En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Los indígenas tseltales detenidos por el supuesto crimen lideran la resistencia en contra de una carretera que uniría el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Este lunes será la audiencia en la que se definirá si son procesados o no.

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Defensores contra el Tren Maya denuncian robos y amenazas en Campeche

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), que lucha contra la imposición del Tren Maya en Campeche, denunció que el pasado 23 de septiembre un integrante recibió amenazas por mensajes de WhatsApp y que tres días antes sujetos desconocidos robaron información financiera, equipos y tarjetas bancarias de la habitación de la administradora del Consejo.

«Este robo y amenaza se debe de comprender en el contexto de señalamiento, que hemos sido objeto diversas organizaciones de la Sociedad Civil y como organización indígena, de difamación, estigmatización y sobre todo de criminalización por parte del Estado Mexicano, tanto en medios gráficos, virtuales y de comunicación televisiva, por nuestra oposición organizativa, real, profunda y con identidad cultural por los impactos a generar a nivel comunitarios, cultural, social, ambiental, productivo y turístico, del mal llamado ‘Tren Maya'», aseguró el CRIPX.

Defender la tierra con el acero en la mano

Cuando la gente supo que en las tierras de Cacahuatepec el gobierno planeaba construir la presa la Parota, el finado Isabel Suástegui Valeriano junto con Simón Cruz, fueron a ver a Marco Antonio a la playa. Los campesinos de Garrapatas se pusieron al frente de esta lucha antes del 2003. La gente de San José, de donde era originario el tío de Marco Antonio, también se adhirió a este movimiento. En la playa Icacos el joven arquitecto escuchó con mucho interés el relato plagado de preocupación y de angustia de sus familiares. Fue un encuentro luminoso: don Isabel y Simón vieron en Marco a un profesionista de la región que podía apoyarlos en la organización de las comunidades. 

Asesinan al líder huichol Miguel Vázquez y a su hermano en Jalisco

La Fiscalía estatal indicó que los agresores pertenecen a una célula delictiva que opera entre los límites de Jalisco y Zacatecas.

Personas con armas asesinaron el sábado pasado al líder comunal huichol Miguel Vázquez, expresidente del comisariado de los bienes comunales en San Sebastián Teponahuaxtlán y defensor de las tierras ancestrales huicholas, y a su hermano Agustín Vázquez Torres.

Los crímenes ocurrieron en la Delegación de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de Bolaños.

“De las primeras indagatorias, se desprende que los agresores pertenecen a una célula delictiva que opera entre los límites de Jalisco y Zacatecas”, indicó la Fiscalía de Jalisco, en un comunicado.

Edomex, Sonora y Oaxaca, los 3 estados más peligrosos para ser defensor de la tierra: Cemda

Las entidades con más ataques registrados en contra de defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio, entre junio de 2015 y julio de 2016, fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada una.

México no es un lugar seguro para los defensores del medio ambiente y de los recursos naturales. Apenas el pasado 16 de enero, el activista Isidro Baldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinado a tiros en Chihuahua.

El hecho ha sido condenado por distintas organizaciones de las sociedad civil como Amnistía Internacional, Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras. Incluso, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, expresó su indignación y lamentó la “trágica pérdida” de Baldenegro, a quien llamó “defensor indígena comprometido y altruista”.


En entrevista para SinEmbargo, Alejandra Leyva Hernández, abogada especialista en Derechos Humanos del Cemda, alertó que “lo más grave del asesinato de Isidro Baldenegro es que no se trata de un hecho aislado. Se da en un contexto de violencia generalizada en el país contra los defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Es reflejo de lo que viven muchos activistas que son agredidos con amenazas, hostigamiento, criminalización y culminan en la muerte”.

Leyva Hernández recordó que el activista ambiental fue desplazado de su comunidad y criminalizado. En 2003, Isidro estuvo preso por presunta posesión ilegal de armas y mariguana, pero los cargos fueron retirados un año después, luego de que las autoridades determinaran que la Policía había cometido abusos durante su detención, según información de Associated Press. El activista también acusó, en su momento, a influyentes taladores locales de persuadir a las autoridades de fabricar cargos en su contra.

De junio de 2015 hasta julio de 2016, en la República Mexicana se registraron 63 agresiones contra activistas. Los ataques fueron desde amenazas, criminalización y detenciones ilegales, agresiones físicas, y hasta asesinatos, documentó el Cemda en el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, presentado hace unos días.


El documento detalla que las entidades con más ataques registrados en contra de defensores ambientalistas fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada uno.

De los 63 casos documentados, el Cemda informó que 17 correspondieron a obras hidráulicas y políticas públicas de administración del agua; 10 a minería; 8 a proyectos de infraestructura; 7 a hidroeléctricas; 5 a proyectos inmobiliarios; 4 sobre despojo de tierras y territorio; 4 de proyectos eólicos; 2 por contaminación; 2 por proyectos turísticos; 2 por siembra de transgénicos y 2 más por tala clandestina.

El Centro señaló que los ataques hacia los activistas fueron perpetrados por diversos agresores, entre ellos, autoridades del Estado a nivel municipal, estatal y federal (el 43 por ciento). También identificaron a personal de las empresas que emprenden los proyectos y que “con violencia defienden sus intereses económicos frente a la oposición de las comunidades”. Además, otras agresiones fueron perpetrada por gente de la propia comunidad afectada al existir divisiones, y, en otras ocasiones, provinieron de particulares que tienen algún interés que se ve afectado.

Detalló que otro 31 por ciento de los atacantes no fue identificado, mientras que el 14 por ciento fue adjudicado a particulares; el 7 por ciento al personal de las empresas; el 3 por ciento a la gente de la misma comunidad y el 2 por ciento a grupos del crimen organizado.

En el caso de los ataques provenientes de una autoridad, la organización observó que en el 56 por ciento de los casos, los autores fueron autoridades estatales, en el 22 por ciento, autoridades municipales y en el 22 por ciento restante, autoridades federales.

En ese sentido, Leyva acusó que “hay una posición del Estado de omisión frente a los hechos. Hay una falta de voluntad política para enfrentar la situación con medidas sobre todo preventivas y de protección. Se está dejando en total indefensión a los activistas y está conminando en éstos lamentables hechos”.

La organización identificó que de los 63 casos registrados entre junio 2015 y julio de 2016 se cometieron en total 86 agresiones, ya que en algunos se perpetró más de un tipo de ofensiva. De ellos, se identificó un homicidio. Mientras, los ataques más frecuentes fueron las amenazas, con el 24 por ciento; después la intimidación con 19 por ciento; la criminalización con 18 por ciento, y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento. Otras agresiones identificadas fueron el hostigamiento con 11 por ciento; la difamación con 6 por ciento; la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo, con un 2 por ciento cada uno.

Alejandra Leyva hizo un llamado a las autoridades mexicanas “a respetar derechos humanos y derechos colectivos. Nosotros lo vemos como una forma de atender el fondo del asunto”.

La litigante recomendó instaurar medidas preventivas ante este contexto de violencia pero, dijo, “sabemos que hay un problema de fondo que es económico y que no respeta derechos de pueblos indígenas”.

“Que se materialice una voluntad política real, si no ninguna medida va a poder ser eficaz. Hay un contexto de impunidad, de corrupción, donde no se atienden las problemáticas de fondo en los conflictos socioambientales y hay un ánimo de agredir a las personas que defienden sus derechos”, destacó.

AMÉRICA LATINA AGREDE A SUS ACTIVISTAS


Recientemente, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina. En él se documentaron 51 casos de intimidación y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia.

El CIEDH situó a México entre los países más peligrosos para los activistas, acompañado por Colombia, Guatemala, Honduras y Brasil.

Un informe del año pasado de Global Witness reportó que 185 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015; dos tercios en América Latina, “por mucho el mayor número de muertes reportadas anualmente”.


En 2014, el mismo análisis documentó 88 asesinatos contra personas defensoras de tierra y medio ambiente en la región: 29 en Brasil, 25 en Colombia, 12 en Honduras, 5 en Guatemala, 3 en Paraguay, 3 en México, 1 en Costa Rica y 1 en Ecuador.

En entrevista con SinEmbargo, Karen Hudlet Vázquez, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señaló que las agresiones a los activistas son “graves y preocupantes”, ya que en diversas ocasiones se reportan intimidaciones, amenazas y asesinatos.

La investigadora acusó que en el país se registra abuso al derecho a la tierra, al territorio y/o al agua; al derecho a la consulta, participación y/o información. Y explicó que con las protestas de los inconformes, llegan las intimidaciones, amenazas y otras agresiones.

Los casos, subrayó, “no pueden quedar en la impunidad. Se debe encontrar a los responsables de los abusos y de los ataques a los defensores y defensoras para que no haya un clima tolerante ante la situación, por un lado, por otro, el Estado mexicano tiene que evitar los proyectos que causan conflictos por el daño a las comunidades y al medio ambiente”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3139505

Asesinan a indígena defensor del medio ambiente en la Sierra Tarahumara

CHIHUAHUA, Chih: Isidro Baldenegro López, luchador social indígena que recibió el Premio Goldman 2005 para Norteamérica, fue asesinado el fin de semana pasado en la vivienda de un familiar en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo.

Aunque la Fiscalía General del Estado no tenía registrado el homicidio, familiares que radican en Baborigame confirmaron que su hermano Francisco viajó ayer por el cuerpo y que Isidro será velado y sepultado en Coloradas de la Virgen, en la tierra que defendió y por la que fue a la cárcel el 22 de marzo de 2003.

De acuerdo con testigos del asesinato, los autores están vinculados con quienes han matado a otros indígenas de aquella región por defender su territorio y la tala clandestina.

Cuando Isidro Baldenegro fue detenido en 2003, defensores locales, nacionales e incluso Amnistía Internacional exigieron su libertad y cuestionaron la justicia del Estado mexicano, pues fue acusado por narcotráfico y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

El indígena, de alrededor de 50 años, defendió la tierra que aún sostiene litigios históricos contra quienes pretenden arrebatar la tierra.

Baldenegro defendió el bosque comunal de Coloradas de la Virgen, que hasta la fecha tiene litigios relacionados con la tala de árboles y el territorio, y que se han sumado a lo largo de toda la Sierra Tarahumara, por la presencia de grupos delictivos que se han ensañado principalmente contra los rarámuri y las otras tres etnias que comprende la región serrana chihuahuense.

Trece años después del encarcelamiento y liberación de Isidro, su gente vive secuestrada en la Tarahumara, los delincuentes han tomado los caminos y brechas por las que se reunían y se encontraban para fortalecer su cultura, su comunidad. En ese contexto, Baldenegro fue asesinado.

Hace más de un año, otro de sus hermanos fue herido cuando intentaron asesinarlo en esa misma comunidad. Ahora, él y parte de su familia viven desplazados por el crimen organizado en otro municipio de la entidad. Han perdido a otros integrantes de la familia.

Isidro Baldenegro participó en el 2003 en un bloqueo de la carretera en la Sierra Tarahumara, porque por ahí pasaban los camiones madereros para transportar árboles talados a pesar de su prohibición por una orden de un juez, en 2002.

La detención de Baldenegro, quien en ese tiempo tenía 38 años, fue el 22 de marzo de 2003, luego de unos meses quedó en libertad y en abril de 2005, recibió el Premio Goldman en San Francisco, el máximo galardón otorgado a defensores del medio ambiente.


Al recibir el premio, demandó al gobierno mexicano atender las demandas de los indígenas, en lugar de criminalizar y detener campesinos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470418/asesinan-a-luchador-social-indigena-defensor-del-medio-ambiente-en-la-sierra-tarahumara

Torturan a dos mayas que se oponen a la venta de sus tierras

Los campesinos mayas Guadalupe Cahum Uc y Elías Cahum Cahum, quienes se oponen a la venta de sus tierras a empresarios de Yucatán y Quintana Roo, fueron secuestrados y torturados al ser amarrados a un árbol y golpeados por personas del comisariado ejidal de Valladolid que, de acuerdo con los testimonios, son de un grupo identificado con el ex procurador Rafael Acosta Solís, denunció el Equipo Indignación.

De acuerdo con el grupo Indignación, el suceso, que sucedió en Laguna Chabela, poblado contiguo a Punta Laguna, “enciende la alerta” sobre “el despojo al pueblo maya -que- está generando violencia en la península”.

Señaló que incluso una de las víctimas presenta un derrame ocular y que ambos tienen “huellas de violencia”. Luego de haber sido rescatados, los agredidos interpusieron una denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Valladolid.

Ante esto, Indignación solicitó medidas cautelares frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el lunes 5 de diciembre pasado, durante la audiencia sobre la Situación de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Península de Yucatán, en el período ordinario de sesiones que tiene lugar en Panamá.

El ex procurador Acosta Solís está implicado en varios procesos de compra-venta en distintos ejidos del estado, y sería “deplorable” que el gobierno de Rolando Zapata anuncie y publicite una declaratoria de Yucatán como zona libre de transgénicos pero que a su vez favorezca el despojo de las tierras, territorios y recursos naturales del pueblo maya peninsular, destacó el grupo.

La agresión ocurrió cuatro días antes de una reunión de conciliación agraria entre Rafael Acosta y el ejido de los agraviados, comuneros de Valladolid que resisten los intentos de dividir al ejido y despojarlos de sus tierras. Ante la agresión, los comuneros decidieron no entrar a dicha reunión.


La disputa por las más de 5 mil hectáreas de Punta Laguna, que es refugio de 30 por ciento de las especies de aves locales y migratorias de la región, así como del mono araña y el jaguar, se remonta a 2015, cuando dos grupos de ejidatarios de Valladolid, encabezados por Antonio Abán y Leonardo Pech, se enfrentaron por dicha zona natural protegida y con potencial turístico.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/torturan-dos-mayas-se-oponen-la-venta-tierras/