UIF realiza divulgación masiva de datos personales de MCCI desde Palacio Nacional

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso esta mañanea diversas tablas de pagos por servicios, ingresos y otros datos financieros correspondientes a la ONG de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, múltiples tablas de pagos efectuados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a diversas personas físicas.

De acuerdo con los datos revelados por el titular de la UIF, entre 2016 y 2023, MCCI realizó pagos por 203 millones 393 mil 154 pesos a diversas personas físicas, incluyendo a María Amparo Casar, quién recibió 117 operaciones por un total de 26 millones 514 mil 057.74 de pesos, así como a Claudio X. González, por 11 millones 244 mil 873.72 pesos en 101 operaciones de 2016 a 2020.

Las detenciones arbitrarias se multiplican en Veracruz en el gobierno de Cuitláhuac García

A su llegada a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García endureció el código penal y abrió la puerta a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos. Aunque la SCJN derogó uno de los artículos usados en estas prácticas, juristas y organizaciones advierten que sigue vigente un artículo que coarta la libertad de expresión en la entidad.

Pasiano Rueda Canseco es una de las cientos de personas detenidas en la administración de Cuitláhuac García en Veracruz por “ultrajes a la autoridad”, un delito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional.

Rueda Canseco pasó nueve meses encarcelado, luego de participar por primera vez como candidato del Partido del Trabajo en las elecciones municipales de Jesús Carranza. Era junio de 2021 cuando pobladores y seguidores del petista, inconformes con el resultado que daba la victoria al morenista Luis Alfredo Pacheco, quemaron boletas electorales y se enfrentaron con cuerpos de seguridad.

Policías de Nezahualcóyotl agreden y detienen a enfermera que les pidió ayuda tras accidente

Tras pedir apoyos para auxiliar a sus hijas que derraparon en moto, Ivette fue golpeada y detenida por policías municipales, el hecho ya es investigado por la Fiscalía mexiquense.

Policías municipales de Nezahualcóyotl, Estado de México, agredieron a una enfermera del IMSS, identificada como Ivette, que les solicitó ayuda para atender a sus hijas, quienes acababan de sufrir un accidente.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 2 de septiembre, en el cruce de las calles Santa Julia y Romero Rubio, colonia Metropolitana.

Policía de la CdMx mueve motoneta a un lugar prohibido para poder infraccionar al conductor

En el material compartido en Twitter se aprecia cómo el oficial aprovechó que ninguna persona pasaba por la calle para mover una moto y estacionarla en un lugar señalado como prohibido.

Usuarios de redes sociales difundieron un video para exhibir a un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México quien fue captado mientras movía una motocicleta, que estaba estacionada en la calle, a un lugar prohibido con la finalidad de poder infraccionar a su dueño.

En el material compartido en Twitter se aprecia cómo el oficial aprovechó que ninguna persona pasaba por la calle para mover la moto y estacionarla en un lugar señalado como prohibido.

Después de colocar la moto en el espacio ilegal, el uniformado solicitó, a través de un radio, el apoyo de sus compañeros para confiscar el supuesto vehículo infractor.

Empleados de Alfredo Castillo, acusados de intento de secuestro

Mientras Alfredo Castillo ocupaba en 2014 el cargo de Comisionado para la Seguridad en Michoacán, dos de sus empleados operaron el secuestro de una empresaria en el Estado de México.

Un elemento de la Policía Federal Ministerial, quien fungía como escolta de Alfredo Castillo Cervantes cuando éste era comisionado en Michoacán, es señalado como el principal responsable del intento de secuestro cometido contra la empresaria Lucrecia Pacheco González, ocurrido en octubre 2014 en el Estado de México.

Se trata de Olinsser Castillo García -empleado de Castillo al menos desde el caso de la muerte de la niña Paulette (2010)-, y quien se encuentra “activo” dentro de la PGR desde 2013, después de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Olinsser está catalogado como “subjefe de agentes de seguridad”, adscrito a la Policía Federal Ministerial, con una plaza de “confianza”, un sueldo de más de 62 mil pesos mensuales y un domicilio ubicado en Izcalli del Valle, municipio de Tultitlán, Estado de México, exactamente a unas calles de donde ocurrió el intento de secuestro, hace dos años, cuatro meses.


La empresaria Lucrecia Pacheco también denunció a Jair Mario Castillo García, quien durante el intento de secuestro trabajaba con Alfredo Castillo en la Comisión para la Seguridad en Michoacán, donde se desempeñaba como “jefe de departamento”, en el que daba “apoyo en labores administrativas”. Además, previamente fue elemento de la Policía Ministerial del Estado de México.

Al igual que en el caso de Olinsser, a nombre de Jair Mario está registrado un domicilio a unas cuadras de donde ocurrió el intento de secuestro de la empresaria, en el mismo fraccionamiento de Izcalli.


Olinsser, Jair y Lucrecia Pacheco prácticamente son vecinos; los separan unas cuadras y una caseta de “vigilancia”.

La señora Pacheco contó a Aristegui Noticias cómo los dos empleados de Castillo y otros sujetos que aún no son identificados de forma oficial, trataron de secuestrarla frente a su propia casa, el 27 de octubre de 2014. Primero, ella pensó que se trataba de una confusión.


Uno de los hombres (Olinsser), entonces desconocido por ella, sacó un arma, la encañonó y en conjunto intentaron llevársela a la fuerza, mientras la familia Pacheco observaba todo.

“Cuando se baja de la camioneta lo primero que hace (Olinsser) es cortar cartucho, se dirige hacia mí, le da la vuelta a la puerta, se dirige hacia mí y me encañona de frente”, narró la empresaria.

La madre y el hijo de Lucrecia, en la puerta de su casa, miraban atónitos. El hermano de la empresaria forcejeaba con los otros involucrados y trataba de entender lo que ocurría.

-¿Por qué no se la llevaron?

“Porque se salió fuera de control esta situación… a Olinsser Castillo García se le cayó el arma en ese momento”.

La señora Pacheco piensa que se la querían llevar para obtener millones de pesos con su rescate o incluso también supone una posible venganza de un vecino con el que tienen relación los dos policías involucrados.


Lucrecia Pacheco es dueña de una empresa de transportes -que heredó de su padre-, los cuales llevan marcado su apellido -Pacheco- y en ocasiones quedan estacionados afuera de la casa que tiene en Izcalli del Valle, donde vive su madre.

El inmueble resalta de los otros por su fachada recién remodelada, con vidrios gruesos, portón automático y un interphone. Las cámaras de seguridad fueron colocadas tras el intento de secuestro del 27 de octubre de 2014.

“¿Sí sabes quién soy yo?”

El 29 de octubre de 2014, Lucrecia Pacheco decidió acudir a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Tultepec, Estado de México, donde denunció el intento de secuestro, para que las autoridades buscaran a los involucrados, sin saber entonces que se trataba de policías.

Desde agentes municipales hasta elementos del Ejército hicieron rondines en el fraccionamiento de Izcalli del Valle, hasta que Pacheco ubicó las dos camionetas que transportaban a los hombres que intentaron secuestrarla.


Sin advertir la presencia policiaca y militar, de uno de las camionetas, de color blanco, descendieron Olinsser Castillo García como Jair, junto con una mujer que los acompañaba. Lucrecia Pacheco gritó alterada: “¡Ellos son los que me amenazaron a mí y a mi bebé!”. Olinsser y Jair notaron la presencia de toda la Base de Operaciones Mixtas. Parecía su fin. Caía la noche en Izcalli del Valle.

Cuando iba a ser detenido, Olinsser Castillo García espetó: “Es que no mames güey, es que no es así güey. ¿Sí sabes quién soy yo, verdad?, ¿sí me ubicas?”.

El policía federal ministerial manoteaba y exigía al comandante militar que encabezaba la Base de Operaciones: “Dame la atención”.

Los miembros de la Base de Operaciones Mixtas dudaron en creer los alardes y pidieron a los sujetos que los acompañaran al Ministerio Público.

Olinsser montó en cólera. “Jair, vámonos ya. Y ahorita la voy a meter a la cárcel a la vieja”, soltó iracundo frente a Lucrecia.

“Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver, esto no se va a quedar así”, le advertía el hombre.

Los dos sujetos se “ostentaban como personal de la Secretaría de Gobernación y familiares de Alfredo Castillo Cervantes”, de acuerdo con los militares.

Para entonces, nadie se atrevió a esposar a Olinsser. Se subió por su propio pie a la patrulla. A su lado, los policías municipales no parecían sus captores sino más bien sus acompañantes.

El comandante de la Base de Operaciones, el teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, decidió trasladar a Olinsser y Jair Mario al MP de Cuautitlán.

A la postre, les devolvieron todo lo asegurado, incluida al menos un arma y las camionetas que, de hecho, no existen en el expediente inicial.


En la nómina de PGR

Al menos hasta mayo 2016, Olinsser seguía en la nómina de la PGR, de acuerdo con su última declaración patrimonial. Pese a estar en la misma estructura de la dependencia, no ha sido llamado a declarar por los hechos de octubre 2014. Lucrecia Pacheco cree que esto se debe a sus vínculos con Alfredo Castillo.

Uno de los encargados de la seguridad del ex comisionado confirmó que Olinsser no estaba en Morelia el 27 de octubre 2014, cuando ocurrió el intento de secuestro de Pacheco sino que “sólo se encontraba el encargado del servicio el señor Omar Castillo García”.

Dicho informante declaró ante el MP que la seguridad del ex comisionado y hoy titular de la Conade consistía en un “grupo de escoltas asignado… conformado por elementos de la Policía Federal Ministerial y la Policía Ministerial del Estado de México”.

A Olinsser lo ubicó perfectamente como el “encargado de logística de la operación de los agentes para proporcionar el servicio de guardia del señor Alfredo Castillo”.


El intento de secuestro de la empresaria fue denunciado no sólo ante las autoridades del Edomex, sino también en la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cada instancia realiza sus propias investigaciones; en la Sedena ya hay avances que se detallarán en la segunda parte de este reportaje, mientras en el Edomex todo parece estancado.

Pacheco González tiene los recursos para seguir investigando. Se ha convertido en su propia abogada. Actualmente, trabaja en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, donde aprendió a redactar todo tipo de oficios a una autoridad, los cuales le toca ahora hacer para su propia búsqueda de justicia. Sabe de “diplomacia” con la que debe dirigirse ante un MP, por ejemplo. Pero en ocasiones explota y les levanta la voz al ver su pasmo. Otras veces llora de impotencia. Y hasta se ríe cuando todo es absurdo, como cuando una autoridad no sabe decirle dónde está su expediente. La risa no es de felicidad sino una vía de desahogo.

Pese a todas las vicisitudes, la empresaria no se detiene. Dice que va a defender a su familia ante cualquier riesgo.

“Yo le creo”

El ex presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, conoció desde finales de 2014 lo que le ocurrió a la señora Pacheco. El caso prácticamente estuvo en sus manos durante meses, luego de que se lo presentara la entonces titular de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, América Nava Trujillo.

La señora Lucrecia Pacheco se distanció de él cuando se convenció de que Hernández Barros se aprovechó de su situación y no logró avances sustanciales.

Ante la cámara, Hernández Barros dijo creer en la denuncia de la señora Pacheco, sobre todo por el shock emocional que pudo constatar.

“Yo hice mi trabajo”, sostuvo Hernández Barros el pasado 21 de octubre, unos días después de que llegara a la presidencia de la CEAV. “Nosotros (la CEAV) no investigamos. No impartimos justicia”, aclaró.


“Yo le creo por supuesto, el principio de buena fe me hace creerle a las víctimas…A mí lo que ella me contó es que llegaron a su domicilio unas personas, que ella estaba con su mamá y con su hijo, y que trataron de secuestrarla, que estuvieron forcejeando con ella para subirla a un vehículo, que ella se resistió a eso, que opuso resistencia y en un momento dado más gente empezó a salir de sus casas a ver qué estaba pasando. Y los secuestradores desistieron de su intento de secuestro y huyeron. Esa es la versión que yo tengo de ella”, indicó en entrevista para este medio.

A inicios de 2016, Barros dejó el caso pues, aseguró, la víctima ya no lo buscó. Para entonces, reconoce, “no había avances en el sentido de que hubieran declarado los probables responsables”.

-¿No hay ni un solo detenido, le dice algo eso?

“La Procuraduría tenía su propia visión del asunto. Ellos decían que no se trataba de un secuestro, sino que se trataba de una riña vecinal que, esa esa era la versión que tenía la Procuraduría… Yo francamente esa versión para mí era difícil creerla después de ver a la víctima en el estado que venía, de alteración, de la necesidad que tenía de terapias psicológicas…”.

-¿Eran policías secuestrando?

“Esa es la versión que ella nos da, a las personas que ella reconoce y que les hace imputaciones directas”.

En la CEAV, la empresaria recibió atención psicológica y se le dio asistencia jurídica gratuita por parte de la CEAV.

La psicóloga de la CEAV estableció que la señora Pacheco enfrenta una “situación real de amenaza (que) es actual y no ha cesado; ha presentado síntomas de ansiedad importantes así como estrés postraumático, derivados de los delitos de los cuales fue víctima y de las posteriores circunstancias que ha enfrentado con las autoridades”.

Además de la CEAV, el caso Pacheco escaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras meses de revisarlo, el organismo concluyó que:

“…Del análisis de la queja y de la documentación recibida, se advierte que personal de la Procuraduría General de la República que participó en los hechos, probablemente incurrió en conductas constitutivas de responsabilidad administrativa previstas en el artículo 54, fracciones I y VI, de la ley orgánica de la PGR, al no conducirse con apego al orden jurídico y respeto a sus derechos humanos en el desempeño de sus funciones, omitiendo observar un trato respetuoso, además de abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente sus funciones”.

La señora Pacheco, su hijo y su hermano -testigos del intento de secuestro de la empresaria- presentaron una “afectación emocional derivada de los hechos que se investigan y que corresponden al periodo del 27 al 29 de octubre de 2014, mismos que incluyen las agresiones por los sujetos que la amenazaron, así como la victimización secundaria por las instituciones participantes en el evento”.

Pese a todas las denuncias sobre la mesa, en la PGR el expediente se estancó. Consultada sobre el caso, la dependencia declinó hacer comentarios sobre una averiguación que, indicó, sigue abierta. Jair Mario Castillo García también fue contactado en su propio domicilio, vía telefónica; primero pidió una reunión con este reportero y después dijo desconocer del tema. Por último, colgó. En tanto, el ex comisionado Castillo aún no ha emitido una postura sobre el caso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ B (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/empleados-de-alfredo-castillo-acusados-de-intento-de-secuestro-reportaje-especial/

En manos de los multimillonarios

En 15 días la Presidencia de la República interpuso dos controversias constitucionales para proteger los ­intereses de tres de los cuatro mayores multimillonarios mexicanos. Una, el 31 de enero, para preservar los ingresos y la influencia de las televisoras mexicanas contra los lineamientos sobre derechos de las audiencias que promulgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y después, el martes 14, para proteger el negocio de la industria minera contra el llamado impuesto ecológico que aprobó el Congreso de Zacatecas.

En el primer caso el Ejecutivo federal antepone los privilegios de las televisoras (entre los que ocupan un lugar destacado Televisa y TV Azteca) por sobre los derechos de las audiencias (Proceso 2101); en el segundo, prefiere acrecentar la riqueza de los dueños de las mineras enclavadas en Zacatecas (donde participan Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres, y Minera Frisco, de Carlos Slim) que proteger el medio ambiente.

En junio de 2015, Oxfam México difundió un estudio del economista Gerardo Esquivel –Desigualdad extrema en México–, donde se destaca que el 1% más rico de México concentraba, en 2014, 21% de los ingresos totales del país, y precisaba que la riqueza de los cuatro hombres más adinerados del país (Carlos Slim, Germán, Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres) representaba ese año alrededor de 9% del PIB mexicano.

El estudio señala que una característica compartida por estos cuatro multimillonarios es que sus principales empresas están en sectores que requieren concesiones estatales para operar: telecomunicaciones y minería. Hasta hace muy poco ni siquiera se conocían públicamente las reglas para el otorgamiento de esas concesiones, por lo cual era un proceso discrecional, arbitrario y prácticamente secreto. Las concesiones se entregaban selectivamente y les garantizaba a sus titulares poca competencia y grandes ganancias.

Aunque ahora hay reglas menos oscuras y procesos más públicos, lo cierto es que ambos sectores todavía presentan condiciones muy favorables para los titulares de las concesiones y son unos cuantos privilegiados los que las detentan. El mismo estudio señala: “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”.

Tras la alternancia en la Presidencia, en diciembre de 2000, los concesionarios han evidenciado esta captura en diversos momentos. Primero fueron los integrantes del duopolio los que mostraron su voracidad, al lograr disminuir a una décima parte el tiempo diario que otorgaban gratuitamente al Estado, gracias al decreto del 10 de octubre de 2002.

Luego, durante el proceso electoral de 2006, consiguieron que el Congreso aprobara reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que establecía condiciones tan favorables para ellos que la nueva legislación fue conocida como Ley Televisa, finalmente revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese parecía el parteaguas, pues en diciembre de 2007, en la reforma constitucional que precedió a la electoral, se prohibió la compra de tiempo en los medios electrónicos para propaganda político-electoral y ésta se limitó al uso de los llamados tiempos del Estado. Sin embargo, pese a que hay evidentes avances en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones de 2014, los concesionarios lograron privilegios que se tradujeron en nuevos negocios y mayores ingresos, al aprovechar los beneficios digitales para la prestación de novedosos servicios y ­programaciones.

La “captura” del Estado todavía se hizo más evidente cuando el IFT decide expedir los lineamientos para hacer realidad los derechos de las audiencias. Primero embistieron los concesionarios; posteriormente, la Presidencia y el Senado interpusieron controversias constitucionales, y finalmente, el IFT decidió suspender la entrada en vigor de esos lineamientos. Hoy el desenlace está en manos del Pleno de la Corte.

El 23 de junio de 2014 la Semarnat ­publicó en el Diario Oficial de la ­Federación el estudio previo justificativo para declarar área natural protegida a 2 ­millones 577 mil 126 hectáreas del semidesierto de Zacatecas, con la categoría de “reserva de la biosfera”.

De inmediato los principales grupos mineros (nacionales y trasnacionales) que operan en ese estado reaccionaron, pues sus ganancias resultaban afectadas; finalmente lograron que en noviembre del año pasado, el nuevo gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, se opusiera a la creación de la zona protegida y a cambio le concedieron que introdujera el llamado Impuesto de Responsabilidad Ecológica para gravar la extracción de minerales y materiales diversos del suelo.

Sin embargo, a juzgar por los mensajes vía Twitter del gobernador, no ­respetaron el acuerdo e incitaron a sus trabajadores a protestar contra el nuevo gravamen, al tiempo que recurrían al amparo, tanto las empresas como la ­Asociación de Ingenieros de Minas, ­Metalurgistas y Geólogos de México. Y el martes 14 la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió una controversia constitucional para echar abajo los impuestos ecológicos, por considerar que se trata de una materia ­federal, ya que grava la industria minera.

Ya era reprobable el intercambio de la preservación del medio ambiente por un impuesto ecológico, pero ni eso satisfizo a los empresarios mineros que buscan mantener intactos sus privilegios, para lo cual recurrieron a los medios legales a su alcance; pero como los jueces federales rechazaron, en primera instancia, sus demandas, lograron involucrar a la Presidencia en su defensa.

Fuente: Proceso

Autor: Jesús Cantú

http://www.proceso.com.mx/476467/en-manos-los-multimillonarios

Corrupción y abusos de poder, bombas de tiempo

CIUDAD DE MÉXICO: Durante muchos años la corrupción y los abusos de poder de la clase política mexicana han minado la credibilidad y confianza ciudadana en todas las representaciones de autoridad y gobierno. Al mismo tiempo, han creado las condiciones propicias para permitir la proliferación de los peores gobernantes, y también la multiplicación del crimen organizado, factores que han roto el tejido social.

Esta situación genera graves riesgos de inestabilidad social e ingobernabilidad en un contexto de crisis interna a la que ahora se añade el factor Donald Trump, que ha cimbrado al débil gobierno de Enrique Peña Nieto y ha generado incertidumbre y temor entre la sociedad mexicana.

El distanciamiento entre la llamada clase política y la sociedad civil es más que evidente y se debe, sobre todo, a la corrupción que ha prevalecido entre gobernantes, autoridades e integrantes de todos los partidos políticos. También a los abusos de poder que han cometido con toda impunidad, enriqueciéndose ellos y sus familias, o ligándose a empresarios y a grupos criminales, en este último caso creando una nueva forma de gobierno que es el narco Estado.

Corrupción y abusos de poder es el binomio que provocó la derrota del PRI en siete de 12 estados en 2015 y que probablemente hará lo mismo en 2018. También es lo que ha ocasionado las últimas manifestaciones en todo el país a raíz del aumento de la gasolina, que aminoraron temporalmente por la estrepitosa llegada de Trump a la Casa Blanca anunciando la construcción de un muro fronterizo, la cancelación del TLC, la expulsión de millones de indocumentados y la imposición de aranceles a los productos mexicanos que ingresan al mercado estadunidense.

Este enojo social acumulado también alcanza a cierta parte de la prensa y algunos periodistas que igualmente se han vuelto cómplices de la corrupción y son favorecidos por los abusos del poder al dedicarse a vender su pluma al mejor postor. Ayer al PAN, cuando arribó al poder presidencial; hoy al PRI, que regresó a Los Pinos, y mañana a quien gane la elección de 2018.

La corrupción ha tenido un costo económico gigantesco para el país. En México las pérdidas económicas por la corrupción equivalen a 10% del PIB nacional, es decir, 920 mil millones de pesos, según estimaciones que el año pasado hizo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En tanto, la impunidad en la clase política y gobernante es el motor que ha propiciado el crecimiento de la violencia en todo el país, pues al no aplicarse la justicia para gobernantes y autoridades corruptas, se da una señal a los criminales de que pueden hacer lo que quieran sin que los alcance la justicia.

Y en vísperas de los comicios de 2018, cuando se elegirá al nuevo Presidente de la República y se renovará el Congreso, 12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 965 ayuntamientos, la corrupción que no se acaba y la impunidad que persiste en la clase política son bombas de tiempo que pueden estallar en movimientos sociales organizados o espontáneos.

Los conflictos sociales en el país no han disminuido y se extienden a otros ámbitos. El año pasado, Víctor Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enumeró 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua en comunidades campesinas e indígenas del país.

Por otro lado, basado en datos oficiales, el reportero de la revista Proceso, Arturo Rodríguez, reportó 256 conflictos sociales sin resolver, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, guardias comunitarias a paramilitares, y movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas.


Esto es lo que hay detrás de lo que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y que en un contexto de crisis estructural puede derivar en estallidos sociales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472716/corrupcion-abusos-poder-bombas-tiempo

El abuso de poder en México seguirá si la sociedad civil no audita al Estado, dice Buscaglia

Para el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en el nuevo marco legal anticorrupción que se discute hace falta que se incluyan mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones. Sobre todo, en la nueva Fiscalía General, cuya autonomía deberá estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público: “Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas…”, alertó en entrevista con SinEmbargo.

En el tránsito de México a la democracia, el combate a la corrupción fue finalmente colocado este 2016 el centro de la discusión política. El pasado 5 de junio, por ejemplo, de acuerdo con el análisis de los partidos, motivó el “voto de castigo” a los partidos en el poder en estados cuyos hoy ex mandatarios estaban acusados de este tipo de abusos, como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, entre otros.

Fue también el año de publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anti-corrupción, que obliga la coordinación de al menos siete entidades en contra de estos delitos: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

Y fue, también, el año en el que al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil le siguió la eliminación de un artículo que daría al cuestionado abogado priísta Raúl Cervantes Andrade, actual Procurador General de la República, pase automático para ser nombrado el próximo Fiscal de la nación.

Pero el camino hacia un efectivo combate al abuso de poder político es todavía largo para México, dice el académico e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.

Hace falta que el nuevo marco legal anticorrupción que se discute incluya, dice, mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones.

Sobre todo, insiste Buscaglia, sobre la nueva Fiscalía General, cuya autonomía no llegará por nomenclatura, sino que debe estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público.

“Las democracias modernas, todas, tienen redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema Judicial; a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal”, dice Buscaglia en entrevista.

“En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoría de la sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil. Eso tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana ahora para el caso del Fiscal General: establecer una capacidad auditora de sociedad civil por ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”, agrega el también autor de títulos como Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada y Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana, entre otros.

–En México se pospuso la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es tu análisis de todo el proceso?

La experiencia internacional, que es la única que me da fundamentos para lo que recomiendo, es bastante clara: en países donde las instituciones del Estado adolecen de niveles de confianza paupérrimos, como es el caso de México, o como era el caso de Guatemala o el de Colombia o el de Italia, lo que tienes es que se necesitan instituciones adecuadas para que los fiscales sean, primero, autónomos en la práctica y no solamente en el texto de la Constitución, e instituciones mucho mas fuertes que las que uno observa en países con una tradición de Estado de Derecho y de democracia, como Francia, Alemania o de Estados Unidos, que no necesitan instituciones tan restrictivas para el nombramiento de sus fiscales generales.

En el caso de países donde han sido ampliamente penetradas sus instituciones del Estado, como es el caso de México, lo que necesitas es separar el mecanismo. Una de las características de los casos de éxito es separar el nombramiento y la nominación, la postulación del Fiscal general, separar los candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Quién lo nombraría?

Tendrías que tener una comisión de postulación, de tres o cuatro candidaturas que después se lleven al Senado, y que esa comisión no esté formada por representantes del Estado, sino que deben ser dos o tres representantes de asociaciones de víctimas, dos decanos de Derecho, un presidente de la barra de abogadas, pero que tuviera dientes, no como en México, que no tienen ningún tipo de control de calidad sobre la calidad de sus abogados; pero en los países donde sí existe una barra de abogados fuerte, como Argentina, ahí tiene mucha influencia en la selección de postulaciones. ¿A qué me refiero? A las listas iniciales de candidatos, que tiene que estar elevada por una comisión constitucional de postulación, que revisen tres o cuatro candidaturas. Y una vez que estas tres candidaturas se elevan al Senado, se tienen que sujetar a lo que indique la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en cuanto a los requisitos de los candidatos, que tienen que ser abogados, sin antecedentes penales, con ciertas características. Y luego el Congreso en pleno tiene que evaluar a estos tres candidatos, no sólo el Senado, aunque después las dos terceras partes del Senado sean las que tienen que votar. Es decir, que se le tiene que dar también una capacidad a la Cámara de Diputados para que puedan emitir juicios sobre las precandidaturas, pero no pueden empezar a incorporar amigos o a “carnales”, como le dicen en México, o a otros candidatos que envíe el Presidente o que envíe el Senado. Entonces sí, ahí sí, si quiere Cervantes someterse a la postulación de esa comisión de sociedad civil, que vaya y que le den una oportunidad. Pero tendría que pasar por ahí.

Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas y así de mal estaban las cosas en Italia, en Colombia y en Guatemala.

Entonces, hay que separar la postulación, hay que eliminar ese ‘pecado original’ del postulado, que es el quién te postula. Ya el hecho de que te postule alguien de los partidos, ya eso implica una mancha en la imagen y, por tanto, hay que eliminarlo.

–¿Qué detalles te han llamado la atención de la discusión?

Ante todo, la sociedad civil, felicidades. La sociedad civil, que al menos yo veo, se movió ante lo de Cervantes y forzó al Presidente a recular, y eso es bueno y hay que felicitar y acreditar esa reacción. No llevaron millones a las calles, como hicieron en Italia o como hacen en los países realmente democráticos, pero digamos que es mejor que nada.

Pero cuando veo las conferencias, no se animan a forzar estas mejores prácticas internacionales, como la que acabo de mencionar, que darían un rol a la sociedad civil a través de la comisión de postulación (del futuro Fiscal), técnica, que tiene que estar constitucionalmente establecida. Eso es lo que tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana para que las postulaciones, los nombres, surjan de la sociedad.

Después de esto, olvídate por un minuto del Fiscal, tienes que tener una ley orgánica de agentes del ministerio público, que establezca un servicio civil de carrera totalmente autónomo, como el que establece la colombiana, un servicio civil de carrera fuerte, que reevalúe a todos los miembros de la PGR [Procuraduría General de la República] y de las fiscalías de los estados; que los someta a mecanismos de evaluación, de exámenes, nuevamente para ver quién puede pasar o no estos aspectos técnicos para que puedan seguir o no trabajando en las fiscalías o ministerios públicos, pero tiene que haber un servicio civil de carrera, con mecanismos de nombramiento, mecanismos disciplinarios.

En cuanto a éstos, la sociedad civil tiene que estar también involucrada a través de una comisión en la que no sean sólo inspectorías internas las que decidan si a alguien se le remueve como agente del ministerio público, sino que también tiene que haber una comisión auditora de sociedad civil, que a través de denuncias sociales o de víctimas se pueda evaluar los casos de agentes del ministerio público acusados de corrupción o de diferentes tipos de faltas. Ese tipo de mecanismos todavía no están propuestos en la Ley General Orgánica del Ministerio Público; por tanto, los requisitos de nombramiento y remoción a través de comisión de sociedad civil y de una inspectoría interna no están ni siquiera propuestos.

Edgardo Buscaglia explicó que este tipo de inspectorías internas deben realizar revisiones patrimoniales al azar. Sin embargo, alertó, que como en el caso de la Ley Tres de Tres, no basta con que se presenten las declaraciones patrimoniales, además aún se tienen que someter a auditorías esas declaraciones.

“Estas auditorías además tienen que estar financiadas autónomamente, no sujetas al nombramiento del Fiscal General. Las democracias modernas, todas, tienen este tipo de redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema judicial, a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal. En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoria de sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil”, agregó.

En el caso del futuro Fiscal General, consideró el investigador, la propuesta desde la ciudadanía debe proponer que se establezca “una capacidad auditora de sociedad civil por Ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”.

“Después tienes el tema de los órganos de control de la Fiscalía General por parte del Poder Legislativo. El control técnico de los órganos autónomos está ausente en el Legislativo, donde podría haber un proceso de comparecencias no anual, como sugirió un Senador, no: todos los meses, el Fiscal General tendría que comparecer ante una comisión técnica de control del Poder Legislativo, a la que le dé cuentas investigación por investigación para ver si cumplen con el orden jurídico vigente y con convenciones de Derechos Humanos”, precisó.

Buscaglia destacó que este tipo de comparecencias técnicas ya son implementadas en Francia, España y Estados unidos.

“Cada investigación del FBI hay una subcomisión del Congreso norteamericano que la evalúa a través de un plantel técnico de servicio civil de carrera que se llama el Congressional Research Service, que son empleados sujetos a un servicio civil de carrera, que están detrás de las comisiones de Congreso, para que cuando el director del FBI vaya mensualmente a comparecer ante la subcomisión –a puerta cerrada o abierta, dependiendo de la causa– el punto es que tiene que dar cuentas técnicamente hablando ante la subcomisión del Congreso. Claro, envía el reporte una semana antes para que los legisladores lo puedan evaluar con la ayuda técnica del plantel de servicio civil de carrera”, ejemplificó.

El académico puntualizó que este tipo de control técnico Legislativo es necesario en toda democracia, para que ésta pueda llamarse así. Alertó que es preciso que la evaluación debe ser legislara desde ahora para que se establezca dentro del marco jurídico para el nombramiento del Fiscal General.

Señaló que “los países que han tenido resultados positivos en sus nuevas fiscalía autónomas han tenido fiscales autónomos sometidos a una comparecencia técnica mensual, en la que cada investigación es evaluada por las subcomisiones del Congreso”.

“Eso es ciencia ficción en el congreso de México. Pero voy a poner un ejemplo: en Uruguay y en Colombia, la comisión del Congreso que se dedica a hacer comparecer al Fiscal le exige que, en cada investigación por delincuencia organizada o asociación ilícita, que presente cinco investigaciones paralelas para abarcar a toda la red criminal, sea caso de corrupción política o sea caso de delincuencia económica privada. Ahí te das cuenta por qué funciona; no porque se llama autónoma, sino porque el Congreso exige que esas cinco investigaciones también estén: la penal, financiera, patrimonial, tributaria y la investigación por extinción de dominio, que en México es otra simulación”, destacó.

Finalmente, el investigador consideró que “con ese monitoreo legislativo ya encuentras una presión para que la Fiscalía funcione. No por ser autónoma va a funcionar; no es una panacea la palabra “autónoma”, por más que el Fiscal sea nombrado autónomamente, tienes que asegurarte que el monitoreo sea técnico”.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3131109

Policía de Naucalpan es acusada de extorsionar a jóvenes; presume ser familiar del Alcalde

Las presuntas víctimas denunciaron a este diario a la policía identificada como Fatima Olvera o Claudia Ortega Lopez, por presunta extorsión, amenazas e intimidación, ya que asegura ser sobrina del Presidente municipal de Naucalpan, Edgar Olvera.

Una elemento de la Policía de Naucalpan, Estado de México, fue acusada de amenazas y extorsión en contra de jóvenes de ese municipio, a quienes también intimida diciéndoles que el Presidente de dicho ayuntamiento, Edgar Olvera, es su tío.

Las presuntas víctimas denunciaron a SinEmbargo a la policía identificada como Fatima Olvera o Claudia Ortega López, ya que, de acuerdo con las imágenes, utiliza cualquiera de esos nombres en el bordado de su uniforme.

Aseguraron que aproximadamente hace dos semanas, en la Zona 23 huertas, la oficial los extorsiono e intimidó, bajo el argumento de ser sobrina de Edgar Olvera, Presidente Municipal de Naucalpan.

Asimismo, el diario AFondoEdomex informó sobre el caso de una pareja que fue extorsionada y amenazada por dicha policía en la colonia Las Huertas Primera Sección, en Naucalpan.

El medio explicó que la noche del pasado viernes 7 de octubre, dos elementos de la Policía Municipal, entre ellos la mujer, abordaron y sometieron a una pareja de jóvenes sin motivo aparente.

Detallaron, que los uniformados los acusaron de supuestas faltas a la moral y los obligaron a entrar en el auto del joven, situación que éstos aseguraron era completamente falsa.

Dentro del vehículo el policía le quitó al joven alrededor de 700 pesos, mientras que la uniformada, quien en todo momento dijo ser familiar del Alcalde de Naucalpan, despojó a la mujer de 300 pesos.


Las presuntas víctimas mencionaron al diario que no vieron el número de la unidad en la cual se transportaban los agentes, pero sí lograron obtener el nombre de la mujer policía, a quién, piden, se le sancione por estos hechos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3105158

Más privilegios para quien todo lo tiene: miles de millones y poder desmedido

Prácticamente tiene empresas en todas las áreas y sectores: de la construcción de cárceles a la venta de flores. Olegario Vázquez Raña es la quintaesencia de los empresarios crecidos en simbiosis con el poder político y, durante el peñanietismo, su influencia y su fortuna no han hecho más que multiplicarse. Él ata y desata, los funcionarios lo obedecen, el presidente lo trata con máxima deferencia… Y Televisa y TV Azteca se preparan para el embate que significa la irrupción de la tercera cadena de televisión pública.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 4 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto fue a desayunar al Heroico Colegio Militar, un acto precedido de desfiles, salvas de artillería y proclamas por la seguridad que, sin embargo, tuvo por invitado de honor a Olegario Vázquez Raña, un civil acaudalado, contratista de las Fuerzas Armadas y del gobierno todo.

Aunque desde el primer día del sexenio la élite empresarial estuvo presente en diferentes actividades, el convite de los militares fue el primero en que el entonces nuevo presidente de México saludó en su discurso a un empresario por nombre.

La distinción inauguró una nueva etapa de favoritismo y negocios al amparo del poder para Vázquez Raña y para su hijo Olegario Vázquez Aldir, quien ahora está al frente de diferentes empresas.

En lo que va del sexenio el empresario ha participado en los principales proyectos de infraestructura, como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); la ampliación de la Línea 12 del Metro; la construcción de grandes hospitales, carreteras, escuelas, y por si fuera poco, es el beneficiario de la concesión para operar la tercera cadena de televisión abierta, que forma parte también del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) como uno de los ambiciosos proyectos del gobierno peñanietista.

Vázquez Raña es banquero y da préstamos a gobiernos, pero también posee florerías y tiendas de regalos. Tiene una cadena de cafeterías pero participa en las grandes obras y concesiones facilitadas mediante la asociación público-privada. Es dueño de exclusivos hospitales privados, aunque también opera nosocomios públicos.

Además, su emporio mediático está compuesto por al menos 20 concesiones de radio, dos canales de televisión de paga y el cuasicentenario periódico Excélsior. Se dedica asimismo al manejo de los desechos tóxicos.

Si bien la mayoría de los sectores enlistados en los que participa sólo puede prosperar al amparo del poder, en el romanceo característico de los millonarios mexicanos que suelen inventarse un origen humilde la historia que cuenta Vázquez Raña –la misma de su fallecido hermano Mario– se puede resumir así:

Un pobre inmigrante gallego llegó a este país y trabajó en el cambaceo. Avecindado en la popular colonia Guerrero, puso una modesta tienda, luego adquirió un hotel de paso ahí mismo y, con el tiempo, la mueblería Hermanos Vázquez, que se convirtió en cadena. Empleados por su padre, los hermanos Vázquez Raña se inspiraron –inclusive en el camión repartidor de muebles que dice haber manejado Olegario– y avanzaron hasta ser influyentes personalidades de la vida nacional. Fin.

Nada queda de los hoteles de paso en la calzada de Tlalpan que se le atribuyen a su familia en distintos relatos biográficos. Hoy es dueño de la cadena Camino Real y los lujosos Quinta Real. Lo único que al parecer conserva de todo aquello es la mueblería Hermanos Vázquez y, según ha declarado, desde hace años suele trasladarse siempre en helicóptero.

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/458934/privilegios-lo-miles-millones-poder-desmedido

Inhabilitan a 10 exfuncionarios de la delegación Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Diez exservidores públicos de la delegación Cuauhtémoc fueron inhabilitados de manera temporal por la Contraloría General de la ciudad para desempeñar cargos en los próximos tres años, al incurrir en actos indebidos en el ejercicio público y el abuso de poder, entre otras imputaciones.

Pedro Pablo de Antuñano, director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, informó esta tarde la resolución que hizo llegar la Contraloría General al jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila.

Entre las personas a quienes se inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público están José Luis Juárez Martínez, exdirector de Equidad Social; María Elena Lara Zetina, exjefa de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios; Jenny Zuluaga Aguilar, exenlace “A” y Rosa Ema Campos Lara, exsubdirectora Administrativa de la Dirección General Jurídica y de Gobierno”, precisó De Antuñano.

En tanto que a Omar Jaime Rosas Hernández, exlíder coordinador de proyectos “A”, se le atribuye dirigir la red de corrupción en el manejo del reloj checador en coordinación con Gerardo Mendoza Aguilar, exauxiliar operativo de Oficina; José Alberto Torres García, exauxiliar de Servicios de la Oficina Administrativa; y Luis García Peña, excontrolador de Asistencia.

A Alejandro Jiménez Zavala, exsubdirector de Obras Públicas; e Ignacio Ogando Mouriño, exjefe de Unidad Departamental de Supervisión Interna de Obras por Contrato, se les sancionó con una suspensión de 90 días.

Acompañado por la fiscal interna Anticorrupción, Zuleyma Huidobro González y Salvador Loyo Arechandieta, director general de Administración, De Antuñano dijo que tan sólo en el proceso de entrega-recepción se interpusieron 94 denuncias en la Contraloría por recursos derivados de irregularidades, sobre todo en materia de faltantes.

Además se han interpuesto hasta ahora, 15 denuncias en el Ministerio Público en la Fiscalía para Servidores Públicos, de igual manera, se han presentado 11 recursos por corrupción ante la PGJDF y se presentó una denuncia ante la PGR, también, por desvío de recursos federales.

En total son 121 denuncias ante diversas instancias, donde se señalan irregularidades concretadas y fundamentas de exservidores públicos, indicó De Antuñano.

Dijo que no se dará un paso atrás en la cruzada contra la corrupción y las medidas que se tomen estarán apegadas a estricto derecho. Aseguró que las inhabilitaciones no serán bien recibidas entre los grupos de interés, los que intentarán acciones de desestabilización. Asimismo adelantó que se darán a conocer más nombres de exfuncionarios sancionados y vinculados con actos de corrupción.

Sobre las amenazas de paro laboral por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, inconformes con la migración del pago a través del banco, el director General Jurídico y de Gobierno responsabilizó al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) por cualquier acto fuera de la ley e informó que se levantarán actas administrativas a quienes no estén en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/433366/inhabilitan-a-10-exfuncionarios-la-delegacion-cuauhtemoc

Comandante pedía favores sexuales a cadetes a cambio de días libres

CIUDAD DE MÉXICO: Jesús Ochoa, un comandante de la Academia de Policía de Coahuila fue retirado de su cargo como instructor luego que se descubrió que cobraba favores sexuales a las cadetes a cambio de dejarlas salir del internado los fines de semana y exentarlas del entrenamiento físico.

El escándalo detonó tras la denuncia de dos cadetes quienes se quejaron de los malos tratos que recibían de dos mujeres a quienes el comandante había puesto como encargadas de grupo.

Ochoa, quien es comandante del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera de la Procuraduría General de Justicia del estado fue descubierto en flagrancia por la directora del área, Maribel Rodríguez Ramírez.


El funcionario fue retirado de su cargo tras descubrirse que sostenía relaciones “amorosas” con varias cadetes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429035/comandante-pedia-favores-sexuales-a-cadetes-a-cambio-de-dias-libres

El asueto de Peña en Mazatlán y Los Cabos

CIUDAD DE MÉXICO: Acompañado por su familia en un complejo turístico que fue cerrado para su segura pernocta en Mazatlán, Sinaloa, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó el primer puente de asueto de 2016 para jugar golf y descansar…

Desde el pasado viernes la Presidencia de la República informó de manera oficial que no había actividades públicas del mandatario, luego del evento en el que promulgó la reforma política con la que el Distrito Federal se convirtió en entidad federativa.

Sin embargo, los diarios locales ‘El Debate’ y ‘Noroeste’ han dado cuenta de la visita de Peña Nieto a Mazatlán, a donde llegó en el avión presidencial desde la noche del viernes, aunque desde días antes un dispositivo del Estado Mayor Presidencial (EMP) tendió un cerco alrededor del resort Estrella del Mar, un complejo turístico en el puerto que cuenta con campo de golf y spa.

‘El Debate’ también reportó que la mañana del sábado, a bordo de otra aeronave, llegaron la primera dama Angélica Rivera, los hijos del matrimonio y algunos colaboradores, entre los que mencionó de manera extraoficial a Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía.

El dispositivo de seguridad fue ampliamente comentado en la prensa sinaloense, en especial porque desde el viernes se apostaron a lo largo de la ruta, desde el aeropuerto hasta el hotel, decenas de francotiradores en antenas de telefonía y torres, mientras que policías federales, marinos y soldados, junto con el EMP, patrullaron las zonas aledañas a la visita presidencial.

La visita de Peña Nieto, según los mencionados diarios sinaloenses, no incluyó a empresarios ni a la clase política local. Sólo estuvo el empresario atunero Eduvigildo Carranza Beltrán, a quien se identifica como amigo del presidente y quien lo habría acompañado en su jornada golfística.

Durante su estancia Peña Nieto habría disfrutado la cocina mazatleca con el servicio que les prestó el famoso restaurante “El Cuchupetas” –ubicado en Villa Unión–, que trasladó su servicio de banquetes al complejo Estrella de Mar, la noche del sábado.

El domingo, el diario ‘Noroeste’ reportó que el mandatario mexicano se trasladó a Los Cabos, Baja California Sur, donde se hospedó en el hotel Gran Faro. Ahí, participó por la tarde en el congress nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc).

Sobre el evento no hubo información oficial de la Presidencia, aunque a través de redes sociales se difundió ampliamente la presencia de Peña Nieto por parte de personas que buscaron la oportunidad de tomarse una fotografía con él y luego la compartieron.


De acuerdo con la información y fotografías difundidas por medios de comunicación en Sinaloa y Baja California, el mandatario realizó sus viajes en Gulfstream III, uno de los que integran la flota de la Presidencia de la República.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428334

Policías del DF arrestan a activista por cuestionarlos y grabarlos; le imputan “ultrajes”

Policías capitalinos arrestaron y fincaron cargos penales por el delito de "ultrajes a la autoridad", en contra de un defensor de derechos humanos por cuestionarlos sobre la detención de un motociclista.

La tarde de ayer, martes 19 de enero, autoridades capitalinas arrestaron y fincaron cargos penales por el delito de “ultrajes a la autoridad”, en contra de un defensor de derechos humanos que intentó videograbar a policías preventivos que realizaban labores de tránsito.

César Alejandro Castañeda López es integrante de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, y fue detenido alrededor de las 14:30 horas, cuando se acercó a un policía preventivo que realizaba revisiones de Tránsito, para preguntar la razón de su proceder.

“¿Disculpa oficial, por qué lo paras?”, es lo que pregunta César Alejandro al policía preventivo que acababa de detener a un motociclista, tal como deja ver el video captado por el activista, y que fue difundido ayer por el colectivo periodístico El Pueblo. Medio Independiente.

Cabe subrayar que la intervención de agentes preventivos en actividades relacionadas con el control del tránsito vial no son ilegales (la ley prevé que si un preventivo detecta una presunta anomalía vial, puede intervenir, y solicitar el apoyo de agentes de Tránsito que consumen la intervención policial).

Esta situación, sin embargo, no le fue explicada al activista cuando cuestionó al agente sobre las razones de su actuación, sino que, por el contrario, fue acorralado por cuatro policías más, quienes lo acusan de estarlos “intimidando”, por lo cual es amenazado con ser presentado ante el Ministerio Público.

¡¡DE ÚLTIMO MOMENTO!!POLICÍAS DE MANCERA DEL PRDDETIENEN A DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOSSOLO POR GRABAR UNA...
Posted by El Pueblo. Medio Independiente on martes, 19 de enero de 2016

Siempre con el teléfono en su mano, grabando los hechos, y de forma calmada, el activista César Alejandro les explica que nunca intentó impedir la acción del agente, tampoco lo insultó ni se refirió a él de manera irrespetuosa.

Sin embargo, un policía de lentes le advierte que es ilegal tomarles video y nuevamente lo acusa de actos de intimidación contra uniformados de seguridad pública.

–¿Por qué estás intimidando al oficial? –lo interroga el policía– ¿Por qué le estás haciendo preguntas? ¿Yo quiero saber tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás tomando video? ¿Que artículo de derechos humanos te da derecho a grabar?

–Porque soy un ciudadano –es la respuesta.

–Estás obstruyendo nuestra labor –le advierten.

Durante el video, también se escucha al activista reclamar a uno de los agentes que lo está empujando y, de hecho, César Alejandro Castañeda denunció posteriormente que los agentes le propinaron un golpe en la espalda y le lesionaron un brazo.

Finalmente, alegando que no podía acreditarse como “observador de derechos humanos” (lo cual, en realidad, no representa ninguna falta), los agentes pusieron al activista a bordo de una patrulla, sin que le fueran explicardos los presuntos delitos que había cometido, aún cuando él pidió que le aclararan su error.


César Alejandro fue presentado ante la Coordinación Territorial GAM II, acusado de “ultrajes a la autoridad”, aunque cinco horas después la Procuraduría General de Justicia del DF determinó que no había cometido ningún delito y lo puso en libertad… la PGJDF, sin embargo, no inició ninguna acción en contra de los policías que realizaron la detención.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/policias-del-df-arrestan-a-activista-por-preguntarles-por-que-detenian-a-un-motociclista-le-imputan-ultrajes-video/

Policías de Sinaloa la violan y torturan; lleva presa 3.5 años por un crimen que no cometió

Yecenia Armenta lleva tres años y medio en prisión acusada de un crimen que no cometió. Esto lo han ratificado diversos organismos de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales. La mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano transportaba en su automóvil particular a su cuñada y a su hermana rumbo al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En el momento en que estacionó su vehículo, policías ministeriales vestidos de civil y sin identificación oficial se la llevaron a una bodega, para después atarla, colgarla cabeza abajo, golpearla y violarla.

Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando sucumbió a las exigencias de los policías de firmar una confesión y dejarles tomar sus huellas dactilares.

Posteriormente la acusaron del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que Yecenia dice desconocer.

Mientras estaba detenida, médicos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa, examinaron las lesiones de Yecenia, sin embargo, no documentaron nada.

Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron, pero nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. En septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia, y detectaron señales físicas y psicológicas de que la misma sí había sucedido.

Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y concluyeron también que Yecenia fue torturada.

Tres años y medio después, Yecenia narró a través de un video, cómo las autoridades de Sinaloa le decían que contestara todo lo que ellos le pedían o “la iba a pasar muy mal”.

Ella recuerda cómo pensó que se trataba de un secuestro [su detención], y lo que sus torturadores le decían, entre otras cosas, que le podían cortar la lengua, las orejas, “que estaban afilando los cuchillos”, o que podrían traer a sus hijos… “hechos pedacitos”, después de violarlos.

La mujer narró su historia a Amnistía Internacional, y señaló que pensó que jamás saldría viva de la tortura a la que fue sometida, todo para que confesara, “a cualquier costo”, que había asesinado a su esposo [aunque ella no lo hubiera hecho].

Sus agresores la violaron y le hicieron firmar su confesión vendada de los ojos, por lo que asegura que jamás pudo leer lo que firmó. De eso hace tres años y medio, y la señora Armenta sigue en la prisión, mientras los hombres que la torturaron brutalmente continúan en libertad.




LA NOTICIA RETOMADA POR MEDIOS AUSTRALIANOS

El caso de Yecenia Armenta Graciano fue revivido por diversos medios australianos luego de que una camioneta quemada con dos cuerpos calcinados dentro, abandonada en medio de la nada, puede ser la misma que transportaba a Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas de aquel país desaparecidos hace una semana en México.

En un viaje que comenzó en Edmonton, Canadá, los jóvenes, ya en México, habían tomado el trasbordador que los llevó de La Paz, en Baja California, a Topolobampo, una ciudad portuaria sinaloense de unos 6 mil habitantes.

Allí enviaron un mensaje de texto a sus amigos y familiares. Después, nada se supo de ellos. News Australia, The Sydney Morning Herald, ABC de Australia, y otros más, han analizado la “terrible” violencia que vive México, en especifico Sinaloa.

“Para una población mucho menor de Melbourne o Sydney, el estado de Sinaloa (con una población de 2.7 millones de habitantes) tiene un número de muertos que rivaliza con algunos de los peores lugares del planeta fuera de una zona de guerra [...] Excepto que es una zona de guerra para el tráfico de drogas, en una nación que se ha vuelto insensible a la violencia. Aun cuando 43 de sus propios alumnos fueron asesinados el año pasado [en referencia a Ayotzinapa] por orden de policías corruptos que los entregaron a una banda de narcotraficantes, nada parece haber cambiado”, señala ABC.

LA DENUNCIA DE AMNISTÍA

Un año después de la tortura que ella asegura sufrió [cuando las marcas de los hechos ya habían desaparecido de su cuerpo, incluyendo las marcas de los tobillos de donde fue colgada], los médicos de la Procuraduría de Sinaloa dictaminaron que no había “evidencias” o “pruebas” de que había sido torturada.


De aquello, dice Yecenia, lo único que le quedó es “el enorme daño psicológico” y recordó que fue agredida “de todas las formas”. Por ello, la mujer imploró, exigió que se le haga justicia, y tal vez como una quimera, pidió que no existan ya más personas torturadas en México.

“Si los doctores del estado hubieran documentado las lesiones de la tortura, ella no estaría en prisión hasta ahora. Yecenia merece justicia”, dice Amnistía en un video que tituló “Alto a la tortura”.

Amnistía inició una petición [con más de 3 mil firmas hasta el momento] dirigida a Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General del estado de Sinaloa, pidiendo que la denuncia de tortura de Yecenia se investigue plenamente, además, que se retiren los cargos en su contra y que se reforme “radicalmente” la manera en que se llevan a cabo los exámenes médicos forenses a sobrevivientes de tortura en México.



PRUEBAS DE LA INOCENCIA DE YECENIA

“Hasta el día de hoy no hay ninguna persona castigada [por la tortura que sufrió y los autores del homicidio de su esposo], sólo yo”, narra Yecenia en su desgarrador testimonio que fue publicado en la plataforma YouTube.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en enero de 2015, una recomendación para que se libere a la acusada y se proceda contra los torturadores. Sin embargo, hasta el momento, ni un juez local, ni el Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa y ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han conocido el procedimiento, le ha hecho justicia a Yecenia.

La CNDH pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se acate la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Yesenia Armenta Graciano, quien, se confirmó, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial.



“Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que el personal médico adscrito al Departamento Médico de la Policía Ministerial y a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), para garantizar la imparcialidad y veracidad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando se presuma que hubo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, se lee en la recomendación de la CNDH.

La investigadora para México de Amnistía, Madeleine Penman, señaló en entrevista con el diario Noroeste, que tras analizar el caso, AI no encontró evidencias que inculpen a Armenta Graciano, además, dijo que el caso está basado en irregularidades, tortura y en un indebido proceso.

Desafortunadamente este caso, mencionó, es paradigmático y es un ejemplo de muchos donde las autoridades basan sus actuaciones en la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. El Gobernador ordenó una investigación contra los agentes que presuntamente la torturaron, dijo, pero no ha habido avances.

“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa es Juez y parte de resolver, tanto es así que hay una acusación contra Yecenia, ella sigue en la cárcel acusada de delitos por la Procuraduría estatal de sinaloa. Además los policías de la Procuraduría estatal fueron los que torturaron a Yecenia”, indicó Penman.

El caso de Yecenia, mencionó la investigadora de AI en México, es una oportunidad del Gobierno de Sinaloa para mostrar a la sociedad su compromiso con los derechos humanos y el debido proceso.

En julio pasado, la presidenta del ­Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, dijo a diversos medios locales haber recibido la visita de representantes de AI y dijo haber compartido con ellos la serie de intervenciones que ha habido sobre el caso y “el estupor que causa”.


A pesar de ello, aseguró Murillo, el gobierno estatal se mantiene firme privándola de la libertad, por lo que la activista expresó su “preocupación por el desprecio a la dignidad humana que ha demostrado este gobierno en Sinaloa y por su empeño en defender a policías señalados de actuar con una saña bestial en el caso de una mujer, incluso de violarla sexualmente con exceso de crueldad [...]“.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1567787