Borge: Cuatro años de endeudamiento y autoritarismo

CANCÚN, Q. Roo: A un año de que concluya su administración, el gobernador del estado, Roberto Borge, suma un historial de excesos y abusos, aumento de la deuda, actos de corrupción y violaciones a libertades y a los derechos humanos.

Este 9 de septiembre, Roberto Borge rinde su cuarto informe de gobierno. Al inicio de su administración, cuando presentó su Plan de Desarrollo 2011-2016, ofreció la construcción de un puente de 22 kilómetros en la bahía de Chetumal y otros dos en Punta Cancún y en la laguna Nichupté.

Sin embargo, ninguna de estas obras ha iniciado, y sí, en cambio, la deuda pública se ha duplicado. Con Borge, Quintana Roo se convirtió en el estado con la mayor deuda per cápita del país.

La deuda total de largo plazo de Quintana Roo alcanzó los 19 mil 621 millones de pesos con 13 préstamos, frente a los 10 mil 500 millones de pesos que dejó el exgobernador Félix González Canto, de acuerdo con el último reporte de calificadora financiera Standard & Poor’s publicado el pasado 15 de julio y con corte al 31 de marzo de 2015.

Ante la elevada deuda de la entidad, los bancos acreedores establecieron una serie de condicionantes para aceptar la restructuración de los pasivos bancarios de la entidad, que se concretó en 2014.

Entre otros puntos, obligó a un plan de austeridad, que implicó el despido de tres mil burócratas, en su mayoría de Chetumal, la capital del estado, y limitar la deuda a largo plazo hasta 20 mil millones de pesos.

La calificadora señala que el gobierno de Quintana Roo tiene una deuda con proveedores por dos mil 286 millones, que “sigue siendo alta y podría presionar la liquidez del estado en los próximos años”.

La calificadora evaluó diferentes indicadores económicos del estado y, de entrada, establece que la administración financiera de Quintana Roo es “débil”.

Standard & Poor’s considera que la economía de la entidad es “relativamente débil” por la elevada concentración en el sector turístico.

Más de la mitad de la deuda que ha contraído Borge fue en 2013, año electoral para Quintana Roo, cuando el PRI ganó en los 10 municipios y obtuvo el control absoluto del Poder Legislativo.

De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, la deuda pública del estado se incrementó en cinco mil 006 millones de pesos.

Fitch Ratings precisó que en diciembre 2013 la deuda estatal ascendía a 10 mil 871 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 subió a 15 mil 977 millones de pesos, con lo que en un año se incrementó en 45.6 por ciento.

El recurso de Roberto Borge de recurrir a créditos bancarios se ha replicado en casi todos los ayuntamientos del estado.
En Cozumel, el actual alcalde, Fredy Marrufo, incrementó la deuda de esta demarcación a 691 millones de pesos y en Solidaridad (Playa del Carmen), el Edil Mauricio Góngora, también del PRI, a 817 millones.

Municipios que jamás habían recurrido a créditos bancarios también pidieron préstamos , entre ellos Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, donde se ubica la isla de Holbox, por 10 millones 500 mil pesos y ocho millones, respectivamente.
Frente a la crisis económica, el gobernador Roberto Borge no escatima en los gastos de sus servicios personales y difusión de su imagen.

En el Presupuesto de Egresos de 2015, con el apoyo del PRI, PVEM y Panal, el gobernador determinó aumentar de 75 millones 100 mil pesos a 80 millones 644 mil pesos el presupuesto de los Órganos Administrativos Desconcentrados del Despacho del Ejecutivo.

Dentro de estos Órganos del Ejecutivo, la Unidad del Vocero pasó 33 millones 083 mil pesos a 34 millones 496 mil pesos.
La Secretaría de Gobierno tuvo un aumento de casi 41 millones de pesos, al pasar 115 millones 133 mil pesos a 155 millones 836 mil pesos.

En contraste, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) tuvo una reducción de 16 millones de pesos, al pasar de 119 millones 232 mil a 102 millones 982 mil pesos.

En el mismo tono, La Universidad del Caribe, que se ubica en Cancún, enfrenta recortes por segundo año consecutivo, y pasará de 108 millones a 105 millones 032 mil pesos.

Autoritarismo

Amén de la quiebra financiera que deja Roberto Borge, su administración se ha caracterizado por la persecución política.
“Quintana Roo es una dictadura”, señala la exdiputada perredista Graciela Saldaña.

Y precisa: “Roberto Borge tiene muchas similitudes con Javier Duarte, de Veracruz, a los que la ley que más les gusta es la ‘Ley de del Garrote’”.

A partir de que PRI, PAN y Panal tienen 19 de los 25 diputados, Borge Angulo impuso leyes para impedir las marchas y manifestaciones en las calles y para restringir la labor de los periodistas.

Ha reprimido violetamente y perseguido maestros e indígenas mayas que se atrevieron a protestar en las calles.

El 14 de octubre de 2013, Granaderos arrestaron a 58 maestros durante un operativo para dispersar a docentes que protestaban frente al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) contra la reforma educativa.

Días después, la tarde del 19 de octubre, Granaderos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arremetieron contra padres de familia y maestros que bloquearon la carretera Chetumal-Escárcega (Campeche), a la altura de la comunidad de Nicolás Bravo, a 71 kilómetros de la capital del estado, con un saldo de seis lesionados y 10 detenidos.

Un año después, el 19 de agosto de 2014, granaderos desalojaron violentamente a unas 150 personas que se manifestaban frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), tras dos semanas de protestas por el incremento de tarifas de la paraestatal y la colocación de medidores.

En el operativo fueron detenidos alrededor de 40 manifestantes, incluidas personas ajenas a la protesta que sólo tomaron fotos y videos de la ofensiva de los granaderos contra los activistas.

Días antes, los líderes de ese movimiento, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto, fueron detenidos bajo cargos de sabotaje por el bloqueo de las oficinas administrativas de CAPA, y salieron libres el pasado 5 de mayo, mediante un amparo.

Esta represión fue cubierta y documentada por el periodista y activista maya, Pedro Canché Herrera, quien tras el desalojo violento del parque principal de Felipe Carrillo Puerto, divulgó un video en el que cuestionó el actuar del gobernador.

Días después, el 30 de agosto, Pedro Canché fue detenido frente a la gasolinería del centro de Felipe Carrillo, bajo cargos de sabotaje.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron la tortura de la que fue víctima Pedro Canché en los primeros días que estivo en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Mediante un amparo de un tribunal colegiado, Canché obtuvo su libertad nueve mes más tarde; la Comisión Nacional de Derechos Humamos emitió recomendaciones al gobernador Roberto Borge, al presidente del tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva y al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya.

Sin embargo, los abusos del gobernador contra opositores políticos, líderes sociales y periodistas independientes se refuerzan con campañas de desprestigio en medios bajo el control de la administración estatal.

“A través de ejércitos de ‘troles’ y ‘bots’, el gobernador ha emprendido campañas de difamación contra quienes opinamos diferente”, acusa la exdiputada Saldaña.

Lamenta que a pesar de que los excesos del gobernador han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH y hasta en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el presidente Enrique Peña Nieto “sigue solapando” a Roberto Borge.

El expresidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Julián Ricalde Magaña, señala que el gobernador se apoderó también del PRD, que había sido el principal partido de oposición.

El experredista afirmó que el gobernador carece de contrapesos y ha convertido la infamia en una forma de hacer política.
“No hay ninguna obra relevante. Su tan repetido discurso del turismo no se ha traducido en desarrollo”, sostiene.

La exdiputada Saldaña señala que Borge ha cooptado a la oposición local, hasta a Morena, partido en el que impuso como su candidato a gobernador a José Luis Pech Varguez, que forma parte de su grupo político.

“Su única preocupación es quién va ser sucesor. Está preocupado quien le cuida sus espaldas”, afirma la perredista.

El pasado 19 de agosto, en su cuenta de Twitter, Borge promocionó a sus seis candidatos a sucederlo. En su lista no incluyó el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”.

Los precandidatos que promovió en una fotografía son: el diputado federal, José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.

Para el senador panista Daniel Ávila Ruiz, el principal acto de corrupción en que Borge está implicado es el proyecto Dragon Mart, al extremo de que La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se vio obligado a clausurarlo.

Otro escándalo en el que Borge estuvo involucrado fue el otorgamiento de manera directa de las concesiones del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán hasta el año 2053, en las ciudades de Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún.


El senador Ávila Ruiz resume al gobierno de Borge: “Es una calamidad para todos los quintanarroenses. Lo digo con conocimiento de causa”. Y subraya: “Bendito Dios que ya sólo le falta un año”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

‪#‎FreeNestora‬. Me amenazó “gente cercana” a Graco Ramírez: secretaria del Club de Periodistas

La periodista ha denunciado casos de injusticia y otras irregularidades en la entidad, por lo que ha sido víctima de amenzas de muerte.

Celeste Saénz de Miera, secretaria General del Club de Periodistas, denunció amenazas de muerte por parte de “gente cercana al gobernador de Morelos, Graco Ramírez”.

En conferencia de prensa, explicó que en los últimos tres años ha recibido las amenazas por denunciar irregularidades en esa entidad, pero que se han intensificado durante el año pasado.

Detalló que el Club de Periodistas cuenta con la Quinta Celeste, en el fraccionamiento Granjas Mérida, en Temixco, donde encontró irregularidades y arbitrariedades, por lo que surgieron amenazas que han ido “escalando”.

En ese fraccionamiento pasa una corriente del río Palo Escrito, donde detectaron desvío de agua; al comenzar a denunciar esos hechos, hubo amenazas por parte de una persona -cuyo nombre prefirió no mencionar.

La periodista precisó que el año pasado recibió una amenaza “más fuerte” en la que le dijeron “cosas particulares, específicas, no muy comunes” que no precisó.

También el año pasado llegó una carta a su domicilio, la cual contenía una bala calibre 22, junto con un mensaje amenazante, aseguró.

Además “hubo gente que fue a fotografiar mi casa, de manera frecuente y de forma evidente”.

Saénz de Miera dijo que ha solicitado audiencia al gobernador con el gobernador Graco, quien hasta ahora no le han concedido, aunque espera que pronto lo haga.

También señaló que el procurador de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado tiene conocimiento de las amenazas, pero públicamente lo ha negado.

Por el momento la periodista cuenta con el apoyo de la policía del Distrito Federal e incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo recalcó que “no es posible que no se dé una audiencia cuando hay amenaza de muerte”.


Y cuestionó a Graco Ramírez:  “¿tiene usted que ver?, ¿su gente tiene que ver?, ¿por qué no dicen la verdad? Dé la cara, yo le estoy dando la cara, recuerde que el que calla otorga”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora‬. Mi encarcelamiento, muestra del autoritarismo en Quintana Roo: Pedro Canché

El periodista Pedro Canché, quien estuvo encarcelado nueve meses acusado de sabotaje por parte del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, dijo que su caso “está claro, fue un ataque a la libertad de expresión, es un gaje del oficio, eso muestra el autoritarismo”.

En entrevista para Aristegui CNN, relató su caso: “Fui a la cárcel por no obedecer a mis hijos, porque estaba de vacaciones con ellos... en Cancún y me dicen los niños papá deja el periodismo por favor. Y mi hijo de doce años me dijo qué ganas… deja el periodismo, lo hacen porque presiento que en tantas cosas que escribo ven un grado de riesgo, los niños lo captan”.

Detalló que en Carrillo Puerto, a 220 kilómetros de Cancún en la zona Maya, “llego el sábado 16 de agosto (del año pasado) y leo en las página online de Proceso que los dirigentes Teresa Brito y Alfredo Esquivel habían desaparecido y tenían órdenes de aprehensión por sabotaje. El término sabotaje, es histórico en Quinta Roo, a nadie se le ha acusado de esto y creo que en México son pocos casos si es que los hay”.

“Para mí llega a ser un tema que tiene trascendencia nacional, voy al lugar de los hechos, investigo y me entero que andan desaparecidos por la orden de aprehensión. Entrevisto a las personas que están ahí, aprovecho para hacer unos videos y la culpa la tiene la cámara. Empiezo a tomar fotografías y videos, quiero entrevistar a los de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), no se dejan.  Que de alcantarillado no tenemos nada en Carrillo Puerto, sólo tenemos agua enclorada que se sirve a la población, y cara además”.

Como parte de su cobertura, desde el 16 hasta el 19 de agosto, participó en una negociación entre mayas, cuando “llegan los antimotines, llega la subprocuradora de la zona centro,  Blanca Imelda Ávila, viene el director de seguridad pública, llegan hasta reporteros, de los reporteros oficiales, y digo esto se va a poner bueno. El diálogo ríspido que tienen, se enfrenta el abogado Omar Sánchez con ellos, porque estaban esperando un notario y les mandan a la subprocuradora”, indicó.

“Ahí empieza el lío, yo grabo esto y los voy subiendo a You Tube, y la subprocuradora le da 10 minutos a los mayas para desalojar y ellos se repliegan y organizan la manifestación en el quiosco del parque”, refirió.

“Entra el gerente de CAPA, Fernando Serrano, es el que realiza la demanda después contra mí, él entra con su gente, entran a las instalaciones y no encuentran nada destruido, después salen y se van”, contó Canché.

“La subprocuradora que regresa después de los 10 minutos, infiltra un policía y hace como que ataca a los antimotines, estos regresan a barrer y agredir a la gente, a darles macanazos… siempre golpean a los pobres. El gobierno de Roberto Borge siempre agrede a los pobres”, acusó.

Tras ello, “detienen entre 30 y 40 personas, aunque soltaron a varias y al final quedan como 9″, puntualizó.

Entonces “hago esta cobertura y no me detuvieron a mi, que en ese momento era el instigador, ellos decían que yo era el instigador, el autor intelectual y debo recalcar que me insultan porque reunir 300 gentes no va conmigo, yo les puedo reunir cinco mil personas”.

“Yo hago la cobertura y me voy, comparto con Sergio Caballero la información… y en Proceso sale al día siguiente y el vocerito del gobernador, que obviamente obedece instrucciones de Roberto Borge, manda una carta aclaración a Proceso, donde dice que yo traigo gente de Holbox, de Cancún. Y me acusa de ser el autor intelectual, de bloquear las oficinas”, precisó.

“Los periodistas del círculo del Borge me decían ‘esto es una guerra tienes que cuidarte‘, decían ‘vete a una embajada’, otros me decían ‘vete del país’, y yo ¿por qué voy a ir?, yo estoy aquí desde los dos meces de edad. Me parecía estúpido que se formulara una acusación sólo por cubrir un evento“.

“La situación con el gobernador no es nada personal, debemos acostumbrarnos a los debates en el país, debe haber una cultura del debate. Debates entre los gobernantes y gobernados”, aseveró.

El debate con Borge debe ser “sobre los temas de retraso y marginación de los mayas”, pidió.

Sobre este caso, Aracely Andrade, abogada de Canché, dijo que la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “es un hito en la historia de México y de Quintana Roo”.

Expuso que la recomendación de la CNDH, del 6 de mayo, ”es la primera vez en la historia de la CNDH que se hace una recomendación tan puntual en favor de un periodista, anteriormente lo habían hecho muy general”-

La recomendación “señala a tres autoridades que tienen que cumplimentar recomendaciones muy específicas. Al jefe del ejecutivo del estado de Quintana Roo, Roberto Borge, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el maestro Fidel Villanueva y al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Todos son muy puntuales sobre la disculpa pública a favor de Canché y sobre la indemnización, el reconocimiento de Pedro como periodista, el reconocimiento como víctima”.

“Al final de la recomendación, es muy claro que tienen que aceptarlas o decir no, y fundamentar por qué no”, recordó.

“En caso de ignorarla, caso en el que estamos, los llamarían a comparecer al Senado de la República para que digan no y por qué”.

Y señaló que la CNDH “reconoce que hay una persecución a la libertad de expresión, se reconoce a Pedro como periodista y se reconoce su inocencia”.

Como abogada, dijo que le indigna “que armaran una averiguación en 49 horas, yo en mi carrera no he visto eso, y he visto casos graves como el de Lydia Cacho que me tocó atender. El de Lydia lo armaron en 9 meses, el de Canché en 49 horas“.


“Me parece fundamental que se reconozca la completa inocencia de Pedro, eso es fantástico”, agregó.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Libertad de expresión en México, amenazada por situaciones de autoritarismo de Estado: Edison Lanza

"2014 fue un año récord en lo que va de esta década, un año mortífero para los comunicadores y periodistas; registramos 25 asesinatos", señaló.

Uno de los problemas que enfrenta la libertad de expresión en México son “situaciones de autoritarismo de Estado y de diferentes formas de reducir el espacio público, el debate público, la crítica, y reducir el papel de los medios, que deben desarrollarse en un ambiente respetuoso de la libertad de expresión para poder cumplir con la misión que cumple justamente la prensa y los periodistas en general, que tienen que ver muchas veces con el control, con el debate público, con la información, porque es un elemento clave para la democracia”, señaló Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en enlace desde Washington.

En entrevista para Aristegui CNN, detalló su informe anual, en el que “hay dos o tres focos de problemas y causas que están afectando fuertemente a la libertad de expresión en la región, América Latina”. 

“La primera de ellas es el crimen organizado, en particular en Centroamérica y América del sur, y esto está generando un impacto muy fuerte en cuanto a la violencia contra periodistas. Lamentablemente, 2014 fue un año récord en lo que va de esta década, un año mortífero para los comunicadores y periodistas, registramos 25 asesinatos vinculados a personas que estaban ejerciendo libertad de expresión y que fueron asesinados por estar informando sobre crimen organizado, corrupción”.

En países como México, “el país donde más asesinatos hay de periodistas y comunicadores, y no sólo a ellos, también a personas que desarrollan libertad de expresión en las redes sociales, registramos en ocho casos, incluso algún familiar, un niño que falleció cuando su padre sufrió un ataque“.

También registró “más de 400 amenazas y hostigaciones a periodistas en toda la región. Países en los que no se ha tenido que lamentar un asesinato, pero donde empieza a apracer amenaza y hostigamientos, como en Argentina”.

“La violencia, el crimen organizado y colusión con los poderes locales, es uno de los problemas”, acotó.

Expuso que “Venezuela es un punto de preocupación muy grande, (pues) en 2014 las manifestaciones fueron reprimidas y uno de los objetivos de esta represión estatal por parte de fuerzas policiales y militares, fueron los periodistas, con más de un centenar de casos de agresiones, de roturas de equipos y detenciones por parte de la policía”.

También le preocupa “el uso del derecho penal para detener a periodistas, a dirigentes políticos que hacían uso de su derecho de libertad de expresión”.

En tanto, en Cuba “se registraron detenciones por breves lapsos de tiempo pero que fueron masivas, vinculadas a periodistas, a manifestantes, a activistas, lo cual también preocupa en cuanto al posible progreso de Cuba hacia un régimen de libertad de expresión”.

El relator dijo que “en tercer lugar de los problemas, como un elemento emergente cada vez más presente en la región, es la reacción del Estado frente a las protestas sociales, frente a los reclamos de la sociedad, y esto está sucediendo en todo el hemisferio, esa respuesta desmedida muchas veces en cuanto al poder de fuego que utilizan los Estados para reaccionar frente a la protesta y también con detenciones a periodistas, esto está presente desde países como Estados Unidos, pasando por Centroamérica, México, Honduras, y también presente en Brasil, Perú, otros lugares”.

Indicó que los medios en América Latina han “carecido históricamente de organismos reguladores independientes y autónomos -independientes tanto del poder político como del poder económico-, y eso ha determinado que a lo largo de estas últimas décadas, se hayan conformado grupos mediáticos muy concentrados en diversos países de la región, está presente en casi toda la región, en el sector privado-comercial”, lo cual se agrava con ”la inexistencia o debilidad de los medios públicos que en muchos países se han desarrollado tardíamente y no tiene la autonomía del gobierno”.

Lo anterior, “se ha querido corregir a través de nuevas regulaciones en muchos países; en Argentina, en Uruguay se aprobó recientemente una ley, en México inclusos se aprobó una ley secundaria, una reforma de telecomunicaciones y se le dio autonomía ala Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero son procesos tardíos en cuanto al desarrollo mediático y que no hemos alcanzado en otros países.”

Asesinatos

Lanza aseveró que “no hay peor censura que la de eliminar la vida de quienes están cumpliendo con la tarea de informar, no es sólo un ataque a la vida del comunicador, y cercenar esa libertad de expresión, sino que también se está atacando a toda la sociedad en su conjunto, impidiendo que reciba información, generando un efecto inhibidor para el resto de los periodistas”.

“Lo cual se ve agravado por el incentivo que la impunidad le otorga a los asesinos, a los agresores, porque si no tienes sanción, si no hay investigación, si no se llega a decubrir a los autores intelectuales de estos crimenes, lamentablemente en América Latina sigue siendo fácil contratar a un sicario, pero si no se llega al autor intelectual y se le castiga, realmente estas cuestiones van a seguir pasando y el círculo de impunidad no se rompe, así que los Estados tienen una obligación fundamental en investigar, sancionar, seguir las líneas de investigación que estaban siguiendo esos periodistas para encontrar a quienes han mandado a apretar el gatillo, y además una obligación de proteger”, enfatizó.

Agregó que “muchas veces las autoridades locales están involucradas en alguno de estos asesinatos e intimidaciones, por lo tanto estas son las obligaciones que tienen los Estados”.


En cuanto a la regulación del internet, dijo “que se debe tener cuidado en no crear figuras penales tan amplias que puedan permitir penalizar a quienes utilizan legítimamente el internet”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Arman frente contra “autoritarismo de Moreno Valle”

PUEBLA, Pue: La panista Ana Teresa Aranda, el experredista Jorge Méndez Spindola y el alcalde de Cholula, José Juan Espinosa Torres, de Movimiento Ciudadano, hicieron a un lado sus diferencias políticas para unirse en un frente contra las prácticas autoritarias del gobernador Rafael Moreno Valle.

En rueda de prensa, Aranda dijo que lo que buscan es formar un bloque crítico contra los “retrocesos políticos” que se han registrado con el gobierno de Moreno Valle para que retorne la “normalidad democrática” en Puebla.

A partir de las persecuciones políticas que ha desatado el mandatario poblano y del sometimiento de las distintas fuerzas políticas, acusó que en Puebla priva la “uniformidad” y se han perdido voces críticas que había en el pasado.

“Es urgente que recuperemos la normalidad democrática, necesitamos urgir a los partidos políticos para que cada uno retome sus orígenes e identidad y se pongan a luchar por sus principios”, declaró.

La exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox agregó que mientras no exista una “normalidad democrática” en Puebla, no se respetarán los derechos humanos ni se puede hablar de que prive un estado de derecho.

“La uniformidad que se viven en Puebla es la muerte de la democracia y de las instituciones”, aseguró.

Sin adelantar las acciones que emprenderán en conjunto, Ana Teresa Aranda explicó que lo que buscan es unirse en contra de la persecución que ha desatado la administración morenovallista contra todo aquel que represente una voz crítica contra su gobierno, incluida la prensa.

El experredista Jorge Méndez Spindola dijo que distintos actores políticos han decidido hacer a un lado sus diferencias ideológicas para buscar hacer frente común contra las acciones autoritarias que han caracterizado al gobierno de Moreno Valle.

José Juan Espinosa aseguró que buscan evitar que el estado y los municipios resulten afectados por caprichos.

“Aunque hay algunos que buscan tiempos dictatoriales, somos más los que queremos libertad y los que queremos una verdadera democracia”, puntualizó el edil cholulteca.

La semana pasada, el alcalde también se reunió con otro panista tradicional, el exdirigente del partido, Juan Carlos Mondragón, quien también ha sido una voz crítica contra la actual administración estatal, pese a pertenecer al mismo partido.

Espinosa Torres adelantó que otros actores políticos de la entidad se sumarán a este frente contra las políticas represivas del gobierno de Rafael Moreno Valle.


Por otra parte, el abogado Abelardo Cuéllar, quien lleva decenas de casos de burócratas despedidos recientemente por el gobierno estatal, convocó a una marcha “de indignados” para el próximo 4 de junio, con el fin de protestar contra las injusticias y persecuciones del gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

A las presiones, Rogelio Ortega respondió con “tolerancia extrema”

Hace medio año el perredista Rogelio Ortega comenzó a gobernar un estado en llamas: Guerrero. El mandatario constitucional, Ángel Aguirre, había renunciado debido al ataque contra normalistas de Ayotzinapa. El clima social ardía. A seis meses, la situación en aquella entidad recibe menos atención, pero los problemas y el encono se mantienen. De hecho, revela el actual gobernador en entrevista, grupos políticos de “todos los niveles”, algunos medios de comunicación y empresarios lo presionaron para que reprimiera a los manifestantes.

MÉXICO, D.F: “La salida represiva y autoritaria en Guerrero ha estado a punto, a punto (de ocurrir)”. Para evitarlo, abunda el gobernador interino Rogelio Ortega, él insiste “en el diálogo, en la tolerancia extrema”, que le cuestan “muchos reclamos del otro lado…‘¿Hasta cuándo, gobernador, los vas a meter a la cárcel? ¿Hasta cuándo vas a permitir las movilizaciones?’, me reclaman”.

A casi seis meses de su abrupta llegada al poder, el 26 de octubre de 2014, en medio de lo que él llama “la tragedia de Iguala y el drama de Ayotzinapa”, Ortega asegura en entrevista que logró frenar la exigencia de reprimir, pero siente la presión de la clase política local por relevarlo.

Este viernes 24, el Congreso guerrerense, dominado por el PRI y el PRD, definirá si renueva el mandato de Ortega –originalmente designado interino por un año–, si Ángel Aguirre retorna al poder o si nombra a otro interino para completar lo que resta del sexenio. El senador del PRD Sofío Ramírez, integrante de la corriente aguirrista, encabeza el grupo que quiere destituir al actual mandatario.

–¿Cómo ve este proceso para relevarlo o ratificarlo? –se le pregunta a Ortega.

–Estoy preparado para lo que el Congreso decida.

Y relata que le han aconsejado “comprar” a los diputados locales: “En esto siempre hay buenos y malos consejos. Hay quienes me dicen: ‘Es muy fácil: convéncete a 31 diputados (de un total de 46) y lo planchas (pactas la permanencia)’. En el fondo, lo que me están diciendo es ‘cómpralos’. Y yo contesto ‘no’ por convicción. No confundo valor con precio. No, porque no hay dinero y porque mis principios no me permiten meterme en esa ruta; aunque hubiera dinero no lo haría”.

Ortega afirma que en estos seis meses no sólo ha resentido las presiones de la clase política. Los medios de comunicación masiva –en especial las televisoras–, dice, también han querido incidir en sus decisiones mediante la concesión de convenios o los contratos de publicidad.

–¿A todos los niveles ha sentido esta presión para ejercer la mano dura?

–Sí. Hay mucha presión, y no sólo local. Incluso, la de mayor fuerza y radicalidad es la que se expresa a escala nacional, con personas que tienen acceso a medios masivos, como la señora (Isabel) Miranda de Wallace y otros colegas suyos, comunicadores, que todos los días me dicen: “Gobernador cómplice, tibio, omiso”. Luego hasta acusan que ando en francachelas. ¡No tengo ni tiempo para eso! Las dos terceras partes de mi tiempo las dedico a resolver el conflicto social por la crisis de Ayotzinapa. He bajado 14 kilos.

–¿Hay guerra sucia de los medios?

–Hay quienes me dicen que falló el modelo de comunicación. Es posible. Si tuviera un periodo completo de gobierno… pero no había tiempo ni para eso. Los medios están muy acostumbrados a los grandes convenios y contratos. Pero no va conmigo, no hay dinero y, aunque hubiera, mejor sería dedicarlo a combatir la marginación, pobreza, salud. Hubo linchamientos mediáticos. Yo pensé: “Mejor ni contesto”. Hay quien dice: “Mira, cómprate a esas plumas para que hablen bien de ti”, pero ésa no es mi convicción.

El perredista se muestra convencido de que dio resultados su estrategia de privilegiar la “tolerancia extrema” con los movimientos sociales. Recibió el gobierno con 46 ayuntamientos tomados “e iban por los 81 de todo el estado”. Actualmente sólo quedan seis. El miércoles 15 le entregaron Chilpancingo.


(Fragmento de la entrevista que se publica en la revista Proceso 2007, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Vuelven los tiempos de la aplanadora y la censura

MÉXICO, D.F: El pasado 4 de marzo, al festejar sus 86 años, el PRI anunció nuevos tiempos. Pero entre sus candidatos a diputados, gobernadores y presidentes municipales no se distingue un rostro joven ni representativo de la sociedad. Esa noche llamaba la atención la actriz Carmen Salinas, la única candidata externa, quien confesaba a los reporteros: “No tengo ningún proyecto”.

Se trata de “la restauración del PRI autoritario. El presidente Enrique Peña Nieto y un pequeño grupo del Estado de México están dominando todos los espacios de poder”, sostiene el exembajador de México en Irlanda Agustín Basave, quien advierte que ni siquiera durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari había tal cerrazón y censura en los medios.

Para la expresidenta nacional priista Dulce María Sauri Riancho, ahora en el PRI la discrepancia interna está limitada y la crítica sólo se ejerce hacia el exterior, hacia los adversarios políticos.

“El PRI vive la etapa del ‘partido-muégano’, donde todas las partes, incluso las más distintas y discrepantes, se encuentran unidas por las mieles del poder”, asegura en entrevista.

El 4 de marzo, en las primeras filas del auditorio Plutarco Elías Calles resaltaron algunas figuras: David López Gutiérrez, aspirante a una diputación federal y coordinador de prensa de Peña Nieto desde que era gobernador; César Camacho, presidente, e Ivonne Ortega, secretaria general del PRI, quienes se hicieron candidatos a diputados; y la directora de la Lotería Nacional, María Esther Scherman.

Igualmente había personajes salpicados por escándalos de corrupción e impunidad, como el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino, acusado varias veces de desvío de recursos públicos; Guillermina de la Torre Malváez, madre del expresidente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien pese a haber sido acusado de armar una red de prostitución en el instituto político, mantuvo el control de al menos 10 candidaturas a diputados y delegados en la Ciudad de México, entre ellas la de Alejandra Barrios, líder de los ambulantes.

Los lazos consanguíneos también tuvieron lugar en ese ritual, con las candidaturas de Mariana Moguel Robles, hija de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, así como la de Sylvana Beltrones Sánchez, hija del coordinador priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2005 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

“Nos hacemos que no sabíamos”

Hay un "peligroso intento por reinstaurar formas autoritarias ante una sociedad que ya no es la misma".

Mucho se escribió y discutió sobre si el círculo cercano al presidente “no sabe que no sabe”. Tomando distancia de la coyuntura actual se puede concluir que saben lo que hacen y lo llevan haciendo mucho tiempo, más bien parece que la frase correcta sería “nos hacemos que no sabíamos”. 

Las señales han sido varias y comienzan desde antes de que Peña Nieto ganara las elecciones. Poco antes de la contienda electoral, el colectivo Yosoy132 promovió un tercer debate presidencial al que no asistió Peña argumentando que no existían condiciones de equidad en una clara muestra de cálculo político y de no desear dialogar y enfrentarse a voces críticas como las que organizaron el evento. Pero su ausencia fue capitalizada de otra forma, en lugar de debatir, Peña se reunió con padres de las víctimas de la Guardería ABC. Era útil fotografiarse con las víctimas, mostrar sensibilidad, incluso firmó un compromiso de que en los primeros 100 días de su administración se daría “la resolución total y definitiva del caso”. Es de todos sabido que no se ha resuelto y los padres ya ni siquiera son escuchados.

La perversión de utilizar a las víctimas como herramienta de legitimidad no terminó con el caso de la Guardería ABC, a los pocos días de iniciado su mandato, Peña se reunió con Javier Sicilia en un acto solemne para firmar la Ley de Víctimas. En el acto se comprometió a lograr un México en Paz y mantener un diálogo. La Ley es un fracaso y la Comisión ejecutiva de atención a víctimas es un elefante blanco que no resuelve prácticamente nada.

Con el objetivo de no hablar de la violencia  se ha revictimizado a las víctimas  relegándolas fuera del discurso y preocupación oficial. Lo que importa es la percepción no la realidad.

Sin embargo la violencia continúa. El Estado es incapaz de ofrecer seguridad y  mantener el control sobre la totalidad del territorio nacional, ni siquiera ha podido ofrecer cifras confiables de asesinados, desaparecidos y desplazados. El descontento crece y la respuesta es una insensibilidad absoluta al malestar generando una ruptura entre sociedad y gobierno. Se intenta generar una narrativa de “verdades únicas”, se desprecia y critica el trabajo de los  relatores especiales de Naciones Unidas para la tortura y desaparición forzada, se niegan capacidades al grupo de peritos argentinos en el caso Ayotzinapa, se manifiesta molestia por declaraciones críticas del Papa Francisco, se construye una “verdad histórica” sobre los hechos de Iguala antes de la llegada de los expertos de la CIDH, se desprecia la escasa crítica de la prensa nacional y las denuncias internacionales por los escándalos de corrupción y conflicto de intereses se toman como un problema de credibilidad.

El Ejecutivo pretende resolver de manera cosmética la grave situación del país, la crisis humanitaria y los reclamos por afianzar el estado de derecho: se muestra receptivo, preocupado, sensible, reacciona y hace cambios, todo para que no pase nada. El nombramiento de Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública es un claro ejemplo.

Si la preocupación es la percepción resulta prioritario controlar o de menos dirigir la discusión pública, para ello estorban las voces críticas, el periodismo de investigación, los activistas y los defensores de Derechos Humanos, entre otros. No es casual, de menos es sospechoso, el encarcelamiento de Mireles, la impunidad en los múltiples ataques violentos a la prensa, la inacción de la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, la falta de protección a los cada vez más amenazados defensores de Derechos Humanos y periodistas, la criminalización de la protesta, la finalización de colaboraciones editoriales de plumas que abordaban temas de derechos humanos, seguridad, transparencia, y democracia como Miguel Pulido y Ernesto López Portillo, y el evento más mediático por su alcance nacional e internacional el despido de Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores que habían conformado uno de los espacios críticos más importantes del país.

El panorama es sombrío, por una parte una oposición prácticamente nula, un Congreso casi postrado, colocación de personas cercanas al Ejecutivo en puestos claves como la Suprema Corte, intentos por controlar órganos autónomos del Estado y mayor prensa a modo, mientras por otro lado tenemos a la sociedad civil buscando fosas comunes ante un Estado que no responde, llamados a la refundación nacional, campañas de destrucción del voto, ciudadanos suplantando al Estado en materia de seguridad y defensa, desencanto de la democracia, marchas y más marchas, discurso de odio creciente y llamados a la resistencia.

Es necesario tomar distancia y analizar la situación del país y el peligroso intento por reinstaurar formas autoritarias ante una sociedad que ya no es la misma, grupos empresariales que muestran el músculo muy a menudo y el crimen organizado con vínculos con el poder y sectores de la economía.


Quisiera terminar con un hecho que retrata la situación del país. El pasado sábado 28 de marzo en Cuernavaca se realizaron varios actos por el IV aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En uno de ellos se inauguró un espacio de memoria a las víctimas en una plaza céntrica. Tuvimos que esperar varios minutos para iniciar el acto ya que a unos escasos metros, en la misma plaza, se llevaba a cabo un concurso infantil y juvenil de bandas de guerra. Sí, infantil y juvenil de bandas de guerra. Las víctimas debían esperar. La grotesca escena se dio al pie de un asta que no tenía bandera, es decir ante la ausencia del símbolo nacional. Nada más claro que esta escena.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JACOBO DAYÁN.

Prensa canalla y autoritarismo

MÉXICO, D.F: Apenas se concretó el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias y en la prensa oficiosa el mensaje fue que se trataba de un conflicto laboral, no un caso de libertad de expresión. Al unísono, esa prensa preparó el terreno de la opinión pública para que el gobierno de Enrique Peña Nieto saliera a decir, en defensa propia, que se trataba de un asunto entre particulares.

El objetivo de esa estrategia era desvincular al gobierno de Peña de la supuesta decisión empresarial de la familia Vargas de desconocer el contrato con Aristegui. Alegó sentirse agraviada por el uso sin su permiso de la marca MVS en Méxicoleaks, una innovadora plataforma en la que participan distintos medios -entre ellos la revista Proceso- para la filtración de datos e información que puedan conducir a investigaciones periodísticas.

Fue un mero pretexto, como lo señaló Aristegui el jueves al fijar su posición sobre el conflicto, que en realidad tiene mucho de artificio.

Con la idea del conflicto laboral entre particulares se pretende ocultar la molestia de la Presidencia de la República con la revelación en el espacio de Aristegui en MVS de la llamada “Casa Blanca” de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, con la intervención de la omnipresente Televisa y del contratista del peñismo Juan Armando Hinojosa. La noticia tuvo un alto impacto negativo en la imagen internacional de Peña Nieto.

Desde Los Pinos se quiso esconder la mano en la medida represiva de MVS y lanzó a sus periodistas a sembrar la idea del conflicto entre particulares. Contra ese argumento, la audiencia de Aristegui y la opinión pública necesitan conocer la historia en la que la periodista y la empresa aún tienen mucho que explicar. Para empezar, la negativa de MVS de difundir la investigación sobre la “Casa Blanca” más allá del espacio matutino de noticias que tenía Aristegui.

Se ha insistido en que se trata de una regresión al autoritarismo. No es así por la sencilla razón de que no lo hemos superado. La alternancia política no ha sido suficiente para considerarlo como cosa del pasado político. Aristegui lo sufrió en el gobierno panista de Felipe Calderón, también en MVS, por preguntar si el presidente tenía una problema de alcoholismo.

Ese gobierno fue también el que acabó con el espacio radiofónico de José Gutiérrez Vivó, el precursor de las barras de noticias como hoy las tenemos en México. Otro conflicto empresarial, en este caso con Grupo Radio Centro, ahora ganador de una de las dos cadenas nacionales de televisión, fue el motivo de la desaparición de Radio Monitor.

Pero detrás estuvo el chantaje del recién llegado gobierno de Calderón de que Monitor cambiara línea editorial, supuestamente favorable al opositor Andrés Manuel López Obrador, a cambio de facilitar el arreglo con Grupo Radio Centro.

Otra agresión del panismo fue en contra de Proceso, cuando la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, demandó a la revista por supuesto daño moral. Después de un largo litigio, el caso se resolvió a favor de la libertad de expresión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El autoritarismo no se ha ido sencillamente porque no hemos evolucionado hacia una sociedad democrática de hecho. Sólo lo somos en el dicho. La prensa oficiosa es responsable de ese estancamiento, convertida es una auténtica rémora para la democracia.

Aun cuando esa prensa insista en que se trata de un conflicto laboral entre particulares, el caso puede derivar en tribunales si no hay arreglo entre Aristegui y MVS. En la dimensión jurídica quedará en claro que se trata de un asunto de libertad de expresión.

Sin ser una casualidad en la coyuntura, la SCJN resolvió este jueves un litigio en relación con la libertad de expresión y un “conflicto entre particulares”.

A falta de una legislación específica, que los dueños de las empresas periodísticas oficiosas han impedido que se construya bajo el argumento de la autoregulación con sus quimeras llamadas códigos de ética, la SCJN ha venido estableciendo en años recientes una serie de criterios siempre en favor de la libertad de expresión.

En su resolución, define ese derecho como la plena libertad que tienen las personas para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, “imprescindible… para ejercer plenamente otros derechos fundamentales y… elemento funcional que determina la calidad de la vida democrática de un país”.

La Primera Sala de la Corte estableció: Si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático.


Aun cuando acabara en un litigio, el caso Aristegui-MVS tiene que ver con la calidad de la vida pública de México: cuando un tribunal, resolvió la Corte, decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

‘El sistema hegemónico volvió con el PRI’: Arturo Rodríguez

El periodista habla en entrevista sobre su libro, ‘El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis’.

El PRI cambió de indumentaria pero en esencia sigue siendo el mismo de siempre. Bajo este planteamiento, Arturo Rodríguez García, desarrolla una investigación donde expone los primeros años de Enrique Peña Nieto al frente de la presidencia. A través de El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis (Grijalbo), el reportero del semanario Proceso analiza el regreso del partido tricolor al poder.

Al margen de la investigación, su libro pareciera que se escribió con la nota diaria. 

Como periodista procuramos mantenernos actualizados. Algunos temas nos alcanzaron en el cierre, uno de ellos fue la situación en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. Lo incorporamos con una visión de largo aliento porque entonces no teníamos la claridad de ahora. A final de cuentas pudimos establecer unas líneas generales que nos permiten ubicar en un contexto histórico el regreso del PRI y la reedición de una serie de mecanismos como el autoritarismo.

Durante la presentación de su libro en la FIL de Minería, declaró que no le gustaba el uso de la palabra ‘autoritarismo’ en el título. 

Cuando el editor me propuso el título, me resultaba difícil aceptarlo. Los reporteros tratamos de evitar los adjetivos sobre todo en la cabeza, pero conforme revisamos el contenido descubrí que el concepto resume la realidad del país. Las decisiones se toman en las cúpulas del poder sin pensar en el consentimiento de los ciudadanos; se ejerce el derecho a mandar mediante recursos coercitivos. El Pacto por México fue un acuerdo entre cúpulas. El Congreso se comportó como una oficialía de partes. Cuando los ciudadanos protestan contra las reformas son reprimidos con la fuerza pública. Este tipo de factores validan del uso del término ‘autoritarismo’.

Sin embargo, al principio el gobierno vendía la idea del Pacto por México y las reformas, como ejemplares negociaciones políticas. 

En el libro planteo la hipótesis de que en el pasado hablábamos de un sistema hegemónico cuando existía la simbiosis entre partido y gobierno. Hoy la hegemonía volvió con diversidad de siglas. El Pacto por México es el ejemplo más claro. La vieja nomenclatura se reagrupó en las distintas fuerzas políticas. La mayoría de los gobernadores de oposición son de extracción priísta. A final de cuentas son los mismos desperdigados en distintas fuerzas políticas.

¿Esto no es también responsabilidad de la oposición?

Lo que sucede es que no hay oposición. Forman parte de las mismas élites de poder, son redes familiares de negocios y amistad. En los velorios o bodas convergen PRI, PAN y PRD, todos son parte de la misma red.

¿Podemos hablar de una modernización del PRI, se adaptó a los tiempos?

Hay una gran capacidad de adaptación entre los priístas. En el 2000 perdieron la presidencia y para 2006, eran la tercera fuerza. Sin embargo para la elección intermedia de 2009, regresaron al primer lugar. Una explicación reposa en el hecho de que si bien perdieron poder a nivel federal, en los estados lo mantuvieron.  Su momento más crítico fue por ahí de 2004 cuando dejaron diez gubernaturas. Al tener gobiernos estatales conservaron su fortaleza presupuestal. Otra razón es la descentralización educativa porque los gobernadores controlaban la estructura magisterial. Gracias al consenso de los grupos políticos y económicos desarrollados al amparo del poder fue posible la candidatura de Enrique Peña Nieto. Esta serie de factores posibilitaron su regreso.

¿Pero qué pasó con la sociedad en este periodo?

Uno de los aspectos que logramos documentar desde hace años es que a la mayor parte de la sociedad no le interesa la política. La percibe como un ámbito lejano. En los procesos de mayor participación encontraremos que el cincuenta por ciento sale a votar, de estos habría que ver cuántos forman parte de la maquinaria clientelar. En este contexto, hablar de la sociedad es complicado porque no participa activamente. Sin duda esto facilita que las clases gobernantes mantengan la dinámica política a su antojo. Pero todavía es más responsable el sistema político porque no facilita las cosas para que la sociedad participe. Históricamente la participación ciudadana es reprimida, así lo hemos visto desde la Revolución hasta los normalistas de Ayotzinapa.

En el libro plantea la forma en que se ha endurecido de manera paulatina el gobierno de Peña Nieto. ¿La llegada de Medina Mora a la Suprema Corte es parte de esta tendencia?

El endurecimiento es muy contundente y por supuesto tenemos que incluir lo de Medina Mora. Sin embargo, es necesario ir más atrás. En la vorágine reformista nos metieron goles sin que nos diéramos cuenta. Se asumió la convicción de que los gobernadores eran desmedidos y corruptos, entonces les quitaron el sector educativo y la capacidad de decisión local sobre organismos autónomos como el electoral o el de medios de comunicación. Efectivamente se les restaron margen para ejercer el autoritarismo pero a cambio el poder se concentró una vez más en el centro del país y en la figura presidencial. Con las reformas sucedió lo mismo, la reforma de telecomunicaciones le da un poder desmedido al presidente de la república. Hoy se reedita la capacidad de poder quitar gobernadores, algo que no veíamos desde el 95 o 96.

¿Cómo llega el PRI a las elecciones intermedias de junio?


No sé, aún no tengo los elementos para hacer una prospectiva. Lo que sí veo es que ya hay carros completos para el PRI, pienso en Coahuila o Colima. Independientemente de a quién favorezca el resultado electoral, vivimos tiempos en los que participamos de una mascarada democrática. El resultado electoral no importa porque son los mismos. Nos creímos demasiado la transición democrática, pensamos que era en serio pero la realidad es que los mecanismos se perfeccionaron para darnos una idea de democracia que no corresponde con la realidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Espasmos autoritarios legislativos tratan de contener los movimientos sociales: Buscaglia

Comienzan regulando la movilidad y terminan como Rusia, donde no existe oposición, donde encarcelan a los periodistas y no hay ningún tipo de voz de la conciencia ciudadana, señala el investigador.

No puedo leer lo que está en la cabeza de esta fauna de políticos en México -que en la Cámara de Diputados aprobaron ayer reformas en materia de derecho a la movilidad universal- pero la experiencia internacional es: cuando países comienzan a marchar hacia un democracia, como es el caso de México con movilizaciones -que por ahora son de solidaridad y de conciencia, pero no de acción-, la delincuencia organizada de Estado, como la que hay en México, reacciona con espasmos de autoritarismo, sostuvo el investigador Edgardo Buscaglia.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, indicó que eso sucedió en Rusia en los años 90, cuando comenzaron a marchar a una democracia que nunca fue.

Apuntó que el régimen de Vladimir Putin que llega en el 2000 al poder generó leyes que limitan el derecho a manifestarse y lo hacen, como aquí lo quieren hacer, con base al derecho de movilidad.

“Estos políticos que están proponiendo estos espasmos autoritarios legislativos están tratando de contener los movimientos sociales que se están gestando. Esta fauna de políticos en México no son idiotas, saben que se está gestando un movimiento”, expuso.

Cada ley es un negocio y los legisladores están defendiendo sus negocios; defendiendo miles de millones de dólares, dijo.

“Estas manifestaciones son el terror para ellos porque se les termina la pachanga si estos movimientos se transforman en movimientos de acción“, mencionó.

“Ellos le tienen terror a eso. Se les termina el negocio. Esas casonas que ellos te muestran cuando tú vas a Durango o Coahuila te las muestran con total impunidad, se les terminó el negocio a los políticos. Entonces, el gran desafío ahora para los movimientos sociales es transformarse en movimientos de acción. Los están infiltrando para generar violencia… pero también hay gente apasionada que se transforman en idiotas útiles y generan violencia”, añadió.

El principal justificativo de los gobiernos represores, indicó, va a ser la violencia que generen los movimientos sociales, ya sea por infiltrados o idiotas útiles

“Comienzan con este tipo de reformas legislativas (como la de México) y terminan en lo que hoy es Rusia, donde no existe oposición, donde encarcelan a los periodistas y no hay ningún tipo de voz de la conciencia ciudadana”, refirió. 

Lo que defienden “estos mafiosos del sistema político mexicano” son miles de millones de dólares, “defienden ese estilo de vida mafioso”, aseveró.


Además, Buscaglia pidió a la comunidad internacional estar atenta a lo que ocurre en México, para impedir que asesinen a los líderes de los movimientos sociales.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.