Ordenan indemnizar a víctima de policías en la gestión de prima de Peña Nieto

TOLUCA, Edomex: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ordenó al ayuntamiento de Metepec indemnizar y otorgar un apoyo económico mensual vitalicio para el joven Ángel Martín Gutiérrez Sebastián, quien perdiera la movilidad corporal tras ser impactado por disparos de policías municipales en abril de 2013.

Los hechos ocurrieron durante la gestión de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña y ahora secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La recomendación 29/2015, dirigida al alcalde sustituto, Juan Pedrozo, fue emitida tras considerar que en este caso se confirmó el uso inapropiado de armas de fuego por parte de los elementos policiacos.

El organismo defensor de las garantías individuales recomendó a la administración municipal otorgar al joven un apoyo mensual vitalicio equivalente al menos a un salario mínimo diario vigente.

También dispone que la administración municipal gestione la compra de un inmueble para vivienda, escriturado a nombre de la víctima, y cumplir con medidas de rehabilitación que incluyan atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada, servicios y asesoría jurídicos, y un programa de educación que consista en el pago de inscripción y colegiaturas hasta la conclusión de los estudios del muchacho.

Estos puntos, destaca el documento, deben determinarse por acuerdo de cabildo, “pues las responsabilidades subsisten a pesar de un cambio de gobierno municipal”.

También recomienda al municipio mejorar los procesos de selección del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, a través del fortalecimiento y establecimiento de procedimientos idóneo, cursos de capacitación sobre los procedimientos que guían el uso de la fuerza, el arresto y la detención por principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, que permitan la protección de los gobernados.

Al realizar su investigación, la Codhem encontró uso indiscriminado de la fuerza pública con armas letales que provocaron a un ciudadano una discapacidad física permanente y secuelas psicológicas, y daño emocional a otra persona –la madre de Ángel–.

El organismo encontró que policías municipales activaron sus armas para detener a un sospechoso de robo, pero no tomaron las precauciones necesarias y dispararon, hiriendo a una persona que circulaba a bordo de una motocicleta, acompañado de un familiar, con lo que se violó el derecho humano a la integridad personal de la víctima y sus familiares.

Los policías involucrados (José Luis López González y Amaury Bernal Estrada), indicó la Comisión, “no observaron las normas internacionales ni los estándares respecto del uso apropiado –de las armas- con fines policiales legítimos”.

Las armas, advierte la recomendación, “no se usaron en defensa propia o de otros, y aunque los elementos municipales dieron parte a Protección Civil para que prestara asistencia médica a la persona herida, se encontró que no presentaron un informe completo y detallado del incidente, para deslindar responsabilidades”.


Pese a existir una orden de aprehensión en contra de los responsables, ambos elementos policiacos se encuentran prófugos. Sobre esta circunstancia, la Codhem no emitió ninguna disposición.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422481

Policías de Sinaloa la violan y torturan; lleva presa 3.5 años por un crimen que no cometió

Yecenia Armenta lleva tres años y medio en prisión acusada de un crimen que no cometió. Esto lo han ratificado diversos organismos de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales. La mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano transportaba en su automóvil particular a su cuñada y a su hermana rumbo al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En el momento en que estacionó su vehículo, policías ministeriales vestidos de civil y sin identificación oficial se la llevaron a una bodega, para después atarla, colgarla cabeza abajo, golpearla y violarla.

Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando sucumbió a las exigencias de los policías de firmar una confesión y dejarles tomar sus huellas dactilares.

Posteriormente la acusaron del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que Yecenia dice desconocer.

Mientras estaba detenida, médicos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa, examinaron las lesiones de Yecenia, sin embargo, no documentaron nada.

Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron, pero nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. En septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia, y detectaron señales físicas y psicológicas de que la misma sí había sucedido.

Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y concluyeron también que Yecenia fue torturada.

Tres años y medio después, Yecenia narró a través de un video, cómo las autoridades de Sinaloa le decían que contestara todo lo que ellos le pedían o “la iba a pasar muy mal”.

Ella recuerda cómo pensó que se trataba de un secuestro [su detención], y lo que sus torturadores le decían, entre otras cosas, que le podían cortar la lengua, las orejas, “que estaban afilando los cuchillos”, o que podrían traer a sus hijos… “hechos pedacitos”, después de violarlos.

La mujer narró su historia a Amnistía Internacional, y señaló que pensó que jamás saldría viva de la tortura a la que fue sometida, todo para que confesara, “a cualquier costo”, que había asesinado a su esposo [aunque ella no lo hubiera hecho].

Sus agresores la violaron y le hicieron firmar su confesión vendada de los ojos, por lo que asegura que jamás pudo leer lo que firmó. De eso hace tres años y medio, y la señora Armenta sigue en la prisión, mientras los hombres que la torturaron brutalmente continúan en libertad.




LA NOTICIA RETOMADA POR MEDIOS AUSTRALIANOS

El caso de Yecenia Armenta Graciano fue revivido por diversos medios australianos luego de que una camioneta quemada con dos cuerpos calcinados dentro, abandonada en medio de la nada, puede ser la misma que transportaba a Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas de aquel país desaparecidos hace una semana en México.

En un viaje que comenzó en Edmonton, Canadá, los jóvenes, ya en México, habían tomado el trasbordador que los llevó de La Paz, en Baja California, a Topolobampo, una ciudad portuaria sinaloense de unos 6 mil habitantes.

Allí enviaron un mensaje de texto a sus amigos y familiares. Después, nada se supo de ellos. News Australia, The Sydney Morning Herald, ABC de Australia, y otros más, han analizado la “terrible” violencia que vive México, en especifico Sinaloa.

“Para una población mucho menor de Melbourne o Sydney, el estado de Sinaloa (con una población de 2.7 millones de habitantes) tiene un número de muertos que rivaliza con algunos de los peores lugares del planeta fuera de una zona de guerra [...] Excepto que es una zona de guerra para el tráfico de drogas, en una nación que se ha vuelto insensible a la violencia. Aun cuando 43 de sus propios alumnos fueron asesinados el año pasado [en referencia a Ayotzinapa] por orden de policías corruptos que los entregaron a una banda de narcotraficantes, nada parece haber cambiado”, señala ABC.

LA DENUNCIA DE AMNISTÍA

Un año después de la tortura que ella asegura sufrió [cuando las marcas de los hechos ya habían desaparecido de su cuerpo, incluyendo las marcas de los tobillos de donde fue colgada], los médicos de la Procuraduría de Sinaloa dictaminaron que no había “evidencias” o “pruebas” de que había sido torturada.


De aquello, dice Yecenia, lo único que le quedó es “el enorme daño psicológico” y recordó que fue agredida “de todas las formas”. Por ello, la mujer imploró, exigió que se le haga justicia, y tal vez como una quimera, pidió que no existan ya más personas torturadas en México.

“Si los doctores del estado hubieran documentado las lesiones de la tortura, ella no estaría en prisión hasta ahora. Yecenia merece justicia”, dice Amnistía en un video que tituló “Alto a la tortura”.

Amnistía inició una petición [con más de 3 mil firmas hasta el momento] dirigida a Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General del estado de Sinaloa, pidiendo que la denuncia de tortura de Yecenia se investigue plenamente, además, que se retiren los cargos en su contra y que se reforme “radicalmente” la manera en que se llevan a cabo los exámenes médicos forenses a sobrevivientes de tortura en México.



PRUEBAS DE LA INOCENCIA DE YECENIA

“Hasta el día de hoy no hay ninguna persona castigada [por la tortura que sufrió y los autores del homicidio de su esposo], sólo yo”, narra Yecenia en su desgarrador testimonio que fue publicado en la plataforma YouTube.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en enero de 2015, una recomendación para que se libere a la acusada y se proceda contra los torturadores. Sin embargo, hasta el momento, ni un juez local, ni el Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa y ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han conocido el procedimiento, le ha hecho justicia a Yecenia.

La CNDH pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se acate la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Yesenia Armenta Graciano, quien, se confirmó, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial.



“Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que el personal médico adscrito al Departamento Médico de la Policía Ministerial y a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), para garantizar la imparcialidad y veracidad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando se presuma que hubo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, se lee en la recomendación de la CNDH.

La investigadora para México de Amnistía, Madeleine Penman, señaló en entrevista con el diario Noroeste, que tras analizar el caso, AI no encontró evidencias que inculpen a Armenta Graciano, además, dijo que el caso está basado en irregularidades, tortura y en un indebido proceso.

Desafortunadamente este caso, mencionó, es paradigmático y es un ejemplo de muchos donde las autoridades basan sus actuaciones en la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. El Gobernador ordenó una investigación contra los agentes que presuntamente la torturaron, dijo, pero no ha habido avances.

“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa es Juez y parte de resolver, tanto es así que hay una acusación contra Yecenia, ella sigue en la cárcel acusada de delitos por la Procuraduría estatal de sinaloa. Además los policías de la Procuraduría estatal fueron los que torturaron a Yecenia”, indicó Penman.

El caso de Yecenia, mencionó la investigadora de AI en México, es una oportunidad del Gobierno de Sinaloa para mostrar a la sociedad su compromiso con los derechos humanos y el debido proceso.

En julio pasado, la presidenta del ­Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, dijo a diversos medios locales haber recibido la visita de representantes de AI y dijo haber compartido con ellos la serie de intervenciones que ha habido sobre el caso y “el estupor que causa”.


A pesar de ello, aseguró Murillo, el gobierno estatal se mantiene firme privándola de la libertad, por lo que la activista expresó su “preocupación por el desprecio a la dignidad humana que ha demostrado este gobierno en Sinaloa y por su empeño en defender a policías señalados de actuar con una saña bestial en el caso de una mujer, incluso de violarla sexualmente con exceso de crueldad [...]“.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1567787

Se niega la PGR a aceptar denuncia por tortura contra policías de Morelos

CUERNAVACA, Mor: Sin ningún argumento, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República se negó a aceptar una denuncia interpuesta por el activista Jaime Domínguez Pérez contra elementos del Mando Único Policial por tortura, entre otros delitos.

El inconforme es miembro del Frente en Defensa del Agua, el Aire y la Tierra en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y es uno de los principales opositores a la construcción y funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y del gasoducto que cruza las tres entidades.

En rueda de prensa, en los portales del Palacio de Gobierno, junto a la ofrenda de las víctimas, integrantes del frente y del Comité contra la Tortura denunciaron la negativa federal a tomar en cuenta la denuncia, misma que sería la base para la intervención de organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos.

Domínguez Pérez no participó en la conferencia de prensa por razones de seguridad, debido a que en las últimas semanas ha sufrido persecución y acoso policiaco, incluso en su propio domicilio, según contó Samir Flores Soberanes, de los opositores al gasoducto en Amilcingo, municipio de Temoac.

De acuerdo con un comunicado leído en la conferencia, luego de la segunda sesión del Congreso de los Pueblos celebrada en la comunidad de Huexca, el pasado 10 de octubre, y hechas públicas las intenciones de denunciar la tortura en su contra y las afectaciones que ha tenido en su persona, el acoso y la persecución se incrementaron.

Camionetas y automóviles lo siguen a todas horas del día, además de que la PGR lo ha citado a declarar al menos en una ocasión, con el temor de que sea aprehendido, pues existe una denuncia en su contra por ataque a las vías federales de comunicación.

Laura Ozuna Oropeza, abogada de Domínguez Pérez, informó que desde las primeras horas de este martes acudieron a las oficinas de la delegación de la PGR en esta entidad para presentar la denuncia por tortura en contra de elementos del Mando Único, quienes en 2013 lo golpearon en todo el cuerpo y le infringieron severos daños y lesiones irreversibles en los oídos, durante las sesiones de tortura.

La abogada refirió que la PGR se declaró incompetente para atender la denuncia y los remitió a las instancias estatales, es decir, ante la Fiscalía General de Morelos. “Nos dijeron que sólo atienden casos graves o de personas que tengan trascendencia, aun cuando Jaime es un activista social”.

El caso ha sido llevado a instancias nacionales e incluso internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). También fue presentada ante el relator de las Naciones Unidas para la tortura, durante su reciente visita al país. No obstante, para que ambas instancias actúen en consecuencia, es necesario que exista una denuncia por tortura, lo que no se ha podido presentar, dados los argumentos de la PGR.

La denuncia por tortura alcanzaría no sólo a los 80 elementos del Mando Único que participaron en el operativo del 21 de septiembre del 2013 en Huexca, sino al Ministerio Público, al Médico Legista que omitió la situación física de Domínguez y, en su caso, a la cadena de altos mandos, que termina con el gobernador Graco Ramírez.

La resistencia y la represión

El 21 de septiembre de 2013, Jaime Domínguez Pérez fue detenido por elementos del Mando Único durante una protesta de habitantes de la comunidad de Huexca, quienes intentaron detener las obras de construcción del acueducto para llevar agua a la termoeléctrica que se construyó en esa comunidad.

Los activistas realizaban el bloqueo a los camiones y máquinas en la colonia Gabriel Tepepa de Cuautla, misma que colinda con las comunidades de Apatlaco, en Ayala y otras de Yecapixtla, donde se construye la planta productora de energía eléctrica.

Cerca del mediodía, unos 80 policías del Mando Único arremetieron contra los inconformes y en la refriega, detuvieron a Domínguez Pérez, y por más de 10 horas fue sometido a tortura por parte de la policía, lo que le ocasionó secuelas en sus oídos, perdiendo capacidad para escuchar.

A partir de ahí, se logró su liberación, pero se inició un proceso ante la Procuraduría General de la República (PGR) por ataques a las vías federales de comunicación, por lo que ha sido citado a declarar.

Jaime Domínguez Pérez decidió junto con sus abogados presentar una denuncia ante la PGR contra los elementos del Mando Único de Morelos, sin embargo, la instancia federal se declaró incompetente.


Al tiempo de presentar la denuncia, el activista ha sido objeto de acoso y persecución policiaca, por ello, decidió dejar su domicilio, pues teme por su seguridad e integridad, denunciaron sus abogados y compañeros activistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA

Policías federales asesinan por “confusión” a dos jóvenes en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Policías federales asesinaron a dos jóvenes e hirieron a dos más al “confundirlos” con delincuentes que balearon a un agente federal y eran perseguidos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en la céntrica colonia El Águila de esta capital, sin embargo, hasta la tarde-noche el incidente seguía confuso por falta de información de las autoridades locales o federales.

Testigos oculares indicaron que todo inició cuando un grupo armado, al parecer desde un vehículo Spark color blanco, disparó al policía federal Esteban Pérez que conducía la patrulla número 15091, quien recibió dos balazos y herido logró pedir ayuda a sus compañeros.

Agentes federales iniciaron la persecución de los pistoleros y en la calle Belisario Domínguez confundieron el vehículo y rafaguearon una camioneta Ford Ranger con placas VP-55-188, en la que iban cuatro jóvenes.

Dos de ellos, Miguel Ángel Martín Domínguez y Alejandro Contreras Sierra, murieron al instante mientras que Jorge Luis Gómez Estrada y Roberto Contreras Osorio resultaron gravemente lesionados.

Jorge Luis Gómez Estrada es hijo del abogado Vicente Gómez Peralta, conocido litigante penalista.

Trascendió que dentro de la camioneta Ranger agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) incautaron un arma, pero según testigos fue “sembrada” por los policías federales para tratar de justificar la agresión.

La FGE aseguró la patrulla federal que conducía el agente baleado, mientras que familiares de los jóvenes asesinados y heridos llegaron por la tarde hasta la Fiscalía para exigir justicia.

Carlos Castillo, abogado de las familias, dijo que presentarán una demanda contra la Policía Federal y exigirán que pongan a disposición del Ministerio Público a todos los elementos que participaron en la agresión, ya que actuaron “con prepotencia y abuso” durante el operativo.


Dentro de la FGE declaraban esta noche testigos, familiares y amigos de las víctimas y heridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

HAY 8 JÓVENES HERIDOS DE GRAVEDAD TRAS SER GOLPEADOS POR POLICÍAS EN TIERRA CALIENTE

Jóvenes agremiados a la Organización de Normales del Estado de Michoacán (ONOEM) acusaron de que elementos policiacos de Tierra Caliente golpearon a sus compañeros que se estaban manifestando en Las Cañas en contra de la reforma a las normales.

En rueda de prensa, la representante, identificada como Alejandra, detalló que 200 de sus compañeros se estaban manifestando cuando arribaron alrededor de 80 elementos policiacos que empezaron a golpear a los normalistas;  hay 8 heridos de gravedad y 6 que fueron levantados.


Los estudiantes están en asamblea para ver si realizan acciones en Morelia y se encuentra tomada la presidencia de Apatzingán por normalistas de Arteaga.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: CELIC MENDOZA.

Operativo Rastrillo: detienen a un joven, lo golpean, lo avientan contra el piso y… fallece

MÉXICO, D.F: Con su trabajo en el mercado de tenis de Tepito, Kevin González Sánchez veía cada vez más cerca su sueño de terminar la preparatoria, ir a la Universidad y ganar el dinero suficiente para comprar una casa, fuera de ese barrio. Pero el pasado viernes 10 sus anhelos se fueron con él a la tumba.

Una semana antes de su muerte, Kevin se reunió con un grupo de amigos en La Chelería de la calle Toltecas, casi esquina con Fray Bartolomé de las Casas, en la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con testigos, cerca de la medianoche llegaron al lugar cinco camionetas con aproximadamente 50 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) que participaban en el Operativo Rastrillo. En ese momento Kevin y Luis se encontraban afuera del bar.

Los uniformados detuvieron a los dos jóvenes, los tiraron al piso, empezaron a golpearlos con las culatas de sus pistolas y luego los subieron a una patrulla Pick Up, conocidas como “perreras”.

Cuando la unidad policiaca había avanzado alrededor de 20 metros, los policías arrojaron a los jóvenes a la calle. Kevin no alcanzó a amortiguar el golpe y se golpeó la cabeza contra el pavimento.

Las personas que presenciaban los hechos llamaron de inmediato a una ambulancia que tardó más de una hora en llegar. La madrugada del sábado 4 el adolescente fue internado en el hospital de Balbuena. El reporte de ingreso lo registró como atropellado.

Seis días después murió a causa de contusiones cerebrales bifrontales y edema cerebral severo.

Los familiares interpusieron una denuncia y se inició la averiguación previa por homicidio. No obstante, aseguran que la indagatoria está plagada de irregularidades, y creen que los videos que les mostraron fueron editados para no evidenciar la actuación de los preventivos, por lo que acudieron a la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar su querella.

Además, aseguran que las autoridades se han negado a interrogar a la totalidad de los agentes que participaron en el operativo del viernes 3.

La familia afirma que Kevin no tenía vicios ni antecedentes penales. A la fecha no entienden por qué los policías actuaron de esa manera.


El caso ya lo tiene en sus manos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).

Policías municipales “levantan” y asesinan a joven rarámuri

CHIHUAHUA, Chih: Un joven padre de familia rarámuri fue “levantado” ayer por policías municipales afuera de su comunidad en Ciudad Juárez. Eran las 7:40 horas. A las 11, un cuerpo sin vida fue localizado en la colonia Ampliación Fronteriza. Por la tarde, se confirmó que se trataba de la persona que había sido “detenida” por los uniformados.

Sólo se dio a conocer el hallazgo, hasta que la comunidad denunció que se trataba de un rarámuri que habían “levantado” los policías.

Cuando la comunidad se enteró de lo sucedido, interpusieron la demanda y ayer en la noche, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez, César Omar Muñoz Morales, dio a conocer en rueda de prensa que entregaron a dos agentes a la Fiscalía General del Estado, como presuntos responsables de homicidio agravado.

De acuerdo con María Rosalinda Guadalajara Reyes, gobernadora de la colonia Tarahumara, alrededor de las 7:40 de este domingo, Carlos Efraín Jaris Cruz -también lo conocían como Ramiro-, estaba dormido afuera del comedor del asentamiento, cuando llegaron dos unidades de la policía municipal, la 451 y 442, de las que descendieron cuatro personas, “tres hombres y una mujer” que se llevaron al rarámuri por la fuerza.

“El muchacho no estaba haciendo nada que fuera contra la ley ni que perjudicara la orden de la ley”, dijo Rosalinda anoche en entrevista, luego de rendir su declaración en la Fiscalía Zona Norte.

Continuó:

“El muchacho estaba nada más dormido, ahí afuera del comedor. En eso lo levantan ellos a punta de golpes y violencia, lo suben a la unidad. Los muchachos, muchos de los que había ahí, abogaron por él y les dijeron que por qué se lo golpeaban, pero ellos no les hicieron caso. Insultaron a la gente, les dijeron que si no se retiraban les iba a pasar lo mismo, les dijeron groserías y que no fueran metiches”.

El sábado pasado, la única hija de Carlos Efraín, Valería, se graduó de preescolar junto con otros niños de la comunidad y hubo fiesta hasta tarde, por eso ayer él estaba descansando en una banqueta afuera del comedor de la misma comunidad.

“Su niña de cinco años se graduó, nada más tenía esa hija”, dio a conocer Rosalinda, quien cuenta que hace alrededor de 10 años, Carlos Efraín llegó a la comunidad con su familia desde el municipio de Guachochi. El padre de familia tenía 22 años de edad.

“Llegaron a buscar más oportunidades en la ciudad. Él era un muchacho así, tranquilo, de hecho nunca tuvimos problemas en la comunidad con él, de pleitos con nadie, era muy tranquilo”, agregó la gobernadora indígena.

Cristina Luna, la esposa de la víctima está triste y no han querido decirle a la niña.

“Ayer que encontraron su identificación, hicimos una denuncia anónima para decir que era tarahumara, después ya fuimos a poner la denuncia. En la Fiscalía nos dijeron que ya procedieron y que de hecho ya los tienen bajo custodia a dos o tres municipales”, explicó Rosalinda Guadalajara.

La gobernadora denunció que no es el primer caso de discriminación con gente de la comunidad, ya que se llevan a jóvenes o adultos. Algunos sí tienen problemas en la comunidad, pero cuando se los llevan les roban dinero o lo poco que traen. “Han puesto las denuncias por el robo, pero hasta la fecha no sabemos que pase nada”.

Muñoz Morales informó anoche que los dos agentes puestos a disposición de las autoridades estatales son Héctor José Holguín Aragón y Josué Cerecero Mondragón ambos de 29 años, quienes fueron identificados por los testigos de la colonia Tarahumara.
Los policías detenidos, pertenecen al Distrito Centro y en el momento del crimen se encontraban en su turno, pero además, no dieron aviso por radio. Sólo se sabía que acudieron a un llamado de violencia doméstica.

La dependencia municipal pidió apoyo de la Fiscalía para investigar el caso, concentraron a todos los agentes del distrito y cinco testigos reconocieron a los dos detenidos. Ambos iban en la unidad 442.

Sin embargo, los testigos aseguran que participaron otros dos agentes, un hombre y una mujer, que iban en la unidad 451, el secretario no mencionó nada.


De acuerdo con Muñoz Morales, uno de los agentes detenido negó los hechos y el otro aceptó de manera plena que participó en el asesinato del joven rarámuri.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Policía de Puebla disparó intencionalmente a joven que estaba sometido y lo mató: Procuraduría

Jaid Mothe Hernández, subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso, indicó la Procuraduría de Puebla, que agregó que el presunto responsable no tiene derecho a la libertad bajo fianza.

El subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, asesinó al joven Ricardo Cadena y no se trató de un accidente como había confesado el propio policía, informó la tarde de este miércoles 6 de mayo la Procuraduría General de Justicia de Puebla.

“Al realizar la reconstrucción de los hechos, dictámenes periciales en criminología, criminalística y balística, entre otros, así como diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público y la Policía Ministerial, establecen que el presunto responsable detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso.

“Lo anterior se confirma también ante la herida por proyectil de arma de fuego que presentaba el cuerpo del joven en el cráneo y que fue la causa de su fallecimiento”, indica un comunicado emitido por la Procuraduría.

Tras realizar la reconstrucción de los hechos y ante las pruebas recabadas, la Procuraduría estatal ejercitó acción penal en contra de Jaid Mothe Hernández por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, sin que tenga derecho a la libertad bajo fianza.

La dependencia indicó que, hasta el momento, se descarta que existan evidencias de que Ricardo Cadena y sus acompañantes hayan cometido algún delito, ya que se establece que salían caminando de un establecimiento en el que habrían consumido bebidas alcohólicas, sin que posteriormente se tuviese registro de su participación en otro tipo de circunstancias.

La Procuraduría señaló que la averiguación previa sigue abierta para deslindar responsabilidades de terceras personas, mientras que Jaid Mothe Hernández, quedó a disposición del Juez Penal de Cholula.

Horas antes, el procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourguet, había indicado que Ricardo Cadena no estaba pintando un grafiti, sino que fue interceptado por la policía cuando salía de un centro nocturno.

“No hubo un tema de grafiti, eso creo que sí es importante aclararlo, porque en los medios se ha manejado mucho, ellos (Ricardo Cadena, su hermano y un amigo) venían saliendo de un lugar de estos conocidos como botaneros, cuando fueron interceptados por la policía municipal, fueron correteados, los jóvenes trataron de correr al ver la presencia policiaca, y ocurrió el lamentable hecho, que, desde luego, vamos a deslindar responsabilidades”, señaló el procurador.

Carrancá Bourguet señaló que la noche del lunes 4 de mayo se realizó una reconstrucción de los hechos en la que se recabaron indicios que podrían determinar si hubo un forcejeo entre Ricardo Cadena y el subdirector de Seguridad Pública de San Pedro Cholula.

Jaid Mothe Hernández se entregó a las autoridades el pasado 3 de mayo por la noche para ser investigado por el asesinato de Ricardo Cadena, de 18 años, quien falleció por un disparo en la nuca.

“Me bajo (de la patrulla) yo y me voy sobre la calle N. Morones y ya estas personas iban corriendo, entonces empiezo a correr. Mi arma la llevo a la altura del pecho, entonces voy corriendo cuando me sale una persona de entre los vehículos y me impacta. Mi arma la llevaba a la altura del pecho y forcejeamos en esa parte y es cuando se ocasiona el accidente”, dijo Mothe Hernández al reportero Odilón Darios, citado en una nota de e-consulta.

“La versión que nosotros tenemos es que (los policías) recibieron un reporte acerca de que se encontraban un grupo de jóvenes en la vía pública, hablan de que estaban pintando alguna barda, algún grafiti (…)”, dijo a Animal Político el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa Torres.


El hermano de Ricardo Cadena, quien estaba con él e incluso fue detenido, dijo:  “Todos nos echamos a correr, mi hermano me dijo ‘Córrele, si no te van a agarrar’. Entonces yo me fui a esconder al bar donde estábamos y me sacó la patrulla, pero me sacó a golpes. Entonces ya me subieron a la camioneta y escuché el sonido del arma. Ya después se alteraron los policías y se fueron muy rápido y me llevaron detenido. Los que me detuvieron a mí eran tres o cuatro, no vi porque me tenían sometido”, de acuerdo con un reporte de e-consulta.

Consultar el comunicado íntegro que emitió la Procuraduría de Puebla:

  Consignación Jaid Mothe Hernández

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías golpean a mujeres chontales que se manifestaban en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Mujeres indígenas chontales que exigen apoyos del gobierno para la instalación de una maquiladora de ropa fueron golpeadas por policías estatales cuando se manifestaban y pretendían acercarse al gobernador Arturo Núñez, durante un acto de entrega de maquinaria agrícola a campesinos tabasqueños.


Las indígenas, integrantes de la agrupación México Despierta, iniciaron desde ayer una huelga de hambre a las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedet), ubicada en el Centro Administrativo del gobierno del estado, frente al ayuntamiento de Centro (Villahermosa) y la Plaza de la Revolución, donde se realizó el evento de entrega de maquinaria agrícola.

Lideradas por el exdiputado local del PRD, Julio César Álvarez de los Santos, las mujeres exigen el cumplimiento de la promesas de apoyo que, aseguran, les ofrecieron el gobierno del estado y el ayuntamiento de Macuspana (ambos perredistas) para la instalación de una maquiladora de ropa en ese municipio.

Durante el evento, las indígenas intentaron subir al estrado para entregar un escrito al gobernador Arturo Núñez, pero personal de logística se los impidió. En ese momento se armó una acalorada discusión verbal.

Las mujeres se replegaron hacia el Centro Administrativo y de nuevo intentaron abordar al mandatario cuando realizaba un recorrido de supervisión de la maquinaria agrícola que entregó a productores tabasqueños, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De inmediato las indígenas, alrededor de 20, algunas de ellas ancianas, fueron cercadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que empezaron a jalonearlas, golpearlas y lanzarles patadas, como quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales.

Posteriormente los uniformados detuvieron a su dirigente, Julio César Álvarez de los Santos, quien fue trasladado a los separos policiacos, pero se ignora bajo qué cargos.


Luego de la refriega, las mujeres se dirigieron a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar “la represión policiaca que sufrimos”.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

México y EU se reúnen para tratar casos “de uso excesivo de la fuerza contra mexicanos”

Además, se concretaron reuniones entre interlocutores del ámbito político, educativo, académico y social en la Unión Americana, informa la SRE.

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro se reunió con funcionarios de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se abordaron los casos recientes de uso excesivo de la fuerza contra mexicanos en ese país.

Ello, durante una visita de trabajo que realizó este martes a la ciudad de Washington, D. C., que tuvo como objetivo dar seguimiento a temas de la agenda bilateral y permitió concretar reuniones con interlocutores del ámbito político, educativo, académico y de la sociedad civil.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que Alcocer también se reunió con abogados del Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los mexicanos en Estados Unidos (MCRAG por sus siglas en inglés), a fin de dar continuidad a las estrategias, herramientas legales y políticas para prevenir este tipo de incidentes.

Asimismo, el subsecretario participó en la 97 Reunión Anual del American Council on Education, asociación enfocada en la educación superior y que concentra a más de mil 700 instituciones estadunidenses.

Refirió que en su mensaje ante rectores y directores de instituciones de educación superior de Estados Unidos y México, destacó los avances y sinergias creadas a partir del lanzamiento del Foro Bilateral de Educación Superior de Innovación e Investigación (FOBESII).

También firmó, en nombre del gobierno de México, el memorándum de entendimiento sobre la Creación del Programa de Prácticas Profesionales México-Estados Unidos, el cual sienta las bases para promover el desarrollo de capital humano de ambos países de la mano del sector privado.

Se trata del primer acuerdo suscrito en esta materia en el marco del FOBESII, destacó.


Por último, el subsecretario Alcocer tuvo reuniones con el Brookings Institution y el México Institute del Woodrow Wilson Center, organizaciones con las cuales se mantiene una estrecha colaboración y diálogo sobre la relación bilateral, el papel de México como actor global y su desarrollo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Entre 10 y 15 policías golpearon al maestro Castillo en el desalojo de Acapulco, dice un testigo

Ciudad de México, 5 de marzo: Uno de los compañeros de marcha que vio vivo por última vez al maestro Claudio Castillo Peña, antes de que fuera bajado de una camioneta y golpeado por policías federales el 24 de febrero, relató que el profesor jubilado, debido a su discapacidad y por seguridad fue resguardado en esa unidad porque se pensaba que los agentes lo respetarían.

El maestro, que no quiso dar su nombre para evitar represalias, durante la marcha que convocó ayer la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en Acapulco rememoró que momentos antes del desalojo Claudio Castillo pidió que la camioneta donde iba fuera ubicada en otra parte ante el inminente desalojo.

En ese momento el encargado de manejar el carro no se encontraba cerca del lugar, indicó el maestro, situación que orilló a los profesores que se encontraban alrededor del carro a cerrar el vehículo para resguardar al profesor jubilado de 65 años.

El maestro que recordó el hecho violento dijo que se encontraba atrás de la camioneta, estaba comiendo cuando de manera inesperada vino el desalojo de los policías federales, el instinto de sobrevivencia lo envolvió y buscó refugio.

Indicó que nunca imaginaron que los uniformados no respetarían al maestro, pero los policías rodearon la camioneta y abrieron las puertas del vehículo, incluso rompieron los vidrios y bajaron al jubilado y lo golpearon con los toletes entre 10 y 15 policías.

El maestro dijo que en la marcha de ayer era visible la ausencia del maestro Castillo Peña, a quien subían y bajaban de la camioneta donde iba el sonido porque no podía caminar debido a la poliomielitis. Era el encargado principal de las consignas y orador en los mítines.

El profesor dijo que no fue un desalojo común de los policías federales el del 24 de febrero en el bulevar de Las Naciones, sino que iban con la consigna de golpear e intimidar a los maestros que protestaron para exigir certeza y estabilidad laboral, además del pago de sus quincenas y el reconocimiento de sus plazas.


El Gobierno federal mediante el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García dijo que la muerte del maestro jubilado Castillo Peña no fue producto de los golpes que los policías propiciaron a los maestros, sino de un “aplastamiento”. Ese día fueron detenidos 106 maestros que fueron puestos en libertad al día siguiente y la CETEG reportó a 500 heridos y cinco maestras violadas sexualmente por los agentes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Jacob Morales Antonio.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-03-2015/1271697.