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Operación “inaudita” para proteger a César Duarte; quieren llevarse a Gutiérrez “a como dé lugar”: Corral

"Estamos viendo cómo el gobierno federal está totalmente metido en la protección a la corrupción política", sostiene. En Chihuahua, "nos han querido calentar la plaza", acusa.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que el Poder Judicial del estado enviará el expediente del caso de Alejandro Gutiérrez a un juez federal, pero el detenido se quedará en la entidad, porque tiene pendiente un proceso local.

Marina autocalificó su actuación en Nuevo Laredo y omitió reconocer víctimas inocentes: López Portillo

"Estamos en escenarios profundamente delicados" sobre todo después de la aprobación de la ley de seguridad interior, aseguró.

El experto en temas de seguridad, Ernesto López Portillo, señaló que lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde una familia inocente perdió la vida por disparos de elementos de la Marina, es una “historia de contradicciones” de la dependencia que autocalificó su actuación y todavía “hay mucho qué preguntarse”.

Javier Duarte fue el “idiota útil”, la tapadera de una red criminal que está libre: Solecito y Brigada

Javier Duarte de Ochoa era “el idiota útil” que representaba a una red de operadores que sumieron a Veracruz en una crisis de seguridad que cobró muertos y desaparecidos al por mayor, dicen líderes de las brigadas de búsqueda de personas en las fosas clandestinas de la entidad. Después del Gobernador con licencia, el “tumor” sigue enquistándose y echando raíces. Todos deben pagar y ser perseguidos, porque al final Duarte es ya “una basura orgánica” que nadie le importa, afirman.


Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La salida de Javier Duarte de Ochoa del Gobierno de Veracruz no significa nada, porque él no gobernaba la entidad desde hace tiempo; lo hacía una red operadores que aún gozan de libertad, poder e impunidad y que están enquistados como un “tumor” en la administración pública, coincidieron activistas que lideran organizaciones de búsqueda de desaparecidos en la entidad.


“Duarte era el idiota útil, pero la continuidad sigue ahí. La estructura perversa de violadores de derechos humanos, de gente coludida con el crimen organizado. Toda esa estructura, sigue intacta”, afirmó Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.

La estructura está encabezada por Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública [quien renunció a su cargo en agosto]; Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz; Flavino Ríos Alvarado, Gobernador interino; el mismo Amadeo Flores Espinosa, ex Fiscal de la entidad predecesor del actual Procurador y por otros actores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel federal, reconoció.

“Debajo de Duarte hay una estructura, una red de operadores en la que está Amadeo Flores, Bermúdez Zurita, a quienes no les han hecho nada. Después de ellos hay una cantidad más, todos deberían de pagar. Duarte era la cara más visible, digamos la máscara que utilizaban: él se beneficiaba económicamente, mientras los otros hacían uso del poder. Duarte hace mucho no ejercía poder, eran ellos. La estructura sigue ejerciéndolo, por eso pusieron a Flavino Ríos como ladrones en la noche”, precisó Lucía de los Ángeles.

Ayer, Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal y ex candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del estado en las elecciones pasadas, dijo a SinEmbargo que Javier Duarte es perseguido por corrupción, pero no está acusado por las violaciones a los derechos humanos de su gestión; los muertos y los desaparecidos que engrosan la listas de los buscadores y buscadoras, que como Lucía escarban en las fosas que emanan de la tierra una tras otra.

“Los veracruzanos lo que exigimos es justicia, porque el agravio no es sólo por corrupción: aquí hay desaparecidos, levantados diariamente; alguien tiene que ser responsable por las fosas de Veracruz, tan sólo en los últimos días acaban de encontrar 100 fosas clandestinas. Esto no ha sido mencionado porque tratan de ocultarlo con este simulacro de licencia y rendición de cuentas, que finalmente no se dará porque Duarte afrontará con fuero cualquier cosa que le quieran imputar”, dijo el Diputado federal.

García Jiménez también habló de que es probable que el Gobernador con licencia, aprovechándose de su fuero, escape y burle a la justicia. Llamó una simulación del PRI a su persecución.

Pero Lucía de los Ángeles dijo que no importa que Duarte escape o pise la cárcel, porque desde hace tiempo no gobernaba la entidad. Los familiares de los desaparecidos siempre han señalado a las policías municipales, pero también a las del Estado, como cómplices de los criminales para desaparecer y asesinar.


“Duarte era un cartucho ya explotado y no garantizaba para nada. Era una figura que les estorbaba porque ellos lo impusieron; ellos no necesitaban de Duarte para seguir vivos, porque él les dio toda la fuerza, los dejó enquistarse, una vez enquistados, ellos corren con sus propias piernas, no requerían de Duarte; claro Duarte es una figura inútil. Si sacamos la cuenta, tendrían que hacer una verdadera incisión quirúrgica y extraer ese tumor que está ahí. Pero yo no veo manera de que los quiten”, agregó.

Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familiares en Búsqueda María Herrera y miembro de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidos de la Red de Enlaces, afirmó que el gabinete de Javier Duarte estaba “infestado por Zetas”.


“Más allá de hablar del Fiscal, de Bermúdez Zurita, todo el gabinete de Javier Duarte estaba infestado de Zetas. Yo se lo dije [a Javier Duarte] y él decía que no era así. El tema en Veracruz es que no dimensionaron tanto daño que estaban ocasionando y se les salió de las manos. Es triste ver cómo Zurita renuncia para poder irse y no hacerse responsable de los desaparecidos y los crímenes que se cometieron durante su gestión”, consideró.

DEBEN PAGAR POR TRAGEDIA HUMANITARIA

Lucía de los Ángeles recordó las 100 fosas cladestinas que se encontraron los últimos días en la entidad. Justo durante la entrevista, la activista se encontraba en un predio junto con otras buscadoras.

“Es una tragedia humanitaria de proporciones pavorosas. No sabemos hasta qué punto las autoridades están metidas en esto. No me voy a meter en temas de culpables, son muchos los que tienen que rendir cuentas por esto. No sé quien, no se si nosotras, o quien, pero la gente tiene que llegar a decir: ‘aquí hay que pedir cuentas’, tiene que suceder”, dijo.

Juan Carlos Trujillo agregó que la acusación de enriquecimiento ilícito en contra de Javier Duarte, es sólo uno de los delitos que debe enfrentar él y todo su gabinete.


“Detrás de todo esto hay una responsabilidad enorme por las muertes y desaparecidos. A nosotros nos quieren utilizar como carnada para su cacería de brujas, pero queremos que busquen y encuentren a las personas que ocasionaron todas estas violaciones. Es urgente que los llamen a cuentas: a Bermúdez Zurita, al ex Fiscal Amadeo, a Luis ángel bravo, tienen que ser todos; los que están y los que ya no están. Si van a jalar a Javier, que los jalen uno por uno a los demás”, dijo.

En cuanto a la huida de Duarte de Ochoa, Lucía de los Ángeles estimó que, libre o preso, el Gobernador con licencia pagará con el escarnio público su deuda con la justicia y con los veracruzanos.

“Duarte es un hombre degradado que ya es una basura orgánica. Él ya es historia. Lo que le espera es el escarnio, y con eso nosotras estamos conformes. ¿De qué le sirve la vida en la condición que la vivirá él? Como un paria rechazado, indeseable. Que siga vivo todo lo que quiera, que viva su vida, hasta en libertad, porque a sus hijos le espera una vida de familia indeseable. Por eso nosotras no tenemos que llevarlo a ningún banquillo de los acusados, él no podrá escapar aunque corra”, dijo.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Shaila Rosagel
http://www.sinembargo.mx/15-10-2016/3104129 

En 12 años, titular de la Policía Federal acumula un historial de violaciones a derechos humanos

Exceso de fuerza, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, actos de tortura y elaboración de informes incompletos o a modo son las acusaciones que han recibido organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del actual Comisionado General de la Policía Federal (PF) de México, Enrique Galindo Ceballos, en 12 años de labores como servidor público.

Por estas acusaciones dichos organismos han emitido pronunciamientos o recomendaciones dirigidas a él o a la corporación que representa, pero por ninguna de éstas el funcionario ha recibido sanción o castigo, según arrojó una consulta hecha al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Apenas el pasado jueves, la CNDH emitió una recomendación contra la corporación que dirige Enrique Galindo, en la que aseguran que la PF ejecutó arbitrariamente a 22 civiles y presentó información a modo durante la implementación de un operativo en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán, realizado el 22 de mayo de 2015.

La primera acusación en contra de Galindo ante la CNDH se hizo en 2004, cuando se desempañaba como Director General de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. La denuncia vino del ex secretario de Finanzas del Estado, Olegario Galarza Grande, quien acusó al entonces procurador de justicia, así como a su director de la policía (Enrique Galindo) de ordenar su detención de manera arbitraria y sin orden de aprehensión.

Tras revisar el caso, la CNDH estableció que la detención del ex secretario de Finanzas fue ilegal y como prueba analizaron un documento elaborado por Enrique Galindo donde por escrito avalaba su aprehensión.

Lo irregular, según la CNDH, es que el informe carecía de la firma de los agentes que realizaron la investigación, el visto bueno del Jefe de Grupo, la solicitud de detención para el Ministerio Público y copias de dichos documentos para llevar el control de las acciones emprendidas, como lo establece la norma; el informe únicamente venía firmado por Enrique Galindo.

Animal Político hizo un recuento de las acusaciones que en 12 años acumula el Comisionado de la Policía Federal y la corporación a su cargo, así como las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por la CNDH por esos hechos.

Omisiones en parte informativo

El 1 de septiembre de 2004, la CNDH inició el expediente 2004/329/SLP/I/, con motivo del recurso de impugnación interpuesto por un familiar del ex secretario de Finanzas de San Luis Potosí, Olegario Galarza Grande, por la no aceptación de la recomendación 6/2004, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dirigió, el 4 de junio de 2004, al Procurador General de Justicia de esa entidad, con motivo de la detención arbitraria del ex funcionario, ocurrida el 8 de diciembre de 2003.

Según Olegario la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí lo detuvo sin orden de aprehensión y lo mantuvo incomunicado por varias horas, lo que fue avalado por la Comisión Estatal y Nacional de los derechos humanos, instancias que emitieron, por separado, recomendaciones a favor de este ex Funcionario.

En el caso de quien fuera director de la Policía Ministerial, Enrique Galindo, la CNDH ordenó, en la recomendación 28/2006, que se diera vista al Órgano de Control competente para que investigara las omisiones en las que incurrió, “al rendir un parte informativo que carecía de requisitos esenciales” como la firma de los policías que realizaron la investigación y la solicitud de detención para el Ministerio Público, entre los más importantes.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

El 20 de noviembre de 2014, en el marco de una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa,  la Policía Federal y la Policía Auxiliar de la CDMX disolvieron la protesta con exceso de fuerza al agredir a cientos de civiles, entre ellos personas de la tercera edad, niños y periodistas,  que pacíficamente se manifestaban y documentaban el acto.

El violento desalojo del zócalo de la CDMX ocurrió luego de que un reducido grupo de personas encapuchadas lanzó bombas molotov contra Palacio Nacional; por eso hechos policías federales y auxiliares persiguieron a cientos de personas que permanecían en el Zócalo protestando de manera pacífica.

En un comunicado de prensa, la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos en la CDMX hicieron un llamado a las autoridades que participaron en las agresiones, especialmente a los policías, para realizar su trabajo apegados a los más altos estándares en derechos humanos, “con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación”.

Los asesinatos en Apatzingán

El 25 de noviembre de 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015, contra la Policía Federal por el asesinato de 5 personas y el ejecución extrajudicial de un civil más, ocurridos el 6 de enero de 2015 en las inmediaciones del palacio municipal de Apatzingán, Michoacán, donde la corporación al mando de Enrique Galindo reportó un saldo de nueve personas muertas, 44 detenidos y cinco lesionados (entre ellos dos policías federales).

Por estos hechos la CNDH conformó un equipo técnico multidisciplinario integrado por visitadores adjuntos, peritos en medicina forense, criminalística, criminología, planimetría y psicología, quienes establecieron que los policías asesinaron a estas personas, echando abajo la versión del entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que las muertes fueron resultado de una emboscada a las fuerzas federales y el ejército.

El operativo Nochixtlan

El pasado 19 de junio, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo, encabezado por policías federales y estatales, en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca. Además de estas víctimas, 23 personas fueron detenidas por la policía federal en esa ocasión. De acuerdo con testimonios, 18 de estas personas fueron sacadas de un funeral que se realizaba a unos cuantos metros del operativo.

A las pocas horas de ocurrido, el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que los policías a su cargo no habían usado armas de fuego, ni gases lacrimógeno; videos, testimonios y fotografías muestran que durante el operativo los policías si dispararon contra los manifestantes que mantenían un bloqueo carretero.

Por estos hechos, la CNDH inició una investigación para determinar el tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas y tratar de determinar si hay responsabilidad de la Policía Federal. A poco más de dos meses del operativo la CNDH cuenta con 500 testimonios y quejas sobre el ocurrido esa mañana en Nochixtlán. Hasta el momento no han dado a conocer los avances de sus investigaciones.

22 ejecuciones extrajudiciales

El pasado jueves 18 de agosto, la CNDH emitió la recomendación 4VG/2016, en la que establece que la Policía Federal, el 22 de mayo del 2015, ejecutó extrajudicialmente a 22 civiles durante un supuesto enfrentamiento armado que dejó como saldo 42 personas y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.

La CNDH también documentó actos de tortura, manipulación de cadáveres, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades cometidas por la Policía Federal.

En su momento el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que en Tanhuato no hubo ejecuciones extrajudiciales y dijo que las víctimas eran miembros de un grupo criminal que habían disparado a los policías tras una persecución; en la recomendación la CNDH estableció que no hubo tal persecución y que los policías asesinaron a los civiles cuando varios de ellos se encontraban dormidos.


Las acusaciones contra el comisionado Enrique Galindo, a pesar de las recomendaciones y observaciones de la CNDH, no han tenido ningún tipo de repercusión jurídica o administrativa hacía su persona. En la mayoría de los casos ha negado que la corporación a su cargo actuara arbitrariamente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/galindo-policia-federal-violaciones-derechos/

Tomás Zerón, señalado como torturador por un chileno

A salvo en Chile, Laurence Maxwell Ilabarca se enteró de que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, es el mando policiaco que presuntamente dirigió el interrogatorio irregular al que fue sometido en noviembre de 2014 en instalaciones de la SIEDO. Mediante un escrito y en entrevista con Proceso, revela cómo fue torturado física y psicológicamente, y lo que afirmaron los mandos policiacos sobre los estudiantes desaparecidos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Investigado por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) por haber realizado diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sin notificarlas, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), es identificado por Laurence Maxwell Ilabarca como el conductor del interrogatorio irregular al que fue sometido el 20 de noviembre de 2014, después de participar en una marcha para exigir la presentación con vida de los estudiantes.

En vísperas de que la procuradora Arely Gómez dé a conocer a los padres de los 43 desaparecidos y a sus representantes las conclusiones de la investigación realizada por la Visitaduría General, el ciudadano chileno Maxwell Ilabarca detalla en un escrito y en entrevista con Proceso aquel interrogatorio y el hostigamiento de Zerón para que se autoinculpara como “terrorista” y “anarquista”.

Semanas después de que Maxwell Ilabarca regresó a Chile tras permanecer 10 días en una prisión mexicana de máxima seguridad, investigó quiénes eran los funcionarios que en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo separaron del grupo de 11 detenidos.

Relata que éstos no se conocían entre sí porque fueron capturados en distintos lugares cercanos al Zócalo de la Ciudad de México a fin de acusarlos de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Los 11 fueron exonerados por el Poder Judicial ante la deficiente indagatoria de la PGR.

Laurence buscó en internet imágenes de funcionarios de la PGR hasta que identificó a uno de los cinco que lo interrogaron en una oficina de la SEIDO sin que estuvieran presentes ni su abogado ni personal del consulado chileno. Era el director de la AIC.

Afirma que Zerón de Lucio era el “sujeto que esa noche (del 20 de noviembre de 2014) había dirigido el interrogatorio que duró aproximadamente una hora o poco más, eso fue tres o cuatro horas después de la detención”.

En la entrevista telefónica desde Chile, el músico y escritor doctorado en literatura por la UNAM describe la actitud de Zerón. Considera que él estaba “atrás de ese interrogatorio, no solamente por la manera que se comportaba, sino que me quedaba claro que él era un funcionario importante, porque los demás se dirigían a él con formas de respeto u obediencia”.





Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/450903/tomas-zeron-senalado-torturador-chileno

Dan hasta 29 años de prisión a implicados en caso de guardería ABC

Ciudad de México. El juzgado primero de distrito en materia penal con sede en el estado de Sonora, dictó sentencias condenatorias de entre 20 y 29 años de prisión en contra de 19 personas por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, que dejó un saldo de 49 menores fallecidos.

El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que la autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria en contra de la Jefa del departamento de Guarderías y del Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social; de la representante legal y del secretario del consejo de administración de la Guardería ABC, Sociedad Civil; del Director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; del Director de Bomberos de Hermosillo; del Jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Bomberos, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

Asimismo, fueron sentenciados el Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; del Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo; de los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora; del Director General de Recaudación y del Subdirector de Control Vehicular dependientes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, por considerarse penalmente responsables en la comisión de los delitos de Homicidio por Culpa, previsto y sancionado en los artículo 302 y 307, en relación con el 60 todos del Código Penal Federal, cometido en agravio de cuarenta y nueve menores, y de Lesiones por Culpa, previsto y sancionado por los artículos 288, 289 segunda parte, 290, 291, 292 primero y segundo párrafo y 293, en relación con el 60, todos del citado ordenamiento legal, cometido en agravio de 38 menores y cinco mayores de edad.

Por su responsabilidad en la comisión de los citados ilícitos, se les impusieron las siguientes condenas:

A la Jefa del Departamento de Guarderías dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Noemí López Sánchez, la pena de 29 años de prisión y se le condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

Al Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Leyva Lizárraga; a la representante legal y al secretario del consejo de administración de la Guardería ABC, Sociedad Civil, la pena de 28 años de prisión y se les condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

A Roberto Copado, Director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, al Director de Bomberos de Hermosillo, Martín Lugo Portillo, Jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Bomberos, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y a Jesús Davis Osuna, Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo, la pena de 28 años de prisión y se les condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

Al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, la pena de 28 años de prisión y se le condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

A los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal, al Director General de Recaudación y al Subdirector de Control Vehicular todos dependientes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la pena de 20 años de prisión y se les condenó al pago de la multa y la reparación del daño.




Fuente: La Jornada
Autor: Gustavo Castillo
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/14/dictan-hasta-28-anos-de-prision-a-19-por-incendio-en-guarderia-abc