 es área agrícola. También está registrado como Unidad de Gestión Ambiental An-5-183, con uso predominante de Área Natural Protegida, con fragilidad ambiental máxima.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNFELICA ENCISO.

Detienen a 6 indígenas por protestar contra autopista concesionada a amigo de Peña

MÉXICO, D.F: Cien elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis indígenas otomíes del poblado de San Francisco Xochicuautla que protestaban por el inicio de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Autovan, filial de la constructora Teya, de Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno del Estado de México y amigo del primer mandatario Enrique Peña Nieto.

La detención ocurrió esta mañana cuando Armando García, delegado de la comunidad, encabezó como acto de protesta en el paraje denominado Buenavista la obstrucción con troncos de madera de las labores de las máquinas de la empresa.

García declaró a la prensa local que existe descontento entre los pobladores otomíes porque la construcción de la autopista afectará dos centros ceremoniales, La Cruz y La Piedra, que desaparecerían con la construcción, y porque existirá un daño ambiental para los pobladores de la zona.

Los representantes de la empresa “jamás presentaron una propuesta para beneficiar a las comunidades debido al costo ambiental, sólo quieren pagarles 230 pesos el metro cuadrado de la tierra”, afirmó García.

Los seis detenidos, además de García, fueron los adultos mayores Rosa Saavedra, Venancio Hernández, Domingo Hernández, Felipe Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez y Francisco Reyes.

El senador del PRD y excandidato a gobernador, Alejandro Encinas, lamentó los acontecimientos e hizo un llamado al mandatario estatal Eruviel Ávila, al presidente municipal y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para esclarecer los hechos y brindarle protección y seguridad a los pobladores.

En un comunicado de prensa, Encinas recordó que este incidente ocurre en medio de una ola de violencia y represión en la entidad. A cuatro meses de los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde fueron ejecutadas 22 personas, y a tres días del enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado en la comunidad Cerro de la Culebra, en el municipio de Luvianos, donde hubo seis muertos y cuatro personas heridas.


En abril de este año, más de 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cercaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla para impedir las protestas por la construcción de la autopista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.