Los asesinatos y criminalización de defensores de medio ambiente y territorio continúa. Además, está en juego que el país pueda cumplir con el compromiso de deforestación cero para 2030.
México vive una crisis ambiental que es urgente atender. Pero en 2019 no fue suficiente el llamado que realizaron científicos, organizaciones ambientalistas e, incluso, funcionarios para que se tomaran medidas y se destinaran los recursos necesarios para frenar el avance de la deforestación, evitar la pérdida de especies y atender la contaminación de ríos, lagunas y mares.
En octubre pasado, incluso, el mismo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, señaló que era necesario declarar una “emergencia ambiental” en el país. Sus palabras, hasta ahora, no han encontrado eco suficiente para que el gobierno federal considere el tema como prioritario. Y la mejor muestra de ello es la disminución en el presupuesto para ambiente, mientras se sigue impulsando la energía basada en combustibles fósiles.
En octubre pasado, incluso, el mismo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, señaló que era necesario declarar una “emergencia ambiental” en el país. Sus palabras, hasta ahora, no han encontrado eco suficiente para que el gobierno federal considere el tema como prioritario. Y la mejor muestra de ello es la disminución en el presupuesto para ambiente, mientras se sigue impulsando la energía basada en combustibles fósiles.
Recordó que los principales motivos para atentar contra el trabajo de los defensores es por la oposición que expresan ante los proyectos extractivos y las denuncias sobre los impactos negativos en el ambiente que tendrán obras como minas, presas hidroeléctricas, parques eólicos, carreteras o centros habitacionales o turísticos en sus comunidades.
Isidro Merejildo, hermano del homicida del líder indígena Isidro Baldenegro López, fue detenido en la comunidad Las Papas del municipio de Guadalupe y Calvo tras agredir a agentes estatales que realizaban un operativo.
La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía Estatal Única realizan operativos y patrullajes permanentes en la zona serrana y que al llegar a la comunidad de Las Papas, fueron recibidos a balazos por un grupo de personas.
Sin embargo, lograron la detención de Isidro Merejildo, a quien le aseguraron armas de fuego y un radio portátil de comunicación.
Armas aseguradas a Isidro Merejildo. Foto: Especial
El detenido tiene 17 años, se identificó como hermano de Romeo R.M., quien tiene una orden de aprehensión por el homicidio de Isidro Baldenegro, ocurrido el pasado 15 de enero en la comunidad de Coloradas de las Vírgenes del mismo municipio
A Isidro Merejildo le fue decomisado un rifle calibre 22, un arma corta tipo escuadra calibre .45 marca Gabilondo y Cía, un cargador de AK-47 abastecido, un cargador de AR15 y un radio VHF Kenwood.
Durante la agresión, un elemento de la Policía Estatal Única resultó herido de bala en el brazo izquierdo, pero se encuentra consciente y estable.
La Fiscalía General del Estado informó que continúa con los operativos de búsqueda para dar con el presunto responsable del homicidio de Isidro Baldenegro López.
La comunidad Las Papas es identificada por los rarámuri de la región como el refugio de sicarios que comenzaron a llegar hace tres años.
Pobladores relatan que los sicarios pasan por todos lados, algunos duermen en el bosque y otros tienen casa en comunidades como Las Papas. “Ahí hicieron casa, ahí se quedan y pasan por Coloradas de la Virgen y otras rancherías para intimidar”.
Los grupos delictivos que pertenecen al Cártel de Sinaloa y que controlan las diferentes zonas de Guadalupe y Calvo -uno de los municipios más extensos de la entidad- absorbieron a los caciques como el de Coloradas de la Virgen, de acuerdo con los pobladores.
Afirmaron que ahora los delincuentes contratan a sicarios muy jóvenes que llegan principalmente de Sinaloa y reclutan de manera voluntaria o forzada a adolescentes indígenas para que formen parte de sus filas.
“Desde hace tres años es más fuerte la violencia, con el mismo grupo y otros que llegaron de Sinaloa. Como allá está muy solo, casi no entra la autoridad, ni hay gente casi, se pueden esconder. Dicen que vienen de Sinaloa, pero no sabemos exactamente de qué parte de Sinaloa; son chavos nuevos y bien armados, con armas largas (…) La mayoría son muy nuevos, de 14 y 15 años para arriba. Se oye decir que a unos sí se los llevan a la fuerza, pero ya estando ahí terminan por trabajar y acoplarse”, aseguraron en entrevista indígenas desplazados de esa comunidad por la violencia.
La llegada del grupo Los Pintos –cuyos integrantes visten uniforme militar color beige y verde–, se debió a que se enfrentaron con el otro grupo que ahora domina Baborigame, una de las plazas más importantes que colinda con Badiraguato, en el estado de Sinaloa.
Isidro Merejildo. Foto: Especial
En 30 años han sido asesinados 16 líderes indígenas de esa comunidad, entre ellos Julio Baldenegro, papá de Isidro, quien fue el primero.
La violencia recrudeció y en 2013 asesinaron a tres más. Entre el 5 de febrero del año pasado y el 15 de enero de este año, mataron a cinco líderes.
El 26 de marzo del año pasado, el sábado de gloria, asesinaron a Valentín Carrillo; a Elpidio Torres lo mataron el 29 de abril; Víctor Carrillo fue asesinado el 5 de febrero del año pasado y Crescencio Molina, quien fue parte del Consejo de Vigilancia y gobernador de la comunidad, murió a balazos el pasado 13 de enero. Isidro fue el más reciente, el 15 de enero.
Isidro Baldenegro, de 51 años, llegó el domingo 15 de enero pasado a Coloradas de la Virgen a visitar a una tía enferma para trasladarla a Baborigame para que recibiera atención médica. Baldenegro se había desplazado por seguridad, pero visitaba con frecuencia a sus familiares.
Isidro entró a la casa de su tío y se recostó cuando llegó Romeo, un indígena de 25 años que se unió al grupo de acosadores de la comunidad. Baldenegro no desconfió porque se conocían desde niños. Cuando Romeo invitó a Baldenegro a salir de la casa, no sospechó que le haría daño, pero le dio seis disparos. Posteriormente su familia veló a Isidro y lo sepultó lejos del lugar donde nació porque ya no pudo regresar, ni muerto.
En circunstancias similares murió Víctor Carrillo, de 29 años, casi un año antes. Él era hijo de Julián Carrillo Martínez, quien es demandante en un juicio agrario de la comunidad y que le valió con otros líderes y derechohumanistas de la organización Alianza Madre ser beneficiario del mecanismo de protección federal. Aun con esas medidas, mataron a su hijo en febrero del año pasado.
“Ahí nomás, llegaron. Estaba acostado el otro porque había ido al pueblo, allá para La Vara, allá está el pueblo y allá anduvo. Tenía una niña chiquita aquí (abrazada en la parte derecha), y entonces llegaron y le dieron a matar. Fue el hermano del mismo que mató a Isidro, pero es mayor que Romeo. Llegó sin hablar, no más llegó y le dio un balazo y se fueron. Dicen que no habló nada. La niña ahí estaba con él, cuando lo balearon la mamá nomás la agarró de la mano y la hicieron a un lado. Le dieron en una mano, por aquí, pero llegó el otro y le vació toda la carga. Le reventó la cara, le botó los dientes. Le disparó primero ese cristiano, le dio tres con una súper, el otro le dio con otra pistola y le dejó caer la carga. No supimos por qué”, relata uno de los amigos.
Romeo, su hermano y el otro hombre que asesinó a Víctor, son sicarios, aseguran. “Se acoplan con ellos, todavía yo creo, porque siguen haciendo lo mismo. Todavía no agarran a nadie”.
La Policía Ministerial tardó más de 36 horas en llegar a la escena del crimen, donde sólo duraron dos horas y abandonaron la comunidad. A los tres días regresaron a tomar fotografías del lugar del funeral. La familia se desplazó a rancherías del mismo ejido Coloradas de la Virgen, pero ahora con la muerte de Isidro, no saben si podrán regresar.
En varios casos los sicarios no los dejan ni realizar el ritual de una semana para velar a los difuntos, deben huir de inmediato.
“Ese que mató a Isidro ya había matado a otro de La Nopalera, cerca de Baborigame, andan en toda la región”.
La esposa de Víctor también huyó de la comunidad a otro municipio. “Ahora esa gente pasa cerca de la casa de los familiares de Víctor, pero no llegan. Muchas gente se ha ido por miedo”.
El 11 de diciembre pasado fue quemada la casa de Julián Carrillo. La familia tiene una vivienda en la cabecera de Coloradas de la Virgen y otra en la barranca, a donde hacen más de una hora para llegar. Esa casa la construyeron para refugiarse.
“No supieron quién quemó la casa, era de noche, nada más vieron la lumbre. Se quemó toda, sólo quedó el adobe. Se puso denuncia pero fue el MP sólo arriba, no bajaron a la casa quemada”.
Los agentes le pidieron a Julián que tomara fotos de la casa quemada. Bajó y subió a entregarles las fotografías, pero le dijeron que no estaban bien tomadas. Le encargaron volver a tomarlas y hacérselas llegar. Apenas las pudo llevar a la ciudad de Chihuahua, después del homicidio de Isidro.
A esa misma familia le secuestraron a una sobrina el 5 de diciembre, de 24 años.
“Se la llevaron. Andaba cuidando chivas y ahí le salieron esos. Traían uniforme de Los Pintos, pasamontañas. Le hablaba por su nombre uno (…) se la llevaron por el rumbo de Baborigame, más allá pasando un cerro, por ahí dicen que se les fue, se escapó ahí. Ya la habían tenido toda la noche. Ella no sabía dónde estaba, como la traían a pie no sabía ni por dónde, no conocía el rumbo, pero vio un cerro alto allá lejos y lo conocía, estaba muy lejos. Se fue corriendo y corriendo, llegó ahí abajo donde quemaron la casa, subió poquito y se quedó ya de noche con una señora conocida.
Dice (la joven) que le ponían el rifle en el pecho y en la cabeza, dice que al otro día le dolía todavía, pensaba como que ya le iban a dar, pero no le habían dado nada. Ya después se fue caminando para arriba. Entonces de ahí llegó ya tarde con la mamá”.
Este caso obligó a otras familias a dejar su tierra para salvar su vida.
Fuente: Proceso
Autora: Patricia Mayorga
http://www.proceso.com.mx/475022/detienen-a-hermano-del-presunto-homicida-del-activista-isidro-baldenegro
Los defensores comunitarios del medio ambiente, los que cuidan sus bosques y sus aguas, sus montañas, el viento, la tierra y el territorio, están siendo asesinados en México y en toda América Latina. Son ellos enemigos de empresarios, gobiernos y crimen organizado, quienes ven amenazados sus intereses por la resistencia de quienes no están dispuestos a entregar sus recursos naturales.
Este 2017 arrancó con el asesinato de dos defensores de la sierra rarámuri, en Chihuahua. El 15 de enero pasado el ambientalista comunitario Isidro Baldenegro fue abatido a balazos, luego de haber recibido decenas de amenazas por su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental. Quince días después, el 31 de enero, Juan Ontiveros Ramos fue secuestrado y encontrado muerto al día siguiente.
Baldenegro, como la luchadora lenca Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada en marzo del 2016, también fue galardonado con el reconocido premio Goldman. De 51 años de edad, el defensor rarámuri fue acribillado en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Nada es casualidad en estas tierras azotadas por el crimen organizado y empresarios madereros que reciben el cobijo de las autoridades en turno y se han apropiado de los recursos de la sierra. Hoy, como desde hace cuatro décadas, los rarámuri están siendo expulsados de sus rancherías por la violencia. Los que se quedan se juegan la vida en la lucha por el reconocimiento de sus tierras, por impedir que la deforestación acabe con la totalidad de sus bosques y por recobrar la unidad de su pueblo.
La muerte no es nueva en esta tierras. El padre de Isidro, Julio Baldenegro, también defensor de los bosques, fue asesinado por un grupo de sicarios en 1986. Siete años más tarde su hijo constituyó una organización para continuar con la defensa de la Sierra Madre Occidental, región invadida por los talamontes clandestinos que codician sus maderas de pino y roble.
Aún no pasaba la conmoción por la muerte de Isidro cuando, el 1 de febrero de 2017, Juan Ontiveros Ramos, defensor de la comunidad indígena de Choréachi, fue encontrado sin vida. Apenas el 20 de enero anterior, Ontiveros había sostenido un encuentro con la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el que volvió a denunciar el despojo territorial y habló de las amenazas en su contra.
Ya pasaron los tiempos en los que la denuncia pública, las medidas cautelares y la difusión internacional brindaban cierta protección a los defensores bajo peligro. En octubre de 2015 Juan entregó un video con su testimonio a la CIDH en el que explicó la alarmante situación en las que sobreviven los rarámuri que permanecen en su territorio.
En 2013, señaló la red de organizaciones de derechos humanos “Todos los Derechos Para Todos”, un grupo de indígenas de la región realizó una denuncia ante instancias internacionales y, como consecuencia, una de las principales denunciantes no pudo regresar a su comunidad debido a que los agresores la amenazaron.
Hoy, afirman, la situación es más grave, por lo que circula un llamado de emergencia para resguardar la vida e integridad del resto de los habitantes de la comunidad de Choréachi.
Por su parte, el Congreso Nacional Indígena y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se solidarizaron con el pueblo rarámuri “tan dolido por estos dos asesinatos que se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año”, y les ofrecieron su respaldo “como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios”.
Fuente: Suplemento Ojarasca/La Jornada
http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/02/10/dos-raramuri-defensores-de-los-bosques-asesinados-en-enero-2610.html
Tras el asesinato de miembros Rarámuris en defensa del ambiente en Chihuahua, el CNI-EZLN denunció los hechos ocurridos en la Sierra Taraumara, donde señalaron como actos perpetrados por grandes terratenientes y grupos de la delincuencia organizada.
En un comunicado emitido este sábado, integrantes del CNI-EZLN calificaron los hechos ocurridos como una “barbaridad” contra sus compañeros que mantienen una la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio, donde señalaron, se mantiene “acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes ganaderos y grupos de la delincuencia organizada”.
Así mismo, matizaron su solidaridad con el pueblo Rarámuri, donde suman 18 homicidios contra la comunidad desde 1973, cuatro de ellos en el último año.
“Abrimos nuestros corazones a la lucha incansable que están librando contra la delincuencia organizada y terratenientes respaldados por los malos gobiernos, les ofrecemos nuestro respaldo como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios”, finalizaron.
Fuente: Somos el Medio
Autor: Ricardo Ortiz
http://somoselmedio.org/article/alto-los-asesinatos-de-compa%C3%B1eros-ind%C3%ADgenas-rar%C3%A1muris-cni-ezln
Durante la presentación de su informe sobre la situación de los defensores ambientales en México, el CEMDA destacó los estados de México, Sonora, Oaxaca y Puebla como los que registraron el mayor número de agresiones en el último año.
En conferencia de prensa, los integrantes del CEMDA recordaron que un único ataque que se registre puede incluir a más de una persona u organización como víctima, al ser vista como amenaza a intereses económicos o políticos envueltos en la explotación del medio ambiente.
De esta forma, los 63 ataques que se registraron hasta junio del 2016 representaron abusos y violaciones de derechos humanos de 139 personas, y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil y comunidades.
El Centro identificó que los megaproyectos y actividades por los que se atacaron a más personas son los hidráulicos, seguidos de los mineros, de infraestructura e hidroeléctricos.
Alejandra Leyva, investigadora de CEMDA, informó que las formas de agresión más comunes son las amenazas, intimidaciones, criminalización y violencia física. Además, resaltó que la difamación, hostigamiento, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, allanamientos y robos, son otros tipos de agresión que cobran fuerza con el paso del tiempo, mientras crece la impunidad.
A la presentación del informe también asistieron representantes de las comunidades Náyeri, de Nayarit, y del municipio de Comuna, en Yucatán, y presentaron sus casos de violaciones a los derechos de los pueblos como la falta de consulta previa, libre e informada para la construcción de megaproyectos en sus tierras, las cuales se ven afectadas por la imposición de las obras.
El último asesinato de un defensor ambientalista en México sucedió el pasado 14 de enero, cuando Isidro Baldenegro López murió a manos de sujetos desconocidos por su trabajo en la protección de su territorio de la tala clandestina, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Baldenegro defendió el bosque comunal de Coloradas de la Virgen, que hasta la fecha tiene litigios relacionados con la tala de árboles y el territorio y que se suman a lo largo de toda la Sierra Tarahumara por la presencia de grupos delictivos, que actúan principalmente contra los rarámuri y las otras tres etnias que comprenden la región serrana chihuahuense.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/seis-anos-mexico-registro-303-ataques-defensores-ambientales/
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) repudiaron el asesinato del activista Isidro Baldenegro López, ocurrido en la comunidad de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua.
Según la información citada por ambas organizaciones, Baldenegro fue asesinado el 15 de enero por un hombre armado quien le habría disparado cinco veces frente a unos familiares. El defensor de derechos humanos llevaba casi 10 años desplazado de la comunidad de Coloradas de la Virgen y ese día había regresado sólo para visitar a una pariente enferma.
El ambientalista, subrayaron la CNDH y la ONU-DH, defendía los derechos del pueblo rarámuri en contra de la tala ilegal de árboles desde hace décadas, y había recibido el prestigioso Premio Medioambiental Goldman en 2005, varios años después de haber sido criminalizado por su labor de defensa de los derechos humanos.
"El fatal ataque contra Isidro Baldenegro se dio en un contexto de violencia en la localidad que afectaba particularmente a la comunidad indígena. En 2016, tres integrantes de la comunidad, quienes también se oponían a la tala ilegal y al despojo de sus tierras, fueron asesinados", destacaron.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, declaró que “este asesinato es una alerta más sobre la situación de extrema vulnerabilidad que viven las defensoras y los defensores de derechos humanos que en la Sierra Tarahumara buscan preservar la tierra y el territorio en zonas remotas con alta presencia de crimen organizado”.
Ambas instituciones llamaron tanto a las autoridades federales como a las del estado de Chihuahua a que adopten medidas de urgencia para la protección de las personas defensoras de la comunidad de Coloradas de la Virgen.
Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/20/cndh-y-onu-repudian-asesinato-de-ambientalista-en-chihuahua
El activista había recibido amenazas de muerte por su férrea defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México.
A Isidro Baldenegro lo mataron igual que a su padre: a balazos.
Y en las mismas circunstancias, después de decenas de amenazas de muerte por su férrea defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México.
La muerte del activista ganador del premio ambiental Goldman 2005 -el galardón medioambiental más prestigioso en el mundo- sucedió el domingo, informó el miércoles la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en el tórax y en una pierna.
El asesinato de Baldenegro ocurrió en la casa de un tío suyo ubicada en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua (oeste).
El líder indígena de 51 años se había alejado de esa zona precisamente por las numerosas amenazas de muerte que recibió en los últimos años.
El hijo de Julio
Al padre de Isidro, Julio Baldenegro lo asesinaron sicarios en 1986.
El líder de los indígenas tarahumara se oponía a los proyectos de tala que ya en ese entonces codiciaban la madera de las montañas de la Sierra Madre Occidental.
Nunca se esclareció su caso, sin embargo reportes de prensa de la época y el propio Isidro Baldenegro, sostuvieron que el asesinato fue promovido por grupos que traficaban madera de modo ilegal.
Isidro tenía 20 años cuando mataron a su padre y casi de inmediato tomo el puesto que él dejó.
Así fue como, en 1993, creó Fuerza Ambiental, una organización dedicada a combatir la tala de los árboles de pino y roble de los bosques de la Sierra Madre Occidental que se encuentran en el territorio indígena originario donde habitan los tarahumara.
“En 1993, Baldenegro desarrolló un movimiento no violento de resistencia para luchar contra la tala, obteniendo el apoyo de ONG locales e internacionales. En 2002, organizó sentadas y marchas no violentas, lo que llevó al gobierno a suspender temporalmente la tala en la zona”, señala un obituario publicado en la página web del premio Goldman en las últimas horas.
El segundo Goldman asesinado
Cuando Isidro Baldenegro recibió el premio Goldman se lo dedicó a su padre porque, según él, “se lo merecía más” que él.
Lo hizo después de pasar 15 meses preso acusado sin pruebas de transportar droga en la región de Chihuahua, donde hay presencia del narcotráfico.
En aquel entonces fue declarado preso de conciencia por la organización Amnistía Internacional.
La misma organización afirmó este miércoles que es “imperativo” que el gobierno mexicano establezca quiénes fueron los responsables del asesinato de Baldenegro.
“Es una trágica ilustración de los muchos peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas para los activistas“, afirmó la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
El asesinato de Baldenegro es el segundo de un ganador del premio Goldman en menos de 12 meses.
El marzo de 2016, la hondureña Berta Cáceres fue asesinada después de haber paralizado un proyecto hidroeléctrico en su país.
Al igual que Baldenegro, Cáceres estaba acostumbrada a vivir bajo amenaza de muerte.
El miércoles en la noche, la Fiscalía General del estado de Chihuahua informó que ya tiene “plenamente identificado” al homicida del líder tarahumara “quien disparó en por lo menos seis ocasiones con un arma 38 Súper, y luego huyó con rumbo desconocido llevándose consigo el arma“.
De acuerdo al observatorio británico Global Witness, 33 activistas fueron asesinados en México entre 2010 y 2015.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/BBC MUNDO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/matan-isidro-baldenegro-activista-ambiental/
Y en las mismas circunstancias, después de decenas de amenazas de muerte por su férrea defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México.
La muerte del activista ganador del premio ambiental Goldman 2005 -el galardón medioambiental más prestigioso en el mundo- sucedió el domingo, informó el miércoles la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en el tórax y en una pierna.
El asesinato de Baldenegro ocurrió en la casa de un tío suyo ubicada en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua (oeste).
El líder indígena de 51 años se había alejado de esa zona precisamente por las numerosas amenazas de muerte que recibió en los últimos años.
El hijo de Julio
Al padre de Isidro, Julio Baldenegro lo asesinaron sicarios en 1986.
Nunca se esclareció su caso, sin embargo reportes de prensa de la época y el propio Isidro Baldenegro, sostuvieron que el asesinato fue promovido por grupos que traficaban madera de modo ilegal.
Isidro tenía 20 años cuando mataron a su padre y casi de inmediato tomo el puesto que él dejó.
Así fue como, en 1993, creó Fuerza Ambiental, una organización dedicada a combatir la tala de los árboles de pino y roble de los bosques de la Sierra Madre Occidental que se encuentran en el territorio indígena originario donde habitan los tarahumara.
“En 1993, Baldenegro desarrolló un movimiento no violento de resistencia para luchar contra la tala, obteniendo el apoyo de ONG locales e internacionales. En 2002, organizó sentadas y marchas no violentas, lo que llevó al gobierno a suspender temporalmente la tala en la zona”, señala un obituario publicado en la página web del premio Goldman en las últimas horas.
El segundo Goldman asesinado
Cuando Isidro Baldenegro recibió el premio Goldman se lo dedicó a su padre porque, según él, “se lo merecía más” que él.
En aquel entonces fue declarado preso de conciencia por la organización Amnistía Internacional.
La misma organización afirmó este miércoles que es “imperativo” que el gobierno mexicano establezca quiénes fueron los responsables del asesinato de Baldenegro.
“Es una trágica ilustración de los muchos peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas para los activistas“, afirmó la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
El asesinato de Baldenegro es el segundo de un ganador del premio Goldman en menos de 12 meses.
El marzo de 2016, la hondureña Berta Cáceres fue asesinada después de haber paralizado un proyecto hidroeléctrico en su país.
Al igual que Baldenegro, Cáceres estaba acostumbrada a vivir bajo amenaza de muerte.
El miércoles en la noche, la Fiscalía General del estado de Chihuahua informó que ya tiene “plenamente identificado” al homicida del líder tarahumara “quien disparó en por lo menos seis ocasiones con un arma 38 Súper, y luego huyó con rumbo desconocido llevándose consigo el arma“.
De acuerdo al observatorio británico Global Witness, 33 activistas fueron asesinados en México entre 2010 y 2015.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/BBC MUNDO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/matan-isidro-baldenegro-activista-ambiental/
Guatemala. La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), en el norte de Guatemala, denunció este viernes el asesinato a balazos de uno de sus dirigentes, opositor a la deforestación y a proyectos hidroeléctricos en la región fronteriza con México y Belice.
El líder comunitario Walter Campos fue encontrado muerto el miércoles pasado en su propiedad "con varios disparos" en el cuerpo, precisó en un comunicado la entidad que agrupa a varias poblaciones asentadas en la Reserva de la Biosfera Maya, que reciben concesiones para el manejo sostenible del bosque.
"A raíz de las causas que él defendía, venía recibiendo amenazas de muerte por parte de invasores ilegales de las tierras y que había denunciando públicamente. Además era parte del Frente Petenero contra las Represas, el cual se opone a la realización de proyectos hidroeléctricos en río Usumacinta", agregó el comunicado.
La ACOFOP señaló que la muerte violenta de Campos se suma a la represión en Centroamérica contra los defensores de la naturaleza, luego del asesinato de la indígena ambientalista Berta Cáceres en Honduras el pasado 3 de marzo, y de su compatriota, el dirigente Marleny Reyes, parte del movimiento de la líder lenca.
Los crímenes "son resultado de la violencia sistemática que sufren en Centroamérica los líderes que están luchando por defender la naturaleza, las culturas y los territorios, de amenazas tales como las grandes represas hidroeléctricas (y) los cultivos extensivos", añadió la organización.
Fuente: La Jornada
Autor: AFP
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/18/asesinan-a-defensor-de-reserva-de-la-biosfera-maya-7970.html
En noviembre de 2015, el activista ambiental Ildefonso Zamora fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de robo cometido en 2012. Sin embargo, Greenpeace y el CentroPro documentan graves irregularidades en el expediente del caso.
“Mi padre no es un ratero –dice Misael Zamora con las manos metidas en el bolsillo de una sudadera blanca-. Su único delito ha sido defender estos bosques y hacer el trabajo que no hacen las autoridades”.
El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.
Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.
Una de esas amenazas, relata el también activista ambiental, tuvo lugar en enero de 2007. Cuando a bordo de un automóvil tres personas lo persiguieron a él, a su hermano Aldo y a su tío Juan Zamora, y uno de los agresores le espetó a Aldo: “Dile a tu padre que se tranquilice. O si no, tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.
Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.
Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.
Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.
“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.
Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.
“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.
“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.
La fabricación de un delito
El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.
Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.
Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.
Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.
Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.
Una de las principales irregularidades, expone Gabriela Carreón, abogada del CentroPro, es que a Ildefonso “se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra”.
“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.
Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.
Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.
Más inconsistencias
De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.
Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.
“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.
Ante estas inconsistencias, Animal Político fue el pasado 8 de marzo, durante una visita a la comunidad de San Juan Atzingo organizada por Greenpeace y el CentroPro, al domicilio donde se produjo el robo en 2012 para conocer la versión de la señora que interpuso la demanda contra el activista, pero uno de sus nietos aseguró que no se encontraba en casa.
Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.
Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.
Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990%
Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.
“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.
“La criminalización de los defensores está muy fuerte. Tan solo en 2014, fueron asesinados tres”, lamenta el vocero de Greenpeace, quien recuerda que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde el año 2010 se han documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas, de las cuales 191 (80%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña a Los Pinos- y junio del pasado 2015.
De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-familia-zamora-cuando-luchar-contra-los-talamontes-te-cuesta-la-vida-o-la-libertad/
El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.
Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.
Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.
Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.
Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.
“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.
Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.
“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.
“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.
El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.
Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.
Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.
Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.
Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.
“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.
Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.
Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.
Más inconsistencias
De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.
Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.
“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.
Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.
Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.
Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.
“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.
De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-familia-zamora-cuando-luchar-contra-los-talamontes-te-cuesta-la-vida-o-la-libertad/
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) expone en un informe que la defensa del agua contra megaproyectos gubernamentales y de empresas privadas es el principal motivo de agresión contra defensores. Sonora, la entidad más peligrosa para ejercer el activismo ambiental.
En México, al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se le acumula el trabajo: además del fuerte aumento de agresiones a comunicadores en el país –Artículo 19 documentó que este 2015 ya es el año “más letal” para la prensa desde que Peña Nieto es presidente-, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advierte que los ataques a personas defensoras del medio ambiente han aumentado 990% en algo menos de cinco años.
En su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, el CEMDA advierte que existe una “tendencia creciente” en las agresiones, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo 2014-junio 2015. Esto es, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.
En total, el CEMDA ha documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas desde 2010, de las cuales 191 (79.5%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos- y junio de este 2015.
Por entidades, Sonora con 16 casos entre mayo 2014 y junio 2015 es el estado más peligroso para ejercer el activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
Le sigue Oaxaca, con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero, con nueve; y Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla, con ocho. En el Distrito Federal también se contabilizaron seis agresiones.
En cuanto al tipo de víctimas, el informe refiere que de los 109 ataques registrados entre mayo de 2014 y junio de 2015, 130 activistas fueron objeto de algún tipo de agresión –cabe tener en cuenta que en un ataque puede haber más de una víctima-. Además, se registraron 21 ataques dirigidos a la comunidad que se opuso a algún proyecto que pusiera en riesgo el medio ambiente de la zona; y 17 fueron contra organizaciones no gubernamentales.
Las amenazas personales, telefónicas o electrónicas, fueron los eventos más reiterados (75). Mientras que las agresiones físicas personales o en grupo (25), el enjuiciamiento arbitrario (19), las detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública (17), los asesinatos (11), la difamación hacia organizaciones civiles (3), así como el uso indebido de la fuerza pública (2), fueron otras de las agresiones más comunes.
La defensa del agua, principal motivo de agresión
Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del CEMDA, explicó durante la presentación del informe que los conflictos donde el tema central es el agua “han sido los más comunes” durante los últimos 15 meses (27 casos). Se trata de conflictos, subrayó, que involucran la explotación del agua, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin.
En este sentido, Cerami recordó los “casos sobresalientes” del Acueducto Independencia, en Sonora, o la oposición de la ciudadanía a la municipalización del sistema de aguas en Coyotepec, Estado de México.
Los conflictos con hidroeléctricas (16 casos), mineras (13), proyectos inmobiliarios (11), despojo de tierras (10), y con eólicas (8), son otros de los casos más comunes por los que se agrede a defensores.
“Por poner un amparo, nuestra vida está en peligro”
Otro de los puntos clave que expone el informe es “la falta de eficacia” de las medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; el cual, desde 2012 ha dado protección sólo a 27 solicitantes -según información proporcionada por transparencia al CEMDA-, mientras que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental enfatiza que, a partir de una revisión de hemeroteca, hay contabilizados “casi 200 casos” de activistas que requerirían de esta protección.
Lucila Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, es de las pocas defensoras ambientales que sí es beneficiaria del Mecanismo, pero que aún así es objeto de agresiones.
En entrevista con Animal Político, la activista explica que representa a mil 166 vecinos zapotecos de Juchitán, en el estado de Oaxaca, que el pasado mes de septiembre se ampararon en contra de la instalación del megaproyecto ‘Eólica del Sur’, por entender que la información proporcionada por las autoridades a la comunidad indígena sobre los impactos de este proyecto es insuficiente y en algunos casos falsa (lee aquí el artículo De la suspensión provisional del megaproyecto ‘Eólica del Sur’, sobre las inconsistencias que permitieron la autorización del proyecto antes de que un juez la paralizara).
“Interpusimos un amparo y el juez nos otorgó la suspensión provisional de la obra, aunque esto, paradójicamente, ha supuesto un mayor riesgo para nuestras vidas”, denuncia Lucila Bettina, quien refiere que tanto ella como el resto de vecinos que se ampararon están sufriendo agresiones, “desde amenazas de muerte, a ataques a bienes materiales como la casa o el carro, a interferencias de las radios comunitarias”.
“A mí me fueron a gritar a mi casa que yo era una prostituta y que me iban a matar.Es lamentable que una acción legal a la que tenemos derecho como ciudadanos se convierta en un peligro para nuestras vidas –añade la activista-. Los mil 166 que nos amparamos estamos en riesgo, porque la empresa está poniendo a la gente en contra de nosotros. Les dicen que estamos en contra del progreso y de que haya empleo porque detuvimos el proyecto”.
En cuanto a la efectividad del Mecanismo de Protección del que es beneficiaria, la integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo ironizó asegurando que la única medida que se materializó para su protección fue la entrega de un “botón de pánico” que no le ha funcionado en situaciones de agresión, y que además “son tan chiquitos que ni siquiera sirven de defensa personal para aventarlo”.
“Si uno no tiene una organización fuerte detrás para presionar al Mecanismo diciéndole que no han cumplido, no se hace nada. El balance es totalmente desfavorable”, acusó la activista.
Por su parte, Michael Chamberlin, consejero y miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, señaló en referencia al bajo número de defensores ambientales que reciben la protección del Mecanismo que esto puede deberse a dos factores: uno, que no todos los periodistas y defensores conocen el Mecanismo; y dos, porque hay “una buena parte” de éstos que prefieren no solicitar la protección del estado “por desconfianza”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/en-5-anos-agresiones-en-mexico-a-defensores-del-medio-ambiente-aumentaron-990/
En su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, el CEMDA advierte que existe una “tendencia creciente” en las agresiones, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 23 en 2012; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo 2014-junio 2015. Esto es, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.
En total, el CEMDA ha documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas desde 2010, de las cuales 191 (79.5%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos- y junio de este 2015.
Por entidades, Sonora con 16 casos entre mayo 2014 y junio 2015 es el estado más peligroso para ejercer el activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
Le sigue Oaxaca, con 13 casos y el Estado de México con 12; Guerrero, con nueve; y Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla, con ocho. En el Distrito Federal también se contabilizaron seis agresiones.
En cuanto al tipo de víctimas, el informe refiere que de los 109 ataques registrados entre mayo de 2014 y junio de 2015, 130 activistas fueron objeto de algún tipo de agresión –cabe tener en cuenta que en un ataque puede haber más de una víctima-. Además, se registraron 21 ataques dirigidos a la comunidad que se opuso a algún proyecto que pusiera en riesgo el medio ambiente de la zona; y 17 fueron contra organizaciones no gubernamentales.
Las amenazas personales, telefónicas o electrónicas, fueron los eventos más reiterados (75). Mientras que las agresiones físicas personales o en grupo (25), el enjuiciamiento arbitrario (19), las detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública (17), los asesinatos (11), la difamación hacia organizaciones civiles (3), así como el uso indebido de la fuerza pública (2), fueron otras de las agresiones más comunes.
La defensa del agua, principal motivo de agresión
Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del CEMDA, explicó durante la presentación del informe que los conflictos donde el tema central es el agua “han sido los más comunes” durante los últimos 15 meses (27 casos). Se trata de conflictos, subrayó, que involucran la explotación del agua, además de conflictos por el manejo público de este recurso e intentos de privatización y control por personas o entidades no autorizadas para este fin.
En este sentido, Cerami recordó los “casos sobresalientes” del Acueducto Independencia, en Sonora, o la oposición de la ciudadanía a la municipalización del sistema de aguas en Coyotepec, Estado de México.
Los conflictos con hidroeléctricas (16 casos), mineras (13), proyectos inmobiliarios (11), despojo de tierras (10), y con eólicas (8), son otros de los casos más comunes por los que se agrede a defensores.
“Por poner un amparo, nuestra vida está en peligro”
Otro de los puntos clave que expone el informe es “la falta de eficacia” de las medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; el cual, desde 2012 ha dado protección sólo a 27 solicitantes -según información proporcionada por transparencia al CEMDA-, mientras que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental enfatiza que, a partir de una revisión de hemeroteca, hay contabilizados “casi 200 casos” de activistas que requerirían de esta protección.
Lucila Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, es de las pocas defensoras ambientales que sí es beneficiaria del Mecanismo, pero que aún así es objeto de agresiones.
En entrevista con Animal Político, la activista explica que representa a mil 166 vecinos zapotecos de Juchitán, en el estado de Oaxaca, que el pasado mes de septiembre se ampararon en contra de la instalación del megaproyecto ‘Eólica del Sur’, por entender que la información proporcionada por las autoridades a la comunidad indígena sobre los impactos de este proyecto es insuficiente y en algunos casos falsa (lee aquí el artículo De la suspensión provisional del megaproyecto ‘Eólica del Sur’, sobre las inconsistencias que permitieron la autorización del proyecto antes de que un juez la paralizara).
“Interpusimos un amparo y el juez nos otorgó la suspensión provisional de la obra, aunque esto, paradójicamente, ha supuesto un mayor riesgo para nuestras vidas”, denuncia Lucila Bettina, quien refiere que tanto ella como el resto de vecinos que se ampararon están sufriendo agresiones, “desde amenazas de muerte, a ataques a bienes materiales como la casa o el carro, a interferencias de las radios comunitarias”.
“A mí me fueron a gritar a mi casa que yo era una prostituta y que me iban a matar.Es lamentable que una acción legal a la que tenemos derecho como ciudadanos se convierta en un peligro para nuestras vidas –añade la activista-. Los mil 166 que nos amparamos estamos en riesgo, porque la empresa está poniendo a la gente en contra de nosotros. Les dicen que estamos en contra del progreso y de que haya empleo porque detuvimos el proyecto”.
En cuanto a la efectividad del Mecanismo de Protección del que es beneficiaria, la integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo ironizó asegurando que la única medida que se materializó para su protección fue la entrega de un “botón de pánico” que no le ha funcionado en situaciones de agresión, y que además “son tan chiquitos que ni siquiera sirven de defensa personal para aventarlo”.
“Si uno no tiene una organización fuerte detrás para presionar al Mecanismo diciéndole que no han cumplido, no se hace nada. El balance es totalmente desfavorable”, acusó la activista.
Por su parte, Michael Chamberlin, consejero y miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, señaló en referencia al bajo número de defensores ambientales que reciben la protección del Mecanismo que esto puede deberse a dos factores: uno, que no todos los periodistas y defensores conocen el Mecanismo; y dos, porque hay “una buena parte” de éstos que prefieren no solicitar la protección del estado “por desconfianza”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/en-5-anos-agresiones-en-mexico-a-defensores-del-medio-ambiente-aumentaron-990/
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