El GDF fabrica delitos a los más vulnerables “para limpiar las calles”, acusa grupo civil

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ejerce una política de “limpieza social” contra las poblaciones callejeras y recurre a instituciones de seguridad y procuración de justicia para fabricarles cargos e imputarlos penalmente, acusó el director de la organización civil El Caracol, Luis Enrique Hernández, que trabaja con poblaciones callejeras desde hace más de 20 años.

Hernández hizo tal señalamiento a raíz de la sentencia que el Juzgado Cuarto de lo Penal en la Ciudad de México dictó en contra de seis jóvenes callejeros, por el delito de robo agravado calificado en pandilla.

Los jóvenes fueron detenidos, junto con otros 11 varones, el 22 de abril de 2014, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en la calle Artículo 123, donde vivían. Además de la detención de los 17 hombres, ese día fue desalojado el grupo de alrededor de 30 personas que ocupaban la banqueta de la calle como vivienda y sus cosas fueron tiradas, en su presencia, a un camión de basura.

Los 17 detenidos fueron retenidos por aproximadamente dos horas en las inmediaciones de la Alameda Central antes de ser puestos a disposición de una autoridad judicial, de acuerdo con El Caracol. A seis se les acusó ante un juez cívico por faltas administrativas, mientras que los otros 11 fueron presentados ante el Ministerio Público: a cinco se les acusó de narcomenudeo y a los seis restantes de robo agravado.

Los cinco acusados de narcomenudeo ya fueron sentenciados, dijo el director de El Caracol. El pasado 20 de marzo, el Juez Cuarto de lo Penal en el Distrito Federal dictó sentencia contra los seis acusados de robo.

La sentencia, de cuatro años con 9 meses en prisión, fue emitida tras un proceso de 11 meses durante el cual la defensa de los seis jóvenes presentó diversas pruebas, como fotografías, videos de la SSPDF y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y más de 10 testigos, para acreditar que los imputados no cometieron el hurto del que se les acusa.

Mas estas pruebas fueron desestimadas por la jueza del caso, a decir de Johana Sánchez Rojas, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y quien ha acompañado el proceso legal de los jóvenes.


En un video producido por El Caracol, dos de los jóvenes que fueron detenidos ese 22 de abril de 2014, así como una de sus compañeras callejeras, dan sus testimonios anónimos sobre lo ocurrido ese día.



Los jóvenes narran cómo los policías los subieron a una camioneta sin explicarles por qué y les dijeron que sólo los habían detenido mientras desalojaban su campamento callejero. Sin embargo, no los dejaron libres sino que al lugar donde los mantenían retenidos llegó una pareja que señaló a dos de sus compañeros de supuestamente haberles robado.

Para acreditar el delito de narcomenudeo se presetaron 56 grapas de cocaína que supuestamente portaban cinco de los detenidos.

Sánchez Rojas refirió que una persona cercana a las organizaciones posteriormente a la detención identificó en un operativo policiaco a la mujer que supuestamente fue asaltada.

Pese a que la defensa de los seis jóvenes callejeros solicitó a la jueza que investigara si la supuesta víctima de robo era policía, ésta se negó, a decir de Sánchez Rojas.

Los seis jóvenes han pasado su proceso internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se ha violado su derecho a la comunicación y a recibir visitas, de acuerdo con El Caracol.

Además, durante el proceso han sido víctimas de actos discriminatorios, acusó Sánchez Rojas, quien refirió que la sentencia se apelará.


CASO PARADIGMÁTICO

Hernández dijo que el grupo de personas callejeras de Artículo 123 es “paradigmático” en el tema de criminalización de poblaciones callejeras, pues han sido objeto de violaciones recurrentes de la SSPDF o de ”particulares contratados”, según los propios afectados, desde hace 10 años.

En la década que el grupo lleva en las calles han padecido 11 acciones calificadas por El Caracol como de “limpieza social”, como desalojos, detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad e internamiento forzado en un centro para tratamiento de sustancias.

Asimismo, la organización El Caracol, que desde 2002 los apoya en procesos de acompañamiento y educación, ha sido objeto de amenazas, desalojo por parte de particulares, difamaciones, detenciones y la intervención de su servidor de internet.

Sin embargo, en el desalojo del grupo de callejeros ocurrido en abril de 2014, se recurrió a un nuevo estadío de la criminalización, a decir de las organizaciones acompañantes.

“Ya no sólo es retirar a población callejera sino fabricarles delitos”, expresó Sánchez Rojas.

“Hay una decisión política de desalojar a poblaciones callejeras sin ofrecerles alternativas de inclusión social”, dijo Hernández, quien subrayó que las organizaciones que trabajan con poblaciones callejeras no defienden que permanezcan en las calles, sino que se garantice su acceso a sus derechos a través de una política integral de inclusión social.

El Caracol, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras y la Red por los Derechos de la Infancia en México solicitaron, en un pronunciamiento conjunto, que la instancia jurídica que ahora analizará el caso tome en cuenta las pruebas aportadas por la defensa, así como que el gobierno capitalino ponga fin a las acciones de “limpieza social” contra poblaciones callejeras.


También demandan la creación de una política pública de atención integral desde una perspectiva de derechos humanos, que privilegie la seguridad humana por encima de la seguridad pública.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-03-2015/1292035.

Ciudadano reclama a Delegado suplente demolición de edificio… y termina en prisión

Policías capitalinos detuvieron al ciudadano Fernando Murrieta, vecino de la Delegación Benito Juárez. ¿Su delito? Reclamar a Ricardo Amezcua Galán, encargado de despacho de la Jefatura Delegacional en sustitución del Delegado Jorge Romero, porque la demarcación derribó la Octava Agencia del Ministerio Público para ampliar el centro comercial Parque Delta.

En entrevista para SinEmbargo, Fernando Murrieta aseguró que en ningún momento mostró una actitud agresiva ni violenta contra el Jefe Delegacional suplente. Simplemente ejerció su derecho ciudadano de cuestionar sobre una acción de gobierno que afecta a cientos de vecinos en la localidad.

Pero la respuesta de las autoridades, dijo, fue someterlo, llevarlo al Ministerio Público, golpearlo, amenazarlo y después liberarlo por falta de pruebas. Murrieta adelantó que levantará una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (DHDF) por el maltrato recibido por parte de la policía capitalina.

Una vecina de la zona logró grabar con su celular el momento en que cuatro agentes policiacos, uno de ellos con Placa 875614, lo sometieron y, a empujones, lo subieron a la patrulla P37-36 del sector Narvarte-Álamos.

Murrieta detalló que el pasado sábado 28 de marzo regresaba de desayunar con sus padres cuando observó que Ricardo Amezcua Galán, acompañado de una comitiva de policías, empleados y algunos vecinos, recorría la colonia Narvarte Poniente.


Aunque en un principio no era su intención increpar al Delegado suplente, Murrieta consideró necesario pedir una explicación al servidor público preguntar a Amezcua Galán el hecho de que se demoliera la Octava Agencia del Ministerio Público, un inmueble protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) sin que las autoridades dieran mayores explicaciones.

“Yo me acercó al señor, le pido qué es lo que pasó con ese terreno que nos explique por qué fue concesionado a Parque Delta. Él me contestó que no tenía por qué dar explicaciones, que ese terreno era propiedad de la Delegación [Benito Juárez]. Yo le dije que si ese terreno pertenecía a la Delegación entonces también era de la comunidad, que no tenían razón para concesionarlo”, dijo a este diario digital.

Amezcua suple a Jorge Romero, quien se fue a hacer campaña luego de un gobierno polémico y cargado de acusaciones.

Los vecinos están inconformes por la demolición de “La Octava”, un edificio que era considerado un legado cultural de la ciudad porque albergaba vestigios de un templo dominico del siglo XVI.

Ahora, gracias a permisos otorgados por el Jefe Delegacional con licencia Jorge Romero, ahora candidato a una diputación plurinominal en la Asamblea Legislativa, se construye en ese enorme predio un moderno complejo que servirá como ampliación del centro comercial Parque Delta.

Fernando Murrieta adelantó a SinEmbargo que levantará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.


“Voy a presentar una queja ante Derechos Humanos por la amedrentación física que tuve, no por ejemplo, no puedo caminar muy bien porque me duelen mucho las rodillas y en la espalda tengo laceraciones, también por mis cosas y la ropa que me rompieron, la verdad es que soy una persona decente trabajo, las cosas que tengo las compré con mucho esfuerzo como para que venga un fulano y haga esto solo porque tiene un poder”, recalcó.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-03-2015/1296770.

Por “pandillerismo”, detienen a líder de indígenas golpeadas en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Julio César Álvarez de los Santos, líder de las mujeres indígenas chontales que ayer fueron golpeadas por policías estatales, fue detenido por “alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que mantener el orden público y garantizar el libre tránsito de las personas constituyen dos condiciones fundamentales que el Estado mexicano está obligado a salvaguardar, “sin ceder a presiones o chantajes de ningún tipo”.

Por ello, añadió, todo acto que atente contra esos derechos de la ciudadanía “será siempre atendido sin cortapisas con los instrumentos que establece la ley”.

Explicó que ante la protesta de las mujeres indígenas, “que incluyó el cierre obligado de instalaciones de gobierno”, elementos de la SSP se apersonaron en la zona “para resguardar la seguridad de oficinas y personal de las distintas dependencias ubicadas en el Centro Administrativo, pero sin menoscabo del derecho de manifestación de los inconformes”.

Sin embargo, ante la presencia del cuerpo policial, “los manifestantes incitados por Álvarez de los Santos respondieron con agresiones físicas y verbales que derivaron en una confrontación que arrojó un saldo de tres elementos de seguridad heridos”, apuntó.

A raíz del enfrentamiento, “incitado contra los policías”, Álvarez de los Santos fue detenido junto con Antonio Castellanos Hernández “por alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, detalló.

Por su lado, el gobernador Arturo Núñez comentó que con actos como el de ayer, las indígenas chontales no tendrán ningún apoyo del gobierno del estado.

“El gobierno del estado apreció y no responde y esa no es su función: hacer maquilas… de acuerdo, y si andan con Julio César Álvarez, que es un vival, menos. Que no ande interrumpiendo actos del gobernador”, dijo textualmente el mandatario.

A su vez, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, informó que el gobierno sí ha apoyado y tiene voluntad de ayudar a las mujeres que solicitan la instalación de la maquiladora de ropa en el municipio de Macuspana, pero que la “intransigencia” de su líder, Julio César Álvarez, es el principal obstáculo.

El funcionario realizó un periplo por noticieros de radio para explicar que desde el inicio del gobierno nuñista se ofrecieron apoyos de capacitación y equipamiento para la instalación de maquiladoras.

No obstante, dijo, estos ofrecimientos fueron rechazados por Julio Álvarez por considerar que no obedecían al tamaño del proyecto que pretenden.

Pese a ello, se apoyó el diseño e integración del proyecto en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un consultor externo financiado por la SDET, apuntó.

Igualmente se respaldó la constitución legal de la sociedad Exótica Textiles, para que el proyecto pudiera presentarse al Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem) de la Secretaría de Economía federal, como lo pide la normatividad, con una aportación de 2 millones de pesos.

A pesar de esto, añadió el funcionario, nadie de la Agrupación México Despierta, a la que pertenecen las mujeres chontales, se presentó a recoger la carta de respaldo a su proyecto, lo cual ocasionó que quedara fuera de la convocatoria de Inadem, pues ayer venció el plazo, de acuerdo con sus reglas de operación.

Reprochó que Julio César Álvarez no esté en ánimo de trabajar, sino de confrontar con el proyecto de la maquiladora.
Destacó que existen 80 proyectos con el Inadem que fueron presentados en forma y están operando con más de mil 300 personas que trabajan y generan empleos.


“El mensaje es que los apoyos del gobierno del estado y en particular de la SDET están al alcance de todo los ciudadanos que cumplan con la norma”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

Entre 10 y 15 policías golpearon al maestro Castillo en el desalojo de Acapulco, dice un testigo

Ciudad de México, 5 de marzo: Uno de los compañeros de marcha que vio vivo por última vez al maestro Claudio Castillo Peña, antes de que fuera bajado de una camioneta y golpeado por policías federales el 24 de febrero, relató que el profesor jubilado, debido a su discapacidad y por seguridad fue resguardado en esa unidad porque se pensaba que los agentes lo respetarían.

El maestro, que no quiso dar su nombre para evitar represalias, durante la marcha que convocó ayer la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en Acapulco rememoró que momentos antes del desalojo Claudio Castillo pidió que la camioneta donde iba fuera ubicada en otra parte ante el inminente desalojo.

En ese momento el encargado de manejar el carro no se encontraba cerca del lugar, indicó el maestro, situación que orilló a los profesores que se encontraban alrededor del carro a cerrar el vehículo para resguardar al profesor jubilado de 65 años.

El maestro que recordó el hecho violento dijo que se encontraba atrás de la camioneta, estaba comiendo cuando de manera inesperada vino el desalojo de los policías federales, el instinto de sobrevivencia lo envolvió y buscó refugio.

Indicó que nunca imaginaron que los uniformados no respetarían al maestro, pero los policías rodearon la camioneta y abrieron las puertas del vehículo, incluso rompieron los vidrios y bajaron al jubilado y lo golpearon con los toletes entre 10 y 15 policías.

El maestro dijo que en la marcha de ayer era visible la ausencia del maestro Castillo Peña, a quien subían y bajaban de la camioneta donde iba el sonido porque no podía caminar debido a la poliomielitis. Era el encargado principal de las consignas y orador en los mítines.

El profesor dijo que no fue un desalojo común de los policías federales el del 24 de febrero en el bulevar de Las Naciones, sino que iban con la consigna de golpear e intimidar a los maestros que protestaron para exigir certeza y estabilidad laboral, además del pago de sus quincenas y el reconocimiento de sus plazas.


El Gobierno federal mediante el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García dijo que la muerte del maestro jubilado Castillo Peña no fue producto de los golpes que los policías propiciaron a los maestros, sino de un “aplastamiento”. Ese día fueron detenidos 106 maestros que fueron puestos en libertad al día siguiente y la CETEG reportó a 500 heridos y cinco maestras violadas sexualmente por los agentes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Jacob Morales Antonio.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-03-2015/1271697.

Presuntos funcionarios públicos de León le tiran las donas al suelo a una vendedora ambulante

A través de las diversas redes sociales circula un video en donde se observa a una vendedora ambulante llorando después de que supuestos funcionarios públicos de León, Guanajuato, le tiraron su mercancía al suelo.

La descripción del video denuncia un presunto abuso de autoridad por parte de tres funcionarios de la Dirección de Mercados del Ayuntamiento, que rodean a tres vendedores ambulantes mientras en el suelo se aprecian tiradas varias donas de azúcar.

En la grabación también aparece un grupo de personas que reclaman los sucedido, acusando que lo que hicieron los presuntos funcionarios públicos no era justo, pues con dicha mercancía se mantenían los vendedores ambulantes.

Después aparece una mujer llorando y un hombre que la ayuda a recoger las donas del suelo, mismas que colocan de nuevo en una bandeja, mientras los funcionarios se mantienen en el lugar sin inmutarse.

“Sean conscientes, ya qué van a vender, van a vender basura, lo que ustedes quieren es que no vendan, ya mejor que se vayan”, se escucha decir a uno de ellos.

La mujer vendedora de “tres donas por diez pesos” continúa llorando, asegurando que ya no tienen nada que vender, al haberle tirado su producto al suelo.

“Ya no se van a vender, ya las tiraron, ¿qué más quieren”, le dice la vendedora al grupo de funcionarios de Mercados. “Ya me iba, me la jalaste de arriba”, dice otro de los vendedores.

“Que le pidan a Dios que nunca les falte que comer”, se escucha una voz. También se escucha a los testigos asegurar que fue uno de los funcionarios públicos quien le jaló la bandeja a la vendedora provocando que su mercancía cayera al suelo.

El grupo de personas reunidas alrededor también reclama a los supuestos funcionarios que en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes se encargan de acabar con el trabajo de los demás.

“Cuando asaltan en las oruga no hacen nada, a mí me robaron en la 69 y ahí qué hicieron, qué hicieron, nada”, se escucha decir a un hombre.


De acuerdo con algunos usuarios de la red social Facebook, los hechos se registraron en una estación de transferencia del Sistema Integral del Transporte (SIT), que identifican como San Jerónimo.

VÍDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-02-2015/1252926.

PGJDF acusa de abuso de autoridad al policía que mutiló la oreja a un joven

Un joven denunció que un policía del DF, tras infraccionarlo y discutir, le aventó la puerta de su automóvil, lo que le causó lesiones.

El policía que presuntamente hirió a Antonio de Jesús Nieto, quien sufrió la mutilación de una oreja el 18 de enero pasado, fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del DF por los delitos de abuso de autoridad y lesiones dolosas, informó la dependencia en un comunicado.

El policía acusado, Jorge Iván Trigueros, fue puesto a disposición del juez penal en turno del Reclusorio Preventivo Varonil Norte para que responda por los delitos que se le imputan, detalló la PGJDF en un comunicado difundido este martes 20 de enero.

De acuerdo con la declaración de Antonio de Jesús, 18 de enero circulaba por la calle Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde fue detenidos por el elemento de seguridad, quien lo infraccionó por dar un giro prohibido en un carril confinado para la ciclovía.

El joven narró a las autoridades que el uniformado tardó más de 15 minutos en imponerle la infracción, lo que provocó una discusión entre ambos, hasta el momento en que el servidor público azotó una de las puertas del vehículo “contra el agraviado que derivó en una amputación parcial de la oreja izquierda que de acuerdo con el reporte médico, se trata de una lesión que deja deformidad incorregible en pabellón auricular izquierdo, previsto y sancionado por el artículo 130, fracción VI del Código Penal vigente para el Distrito Federal”, informó la Procuraduría.


Tras el hecho, Antonio de Jesús abrió una cuenta en Twitter para denunciar lo ocurrido. Además narró la agresión en Facebook, donde escribió que el policía, después de una discusión de unos 30 minutos le permitió ingresar a su automóvil, pero le azotó la puerta, lo que le causó la lesión.



Esta mañana, Nieto dijo al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula que “Hasta ayer en la noche tuve una muy buena atención pero falta mucho todavía, la recuperación, sigo en el hospital, bien de salud, pero tengo que esperar hasta el viernes que le quiten la gasa para saber si respondió bien su cuerpo y pegó bien la oreja”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un video muestra al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, abofetear a un colaborador

De acuerdo con el material publicado en YouTube, y entregado al sitio Chiapas Paralelo, el mandatario estatal golpeó a su colaborador luego de que una mujer lo jalara con insistencia.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, abofeteó a uno de sus colaboradores durante un mitin, de acuerdo con un video difundido este martes 20 de enero por el portal informativo Chiapas Paralelo.

El video fue grabado con un teléfono celular el 9 de diciembre del año pasado, durante una gira por los municipios de la costa de Chiapas, para dar a conocer el Segundo Informe de Gobierno, de acuerdo con el sitio local de noticias.

Según la nota informativa publicada por el sitio, el video fue entregado por una persona que pidió el anonimato. 


Animal Político buscó la postura del gobernador, a través de la oficina de Comunicación social del estado, sin obtener hasta el momento una respuesta.



El Gobierno de Chiapas insiste en no hacer públicos los contratos de publicidad oficial que suscribió durante 2013 la administración del gobernador Manuel Velasco, incluidos los gastos que realizó para la producción y difusión de su Primer Informe.

En respuesta a una solicitud de información pública, realizada a inicios de 2014, el Instituto de Comunicación Social de Chiapas (ICOSO) señaló que es imposible entregar los contratos porque actualmente se utilizan para integrar la cuenta pública del 2013.


Esta es la segunda ocasión que el Instituto se niega a entregar la documentación. En 2013, Animal Político solicitó copias de los contratos, pero la respuesta fue que se encontraban reservados porque su difusión causaría un daño al “estado de derecho, la seguridad, el desarrollo, la cultura (…) y en general a todo el bien común” de la entidad. No obstante, señaló que una vez concluido 2013 se harían públicos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Dos mujeres autodefensas presas en penal varonil; una de ellas víctima de violación sexual

El padre Gregorio López solicitó la intervención de Amnistía Internacional (AI) para denunciar las violaciones a derechos humanos por el caso de dos mujeres integrantes de las denominadas autodefensas que se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Francisco J. Mujica de Morelia, Michoacán, cuando este es un penal exclusivo para hombres.

El día de ayer, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, solicitó a la Comisión Permanente que exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que realice una visita urgente a este penal, así como que inicie la queja correspondiente para verificar las condiciones de las dos mujeres autodefensas.

De igual manera pidió que mediante la cámara de Diputados se pida al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tome las medidas necesarias para que a las mujeres se les reubique en un penal femenil.

El Padre Gregorio indicó que una de ellas fue víctima de violación sexual y se encuentra embarazada, no ha sido juzgada y aparentemente las acusaciones por las que fue recluida son falsas, se le incriminó de portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, cuando no llevaba ninguna arma de fuego consigo.

Además de las acusaciones falsas, el que estén recluidas en los mismos separos que los otros 240 autodefensas hombres se encuentran doblemente expuestas a un alto grado de vulnerabilidad que las coloca en discriminación y violencia en su contra.

“Para el PRD esta situación es grave y debe cesar de manera inmediata. Las autoridades han vulnerado el principio de la debida diligencia, ya que no han actuado para evitar las discriminaciones directas surgidas de un proceso judicial que no ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, generando con ello un trato discriminatorio y desfavorable con graves consecuencias para estas dos mujeres”, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

El Estado debe sumir la responsabilidad y procurar los derechos humanos de las mujeres en cualquier situación de vulnerabilidad, por lo que “es pertinente que las autoridades competentes inicien las gestiones necesarias para su inmediata reubicación en un penal femenil y para que se inicie la  investigación por los posible delitos de violencia sexual en contra de una de ellas, para que se le brinde la atención médica, psicológica y jurídica necesaria que permita la reparación de los daños causado, así como las previsiones y la atención de salud materno infantil, que requiere por su condición de embarazo”, señala el comunicado de la legisladora, sin que se mencione el nombre y edad de las víctimas.


“Los hechos expuestos contienen elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y actos de autoridad contrarios a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contrala Mujer (Belém do Pará), así como a los principio de igualdad y no discriminación máximos estándares de la tutela pro persona (en ese caso pro mujeres) que contiene el artículo 1 constitucional”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a edil de Chiapas que “levantó” a un par de empresarios

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Después de ser exhibido en un video cuando captura y golpea a un par de empresarios, policías estatales detuvieron esta noche al alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, acusado de privación ilegal de la libertad, tortura, abuso de autoridad, lesiones y robo con violencia.

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron al edil, luego de que el Congreso aprobó por “urgente y obvia resolución” el desafuero de Díaz Pérez.

El ahora exalcalde fue exhibido el miércoles 14 en una rueda de prensa por dos empresarios que fueron “levantados” en un operativo encabezado por el propio Enoc Díaz Pérez y con el apoyo de policías municipales y su grupo civil armado denominado “Proyecto Amigo Revolucionario No 7”.

Edgar Belisario Fonseca García y Héctor Constantino Rendís Trujillo, propietarios del Centro Ecoturístico Siempre Verde, localizado en el municipio de Jitotol, fueron detenidos de forma arbitraria, torturados física y psicológicamente y finalmente liberados varias horas después sin cargo alguno.

Su “delito” fue el haber distribuido recortes de una nota periodística en la que se denunciaba la inseguridad en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Esta noche, el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez; el procurador Raciel López Salazar, y el secretario de Seguridad, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron a conocer la captura del exalcalde y cuatro de sus escoltas, quienes iban armados.

El exedil perredista se encuentra ya en los separos de la PGJE y se espera que en las próximas horas sea consignado junto a sus escoltas en el penal de El Amate.

Ramírez Aguilar dijo que el gobierno del estado actuará de manera muy firme para que se aplique la ley en este caso y sobre todo para que no haya impunidad.

Además, hizo hincapié en que harán valer el estado de derecho, sin importar los colores partidistas o las ideologías. Y que al igual que la ciudadanía están “sumamente agraviados e indignados por estos actos que son reprobables y lamentables”.

El procurador Raciel López Salazar dijo que se procederá contra el presunto responsable y sus escoltas, además de que se va a investigar a otros implicados.

El abogado de ambos empresarios, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que espera que sea cierto que no haya impunidad, pero sobre todo que se garantice la seguridad de los agraviados y sus familias, pues temen que los seguidores de Enoc Díaz tomen represalias en contra de ellos o sus instalaciones, el complejo ecoturístico Siempre Verde.

Eric Bautista Gómez, del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), pidió que se indague al exedil por los asesinatos de dos de sus compañeros ocurridos el 19 de diciembre pasado.

César Espinosa Morales, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, aseguró que, en cuanto tuvo conocimiento del tema, habló con Díaz Pérez, quien dio su versión de los hechos y manifestó su disposición a presentarse ante las autoridades en cuanto éstas así lo requieran.

El dirigente estatal añadió que tal como ya lo ha expresado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el PRD en la entidad se suma a la decisión de coadyuvar en el esclarecimiento de este caso, con el fin de que se realice una investigación apegada a derecho.

“Debemos ser serios y respetar por sobre todo a la ley y a las instituciones, en este caso específico de procuración de justicia, y no dejarse llevar por opiniones hechas al vapor o linchamientos mediáticos” advirtió.

César Espinosa recordó que debido a las ya conocidas situaciones que se han presentado en el país, en el PRD se decidió poner en marcha medidas en materia de prevención, transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano sobre los próximos candidatos y sobre cualquier militante perredista que ocupe algún cargo público, con el objetivo de contribuir al combate de la delincuencia en México, por lo que se dará puntual seguimiento al caso de Enoc Díaz Pérez.


“Como PRD nos hemos sumamos al combate a la delincuencia en todo el país, con acciones claras y no sólo con pronunciamientos, pues estamos convencidos de que las cosas se van a cambiar actuando”, justificó el líder perredista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

VIDEO exhibe cómo Alcalde del PRD en Chiapas y grupo armado golpean a dos empresarios

Dos empresarios chiapanecos fueron golpeados y luego llevados a la cárcel de forma arbitraria por Enoc Díaz Pérez, Alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, con el apoyo de unos supuestos policías y un grupo de civiles armados, muestra un video que circula en la plataforma de YouTube.

Los empresarios Edgar Belisario Fonseca García y Héctor Rendis Trujillo interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria, así como tortura física y psicológica en contra del Edil perredista. Además acusaron de inacción a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) en Chiapas y al Congreso local.

Su supuesto delito, explicaron los agredidos, es que uno de ellos fotocopió una nota periodística de un diario local, donde se hablaba de la inseguridad en el municipio y se criticaba al Alcalde Enoc Díaz Pérez por sus abusos de autoridad y su presunto enriquecimiento ilícito, y la distribuyó entre amigos y vecinos.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió hoy mismo al Alcalde que rinda su declaración. De no hacerlo, dijo, será sometido a un procedimiento interno.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre por la mañana, cuando a bordo de cuatro camionetas pick up, un grupo de presuntos policías municipales y de civiles armados llegaron hasta un rancho ecoturístico localizado en el municipio colindante de Jitotol para detener a ambos empresarios.

El grupo golpeó y detuvo también a algunos testigos que pretendían tomar fotos y videograbar los hechos.

Sin embargo, no se percataron que el sistema de video vigilancia captó el momento en que ingresan las unidades sin placas con los hombres armados a bordo.

En el referido audiovisual, que dura 5 minutos con 9 segundos, se puede observar cuando los supuestos policías de Pueblo Nuevo y sus acompañantes ingresan al restaurante. Allí someten con golpes y a patadas a ambos hombres para luego subirlos a una camioneta, y llevarlos a la cárcel municipal, de acuerdo con el testimonio de los propios empresarios.

Durante su traslado al lugar de su detención ambos empresarios acusan que fueron amenazados de que serían ejecutados y sus cuerpos serían quemados. Luego de algunas horas detenidos, ambos empresarios aseguran que fueron llevados a un auditorio donde se encontraban unas 300 personas. Ahí el Alcalde los acusó públicamente de ser “enemigos del pueblo” y de “obstaculizar el desarrollo del municipio”.

Una vez formulada la denuncia, sería “el pleno” de la concurrencia en juicio irregular, quien evaluaría la sanción a los detenidos de forma arbitraria.

La multitud pidió a los detenidos que dieran sus argumentos y alegaran su propia defensa. Al exponer la razón por la cual habían sido capturados, los indígenas reunidos en el auditorio exigieron que ambos fueran puestos en libertad.

Los empresarios denunciaron que fueron obligados a firmar un documento en el que reconocían que habían sido detenidos por la población en una de las calles del municipio, y no narrando los hechos como realmente sucedieron.

Después de signar el documento, ambos hombres fueron llevados ante el fiscal de distrito de la PGJE, quien al verlos les preguntó la razón de su captura. Las víctimas dieron a conocer los hechos e incluso asentaron que era falso lo que habían firmado, pues lo hicieron bajo presión y tortura psicológica, al asegurarles que irían a detener a sus esposas e hijos.

Tan pronto fueron liberados por el alcalde y sus hombres armados, los empresarios interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria y robo con violencia, pues además les despojaron de dinero y celulares.

Fonseca García y Rendis Trujillo señalaron que tienen temor por su integridad física, y que ninguna instancia del gobierno estatal les ha proveído las medidas se seguridad para ellos y sus familiares que viven bajo amenaza de muerte.

Los empresarios recordaron que el Alcalde fue detenido en el año 2010 acusado de diversos delitos, pero luego fue liberado. Pese a ello, volvió a ser candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ganó las elecciones en 2012 para ser el quinto Edil perredista en ese municipio indígena.

Una vez que asumió el cargo, el funcionario y sus hermanos David y Samuel Díaz Pérez edificaron lujosas casa para ellos y su madre, Florinda Pérez. Aparte de que el alcalde recientemente adquirió unas 100 hectáreas de tierras, aseguraron los empresarios.

También señalaron que Enoc Díaz Pérez presume ser protegido del líder estatal del PRD, César Espinosa, y de Los Chuchos, “y que por eso a él nunca le harán nada”.

Incluso, abundaron, uno de los hermanos del edil, Samuel Díaz Pérez, es secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRD.

EL PRD ORDENA AL ALCALDE DECLARAR

Hoy por la mañana, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ordenó al presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, presentarse a declarar ante las autoridades correspondientes.

La orden se dio con base en la aplicación del protocolo para personas expuestas que diseñó el partido de izquierda tras el caso del Alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, quien es acusado de la desaparición de 43 personas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, con base en el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, formaliza este día la instrucción a Díaz Pérez para que se presente de inmediato ante la autoridad competente para que declare sobre los hechos que se le imputan. Si el alcalde llegase a ignorar el exhorto que se le hace, se actuará en consecuencia, aplicando las sanciones correspondientes”, indicó el PRD a través de un comunicado.

El PRD también solicitó a los gobiernos de Chiapas y federal iniciar una investigación inmediata y apegada a derecho para deslindar responsabilidades.

DENUNCIAN QUE FINANCIA GRUPO PARAMILITAR

El lunes pasado, los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) de Chiapas acusaron que el Alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, financiar un grupo paramilitar, llamado “Los Diablos”, para despojar a los habitantes de la región de sus tierras y ganado.

Los campesinos denunciaron, precisamente, que este grupo fue quien asesinó a Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, por lo que solicitaron ayuda a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello para esclarecer el asesinato ocurrido hace 25 días.

Francisco Jiménez Pablo, representante de la Coordinadora nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), acusó que la indiferencia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para encarcelar al grupo paramilitar “Los Diablos” es bajo el argumento del respeto a la soberanía de Chiapas.

Reiteró que han tenido comunicación con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Enrique Miranda, pero “no vemos ni inteligencia operando, ni fuerzas públicas operando, puesta esta gente ["Los Diablos"] sigue moviéndose con toda impunidad en la región y manteniendo la zozobra no sólo a la familia Montejo sino a familiares de varias comunidades”.

No es la primera vez que los campesinos de Chiapas denuncian la falta de interés del Gobernador Velasco Coello. La semana pasada, Hermisando Gómez Girón, padre de Agustín Gómez Pérez, el joven de 21 años que se inmoló frente al Congreso de Chiapas para exigir la liberación de su tío, expuso que “el gobierno dice que apoya y ayuda a los pobres, pero es mentira”.

“Esta situación ha sido del pleno conocimiento del gobierno municipal, y sobre todo del gobierno del estado de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello y sus operadores han hecho caso omiso a nuestras denuncias y llamadas de auxilio precisamente para evitar estos detestables actos”, denunciaron.

Ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, los campesinos afirmaron que además de la muerte de Armando y Celestino, el grupo de “Los Diablos” conformado por 40 miembros han asesinado a 10 personas y decenas más han sido desplazadas en los tres años que va de la administración de Enoc Díaz, quien además busca postular a su hermano David para que le suceda en el cargo.

El Movimiento Campesino Regional Independiente había denunciado en diversas ocasiones que desde hace años bandas criminales tienen el cobijo de las autoridades municipales, especialmente en el municipio Pueblo Nuevo Solistahuacan.

En diciembre pasado acusaron que “Los Diablos” operan con total impunidad. Roban ganado, desalojan a pobladores de sus viviendas e incluso roban sus pertenencias cuando esto ocurre. Las denuncias son constantes ante el Ministerio Público, sin embargo “no se ha actuado conforme a derecho”.

Días después del asesinato de ambos, el Movimiento advirtió que los responsables intelectuales y materiales han amenazado a los familiares y acosan a comunidades aledañas. Portan armas de grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército.

“QUIERO JUSTICIA, NO VENGANZA”

Por su parte, Romeo Montejo López denunció el hostigamiento que sufre su familia por parte del Presidente municipal y su gente, quienes han bloqueado el camino con su gente para no dejar pasar a su familia y permanecen, hasta ahora, “secuestrados” en su colonia.

El hijo y hermano de Armando y Celestino Montejo explicó que sus familiares fueron asesinados el 19 de diciembre pasado, luego de que el Alcalde entregara “despensas y armas” a los miembros de “Los Diablos”.

“Tenemos deuda cuando enterramos a mi papá (alrededor de 60 mil pesos), con puro dinero prestado, y quiero pagar esta deuda pero esa gente que asesinó no deja que yo venda el ganado y piensa que me voy a vengar cuando lo único que quiero es que se haga justicia”, relató.

Romeo, quien logró salir de su colonia antes que asesinaran a su papá y hermano, aseguró que el Alcalde lo está persiguiendo, por lo que alertó que él lo que busca es justicia y no venganza.

Sin embargo, también comentó que el grupo paramilitar impidió que recogieran los cuerpos de su padre y hermano muertos para sepultarlos; posteriormente –detalló– cateó las casas de todos sus familiares, y ha impedido que vendan sus cabezas de ganado para pagar sus deudas y sobrevivir, además los mantienen prácticamente secuestrados al impedirles salir de sus casas.

Ante la serie de hechos violentos, Jiménez Pablo anunció que en los próximos días darán a conocer la ruta que van a seguir con una caravana que partirá de Chiapas hasta la Ciudad de México para pedir a la Secretaría de Gobernación que intervenga y ponga un alto a la situación que padecen.

Recordó que la agresión a Armando y su hijo forma parte de un clima de hostigamiento contra su organización por lo menos desde 2010, situación que ha sido corroborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha emitido dos recomendaciones, la 64/2011 y 11/2013, que pese a ser aceptadas por el gobierno de Chiapas, no han sido atendidas.

Los campesinos también expusieron que enviarán una carta al líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz, debido a que el Alcalde es de extracción perredista y que ayude a su destitución.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.sinembargo.mx/14-01-2015/1218868.

Detenidos del #20NovMx demandarán al gobierno por tortura

MÉXICO, D.F: Las 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre en el Zócalo tras la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, demandarán al gobierno por tortura.

Además, exigen la renuncia de Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida.

En conferencia, el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, el estudiante de bachillerato Juan Daniel López Ávila –dos de los 11 detenidos aquella noche– y Armando Barrera, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), acusaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica desde su aprehensión hasta su ingreso a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.

Durante el trayecto los amenazaron con que los matarían y desaparecerían sus cuerpos.

David Peña, uno de sus defensores, anunció que presentarán “una demanda de reparación del daño” y buscarán “una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados”.

La abogada Karla Michel, otra de las defensoras, informó que pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los dictámenes que obtuvo durante los hechos para detectar si las lesiones que recibieron pueden ser consideradas tortura.

Además, los abogados informaron que pedirán a la CNDH aplicar el Protocolo de Estambul para comprobar la tortura física y psicológica de las autoridades a sus clientes.

Fueron más detenidos

Maxwell y López –igual que las otras nueve personas detenidas–salieron de los penales de alta seguridad de Villa Aldama, Veracruz y de Nayarit el sábado pasado, luego de nueve días de reclusión. Fueron acusados por policías federales de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, pero el juez 17 de Distrito determinó que había falta de pruebas para dictarles el auto de formal prisión.

Este martes, ambos aseguraron que aquella noche hubo más detenidos en el Zócalo capitalino a manos de los granaderos locales y federales.

Doctorante en Letras de la UNAM, Lawrence recordó que los granaderos lo detuvieron cuando amarraba su bicicleta, cerca del edificio del Monte de Piedad. Según su relato, escuchó a un policía decir “a él, agárrenlo”. Luego le taparon los ojos con su propia chaqueta y lo golpearon brutalmente en la cara, pulmones y riñones.

Mientras era llevado a través de la plancha hacia Palacio Nacional, recibió más golpes y amenazas de cuatro uniformados. Al llegar a un camión, dijo, había más de 11 detenidos.

“Había un chavo a mi derecha, deliraba y vomitaba. Otro estaba inconsciente. No eran parte de los 11”, dijo.

Estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del DF, Juan Daniel dijo que fue golpeado por más de 30 policías y coincidió en que cuando lo llevaron al camión había más de 11 personas adentro.

“Éramos como 15. Los otros cuatro no se podían levantar por su propio pie”, recordó el joven de 18 años. “Pensé en suicidarme, pensé en matarme antes que la Procuraduría General de la República me hiciera algo”, dijo López.

Estas versiones coinciden con el reporte inicial que dio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien esa noche informó que eran 15 personas las detenidas tras los hechos violentos.

Coinciden también con lo que el Comité Cerezo declaró a Apro en días pasados, en el sentido de que hubo otras cuatro personas detenidas, pero que estaban tan golpeadas que los policías ya no las llevaron a la SEIDO, para evitar acusaciones de tortura.

La abogada Karla Michel, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que debido a que carecen de documentación al respecto, solicitaron información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Desde la noche de la detención y antes de que fueran trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), pedimos visitadores y les dijimos que había más de 11 detenidos”, detalló.

Además de la CNDH, pidieron información en hospitales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y la Policía Federal.


“Documentamos que hubo una persona tirada en (la calle) Corregidora, la Policía Federal la dejó por las lesiones que tenía y ya hay una queja ante la CNDH”, agregó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rescata ‘ombudsman’ a jóvenes encapsulados por la policía; 3 detenidos

MÉXICO, D.F: A las ocho de la noche, cuando terminó el mitin en el Ángel de la Independencia, el cual cerró la marcha pacífica en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, un grupo de encapuchados caminó por la lateral del Paseo de la Reforma y rompió vidrios de cuatro tiendas Oxxo y Extra, así como de sucursales bancarias, entre ellas la del Santander ubicado en la plaza comercial Reforma 222.

Los encapuchados se habían desvanecido por las calles aledañas cuando los centenares de granaderos del Distrito Federal, quienes los venían siguiendo a una buena distancia, bloquearon la avenida Reforma a ambos lados del Senado y “encapsularon” con violencia a las personas que ahí se encontraban.

Tres jóvenes fueron detenidos mientras protegían a una señora, Rosalinda Rosas Nieves, que los policías agredían, dejándola con la cabeza muy ensangrentada. Originaria de la delegación Tláhuac, Nieves, ya con la cabeza cubierta de vendas, relató, la garganta cerrada por el llanto:

“No los conozco a los muchachos. A lo mucho tendrían 20 años. Se los llevaron y les dijeron que ellos estaban tirando bombas molotov, cuando no es cierto, lo que hicieron fue defenderme para que no me golpearan más. Entre varios granaderos se los jalaron y los llevaron. Ellos no habían hecho nada más que protegerme”.

Al llegar a Reforma, “acá estaban los de negro. Unos de negro que estaban quemando cosas, unos con las caras tapadas. Y los granaderos a ellos no les hicieron nada. Se nos vinieron a toda la gente de frente, entonces nos hicimos para atrás. A los de negro no les hicieron nada, pero a nosotros sí nos pegaron. A mi hija la empezaron a jalonear, la replegamos a una reja (del Senado) y yo me agarré de la reja para que no se la llevaran”.

“Como veían que no la dejaba, me empezaron a pegar con los toletes y un granadero que tenía una máscara de acrílico y la cara oculta con un pañuelo blanco fue el que me pegó con un tubo en la cabeza y los otros me siguieron pegando. Los tres muchachos que se metieron a defenderme les decían ‘no le pegues a la madre’. Entre varios granaderos se los llevaron”.

Según la Secretaría de Gobierno capitalina, tres personas de sexo masculino fueron presentadas ante el Ministerio Público a raíz de la manifestación.

Miguel Herrera, director de la Brigada Marabunta, aseveró que todos los encapuchados responsables de los destrozos se habían ido cuando los granaderos cargaron contra la gente que caminaba sobre la avenida Reforma.

La Brigada Marabunta es una organización de la sociedad civil compuesta de observadores y defensores de derechos humanos, quienes documentan los abusos policiacos y proporcionan la primera atención a los heridos, lo anterior en acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Se les reconoce por su vestimenta y casco rojos, así como por la bandera que sobresale de sus mochilas.

Su grupo de nueve personas estaba resguardando a un grupo de cinco jóvenes quienes, agregó, “sabemos que no fueron los que provocaron los destrozos” cuando un grupo de granaderos los rodearon, los golpearon y robaron una cámara y rompieron dos más. Una integrante de la brigada recibió un golpe de escudo en la rodilla.

“La lectura que nos dejan los granaderos sería: ‘Les dejamos que hagan destrozos para criminalizar la protesta social; luego dejamos que la gente que hace estos destrozos se vaya y, finalmente, vamos sobre la gente que se manifiesta en paz’.

“No puedo confirmarlo, pero por la vía de los hechos es lo que pasó”, denunció Herrera.

Cuando los centenares de granaderos cerraron la avenida Reforma y encapsularon a un grupo de más de 50 personas –tanto jóvenes como adultos y hasta personas mayores–, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) decidieron de manera espontánea formar un “muro” para protegerles de los policías.

Se quedaron en el Paseo de la Reforma, a altura del Senado de la República, durante un largo tiempo. Al lado, tres personas heridas recibían atención por parte de los médicos del ombudsman nacional y de la Brigada Marabunta, mientras que integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México observaban los acontecimientos y tomaban notas.

Finalmente, el contingente de personas protegidas por los visitadores de la CNDH y cercadas por los granaderos avanzó rumbo al Metro Hidalgo. “Arte y cultura, contra la dictadura”, cantaron varios de ellos.

Los visitadores formaron un “corredor humano” para permitir a las personas ingresar en la estación del Metro por grupos reducidos, agradeciendo el gesto a los integrantes del ombudsman.

“Van a tener mucho trabajo en este sexenio” –dijo a un visitador un señor de unos cincuenta años quien había quedado atrapado en el cerco policial–, “con este Peña Nieto represor”.

Afuera del Metro, un joven dijo en su celular: “Es que nos encapsularon, los encapuchados hicieron un desmadre y nos pegaron los granaderos”. En respuesta a su interlocutor, añadió con una sonrisa: “Sí, ya me pegaron en la mejilla. No… no podré ir a tomar wey”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Detenidos del #20NovMx acusan torturas físicas y psicológicas; piden garantías

MÉXICO, D.F: Siete de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre durante la manifestación en el Zócalo, exigieron a los gobiernos federal y local garantizar su integridad física y psicológica debido a la tortura e intimidación que sufrieron por parte de las autoridades.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tras ser liberados este sábado, los jóvenes denunciaron que personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cometió varios abusos en su contra.

Acusaron que durante su detención se les condicionó contactar a sus abogados y familiares a cambio de que firmaran declaraciones y ser sometidos a pruebas periciales.

Señalaron que desde que fueron detenidos hasta su traslado a los penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, fueron objeto de torturas físicas y psicológicas.

Atzín Andrade, estudiante de La Esmeralda, recordó que al momento de su detención en el Zócalo fue golpeado por policías en la cabeza y arrastrado al Palacio Nacional, de donde luego fue trasladado a la SEIDO.

Agregó que el trato que les dieron fue denigrante y que los amenazaron con desaparecerlos, “nos trataron como la peor escoria”, expresó.

Liliana Garduño consideró que su captura fue arbitraria ya que ella sólo acudió a la manifestación para tomar fotografías y que jamás le dijeron los motivos por los que fue detenida.

Los liberados afirmaron que sufrieron abusos verbales, aislamiento e intimidación de la policía e incluso obligados a firmar documentos que los les dejaron leer.

Otra de las jóvenes liberadas, Tania Ivonne Damián Rojas, llamó al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al procurador de la República, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública del DF, al procurador del DF y a la SEIDO hacer un pronunciamiento en el que aseguren la integridad de sus familias.

Luis Alberto Muñoz, abogado del grupo de defensores que llevó el caso, dijo que con las detenciones de los 11 jóvenes se evidencia una estrategia para que los jóvenes no salgan a las calles.

Consideró que la detención de las 11 personas no fue un error sino una estrategia de incriminación.


Los liberados indicaron que participarán mañana en la marcha por el segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nuevo grito en Reforma: “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!”

Eran 43 y ahora ya son 11 más, los primeros desaparecidos y estos últimos en prisión por protestar por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Y un nuevo grito recorrió la avenida Reforma: “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!” Un nuevo grito acompañado de otro ya conocido desde hace casi dos meses: “¡Fuera Peña Nieto!”

Tales eran las demandas de cientos de personas,  jóvenes en su mayoría, que marcharon el martes 25 del Ángel de la Independencia al Zócalo, en demanda de la liberación de los 11 detenidos el pasado jueves 20 durante los disturbios del Zócalo.

El contingente estaba integrado por familiares de los detenidos y también por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE), estudiantes de instituciones de educación media superior y superior e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En su trayecto, la marcha se detuvo durante varios minutos frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre Paseo de la Reforma para exigir la liberación de los presos políticos, entre los cuales están los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre.

“Queremos hacer presión, que no se olvide el caso de nuestros muchachos, porque el sábado ya es la resolución y la verdad sí tenemos miedo de lo que pudiera pasar”, comentó Edith Rojas, madre de Tania Ivonne Damián Rojas.

Agregó que las tres mujeres consignadas en el penal de Nayarit decidieron quedarse con su defensor de oficio.

Margarita Hernández, tía de Hugo Bautista, se dijo decepcionada de las autoridades mexicanas por detener a estudiantes.

“Yo creo que lo hicieron para que ya no protestemos”, consideró.

Detrás de los familiares se colocaron estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes portaban una lona que dice “43 + 11 justicia libertad”.

“Nos están tratando de restar fuerza a nosotros que como estudiantes luchando por la presentación con vida de nuestros compañeros“, comentó Omar García, de la Normal Raul Isidro Burgos.

Criticó que a jóvenes estudiantes los trasladen a cárceles de máxima seguridad, cuando la esposa de José Luis Abarca, ex Edil de Iguala, sólo fue arraigada.

Agregó que el Estado está apostando a desgastar sus protestas, pero en lugar de ello ha generado más movilizaciones.

En la marcha también se encuentra la madre de Bryan Reyes, quien fue detenido junto con su novia por policías federales vestidos de civil.

Los 11 detenidos son acusados de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio y están encarcelados en penales de Nayarit y Veracruz.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'Anarcos' vs. GDF: Se declara la guerra

En el marco de la megamarcha del jueves pasado, el Tribunal de Justicia del DF dio a conocer la sentencia en contra de siete hombres detenidos el 10 de junio del 2013 por causar disturbios.

“Un alcalde y su esposa asesinan a seis estudiantes, desaparecen a 43 y solamente son arraigados, 11 jóvenes se manifiestan contra eso y son consignados a penales de máxima seguridad. El país está de cabeza”.

Con esta frase grupos de apoyo a los detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre reclaman al Gobierno local y federal el envío a penales federales de Veracruz y Nayarit a 11 detenidos durante los disturbios de ese día.

Es la segunda ocasión que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está en el centro de la polémica y se le acusa de permitir detenciones arbitrarias durante protestas efectuadas en la capital.

Mancera y su administración quedaron marcados luego de las masivas detenciones del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

La inconformidad arreció ayer luego que la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó mano dura en contra de 11 de los detenidos, a quienes acusó y consignó por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, razón por la cual fueron trasladados a penales federales.

Cuatro detenidos más fueron enviados a reclusorios locales por delitos del fueron común.

“Organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno federal no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta. Además que se lleven a cabo las investigaciones conforme a derechos humanos y las garantías del debido proceso”, manifestó el grupo que apoya a los detenidos. 

Más de 100 organizaciones pro derechos humanos de todo el país, exigieron que se garanticen derechos fundamentales como la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como la libre expresión durante las marchas.

Además pidieron que no se permitan abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que se apliquen las sanciones correspondientes.

Y es que tres días de la mega marcha nacional del 20 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, existen dudas no aclaradas de la supuesta participación de militares vestidos de civil infiltrados en la movilización.

Nadie ha aclarado las fotografías con las que se pudo comparar a hombres vestidos de civiles que fueron captados en vehículos militares la mañana del viernes, con otras imágenes donde presuntamente aparecen provocando y causando destrozos durante las protestas.

La falsa alarma

A través de las redes sociales (por donde principalmente se comunican los llamados anarquistas) se difundió una sentencia condenatoria contra un grupo de siete detenidos desde junio de 2013 por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, entre ellos Carlos Esteban Jiménez Martínez, promotor de Andrés Manuel López Obrador y dirigente de juventudes del Partido del Trabajo (PT).

El 19 de noviembre, horas antes de la mega marcha nacional, circuló un documento con la sentencia en contra de estos siete hombres que fueron detenidos el 10 de junio del año pasado por causar disturbios durante la marcha por conmemoración al llamado “halconazo” de 1971.

De acuerdo con ese documento, el juzgado que llevó el caso determinó que Diego Mora Cardoso o Diego Morán Alonso, Fredy Rosete Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picazo, Carlos Vázquez Martínez y Luis Siddhartha Barrera Fuentes son “penalmente responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad en pandilla y daños a la propiedad diversos”.

Debido a lo anterior, les dictó una pena de cuatro años, cuatro meses y tres días de prisión, la suspensión de sus derechos políticos por un año y una multa de 116 días de salario mínimo.

Además de obligarlos a la reparación del daño derivado del delito de daño a la propiedad doloso, cometido en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la cantidad de 3 mil pesos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, por la cantidad de 8 mil 300 pesos.

La sentencia cayó como bomba entre el grupo de familiares y amigos, algunos de los cuales son señalados como parte del grupo de anarquistas que continuamente se confrontan con granaderos y preventivos de la SSPDF.

En el grupo de los sentenciados está, Carlos Esteban Jiménez Martínez, quien fue ubicado durante el 2013 como uno de los principales activistas que encabezaba las provocaciones y encontronazos con los uniformados.

Jiménez Martínez fue dirigente de la Juventudes del PT pero también uno de los principales promotores entorno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Fue a partir de que las autoridades capitalinas comenzaron a rastrear las actividades del llamado “Bloque Negro” que se logró la identificación de este joven en las movilizaciones violentas y de protesta en el DF.

Al difundirse la de la supuesta sentencia, horas antes de la movilización del 20 de noviembre que terminó en el encontronazo entre policías y encapuchados, un grupo de los considerados “anarquistas” juró vengar a sus presos durante la movilización.

Sin embargo, el documento que circuló y que encendió los ánimos no aclaraba que pese a dicha sentencia el grupo logró salir de prisión mediante fianza.

Carlos Esteban Jiménez efectivamente fue procesado por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad; sin embargo, el 17 de junio de 2013 salió provisionalmente bajo fianza.

La historia se repite

De nueva cuenta Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto enfrentan la acusación de permitir las detenciones arbitrarias.

En este ambiente de convulsión, defensores de derechos humanos, anarquistas y políticos piden que el Estado Mexicano revise las aprehensiones y libere a los jóvenes.


Mientras, los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa amagan: si no aparecen…tomarán las armas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.