Comando lanza granada contra casino en Zamora pero no explota

ZAMORA, Mich: Un comando arrojó una granada de mano en el área de estacionamiento de un casino en Zamora que no explotó pero provocó que clientes y empleados debieran ser evacuados.


Los hechos se registraron las primeras horas de este martes, cuando la Policía Michoacán, recibió el reporte de varios sujetos armados que habían llegado al centro de juegos y apuestas que se ubica en el fraccionamiento Río Nuevo , e intentaron hacer estallar una granada.

Exalcalde inaugura casino de su propiedad; él se regaló los permisos

TIJUANA, B.C: El 28 de noviembre de 2013, a dos días de concluir su gestión en este municipio, el entonces alcalde Carlos Bustamante Anchondo se autorizó la operación de un casino en el Grand Hotel de Tijuana, también de su propiedad. Luego de dos años de trámites y de un proceso legal por la ausencia de permisos locales, el casino “Grand Arenia” está en operación.

A partir de este miércoles, el centro de apuestas entrará en operación desde las ocho de la mañana, aunque abrió sus puertas durante la noche del martes pasado para un selecto grupo de invitados que ingresó al recinto bajo estrictas medidas de seguridad.

Bustamante se autorizó el casino a pesar de un decreto del entonces gobernador panista de Baja California Guadalupe Osuna Millán que impedía la apertura de más casinos en la entidad debido a su proliferación sobre todo en Mexicali y Tijuana.

El trámite se realizó a través de un acto administrativo, sin autorización del Cabildo, en el que la Secretaria del Ayuntamiento dio la anuencia municipal a las empresas Juegos y Sorteos de Jalisco SA de CV y Plaza Agua Caliente, esta última una sala de sorteos de números y apuestas remotas que generaría diversos empleos directos con una inversión de cinco millones de pesos.

A principios del milenio, Bustamante Anchondo, un empresario priista que gobernó Tijuana de 2010 a 2013, presentó infructuosamente una solicitud para instalar casas de juego en ese hotel durante el trienio del presidente municipal Jorge Hank, dueño del Grupo Caliente.

El casino que se inauguró la noche de este martes opera con uno de los tres permisos que tiene la empresa Juegos y Sorteos de Jalisco, SA de CV para salas de Sorteos de Números y Apuestas Remotas para Nuevo León. El traslado lo otorgó la Secretaria de Gobernación (Segob) mediante el oficio DGJS/3173/2014 del 10 de septiembre de 2014.

En noviembre de 2013, Adrián Bustamante González, sobrino del acalde, hizo la solicitud y obtuvo el permiso para la operación del casino al XX Ayuntamiento de Tijuana, que presidía Carlos Bustamante.

Un año y dos meses después, se convirtió en el permiso del casino de la familia Bustamante.


La empresa dueña del permiso cuenta con 35 centros de apuestas en 17 entidades del país con una vigencia del 29 de noviembre de 2012 al 28 de noviembre de 2037 y es representada legalmente por Rodrigo David Galvan Graf, uno de sus tres propietarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420464

De abogada de ‘El Diablo’ a actuaria del Poder Judicial

Hace dos años el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a la funcionaria Diana Francia Puente Martínez para investigarla por sus nexos casineros. Hace dos semanas, la reinstalaron en su cargo.

En el tiempo en el que estuvo suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para investigar sus presuntos nexos con casinos, Diana Francia Puente Martínez, se desempeñó como abogada del casinero Rogelio Garza Cantú, ejecutado hace 6 años en Monterrey.

La actuaria federal –reinstalada por el CJF hace dos semanas en su cargo, pese a los señalamientos– aparece como una de las defensoras de este polémico empresario de casinos y de establecimientos de table dance en la capital de Nuevo León.

El nombre de Puente Martínez aparece en los documentos relacionados con el juicio por el cual se disputó legalmente en el 2014 la posesión del Casino Revolución de Monterrey, propiedad de la familia del polémico Garza Cantú.

Este centro de apuestas –que protagonizó sucesos violentos como atentados– fue cerrado hace tres años por las autoridades municipales de Monterrey por carecer permisos.

La funcionaria federal, de acuerdo a los documentos que tiene en su poder Reporte Indigo, se desempeñó como uno de los abogados de Víctor Manuel Garza Cantú, albacea de la sucesión a bienes del codemandado Rogelio Garza Cantú.

En el juicio de arrendamiento aparece la firma de Puente Martínez –así como su credencial de elector– junto con la de los abogados Augusto Salinas Muzquiz y Blanca Saavedra Hernández.

La demanda de arrendamiento fue interpuesta por María Luisa Muzquiz Ramírez y Fernando Javier Muzquiz Ramírez, en contra del Grupo Restaurantero Revolución, que era presidido por Rogelio Garza Cantú, conocido como “El Diablo”.

Tras la muerte de Garza Cantú, tanto los table dances como el casino Revolución pasaron al control de la familia del casinero.

La demanda de arrendameinto bajo el número 20/2014 –en la que aparece el nombre de Puente Martínez- se desahogó en el Juzgado Segundo Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.

La denuncia del exalcalde

Hace dos años, Puente Martínez fue denunciada junto con otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación por el entonces alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz.

La denuncia promovida por el exedil panista fue presentada el 14 de enero del 2014 ante el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que controla y vigila la actuación de jueces y magistrados federales.

El escrito de denuncia señalaba al secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León, Édgar Fernando Martínez Galván, además de la actuaria Puente Martínez.

De acuerdo al Municipio de San Pedro, tanto Martínez Galván como Puente Martínez se coludieron para retrasar el trámite de recursos de revisión que interpuso el Ayuntamiento sampetrino en contra de amparos otorgados en su momento por el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís.

Barbosa Alanis es uno de los jueces que el Consejo de la Judicatura Federal ha suspendido para investigarlo por sus presuntos nexos con casineros.

Tras la denuncia en su contra, Puente Martínez fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo hace dos semanas fue reinstalada en su cargo como lo publicó Reporte Indigo.

La funcionaria se reincorporó a cargo sin que hasta el momento el Consejo de la Judicatura Federal haya informado sobre si hubo deslinde de responsabilidades en su contra o si fue exonerada o simplemente el CJF, que preside el ministro Luis María Aguilar, no actuó en contra de ella.

La revelación de su regreso al Primer Tribunal Colegiado provocó que Ruiz presentara hace una semana escrito de inconformidad en el CJF por su decisión de nombrarla otra vez actuaria. 


“Las conductas imputadas a la denunciada Diana Francia Puente Martínez, son de tal gravedad que ameritan la puntual información de su restitución e incorporación a las funciones en el Tribunal Colegiado de Circuito”, reclamó Ruiz en su escrito.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

La caída de un juez mafioso

El Consejo de la Judicatura Federal resolvió destituir a Luis Armando Jerezano. Determinaron que incurrió en irregularidades para la operación de casinos.

En su carrera como juez federal, Luis Armando Jerezano fue acusado prácticamente de todos los delitos posibles: beneficiar a casinos como el Royale de Monterrey, tener vínculos con el crimen organizado, sobornos, lavado de dinero y secuestro.

Pero Jerezano era intocable en el Poder Judicial de la Federal… hasta el miércoles.

Ese día el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Luis María Aguilar, determinó la destitución definitiva del juez federal.

Según el fallo, quedó plenamente demostrado que Jerezano incurrió en irregularidades como juez Cuarto de Distrito en la ciudad de Torreón, principalmente en la resolución de casos relacionados con casinos.

El Consejo lo encontró responsable de obtener ingresos distintos que no estaban relacionados con su encargo de juez federal.

En su comunicado, el CJF omite referirse a la investigación que por lavado de dinero le inició la DEA por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Cinco años tardó el CJF para decidirse a castigar a Jerezano, involucrado en la mafia que traficó con permisos de casinos durante el sexenio de Felipe Calderón.

En cinco años, se documentó que Jerezano había ordenado a la Segob la ampliación ilegal de los permisos de centros de apuestas para la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.

Se reveló que Jerezano operaba con un grupo del crimen organizado para hacerse del control de un casino de la ciudad de Monterrey.

Hace cuatro años, el 25 de agosto de 2011, un comando de Los Zetas incendió el casino Royale de Monterrey, matando a 52 personas. 

El Casino Royale era uno de los centros de apuestas que habían abierto sus puertas con un permiso de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que obtuvo el abogado Eliseo Martínez, quien fue ejecutado hace dos años en San Pedro Garza García.

Jerezano fue suspendido entonces de sus funciones como juez para investigarlo.

Una suspensión que -como reveló en su momento este periódico- era de papel: porque el juez federal estaba suspendido con goce de sueldo por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

Una prestación que gozó hasta el año pasado que el CJF inició un procedimiento disciplinario en contra de Jerezano tras darse a conocer que lo investigaba la DEA. Hubo muchas pruebas contra Jerezano que el Consejo nunca consideró para actuar .

Reporte Indigo reveló audios donde Jerezano presume ser parte de un grupo del crimen organizado y amenaza a un casinero para que le entregue un centro de apuestas.

“Él siempre va a ser mi enemigo y yo ya estoy preparado. Yo por eso ya pertenezco a un grupo”, se escucha decir a Jerezano.

Jerezano se refería al casinero Arturo Cardona, uno de los dueños del casino La Fortuna y que hoy está recluido acusado de falsear documentos por parte de los casineros que lo despojaron del centro de apuestas.

En la cárcel por Jerezano

Hace tres años, tres casineros de Nuevo León acusaron al juez Luis Armando Jerezano de secuestro, delincuencia organizada y de despojarles un casino de Monterrey.

Y desde hace año y medio los hermanos Arturo y Pedro Cardona, y Jesús Andrés González, están recluidos en una prisión de Nuevo León acusados de falsear información en el juicio contra Jerezano por parte de la Procuraduría del Estado.

Los casineros recluidos comprobaron la participación de Jerezano en el despojo del centro de apuestas, hubo audios con la voz del juez federal, sin embargo la Procuraduría del Estado, en ese entonces encabezada por el ahora alcalde electo de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, desechó el caso y dictó el no ejercicio de la acción penal en contra de Jerezano.

Meses después la Procuraduría del Estado detuvo a los acusadores de Jerezano y los encarceló presuntamente por utilizar documentos falsos.


“El procurador es cómplice del juez”, acusaron los detenidos al entonces procurador del Estado, Adrián de la Garza.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

‘Juegan’ con la ley

Mientras el gobierno lanza una campaña contra los llamados mini-casinos, los legisladores abren la puerta para su operación. La nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, que se pretende aprobar en los próximos días, busca autorizar las ‘maquinitas’ hasta en las tiendas de la esquina.

La nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos pretende autorizar el juego en vivo, la operación de minicasinos y regular las apuestas online.

En el proyecto de decreto para esta nueva legislación, que se busca aprobar en los próximos días en la Cámara de Diputados, se crea la figura del permisionario que explote menos de treinta máquinas tragamonedas.

Esta medida abre la puerta para legalizar la instalación de maquinitas tragamonedas en tiendas y bares, como ocurre hoy de manera clandestina en todo el país.

La Secretaría de Gobernación ha hecho del combate a los llamados minicasinos una de sus principales campañas al catalogar esta actividad como una fuente de corrupción de menores y de adicción asociada con la delincuencia.

Para la Segob, las máquinas tragamonedas son tan adictivas para los jóvenes como lo son la cocaína o el crack.

“Son una fuente de corrupción que abre la puerta a la delincuencia”, advierte la dependencia federal en sus promocionales.

En el texto de la nueva Ley los legisladores se refieren a la figura del permisionario que opere menos de 30 máquinas tragamonedas.

Los legisladores aclaran que la regulación de esto establecimientos se definirá en el reglamento de la Ley que expida el Ejecutivo federal.

“En el caso de los permisionarios que exploten menos de treinta máquinas tragamonedas, el Reglamento definirá la manera en que cumplirán con los requisitos y obligaciones previstos en los artículos 17, 33 y 34 de esta Ley”, señala la iniciativa de la cual Reporte Indigo tiene una copia.

“Los permisos previstos en las fracciones I y II de este artículo no podrán otorgarse a personas físicas ni a personas morales sin fines de lucro, salvo que se soliciten para la explotación de menos de treinta máquinas tragamonedas”.

La legalización de los minicasinos en México es rechazada por las principales asociaciones que agrupan a los empresarios del juego en el país.

La proliferación de las máquinas tragamonedas en cualquier establecimiento provocará, según los casineros, un desorden en la industria del juego.

También los centros de apuestas establecidos cuestionan la capacidad de las autoridades federales para poder llevar a cabo inspecciones en los locales donde se instalarán los aparatos.

La iniciativa de Ley fue elaborada por la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno federal relacionadas con el otorgameinto de permisos para juegos y sorteos

En la elaboración de este proyecto de ley participó Marcela González Salas, actual directora general de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Además fueron consultados representantes de asociaciones de permisionarios y proveedores de juegos y sorteos en México.

La nueva legislación busca sustituir a la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data del 31 de diciembre de 1947 en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés.

Los diputados reconocen en la exposición de motivos de la iniciativa que la actual legislación está obsoleta y rebasada por los graves problemas de corrupción, falta de transparencia e infiltración de la delincuencia organizada en estos negocios.

Ocurrido hace cuatro años, el ataque al Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas, puso al descubierto la operación de una red criminal que traficaba con permisos falsos de casinos.

El casino Royale, al momento del ataque, funcionaba con un permiso irregular a nombre de una empresa pirata que fue objeto de investigación por parte de las autoridades federales.

Reporte Indigo ha documentado cómo operaba esta red encabezada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán y Roberto Correa, exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación.

Los beneficios del juego limpio

En el país operan actualmente cerca de 350 casinos y una adecuada regulación, sostiene el decreto, generará para el gobierno cerca de 800 millones de dólares en impuestos y derechos.

“Se estima que de contar con la regulación correcta, se captarían cerca de 800 millones de dólares en impuestos y la regulación de por lo menos mil 500 casinos que operan de manera ilegal”.

Además de los minicasinos, la nueva Ley de Juegos y Sorteos promueve la legalización del juego en vivo como son los naipes y la ruleta, modalidades que hoy están prohibidas en la legislación pero se realizan de manera clandestina en diferentes casinos del país.

 “Los permisionarios que celebren juego en vivo deberán de llevarlos a cabo en forma aleatoria, controlada y transparente”, advierte el artículo 71 del proyecto de Ley.

“Los permisionarios implementarán los controles necesarios para las apuestas realizadas en juego en vivo para que queden registradas en el sistema central de apuestas del permisionario”.

La iniciativa de Ley, que los diputados de la Comisión Especial pretenden someterla a votación el próximo mes, busca además regular las apuestas en internet en México.

Incluso la nueva legislación abre la posibilidad que empresas que no sean permisionarias obtengan una autorización para crear un sitio web para la oferta y comercialización del juego con apuesta en línea.

El proyecto de Ley cuenta con todo un apartado sobre esta modalidad donde se fijan los requisitos y obligaciones para estas empresas.

Un punto que seguramente será polémico y que está incluido en la propuesta es el proceso de sustitución de permisos al que pretenden someter a los actuales casineros para que cumplan con las nuevas obligaciones.

Los legisladores quieren con esto aplicar la nueva ley a los casineros que ya cuentan con derechos adquiridos.


Este trámite los permisionarios actuales lo deberán de realizar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la nueva Ley o se les aplicará sanciones.

El nuevo vigilante

La actual Dirección de Juegos y Sorteos desaparece con la nueva Ley y se crea el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que será la única autoridad en el país en materia de centros de apuestas.

El Instituto será el responsable de otorgar los permisos y de llevar a cabo labores de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la Ley.

Los diputados están proponiendo además el funcionamiento del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, que será el órgano de consulta del Instituto para la creación de políticas públicas en la materia y emitir opiniones sobre el otorgamiento de los permisos.

El Consejo será presidido por el secretario de Gobernación, y estará conformado además por los titulares de Hacienda, Trabajo y Turismo.

El titular de Segob podrá designar en este órgano no vinculante a tres especialistas del ámbito empresarial y a tres representantes de la sociedad civil.

Los permisos para operar decenas de casinos no existirán con la nueva reglamentación. 

Los legisladores con su proyecto buscan que las autorizaciones que otorgue el Instituto solo amparen la instalación de un casino.

También quieren acotar la vigencia de los permisos a 10 años, que serán prorrogable por el mismo periodo si el permisionario cumple con sus obligaciones durante la vigencia de la autorización.

El texto de la nueva Ley contiene algunas contradicciones. Por ejemplo: establece que los permisos son intransferibles y no podrán ser objetos de cesión, comercialización o transferencia como ocurre en la actualidad.

Sin embargo en el artículo 36 se advierte que el permisionario que delegue a un operador la explotación de su permiso deberá de solicitar autorización del Instituto.

También en el decreto de la nueva Ley se habla de implementar cada tres años un proceso de certificación del personal contratado por los permisionarios y operadores de casas de juego en México.

Entre los requisitos que establece la nueva legislación para los operadores de casinos está la de presentar en el proceso de conseguir los permisos la documentación que acredite que el solicitante cuenta con la licencia municipal de uso de suelo.

También se prohíbe la entrada a casinos a las personas menores de 21 años.


El proyecto de la nueva Ley consta de 220 artículos y 10 transitorios (la actual tiene 17 artículos) y el plan es que entre en vigor a los 60 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir el reglamento.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.