Sin embargo, si las condenas vienen del exterior, las toman en serio por considerarlas –supongo– más puras y profesionales. Quizá por ello, Alejandra Sota ignoró a sus críticos en México, pero demandó a Dolia Estévez en Estados Unidos.
Desde Washington, Dolia escribe acerca de las élites mexicanas. El 16 de diciembre de 2013 publicó en su blog del portal de Forbes una opinión respecto de la corrupción en México. La ancló en un informe de Transparencia Internacional que ponía a México como uno de los dos países más corruptos de América Latina.
Con el dato como respaldo, elaboró una lista con los nombres de quienes, en su opinión, eran “Los 10 mexicanos más corruptos del 2013”. Ocho tenían ADN priista (Elba Esther Gordillo, Fidel Herrera y Arturo Montiel, entre otros); los otros dos venían del gobierno de Felipe Calderón: Genaro García Luna y la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, cuya principal irregularidad era ser “investigada por las autoridades mexicanas por presunta malversación y tráfico de influencias”. Sota ejerció su derecho de réplica y Forbes la incluyó en su portal.
El asunto parecía haber entrado en los bodegones de las acusaciones archivadas cuando, transcurrido un año, Alejandra demandó a Dolia en una Corte de Nueva York. Aunque ahí fracasó, llevó el litigio a Virginia, donde argumenta que su inclusión en dicha lista le causó daños pecuniarios. Pide a la justicia estadunidense que imponga a la periodista la obligación de pagar dos indemnizaciones y ordene la remoción del texto de la página de Forbes.
¿Actuó Dolia con malicia y dolo al incluir a Alejandra en la decena de la ignominia? Aun cuando en 2012 la revista Líderes Mexicanos incluyó a Sota en la lista de los “300 líderes más influyentes de México”, en otros medios aparecieron severas críticas por la manera como manejó el poder. Ese mismo año, la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, estaba tan segura de que Sota interceptaba su teléfono que en el curso de una conversación envió un “saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas (mis) llamadas telefónicas. Pinche Sota”. En agosto de 2014, el presidente del PAN, Gustavo Madero, emitió un severo juicio: Sota era “una de las corruptas más famosas en México”.
Afirmaciones tan graves se originaron en revelaciones periodísticas, como la difundida por Carmen Aristegui en agosto de 2013 (MVS Noticias). En ella, informó que Sota había favorecido con contratos por 45 millones de pesos a consultoras propiedad de amigos suyos que conoció en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Guadalupe Loaeza, por su parte, la encestó en el cajón de “las panistas” que “se la pasan denunciando a sus opositores de corrupción, tráfico de influencias, compra de votos y abuso de poder, cuando ellas pecan exactamente de lo mismo” (Reforma, 6 agosto de 2013).
Regreso al planteamiento inicial: ¿Por qué no llevó a juicio a ningún mexicano pero se lanzó contra Dolia en Estados Unidos? Alejandra da una explicación bien interesante en su demanda (los documentos son públicos): Las críticas en México no le causaron un “daño irreparable”, pues sus “clientes (mexicanos) potenciales” las calificaban de un “ataque político” motivado por intereses económicos (en la demanda en Estados Unidos, Sota acusa a MVS de usar sus micrófonos para defender negocios). Ello significa que las condenas en el exterior sí lastimaron sus negocios; afirmación que, por cierto, no demuestra.
Cuando dejó el gobierno, Alejandra estableció una consultoría llamada Integra, Metas Estratégicas (de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, ella posee 70% de las acciones). Le ha ido bien. Tengo documentado un contrato con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por 20 millones de pesos entre octubre de 2014 y octubre de 2016, y no ha desmentido la versión de que asesora a Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México. Sólo así puede explicarse que haya contratado a uno de los bufetes más caros de Estados Unidos: Boies, Schiller & Flexner, que habitualmente cobra 960 dólares la hora más gastos. Aunque se desconoce el arreglo y el monto oficial del depósito hecho por Sota, según The American Lawyer, oscila entre 250 mil y 5 millones de dólares.
El bufete Morrisson & Foerster defiende gratuitamente a Dolia por considerarla víctima de un hostigamiento contra su libertad de expresión, y porque es un ejemplo de la vulnerabilidad de los freelancers. El periodismo de investigación es costoso y son pocos los medios dispuestos a financiarlo, así que optan por los freelancers sin protección en casos de litigios como éste.
A todos los políticos les preocupa su “imagen”. No obstante, lejos de legitimarse con trabajo en beneficio de la sociedad, contratan a consultores que les digan cómo vestirse, expresarse y acercarse a los medios. Tengo la impresión de que entre ellos escasean los buenos profesionales y abundan los simuladores, quienes obtienen contratos millonarios porque reparten moches y alabanzas al “cliente”.
Tiempo después de que apareciera el texto de Dolia con la lista de los 10 mexicanos más corruptos, la Secretaría de la Función Pública exoneró a Sota de enriquecimiento ilícito, pero fue una investigación incompleta que reservó una buena cantidad de documentos. Nunca se aclaró si los contratos que Sota otorgó a las consultoras de sus amigos representaron un conflicto de interés ni fue evaluado el trabajo que hicieron.
En México abundan las denuncias por corrupción, malos manejos y conflictos de interés. En la inmensa mayoría de los casos terminan en el olvido, y quienes saquean los presupuestos siguen disfrutando de cuentas bancarias bien abastecidas. Si uno revisa la lista hecha por Dolia, sólo dos han sido acusados formalmente de corrupción (Andrés Granier y Elba Esther Gordillo). Los otros siguen enganchados al presupuesto. Ya sea porque lo ejercen (Carlos Romero Deschamps), lo disfrutan (Fidel Herrera, cónsul mexicano en Barcelona) o se benefician promoviendo la “imagen” de políticos y gobernantes (Alejandra Sota). Quienes los critican, en el mejor de los casos, son ignorados, pero también corren el riesgo de ser hostigados con demandas, amenazas y agresiones. En México, es peligroso el periodismo independiente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO AGUAYO (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422360
