La Secretaría de Hacienda y Crédito Público violó un mandato del INAI que le ordenaba entregar información sobre los contratos de deuda pública de estados y municipios con el Grupo Interacciones y Banorte, dos de las instituciones de crédito que más asesoran y reestructuran ese tipo de deuda. La primera la preside Carlos Hank Rhon y la segunda su hijo Carlos Hank González.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La élite mexiquense posicionada en el sector hacendario y los servicios financieros asestó un nuevo golpe a la transparencia luego de que, con acciones ilegales y un posible conflicto de interés, facilitó que estados y municipios ocultaran la deuda contraída con el Grupo Financiero Banorte.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ilegalmente pidió autorización a Banorte para entregar copia de 84 contratos de créditos contraídos por dichos gobiernos locales en respuesta a una solicitud de acceso a la información. En términos prácticos, puede decirse que la dependencia encabezada por Luis Videgaray le dio el “pitazo” al banco.
Banorte es la segunda institución crediticia con más gobiernos en su cartera de clientes. La preside el magnate Carlos Hank González, nieto de dos empresarios que se enriquecieron al amparo del sistema priista: su homónimo abuelo paterno, a quien se identificó siempre como cabeza del Grupo Atlacomulco, y el materno, Roberto González Barrera, conocido como El Maseco en alusión al monopolio harinero que catapultó su riqueza.
El presidente de Banorte es hijo de Carlos Hank Rhon, quien preside el Grupo Financiero Interacciones. De acuerdo con los indicadores financieros de la Bolsa Mexicana de Valores, Interacciones es el tercer prestamista del sector gobierno al concentrar 12% del mercado, sólo superado por Banorte (que acapara 24%) y BBVA Bancomer (con 26%). Sin embargo, como familia, los Hank concentran 36% de la deuda de estados y municipios también conocida como subnacional.
Desde finales de 2014 Proceso ha intentado documentar, mediante solicitudes de información a dependencias y entidades gubernamentales, los alcances de la deuda contraída por los gobiernos con los dos bancos. Pero éstos consiguieron amparos para evitar que la información se haga pública.
Interacciones y Banorte alegan que los datos solicitados son confidenciales y con la complacencia de jueces y magistrados han demorado el acceso a la información sin que el Poder Judicial federal establezca un criterio definitivo sobre el carácter público o confidencial de los contratos de deuda gubernamental.
Fuente: Proceso
Autor: Arturo Rodríguez
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