Periodista se niega a retirar nota sobre gobernador de Michoacán y censuran su programa

El programa de radio del periodista Jairo Cerriteño, cuya transmisión incluía tres estaciones de Michoacán, fue censurado el pasado 17 de febrero luego de que el portal Monitor Expresso, cuyo director es Cerriteño, se negara a eliminar una nota sobre el gobernador Silvano Aureoles, denunció Article 19.

La organización informó que fue la coordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal, Julieta López, quien pidió de forma implícita al portal que dejara de difundir la información que contenía la nota sobre el gobernador de Michoacán, ante lo que aseguró se trata de una acción más “contra periodistas críticos en el estado” por órdenes del gobierno.

El portal Monitor Expresso publicó la entrevista de Aureoles con el periodista Raúl Ventura Ortiz, director de la agencia de noticias Radio Latina 5.0, durante una reunión con migrantes en Chichago, Estados Unidos.


Ese mismo día, Cerriteño recibió una llamada de Julieta López, quien le solicitó “de favor” que le ayudara con el “manejo de la nota”. Cerriteño se negó a retirar la publicación y además entrevistó a Ventura Ortiz en su programa de radio.

Al día siguiente, se le informó a Cerriteño que su programa de radio sería cancelado de forma definitiva, de acuerdo a la información de Article 19. Por su parte, el gobierno de Michoacán a través de la coordinadora de Comunicación Social dijo:

“Por segunda ocasión, sin fundamentos y sin buscar a la contraparte para tener su versión –uno de los principios básicos del periodismo–, la organización Artículo 19 hace acusaciones en contra del Gobierno de Michoacán y en contra de mi persona sobre un supuesto caso de censura”.

“La ‘prueba’ en la que se pretende sustentar la acusación es un audio que fue grabado sin mi consentimiento, otra violación grave a los principios elementales de la ética periodística. Como responsable de la Coordinación General de Comunicación Social mantengo una relación y comunicación constante, permanente y fluida con todos los directivos y/o representantes de medios informativos, siempre en un marco de absoluto respeto e institucionalidad”, señaló López.

De acuerdo con Julieta López, en ningún momentó solicitó al periodista quitar la nota informativa, por lo que calificó al señalamiento de “falso y difamatorio”.

Article 19 indicó que es “precupante” la forma en la que se conduce la Coordinadora de Comunicación Social de Michoacán con los medios de comunicación de ese mismo estado, “máxime ante las evidencias que pueden reflejar que la cancelación del programa de radio de Jairo Cerriteño sea producto de represalias o presión por parte de la funcionaria, quien en la comunicación que sostuvo con el periodista afirmó que tendría en cuenta ‘cualquier situación’ luego de pedir que se le ‘ayudara’ con el ‘manejo de la nota’”, indicó la organización.

La denuncia sobre la censura al programa de Cerriteño se da a conocer a pocos días de que Article 19 publicara una alerta en el estado, luego de hacer pública la amenaza a una reportera por parte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán.


Audio entre Cerriteño y López:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/periodista-se-niega-retirar-nota-gobernador-michoacan-censuran-programa/

Ordena juez evaluación psicológica a Sergio Aguayo… con un cuestionario preparado por Moreira

CIUDAD DE MÉXICO: Una perito en psicología seleccionada por Humberto Moreira, evaluará al periodista Sergio Aguayo como parte de la demanda que interpuso el exgobernador de Coahuila contra el también académico.


De acuerdo con el diario ‘Vanguardia’, el propio Aguayo Quezada le reveló que este lunes 27 y el miércoles 1 de marzo, entre las 16 y las 19 horas, la perito lo evaluará con base en un cuestionario preparado por Moreira Valdés.

“Esas preguntas fueron aprobadas por el Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, Alejandro Rivera Rodríguez”, detalló al diario.

“En mi opinión, las preguntas dan por sentada mi culpabilidad”, añadió el politólogo.

El propósito de la pericial en materia de psicología será para acreditar que Sergio Aguayo tiene una imagen negativa, sin fundamento alguno, acerca de Humberto Moreira, y de qué manera deliberada le ha criticado sin sustento, le ha insultado, se ha burlado de él y lo acusa de tener nexos con la delincuencia organizada.

Al revisar el cuestionario que se aplicará en la evaluación del articulista, Aguayo consideró “lógico” que quien lo demanda sesgara las preguntas dando por sentada su culpabilidad; no obstante, consideró revelador que el juez lo permitiera.

Sobre las preguntas que integran el cuestionario que la pericial en psicología aplicará en dos sesiones a la parte demandada, la perito deberá determinar, entre otras cosas, cuál es el perfil psicológico de Sergio Aguayo Quezada en sus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares y cuáles son sus principales rasgos de personalidad.

De igual manera, deberá determinar cuál es la imagen que Aguayo posee acerca de Humberto Moreira Valdés, en su persona y como figura pública.

También deberá determinar con base en qué elementos elaboró la imagen que posee Aguayo Quezada acerca de Moreira Valdés, en su persona y como figura pública, y determinar si el politólogo conocía el impacto que podía tener en la persona de Moreira las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que le atribuyó.

Asimismo, las posibles razones de por qué, a pesar de que Sergio Aguayo conocía el impacto que podía tener en Humberto Moreira las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó a éste, lo realizó en diversas ocasiones en los medios de comunicación.

La perito deberá determinar si existe en Sergio Aguayo una animadversión acerca de Humberto Moreira y, en su caso, con base en qué elementos, y establecer en el momento actual qué opinión le merece al académico la persona del exgobernador, y con base en qué elementos.

Además, determinar si Aguayo abusó de la libertad de expresión al atribuir sin fundamentos a Moreira, falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada.

Según los abogados acusadores, “con esta prueba se acreditarán todas y cada una de las manifestaciones vertidas por esta parte y que se encuentran contenidas en los hechos de la demanda inicial de este juicio, los cuales deben tenerse aquí íntegramente reproducidos en obvio de repeticiones y por economía procesal”.

Esta probanza, agregan, es “para acreditar la afectación y daño que sufrió mi representado con motivo de los insultos y declaraciones de que fue objeto por parte del demandado, lo cual ha causado daño moral sobre la persona de mi representado afectando su vida privada, honor y propia imagen”.

La razón de por qué con esta prueba se acreditarán todas sus manifestaciones, concluyen, es porque dicha prueba se encuentra reconocida por la Ley y es la idónea para tal efecto.


Además, la prueba es indispensable para que, a través de una valoración profesional, se acredite el daño que supuestamente ha sufrido Moreira con motivo de las declaraciones del demandado y al adminicular esta prueba con los demás probanzas, la misma alcanzará pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, destacan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475957/ordena-juez-evaluacion-psicologica-a-sergio-aguayo-cuestionario-preparado-moreira

Gobernador de Colima anuncia veto a la “ley mordaza”

COLIMA, Col: Luego de las protestas de periodistas y defensores de los derechos humanos por la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” en el Congreso del Estado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que vetará el artículo 266 bis del Código Penal, que tipifica el delito “Perturbación del orden público”.


Con la adición de este artículo a la legislación penal, los legisladores establecieron una pena de hasta cuatro años de prisión a quienes difundan noticias falsas sobre hechos de violencia a través de cualquier medio de comunicación.

El anuncio del mandatario fue realizado la noche del miércoles a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, donde explicó que la decisión fue tomada “en concordancia con consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares en materia de libertad de expresión”.


Así también, mediante un comunicado, el gobierno estatal recordó que el artículo 40 de la Constitución Política de Colima faculta al jefe del Ejecutivo para que en un término no mayor de diez días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad con los decretos que le envíe el Congreso del Estado para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.

De acuerdo con esa disposición, si el mandatario devuelve la ley o decreto con observaciones, pasará nuevamente a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las observaciones hechas, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y será devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro de los siguientes cinco días hábiles.

Antes, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para derogar ese artículo, pues “es necesario y urgente enmendar el actuar de este Congreso local” al respecto, señaló la diputada Martha Leticia Sosa Govea.

Al presentar la propuesta, la legisladora consideró que de no hacer lo anterior “seríamos autores de una grave transgresión de los derechos humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”.

Sosa Govea indicó que se trata de un tema de alto interés que ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después.

La exsenadora y exalcaldesa de Manzanillo reconoció que esta ley ha levantado diversas manifestaciones dentro del gremio periodístico del estado y del país, que han hecho patente su inconformidad por la aprobación de este decreto, por lo que los miembros de la fracción panista “coincidimos no sólo con sus argumentos, sino con la necesidad de que esta reforma sea revertida, por el bien de los colimenses, de los derechos humanos, y de garantizar las libertades de la población”.

Después de la presentación de la iniciativa, los diputados se reunieron en privado para abordar el asunto y cuando regresaron al salón de sesiones el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, solicitó al presidente del Congreso, Nicolás Contreras Cortés, decretar un nuevo receso.


La sesión se reanudará este jueves 23 a las 16:00 horas, cuando se espera que el jefe del Ejecutivo ya haya enviado sus observaciones al decreto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475516/gobernador-colima-anuncia-veto-a-la-ley-mordaza

Aguayo recusa a juez del caso Moreira, por “parcialidad que ha mostrado”

El ex gobernador de Coahuila pide 10 millones de pesos como reparación de un supuesto "daño moral" que le causó el académico.

Abogados del académico Sergio Aguayo recusaron al juez que analiza la demanda de Humberto Moreira contra el doctor, “por la parcialidad que ha mostrado” a favor del ex gobernador de Coahuila.

En su demanda, el ex dirigente del PRI exige la reparación de un supuesto “daño moral” que le causó una columna de Aguayo, por lo que pide 10 millones de pesos. 

Los abogados de Aguayo sostienen que el juez décimo quinto de lo civil en la Ciudad de México “ha tomado decisiones que favorecen a Humberto Moreira”, como por ejemplo haber admitido a su defensa un cuestionario “parcial y tendencioso porque da por hecho la existencia de un daño”.


Comunicado íntegro de los abogados del académico:

Aguayo y el Juez Parcial Boletín 14 feb 2017 by Aristegui Noticias on Scribd

  Aguayo y el Juez Parcial Boletín 14 feb 2017 by Aristegui Noticias on Scribd

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1402/mexico/aguayo-recusa-a-juez-del-caso-moreira-por-parcialidad-que-ha-mostrado-documento/

Ley de Telecomunicaciones de EPN amenaza a radios comunitarias y a la resistencia indígena, alertan

En Chiapas, la resistencia clandestina de los indígenas campa a sus anchas en las ondas. En zonas donde hay escasa cobertura de telefonía móvil –mucho menos Internet–, es la forma que han encontrado los indígenas para resistir a la extrema marginación que sufren y evitar que sus lenguas mueran. Una resistencia que ahora está siendo amenazada por una nueva Ley de telecomunicaciones en México, aprobada en 2014 por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando tenía diez años, Mario Etzin Méndez tuvo una pesadilla que era real. Su padre se mudó por trabajo a San Cristóbal de las Casas y toda la familia tuvo que ir con él. Asustado ante esa ciudad tan inmensa comparada con su aldea, en la que la mayoría hablaba un idioma —el castellano— que nunca antes había oído, Mario se quedó sin hablar durante un año. A más de veinte años de aquello, este indígena aún se siente a veces un forastero en tierra propia, pero ha encontrado una forma de exorcizar sus demonios. Todos los días, se sienta en el despacho de la radio clandestina en la que trabaja y difunde las noticias en su idioma nativo, el tzeltal. Desde ahí Mario le habla a comunidades de los Altos de Chiapas, informa de protestas y homicidios, anuncia ferias de verduras y envía mensajes de parientes emigrados en Estados Unidos, y así mantiene comunicados a los indígenas de la zona. Y no es el único. En la región, se calcula que hay al menos otras treinta emisoras que transmiten, sin el permiso del Estado, en áreas donde a menudo la conexión telefónica es escasa o nula.

“Ich’aik spatival a wot’anik (Buenos días, amigos)”, recita Mario en el micrófono. “También hoy les trasmitimos”, continúa, hablando desde una colonia polvorienta y dislocada en los suburbios de San Cristóbal. Es el espacio que le ha concedido una iglesia evangélica, que también paga parte de los gastos. El resto, unos 50 mil pesos mexicanos —2.200 euros—, viene de colectas que se hacen en las comunidades. “No es fácil llevar adelante nuestra lucha. Solo la electricidad nos cuesta siete mil pesos al mes”, se justifica. “El Estado no ayuda y los indígenas nos resistimos a perder nuestro idioma, por eso hay tantas radios comunitarias clandestinas”, añade Mario, cuyo idioma es una lengua ergativa emparentada con el antiguo Maya que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por ahora.

“Sí, pues lo cierto es que cada vez las lenguas originarias se hablan peor”, opina Armando Gómez, de 29 años, otro indígena que conduce un programa de entretenimiento en la ciudad. “El idioma es parte de mi identidad, una identidad que ha sido y sigue siendo maltratada. El hecho de que el Estado no nos otorgue licencias es otra prueba de esto”, añade este indio tzeltal. “Eso sí, en mis programas, no hablo de ningún tema ‘caliente’. No quiero poner mi vida en riesgo”, advierte Armando.

El mundo indígena ve cómo la sociedad le hace cortes de manga. Según datos del Instituto de Estadística mexicanos (Inegi), en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. De estos idiomas, al menos 179 de estas variaciones están en riesgo de extinguirse. Según datos de 2015 del Inali (el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México), 64 están en alto riesgo, 43 en riesgo mediano y 72 en riesgo no inmediato. Y esto, en parte por el avance del inglés, en parte porque muchos de los hablantes indígenas no saben leer ni escribir. Pero también porque las políticas puestas en marcha no han encontrado la forma de promover estos idiomas.

Y eso que, tan sólo en Chiapas, se estima la presencia de 1.7 millones de indígenas —al ser uno de los estados en México con el porcentaje más alto de población originaria—, con una concentración muy amplia en Los Altos y Selva Lacandona, y un total de 12 pueblos representados. Una población que es mayúsculamente marginada por los motivos habituales: la falta de acceso a la educación y al empleo y el hecho de vivir predominantemente en centros rurales, a kilómetros de distancia de los servicios básicos. Algo palpable en Chiapas y reconocido por recientes informes del Consejo Nacional de Población de México. Mientras que otros estudios señalan que alrededor de un 40 por ciento de la población indígena no recibe ningún ingreso y el 42 por ciento tiene menos de un salario mínimo.

Según datos del Instituto de Estadística mexicanos, en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. Foto: Archivo Cuartoscuro

Por una parte, en las últimas décadas algún moderado avance se ha producido, como el hecho de que la Iglesia católica haya empezado a permitir que se celebren las misas en idiomas originarios, tal como aconteció durante la visita del Papa Francisco a México en febrero de 2016. Por otra, siguen produciéndose episodios extremos de discriminación, como el ocurrido en ese mismo año de tres indígenas que estuvieron a punto de ser deportados por las autoridades migratorias mexicanas, porque no se les reconocía como mexicanos, según informó la prensa local. Algo de lo que se salvaron únicamente gracias a la intervención de algunas ONG.

De hecho, ese es otro tema. De acuerdo con Azalia Hernández Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas, “los indígenas siguen siendo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos”, a manos de grupos paramilitares e incluso de las autoridades federales y nacionales que operan en Chiapas, lo que incluye “desplazamiento forzosos, represión y arrestos arbitrarios”. Algo que, a su vez, conlleva graves actos de discriminación y vulneración de los derechos de los indígenas cuando son arrestados y no reciben la debida atención al desconocer el castellano.

En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe (2015) sobre la situación de derechos humanos en México, ha desdibujado un panorama desolador.“ Existen graves violaciones contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México […] en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos […] o en el marco de reivindicación de sus tierras y faltas al debido proceso penal”.

LA NUEVA HOSTIL LEY DE PEÑA NIETO

Después de algunos días en la ciudad, los reporteros indígenas informan sobre los últimos acontecimientos. No es casual que Armando no hable de temas sensibles. Ni que Mario trabaje con los evangélicos. “El tema es que las radios indígenas no son comerciales, no compiten con las leyes del mercado, expresan una función social a través de los usos y costumbres de nuestra gente”, observa Armando.

En este ya frágil equilibro, se ha sumado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, aprobada en 2014 por la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Una legislación que hubiera marcado un hito histórico, pues reconoció por primera vez la existencia de las radios indígenas o comunitarias, pero que ha suscitado múltiples quejas entre los involucrados, que la ven como otra estrategia para acabar con ellos. ¿Qué ha cambiado? “Que en cualquier momento te catean, se llevan todo y te cierran la radio. Ya le pasó a unos colegas hace un año”, dice otro reportero.

Las nuevas normas no sólo dificultan los ya complicados y costosos trámites para obtener las licencias, lo que condena a la clandestinidad a estas emisoras, según Mario. También el Gobierno ha reservado “el 10 por ciento del espectro radioeléctrico” que está en las frecuencias más altas de la FM (de los 88 a los 108 MHz), mientras que en AM se ha previsto el segmento de la llamada banda ampliada (de los 1605 a los 1705 KHz), como se lee en el artículo 90 de la ley.

“Y este es otro problema. Eso significa que tendríamos menos alcance de señal. Esas son las frecuencias que nadie quiere”, afirma el locutor indígena. Algunos periodistas comunitarios de Chiapas se han reunido en una asociación para denuncia las faltas de la ley. Algunos expertos piensan que detrás hay cuestiones políticas, puesto que unas de las primeras radios indígenas de Chiapas fue creada por los zapatistas en los 90. Tanto es así que el asunto de las radios también fue objeto de debate cuando se negoció los fallidos acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), firmados por el Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y nunca realmente puestos en marcha.

Porque, además, todo esto ocurre en una tierra donde los conflictos no escasean. Hoy, “en Chiapas, hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, que siguen la lógica del despojo de la tierra (a los indígenas)”, advierte Hernández Rodríguez, del FrayBa. “El tema es que, desde el levantamiento zapatista (1994), los indígenas han desarrollado mayor capacidad de resistencia y lucha, lo que a su vez ha originado reacciones muy violentas por parte del Estado”, añade.

ALGUNAS TIBIAS SEÑALES DE ESPERANZA

Lo que, claro, se suma a los riesgos propios del sector en estas tierras. Donde hablar de un homicidio en una aldea, de tráfico de estupefacientes o de despojo de tierras, puede significar perder el puesto o, mucho peor, poner en riesgo la vida. “A mí, me pasó. Se me han acercado y me han dicho que dejara de dar la información. Me han amenazado de muerte y también han intentado corromperme”, cuenta Enrique Gómez Hernández, reportero de Xero Uno, la única radio autorizada por el Gobierno que emite en idiomas originarios en San Cristóbal.

“La radio tiene 43 años, y desde el inicio ha servido como un puente de comunicación entre las comunidades indígenas y el Estado, a lo que ahora se ha sumado un noticiero de información general”, explica el gerente de la emisora, Gubidcha Matus. Pero, ¿hasta cuándo pueden continuar? “De momento, no hay fecha de caducidad. La radio habla los idiomas de mucha gente”, continúa Gubidcha. “Creo que las cosas están cambiando. Hay puertas que se están abriendo”, afirma María Jirón Pérez, una de las primeras periodistas que como Gómez Hernández han sido llamadas a colaborar con el proyecto.

—¿Y qué pasa si alguien no quiere que salga una información?

—Se colabora. Yo además no hablo de política, dice María.

—¿Nunca?

—Me gustan más los temas culturales.

Dicho esto, los indígenas de Chiapas no son tampoco los únicos de México que batallan por llevar adelante sus formas de vivir. Según publicó, recientemente, el diario mexicano El Economista, en el estado de Oaxaca existen alrededor de 70 radios comunitarias o indígenas, de las cuales solo tres cuentan con permiso oficial para emitir.

Un tema que también ha sido objeto de informe de la antropóloga Elena Nava Morales, titulado Fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena, que en sus conclusiones parciales —la investigación todavía está en curso— asevera que las políticas de los gobiernos mexicanos todavía son confusas sobre estas radios y “cargadas de paternalismo”. Algo que se suma a otro obstáculo: los indígenas se rigen también por sus propias reglas, conocidos como usos y costumbres.

Y no es de un asunto baladí. “Las radios son de importancia fundamental para las comunidades originarias porque ahí reproducen su lengua, su política, su cultura y sus conocimientos sobre el mundo”, subraya Nava Morales.

Así y todo, Nava Morales también considera que la nueva ley de Peña Nieto ha logrado al menos una victoria para los indígenas. El Estado mexicano ha reconocido por primera vez la existencia de estas emisoras, lo que ha sentado un precedente legislativo “muy importante”. Dicho esto, también considera que los ocho artículos de la legislación son “insuficientes para abarcar la diversidad de experiencias comunicativas indígenas que existen en el país”. Y, más en general, que todavía falta camino por recorrer para que se pongan en marcha “políticas y leyes que vayan más de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todas las personas que conforman el país”.

La autora ha realizado el reportaje con el apoyo de la IWMF (International Women’s Media Foundation), en el marco del proyecto Adelante.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción con información de elmundo.es

http://www.sinembargo.mx/12-02-2017/3148265

Censura y audiencias, un reality show exagerado por las televisoras

CIUDAD DE MÉXICIO: Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y noticieros radiofónicos contra los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo para regular los derechos de las audiencias.

Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo federal sólo se concentra en estos ocho artículos de la ley secundaria que irían contra el derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución.

Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos.

Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejó pasar. Entonces se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de Telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan contra la libertad de expresión y contra la industria.

En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión.

Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escuchó tan indignados a los legisladores.

Tampoco ante los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de sus derechos.

La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de Telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”.

Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién  conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”.

Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información, sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos.

El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una “distinción” entre información, publicidad y opinión.

En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos.

“Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI.

“Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”.

Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” contra los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos  parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad.

A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.


Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472558/censura-audiencias-reality-show-exagerado-las-televisoras

Intimidan a periodista tras publicar análisis sobre cuentas que causaron temor en redes (Viernes 13 Enero 2016)

Alberto Escorcia Gordiano ha sido víctima de comentarios ofensivos y amenazas; en Twitter revelaron su domicilio y número de teléfono.

El periodista Alberto Escorcia Gordiano fue intimidado tras publicar “¿Quién está generando caos y sicosis colectiva en Azcapotzalco y en Gustavo A. Madero?”, en el sitio LoQueSigue.

De acuerdo con Artículo 19, esa información detonó comentarios ofensivos, amenazas y la revelación de su domicilio y número de teléfono por medio de Twitter.

“Noté que a causa de los saqueos había una serie de cuentas en Twitter que estaban generando pánico entre la gente. Comencé a investigar y contabilicé aproximadamente 7 mil 609 mensajes incitando a los saqueos y 650 cuentas implicadas”, dijo Escorcia Gordiano.

La organización señaló que el periodista ha sido amenazado en otras ocasiones por trabajos similares sobre análisis de redes. 

“A pesar de que han intervenido las autoridades encargadas de protección de periodistas a nivel federal y de la Ciudad de México, así como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), las agresiones contra el comunicador persisten. Es evidente la ineficacia de las medidas implementadas, aunado a que la persistente impunidad, son un aliecente para la continuación de las agresiones”, indicó Artículo 19.


Asimismo instó a las autoridades a investigar estos actos de intimidación de los cuales ha sido víctima el periodista.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1301/mexico/intimidan-a-periodista-tras-publicar-analisis-sobre-cuentas-que-generaron-panico/

Reportero es “encarado, insultado y despedido” por hacer preguntas “incómodas” sobre desvío de recursos en Oaxaca

“El pasado 6 de enero fui encarado, insultado y despedido por el director de MVM Televisión, Víctor Nakash García”, denunció el reportero Álvaro Morales Juárez, quien entrevistó a Ivette Morán, esposa del gobernador en Oaxaca, Alejandro Murat, sobre el avance en las investigaciones de un desvío de recursos del programa Cocinas Comunitarias, presuntamente cometido por el gobierno anterior.

“En su oficina, en tono retador, se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal”, publicó Morales en una carta para revelar la violación a su libertad de expresión.

Morales Juárez explicó que, con motivo del Día de Reyes, entrevistó a la esposa de Murat Hinojosa en el Centro Recreativo y de Acondicionamiento Deportivo (CRAD) en Oaxaca, en la que preguntó sobre la entrega de juguetes. “Sin embargo, cuando consulté a la presidenta honoraria del DIF estatal sobre el avance de las investigaciones ligadas al programa Cocinas Comunitarias, y que ella misma me había informado en una entrevista efectuada en diciembre”, la vocera Marisol Cruz García se acercó para decirle: “Ya córtale”.

El reportero, que colabora en otros medios digitales e impresos, narró que hizo “caso omiso” a la indicación de Cruz García para continuar con la actualización de la información. “Continué con aproximadamente tres preguntas más al respecto, y entre cada una de ellas la mujer me decía cerca del oído: ‘ya párale’, ‘ya córtale’”.

Luego de la entrevista, que duró aproximadamente tres o cuatro minutos, la vocera Cruz García dijo a Morales que le informó al director de MVM sobre lo ocurrido, “a lo que respondí: ‘Yo puedo preguntar lo que quiera’”.

Posteriormente, el director de MVM citó a Morales para reclamarle que no matizó la entrevista y que además insultó a Morán, con base en la acusación de la vocera Cruz García. Luego del regaño, Morales fue despedido.

Agregó que no es la primera vez sufre actos de censura en esa televisora, “pues con anterioridad recibí la orden de no hacer preguntas incómodas al actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y, durante la pasada contienda electoral, no preguntar al excandidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, sobre sus vínculos con el empresario Jorge Castillo, acusado de enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo”.


Morales Juárez aseguró que “es un atropello a la libertad de expresión que un vocero pretenda dictar las preguntas que los comunicadores deben realizar ante los funcionarios y más aún que una empresa sea cómplice de ello”, por lo que responsabilizó a Víctor Nakash de cualquier amenaza o agresión de la que pueda ser víctima.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/reportero-encarado-insultado-despedido-preguntas-incomodas-desvio-recursos-oaxaca/

Despiden a reportero en Oaxaca por hacer preguntas “incómodas” a esposa de Murat

OAXACA, Oax: El director de MVM Televisión, Víctor Nakash García, despidió al reportero Álvaro Morales Juárez por hacer preguntas “incómodas” a Ivette Morán, esposa del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

“El pasado 6 de enero fui encarado, insultado y despedido por el director de MVM Televisión, Víctor Nakash García. En su oficina, en tono retador, se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal”, refiere Morales en una carta que hizo pública.

Con 13 años de trayectoria, el también colaborador de medios digitales e impresos denunció los atropellos cometidos contra su persona y la libertad de expresión, únicamente por preguntarle a la directora del DIF estatal, Ivette Morán, sobre el avance en las investigaciones de un presunto desvío de recursos en el programa Cocinas Comunitarias, cometido por el gobierno anterior.

Relató que desde hace 13 meses y medio se desempeña como reportero de información general en la empresa MVM Televisión, que transmite su señal por medio del sistema local de televisión por cable, y el pasado viernes 6, con motivo del festival del Día de Reyes, entrevistó a la esposa de Murat Hinojosa en el Centro Recreativo y de Acondicionamiento Deportivo (CRAD), en esta capital.

De acuerdo con Morales, la entrevista no duró más de tres o cuatro minutos, y las dos primeras preguntas pasaron inadvertidas dado que estaban relacionadas con la entrega de juguetes. “Sin embargo, cuando consulté a la presidenta honoraria del DIF estatal sobre el avance de las investigaciones ligadas al programa Cocinas Comunitarias, y que ella misma me había informado en una entrevista efectuada en diciembre”, la vocera Marisol Cruz García se acercó para decirle: “Ya córtale”.

“Hice caso omiso porque mi intención era actualizar la información, ya que mi labor como comunicador, como he manifestado, no se limita a MVM Televisión, pues trabajo también con otros medios de comunicación locales, sin contar que la información era de interés público. Continué con aproximadamente tres preguntas más al respecto, y entre cada una de ellas la mujer me decía cerca del oído: ‘ya párale’, ‘ya córtale’”.

Al término de la entrevista, la vocera Cruz García soltó: “Ya hablé con Víctor (en referencia la director de MVM)”, a lo que respondí: “Yo puedo preguntar lo que quiera”.

Al regresar a la televisora para seleccionar las tomas y el extracto de la entrevista que sería difundido en el noticiero de las 20 horas, lo llamaron al cubículo del director, donde también estaban presentes el jefe de Información Celestino Chacón Flores y su asistente, Lahir García Pérez.

En su oficina, “en tono retador se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal y que, por actitudes a las que catalogó como ‘pendejas’, yo podría ‘tirarle’ otros acuerdos.

“Con gritos, afirmó que la supuesta vocera le había marcado a su teléfono personal para reclamarle mi negativa de matizar la entrevista y acusarme de haberla insultado. Eso jamás, y lo puedo sostener con testigos.

“Nakash García argumentó además que el DIF estatal, así como otros grupos políticos, había donado ‘miles’ de juguetes para la campaña de posicionamiento de MVM Televisión llamada ‘Caravana por los Niños MVM 2017’, cuyo fin es repartir estos accesorios entre niños de escasos recursos”.

Tras el reclamo, señaló el reportero, Víctor Nakash lo despidió utilizando frases como “no quiero volver a ver a este cabrón aquí” y “salte o llamo a seguridad”, aunque el inmueble que alberga a la televisora carece de ese servicio. Amenazó después con llamar a una patrulla de la policía de Oaxaca de Juárez, con cuya administración busca cerrar acuerdos publicitarios.

Morales denunció que no es la primera vez “que en la televisora sufrí actos de censura, pues con anterioridad recibí la orden de no hacer preguntas incómodas al actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y, durante la pasada contienda electoral, no preguntar al excandidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, sobre sus vínculos con el empresario Jorge Castillo, acusado de enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo”.

Luego de difundida la misiva, el periodista responsabilizó de manera directa al director de MVM Televisión, Víctor Nakash García, de cualquier agresión física o amenaza que pudiera sufrir.

Asimismo, demandó a las autoridades estatales y federales una investigación apegada a derecho y sin ningún tipo de sesgos, ante el contubernio que existe entre esa persona y algunos integrantes del gabinete estatal y de organismos como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dado que sus asesores cuentan con una cápsula semanal en los noticieros de la empresa.

Morales se manifestó preocupado de que la política de Murat Hinojosa hacia los medios de comunicación “sea de censura e intimidación, y que desde los departamentos de Comunicación Social se pretenda controlar el manejo de la información tirando línea a los reporteros y se reprima a quienes no acceden a dichas manipulaciones, como fue mi caso”.


Remató: “Es un atropello a la libertad de expresión que un vocero pretenda dictar las preguntas que los comunicadores deben realizar ante los funcionarios y más aún que una empresa sea cómplice de ello”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469462/despiden-a-reportero-en-oaxaca-hacer-preguntas-incomodas-a-esposa-murat

Denuncian “campañas negras” del gobierno de BC contra la vida privada de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO: Periodistas de Baja California denunciaron una vez más la violencia institucional que ejercen en su contra funcionarios del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid.


Asimismo, informaron que iniciarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante organismos internacionales de defensa y protección de los periodistas, “para salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”.

En un pronunciamiento firmado por cien periodistas de diversos medios, destacaron que ante la falta de respuesta a la carta que publicaron el pasado 11 de noviembre, “denunciamos una vez más que utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juárez, de Agencia Fronteriza de Noticias”.

También se ha presionado a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el gobierno del estado, subrayaron.

Por ello, insistieron se realice una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, “para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría” de la CNDH.

Señalaron que casi un mes de la petición original al gobernador y otras autoridades del estado, no se emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación.

En su pronunciamiento destacaron que la procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del estado, y que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas antiéticas por parte de los mencionados funcionarios.

Precisaron, asimismo, que tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo “continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor”.

Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones, añadieron, continúan hacia periodistas de Baja California. “Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación, luego que desde Comunicación del gobierno del estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad”.

Ante la actitud oficial, más de 60 periodistas se reunieron de nueva cuenta el pasado lunes 5, y otros casos de presiones fueron dados a conocer. Entre ellos el de Antonio Heras, periodista y colaborador de Proceso y La Jornada, quien fue hostigado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, señalándolo de estar bajo investigación, agraviando su vida personal y profesional. Después la misma Procuraduría reculó en su posición invocando una equivocación debido a un homónimo.

“Resulta alarmante que la política de comunicación social del gobierno del estado de Baja California para presionar y hostigar a periodistas con campañas de desprestigio, se adopte en otras dependencias generalizando las prácticas irregulares”.

A 29 días de la solicitud de una investigación imparcial que no se hizo, y sin una respuesta oficial, “manifestamos de nueva cuenta nuestra preocupación ante lo que se perfila como una política de estado, que pondera la violencia institucional y el hostigamiento hacia la prensa en Baja California”, recalcaron los comunicadores.


Añadieron: “En estas condiciones resulta imperante que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid enfrente la delicada situación. Que tome decisiones, ordene investigaciones imparciales y participe a la ciudadanía, para que las acciones llevadas a cabo por el secretario general de Gobierno no queden como investigaciones unilaterales donde juegan el rol de juez y parte”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465726/denuncian-campanas-negras-del-gobierno-bc-contra-la-vida-privada-periodistas

PGJ de Baja California fabrica expediente penal para inculpar a colaborador de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California fabricó un expediente penal para inculpar al periodista local Antonio Heras, colaborador de Proceso, de un delito que jamás cometió.

Curiosamente, la acusación se da en un entorno de amenazas e intimidación a reporteros y medios de comunicación independientes por parte del gobierno de Francisco Kiko Vega.

El burdo “montaje jurídico” operado por la PGJE busca incriminar a Heras en un presunto fraude en la venta de vehículos importados a través de la empresa JM Importaciones, con domicilio en el Conjunto Urbano Orizaba de esta ciudad, de la que Heras nunca antes había oído hablar.

Más aún, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal se encuentran radicadas seis denuncias contra el reportero, todas ellas por presuntos compradores de vehículos presumiblemente defraudados, uno de los cuales es un funcionario del Sistema Educativo Estatal.

En todos los casos, las denuncias siguen un mismo patrón: Los quejosos mencionan que compraron un vehículo en dicha empresa y que nunca recibieron la unidad. También aseguran que se apersonaron con Francisco Javier El Cachetes, la persona que les vendió los autos, y que éste les dijo que si querían demandar lo hicieran, pero a nombre de Antonio Heras, el dueño, ya que él solo era el vendedor.

Según Heras, todo es un “montaje burdo” del gobierno estatal para meterlo a prisión. En lo que va de su gestión, dice, Kiko Vega se ha dedicado a acallar voces críticas y a emprender campañas negras contra periodistas que incluyen veto y condicionamiento de la publicidad a medios de comunicación para orientar su línea editorial.

El colaborador de Proceso recuerda que en agosto pasado Jorge Alberto Cornejo, coordinador de Imagen y Publicidad del gobierno estatal, y subdirector de Comunicación en el sexenio del sonorense Guillermo Padrés –actualmente preso en la Ciudad de México–, condicionó la publicidad institucional de tres años a Grupo Imagen a que Heras no dirigiera un programa noticioso local que estaba en proyecto.

En entrevista, Heras negó cualquier vínculo con la empresa importadora de autos y asegura que se dedica de tiempo completo a ejercer su oficio de periodista.


Antonio Heras fue uno de los firmantes de la carta difundida recientemente en la que un grupo de periodistas exigieron al gobierno estatal respeto a la libertad de expresión y cese de las campañas negras y de hostigamiento contra comunicadores bajacalifornianos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464992/pgj-baja-california-fabrica-expediente-penal-inculpar-a-colaborador-proceso

**NOTA: SE CORRIGIO UN ERROR EN CUANTO A LA FUENTE, DE ESTE MODO PEDIMOS MIL DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES QUE ESTO OCASIONARA.

“No habrá verdadera democracia si censuran o matan a periodistas y no pasa nada”: Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO: El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) concedió al sitio Aristegui Noticias el Premio Knight de Periodismo Internacional “por exponer crímenes financieros y malas conductas a los más altos niveles”.

El galardón busca reconocer los “logros de colegas cuyos reportajes extraordinarios e innovaciones mediáticas han hecho un gran impacto y mejorado sociedades alrededor del mundo”, destacó la organización en su sitio de internet.

En Washington, donde recibió el galardón, la periodista Carmen Aristegui dijo ayer que si se siembran cadáveres por miles y no pasa nada, “México no llegará nunca a ser una verdadera democracia”.

Tampoco lo logrará “si censuran o matan a periodistas y no pasa nada. Si se roban millones del erario y no pasa nada”, puntualizó.

Carmen Aristegui dedicó su galardón al equipo del portal Aristegui Noticias y CNN, a sus colegas “cuyos asesinatos han quedado impunes”, también a Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique Maza y Vicente Leñero, “los grandes maestros que se han ido”, así como a la revista Proceso, a México y a su hijo Emilio.

La periodista señaló que “para salir de esta crisis profunda en materia de derechos humanos y de pudrición política (en México), se necesita hablar en voz alta, informar con amplitud, oxigenar el debate público y sacudir a la sociedad mexicana.

“En tiempos de oscurantismo, regresiones autoritarias, intolerancia e incitación al odio –en tiempos de Donald Trump–, defendamos al periodista y defendamos nuestras libertades“, agregó.

Aristegui recibió el premio por el reportaje sobre la “Casa Blanca”, con el que reveló un importante conflicto de interés que involucró a la primera dama de México en la compra de una casa con valor de 7 millones de dólares, con un crédito proveniente de un contratista gubernamental.

Este año también fue galardonada Miranda Patrucic, una periodista de Sarajevo que reveló temas de corrupción en Azerbaiyán y Uzbekistá, de acuerdo con información difundida por Aristegui Noticias.

Patrucic, reportera líder y editora regional del Proyecto de Reportaje de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), jugó un papel clave en las investigaciones que condujeron a investigaciones del gobierno de varios países, sentencias de prisión para oficiales corruptos y más de mil millones de dólares en penalizaciones y propiedades confiscadas.

Como reportera del proyecto Panama Papers, Patroucic expuso la red de paraísos fiscales usados por Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán. La periodista también expuso a Gulnara Karimova, hija del presidente de Uzbekistán, que había aceptado pagos en exceso por mil millones de dólares de compañías de telecomunicaciones europeas.

Como resultado del trabajo de Patroucic, Karimova fue puesta en arresto domiciliario, sus propiedades en Francia fueron confiscadas y sus fondos en Suiza congelados.

Durante su discurso de aceptación del premio, la reportera agradeció al equipo de producción detrás de los reportajes y a los reporteros, investigadores y editores en docenas de países que los hacen posibles “aun en el riesgo de su felicidad, libertad y vida”.


“Estoy aquí pero hay muchos más que deben permanecer invisibles porque ellos y sus familias enfrentan amenazas”, finalizó Patrucic.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462658/habra-verdadera-democracia-censuran-matan-a-periodistas-pasa-nada-aristegui

Un juez condena a Carmen Aristegui por supuestamente “dañar el honor y prestigio” del presidente de MVS

Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo”; Por ello, se condenó a la periodista a que “todas y cada una de las ediciones y publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la misma”, asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada moral- Penguin Random House del pago de una indemnización.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictaminó que la periodista Carmen Aristegui causó daño moral al presidente del grupo de comunicación MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en el prólogo de un libro sobre el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, informaron hoy ambas partes.

Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo”.

Ello en relación a las “apreciaciones contenidas” en el prólogo del libro titulado La Casa Blanca de Peña Nieto, de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán e Irving Huerta.

Por ello, se condenó a la periodista a “la publicación a su costa de un extracto del presente fallo que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance del mismo, en el medio y formato donde fueron difundidas las opiniones contenidas en el prólogo del libro de referencia”.

Aristegui mantiene un litigio con MVS a raíz de que fue despedida de la empresa en marzo del pasado año con una parte de su equipo, el mismo que destapó que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, compraron inmuebles a dos empresas que son contratistas del Gobierno.

La sentencia dada a conocer hoy obliga a que “todas y cada una de las ediciones y publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la misma”.

“Condena que se hace extensiva a diversas formas de difusión del multicitado prefacio, tales como medios electrónicos, televisivos y radiofónicos”, apuntó la resolución judicial.

Asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada moral- Penguin Random House del pago de una indemnización.

Tanto en los diarios El Universal y Reforma apareció hoy publicado un texto pagado titulado “Aristegui mintió”, en el que Vargas recuerda que el pasado 30 de junio demandó a la comunicadora por daño moral por “dolosas y falsas afirmaciones” que aparecían en el prólogo en cuestión.

Celebró la sentencia porque señala que la periodista buscó “no informar”, sino “desprestigiar” con argumentos “que no se ajustan a la realidad”, por lo que esta se “excedió en su libertad de expresión e información”, llegando a mentir.

Por su parte, Aristegui Noticias reprodujo la sentencia, el artículo de Vargas y el prólogo del libro en una página encabezada por el titular “¿Quién miente aquí?”.


Aristegui, que todavía no ha dado una respuesta oficial, presentó el pasado otoño una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra al Estado mexicano por “obstrucción a la Justicia” en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido en marzo de 2015.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112712

Federales detienen a reportero que documentaba el caso de los 4 ejecutados; PF ordena investigación

El reportero gráfico Isidro Corro documentó a través de un video el momento en que los uniformados detuvieron y esposaron a su colega, en un “afán”, sostuvo, de ocultar la información ya que la Policía Federal les impidió acercarse a donde fueron hallados los cuerpos y tomar fotos.

La organización Artículo 19 denunció la detención arbitraria que esta mañana sufrió el fotoperiodista David Deolarte, por parte de la Policía Federal (PF), durante el levantamiento de los cuatro cadáveres que fueron encontrados en la carretera México-Toluca, en el Estado de México.

Por tal motivo, exigió a esta corporación y las autoridades correspondientes del Estado de México que se garantice “la integridad y el libre ejercicio de la prensa” en esa entidad.

El reportero gráfico, Isidro Corro, documentó a través de un video el momento en que los uniformados detuvieron y esposaron a su colega, bajo el argumento de una presunta agresión por parte de Deolarte.


Sin embargo, Corro manifestó que la Policía Federan les impidió acercarse a donde fueron hallados los cuerpos y tomar fotos de los mismos, en un “afán”, sostuvo el fotoperiodista, de ocultar la información, ya que, detalló, los cuerpos presentaban huellas de ejecución, en incluso algunos tenían “el tiro de gracia”.

En un afán de ocultar la información de los ejecutados en la Mex Toluca, policías federales detienen y esposan reporteros! Esto es #México! pic.twitter.com/Y40RxUysba

— Isidro Corro (@isidrocorro) 31 de octubre de 2016

Tras la denuncia, la Policía Federal publicó una Tarjeta Informativa en la cuál explicó que de acuerdo con las exigencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y a petición del Ministerio Público, se acordonó la zona donde fueron encontrados los cuerpos.

Por tal motivo la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Comisión General de la Policía federal ordenaron una investigación para determinar si los policías federales se excedieron en al aplicar sus facultades.

Asimismo, la misiva reiteró el “respeto absoluto” al trabajo periodístico y los medios de comunicación.

Esta mañana, los cuerpos de cuatro personas fueron encontrados sobre la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 38, en La Marquesa, Estado de México.


Testimonios de algunos usuarios de redes sociales detallan que el hallazgo ocurrió entre las 5:00 y 6:00 de la mañana. Los cuerpos fueron hallados boca abajo y en el sitio se encuentran bolsas de plástico color negro, como si hubieran sido trasladados a ese lugar.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2016/3109922