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Policías se despliegan en Ayala y custodian acueducto de la CFE

Ayala, Mor. Dos días después del enfrentamiento entre habitantes de San Pedro Apatlaco y policías del mando único del gobierno del estado, los segundos mantienen ocupada la cancha deportiva que usan de cuartel, y sitiaron calles aledañas al acueducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el cual, según vecinos, la paraestatal pretende llevarse el agua para enfriar las turbinas de las dos termoeléctricas que se edifican en Huexca, municipio de Yecapixtla.

Dijeron que en poblado de 12 mil habitantes, al igual que en otras ciudades del oriente del estado y la capital, escasea el agua, y que los domicilios y cultivos de los 26 ejidos que hay en este municipio la reciben sólo una o dos veces por semana.

Pobladores contaron que policías del mando único vigilan sus casas, después de que el pasado martes intentaron recuperar la cancha donde pernoctan los uniformados, debido a que los trabajadores que construyen el acueducto pretenden desconectarlos de la red de agua.

Juana (de más de 45 años) fue pateada por los policías. Ellos usaron gases lacrimógenos contra los ejidatarios de Ayala, quienes están en contra de que se lleven el agua para el acueducto del Proyecto Integral Morelos, dijo un familiar de Juana Flores, una de los cinco detenidos del pasado martes.

Responsabiliza a nieto de Zapata

En un boletín, el gobierno del estado negó actos de represión (en el enfrentamiento hubo una decena de lesionados y cinco detenidos) y responsabilizó de los hechos a Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata.

Ángel Vides, ayudante municipal, aseguró que personal del gobierno del estado le advirtió que los que intentaron expulsar a los policías serán acusados de terrorismo y daños a propiedad privada.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos confirmó que los uniformados del mando único detuvieron en el desalojo de San Pedro Apatlaco a cinco personas, cuya situación jurídica se definirá en 48 horas.

Indicó que ha iniciado investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos y expuso su preocupación por las maniobras de un helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que se pueden advertir como peligrosas para la integridad física de los ciudadanos.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: RUBICELA MORELOS
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/01/estados/031n1est

Condena Artículo 19 agresión y tortura contra dos periodistas de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 condenó la detención arbitraria de los periodistas Sergio Cruz y Erwin Axel Aragón, quienes además fueron torturados por policías municipales en esta capital.

Por ello, Artículo 19 exigió a las autoridades de la entidad, particularmente a las corporaciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, respetar y garantizar el desarrollo pleno del ejercicio periodístico, condenando cualquier acto tendente a obstruir, criminalizar o realizar injerencias arbitrarias con el fin de impedir el libre flujo de información.

Además, demandó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos, cometidos el viernes 12, de manera diligente, seria, imparcial y exhaustiva, conforme a los estándares internacionales, conduciendo las investigaciones bajo los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, robo y los demás ilícitos que se acrediten contra los agente de policía agresores del municipio de Oaxaca de Juárez.

También pidió dictar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los reporteros agredidos y que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga el caso.

La organización defensora de comunicadores relató que la mañana del viernes 12 los reporteros gráficos, colaboradores de Politik y Diario Rotativo, cubrían un accidente de tránsito cuando elementos de Seguridad Pública les exigieron se identificaran.

Cruz mostró a uno de los policías su credencial de prensa, en ese momento intentaron arrebatarle su teléfono móvil. Cuando Aragón tomaba fotografías de las agresiones, alrededor de siete policías golpearon a los comunicadores y les quitaron sus pertenencias, entre ellas su equipo de trabajo.

Los funcionarios forzaron a Aragón y a Cruz a subir a la patrulla municipal 977. Durante la detención, uno de los oficiales golpeó a los dos reporteros con la culata de una escopeta, provocándoles lesiones en cuello, espalda y cabeza. El mismo agente les apuntó con su arma, cortó cartucho y amenazó con dispararles.

Durante el traslado, los municipales les preguntaron información personal. Obligaron a Aragón a decirles dónde trabajaba, su estado civil, su domicilio, los nombres de sus familias, e incluso, dónde estudia su hija.

Conforme a los estándares internacionales en materia de tortura, así como la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura de Oaxaca, se acredita el delito de tortura por todo acto que inflija dolores o sufrimientos físicos o mentales, como medio intimidatorio, o castigo para obtener información o con cualquier otro fin, cometidos por funcionarios públicos.

Antes de ser presentados ante el juez calificador, el médico legista omitió certificar si hubo maltratos durante su detención y nunca pudieron ver el contenido de los partes médicos.

En el cuartel pretendieron acusarlos por los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena y usurpación de funciones. Incluso, les negaron realizar alguna llamada y establecer contacto con sus familiares.

Después de tres horas y media, ninguna de las acusaciones realizadas por los policías agresores pudo ser comprobada, por lo que fueron liberados.

Los policías borraron todo registro de las agresiones de las cámaras y teléfonos celulares de los periodistas. Además de entregar los equipos sin fotografías y videos de los hechos, les devolvieron menos de la mitad del dinero que estaba bajo su resguardo.

En entrevista con Artículo 19, Aragón y Cruz refirieron que el mando que se encontraba al frente del destacamento de policías amenazó con denunciarlos si ellos hacían lo mismo. Además, buscarían a las personas involucradas en el accidente de tránsito para que testifiquen en su contra.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PEDRO MATÍAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/452072/condena-articulo-19-agresion-tortura-contra-dos-periodistas-oaxaca

“Tanhuato y Nochixtlán muestra del enfoque represivo de seguridad del Estado mexicano”

Ciudad de México | Desinformémonos. “Resulta especialmente preocupante la estrategia deliberada de manipulación demostrada en ambos eventos por parte de agentes estatales”, afirma la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), integrada por 80 organizaciones de 21 entidades. En ambos hechos, detallan, la Policía Federal ha afirmado que actuó en defensa propia, pero la documentación de derechos humanos prueba lo contrario.

Al mismo tiempo, la RedTDT alertó que en este contexto existe una alerta en la sociedad civil por el posible recrudecimiento de la represión contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ante su anuncio de boicotear el regreso a clases hoy en algunos estados de la república, por lo que advirtieron que resulta sumamente preocupante este contexto de violencia estatal y llamaron al Estado mexicano a privilegiar el diálogo y a evitar el uso de la represión.

También pidieron a las instancias internacionales de derechos humanos, con presencia en México, como la ONU-DH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realicen un monitoreo cercano de la situación y ofrezcan alternativas al Estado mexicano “para que no sea éste quien se investigue a sí mismo”.

Explicaron que la alerta emitida esta mañana es consecuencia de la grave crisis de derechos humanos que vive México y, que en su valoración, corre el riesgo de escalar aún más, en el contexto de una estrategia deliberada de manipulación y encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por Policías Federales.

Afirman que existe un claro patrón por parte de actores oficiales para distorsionar en sus declaraciones los hechos y responsabilizar de los mismos a las víctimas y que esto hace evidente la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad por lo que urgieron en la necesidad de que instancias internacionales den certidumbre a las investigaciones de estos y otros casos graves de Violaciones a los Derechos Humanos.

De lo anterior destacan la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, por la documentación de hechos que habían sido denunciados desde que ocurrieron. A esto se suma la presentación, ante legisladores, de “testimonios” de Policías Federales que forman parte de la estrategia ya señalada y reconocida por la CNDH, que en realidad pretenden negar su evidente responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de Nochixtlán, afirma la Red.

Existe, afirman, un contexto de gran confrontación social y de cuestionamientos a la legitimidad gubernamental por parte de importantes sectores de la población, ante el cual la recomendación de la CNDH permite confirmar, “desde un organismo público y autónomo” dicen, una intencionalidad encubridora en el uso de la infraestructura de comunicación social de la Comisión Nacional de Seguridad.

Lo anterior deriva en la recomendación 14 a dicho organismo cuyo fragmento dice que  “Que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, antes de contar con los resultados de una investigación, sin demérito del derecho a la información”.

Estos hechos que son calificador por la Red de “por sí solos…sumamente graves”, se ven magnificados por dos declaraciones oficiales realizadas esta misma semana, dicen al citar la respuesta del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Gutiérrez, ante la emisión de esta recomendación quien no esperó a conocer a fondo la misma, sino que de inmediato declaró a la prensa que se habría tratado de un “uso de las armas (…) necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho, es decir, a nuestra consideración, se actuó en legítima defensa”, reincidiendo en lo señalado.

Recordaron que unos días antes de esta recomendación, el lunes 15 de agosto, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, Enrique Peña Nieto afirmó que “el gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el estado de derecho”, declaración que en opinión de la Red, hace referencia al conflicto con la CNTE en un contexto en el que hay que tomar en cuenta la represión perpetrada en Nochixtlán, dicen.
Foto: CNDH/ Cuartoscuro


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/tanhuato-y-nochixtlan-muestra-del-enfoque-represivo-de-seguridad-del-estado-mexicano-ongs/

Abuso de autoridad, peritajes a modo: las claves del informe sobre ejecuciones en Tanhuato

En un informe de más de 700 páginas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció lo ocurrido el 22 de mayo del 2015, en un supuesto enfrentamiento armado que dejó 42 civiles y un policía muerto en un rancho de Tanhuato, Michoacán.  Casi la mitad de esas personas fueron ejecutadas arbitrariamente por los policías que incurrieron en abuso de la fuerza.

A eso se suman actos de tortura, manipulación de los cuerpos, peritajes incompletos o negligentes, siembra de armas de fuego, entre otras arbitrariedades más.
El informe apoyado en más de 150 peritajes, reportes y pruebas recabadas por la CNDH, también muestra como la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) mintió en sus informes sobre lo ocurrido en Tanhuato y en las declaraciones públicas que se difundieron tras el hecho, en las que negaban haber cometidos irregularidades durante el operativo.

Animal Político resume las claves que se desprenden de esta investigación de la CNDH asentadas en la Recomendación 4VG/2016  que la CNDH dirigió a la CNS y al gobierno de Michoacán por lo que considera graves violaciones a los derechos humanos, y que también servirá de punto de partida para presentar una denuncia ante la PGR.

La versión  oficial

El parte oficial de la Policía Federal, incluido como punto de partida del informe de la CNDH, sostiene que a las 8:30 de la mañana del 22 de mayo, al “realizar funciones propias de disuasión y en seguimiento a un oficio de investigación”, un convoy de la dependencia que circulaba en la carretera Nogales México fue atacado a balazos por los “tripulantes de una camioneta marca Toyota blanca”.

El parte señala que se repelió la agresión por lo cual se inició una ·”persecución” de la camioneta, que concluyó cuando  el vehículo ingresó al “Rancho Del Sol” y se impactó contra un árbol en el interior del predio. Eso “dio inicio a un enfrentamiento armado”.

Ante la potencia de fuego de los agresores, según la Policía Federal, el grupo inicial de 41 agentes  pidió refuerzos, llegando al sitio 54 agentes más con el apoyo de un helicóptero artillado. El saldo final fue de 42 presuntos civiles muertos, un policía fallecido, otro lesionado, y tres detenidos.

“En Tanhuato no hubo una sola ejecución, todo se trató de un enfrentamiento”, declaró tres días después de aquellos hechos el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo. La CNS recalcó lo anterior sosteniendo que pruebas químicas confirmaban que todos los civiles muertos dispararon armas de fuego.

Se dijo que el helicóptero se utilizó como un “mecanismo de disuasión”, que se pidió primero a los civiles que se rindieran pero estos respondieron a balazos.

La realidad según la CNDH

La Policía Federal falseó la información de lo ocurrido, según la CNDH. Las evidencias recabadas por el organismo  evidenciaron que nunca hubo ninguna persecución de un vehículo blanco ni un ataque previo en la carretera contra los policías, como la versión oficial argumenta. Es más, los hechos no iniciaron a las 8:30 de la mañana sino dos horas antes y en una situación muy distinta.

“Se pudo establecer que entre las 6:00 y 7:00 horas del 22 de mayo, servidores públicos de la Policía Federal ingresaron de manera sigilosa al rancho, aseguraron a las personas que estaban en la entrada y posteriormente se llevó a cabo el operativo en el interior, lo que contradice la versión oficial”, establece el informe que derivó en una recomendación.

Fotos evidencian que 17  cadáveres estaban descalzos y algunos vestían solo una trusa, lo que permite presumir que estaban dormidos cuando comenzó “el operativo”.

La CNDH señaló que del cruce de evidencias y testimonios, entre ellos del personal de Protección Civil del municipio,  de vecinos y de testigos, se establece que todo inicio entre las 6 y 7 de la mañana. Fue a las 8:30 de la mañana cuando llegó el helicóptero artillado de la Policía Federal.

Animal Político publicó el 25 de mayo de 2015 las versiones de testigos que corroboraban que los federales entraron en realidad de forma sigilosa, y que el helicóptero artillado estuvo disparando sin cesar, no de forma disuasiva. Los testimonios y pruebas de la CNDH  corroboran lo anterior: el helicóptero hizo más de cuatro mil detonaciones.

“No tuvieron oportunidad” señalaron los testimonios recabados por este portal. La comisión  confirmó que en efecto, por lo menos 22 de ellos perdieron la vida víctimas de abuso de autoridad

Ejecuciones arbitrarias

La CNDH estableció que si bien los civiles murieron con disparos de larga distancia, como lo dijo la Policía Federal, las pruebas confirman que en 22 casos, el uso de fuerza letal en contra de estas personas no fue “racional ni proporcional”, lo que de acuerdo con el “Protocolo de Minnesota” se califica como “ejecuciones arbitrarias”.

“La distancia  del disparo no es el único elemento para determinar una ejecución arbitraria. En el presente asunto se advirtió que las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda respecto a sus victimarios; en 5 casos el disparador se encontraba en un plano superior, desde el helicóptero”, resume el informe.

A esto se suma el caso de una persona que aunque ya estaba lesionada fue quemada con vida, así como tres casos de personas que ya sometidas fueron asesinadas.

En el caso de las 13 personas que tienen disparos en la espalda, los cuerpos de ocho de ellos quedaron en una parcela localizada la norte del rancho en una zona abierta, por que corresponderá a las autoridades determinar si fueron emboscados cuando intentaban darse a la fuga.

Además de estas 22 ejecuciones, la CNDH estableció que en otros cuatro casos hubo exceso de fuerza aunque no se pudo acreditar la intencionalidad de asesinarlas por las ubicaciones en donde se encontraron los cuerpos. Por ejemplo, hubo una persona que murió a consecuencia de un incendio que provocó el uso excesivo de los disparos hechos desde el helicóptero.

Escena contaminada

La revisión de todo el expediente, de las fotografías de distintas fuentes y los peritajes realizados por especialistas de la CNDH acredita que la escena del crimen fue contaminada para alterar múltiples evidencias.

El informe destaca, por ejemplo, que a 11 de las víctimas les fueron colocadas armas de fuego deliberadamente. Esto se aprecia en fotografías donde a un costado de ellos aparece un arma y en otra foto un arma distinta, o simplemente donde no había un arma antes y después sí.

Otro ejemplo de la manipulación fue que uno de los cuerpos presentaba un impacto de arma de fuego que entró por el pectoral y salió por la región perineal, pero el pantalón con que fue encontrado no presentaba rastros de sangre, lo que permite presumir que se lo pusieron ya muerto. Por lo menos siete de los cuerpos encontrados fueron movidos de la posición original.

¿Cómo fue posible todo esto? La CNDH destaca que durante al menos cuatro horas luego de concluido el enfrentamiento, la Policía federal no permitió el acceso a los peritos.

Todas estas anomalías, sugiere la CNDH, impiden establecer las circunstancias en que perdieron la vida otras 16 personas en el rancho, pero no se descarta que también hubieran sido ejecutadas.

La tortura

El informe establece que dos de las personas detenidas en el rancho fueron víctima de actos de tortura, toda vez que de las evidencias recabadas se advierte que fueron sometidos a un “sufrimiento severo” luego de que los agentes de la Policía Federal los obligaron a presenciar la ejecución de tres personas del rancho.

“Posteriormente fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio sobre los motivos  por los que se encontraban en el inmueble, la ubicación de armas y drogas, entre otros, mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares”, concluye la CNDH.

Peritajes  a modo

El trabajo pericial realizado luego del enfrentamiento por la Procuraduría de Michoacán fue incompleto, erróneo e ineficiente según el informe, lo que también representa violaciones a derechos humanos.

En el caso de los peritajes para verificar si los civiles abatidos dispararon, la prueba de rodizonato de sodio y la de absorción molecular señalan en los 42 casos que fue así, sin embargo, la CNDH estableció que la prueba omitió detectar uno de los tres elementos que se requieren. El motivo de la Procuraduría fue que no lo hicieron “por falta de presupuesto”.

A lo anterior se suma que del análisis de las constancias ministeriales del lugar de los hechos se detectaron “prácticas no idóneas” para referir características del sitio, mientras que las fotos no se tomaron con la técnica pericial adecuada.

Por otro lado se descubrieron irregularidades en las 42 necropsias de los cadáveres. En algunos casos se encontraron versiones distintas de un solo dictamen. Los cuerpos fueron apilados en un cuarto del Servicio Médico Forense de Morelia con hielo y aserrín. Esto entre otras anomalías.

Las recomendaciones

Por violaciones graves a derechos humanos la CNDH emitió seis recomendaciones a la Comisión Nacional de Seguridad. La primera de ellas es colaborar con la indagatoria en la PGR que se inicie para determinar la responsabilidad de los mandos y elementos que resulten responsables del abuso de la fuerza que derivaron en la ejecución de 22 personas en Tanhuato y de los actos de tortura descritos.

La segunda es que se reparen o daños ocasionados a los familiares de las 22 personas ejecutadas arbitrariamente y se inscriba a todos ellos en el Registro Nacional de Víctimas. La tercera que se diseñe e imparta un curso integral de derechos humanos a la Policía Federal. La cuarta que se actualicen los Lineamientos Generales que Regulan el Uso de la Fuerza pues estos datan de 2012 y corresponden a la inexistente Secretaría de Seguridad Pública.

La quinta recomendación es que se giren instrucciones para que se proporcionen equipos de videograbación a los agentes de la Policía Federal que permiten evidenciar las acciones que realizan, y la sexta es que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones sobre la legalidad de los agentes en operativos, hasta que no se cuenten con resultados de una indagatoria.

Por otro lado la CNDH extendió dos recomendaciones al gobierno de Michoacán, la primera de ellas para que se colabore con al Comisión en la denuncia que se presentará ante al Procuraduría por la actuación deficiente de peritos y servidores públicos que incurrieron en irregularidades en la indagatoria relacionada con los decesos en el rancho.

La segunda es para que se imparta un curso integral a todos los servidores públicos de la Procuraduría en materia de derechos humanos y específicamente en aplicación del protocolo de Autopsia, así como de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/informe-cndh-ejecuciones-tanhuato/

A dos meses de Nochixtlán: policías estatales dicen que iban a apoyar, no a un enfrentamiento

El 19 de junio pasado, ocho personas murieron y cien más resultaron heridas durante un operativo de desalojo en la autopista federal que cruza el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca. A dos meses de los hechos, las dudas continúan y el gobierno federal no ha sido capaz de explicar qué ocurrió.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió 32 carpetas de investigación, sin que hasta el momento se tengan resultados que permitan conocer a los responsables de las muertes.
La información de la PGR es que seis de las víctimas del operativo en Nochixtlán (una séptima murió en Hacienda Blanca y la octava presuntamente falleció por un cohetón que explotó cuando lo manipulaba) murieron producto de impactos de bala en el cuerpo.

Las autopsias a las personas fallecidas se realizaron en las horas siguientes, pero no se ha informado hasta el momento si los disparos provinieron de las armas utilizadas por los policías estatales, federales y oficiales de gendarmería que participaron en el despliegue.

Lo único que la PGR ha informado sobre el tema del calibre, es que ya cuentan con todas las armas que portaban las corporaciones policiales, pero todavía no saben con exactitud con cuales se les disparó a las víctimas.

En entrevista radiofónica el subprocurador de la PGR Gilberto Higuera dijo que los policías que participaron en el operativo portaban pistolas 9 milímetros y tienen identificadas a dos personas que fallecieron con disparos de ese calibre; otros policías portaban fusiles .223 y hay víctimas que recibieron disparos con ese calibre.

“Tenemos los datos completos, las armas completas y estamos solo en la fase que no nos costará problema, criminalísticamente hablando, determinar si de estas armas de todos los miembros participantes de algunos de ellos salieron estos disparos de estos proyectiles”, dijo Higuera.

Explicó también que frente del contingente de 850 elementos de las tres corporaciones que participaron en el operativo iba una patrulla con seis policías estatales que portaban armas, cinco de ellas largas y seis cortas que coinciden con los calibres 9 milímetros y .223 milímetros con los que fallecieron las víctimas.

Además, aunque la PGR mantiene la hipótesis de que civiles de grupos ajenos a los manifestantes dispararon contra los policías, a dos meses del operativo no han presentado evidencias que sustente esa línea.

Entre los datos que la PGR ha integrado a la investigación están los informes sobre la actuación de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal, pero sus versiones parecen contradecirse entre sí.

Animal Político publicó el pasado 1 de agosto, los reportes que rindió la Policía Federal y la Gendarmería; hoy presentamos la versión de la Policía Estatal de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte que rindió, el 20 de junio pasado, el director de División de las fuerzas estatales de Oaxaca, Juan Peralta, ellos se enteraron que encabezarían el operativo de desalojo hasta que llegaron al punto donde se encontraba la Policía Federal.

Policías sólo iban de apoyo

En la reunión del 11 de agosto pasado entre la procuradora Arely Gómez y su equipo con la comisión especial de senadores y diputados que da seguimiento al caso, el subprocurador de Control Regional y Procesos Penales y Amparo de la PRG, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que el operativo “no fue determinado unilateralmente o uniinstitucionalmente. Fue acordado y decidido por las tres corporaciones policiales en el ámbito estatal”.

La tarjeta informativa número 28 de la Policía Estatal sugiere que la corporación se enteró de su rol en el desalojo justo cuando llegaron en apoyo de la Policía Federal. El director de División de las fuerzas estatales, Juan Peralta, relata que cuando sus 400 elementos arribaron al destacamento de la Policía Federal, el encargado del operativo, Carlos Guerrero, Suboficial de la corporación, le informó en ese momento que la policía estatal “iría en (la) primera línea del operativo”.

Por eso narra su desconcierto. “La orden que yo tenía era de ir en apoyo al operativo de la policía federal, por lo que consulté de inmediato por radio al Comisionado de la policía estatal, quien me indicó que acatara la orden recibida, ya que la Policía Federal tenía a cargo el operativo”.

Los elementos partieron hacia el bloqueo de Nochixtlán a las 6:40 de la mañana. “Al frente del convoy iba la policía estatal, seguido de la Agencia Estatal de Investigaciones y por último la Policía Federal, arribando a las 7:50 horas”, según explica Peralta en el oficio dirigido al Comisionado de la Policía estatal, Froylán Carlos Cruz.

A las 7:50 llegaron al cruce de la carretera federal y la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca, 800 metros antes del bloqueo.

El avance comenzó a las 8 de la mañana, según dice Peralta, que relata que la policía estatal al frente del operativo se encontró con “una barricada de aproximadamente 10 tracto camiones que obstruían el paso… escuchando en ese momento y observando que empezaron a lanzar cohetones hacía arriba y momentos después se escuchó el replicar de las campanas de la población”.

Según el informe, cuando los policías estatales estaban a 50 metros de distancia de “300 manifestantes”, detectaron que estos estaban “armados con palos, piedras y cohetones y algunos tenían el rostro cubierto. Observamos en las lomas a personas cubiertas del rostro que se escondían detrás de algunos matorrales y algunas casas y se movían constantemente de lugar”.

La policía estatal refiere que hubo disparos poco después de las 9:15 de la mañana. Para “dispersarlos y desalentarlos de su actitud violenta”, los policías lanzaron gases lacrimógenos, provocando que los manifestantes se replegaran a los límites del panteón municipal, “escuchando en esos momentos detonaciones de armas de fuego que provenían de los manifestantes que se encontraban en el panteón”.

La Policía Estatal detalla que mientras escuchaban detonaciones de arma se acercaron al panteón, donde había aproximadamente 15 manifestantes que golpearon a un policía, uno de ellos portaba un machete y otros presuntamente lanzaban bombas molotov y piedras.

Por ello, “ante la presencia de los delitos en flagrancia, se procedió a la detención” de esas personas. Sin embargo, dos días después del operativo fueron liberados, toda vez que no hubo pruebas para acusarlos de los supuestos delitos. De hecho, se según los testimonios de pobladores, los detenidos estaban en el panteón cavando la tumba de un hombre fallecido un día antes. 

En ese momento, dice el reporte de la Policía Estatal, “escuchamos nuevamente detonaciones de armas de fuego”, por lo que temiendo por sus vidas, empezaron “a retroceder hacia el primer punto de contacto”.

Animal Político obtuvo grabaciones realizadas por turistas que se encontraban en la zona. Ahí se observan acciones distintas a las contenidas en los partes policíacos. A las 8:45 de la mañana, el número de manifestantes parece menor a los más de mil 500 que relatan los policías y la mayoría sólo portaba palos y piedras. 

De acuerdo con los videos, a las 8:57 horas, los policías rebasan un tráiler que transportaba pollos vivos y que en ese momento estaba incendiado y servía como barricada para la población. A las 9:09 horas, policías se ubican a un costado de la refriega, del lado del panteón.

En el video se observan ráfagas, aparentemente detonaciones de armas de fuego. Esto provoca que la gente se repliegue y corre hacia el pueblo. Hasta ahí, los policías dominaban la situación y continuaban avanzando.

Según las actas de defunción, el primer fallecido fue Óscar Luna y murió a las 9:30 de la mañana, a unos metros del panteón a un costado de la refriega.  El siguiente ocurrió a entre 9:30 y 10 horas, en la parte trasera de la manifestación, es decir, lejos de la confrontación directa. Los cuatro decesos siguientes ocurrieron entre las 11 y 11:30, según los documentos oficiales.

A dos meses del operativo de Nochixtlán lo único claro es que no hay castigo para los responsables de la muerte de ocho personas. Los encargados de las investigaciones no han resuelto los crímenes, en tanto las corporaciones que tuvieron participación en estos hechos se deslindan con contradicciones.



















FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/nochixtlan-dos-meses-operativo-policia/

Policías desalojan con gases lacrimógenos a normalistas de Cherán y Tiripetío

Normalistas de Cherán y Tiripetío incendiaron tres autobuses en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, cerca de San Juan Tumbio, y uno en la vía Zamora-Morelia, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, integrantes de la Organización de Normales Oficiales del estado acusaron a los policías de haber prendido fuego a los vehículos.

La acción ocurrió después de que unos 300 elementos del Grupo de Operaciones Especiales desalojaron con gases lacrimógenos a los estudiantes que bloqueaban la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan en apoyo a maestros que rechazan la reforma educativa y para exigir sus demandas: pago de becas, viáticos para viajar al resto de Michoacán y del país a invitar a ingresar a la normal, y mejoras a las instalaciones de las ocho escuelas para profesores del estado.

La SSP aseguró que los policías que realizaron el desalojo cerca de San Juan Tumbio recuperaron 12 vehículos retenidos por los alumnos, quienes, en su huida, lanzaron piedras a los uniformados e incendiaron tres camiones, con el apoyo de comuneros de Turícuaro y Arantepacua, en la meseta purépecha. Dos de las unidades quemadas eran autobuses de las empresas Parhíkuni y Purhépechas.

El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, comentó que las mesas de diálogo con los estudiantes continuarán; incluso había el compromiso de liberar 150 autobuses y camiones que mantienen retenidos desde hace más de tres semanas en Turícuaro.

Aunado a esta acción, normalistas y maestros mantienen en su poder más de 130 vehículos que en las semanas recientes han retenido y llevado al municipio indígena de Nahuatzen, entre estos cerca de 40 autobuses, decenas de tractocamiones y automotores de reparto.

La SSP informó que en las inmediaciones del crucero de Purépero, sobre la carretera Zamora-Morelia, normalistas quemaron un camión refresquero, por lo cual los policías desviaron la circulación vial.





Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/20/politica/006n1pol