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jueves, 1 de octubre de 2015

Policías municipales de Ecatepec gustan de las “micheladas” mientras trabajan

Foto: Denuncia Ecatepec
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- En un video difundido por los administradores de la página de Facebook “Denuncia Ecatepec” se puede observar a un grupo de policías de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mientras esconden unas “micheladas” en horario laboral.
La “michelada” es una bebida alcohólica mexicana que se prepara mezclando cerveza, jugo de limón, sal y una mezcla de salsas. De acuerdo con la página, el hecho ocurrió hace dos días en la comisaría de la delegación “Los Arcos” del municipio de Ecatepec.
En la grabación se puede observar que los uniformados se molestan por ser grabados. El video acumula cerca de 4 mil reproducciones y hasta ahora las autoridades no han dado respuesta alguna del caso.
“Para todos los que defienden a los policías y sus micheladas, Esto sucedió en la delegación ‘Los Arcos’ en pleno turno, en un escritorio ‘escondidas’ las micheladas de los oficiales, ahora dirán que eran sangrías preparadas con olor y sabor a cerveza o que falta que haya un video mientras le dan un buen trago y eso… no se podría confirmar que es michelada ¿no?”, se lee en la publicación de “Denuncia Ecatepec”.
En otra publicación realizada por la misma página de Facebook y fechada el 23 de septiembre, se puede observar en un par de fotos a dos policías de Ecatepec que están comprando “micheladas” también en horario laboral y con el uniforme puesto.
“Hoy fue domingo de micheladas y estos oficiales de @DGSCyVial los saben. Además de que uno de ellos, no cumple con el uso del uniforme completo, estos dos se pararon en Tablas del Pozo en el puesto de las micheladas para refrescarse. Aunque algunxs dirán “es de que son humanos y también toman” NO SEÑORES. En servicio no pueden”, se lee en la publicación.
Fuente: Sin Embargo.mx
Autor: Redacción 

domingo, 27 de septiembre de 2015

Condenan a 520 años a tres implicados en caso Heaven

México, DF. Un juez condenó a 520 años de prisión a tres presuntos responsables del secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la ciudad de México y su posterior asesinato en 2013, informó este domingo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
A Ernesto Espinosa y José de Jesús Carmona, ambos socios del bar, y al presunto sicario Víctor Manuel Torres, se les acusó penalmente del secuestro y asesinato de los chicos, que fueron raptados a plena luz del día el 26 de mayo de 2013 de ese bar de la Zona Rosa ubicado a unos metros de una sede policial.
"Con los elementos de prueba suficientes recabados por la policía de investigación, el ministerio público (...) logró que el juez resolviera imponerles, además de la pena individual de 520 años de prisión, multa de 5 millones 51 mil 280 pesos a cada uno", dijo la PGJDF en un comunicado.
Sin embargo, la dependencia señaló que la causa penal contra otra docena de involucrados en el caso sigue abierta.
Los cadáveres de los 13 jóvenes, la mayoría residentes del barrio de Tepito, fueron encontrados tres meses después de su secuestro -luego de fuertes protestas de sus familiares- en una fosa clandestina cavada en un racho de una localidad aledaña a la ciudad de México.
Según las investigaciones, el crimen habría sido una represalia por el homicidio de un vendedor de drogas al por menor cometido pocos días antes en otro bar de la ciudad de México.
La capital mexicana quedó sacudida por el "caso Heaven", que puso en entredicho la imagen supuestamente ajena de la ciudad a la violencia que se vive en otras regiones del país por las pugnas entre los poderosos cárteles narcotraficantes.

Fuente: La Jornada
Autor: AFP

martes, 25 de agosto de 2015

En boda de Velasco y Anahí, invitados firman acuerdo de confidencialidad y les quitan celulares

MÉXICO, D.F: El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y la cantante Anahí celebraron su matrimonio civil tras haberse casado por la Iglesia hace cuatro meses.

El diario Reforma, que cita fuentes cercanas a la actriz de Televisa, afirma que los detalles de la ceremonia fueron vendidos en exclusiva a una revista de circulación internacional.

La boda civil, agrega el periódico, se realizó la tarde del pasado sábado en una ceremonia privada realizada en el Club de Golf Bosques de Santa Fe.

Un informante dijo al diario que los invitados al evento fueron obligados a firmar un contrato de confidencialidad, despojarse de sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos y se comprometieron a no subir nada a las redes sociales.

Otros medios aseguraron que Velasco aprovechó su visita a la Ciudad de México para realizar reuniones de corte político.

En su página de Internet el Club de Golf Bosques de Santa Fe se define como “el desarrollo más exclusivo al poniente de la ciudad de México”. Cuenta con un campo de nueve hoyos diseñado por el golfista Jack Nicklaus, un terreno de casi 500 hectáreas, canchas de pádel, tenis, dos piscinas y un sistema inteligente de iluminación.

La unión de Velasco y Anahí se celebró en el salón de festejos de una de las torres del complejo y asistieron unos 200 invitados.

“Ella lloró de la emoción y él estaba muy sonriente… fue una unión muy emotiva”, indicó la fuente a Reforma.


La pareja se unió en matrimonio religioso el pasado 1 de abril en una boda sorpresa a las 8 de la mañana, sin recepción y rodeados de mujeres indígenas que posaron junto a ellos. El obispo Felipe Arizmendi Esquivel ofició la misa.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: REDACCIÓN.

martes, 21 de julio de 2015

La CNDH pide a Graco Ramírez reparar daño ocasionado a joven madre

MÉXICO, D.F. (apro).- El 27 de febrero de 2014 Leticia Moreno del Ángel, de entonces 16 años de edad, acudió al Hospital General de Tetecala ”Doctor Rodolfo Becerril de la Paz’, en el estado de Morelos, luego de por presentar actividad uterina producto de su embarazo.

Eran las siete con diez minutos de la mañana cuando el médico que la atendió diagnostico en su “Nota Médica” una amenaza de parto pretérmino sin establecer, como indican el protocolo, hora y signos vitales del binomio materno-infantil.

Tres meses después, la joven madre volvió a acudir al nosocomio. Una vez ahí, fue valorada por un segundo médico, quien en la “Hoja de Seguimiento de Riesgo de Prueba sin Estrés” suscribió que la paciente no presentaba contracciones, sin pérdidas vaginales y con signos estables, dejando la cita abierta.

Sin embargo, omitió la hora, cargo, indicaciones, datos de alarma y no reportó el fondo uterino.

Finalmente, el 27 de mayo de 2014, la paciente acudió nuevamente al hospital con dolores de labor de parto al cursar embarazo de 39.4 semanas de gestación. En esa ocasión, fue atendida por un tercer médico, quien, sin tomar en cuenta los antecedentes gineco-obstétricos ni los síntomas que presentó en la valoración de este día –mareo, zumbido auditivo anormal y náuseas—, determinó un posible embarazo de alto riesgo, cuando debió diagnosticarla con un cuadro de preeclamsia severa que requería la interrupción del mismo mediante cesárea urgente.

La paciente ingresó al quirófano para extraer a su hijo mediante cesárea, quien al nacer no presentó esfuerzo respiratorio y registró frecuencia cardiaca muy débil; cuarenta minutos más tarde se determinó su defunción por “asfixia por bronco aspiración de líquido amniótico”, lo que consta en el certificado de muerte fetal del recién nacido.

No obstante, en el Resumen Clínico de la paciente, el médico, luego de realizar diferentes maniobras de reanimación, reporta “probable cardiopatía congénita compleja no compatible con la vida”; representando esto, una contradicción.

El caso llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que este martes emitió la recomendación 20/2015 al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, por violencia obstétrica e inadecuada atención médica en agravio de Leticia Moreno.

Con base en el conjunto de evidencias, el organismo encontró elementos que prueban violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, trato digno y derecho a una vida libre de violencia (obstétrica) en agravio de la madre, así como al derecho a la protección de la salud, trato digno y a la vida, en agravio de su menor hijo.

Por ello, la CNDH recomendó al mandatario morelense reparar el daño ocasionado a la madre, que incluya el pago de indemnización o compensación por la pérdida de la vida de su hijo, así como atención médica y psicológica, además de participar en el seguimiento e inscripción de la mujer en el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos a efecto que, en lo conducente, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación.

En protección de la garantía de no repetición, le pidió también que emita una circular dirigida al personal médico de dicho hospital, en que se ordene copia de la certificación o recertificación tramitadas ante los Consejos de Especialidades Médicas, que acredite la actualización, experiencia y conocimientos suficientes, y permita brindar un servicio médico adecuado y profesional.

También que los servidores públicos de ese hospital adopten medidas preventivas, que los expedientes clínicos estén debidamente integrados y se diseñen e impartan cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos, además de colaborar en las investigaciones por la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos en contra de las autoridades señaladas como responsables.


Fuente: La Jornada
Autor: Redacción

Militares, los que mataron al niño en Ostula: testimonios

Aquila, MichFamiliares del niño Idilberto Reyes García, quien falleció el pasado domingo en Ostula, tras recibir un impacto de bala en la cabeza, aseguraron que fueron militares quienes dispararon y mataron al menor, además de que dejaron lesionadas a otras cuatro personas.
Edith Balviera, tía de Idilberto, informó que después de que comuneros se enteraron de la detención del líder nahua Semeí Verdía Zepeda bloquearon la carretera costera a la altura de Xayakalan, sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Colima, así como el entronque con Ostula, El Duin e Ixtapilla. Aseguró que desde temprana hora hubo roces con fuerzas federales y policías de Fuerza Ciudadana.
‘‘Los soldados se iban riendo’’
 Indicó que un convoy compuesto por unas 30 camionetas militares se dirigía a Lázaro Cárdenas, y a unos 100 metros del puente donde estaba el bloqueo, en un negocio que combina restaurante y tienda, algunos soldados dispararon contra ese inmueble, justo cuando Idilberto, de 12 años de edad, se encontraba dentro comprando pañales; una bala impactó en su cabeza.
En ese mismo edificio jugaba la niña Jeini Natali Pineda Reyes, de 6 años, quien recibió un rozón de bala en la frente. ‘‘Cuando la vi desmayada en el piso pensé que había muerto’’, dijo su tía Guadalupe. Comentó que vio tirado a Idilberto a unos metros de ella, bañado en sangre. ‘‘Cuando dejaron de escucharse disparos corrí hacia él, pero ya casi no respiraba’’, afirmó.
Josefa Ordónez dijo a su vez que en el momento en que los soldados dispararon ella caminaba frente a la casa baleada; su amigo Horacio Valladares la empujó y a él le tocó una bala en la cadera. ‘‘Me dio más coraje porque los soldados se iban riendo’’, dijo Josefa, quien junto con un grupo de mujeres esperó ayer que los restos del niño llegaran a Ixtapilla, pues el cadáver fue trasladado el domingo a un hospital y luego al Servicio Médico Forense de Coahuayana.
Ayer, poco antes de las 14 horas, dos peritos de la procuraduría estatal llegaron en helicóptero a Ixtapilla para iniciar la averiguación previa. Formularon a los pobladores unas cuantas preguntas y después se retiraron a revisar el vehículo quemado, el cual se encontraba en el puente.
Los familiares de Idilberto se reunieron en una palapa en espera de que les entregaran el cuerpo para que fuera velado. Indicaron que los cuatro lesionados, entre ellos Melesio Cristino y Delfino Alejo, fueron dados de alta del hospital de Tecomán, Colima.
El comandante de autodefensas de Ostula, Germán Ramírez, leyó un posicionamiento en Xayacalán a nombre de los grupos de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán, donde condenaron el uso de la fuerza pública ante una familia indefensa.
Manifestó que las acusaciones contra Semeí son falsas, porque las armas que portaba se las proporcionó el propio gobierno, y el dirigente de autodefensas nada tuvo que ver con la destrucción de papelería electoral durante los comicios de junio pasado.
‘‘Lo habían citado para ver lo relacionado con la camioneta blindada que le prestó el gobierno después del último atentado (del que fue víctima) hace algunas semanas’’ y entonces lo aprehendieron, dijo.
Ramírez aseguró que luego de la detención de Semeí, elementos de la Policía Federal agredieron a autoridades comunales de Ostula, a quienes les decomisaron sus armas y sus radios.
Dijo que es incongruente que se pretenda castigar a quienes desterraron al crimen organizado de esta región, lo mismo que a los jefes de plaza de la localidad mestiza La Placita; entre ellos Federico González, El Lico, y Mario Álvarez López, El Chacal,ambos libres y protegidos por autoridades.
Los grupos de autodefensa exigieron la libertad inmediata de Semeí Verdía, castigo a los militares responsables del asesinato del menor Idilberto Reyes, así como a quienes golpearon a comuneros y amedrentaron a las autoridades de Ostula.
También pidieron la reparación de daños causados a la comunidad, la devolución de cuatro radios de comunicación y del sello del consejo de vigilancia, así como una pistola y cuatro juegos de llaves, al igual que respeto a las policías comunitarias de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.

Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez

lunes, 20 de julio de 2015

Realizan operativo contra taxis irregulares en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro. Taxistas de dos agrupaciones llevaron a cabo operativos para depurar las concesiones en el transporte público. Desde temprana hora integrantes de la Coordinadora Estatal de Servidores del Transporte del Estado de Guerrero (Costeg) y de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (Cetig) colocaron retenes para detectar las unidades presuntamente irregulares.
Los operativos por parte de la Costeg se realizaron en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y la Cetig se instaló en el centro de la ciudad; durante los operativos los miembros de las organizaciones de taxistas detenían unidades, que aseguran son piratas, y les retiraban su número de unidad.
Ambas organizaciones denunciaron que el gobierno de Chilpancingo otorgó 300 permisos de taxis y 88 de transporte colectivo (camionetas Urvan) a trabajadores que no tienen la antigüedad necesaria.

Fuente: La Jornada

Continúan ejidatarios oposición contra despojo; la Federación no cesa presión

Veracruz, Ver.- El 40 por ciento de ejidos de municipios de la zona norte del estado se encuentran en resistencia ante la obstinación del gobierno federal para que entren al “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar” (Fanar), ya que consideran que al pasar a certificación y titularización de solares, las empresas trasnacionales aprovecharán para despojar a los campesinos de sus tierras y poder llevar a cabo las perforaciones de pozos petroleros con el uso de la técnica de fracking.


Lo anterior fue dado a conocer por Braulio Morales Pascuala, integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), quien afirmó que hay una insistencia por parte del Estado en las comunidades de la Huasteca veracruzana para que entren al Fanar, bajo el ofrecimiento de que sólo así los campesinos podrán obtener los beneficios de los programas federales de apoyo al campo.


El integrante de FDOMEZ señaló que en los ejidos donde no existe organización es donde los campesinos han cedido y es precisamente en donde se está dando el despojo de tierras y ya han entrado las empresas extranjeras, “esto no es nada benéfico para las comunidades y en donde hay resistencia se da porque hay comunidades organizadas, con el Fanar se pretende dividir el ejido y poder explotar las riquezas que tiene el ejido”.


Del municipio de Chicontepec hay ciertas comunidades que todavía resisten en mantener los ejidos, “aunque es muy fuerte el planteamiento, exigencia del Estado para que a través del proyecto de los programas federales, tienen forzosamente pasar a formar parte del emparcelamiento para que el campesino pueda disfrutar de los recursos federales para el campo”.


“El despojo ya está en los municipios de Ixhuatlán, hay explotación del petróleo, pero la gente está siendo afectada, el famoso fracking ya no tanto la perforación sino que ahora la explotación de agua también”, dijo.


Dijo que el Estado sabe en dónde están los pueblos organizados, “en Ixhuatlán las partes no organizadas es en donde van explotando, por ejemplo, nosotros en el municipio de Chicontepec, que es el famosa zona petrolera, pero ahí existe organización y hay ejidos en resistencia sobre todo en la parte con los límites de Hidalgo, ahí hemos retrasado la explotación abierta como lo vienen haciendo, en el municipio de Benito de Juárez también hay resistencia”.


Actualmente, el gran problema que se enfrentan las comunidades o aquellos en donde ya está fraccionado el ejido “es que la empresa ya no reconoce el costo del terreno total perjudicado, sólo les están comprando la hectárea en donde estará el pozo”, dijo Morales Pascuala


También la estrategia que están utilizando las empresas que van a perforar pozos para aplicar el fracking es que están llegando a la cabeza del ejido, es decir, “ofrecerle recursos al comisariado ejidal, ofertándole por una hectárea de terreno hasta un millón de pesos para que el mismo comisariado ejidal convenza a los otros y de esa manera poder tumbar fácilmente la resistencia, ese es el plan, así se dará el despojo de manera impositaria”.


Sin embargo, sostuvo que aún el 40 por ciento de los núcleos ejidales están en resistencia y confía en que con la organización que han mantenido desde hace muchos años, las empresas trasnacionales no podrán avanzar, porque hay varios pozos que están dentro de los ejidos en los que no pueden entrar y puso de ejemplo el pozo número 1 de Chicontepec, “está reservado desde 1968, Pemex lo visita de vez en cuando, pero hay resistencia y no pueden entrar porque está dentro de un ejido en resistencia”.


Fuente: La Jornada Veracruz

viernes, 10 de julio de 2015

Cemex, “cómplice” de la ocupación israelí

JERUSALÉN (Proceso) .– La carretera que lleva desde las ciudades palestinas de Ramallah y Jericó hasta el norte de Cisjordania discurre entre aldeas árabes, campamentos de beduinos y asentamientos israelíes. Las colinas de tierra árida salpicadas de olivos y de toneladas de chatarra y basura conducen al retén militar de Hawara. 

Metros antes, los automóviles israelíes y palestinos se separan de forma metódica. Los primeros toman los desvíos que conducen a las colonias de Itamar o Elon Moreh, los segundos siguen recto hasta llegar a la ciudad palestina de Nablus.

Hawara es uno de los retenes militares construidos con cemento de la compañía israelí ReadyMix Industries, propiedad de Cemex, y una de las pruebas flagrantes de que el hormigón producido en las canteras palestinas de Cisjordania no se destina a la población local, sino a la industria israelí.

Hawara está en la lista de motivos que ha provocado que la aseguradora KLP decida excluir a Cemex de su cartera de inversiones.­

El retén no es un lugar cualquiera. Para israelíes y palestinos es sinónimo de violencia y miedo porque frente a esos muros de hormigón ha habido enfrentamientos, atentados y muertes. Los habitantes del norte de Cisjordania lo recuerdan como la imagen flagrante del aislamiento y de la segregación a los que estuvieron sometidos a partir de 2001, con el estallido de la segunda intifada, y hasta 2011, cuando el retén fue parcialmente desmantelado. Las escenas de decenas de palestinos alineados, aguardando su turno desde antes del amanecer para cruzar el checkpoint y acudir a trabajar, a visitar familiares o al hospital están grabadas aún en la memoria colectiva.

La apariencia física del retén ha cambiado mucho. Se han retirado muros de hormigón y el personal militar ha disminuido, ya que las restricciones de movimiento de los palestinos son menores. A pocos metros de Hawara, un enorme panel rojo recuerda a los israelíes que a partir de ese punto se encuentran en zona A, es decir controlada civil y militarmente por la Autoridad Palestina, y que ir más allá sería ilegal, según las normas israelíes, y les expondría a un gran “peligro”.

Las actividades de Cemex, vía sus subsidiarias, están en la llamada zona C, que representa 60% de la superficie de Cisjordania y está totalmente controlada por Israel. En esta parte de Palestina están los asentamientos israelíes, las carreteras exclusivas que los conectan con otras ciudades, además de varias áreas de seguridad.

La comunidad internacional declara que los asentamientos israelíes en tierra palestina son ilegales. Sobre el papel está escrito que Israel deberá ceder ese territorio a las autoridades palestinas cuando se logre un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. En la práctica y con las conversaciones de paz congeladas, la presencia israelí en la Cisjordania ocupada se confirma y se incrementa.

Según cifras de la ONG israelí­ Bet’selem, la expansión de los asentamientos se ha acelerado y en estos momentos más de 300 mil colonos viven en Cisjordania, a los que se suman 200 mil que residen en Jerusalén-este, también ocupada por Israel.

Para Kommunal Landspensjonskasse (KLP) la actividad de Cemex en estas tierras ocupadas “representa un riesgo ina­ceptable de violación de las normas éticas fundamentales”.

El gigante de los seguros explica su decisión de suspender sus negocios con Cemex y con una cementera alemana llamada HeidelbergCement, también presente en Cisjordania, porque “explotar recursos naturales de un territorio ocupado que no tiene autodeterminación puede ayudar a prolongar el conflicto (…) y es un incentivo para continuar con la ocupación, cuando ésta debería ser temporal”.

Expolio

KLP sustenta su decisión en las Regulaciones de La Haya, la cuarta convención de Ginebra y diversas decisiones de la ONU. Además, la aseguradora buscó asesoría legal antes de pronunciarse sobre la exclusión de Cemex.

En los documentos que describen sus deliberaciones y la razón de esta decisión, KLP subraya que Israel no cumple con sus obligaciones de Estado ocupante, y empresas como Cemex se convierten en “cómplices” del expolio y de la ocupación cuando, por ejemplo, pagan tasas y licencias a Israel y destinan sus productos al mercado israelí.

Según Who Profits from de Occupation (Quién se Beneficia de la Ocupación), un centro de investigación israelí nacido hace casi una década para denunciar las actividades comerciales de empresas israelíes y multinacionales extranjeras en tierras palestinas y sirias ocupadas, Cemex, vía la firma israelí ReadyMix Industries, tiene desde 2005 plantas en al menos tres asentamientos de Cisjordania: Mevo Horon, Atarot y Mishor Edomim, y su cemento ha sido usado en la construcción de colonias israelíes.

“La compañía ha suministrado cemento para la construcción de un muro de seguridad en torno al puente de Gilo”, al sur de Jerusalén, también en la Cisjordania ocupada. Hormigón producido por la empresa fue usado “en la construcción de varios retenes militares en Cisjordania, como Eyal, Hawara y Azun-Atma, y la firma también suministró material para la construcción del tranvía de Jerusalén, que está planificado para conectar la ciudad con los asentamientos que la rodean”, agrega el centro de investigación.

Además, Cemex, vía su subsidiaria Lime & Stone, posee 50% de la cantera de Yatir, localizada cerca de la ciudad palestina de Hebrón, también en Cisjordania. 

“El material de construcción extraído es usado en beneficio de Israel sin ningún permiso de los palestinos”, explica a Proceso Adri Nieuwhof, abogada especializada en derechos humanos y autora de numerosos análisis sobre las actividades de Cemex en Israel y en los territorios palestinos ocupados.
Who Profits from the Occupation tiene fotografías y datos de las propias compañías, desde balances financieros anuales hasta listados telefónicos oficiales, para sustentar sus datos sobre las actividades de Cemex en la Palestina ocupada. El logotipo de ReadyMix era bien visible en los bloques de cemento de los retenes de Hawara y Azun-Atma, y los camiones con hormigón producido en Cisjordania por Cemex han sido fotografiados entrando a Israel y entregando toneladas de material de construcción en asentamientos.
KLP recuerda que las regulaciones de La Haya permiten la extracción de recursos naturales de una tierra ocupada sólo si se produce al mismo nivel que antes de que empezara la ocupación y si los beneficios de dicha extracción se consagran a la población local o a minimizar los costos de la ocupación. En 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por la explotación por parte de Israel “de recursos naturales palestinos” e instó a Israel a “no explotar, causar pérdidas o poner en peligro dichos recursos”.

Para KLP no fue fácil tomar una decisión en el caso de Cemex, explican los responsables en su informe final, porque las canteras de Cisjordania se crearon después de 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén-este. Sin embargo, KLP sí ha reunido datos que muestran que los beneficiados de la extracción no son los habitantes locales, es decir, los palestinos, ya que los colonos israelíes no pueden considerarse en ningún caso población local.

“Pese a que Cemex está totalmente informado de las violaciones israelíes de la ley internacional en Cisjordania, no muestra ningún signo de cambiar su política en esta región”, resumen responsables de Who Profits from the Occupation.

“Intifada diplomática”

En 2013, Cemex ya fue excluido de la cartera de inversiones de Nordea, el mayor grupo de servicios financieros de la región Báltica, con sede en Estocolmo, por “violación de los derechos humanos y extracción de recursos no renovables de un territorio ocupado”.
Pese a estas desinversiones, es imposible saber si los negocios de Cemex en Cisjordania disminuyeron en los últimos años. Los miembros de Who Profits from the Occupations explicaron a Proceso que no tienen cómo medir las actividades de Cemex en los territorios palestinos. “Esas cifras simplemente no existen, porque las compañías están registradas en Israel y no diferencian entre sus actividades en Cisjordania y en Israel”, matizaron.

Cemex no es un caso aislado. En los últimos años, otras entidades financieras y compañías aseguradoras internacionales han tomado medidas similares contra compañías extranjeras que tienen negocios en asentamientos israelíes o una política comercial que no favorece indirectamente el fin del conflicto israelo-palestino.

KLP explica que se entró en contacto “con Cemex varias veces en el transcurso del año pasado para fijar una reunión y conversar sobre este tema, pero no se logró concretar el encuentro”. Por tanto, la firma noruega “ha tenido que confiar en la información pública disponible sobre las actividades de Cemex en estas canteras y las opiniones de la compañía al respecto”.

Proceso también envió varias preguntas a las oficinas centrales de Cemex en México sobre sus actividades en Cisjordania y la decisión de KLP. La empresa respondió que por el momento no desea realizar comentario alguno.

En junio de 2011, Cemex sí respondió a un artículo publicado por Adri Nieuwhof sobre sus actividades en Cisjordania, a petición del Business & Human Rights Resource Centre, una organización independiente que rastrea el comportamiento y los posibles abusos de más de 6000 empresas en el mundo entero. Es la única respuesta oficial de Cemex sobre sus negocios en Israel y Cisjordania.

“Las actividades de CEMEX, incluyendo las que realiza en Israel, respetan todos los requisitos legales y se centran en nuestro negocio de base, que es producir y vender materiales de construcción. Somos un ente comercial, no estamos implicados en ningún proceso político y no expresamos opiniones políticas”, expresa la compañía en esta carta, en la que considera que sus actividades son “compatibles” con los acuerdos de paz de Oslo de 1993, que estipularon que estas zonas están “bajo control y responsabilidad de Israel” hasta que se llegue a un acuerdo definitivo entre palestinos e israelíes, algo que todavía no se ha producido.

La compañía explica además que da empleo a palestinos, les paga dignamente y valora a todos sus trabajadores por igual y basándose en sus capacidades profesionales.­

Por otra parte, subraya que en la explotación de la cantera de Yatir, en la que posee 50%, los permisos y logística correspondientes son responsabilidad de un socio local y no de su subsidiaria, Lime & Stone.

Por último argumenta que parte de la producción de esta cantera es vendida a clientes palestinos.

“Las opiniones de una compañía que se beneficia de la ocupación no pueden tomarse en serio”, responde, tajante, Adri Nieuwhof.

“El hecho de que Cemex dé trabajo a palestinos en estas canteras no es suficiente para decir que la compañía está explotando recursos de una manera que favorece a la población local. De los beneficios obtenidos, Cemex está pagando impuestos a las autoridades israelíes y su producción se usa mayoritariamente en el mercado local israelí”, estima KLP en sus conclusiones.

La decisión de la aseguradora noruega es una excelente noticia y otra victoria para el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que desde 2005 lleva a cabo su “intifada diplomática” contra Israel. El boicot y la internacionalización de su causa parecen ser ahora las armas palestinas para lograr el fin del conflicto y la creación de su Estado, una vez que un sinfín de rondas de negociaciones bilaterales terminaron en dolorosos fracasos.

“La decisión de KLP es un paso adelante y está en sintonía con lo que pasa en otros países. Esperamos que otras compañías imiten a KLP. Por nuestra parte, en BDS estamos haciendo una lista de empresas que tienen negocios en asentamientos, les vamos a pedir que pongan fin a sus actividades, y si no responden, haremos pública esta lista”, explicó a Proceso Mustafá Barghouti, uno de los responsables de BDS.

Fuente: Proceso
Autor: Beatriz Lecumberri

martes, 7 de julio de 2015

Maestros y alumnos de la UAEM piden retroceder ley que 'viola' autonomía


Cuernavaca, Mor. El Consejo de Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se declaró en sesión permanente y aprobó que mañana (martes) los alumnos y trabajadores de la máxima casa de estudios salgan a marchar a las calles para exigirle a los diputados del Congreso local y al gobernador, Graco Ramírez, que retrocedan en sus intenciones de violar la autonomía universitaria.

En entrevista, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, precisó que la demanda concreta a los legisladores será que saquen a la UAEM de la Ley Anticorrupción, porque por media de esta, el Congreso local, por ordenes del gobernador, Graco Ramírez, pretende “controlar” a la máxima casa de estudios del estado; situación que no pasó con la UNAM en la Ley nacional Anticorrupción, argumentó, el rector, Vera Jiménez.

“Es una intromisión directa a la vida universitaria, nos parece que violenta la autonomía de manera total y absoluta, los alcances de la Ley federal, de las reformas constitucionales que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, no contemplan en lo absoluto a las universidades, ahí lo podemos ver en las minutas de trabajo y en los acuerdos que sostuvieron tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, en donde ellos precisan a quienes se están refiriendo cuando hablan de los organismos autónomos y no incluyen a la universidades. Ya quisiera ver que la impusieran algunas cuestiones en la vida interna a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por supuesto que no lo iban a permitir, y me parece que en este caso (Morelos), se extralimitan totalmente e invaden la esfera de la autonomía de la Universidad”, aseguró.

El rector, Alejandro Vera Jiménez, explicó a los diputados locales que la UAEM es “un organismo constitucionalmente autónomo, somos un organismo público autónomo y somos autónomos por ley, en consecuencia no nos aplica en absoluto esta reforma, eso no quiere decir que no estemos comprometidos y asumamos compromisos claros y contundentes con la rendición de cuentas, con la transparencia, el acceso a la información y todas estas cuestiones que la Universidad por cierto está muy bien calificada”, agregó el rector.

Alejandro Vera Jiménez criticó además que el congreso local haya aprobado de manera exprés la mencionada (la Ley Anticorrupción), ya que la reforma constitucional anota que las entidades federativas tendrán después de emitidas las leyes 6 meses para hacer las reformas constitucionales que consideren “en el ámbito de sus entidades federativas y aquí no entiendo la prisa. Y por otro lado no entiendo por qué en el propio decreto que está sacando el Congreso- de reformas constitucionales- se haga expreso de manera tan puntual y tan contundente su interés por incorporarnos dentro del conglomerado de organismos constitucionalmente autónomos cuando no se ha reformado el Artículo Tercero Constitucional y en consecuencia nosotros seguimos siendo autónomos por Ley. No entiendo las razones de meternos en ese paquete y violentar la autonomía”, subrayó el rector Vera Jiménez.

Por esta situación esta tarde el Consejo Universitario aprobó declararse en sesión permanente y salir a marchar toda comunidad universitaria este martes, desde el campus Chamilpa, al Congreso local, para entregarle un documento a los legisladores y éstos “reconsideren, hagan las precisiones y los alcances necesarios a efecto de salvaguardar la autonomía universitaria; la autonomía universitaria no tiene que ver solamente con cuestiones de carácter académico , sino también de autogobierno y financieras”.

Para el rector de la máxima casa de estudios la mencionada ley, que aprobó el congreso local la pasada semana y envió ya los ayuntamientos para que la aprueben, pretende, por órdenes del gobernador, Graco Ramírez, “amordazar a la universidad y de callar a la universidad, y someter a la universidad, y eso justamente no lo vamos a permitir”, advirtió.

Aclaró que si fuera transparente esta ley, y realmente fuera para combatir la corrupción de las autoridades del estado, los legisladores hubieran invitado a la comunidad universitaria para proponerles e informarles sobre las reformas a la ley orgánica de la UAEM, pero como lo que quieren es “controlarla”, pues no se les convocó, y quieren “cambiar la constitución del estado”, sin que esta sector sea consultado.

En caso, de que los diputados no saquen a la UAEM, adelantó el rector, los titulares de los órganos de control estarían nombrados por el congreso local, y en ese sentido pierden “total autonomía”. Además el rector atribuyó que el gobernador, Graco Ramírez, y la mayoría de los diputados locales quieren amordazar a la UAEM, por su acompañamiento que ha hecho a los 60 pueblos de Morelos que se oponen a las mega obras que impulsa el gobernador y el presidente priísta del país Enrique Peña Nieto. “ Lo que quieren es tener una universidad sometida, dominada, callada y que responda a intereses y vaivenes políticos; y eso es lo que no vamos a permitir”, concluyó.


Fuente: La Jornada
Autor: Rubicela Morelos Cruz
 


lunes, 22 de junio de 2015

Veracruz ficha a 20 activistas como “personas peligrosas” durante las elecciones

Previo a las elecciones la Policía Estatal elaboró un informe de personas consideradas de riesgo que incluye estudiantes activistas, integrantes de la CNTE y de la oposición.

Antes de las elecciones del domingo  7 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruz elaboró un informe en el que varias personas fueron identificadas y señaladas -entre ellas estudiantes, maestros de la CNTE y líderes sociales y políticos- como potenciales amenazas a los comicios y estabilidad del estado.

La existencia de ese informe fue denunciada públicamente por activistas, luego del ataque que 48 horas antes de la votación sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana por un comando de personas encapuchadas y armadas, caso que sigue bajo investigación y cuyo móvil no se ha esclarecido.


Animal Político tuvo acceso al documento de la Secretaría de Seguridad estatal denunciado por los activistas. Se trata de una presentación titulada “Avance del proceso electoral federal 2015” en donde aparecen, entre otros datos relativos al proceso electoral, una lista de 20 personas la mayoría de ellos con nombre completo y fotografía.

Avance Del Proceso Electoral Federal en Veracruz:



En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan relaciones con otras personas o grupos.
El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.

Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.

Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.

“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.

Los estudiantes

La presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, describe  en la primera parte las condiciones de seguridad en torno a los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre ataques en contra de candidatos en el país.

Pero en la segunda parte enumera a 20 personas en total que por distintas razones podrían incurrir en un intento de boicot en contra de los comicios o de las instituciones. Los casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.

En primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias “Canek” estudiante de la  Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.

A Ramírez la SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo de 50 a 100 activistas de quienes no se aporta mayor información.

Además a “Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda” como literalmente dice el documento  y se nombran a seis personas más de los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.

Los otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de nombre Lavida;  Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.

En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar su facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con “Canek”.

Los otros estudiantes señalados son Andrea Franco López, estudiante de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e isidro González Valerio quien preside la confederación de Estudiantes y Jóvenes del estado de Veracruz (CEJEV).

Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.

Maestros y opositores

Además de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también colocó en el informe a otros personajes a los que señala como instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones,

En el caso de Romero Agustín, el informe hace hincapié en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán” sin otros detalles.

También es mencionada María Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada  federal  por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz  afiliado al CNTE” y participante en manifestaciones, marchas y plantones.

Otros dos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano a la CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con “manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.

A continuación se mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de instalaciones debido a la desatención de sus demandas.

La lista la completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente Gerónimo  Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.

“Nos pasaron factura”


Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y con un palo con clavos,  la madrugada del 5 de junio.

Para el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad Veracruzana,  que les dejaron heridas que incluso aun requieren cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que colaboran.

– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.

– Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales.

En entrevista con Animal Político tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de que lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus compañeros estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero no había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar que estaban ahí.

Fueron una decena de personas encapuchadas quienes utilizaron bates de beisbol, palos con clavos salidos y bastones retractiles para destrozar las ventanas de la casa e ingresar al sitio donde estaban los estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en contra de los estudiantes.

Pero además de la agresión, para los estudiantes es clave la intervención que tuvieron los policías estatales que llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes. “Solo nos tomaron fotografías y nos interrogaron sobre si éramos estudiantes, nunca llamaron ni una ambulancia” dijo.

Ignacio reconoció que él y sus compañeros participan  en movimientos sociales en contra de políticas públicas y privadas como minería a cielo abierto, la privatización del agua, pero no solo a través de marchas sino de expresiones culturales y de protesta como la música o la poesía.

“Pero aun con los riesgos vamos a seguir alzando la voz porque este es en estado en el que se está secuestrando, asesinando, y no podemos callarnos” añadió Ignacio.

El jueves 18 de junio los estudiantes sostuvieron una reunión de dos horas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera Escamilla, quien confirmó que el organismo tiene abierto un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.


Posteriormente se realizó un encuentro con el fiscal del Estado, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les dijo que las indagatorias se encuentran en marcha y que no se descarta ninguna posibilidad en el ataque aunque no existe una fecha probable en que se darán a conocer los resultados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

jueves, 7 de mayo de 2015

Policía de Puebla disparó intencionalmente a joven que estaba sometido y lo mató: Procuraduría

Jaid Mothe Hernández, subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso, indicó la Procuraduría de Puebla, que agregó que el presunto responsable no tiene derecho a la libertad bajo fianza.

El subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, asesinó al joven Ricardo Cadena y no se trató de un accidente como había confesado el propio policía, informó la tarde de este miércoles 6 de mayo la Procuraduría General de Justicia de Puebla.

“Al realizar la reconstrucción de los hechos, dictámenes periciales en criminología, criminalística y balística, entre otros, así como diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público y la Policía Ministerial, establecen que el presunto responsable detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso.

“Lo anterior se confirma también ante la herida por proyectil de arma de fuego que presentaba el cuerpo del joven en el cráneo y que fue la causa de su fallecimiento”, indica un comunicado emitido por la Procuraduría.

Tras realizar la reconstrucción de los hechos y ante las pruebas recabadas, la Procuraduría estatal ejercitó acción penal en contra de Jaid Mothe Hernández por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, sin que tenga derecho a la libertad bajo fianza.

La dependencia indicó que, hasta el momento, se descarta que existan evidencias de que Ricardo Cadena y sus acompañantes hayan cometido algún delito, ya que se establece que salían caminando de un establecimiento en el que habrían consumido bebidas alcohólicas, sin que posteriormente se tuviese registro de su participación en otro tipo de circunstancias.

La Procuraduría señaló que la averiguación previa sigue abierta para deslindar responsabilidades de terceras personas, mientras que Jaid Mothe Hernández, quedó a disposición del Juez Penal de Cholula.

Horas antes, el procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourguet, había indicado que Ricardo Cadena no estaba pintando un grafiti, sino que fue interceptado por la policía cuando salía de un centro nocturno.

“No hubo un tema de grafiti, eso creo que sí es importante aclararlo, porque en los medios se ha manejado mucho, ellos (Ricardo Cadena, su hermano y un amigo) venían saliendo de un lugar de estos conocidos como botaneros, cuando fueron interceptados por la policía municipal, fueron correteados, los jóvenes trataron de correr al ver la presencia policiaca, y ocurrió el lamentable hecho, que, desde luego, vamos a deslindar responsabilidades”, señaló el procurador.

Carrancá Bourguet señaló que la noche del lunes 4 de mayo se realizó una reconstrucción de los hechos en la que se recabaron indicios que podrían determinar si hubo un forcejeo entre Ricardo Cadena y el subdirector de Seguridad Pública de San Pedro Cholula.

Jaid Mothe Hernández se entregó a las autoridades el pasado 3 de mayo por la noche para ser investigado por el asesinato de Ricardo Cadena, de 18 años, quien falleció por un disparo en la nuca.

“Me bajo (de la patrulla) yo y me voy sobre la calle N. Morones y ya estas personas iban corriendo, entonces empiezo a correr. Mi arma la llevo a la altura del pecho, entonces voy corriendo cuando me sale una persona de entre los vehículos y me impacta. Mi arma la llevaba a la altura del pecho y forcejeamos en esa parte y es cuando se ocasiona el accidente”, dijo Mothe Hernández al reportero Odilón Darios, citado en una nota de e-consulta.

“La versión que nosotros tenemos es que (los policías) recibieron un reporte acerca de que se encontraban un grupo de jóvenes en la vía pública, hablan de que estaban pintando alguna barda, algún grafiti (…)”, dijo a Animal Político el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa Torres.


El hermano de Ricardo Cadena, quien estaba con él e incluso fue detenido, dijo:  “Todos nos echamos a correr, mi hermano me dijo ‘Córrele, si no te van a agarrar’. Entonces yo me fui a esconder al bar donde estábamos y me sacó la patrulla, pero me sacó a golpes. Entonces ya me subieron a la camioneta y escuché el sonido del arma. Ya después se alteraron los policías y se fueron muy rápido y me llevaron detenido. Los que me detuvieron a mí eran tres o cuatro, no vi porque me tenían sometido”, de acuerdo con un reporte de e-consulta.

Consultar el comunicado íntegro que emitió la Procuraduría de Puebla:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.