Cuestiona Peña Nieto a quienes ‘‘nos inundan con malas noticias’’

Aquellos que lo hacen no toman en cuenta los avances alcanzados, señala en Hidalgo. Sale en defensa de los resultados de las reformas estructurales que ha impulsado su administración. Cuando existen alzas, las notas duran varios días; si hay reducciones, sólo están un día o minutos

Santiago de Anaya, Hgo: Al salir en defensa de los resultados de las reformas estructurales que ha impulsado su administración, el presidente Enrique Peña Nieto cuestionó a aquellos que ‘‘nos inundan o nos quieren inundar con malas noticias, sin tomar en cuenta los avances alcanzados’’.

Lamentó que cuando existen alzas en el costo de los servicios las malas noticias permanecen varios días, caso contrario a cuando hay reducciones tarifarias, que se difunden unos minutos o un solo día.

De gira por la entidad, Peña Nieto citó como ejemplo el más reciente anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el domingo pasado, de que el costo del tanque de gas se reduciría en 3 por ciento, por lo que el usuario pasará de pagar 290 a 261 pesos.

Esto es consecuencia –dijo– de la reforma energética, porque al permitirse la libre importación del gas, y en un entorno de mayor competencia en el sector, el precio se reduce, aseguró.

‘‘Las buenas noticias cuentan y cuentan mucho, valen y valen mucho. A veces nos quedamos con malas noticias que parecieran comunes o fueran las que a veces más se destacaran, y se dejan (fuera) las buenas noticias, que tienen mucho impacto en la vida cotidiana de las familias. Hay que rescatarlas, porque hay muy buenas noticias.’’

Peña Nieto refirió que su administración promovió cambios estructurales a partir del escenario que el país tenía entonces y por ello, según consideró, México está ahora creciendo. En este marco, reconoció que recientemente las tarifas eléctricas registraron un incremento, pero pidió ‘‘contextualizar’’ los alcances del alza tarifaria.

Mencionó que éstas repercutieron especialmente en los sectores industrial, comercial y en aquellos usuarios que tienen un alto consumo de energía eléctrica, lo cual atribuyó a que estamos en una etapa del año en el que los costos de producción han aumentado. ‘‘Pero no obstante el incremento, la tarifa que hoy pagan es menor a la que pagaban antes de la reforma energética’’.


Agregó: ‘‘Hay que decir una cosa: la tarifa eléctrica que pagan la gran mayoría de los mexicanos, casi 99 por ciento de los hogares, es decir, prácticamente todas las familias, no ha tenido incrementos; por el contrario, desde que entró en vigor la tarifa han tenido una reducción a precios reales de casi 10 por ciento. No hay más que comparar los recibos y se darán cuenta de que hoy están pagando menos’’.

En el contexto de la inauguración de un almacén granelero de maíz que operará Diconsa en Hidalgo –pero que suministra también a Querétaro, Puebla y parte de Veracruz–, el Presidente aprovechó el foro para resaltar sus reformas. ‘‘Estas son buenas noticias y ocupémonos de saberlas aquilatar, porque es lo que está permitiendo que nuestro país siga creciendo y avanzando hacia un mejor futuro’’.

Antes se refirió a la consolidación del sistema de abasto a través de Diconsa y Liconsa, que permite abarcar gran parte del territorio. Subrayó que se cuenta con el sistema más grande de América Latina, al citar que en la actualidad existen más de 27 mil tiendas de ambas instancias en todo el territorio. Para dar una idea de los alcances de la red gubernamental, el Ejecutivo mencionó que la cadena privada más grande que hay en el país, tiendas Oxxo, cuenta con unos de 14 mil establecimientos.

Peña también aludió a la política social y a la consolidación que, según dijo, han alcanzado programas como las estancias infantiles, los comedores comunitarios y el mejoramiento de Prospera.

Sin embargo, mencionó que se busca introducir modificaciones para vincularlos con otros planes y tener mayor impacto social. Informó que se pretende ahora visualizar a Prospera con el Seguro Popular, con el objetivo de que al finalizar el año todos los beneficiarios del primero tengan el acceso garantizado a los servicios de salud a través del segundo.

Broma de Meade

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, hizo un balance de las transformaciones de los programas sociales. Defendió a Diconsa de las críticas que ha recibido y enfatizó en la amplia red de distribución con con la que cuenta.


Mencionó que para alcanzar gran parte del territorio nacional, Diconsa cuenta con una flota de distribución integrada por vehículos, lanchas y ‘‘hasta 45 mulas, que no incluyen a su director general’’, bromeó, ‘‘lo cual garantiza el suministro’’.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/17/censura-pena-a-los-que-inundan-con-malas-noticias

Sacan a periodistas de Fiscalía de Veracruz durante comparecencia de extitular de la SSP

CIUDAD DE MÉXICO: Policías ministeriales y elementos administrativos de la Fiscalía General del estado (FGE) sacaron a periodistas y camarógrafos de las instalaciones de esa dependencia mientras comparecía el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, a quien se investiga por enriquecimiento ilícito.

Apostados en las jardineras, explanadas y escaleras del lugar, los policías pidieron a los periodistas “retirarse”. Dijeron que habían recibido “instrucciones de arriba” y, además, se trata de un “área privada”.

Desde la SSP se filtró a la prensa que Arturo Bermúdez declararía en la Unidad Integral de la FGE, por lo que de inmediato los periodistas se trasladaron al inmueble ubicado en Arco Sur.

En ese sitio, el exfuncionario sólo atinó a decir: “Estoy aquí, porque no tengo nada que temer”. Tras su deslinde, Bermúdez se abrió paso con el apoyo de guardaespaldas y se retiró del lugar.

El extitular de la SSP, con la clave “Capitán Tormenta”, fue cesado del cargo el pasado jueves 4, después de que el portal Aristegui Noticias exhibió múltiples inmuebles de su propiedad en Texas, con un valor de 2.4 millones de dólares.

En un escueto comunicado de dos párrafos, la SSP y el gobierno de Javier Duarte dieron a conocer que con la finalidad de esclarecer el origen del patrimonio personal de Bermúdez y para que se defendiera de las acusaciones que se le imputan, presentó su renuncia al cargo.

Según la investigación, el encargado de preservar la seguridad de ocho millones de veracruzanos empezó a comprar bienes inmuebles en Estados Unidos a partir de agosto de 2012, algunos a su nombre y otros a nombre de su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, quien funge como presidenta del patronato “Unidos por Ti”, del Voluntariado de la SSP.

Hace un par de semanas, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes dio a conocer que Bermúdez Zurita es un próspero empresario hotelero en el Puerto de Veracruz y en la Riviera Maya, donde posee hoteles, una empresa de tours turísticos y un corporativo que ofrece seguridad privada.

El extitular de la SSP dejó deudas a más de 315 proveedores, contratistas y terceros institucionales por un monto global de mil 615 millones de pesos.


Aunado a ello, colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de líderes de cámaras empresariales y políticos de oposición, han señalado al exfuncionario como responsable de desapariciones forzadas; asaltos constantes a bancos, por la incapacidad de las fuerzas de seguridad pública, y por la violencia ejercida en contra de periodistas en la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451022/sacan-a-periodistas-fiscalia-veracruz-comparecencia-extitular-la-ssp

Nuevo manotazo del poder contra Aristegui

El jueves 21, la periodista Carmen Aristegui informó de una nueva andanada de MVS, cuyo dueño, Joaquín Vargas, ahora la acusa de daño moral y de paso demanda al conglomerado Penguin Random House suprimir el prólogo que ella escribió para el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, publicado por esa casa editorial. La demandada solicitó al presidente Peña Nieto –quien días antes pidió perdón por “ese error”– que deje de “mecer esa cuna”.

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, decidió escalar su conflicto judicial con Carmen Aristegui –a quien cesó en marzo de 2015 junto con un equipo de 25 reporteros y trabajadores– y la demandó por daño moral, junto a la empresa editorial Penguin Random House.

El querellante exige también al conglomerado editorial la supresión del prólogo de 43 páginas del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno, escrito por Aristegui.


La notificación de la demanda por daño moral les llegó a Aristegui y a la editorial el pasado 29 de mayo, aunque ellos la dieron a conocer públicamente el jueves 21 de junio, cuatro días después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera “perdón, con toda humildad”, admitiendo que “en noviembre de 2014 la información difundida sobre la llamada ‘Casa Blanca’ causó gran indignación”.

Durante la promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto afirmó: “No obstante me conduje conforme a la ley, este error (la adquisición de la Casa Blanca y la percepción pública en torno al caso) afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza del gobierno”.

Para Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asunto de la Casa Blanca y las demandas contra Aristegui constituyen “un caso de altísimo interés público, sobre todo porque mereció una disculpa pública del propio presidente de la República de México”.

Entrevistado vía telefónica el viernes 22, Lanza sostiene: “Si bien el gobierno mexicano ha dicho que no tiene nada que ver con el despido de la periodista, nos llama la atención que se continúe con las demandas que pueden constituir una forma de hostigamiento”.

–¿Es contradictorio para la relatoría que el presidente mexicano pida disculpas y, por otro lado, MVS demande por daño moral a Aristegui? –se le pregunta.

–Exacto. Sobre todo cuando el propio primer mandatario confirmó que la investigación periodística tuvo un asidero y una verosimilitud. Sorprende que aparezca una nueva demanda. Esta demanda puede tener un efecto amedrentador.

–¿Es hostigamiento por parte de MVS contra Aristegui y contra otro medio de comunicación muy importante, como es la editorial Penguin Random House?

–Es un tema de debate público. Un medio de comunicación como MVS tiene la potencia de dar a conocer su posición y su versión a través de sus propios canales y no someter a la periodista a una serie de demandas mercantiles o civiles y menos incluir un pedido a la editorial para que suprima una parte fundamental de un libro.

Durante el encuentro del jueves 21 con reporteros en las instalaciones de Penguin Random House, el abogado Javier Quijano, quien ha llevado la defensa de Aristegui, precisó que después de que la justicia mexicana le denegó el amparo a la periodista, MVS ha presentado dos demandas mercantiles –una en un tribunal federal y otra en uno capitalino–, además de la reciente por daño moral. Estas demandas, dice, entrañan “un grave riesgo de afectación patrimonial” para la conductora.

“Carmen es objeto de una persecución política. Destruir el prólogo que escribió para el libro equivale a tomar los prólogos incómodos de todos los libros que se publican y quemarlos en una hoguera de la plaza pública. Ellos no pretenden que se corrijan los párrafos, sino que se cancele el prólogo.”

A su vez Lanza precisa que la relatoría prepara un informe y una opinión ante la propia CIDH, que deberá resolver en los próximos meses la demanda que los abogados de Aristegui presentaron en octubre de 2015 contra el Estado mexicano por “obstrucción de la justicia”.

Quijano precisó que decidieron acudir ante el tribunal de la CIDH después de que los jueces en México decidieran negarle el amparo a su cliente, quien argumentó que MVS, al ser concesionario de un bien de interés público, era equivalente a una autoridad pública, sujeta a amparo por sus decisiones que violaban la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.

Los “párrafos malditos”

De acuerdo con la demanda por daño moral interpuesta por Joaquín Vargas, los párrafos del prólogo escrito por Aristegui que afectan la reputación del presidente de Grupo MVS son, entre otros, los siguientes:

“Personalmente lamento el derrumbe moral de Joaquín Vargas y el de sus hermanos, a quienes estimé mucho y sinceramente. Lamento también la carga moral que han transferido al resto de la familia Vargas. Son personas a las que conozco y aprecio desde hace muchos años. Por su perfil e historias propias, pienso que quienes no participaron en las acciones de censura y aniquilamiento no pudieron haber visto con buenos ojos lo que de tan mala manera hicieron a nombre de sus empresas contra los periodistas.

“Con Joaquín y Alejandro Vargas construimos el mejor y más independiente de los espacios de la radio en México. Forjamos juntos un modelo de referencia para ejercer con profesionalismo nuestra tarea. Un buen negocio, también, con los mejores niveles de audiencia. Siempre di por verdadero su compromiso y responsabilidad con los radioescuchas y los creí convencidos de que lo que hacíamos juntos, tanto la empresa como los comunicadores, era en beneficio de México.”

Líneas abajo Aristegui pregunta: “¿Dónde quedaron aquellos Joaquín y Ernesto Vargas de 2012 que enfrentaron a la Presidencia, denunciando presiones que confundían berrinches presidenciales con políticas en telecomunicaciones? ¿Qué fue de Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas en 2015, ahora con un gobierno del PRI? Haciendo a un lado biografía, prestigio y compromisos, aceptaron el papel de instrumento para asestar la puñalada con cobardía.

“Es insoslayable el hecho de que el 17 y 18 de septiembre de 2015 MVS obtuvo de forma expedita, por parte de un tribunal federal, dos fallos favorables en asuntos que estuvieron largamente en litigio: el must carry-must offer (que obliga a Televisa a permitir la retransmisión gratuita de su señal por parte de otras empresas, entre ellas Dish, filial de MVS), así como la concesión de una prórroga al uso de la banda de 2.5 Ghz.”

En estos párrafos, Aristegui recordó el episodio de la histórica conferencia de prensa de Joaquín Vargas, el 15 de agosto de 2012, cuando denunció y documentó las presiones que recibió en febrero de 2011 del presidente Felipe Calderón, del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y de la entonces vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, para que no recontratara a Aristegui, a cambio de que le refrendaran las concesiones de la banda 2.5 Ghz (Proceso 1868).

En aquella ocasión, Vargas mostró mensajes que recibió de Javier Lozano, el 13 de febrero de 2011, con las siguientes advertencias: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui) a tu proyecto se lo llevó la chingada y te olvidas de este gobierno, hasta su último día”.

Vargas advirtió que en agosto de 2012, en el ocaso del sexenio calderonista, Grupo Televisa y Calderón “mataron dos pájaros de un tiro”, ya que lograron que MVS saliera del mercado “que Televisa quiere avasallar” y “al mismo tiempo sancionaron a quien decidió no doblegarse ante las arbitrariedades de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda”, en clara referencia a Aristegui.

Cuatro años después de aquel episodio, Joaquín Vargas no ha vuelto a salir a dar ninguna conferencia de prensa ni a aclarar nada sobre la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo, ni a explicar sobre las demandas que ha interpuesto contra la periodista y menos a comentar algo sobre el escándalo de la Casa Blanca.

El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, Felipe Chao, confirma a Proceso que Joaquín Vargas presentó las dos demandas por daño moral contra Aristegui y la editorial porque en el prólogo del libro hay varias “imputaciones contra él, como que sucumbió a las componendas del poder”.

Y abunda: “No es interés de Joaquín Vargas el dinero sino que (Aristegui) compruebe lo que afirma y se retracte públicamente.

“Por lo que respecta a la parte de la editorial, es que se suprima el prólogo, en tanto se resuelva el litigio. No estamos pidiendo que se retire el libro de la circulación.”

“Difícil, disociar a la Presidencia”

Frente a la posición de MVS, Aristegui respondió que “este tipo de acciones de censura no se hacen públicas. Es a partir de la dinámica de los propios sucesos, de lo que se vivió con la salida, antes, durante y después y del propio antecedente que Joaquín Vargas dio cuando denunció las presiones de Calderón que escribo el prólogo”.

Ahí, agrega, “expongo mi punto de vista, mi vivencia y lo que ocurrió con un grupo de periodistas como el que tuve en MVS”.

–¿Ves una similitud entre lo que ocurrió con tu breve salida del aire en MVS en febrero de 2011 y lo sucedido después del reportaje de la Casa Blanca?

–Están los mismos ingredientes, pero con otro presidente de la República. Eso que Joaquín Vargas narró en voz alta y afirmó que lo habían amenazado no lo suponemos ni tú ni yo. Lo contó él mismo. Es una circunstancia similar.

–Sin embargo, el reportaje de la Casa Blanca tuvo una repercusión mucho mayor desde el punto de vista informativo…

–Son ingredientes idénticos en cuanto a la lógica del poder presidencial frente a los concesionarios. No es el mismo motivo de diferendo. En aquella ocasión hubo una sobrerreacción de Felipe Calderón ante la pregunta que lancé al aire. Ahora estamos hablando de un daño mayor a la Presidencia de la República, que el mismo primer mandatario ha admitido.

–¿Es atribuible al presidente de la República o al poder político la persecución judicial en tu contra?

–Es difícil no diferenciar esta andanada judicial del manotazo del poder. Constituyen un golpe de censura. La lógica de los hechos desde que se publicó el reportaje de la Casa Blanca no puede estar disociada de la Presidencia de la República. Es un continuum de hechos, es una sucesión de demandas que constituyen un claro hostigamiento judicial.

–Dice el vocero de MVS que no les interesa causarte un daño patrimonial…

–Eso es mentira. MVS dice que no le importa el dinero, pero en su demanda sí está el resarcimiento económico que tendrá que determinar un juez. Ahora es peor, porque desde que la Suprema Corte de Justicia eliminó el tope, el resarcimiento puede ser desde 100 pesos hasta 100 millones o, como en el caso de la demanda por daño moral de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, puede ser por 10 millones.

“Hay una clara intención de amedrentar, de hostigar a los periodistas y a los críticos; ese acoso y hostigamiento judicial no se pueden disociar de la Presidencia de la República. Si Peña Nieto es ajeno al asunto, que lo aclare.”

Aristegui, quien estuvo acompañada por los autores del libro La Casa Blanca de Peña Nieto (los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, quienes formaban parte del equipo de investigaciones especiales de la primera emisión de MVS), consideró que existe una “curiosa coincidencia” entre el video que ella subió en marzo de este año para anunciar la salida de un nuevo proyecto editorial independiente y la demanda por daño moral interpuesta en mayo.

–¿Existe alguna coincidencia entre la demanda por daño moral de mayo y el discurso del “perdón” de Peña Nieto del lunes 18?

–Es difícil saberlo. Nosotros decidimos dar a conocer esta demanda cuando vimos el discurso de Peña Nieto. Nos pareció inaudito. Por lo menos, es una esquizofrenia que Peña pida perdón a la sociedad y a los periodistas que dieron a conocer el caso se les persiga judicialmente.

El doctor Lorenzo Meyer, excolaborador en el programa de Aristegui en MVS, consideró que esta demanda por daño moral es una imitación de lo que ha hecho el presidente turco Erdogan para limitar la libertad de expresión.

“Estamos viviendo una especie de Turquía en chiquito. ¿Es eso lo que esperamos en México?”, se preguntó.

Daniel Lizárraga aclaró que durante la elaboración de este texto le pidieron su propia versión a MVS. Nunca respondieron a su solicitud.

Destacó también que en el capítulo cinco del libro, “Usted disculpe”, analizaron las 60 mil fojas del expediente de la Secretaría de la Función Pública sobre el caso de la Casa Blanca y descubrieron que no existe una sola referencia al origen del escándalo: el reportaje publicado el 9 de noviembre de 2014. Fue el propio Peña Nieto quien revivió el tema con su discurso.

En el video que presentó durante la conferencia de prensa del jueves 21, Aristegui increpó a Peña Nieto: “¿De qué perdón estamos hablando señor Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? ¿Pide perdón por la Casa Blanca y se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron? ¿Pide perdón por la Casa Blanca pero no cesan los ánimos de venganza?


“Señor presidente, deje de mecer esa cuna”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448623/nuevo-manotazo-del-poder-contra-aristegui

Demanda, por “abuso de confianza”, no por la “extraordinaria investigación”: Vargas a Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de Grupo MVS, Joaquín Vargas, respondió a las declaraciones y al artículo de Carmen Aristegui titulado “La Casa Blanca”, al insistir que la relación entre la empresa y la periodista “no acabó por intrigas ni ‘maquinaciones’”, sino porque “abusó de la confianza depositada en ella”.


En carta de réplica publicada este lunes 25 en el periódico Reforma, Vargas afirma que el abuso de confianza se generó porque comprometió a MVS “en alianzas con terceros, sin siquiera consultarlo con la administración de la empresa”.

“Este es el motivo del rompimiento, no el contenido de sus investigaciones”, sentenció el concesionario.

Según Vargas, la demanda mercantil contra Aristegui, interpuesta en abril de 2015, “se refiere a ese abuso de confianza”.

El presidente de MVS admitió que interpuso las demandas por daño moral, pero precisó que respecto de la Editorial Grijalbo, perteneciente al grupo Penguin Random House, “simplemente solicité al Poder Judicial que, en caso de que la sentencia me sea favorable, las próximas ediciones del libro se publiquen sin el prólogo injurioso a mi persona”.

“El resto del contenido del libro no es motivo de mi demanda, sino producto de una extraordinaria investigación periodística”, afirmó Vargas.

Según el presidente de MVS, Aristegui “ha llegado al extremo de alimentar con mentiras sus fantasiosas tesis sobre las razones que motivaron su salida, es por esas mentiras que procedí hace dos meses a presentar la demanda por daño moral, de la que hoy se duele”.

“Sé que tengo la verdad, por ello promoví la demanda que en su parte esencial invita a la conductora a probar sus afirmaciones o a que se retracte públicamente. Si a ella lo que le preocupa es el dinero, a mí lo que me preocupa es el prestigio. Estoy consciente de que la buena fama es uno de los pocos bienes que puedo llevarme a la tumba”, remató Vargas.

La respuesta del presidente de Grupo MVS abunda sobre la respuesta que dio el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Felipe Chao, a la conferencia de prensa que llevó a cabo Carmen Aristegui, junto con los directivos de Penguin Random House y los autores del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, cuyo prólogo de 43 páginas es motivo de la demanda por daño moral.

En la misma rueda de prensa Aristegui consideró que su salida de MVS fue el resultado de que “construyeron artificialmente una crisis con Mexicoleaks”, en referencia al argumento inicial que dio la empresa para despedir a dos de los trabajadores del equipo de Aristegui.


Posteriormente, MVS dio a conocer unos “lineamientos editoriales” que contravinieron el contrato firmado entre la empresa y la conductora. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, una vez que conoció el contenido de esos lineamientos declaró a Proceso que “esto huele a censura”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448537/demanda-abuso-confianza-la-extraordinaria-investigacion-vargas-a-aristegui

Exlíder sindical presenta una nueva demanda contra el diario La Opinión de Campeche

Sonia Cuevas Kantún, exlíder de la CNC demandó al diario y a un agente del MP Federal por no investigar sobre la denuncia que interpuso por uso de recursos de procedencia ilícita.

La exalcaldesa y senadora suplente del PRI, Sonia Cuevas Kantún, presentó una nueva demanda contra el diario La Opinión de Campeche, después de que lo acusara en una primera instancia por un presunto daño moral, y obtuviera una sentencia a su favor que los periodistas consideraron injusta.

Esta nueva demanda de amparo es contra el diario y el agente del Ministerio Público de la Federación de la Quinta Mesa adscrito a la delegación Campeche de la PGR, por una presunta violación de sus garantías al no iniciar una investigación del diario.

El pasado 22 de junio Cuevas Kantún denunció ante el Juez Segundo de Distrito que el agente del Ministerio Público Federal no dio cauce a su denuncia por la comisión de probables actos de uso de recursos de procedencia ilícita por parte del diario, después de 6 meses de haberla presentado.

Las dos demandas presentadas por Cuevas, por daño moral y por la que el diario deberá pagar 6 millones de pesos, y ahora por uso de recursos de procedencia ilícita, “solo demuestran una cosa: Cuevas no se ha sentido ofendida ni dañada por ninguna publicación hecha por este rotativo, sino que solamente lo está sometiendo a un acoso legal y judicial”.

La exlíder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) pide en esta nueva demanda que el Ministerio Público investigue los costos de edición, impresión y distribución del diario, así como los costos de la tinta, el papel y los gastos de operación, como sueldos, servicios de las instalaciones y cuotas al Seguro Social, de acuerdo a los documentos legales publicados por La Opinión.

Según Cuevas, presentó al juez “elementos de prueba” para su denuncia con publicaciones del 22 de abril y 25 de mayo de este año.

Esto, dice La Opinión, que la exalcaldesa y hoy senadora suplente del PRI “evidencia un conocimiento de la producción de un periódico como si fuera asesorada por alguien que también es conocedor de estos procesos”, dice el diario en su publicación de este martes 5 de junio.

Esta no es la primera demanda que Sonia Cuevas interpone contra el diario La Opinión. En junio pasado, un juez sentenció a periodistas de dicho medio a pagar 6 millones de pesos a la exalcaldesa, como parte de la demanda por daño moral que la funcionaria presentó contra el diario.

La acusación es porque el periódico informó en 2104 que Edward Alejandro Cuevas Santini, quien confesó ser autor del asesinato de una joven de 20 años, es sobrino de la entonces líder de la CNC.


Los periodistas consideraron que la sentencia es injusta y excesiva, pues sus reportes siempre tuvieron cruce de fuentes y verificación, además las autoridades de justicia confirmaron que los datos que publicaron eran correctos, incluso abriendo la posibilidad de que la exalcaldesa acudiera a declarar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/exlider-sindical-presenta-una-nueva-demanda-contra-el-diario-la-opinion-de-campeche/

Litigio de Lucía Méndez, se convierte en amenaza contra la libertad de expresión

En atención a varios recursos interpuestos por la defensa de la actriz Lucía Méndez, que se consideró difamada por un periodista de espectáculos, la Suprema Corte echó abajo varios artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para el DF. Esa decisión jurídica permite ahora que quien se sienta afectado por algún trabajo periodístico tenga derecho a pedir reparaciones millonarias. Así, la libertad de expresión quedará severamente golpeada.

CIUDAD DE MÉXICO: Una controversia entre la actriz y cantante Lucía Méndez y el periodista de espectáculos Javier Parra Cortés, conocido como Alex Kaffie, devino un riesgo adicional para los periodistas en la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino a petición de la intérprete y decidió echar abajo los artículos centrales de la ley que durante una década había protegido a los periodistas de la capital del país del pago millonario a quien se sienta afectado por el ejercicio periodístico.

El pasado 4 de mayo, la Primera Sala declaró inconstitucionales los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada el 19 de mayo de 2006 por el entonces jefe interino de gobierno y actual senador Alejandro Encinas.

El caso Sosa

La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó esa ley como resultado de la demanda del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, autor, éste último, del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.

La demanda, enderezada en 2004, poco después de publicado el libro, incluyó al columnista como autor del prólogo. Granados Chapa, quien falleció en 2011, logró ser absuelto. Pero Rivera Flores, después de un largo litigio, fue condenado a pagar cerca de medio millón de pesos.

Los asambleístas capitalinos aprobaron esa ley de responsabilidad civil con la idea de proteger a los periodistas de ese tipo de exigencias económicas en casos en que sean condenados judicialmente a una reparación de daño, y puso como tope 350 salarios mínimos, que ahora se establece a partir de la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente.

Ese principio está por desaparecer con la resolución de los ministros de la Primera Sala. Sólo es cuestión de tiempo. Basta con que se acumulen más casos como la demanda de la intérprete para que el presidente de la SCJN inicie, a partir de ellos, el procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad. Por ahora la resolución sólo beneficia a Lucía Méndez.

La actriz y cantante demandó a Parra Cortés por los comentarios que hizo sobre ella en distintas ocasiones en los programas de espectáculos Hoy, de Televisa, y Todo para la mujer, de Telefórmula, así como en su columna del diario BASTA!, en los que la denostó de forma reiterada.

La demanda la presentó el 5 de noviembre de 2013 y el Juzgado 69 de lo Civil en el Distrito Federal dictó en junio de 2014 una sentencia absolutoria a favor de Alex Kaffie. Lucía Méndez apeló y, un año después, la Sala 12 de lo Civil en el DF revocó la sentencia del juez de primera instancia y estableció que sí hubo daño moral en los reiterados dichos del periodista.

Pero los magistrados de la Sala determinaron que como reparación del daño sólo se publicara la sentencia en los programas de radio y televisión y en el periódico donde Javier Parra se había referido a la actriz.

Con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, los magistrados absolvieron al periodista de algún pago por indemnización.

Inconforme, Lucía Méndez interpuso en diciembre de 2014 un amparo contra el fallo de la 12 Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El caso llegó entonces al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, que en mayo de 2015 le negó la protección de la justicia federal.

La defensa de la actriz interpuso entonces un recurso de revisión ante la SCJN, que después de casi un año decidió otorgarle el amparo. Aunque los ministros no le concedieron todo lo que quería.

La defensa de la actriz pretendía que la Corte declarara también como inconstitucional el artículo 7 de la ley capitalina. Esa disposición se refiere a la condición en que se encuentran las personas púbicas para ser objeto de un mayor escrutinio de los medios de comunicación.

La ley define como una figura pública a quien posee notoriedad colectiva, sin necesidad de que ostente un cargo público. También a aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, como lo hacía Marta Sahagún, cuando era la esposa del entonces presidente Vicente Fox, razón principal por la que perdió la demanda que interpuso contra este semanario en 2005 (Proceso 1488).

Según la defensa de Lucía Méndez, la definición de figura pública en la Ley de Responsabilidad Civil es discriminatoria y viola el derecho a la igualdad. Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala señalaron que ese criterio es de aplicación internacional y que forma parte de las jurisprudencias de la propia Suprema Corte. Reiteraron que, en aras de la libertad de expresión e información, la vida privada de las figuras públicas tiene un mayor nivel de escrutinio.

Fuera de eso, la defensa de la actriz logró echar abajo los artículos 39, 40 y 41 de la citada ley.

Tuvo el apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –presidente de la Primera Sala y ponente del caso–, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quienes decidieron darle el amparo a la actriz y cantante para que se revise el tema de la indemnización.

Los ministros concedieron que en la Ciudad de México se debe reponer la figura legal de reparación de daño por medio de un pago económico cuando los periodistas rebasen los límites de la libertad de expresión aceptados internacionalmente, como difundir información a sabiendas de que es falsa y hacerlo con el único propósito de dañar.

Los ministros se refirieron a la intención específica o “negligencia patente” de emitir información con “malicia”; es decir, que la información haya sido emitida “con la intención de causar daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos”.

Hasta ahora, el artículo 39 de la Ley limita la reparación del daño a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que dieron lugar a la afectación de lo que describe como patrimonio moral.

La ley impugnada cancela, en su artícu­lo 40, la posibilidad de que un periodista sea encarcelado por haber causado ese tipo de daño. Dice: “En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las persones”.

Pero al restablecer el pago indemnización, prohibido en el artículo 41 de la Ley, los ministros de la Primera Sala interpretaron que esa limitación constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil señala expresamente que cuando no se pueda resarcir el daño mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria al periodista, la indemnización se fijará tomando en cuenta la mayor o menor divulgación del acto ilícito, las condiciones personales de la víctima y demás circunstancias del caso.

Pero dice que “en ningún caso” ese pago deberá exceder de 350 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Esa multa no incluye los gastos y costas del juicio.

Para la Suprema Corte, estas disposiciones son contrarias al artículo 63.1 de la CADH, según el cual los Estados están obligados a garantizar el derecho o libertad establecidos en la Convención y que deberá disponer, si es el caso, “que se reparen las consecuencias… (de la violación)… y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

En la interpretación de los ministros, el Estado mexicano, y en este caso el Poder Legislativo, tiene que diseñar “sistemas de reparaciones integrales” y no “como lo hace desacertadamente la Ley” impugnada por la defensa de Lucía Méndez.

Abundan en que es un “vicio” de la norma dejarle al juez la opción de no fijar una indemnización.

“Esta Corte considera que la única forma en que el régimen de reparaciones impugnado pueda ajustarse… (a la Constitución)… es estableciendo ambas formas de reparaciones; es decir, tanto la publicación de la sentencia en el formato y medio en el que fue difundida la expresión que excedió los límites, como condenando al pago de una justa indemnización”, dice el fallo categórico de los ministros de la Primera Sala.

Respecto de los montos, dijeron que no hay justificación para imponer un máximo porque “esta limitante supone una vulneración del derecho humano a una reparación”. Insistieron los ministros: “Para esta Corte, limitar la indemnización a un tope máximo sin una razón que justifique tal limitante vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene inconstitucional”.

Argumentaron que el cálculo del daño es una labor complicada por las afectaciones, como el sufrimiento, el nerviosismo, la ansiedad, menoscabo de la dignidad y otras afines, por lo que “no resulta razonable que el legislador imponga una cantidad máxima”.

Al conceder el amparo, la Primera Sala de la SCJN le pidió a la Sala 12 de lo Civil en la Ciudad de México que emita una nueva sentencia para fijar “una reparación integral” y “una justa indemnización” económica.

Interpretación equivocada

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor de la Asamblea Legislativa en la elaboración de la Ley impugnada, Ernesto Villanueva, asegura que, al eliminar el tope, la Suprema Corte acabó con la razón de ser del ordenamiento que limitaba al juez para fijar multas millonarias, como la que se aplicó al periodista Alfredo Rivera.

Dice que los ministros hicieron una interpretación equivocada de la CADH, porque la reparación del daño a que se refiere es respecto de las violaciones cometidas por el Estado y no por particulares. Estima que, a partir de este fallo, lo que puede ocurrir es que los periodistas limiten su trabajo sobre los personajes públicos.

El abogado de Javier Parra Cortés, Óscar Abarca Alarcón, director jurídico de Consorcio Ejecutivo Legal, aseguró que aún no ha sido notificado por la Suprema Corte, pero que en todo caso aún no se ha determinado que Lucía Méndez tenga que ser indemnizada por su cliente. “Eso depende de la parte procesal y la parte acusadora no ha demostrado en qué consistió el daño”.

Aunque la Corte ya declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley, la Sala 12 de lo Civil tiene que establecer si procede o no reparación económica. Y aun cuando diga que sí, esa determinación se podrá impugnar, advirtió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445647/litigio-lucia-mendez-deviene-en-amenaza-contra-la-libertad-expresion

Juez falla a favor de Senadora del PRI y exige a periodistas de Campeche pagarle 6 mdp

Cuevas Kantún demandó al diario La Opinión de Grupo Multimedios, por un daño moral de 25 mdp, sin embargo jamás presentó evidencia de la presunta afectación de la que era objeto.

El Juez civil Luis Enrique Lanz Gutiérrez Velasco sentenció a pagar 6 millones de pesos a directivos y editores del diario La Opinión de Campeche por daño moral a la Senadora suplente del PRI, Sonia Cuevas Kantún.

Esto después de haberse publicado una investigación periodística en torno al asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un predio, el cual es propiedad de la Senadora Cuevas Kantún, a quien se le vinculó en los hechos debido a que resultó ser la tía del homicida.

Cuevas Kantún demandó al diario La Opinión de Grupo Multimedios, por un daño moral de 25 mdp, sin embargo jamás presentó evidencia de la presunta afectación de la que era objeto.

Gabriel Gutiérrez Rubio, quien funge como director editorial del rotativo asegura que es un atentado a la libertad de expresión y advierten que acudirán a las instancias correspondientes para defenderse.

El Juez indicó que no había tomado las pruebas de defensa que se presentaron en el juicio y vaticinó un posible cierre del periódico.

“Hay una serie de intereses políticos y económicos cuyo final último es que La Opinión se calle y cierre definitivamente; éste, un diario gratuito en la ciudad, vino a ganar terreno por su tipo de contenido y formato”.

Por su parte, el ex Director del periódico, Efraín Durán, explicó que mucho antes de que se conociera el fallo del Juez, ellos ya sabían cómo venía por lo que alude a un atentado contra la libertad de prensa en donde se pretende que todo el equipo reporteril (director general, director editorial y una coeditora).

Además de Campeche, otros medios dieron a conocer la información que proporcionaron las autoridades sobre el asesinato. Dicho rotativo documentó testimonios grabados de los familiares de la víctima, quienes, en efecto habían culpado a la ex Lideresa de presionarlos y de echar mano de su abogado para forzar las declaraciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-06-2016/3058688

Marinos intentan borrar fotografías de reportero de Noroeste en Cosalá, Sinaloa

“No nos gustan que nos tomen fotos por seguridad, ¿nos puedes enseñar las fotos?”, le dijo uno de los marinos al reportero de Noroeste, que captó el momento en que los uniformados se detuvieron a realizar una revisión, sin motivo aparente, a un motociclista que estaba estacionado. Además, en el municipio de la Concordia, personal del mismo medio refirió que durante la jornada electoral de ayer fueron fotografiados por  un grupo de personas abordo de un automóvil.

Ciudad de México, 6 de junio: Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) intentaron borrar las fotografías del reportero gráfico del diario Noroeste que participa en la cobertura electoral de Cosalá, Sinaloa.

El incidente se registró alrededor 12:00 horas, cuando marinos que viajaban en dos camionetas oficiales se detuvieron en unas de las calles de la cabecera municipal para realizar una revisión a un motociclista que estaba estacionado, y el reportero tomó algunas fotografías de este hecho.

“Por favor, borra todas las fotos que nos tomaste”, dijo de manera autoritaria uno de los elementos.

Al cuestionarlo del por qué de su proceder, pues el hecho fue en una vía pública, el elemento de la Semar sólo argumentó que a los marinos no les gusta que les tomen fotos por su seguridad.

“No nos gustan que nos tomen fotos por seguridad, ¿nos puedes enseñar las fotos?”, insistió.

Sin embargo, se le aclaró que legalmente no podía pedir sólo porque a un servidor público le gustara o no.

Al decirles que le reportarían este hecho a su mando, de inmediato los marinos desistieron de su exigencia.

El personal de la Semar también tomó fotos a las identificaciones del fotoreportero de Noroeste.

Los marinos se dirigían rumbo al albergue escolar rural a investigar el reporte de que dos militantes priistas habían sido jaloneadas y que les habían robado dos celulares por parte de simpatizantes de otro partido, en calles del Centro.

Los elementos de la Marina siguieron su recorrido revisando a varias personas.

Al acudir ante el agente del Ministerio Público, este dijo que no se interpuso ninguna denuncia por el reporte de la supuesta agresión a dos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agregó que sólo se trató el reporte del extravió de un teléfono celular.

GRABAN A PERSONAL DE NOROESTE

En la cabecera municipal de Concordia fue reportado que personas que viajaban en una camioneta tomaron video y fotos al personal de Noroeste, que realizó la cobertura electoral en ese municipio.


Ante este hecho registrado la mañana de hoy, el personal de Noroeste acudió a interponer el reporte ante la Policía Municipal, el Consejo Electoral Municipal y en Comunicación Social de Concordia.

FUENTE: SIN EMBARGO/NORESTE.
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-06-2016/3051009

Censura de medio independiente en Argentina Antena Negra TV

Tras haber conseguido que el martes 10 de mayo se diera de baja la orden de allanamiento hacia el canal comunitario Antena Negra TV, el Juez Martínez De Giorgi emitió una resolución intimando al mismo a entregar los equipos de trasmisión en las siguientes 48 hs, culminando éstas el día de hoy, jueves 12 a las 13.30 hs. 

Entendemos esto como un cambio de estrategia de parte del poder Judicial que sigue actuando en favor de la empresa multinacional de seguridad privada Prosegur, evitando usar la Fuerza Policial pero extorsionándonos con elegir entre dejar de estar al aire -entregar los equipos- o tener un preso por comunicar.

Dejar de estar al aire implica apagar nuestra herramienta comunicacional, es decir nuestro medio de lucha, censurando las voces del campo popular y profundizando aún más la desigualdad entre los medios comunitarios y los comerciales, que trabajan en conjunto con empresas telefónicas, afianzando el cerco mediático que favorece el discurso hegemónico.

A partir de esto tomamos, en conjunto con la RNMA, la decisión de no entregar a ninguna persona a la cárcel, y por lo tanto salir momentáneamente del aire. La entrega ser hará en las próximas horas en el edificio de ENACOM Perú 103 y allí constatará que se entregan en forma y funcionando para luego labrar una acta. Los equipos quedarán entonces nuevamente retenidos por el Estado y la empresa Prosegur utilizando la frecuencia desde su ilegalidad.

Responsabilizamos por esta situación: 

- A la empresa multinacional Prosegur, que inició esta causa penal e impulsó una persecución juridica y policial, siendo ellos los que usan ilegítimamente el espectro;

- Al juez Martínez De Giorgi, que llevó adelante el primer secuestro de los equipos en 2015 y hoy continúa respondiendo a las presiones de dicha empresa sacandonos del aire e intentando un segundo allanamiento en el canal.

- Al ENACOM, por no llevar adelante las políticas correspondientes a su función, para que este conflicto se resuelva en favor de la comunicación popular.

A pesar de la extensa reunión, no se pudo conseguir que ENACOM actuara para que se detuviera esta nueva instancia de retención de los equipos ordenada por el juez di Giorgi. El organismo adquirió el compromiso de pedir juntamente con Antena Negra TV y por escrito una audiencia ante el juzgado, para finalizar la causa penal y llevarla al plano administrativo-político, del que nunca debió haber salido.

Exigimos que se retire de inmedato la causa penal y se resuelva el conflicto por vías administrativas, dejando así de tener el peligro inminente de una persona presa por hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Queremos la resolución de esta disputa, por lo tanto también exigimos al ENACOM que encuentre una figura legal que nos permita poder seguir transmitiendo y dejar de estar en un estado de vulnerabilidad permanente y en peligro de allanamiento constante. 

Desde Antena Negra TV y la RNMA tomamos esta decisión aunque calificamos de injusta la resolución de Juez. Debería ser PROSEGUR quien apague sus equipos y no nosotros pero ante la eventualidad de que una persona, ya imputada, pueda perder su libertad por desobediencia, hemos resuelto apagar el equipo para esta nueva retención. 

No estamos eligiendo entre dos variantes, nos obligan a hacerlo. Entre la cárcel o el aire, elegimos hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y volveremos a hacerlo, definitivamente.

¡Basta de seguir beneficiando a las empresas privadas por sobre el campo popular!

¡Basta de hacer de la comunicación un negocio y una mercancía!

¡ANTENA NEGRA TV NO SE APAGA!

VIDEO:

FUENTE: ANTENA NEGRA TV.

LINK: https://www.facebook.com/AntenaNegraTv/videos/1024799827597809/

Expediente muestra que Sanjuana Martínez no recibió notificaciones de la Juez en litigio con Jesús Ortega

El expediente al que la periodista y sus abogados apenas tuvieron acceso ayer, muestra que se publicaron más acuerdos de los que correspondía, existieron errores de dedo, así como que Sanjuana Martínez no fue notificada sobre la fecha en la que tenía que comparecer ante las autoridades.

La periodista San Juana Martínez nunca fue notificada por las autoridades judiciales de los pasos del proceso que se seguía en su contra por parte del ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, así lo revela el expediente judicial al que apenas tuvieron acceso los abogadas de la comunicadora.

Oscar Vargas Suárez, uno de los representantes legales de la periodista explicó que en una de las hojas del expediente aparece la leyenda “mal publicado” con fechas del 12 y 13 de agosto de 2014, lo cual muestra que se violaron todos los derechos procesales de la periodista.

La leyenda también significa que durante el proceso, por error, se pudieron haber publicado más acuerdos de los que realmente existieron, errores de dedo, entre otros, de los que la acusada nunca estuvo enterada al no tener acceso al expediente.

“El expediente fue negado desde la publicación de la sentencia, desde la conferencia de prensa que dio Jesús Ortega [cuando anunció que había ganado el caso en contra de la periodista a la que acusó de daño moral], ahora nos vamos a presentar ante un notario para consignar la ilegalidad. En unos minutos me permitieron ver el expediente y en los hechos pudieron comprobar que no fui notificada”, expresó por su parte la periodista.

Vargas Suárez señaló que la periodista no fue notificada el día que tenía que comparecer ante las autoridades para responder a las acusaciones de Ortega Martínez, por lo cual quedó como “confesa”.

“Resulta surrealista como pueden los políticos como Jesús Ortega torcer el aparato de justicia para su beneficio”, expresó Sanjuana.

Ayer, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México suspendió la sentencia de la Juez 69 también de la capital del país que ordenaba a la periodista Sanjuana Martínez indemnizar a Jesús Ortega y a pedirle una disculpa pública por haberlo mencionado como cliente de una mujer que era víctima de trata.

La periodista y su abogado reiteraron que buscarán ahora la nulidad del proceso para que se reponga el procedimiento con apego al debido proceso.

La denuncia del político del PRD, partido que gobierna la ciudad donde se llevó a cabo el juicio, es por una columna y un reportaje publicados en SinEmbargo en 2013, donde se le relaciona como presunto cliente de una mujer víctima de explotación sexual:

“Consumidores de sexo comercial” (LA COLUMNA).

“Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas” (EL REPORTAJE).

El 19 de abril, en una conferencia de prensa, el ex presidente del Sol Azteca, identificado con la corriente de “Los Chuchos”, anunció que había ganado una demanda en de contra la periodista mexicana, Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2014 que entrega Reporteros Sin Fronteras.

Tras conocer la nueva resolución, Sanjuana Martínez señaló que su caso podría calificarse como un ataque a la libertad de expresión, ya que no sólo se desarrolló de manera irregular sino que representa un retroceso en las garantías a los derechos de libertad de expresión y “nos lleva hacia un régimen autoritario, nos lleva a una Ley Mordaza de los tiempos de Porfirio Díaz”.

Tanto en el reportaje, como en su columna, la periodista reveló la existencia de una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual en lugares ahora clausurados pero que eran frecuentados por políticos mexicanos, de acuerdo con las propias mujeres afectadas. En una grabación judicial, una de las víctimas de explotación sexual –cuya identidad se reservó la periodista para salvaguardar su seguridad– identifica plenamente a Jesús Ortega como cliente.

La primera sentencia, afirma la periodista, “se dio en términos irregulares porque no tuve acceso al debido proceso. Se ha desarrollado de manera irregular, es a todas luces ilegal porque al presentar la demanda –con el folio , en 2013, se contexto presentó en Monterrey y luego el expediente se perdió un par de años, la Juez 69 se declaró incompetente y regresó a Monterrey, después se padeció la pérdida del expediente y nos enteramos de lo que había sucedido cuando el señor Ortega dio la conferencia de prensa”.


La periodista dio a conocer en esas dos entregas una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual en lugares ahora clausurados pero que eran frecuentados por políticos mexicanos, de acuerdo con las propias mujeres afectadas. En una grabación judicial, una de las víctimas de explotación sexual –cuya identidad se reservó la periodista para salvaguardar su seguridad– identifica plenamente a Jesús Ortega como cliente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-05-2016/1656942

Redes sociales deben regularse en materia electoral: magistrado del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO: El magistrado electoral Pedro Esteban Penagos consideró que las redes sociales deben ser reguladas en materia electoral a fin de procurar que no exista inequidad en la contienda, al tiempo que reconoció que las mismas maximizan el ejercicio de la libertad de expresión para emitir un voto informado y razonado.

En el marco de la conferencia magistral “Libertad de expresión: El uso de las redes sociales en procesos electorales”, realizada tanto en Mexicali como en el Centro Cultural de Tijuana, Baja California, Penagos López reconoció que las redes constituyen el instrumento más importante para hacer oír y atender la voz, y la voluntad ciudadana, maximizando el ejercicio de la libertad de expresión.


El integrante del TEPJF destacó que “estamos en una etapa de transición en la que se oyen voces que exigen su regulación, que si bien es necesaria, no debe caer en su limitación como instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión, pues hay que procurar un régimen de plena apertura, salvo casos de excepción”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439370/redes-sociales-deben-regularse-en-materia-electoral-magistrado-del-tepjf

El honor de Jesús Ortega

Mi madre dice que quise ser periodista desde que tenía seis años: “A esa edad empezaste a entrevistar a cada persona que llegaba a casa”. Ante ese destino manifiesto, antes de entrar a la universidad, le pregunté por qué la vocación se me echó encima, tan definidamente, tan pronto.

Me miró obviando la respuesta: “Porque tienes una curiosidad infinita y porque te gusta ayudar a la gente”. Mi padre, un hombre que vivió indignado la cobertura oficiosa de la matanza de Tlatelolco y el asesinato de Manuel Buendía, sembró la duda: “Mejor estudia otra cosa, mi hijita, en México, a los buenos periodistas se los chingan”, dijo al más puro estilo norteño.

El mandato paterno se me quedó clavado en el alma, cuestionando mi orientación vocacional. Para entonces, leía y coleccionaba cada semana, la revista Proceso fundada por Julio Scherer y devoraba diariamente todos los periódicos que podía. La escritura llegó muy pronto a mi vida y se quedó, incluso hay algunos poemas, novelas y cuentos por allí guardados.

Intenté anular mi pasión por el periodismo. Me sometí durante varios días a los exámenes de admisión de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Los resultados fueron contundentes: “Le gusta la psicología, pero todo indica, que usted prefiere la información. Le sugiero que se inscriba en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estudie la carrera de periodismo”, me dijo la maestra encargada de aplicar los tests.

Sentí un alivio. Mi padre, esperando que yo desistiera, se negó a apoyar económicamente semejante decisión. Y empecé a trabajar como secretaria en una compañía de seguros para costearme mis estudios, un empleo bien remunerado, que luego abandoné, cuando cursaba el cuarto semestre de la especialidad de periodismo, para entrar a trabajar de meritoria y sin percepción salarial, al Diario de Monterrey.

Tenía 20 años, y el jefe de información me mandó a la sección de cultura y sociales. Las mujeres generalmente no cubrían la sección política. Estuve cubriendo artistas y algunas exposiciones de pintura. Mi objetivo era escribir en la sección de locales. Me apasionaba la cobertura política: “Deme una fuente”, le decía todos los días al Sr. José de la Luz, jefe de información. Unos meses después me dijo: “La ciudad es suya”. Sorprendida, lo cuestioné: “¿Qué clase de fuente es esa?”. Con cierto hartazgo contestó: “La acabo de inventar para que me deje de fregar. La ciudad es suya, tráigame notas de la ciudad”.

Me sentí confundida. En parte, había conseguido lo que quería, pero no sabía por donde empezar en una ciudad como Monterrey. Empecé a patear la capital industrial y sus injusticias cotidianas. Fue así como llegué a los movimientos sociales: las manifestaciones de los obreros por el cierre de la Fundidora Monterrey, la huelga de las enfermeras de la Sección 50 de Maestros, las marchas por los desaparecidos de Doña Rosario Ibarra de Piedra…

Me comprometí. Las causas de los más vulnerables no me eran ajenas. A los dos años me gradué y obtuve el título de licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo y con una tesis titulada: “Medios masivos: instrumentos de campañas políticas”, sobre las elecciones de 1988 y la “caída” del sistema.

Mi querido maestro de periodismo, José Luis Esquivel, fue presidente de los sinodales y me anunció el resultado: “Ha obtenido Matricula de Honor. A partir de ahora, tiene una misión: regirse por la ética, y servir a los que no tienen voz. Nunca olvide el significado de esta profesión, ser Periodista, es ser defensor de la verdad y la justicia. Estoy seguro que cumplirá”.

Durante más de 30 años, esa máxima ha sido mi guía en la vida. Como periodista, he recordado ese compromiso primigenio al cobijo de la convicción que me ha dado mi vocación, literalmente a prueba de balas. Bendita vocación. No ha sido fácil, porque decidí ejercer mi profesión en uno de los países más peligrosos.

Muy pronto, le di la razón a mi padre. Me adentré en el nauseabundo mundo de la corrupción institucional, investigué las cloacas del sistema político, descubrí las redes de malversación de caudales públicos y claro, tuve que pagar el precio por ello.

Tenía 23 años cuando las primeras llamadas llegaron a mi casa. Mi madre se asustó al principio: “Dígale a su hija que deje de investigar o la matamos”. Optamos por cambiar el número telefónico, descolgarlo, suspender el servicio… Luego, llegaron los coches raros con hombres estacionados frente a la casa, el espionaje, los seguimientos, los allanamientos, el acecho… Eran tiempos difíciles y estaba afectando a mi familia. Decidí dejar el país. Me despedí de mis padres: “Solo son dos años”.

Me fui con una mochila a estudiar un doctorado en periodismo político a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajé de obrera para sostener mis estudios. Luego, obtuve algunas becas, la mejor y la última, del Instituto de Cooperación Iberoamericano de España.

Me convertí en corresponsal de la revista Proceso y me quedé 20 años en Europa y Estados Unidos. Volví a México hace ocho años. Y muy pronto, volví a sentir ese fétido aliento del hostigamiento. El escándalo por los abusos sexuales del clero católico se extendió luego de que mis reportajes en torno a la protección del Cardenal Norberto Rivera a los curas pederastas, provocaron la apertura de los juicios en su contra por “conspiración a la pederastia”.

“Mi hijita, llevas unos meses aquí, y ya la armasté bien y bonito. ¿No pudiste estar quietecita un ratito?… ¡Piensa en tus hijos!”, me dijo mi madre preocupada cuando arreciaron nuevamente las amenazas, la persecución, los zarpazos del poder queriendo acallar la verdad.

Durante estos años, nuevamente le he dado la razón a mi padre sobre el ejercicio del periodismo en México. Hace tres años sufrí un encarcelamiento ilegal dictado por una jueza corrupta que violó la secrecía del albergue para mujeres maltratadas de Alternativas Pacíficas y secuestró a su directora. Mis reportajes la exhibieron y ella aprovechó mi divorcio para detenerme por una “falta administrativa” sin derecho a la fianza de mil pesos.

Mientras publicaba la investigación de los hornos crematorios del ejército en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, allanaron mi casa. Me dejaron un mensaje típico de inteligencia militar: defecaron en medio de mi habitación y manosearon mi ropa interior regándola por el piso. Lo denuncié, pero no lo hice público, creyendo que no pasaba nada.

Pocos días después, el 24 de diciembre del 2014, en plena preparación de la cena navideña, la Procuraduría General de la República (PGR) me “invitó” a comparecer por un supuesto “falso testimonio”. Me incomunicó y me retuvo varias horas, hasta que la presión social en las redes surtió efecto y pude pasar la Nochebuena con mi familia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) me otorgó medidas cautelares que consisten en la vigilancia esporádica de mi domicilio. Me negué a tener escolta, a convertir mi casa en un búnker, a someterme al confinamiento, a callar la voz.

El acoso de los poderosos no ha cesado. Conozco el fétido aliento de la podredumbre del sistema ya agotado, he sentido el miedo, el desasosiego por la seguridad de los que amo. Pero esta es mi opción de vida y con mi familia, hemos aprendido a vivir así, pensando que es el precio que tenemos que pagar quienes queremos un cambio para México, creyendo firmemente que nuestro país merece una clase política guiada por el compromiso de servir, la decencia y el honor.

El honor. ¿Y qué es el honor?, según el Diccionario de la Real Academia Española es la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se las granjea”.

En diciembre del 2013 publiqué en este mismo medio, una columna titulada “Consumidores de sexo comercial” y un reportaje “Infierno en el Cadillac: sexo poder y lágrimas”. Ambos textos incluyen el contenido del expediente judicial de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PJDF) en videos, sobre el caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual en varios giros negros propiedad de Alejandro Iglesias Rebollo.

Las víctimas, denunciaron que políticos y funcionarios públicos eran asiduos visitantes del tabledance Cadillac, en el que no sólo las obligaban a todos los caprichos sexuales imaginables, sino que las tatuaban, las golpeaban, las mutilaban e incluso hay testimonios de asesinatos. Una de ellas, en un video grabado por la PGJDF, identificaba como cliente a Jesús Ortega, ex presidente de la Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ortega ejerció debidamente su derecho de réplica. Y anunció una demanda en mi contra. La interpuso el 6 de diciembre de 2013 en el poder judicial de Nuevo León, ya que la ley en el Distrito Federal es más garantista en términos de libertad de expresión y hubiera sido rechazada.

La demanda, contiene cientos de copias de los mensajes y comentarios que el Señor Ortega recibe en las redes sociales, en especial en Twitter, muchos de los cuáles, son ciertamente negativos y me acusa de dañar su honor y prestigio, de propiciar ese descrédito y mala fama, a partir de la publicación de mi artículo y reportaje.

“La demandada me ha causado daño moral, dañando mi prestigio y mi carrera, menoscabando mi seguridad e integridad física, afectando en mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, y la consideración que los demás tienen en mi persona… en los que la demandada, sin ninguna base de veracidad, me hace las imputaciones difamantes, degradantes y calumniosas…”.

Esas “imputaciones” las hizo una víctima que fue rescatada y entrevistada y videograbada por la PGJDF y el Señor Ortega se le olvidó señalar en su demanda, el hecho que él, es una figura pública y ha sufrido un desprestigio no a raíz de mis reportajes, sino desde antes, particularmente por su cuestionada actividad política.

Desde un principio la organización civil, Artículo 19 se hizo cargo de mi defensa y contestamos debidamente la demanda, resaltando la improcedencia de la misma. La demanda, en opinión de mis abogados, está mal hecha y es un delirio, sin fundamento. Me tranquilizaron, diciéndome que su destino sería seguramente ser desechada por el juez.

Para mis abogados, afincados en la Ciudad de México, era difícil defender mi caso, así que decidieron solicitar el traslado. A los pocos meses de intensa búsqueda, nos dijeron que el expediente se había “perdido”. Solicitamos la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal quien abrió un expediente al caso y efectivamente confirmó que el expediente no aparecía por ningún lado y que era muy difícil estar rastreando día con día los 73 juzgados de primera instancia, los 26 de cuantía menor y los 20 de proceso oral civil.

En 2015 finalmente el expediente fue ubicado en el juzgado 69 a cargo de la jueza Martha Roselia Garibay Pérez, quién se declaró incompetente para resolver el caso y lo devolvió a Nuevo León. En ese ir y venir, el expediente nuevamente se “perdió”.

Mientras tanto, el Señor Ortega me mandó decir que me retractara y retiraba la demanda y que le diera los nombres de las víctimas. Me negué a ambas cosas. Las víctimas son las más vulnerables.

El pasado martes, empecé a recibir decenas de mensajes en Twitter, en una acción coordinada de bots, señalándome como una “difamador” e informando sobre un supuesto “triunfo” del Señor Ortega.

¿Triunfo? Pero si el Señor Ortega jugó solo en la cancha, sin más jugadores que él mismo, y metió gol sin portero. ¿Cuál triunfo? No se me notificó en tiempo y forma, no se me permitió defenderme, ni tuve derecho a un debido proceso, mucho menos a un juicio justo.

Mis abogados consideran necesaria la reposición del proceso, ni más ni menos. El derecho a estar en igualdad de circunstancias, aunque sabemos que él es un político con todo el poder en un partido que actualmente gobierna la Ciudad de México.

En este procedimiento, el Señor Ortega, no tiene la última palabra. Vamos a luchar. No podemos permitir que se siente este precedente. Nos afecta a todos. Con el “triunfo” del Señor Ortega queda un peligroso e inaceptable precedente para la libertad de expresión. Publicar el contenido de una investigación judicial no debe ser considerado un delito. La batalla acaba de empezar y es por todos.

En estos días, he recordado otra vez a mi padre, que en paz descanse, y le he dado la razón: “En México, a los buenos periodistas, se los chingan”. Es verdad.


Lástima que ya no lo tenga aquí a mi lado, para decirle con un abrazo prolongado y amoroso, que algunos de esos periodistas idealistas que aún creemos en un cambio para México, hemos decidido no dejarnos, no callarnos; aunque en ello, nos juguemos la vida.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/25-04-2016/48307