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Detienen a “El Gordo”, miembro del Cártel de Juárez buscado por la DEA

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La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dio cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición contra Héctor Arenas Saucedo (a) “El Gordo”, por los delitos de asociación delictuosa y posesión con la intención de distribuir cocaína en varias ciudades de Estados Unidos.

La diligencia tuvo lugar en la colonia San Rafael, Ciudad de México, cuando elementos de la AIC, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, realizaron la detención de Arenas Sauceda a quien le fue asegurada un arma corta.

En un comunicado, la PGR dio a conocer que para deslindar responsabilidades, el detenido, junto con lo asegurado, fue trasladado a las instalaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación de la Procuraduría General de la República correspondiente.

Arenas Saucedo, “El Gordo”, es requerido por los Estados Unidos de América por los delitos de asociación delictuosa y posesión con la intención de distribuir cocaína.

Era buscado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en ingles), por los delitos de conspiración, posesión y distribución de cocaína hacia los Estados Unidos, presuntamente vinculado con el cártel de Juárez.

De acuerdo con el comunicado, también era responsable de coordinar y vigilar el transporte de cocaína, la cual era almacenada temporalmente en la zona conurbada de El Paso, Texas, entregando la mercancía en Atlanta, Georgia y Charlotte, Carolina del Norte, de la Unión Americana para su distribución.

Con sustento en los cargos, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, el pasado 28 de julio de 2011, giró órdenes de aprehensión en contra de Héctor Arenas Saucedo y otras personas al señalarlos como responsables del contrabando de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos de América.

El Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México otorgó la detención provisional con fines de extradición 1/2014-II, en contra del detenido.





Fuente: Proceso
Autora: Patricia Dávila
http://www.proceso.com.mx/475186/detienen-a-gordo-miembro-del-cartel-juarez-buscado-la-dea

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

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En las primeras dos entregas de esta investigación se mostró cómo el Grupo Comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, uno de los operadores del Cartel de Juárez, se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre y también logró involucrarse en las operaciones del futbol internacional. Pero eso no es todo: en esta tercera y última parte, se documenta cómo aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en el año 2012, en un caso que públicamente se conoció como “Monexgate”.

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.


En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.

En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.


Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.

“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.


Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.

Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.


El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.


A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.


El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.

Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.


En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.

Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.


Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.

En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.


El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.

Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.


La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:


Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.


Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.

Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.



Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.

En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.


El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.


De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.

La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.



Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juarez-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/?platform=hootsuite

Operador del Cártel de Juárez ‘juega’ en el fútbol internacional

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Grupo Comercializador Cónclave, empresa ligada al financiero de la organización de los Carrillo Fuentes, ha sido intermediaria en la transacción de jugadores al fútbol europeo, de acuerdo con los informes financieros del Club de Fútbol Porto, de Portugal. El mismo operador ganó contratos por 400 mdp de la Cruzada contra el Hambre, el programa estrella de Enrique Peña Nieto. (Segunda de tres partes).

Grupo Comercializador Cónclave, la empresa que tenía como representante al supuestooperador financiero del Cártel de Juárez, también juega en el futbol internacional. Su nombre aparece en los informes financieros correspondientes a 2012 y 2013 del Club de Futbol Porto, de Portugal.

Una investigación periodística documentó que Rodolfo David Dávila Córdova, sentenciado por haber sido operador financiero de la organización de los Carrillo Fuentes, obtuvo en 2013 un contrato por 207 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como representante legal de Grupo Comercializador Cónclave.

Un segundo contrato del mismo programa federal, por 188 millones de pesos, se otorgó a la empresa Prodasa SA de CV, en la que Dávila Córdova es socio mayoritario.

Los reportes entregados por el Club Porto al regulador del mercado financiero portugués, detallan la participación de Grupo Comercializador Cónclave como intermediario en la transacción de jugadores al futbol europeo.

“En el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2012, los servicios de intermediación fueron proporcionados por la entidades Northfields Sports BV, Grupo Comercializador Cónclave SA y el agente Giancarlo Uda”, detalla uno de los reportes compartido a los inversionistas del Club de futbol Porto.

El informe financiero precisa que en el periodo en que Cónclave fungió como intermediario (julio-diciembre de 2012) se sumaron a la lista de adquisiciones del Porto el jugador mexicano Diego Reyes, propiedad del Club América, y los futbolistas colombianos Jackson Martínez y Héctor Quiñones, el primero procedente del Club Jaguares de Chiapas y el segundo de la Asociación Deportivo Cali.

El reporte del club portugués no precisa en cuál de estos traspasos de jugadores participó el Grupo Comercializador Cónclave. Sin embargo, en esta investigación periodística se pudo precisar que en el pase de Diego Reyes al Porto, la empresa intermediaria fue Northfields Sports, en una transacción de 9 millones 92 mil 320 euros.

Mientras que en el traspaso de Jackson Martínez participó el agente mexicano Guillermo Lara, quien en distintas ocasiones ha sido vinculado con operaciones del narcotráfico, en específico con personajes ligados al Cártel de Juárez.

Lara hizo un negocio multimillonario con el traspaso de Jackson, pues el jugador le costó 100 mil dólares y la venta del jugador de Jaguares de Chiapas al Porto se negoció en 9.6 millones.


Para 2014 y 2015, la citada empresa ya no apareció en los documentos del equipo portugués.

Jackson Martínez llegó al futbol mexicano en 2010, al club Jaguares de Chiapas, en donde permaneció por dos años y medio, con un récord de 33 goles. Su traspaso al Club Porto se realizó en julio de 2012, en una transacción de 9.6 millones de euros. El jugador tenía 25 años de edad cuando emigró a Europa.

Al mes de realizarse esta transacción, la cadena radial RCN de Colombia y Mundo Fox, de Estados Unidos, difundieron una investigación en la que aseguraban que Guillermo Lara, el promotor del jugador colombiano, estaba vinculado con el narcotráfico.

La investigación de ambos medios afirmaba que capos de la droga, paramilitares y un guerrillero colombianos habían invertido en el futbol mexicano entre 2003 y 2006, de acuerdo con documentos encontrados por la Fiscalía de Colombia a un narcotraficante del Norte del Valle.

En los documentos citados por RCN y Mundo Fox aparecían pagos millonarios a equipos profesionales del futbol mexicano y a empresarios deportivos, entre ellos Carlos Ahumada (alguna vez dueño de Santos y de León) y el promotor Guillermo Lara, representante de Jackson Martínez.

De Guillermo Lara, la investigación aseguraba que fue beneficiado a través de diversos pagos del narcotráfico. Tras la publicación, el promotor se deslindó de las acusaciones y negó cualquier vínculo con cárteles de la droga.

“No son acusaciones. Para mí son estúpidos. Gente que no es profesional, que no tiene ética y que escribe cualquier estupidez. El negocio con Colombia fue con Jackson Martínez, que lo acabo de vender al Porto como ustedes saben; esos son los negocios que yo hago”, declaró en agosto de 2012.

Sin embargo, Lara volvió a ser vinculado con el narcotráfico en febrero de 2014, cuando fue capturado en León, Guanajuato, el traficante Tirso Martínez “El Tío”, compadre de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, antiguo jefe del Cártel de Juárez.

El diario Reforma reveló en aquel entonces que “El Tío” fue señalado por un testigo en Estados Unidos como “miembro de una red que lavaba dinero transfiriendo jugadores de Colombia en sociedad con la Promotora Internacional Fut Soccer, propiedad de Guillermo Lara”. De hecho, “El Tío” fue acusado de lavar dinero a través de los equipos Querétaro, Irapuato y Celaya, hace una década.

Guillermo Lara y su empresa Promotora Internacional Fut Soccer ya habían sido investigados desde hace más de una década por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien abrió la averiguación previa PGR/UEDO/080/2001, para esclarecer la presunta relación de Lara con el narcotraficante colombiano Jorge Mario Ríos Laverde, preso en Estados Unidos.

Cuando fue capturado en octubre de 2002, Ríos Laverde viajaba en una camioneta BMW de la promotora de Guillermo Lara.

Las sospechas sobre el promotor se acentuaron cuando en julio de 2003 fue detenido el futbolista Carlos Álvarez Maya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando pretendía viajar a Colombia con un millón de dólares. El representante del jugador era la Promotora Internacional Fut Soccer, de Lara.




Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
http://aristeguinoticias.com/1503/mexico/operador-del-cartel-de-juarez-juega-en-el-futbol-internacional/

Contrata el Gobierno federal a operador del Cártel de Juárez

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Cuatro cajas repletas con 37 mil billetes de 20 dólares fueron depositadas en una camioneta Ford Ecosport negra estacionada cerca del cruce de avenida Universidad y el Eje 5 Sur.

Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: 740 mil 40 dólares, pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad deJuan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.

Según la versión oficial, una vez que todas las cajas con los fajos de dólares fueron colocadas en la camioneta, aparecieron en escena policías federales que rastreaban la transacción, realizada en plena vía pública, sobre la transitada avenida Eugenia (el Eje 5 Sur) de la colonia Narvarte, en la ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta,Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio.

La Fiscalía identificó al detenido como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.

Los dos supuestos operadores del Cártel fueron encarcelados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde fueron sentenciados por el juez Cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta detención ocurrió hace una década, el miércoles 26 de octubre de 2005, pero cobra actualidad, porque uno de los señalados por la PGR como operador del narcotráfico se ha convertido en contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social estelar: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los recursos por más de 396 millones de pesos (unos 25 millones de dólares, al tipo de cambio de 2013) se entregaron a empresas inexistentes y por servicios que nunca se realizaron. La trama incluyó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un ex dirigente del partido Nueva Alianza que ahora es funcionario de ese centro académico.

Junto con las cajas repletas de dólares, los agentes investigadores reportaron el hallazgo en la camioneta Ecosport de documentos que permitieron identificar la estructura de mando y zonas de operación del Cártel de Juárez.

La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.

Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.

Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.

En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas. “Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.

A una de sus cómplices, a quien apodaban ‘La contadora’, le encontraron dos millones 886 mil dólares en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.

La documentación decomisada revelaba el tamaño de las operaciones del capo: compraba al mes cinco toneladas de cocaína, lo que lo convertía –según la PGR- en el principal mayorista de droga que operaba en aquellos días en México, y responsable de entre el 15% y el 20% de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones las estimaba el gobierno entre 660 millones y mil millones de dólares al año.


Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.

De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.

Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32% de las acciones.

De acuerdo con la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.

“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró ennoviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.

Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.

Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal.

Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.

En una licitación por 207 millones 779 mil pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aparece la firma del presunto operador del narcotráfico como representante legal de Cónclave.

Su hermano firmó como apoderado de Prodasa SA de CV, en un segundo contrato también con fondos federales por 188 millones 662 mil pesos.



En el acta constitutiva de Prodasa, El Cónsul aparece como socio mayoritario, con el 70% de las acciones.

En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos. Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.

Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.

Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.

El pasado 15 de abril de 2015, un agente del SAT llegó al penal de Almoloya de Juárez, en busca de El Cónsul. Iba con un requerimiento para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta cinco años antes por el juzgado de distrito que lo encontró culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de “custodia dentro del territorio nacional”. Sin embargo, el reo ya no estaba en su celda. Se había ido.

El agente fiscal dejó constancia de su visita de inspección a la cárcel de alta seguridad, en el siguiente acuerdo de notificación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pegó en sus oficinas:

“Me constituí legalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde me cercioré de ser el domicilio correcto, cuyas características externas son bardeado perimetral blanco y azul, con varias cabinas de seguridad a la entrada, malla ciclónica alrededor, de unos 15 mil metros cuadrados aproximadamente todo el inmueble, donde ingresé con el propósito de llevar a cabo la diligencia de mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y/o embargo emitido por la Administración Local de Recaudación de Toluca, referente al crédito 608278 de la determinante 3535/10 de fecha 22 de julio de 2010, emitida por el juzgado de distrito”.

Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.

Apenas ocho meses antes de ser liberado, la PGR anunció en un comunicado que un juez federal había dictado sentencia contra el presunto operador financiero del Cártel de Juárez.

Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena, ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.

‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.

El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después El Cónsul dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.

El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.

Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova, El Cónsul.

Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Sedesol comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de El Cónsul.

Y uno de los aspirantes que se anotó para convertirse en proveedor de la Sedesol era precisamente El Cónsul, quien aquel 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.

Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato. De un plumazo, dos de los postulantes fueron eliminados. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.

Al día siguiente, a las dos de la tarde, Wistano Luis Orozco firmó en el sexto piso de torre de rectoría el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos a Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.

Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos.

En suma, las empresas ligadas al hombre acusado por la PGR de lavado de dinero recibieron en dos contratos 396 millones 442 mil 615 pesos de fondos federales de Sedesol, triangulados a través de la Universidad Autónoma de Morelos.

En el transcurso de esta investigación se contactó a Wistano Luis Orozco, quien se abstuvo de declarar.

-¿Hablará algo al respecto de este tema? –se le planteó.

-No, no en absoluto –respondió.



Muchos indicios apuntan a que las licitaciones que favorecieron a las empresas del presunto operador del Cártel de Juárez estuvieron amañadas.

En la licitación LP12/2013 –que se asignó a Grupo Cónclave- se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato.

Mientras que en la licitación LP20/2013 –que se otorgó a Prodasa- el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.

Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró más irregularidades:


El Grupo Comercializador Cónclave SA de CV es un proveedor ‘fantasma’.

El domicilio fiscal anotado en la factura que emitió a Sedesol, en Avenida Ejército Nacional 475, segundo piso, en la ciudad de México, en realidad corresponde a consultorios médicos.

Mientras que un segundo domicilio que aparece en la cuenta bancaria en la que se hizo el depósito de Sedesol, es un despacho de abogados, no una empresa.

Los auditores del órgano de fiscalización del Congreso visitaron ambos domicilios y levantaron actas en las que quedó constancia que la empresa es inexistente o por lo menos no localizable.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que la empresa Cónclave no había declarado para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los 207 millones de pesos que había recibido de Sedesol.

El SAT informó que Prodasa SA de CV –la otra empresa ligada al operador del Cártel de Juárez- tampoco presentó su declaración de impuestos.

Además, la Auditoría Superior de la Federación verificó que el domicilio fiscal de Prodasa es diferente al consignado en la factura y en el estado de cuenta bancario en el que se le depositaron 188 millones de pesos de fondos federales de la cruzada contra el hambre.


Al 25 de marzo de 2014, Prodasa presentaba en el padrón de contribuyentes el estatus de “Cancelado por liquidación total del activo”. Pese a ello, los auditores descubrieron que en esa fecha la empresa participó en otro procedimiento de licitación por invitación, realizado por la Universidad Autónoma de Morelos.

Aquel día, Wistano Luis Orozco García, director de proyectos especiales de la universidad y ex directivo del Partido Nueva Alianza, encabezó la sesión en la que las dos empresas ligadas al presunto operador financiero del Cártel de Juárez (Cónclave y Prodasa) fueron invitadas a presentar propuestas para dar el servicio de “asesoría en planeación de programas de capacitación”.

Wistano invitó a las dos empresas, pese a que habían incumplido meses antes con la cruzada contra el hambre.

Grupo Comercializador Cónclave está identificado por el SAT como presunto evasor fiscal. En 2011 y 2012 la empresa no presentó su declaración de impuestos, pese a que en esos años tuvo contratos con el PRI nacional para la elaboración de miles de “reportes especiales” del instituto político, y actuó como intermediario en operaciones de comercio exterior.

En su declaración anual de 2013 declaró al SAT ingresos acumulables de 25 millones 661 mil 574 pesos, aunque tan sólo en el contrato que obtuvo en la Universidad de Morelos cobró más de 207 millones.

Además, el SAT no tiene registro de pagos realizados por concepto de impuestos federales o estatales (ISR, IVA, IETU, nómina o cedular) desde 2012. Cónclave tampoco ha declarado sueldos y salarios.

El más reciente domicilio fiscal reportado fue Bosque de Duraznos 75, en Bosques de las Lomas, en la ciudad de México. Esa dirección corresponde en realidad a oficinas corporativas de otras empresas.


En 2013, que fue cuando cobró 188 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, declaró sus ingresos en ceros y por lo tanto no pagó impuestos.

Hace dos años, el 25 de marzo de 2014, reportó a las autoridades hacendarias su liquidación total de activos, y por lo tanto su cancelación de operaciones. Su domicilio fiscal estaba registrado en la calle Ojocaliente, de la colonia Pensadores Mexicanos, en Aguascalientes. La dirección corresponde a un baldío en la periferia de la capital hidrocálida.

Grupo Comercializador Cónclave es una empresa ‘multiusos’ que fue constituida el 22 de enero de 2009, en la ciudad de México, con dos socios: Saúl Elías Álvarez Mercado, con el 92% de las acciones, y César González Rodríguez, con el 2%.

Desde su nacimiento, ha ofrecido todo tipo de servicios: en diciembre de 2010, por ejemplo, obtuvo un contrato en la Dirección de Caminos y Puentes Federales, para organizar una fiesta navideña, que incluía llevar a una persona disfrazada de Santa Claus, decorar un salón con regalos ficticios, campanitas, botas, gorros y tiritas forradas con heno; surtir 20 piñatas, 600 sillas y colocar 24 puestos de tacos, tortas, tostadas, tamales, ponche, aguas frescas y dulces; seis inflables y montar una obra de teatro infantil con tema de Navidad.

Meses antes, en junio de 2010, la misma dependencia federal contrató a Cónclave para organizar una “taquiza todo incluido” para celebrar el día del padre, con 450 invitados.

Además de organizar fiestas, Cónclave ofrecía servicios de comercio exterior, como la importación de cargamentos de bloques de ónix de Italia, o el envío de formulaciones químicas a Venezuela, como Glicero Fosfato de Calcio y Alcohol Cetílico, realizados en 2013.

Ese mismo año, Grupo Comercializador Cónclave apareció en transacciones de futbol internacional y se incorporó como proveedor de la cruzada contra el hambre.

En esta última actividad no cumplió los contratos que se le otorgaron para repartir millones de utensilios a brigadistas de 400 municipios de todo el País. Tampoco cumplió la empresa Prodasa, propiedad de Rodolfo David Dávila Córdova.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación detalló los presuntos ilícitos en que incurrieron ambas empresas, en detrimento de la Hacienda Pública Federal:

“Se concluye que el pedido a Grupo Comercializador Cónclave, SA de CV, así como el contrato con Prodasa, SA de CV, para la adquisición de los 31 millones 199 mil 505 bienes, constituyen esquemas de facturación a través de la presumible simulación de operaciones; lo que evidencia, por un lado, a una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios, y en contraparte, a la dependencia contratante, la cual, supuestamente, los recibe de conformidad. Las empresas resultan inexistentes, no localizadas o vinculadas, como este caso”.

Estas irregularidades fueron denunciadas al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades de justicia, quienes ya investigan el fraude multimillonario con fondos de la Cruzada contra el Hambre.

Saúl Elías Álvarez Mercado, el socio mayoritario de Cónclave, aparece en contratos firmados con el Partido Nueva Alianza como apoderado o representante de Diseños y Servicios Publicitarios HPW, que tiene su domicilio en Lago Rodolfo 25, Colonia Granada, en la ciudad de México.

Ese mismo domicilio lo comparten las empresas Asesorías Profesionales Milbank, Comercializadora y Distribuidora Kardiel; Publicidad y Servicios Kirman y Textiles Unidos Kayutt.

En conjunto, esa red de empresas son algunas de las principales prestadoras de servicios de Nueva Alianza; por ejemplo, entre 2010 y 2012 -cuando dicho partido político todavía era controlado por gente cercana a Elba Esther Gordillo- recibieron contratos por 82 millones de pesos.

Además de compartir domicilio, esta red de compañías tiene como representante o apoderada legal a Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, quien a su vez está ligada a Servicios y Desarrollos Akrópolis, una de las empresas que estuvo involucrada en 2012 en el Monexgate.

Gómez Sabanero aparece como comisaria en el acta constitutiva de Akrópolis, una de las múltiples empresas que transfirió dinero para la compra de tarjetas de prepago que repartió el PRI en la elección que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto.

César González Rodríguez, uno de los socios de Akrópolis, también es accionista fundador de Grupo Comercializador Cónclave, la empresa vinculada con el fraude millonario a la Cruzada contra el Hambre.

Pero los negocios de El Cónsul no se han limitado al gobierno de Peña Nieto, sus redes también se han extendido hasta el futbol europeo…

(Continuará mañana la segunda parte)


Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
http://aristeguinoticias.com/1403/mexico/contrata-el-gobierno-federal-a-operador-del-cartel-de-juarez/?platform=hootsuite
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