César Duarte está feliz: el nuevo Procurador es íntimo amigo, dice abogado que reveló Banco Unión

Para el priista César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, la mejor noticia que ha recibido este año fue la del nombramiento de su “amigo íntimo” y también priista Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República, afirma el abogado y activista Jaime García Chávez, quien también es el autor de la denuncia contra el presunto enriquecimiento ilícito del ex mandatario local. Las dudas sobre la imparcialidad del nuevo Procurador para juzgar el caso de César Duarte son muchas, aun así García Chávez dice que en la entidad no se van a conformar con que el PRI lo expulse de sus filas, porque eso es lavarse la cara de la corrupción. En Chihuahua “lo que queremos es justicia real”, afirma.

El nombramiento del ex Senador priista Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República es preocupante para la investigación iniciada por corrupción al ex Gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez, consideró Jaime García Chávez.

El motivo, explicó el abogado que interpuso la denuncia de hechos por probable enriquecimiento ilícito contra el ex mandatario priista, es su relación de amistad con el hoy titular del Ministerio Público Federal.

“Creo que uno de los días más felices que ha tenido [Duarte Jáquez] Duarte este año es cuando nombran a su amigo [como Procurador General de la República]”, dijo García Chávez en entrevista vía telefónica a la ciudad de Chihuahua.

“Es un nombramiento impertinente, en general, para el combate a la corrupción; si Arely Gómez no tenía esas características, mucho menos las tiene este funcionario que, por otro lado, tiene gran cercanía con otro alto funcionario de la Presidencia de la República, y esto nos habla de que está a merced de lo que diga el poder”, agregó.

Raúl Cervantes Andrade, de acuerdo con su perfil en la página del Senado de la República, es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1997, partido en el que ha fungido como consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional.

Senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre pasado como Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez González, quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), acéfala desde la salida de Virgilio Andrade Martínez.

Cervantes Aguirre es además primo del actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y del Comisionado Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.


En 2015, su solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez.

“Es un puesto de 15 años sumamente importante en el orden jurídico”, dijo en noviembre pasado Samuel Kenny, entonces coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.

“Y nuestra preocupación, con base en la elección pasada, cuando fue electo [el ex Procurador General de la República] Eduardo Medina Mora, es que ni siquiera van a estar evaluados según estos criterios. Entonces no hubo debate, no hubo tiempos, no hubo participación de la sociedad civil, ni de los académicos y hasta podemos decir que fue una simulación de transparencia y de consulta”, agregó Kenny.

El nombramiento de Cervantes Andrade en la SCJN no se concretó pero, el pasado 26 de octubre, fue nombrado por el Presidente Enrique Peña Nieto como nuevo Procurador General de la República y ratificado por el Senado en los días siguientes.

UNA INVESTIGACIÓN EN RIESGO

De inmediato, García Chávez advirtió que estaba en peligro la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, iniciada a partir de la denuncia de hechos que él presentó el 23 de septiembre de 2014 por la participación del ex Gobernador en un Fideicomiso que lo hizo accionista del Banco Unión Progreso.

“Esa preocupación nace, con hechos objetivos, por la cercanía de Cervantes Andrade con el ex Gobernador, lo que en estricto rigor lo debería llevar a declinar del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”, escribió García Chávez en su página electrónica el 27 de octubre.

En entrevista, el abogado agregó que la investigación a Duarte cuenta con pruebas suficientes para ser consignada al Poder Judicial, por lo que en la próxima semana organizarán una protesta en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República exigiendo esta medida.

“Arely Gómez se condujo con gran falsedad, porque hace un año nos prometió en entrevista que tuvimos [el hoy Gobernador] Javier Corral y yo con ella, que se iba a acelerar, que se iban a dictar las diligencias para seguir la ruta del dinero, y fue un vil engaño: ella estuvo ahí nada mas haciendo que hacia y nunca hizo nada, lo que por otro lado, la mal recomienda que el encargo que Peña Nieto le ha hecho, porque no ha presentado resultados tangibles”, dijo García Chávez.

“Entonces, Arely Gómez ha defraudado a los chihuahuenses. Y ahora llega Raúl Cervantes, en primer lugar con el descaro de, siendo Senador, estar aspirando a ser Ministro de la Suprema Corte y luego Constituyente de la Ciudad de México, y aquí tiene la agravante de que ha sido abogado del PRI y, está documentado, tenemos testimonios de que es amigo íntimo de César Duarte; entonces, eso nos hace dudar muchísimo de su imparcialidad para conocer la causa de su amigo”, agregó.

García Chávez –quien busca se aclare la aportación de 65 millones de pesos que César Duarte hizo a un Fideicomiso y lo convirtió en accionista del Banco–, explicó que ex Gobernador declaró a PGR que invirtió el dinero después de que le hizo un donativo de 40 millones al hoy diputado federal Carlos Hermosillo (también señalado en la denuncia) y éste se los regresó.

“Entonces, Duarte toma sus 40 millones de pesos y luego (declara que) tiene otros 25 millones de ahorros, utilidades y demás, y de pronto tiene 65 millones de pesos en las manos y dice ‘¿qué hago? Creo un fideicomiso para ser accionista del banco’ que iba a crearse desde los tiempos que estaba en campaña”, dice García Chávez.

“Pero si revisamos las declaraciones patrimoniales que como servidores públicos están obligados a hacer, porque Hermosillo estaba en la Junta Central de Aguas, resulta que nunca declararon una operación de 40 millones de pesos (…) Si te regalo 40 millones de pesos, lo debo registrar notarialmente, pero esa es la defensa infantil que hace César Duarte”, agregó.

Sobre el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, señalado en la denuncia de hechos por tráfico de influencias y uso excesivo de atribuciones, “está más que acreditado con los depósitos hasta por 80 mil millones de pesos y el reconocimiento de que era accionista del propio banco donde estaban depositando el dinero público”.

Por tanto, insiste el abogado, hay elementos para consignar el caso y se hará la protesta ante la delegación de la PGR en Ciudad Juárez.

“Aquí no nos vamos a conformar con que los expulsen del PRI, que es lavarse la cara de la corrupción”, dijo García Chávez en relación a la demanda interna en el tricolor contra Duarte Jáquez y otros tres ex mandatarios.

“Lo que queremos es justicia real, que se le vincule a un procedimiento”, agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-11-2016/3110879

Edomex y OHL se contradicen: ambos se atribuyen máquinas del Viaducto Elevado

Tras la publicación del reportaje "EPN y los San Román: una amistad a costa del erario", el Gobierno mexiquense y la filial de la constructora en México se adjudicaron la propiedad de las máquinas de barreras móviles vendidas a través de una empresa propiedad de un amigo de Enrique Peña Nieto.

El gobierno del Estado de México y la empresa OHL México afirmaron, por separado, que son los legítimos propietarios de dos máquinas de barreras móviles que fueron adquiridas por la compañía de origen español para coadyuvar en la construcción del Viaducto Bicentenario.

La contradicción entre las autoridades mexiquenses y la constructora OHL se dio en diferentes correos electrónicos enviados a Aristegui Noticias con motivo de la elaboración del reportaje “EPN y los San Román: una amistad a costa del erario”, el cual documenta que la familia San Román Dunne creó una empresa con el fin de revender maquinaria a OHL al doble de su precio original, para utilizarla en el Viaducto Elevado.

En un correo enviado la noche del domingo por el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, Alejandro Echegaray Suárez, a Aristegui Noticias, se afirma que el sistema integrado por dos máquinas para colocar barreras móviles, tal y como se publicó en el reportaje, “pasó a ser propiedad” del gobierno estatal debido a la figura de contraprestación”.

La nota aclaratoria agrega que las dos máquinas que integran el sistema de gestión de tráfico ya está en manos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), un organismo descentralizado creado en 2001 para el manejo de la infraestructura de comunicación en dicha entidad federativa.

“El sistema de gestión del tráfico pasó a ser propiedad del Gobierno del Estado de México debido a la figura de contraprestación, una vez que el SAASCAEM reconoció la inversión del sistema de gestión de tráfico, y es el Gobierno del Estado de México quien puede utilizarlo en las vialidades que considere necesario para ayudar al mejoramiento del tráfico en la entidad”, explicó el gobierno de Eruviel Ávila.

Por su parte, OHL México afirmó que la adquisición del sistema de gestión de tráfico vehicular se hizo con recursos de la propia constructora, por lo que ambas maquinarias son de su propiedad. El correo electrónico fue enviado a Aristegui Noticias el pasado 27 de septiembre, previo a la publicación del reportaje.

“OHL México no ha realizado ninguna venta de dichas características al Gobierno del Estado de México. Esta fue una inversión realizada por parte de la empresa con recursos propios y son propiedad de la misma”, explicó la filial mexicana de la empresa.

Las dudas sobre la propiedad de las dos máquinas de barreras móviles no sólo se derivan de las contradicciones entre ambas partes. La propia maquinaria tiene los emblemas de la empresa contratista y de las autoridades locales en uno de sus costados.

En uno de los extremos, se pueden observar los círculos tricolores y el slogan “Compromiso, gobierno que cumple” que caracterizaron a la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador. En el otro extremo, se puede observar el logotipo de una figurilla prehispánica que forma parte de la imagen corporativa de OHL México.


El lunes, este medio envió una serie de nuevas preguntas al Gobierno de Eruviel Ávila y a OHL México, pero no se obtuvo respuesta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/edomex-y-ohl-se-contradicen-ambos-se-atribuyen-maquinas-del-viaducto-elevado/

Gobierno del Edomex confirma reportaje sobre Peña, OHL y los San Román

En un correo electrónico enviado a Aristegui Noticias, el Gobierno mexiquense confirmó los puntos revelados en el reportaje "EPN y los San Román: una amistad a costa del erario", aunque dejó varios cuestionamientos sin responder.

El gobierno del Estado de México envió un correo electrónico a Aristegui Noticias en el que confirma cada punto presentado en el reportaje EPN y los San Román: una amistad a costa del erario, publicado este domingo.

El comunicado, firmado por Alejandro Echegaray Suárez, coordinador general de Comunicación Social, incluye cinco puntos y una serie de fotografías de las máquinas, exactamente las mismas que se presentaron en el material periodístico.

Aristegui Noticias presenta los cinco puntos y algunas precisiones editoriales:

“1. La compra del sistema de gestión de tráfico fue realizada por la empresa OHL y no por el Gobierno del Estado de México; se hizo a petición de la autoridad para buscar alternativas que ayudaran a mitigar el tráfico en vialidades de la entidad”.

Así lo afirma el reportaje: la compra la hizo OHL, no el gobierno estatal. El objetivo de las barredoras era “operar desde el inicio de la construcción y como parte del proyecto en su primera etapa”, como dicen las bases de licitación del viaducto elevado y no “buscar alternativas que ayudaran a mitigar el tráfico en vialidades de la entidad”, como ahora dice el comunicado.

“2. Ni el Gobierno del Estado de México ni el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) conocen ni conocieron quiénes son los dueños de la empresa que vendió el sistema de gestión de tráfico, conocido como Barrier System, a la empresa concesionaria OHL”.

Precisamente, el reportaje revela que Barrier System de México fue la empresa creada por un integrante de la familia San Román, cercana al presidente Enrique Peña Nieto en su vida personal, para vender el sistema al doble de su precio original.

“3. En la nota se hace referencia a la compra de un equipo a la empresa Barrier System de México SA de CV; sin embargo, le informo que fueron dos los sistemas de barreras que fueron adquiridos, mismos de los que le anexo fotografías.”

El reportaje indica claramente que el sistema está integrado por dos máquinas. El gobierno mexiquense usa los mismos términos (sistema, para referirse a las dos máquinas)  en el punto cuatro de su comunicado.

“4.- El sistema de gestión del tráfico pasó a ser propiedad del Gobierno del Estado de México debido a la figura de contraprestación, una vez que el SAASCAEM reconoció la inversión del sistema de gestión de tráfico, y es el Gobierno del Estado de México quien puede utilizarlo en las vialidades que considere necesario para ayudar al mejoramiento del tráfico en la entidad”.

El gobierno mexiquense no aclaró cómo se implementó la figura de contraprestación; aunque la convocatoria dice claramente que el sistema se utilizará para el Viaducto Bicentenario, que es una concesión para “construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento”.

“5.- Actualmente se analizan opciones para utilizar el sistema de barreras móviles, tanto en el Circuito Exterior Mexiquense como en otras vialidades donde se tienen las necesidades y condiciones para su operación, como se hizo en el Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periférico norte), utilizándolo durante la construcción del “Viaducto Elevado” para apoyar el flujo vehicular en la zona.”


En su respuesta, el Gobierno no argumenta por qué en 2009 modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense para otorgar a OHL un monto adicional de hasta 500 millones de pesos para adquirir sistemas de control de tráfico requeridos para otra obra, es decir, para la construcción del Viaducto Bicentenario. No queda claro el sustento legal para ligar dos concesiones diferentes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/gobierno-del-edomex-confirma-reportaje-sobre-pena-ohl-y-los-san-roman/

EPN y los San Román: una amistad a costa del erario

Una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 mdp y en México se pagaron 485 mdp con recursos entregados por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Enrique Peña Nieto es un político que gusta mezclar negocios públicos con relaciones personales. En la biografía del mandatario no está sólo la ‘”casa blanca” y  el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con sus millonarios contratos. Otras historias rozan al mandatario. Ahora, su amistad y compadrazgo con la familia San Román, del Estado de México, apuntan al Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la controvertida constructora española OHL.

El 27 de diciembre de 2005, cuando llevaba unos meses como gobernador del Estado de México, Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, como reveló The Wall Street Journal en enero de 2015.

El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.

Ese mismo mes, la cercanía de Peña Nieto con la familia San Román escaló a un compadrazgo bajo las leyes de la Iglesia católica: Roberto San Roman Dunne, hijo de San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del ahora presidente.


La revista Quién difundió, aquel mes, una foto de la ceremonia oficiada en la diócesis de Atlacomulco. La recepción incluso se llevó a cabo en los jardines del Hotel del Rey en Ixtapan de la Sal, propiedad de los San Román.

En octubre de 2007, el Gobierno mexiquense lanzó la licitación para construir una de las obras emblemáticas de la administración de Peña Nieto: el Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado, que corre sobre el Anillo Periférico Norte.

La obra fue ganada por la española OHL, en abril de 2008. Una de sus obligaciones como parte de la concesión era adquirir y operar dos barreras móviles que permitieran modificar  el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto para aligerar la carga vehicular en horas pico.

Dicho equipo fue suministrado por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, uno de los corporativos del magnate norteamericano Warren Buffet.

Sin embargo, OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial.

Esa razón social fue registrada en diciembre de 2007 en la Ciudad de México, unas semanas después de que el Gobierno de Peña Nieto publicó la licitación para construir el Viaducto Elevado.

Uno de los dueños de la empresa pertenece a la familia San Román.

Las máquinas vendidas por Barrier Systems a la empresa de San Román tuvieron un precio de 19.6 millones de dólares, unos 240 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El precio que OHL pagó por la maquinaria a la empresa de los amigos de Peña Nieto, fue de  485 millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa.


Es decir, las mismas máquinas fueron pagadas al doble del precio original.

La licitación

El 23 de octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno mexiquense, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, lanzó las bases de licitación para construir el Viaducto Elevado, del Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Un requisito de la licitación, decía: “Desde el inicio de la construcción y como parte del Proyecto en su primera etapa, se deberá adquirir y poner en operación dos unidades vehiculares ‘removedoras de barrera intercarriles’, incluidas dichas barreras (…) que permitan manipular el sentido de circulación vehicular en carriles de contraflujo”. El propósito era aligerar el tráfico durante las horas pico.

Una de las empresas que se registró en la licitación, fue la española OHL. Esta compañía ya había ganado, en 2003, otra de las grandes obras realizadas en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense.

Sin embargo, ésta última empresa con esa razón social, no existe. Tampoco aparece como una subsidiaria o representante oficial de Barrier Systems, en Estados Unidos.

En realidad, OHL compró las barreras móviles a la empresa Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne y sus socios Jorge Antonio Huau Rachner y Alberto Chapa García.


Dicha empresa, de acuerdo con el Registro de Comercio de la Ciudad de México, fue creada el 11 de diciembre de 2007, siete semanas después de que el Gobierno mexiquense lanzó la licitación.

A través de un correo electrónico, la española confirmó a Aristegui Noticias la operación: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V.”.

La compañía agregó que no tenía conocimiento “sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems”, de Estados Unidos.

El 18 de abril de 2008, el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México declaró ganador a OHL del concurso público para construir el Viaducto Bicentenario.

La concesión de la vía rápida a favor de OHL tiene una duración de 30 años, es decir, concluirá en 2038. La inversión para la construcción y operación de la obra, de acuerdo con el fallo, es superior a los 15 mil millones de pesos.

Desde antes que se lanzara la licitación, el entonces titular de transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo a El Universal:

“El proyecto contempla una barrera móvil en la parte baja para los que vienen de Cuautitlán hacia el Toreo puedan circular con mayor rapidez. Pensamos abrir un carril adicional con una barrera móvil que va a ser a cargo del proyecto; es una máquina que cuesta bastante carito y que va moviendo la barrera en 15 minutos a una velocidad muy rápida y abre un carril adicional para los coches que vienen de allá para acá”.

Ruiz Esparza actualmente es el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.

Los reportes en EU de Barrier Systems

Barrier Systems de Estados Unidos propiedad del magnate  Warren Buffet emite reportes públicos trimestrales en EU. En los informes correspondientes a 2009, dio cuenta de una operación en México.

“Se ha adjudicado un contrato por aproximadamente el 19.6 millones de dólares para proveer máquinas de barrera y barrera de transferencias móviles para un tramo de una autopista en la Ciudad de México”, dice un reporte de abril de 2009.

En ese mismo comunicado, se informó que Rick Parod, presidente y jefe ejecutivo de Lindsay Corporation de la cual es subidiaria Barrier, expresó: “Estamos encantados con la oportunidad de ofrecer una solución, en parte, a los problemas de congestión del tráfico que enfrenta la Ciudad de México.

La compra de las barreras móviles se retrasó durante los siguientes meses. En julio, la empresa reportó: “El proyecto de barrera móvil de la Ciudad de México continúa retrasado hasta la resolución de problemas entre el contratista y el gobierno local. En este punto, la Compañía no puede estimar cuándo o si se resolverán los problemas entre el contratista y el gobierno local”.

El 19 de agosto de ese mismo año, la empresa dio a conocer que había recibido el depósito inicial del proyecto en México y esperaba comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2010.

Pero el depósito coincidió con un movimiento que realizó Gerardo Ruiz Esparza a favor de OHL para el Circuito Exterior Mexiquense.

El Circuito Mexiquense y OHL

El 7 de agosto de 2009, doce días antes de que Barrier Systems, en Estados Unidos, recibiera el anticipo pactado por las barreras móviles, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, firmó el acuerdo 01/2009 con OHL, CON  el cual modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

Bajo este acuerdo, el Gobierno de Peña Nieto entregó como contraprestación un total de 850 millones de pesos a favor de OHL, los cuáles se etiquetaron así: 500 millones para la “adquisición de maquinaría especializada para la gestión de tráfico”.

Todo indica que OHL pudo haber adquirido las barreras móviles con los recursos que le autorizó el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, a cargo del Circuito Exterior Mexiquense y, en consecuencia, a los usuarios de esa vía rápida y al erario mexiquense.

Los otros 350 millones de pesos que dio el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por el hoy presidente, fueron usados por OHL para construir el Museo Torres Bicentenario, en el Paseo Tollocan, de Toluca. Esta obra fue construida por Grupo Higa, el consorcio que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto.

Un reporte de Lindsay Corporation y Barrier Systems, en Estados Unidos, dio cuenta que la entrega de las barreras móviles concluyó en 2010: “Las ganancias de infraestructura aumentaron principalmente debido al aumento de ingresos de las barreras móviles, como resultado del proyecto de carretera de la Ciudad de México completado en la primera mitad del año fiscal 2010”.

Aristegui Noticias tiene en su poder la lista de pedimentos de importación entre Barrier Systems, de EU, y la empresa llamada casi igual propiedad de San Román. La empresa estadounidense estuvo enviando pieza por pieza las partes de las barreras móviles a lo largo de 2009 y 2010.

Las máquinas, en el olvido

En mayo de 2015, el diario El Universal dio cuenta que las máquinas compradas por OHL, a través de la concesión del Viaducto Bicentenario, estaban en el olvido.

La nota daba cuenta de las declaraciones hechas, en 2009, por el Manuel Ortíz García, entonces director estatal de aeropuertos y autopistas de cuota del Estado de México. El funcionario declaró: “El removedor barrera tuvo un costo de 400 millones de pesos,. (…) Estos removedores sólo operaron de forma fugaz en la zona de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Naucalpan nunca operaron para ampliar carriles de circulación en horas pico”.

El texto del periódico incluso dio cuenta que en 2014, el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, aseguró que la maquinaría pertenecía al Gobierno mexiquense y pedía a OHL que lo entregara.


Unas fotos entregadas a Aristegui Noticias daban cuenta que las máquinas estaban abandonadas en un bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense, en la zona de Ecatepec, muy cerca del Centro Comercial Las América.

Días después,  este medio acudió a la zona, pero ya estaba rodeada por una valla y en el interior sólo quedaba una máquina.

Para este reportaje se consultó a Barrier Systems de Estados Unidos, al Gobierno mexiquense y a la familia San Román, pero no han dado respuesta.

La empresa española dijo: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. Sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems (de EU)”.

La oficina de Ruiz Esparza, en la SCT, informó: “La adquisición de las máquinas especializadas para la gestión de tráfico, fue derivada de la necesidad de contar con equipos para mover barreras separadoras de carriles y poder hacer carriles reversibles o en contraflujo en cualquier vialidad donde fuera necesario, con el fin de garantizar un tránsito más ágil”.

Aunque el acuerdo 01/2009 fue firmado por Ruiz Esparza, su oficina dijo que “la modificación a la concesión y los equipos son responsabilidad del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM)”.

La piedra de la corrupción

En julio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció disculpas a los ciudadanos por la compra de la casa blanca, de Sierra Gorda 150, a un contratista de su Gobierno. Aseguró que cometió actos que lastimaron a la investidura presidencial.

Apenas este miércoles 28 de septiembre, durante su participación en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, Peña Nieto volvió a pronunciarse sobre la corrupción:

“El tema de la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar para beneficio de una sociedad que repito es más exigente”.

Sin embargo, hasta ahora se desconocía que la familia San Román, a la cual Peña Nieto está unido por amistad y compadrazgo, resultó beneficiada con un negocio millonario, soportado con  recursos públicos a través de una triangulación de recursos entre la española OHL y el Gobierno del Estado de México, cuando él fue gobernador .


La  familia San Román es la misma que vendió a Peña Nieto una residencia en un club de golf en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde suele descansar los  fines de semana, al lado de su familia y  amigos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: RAFAEL CABRERA, IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/epn-y-los-san-roman-una-amistad-a-costa-del-erario/

Morena y PAN exigen que Gamboa aclare sus asuntos con amigos contratistas del Gobierno

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) preparan puntos de acuerdo que serán presentados el próximo martes en el pleno de la Cámara de Diputados, para exigir una investigación en torno a los posibles conflictos de interés entre Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor en el Senado de la República, y los empresarios involucrados en el aterrizaje ilegal en un área natural protegida.

Mientras que los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC) afirmaron que apoyarán las iniciativas que propongan investigar los contratos otorgados a las empresas del dueño del helicóptero y a Grupo Dicas, pues su presidente, Emilio Díaz, también iba a bordo junto con el funcionario Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puerto y Marina Mercante.

“El martes vamos a presentar un punto de acuerdo porque, independientemente de que aterrizó en un área natural protegida, es el tráfico de influencias de políticos y empresarios; donde muchas veces los políticos usan a estos empresarios de fachadas para que actúen como presta nombres y socios”, dijo Rocío Nahle García, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.


La legisladora precisó que Morena solicitará a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Nación investigar si el Senador está involucrado en tráfico de influencias con los empresarios, y si las empresas recibieron contratos a modo, sin licitación.

Hoy, la Unidad de Datos de SinEmbargo publicó que dos de las empresas del dueño del helicóptero en donde viajaba Gamboa Patrón-quien recibió una multa de dos millones de pesos por el aterrizaje de la aeronave propiedad de la compañía Heliservicio, S.A. de C.V – ha obtenido en 10 años contratos por 6 mil 847 millones a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (Sener), Pemex Exploración y Producción y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT ).

Además, Francisco Javier García Bejos, recién nombrado Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es sobrino de Jesús Alfredo Miguel Afif.

Marko Cortés Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, adelantó en entrevista que los panistas también presentarán un punto de acuerdo el próximo martes, donde solicitarán que se investigue si existe otro tipo de responsabilidad, además de aterrizar en un lugar prohibido.

“No tiene de malo que tengas cualquier tipo de amistad, lo que sí tiene de malo es que se aproveche un cargo público para tener un beneficio personal, cuando se están beneficiando a empresas con contratos millonarios como el caso de La Casa Blanca. Debe realizarse una investigación a fondo de qué fue lo que pasó y sancionarse a quienes tengan responsabilidad”, explicó.

La Diputada panista Margarita Alemán Olvera, miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, agregó que la bancada del PAN exigirá que se investigue al proveedor y los contratos que tiene con el Gobierno federal.
“Vamos a pedir que se realicen las investigaciones y se sancione al funcionario y al proveedor”, dijo.

PRD Y MC SE SUMARÁN A LOS PUNTOS DE ACUERDO


Los coordinadores de las bancadas del PRD y MC confirmaron a SinEmbargo que apoyarán los puntos de acuerdo que presenten las otras bancadas opositoras; si se trata de exigir una investigación a fondo en el caso Emilio Gamboa y el aterrizaje en Yucatán.

Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que la información que se ha publicado durante la última semana, lleva a la “necesidad de escarbar el asunto”.

“Estamos notando que hay conflicto de interés y que no se trata de un aventón que se le dio a alguien: se trata de un conjunto de vínculos de una familia que está utilizando los recursos de otros con quienes se mantienen relaciones de construcción de obra”, explicó.

Martínez Neri precisó que la Auditoría Superior de la Federación debe investigar, porque se trata de un asunto de “salud pública” con “visos de corrupción”.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, dijo que lo sucedido el domingo pasado en Yucatán es un claro caso de abuso de autoridad por parte de Emilio Gamboa.

“Es justo lo que reprueban los ciudadanos de los políticos que, haciendo gala de su fuero, tengan comportamientos de este tipo. La Función Pública tiene que esclarecer si hay algún tipo de vínculo o de favoritismo a estos empresarios. Necesita investigarse cuáles son sus contratos, y si fueron asignados de forma transparente”, consideró.


Para el legislador se debe investigar tráfico de influencias, por lo que afirmó, el partido MC apoyará los puntos de acuerdo que presenten otras bancadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-10-2016/3101991

Juez y parte: diputado que legisla a camiones de doble remolque tiene una empresa de transporte

El diputado Alfredo Rodríguez Dávila, presidente de la comisión que discutirá la prohibición o regulación de los camiones de doble remolque, es dueño de una empresa transportista; el IMCO advierte un conflicto de interés del legislador panista.

Alfredo Rodríguez Dávila es presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo es dueño y director de la empresa Corsa Transportes, dedicada al traslado de mercancías en vehículos pesados, incluyendo de doble remolque.

En las semanas próximas, los legisladores debatirán la prohibición o regulación de los camiones de doble remolque y Rodríguez Dávila será uno de los encargados del cabildeo con los empresarios, participará en los foros de consulta y si la iniciativa llega al pleno de la Cámara de Diputados, votará.

En entrevista con Animal Político asegura que su voto “será igual de válido que el de cualquier otro diputado” y su posición como parte de la industria y al mismo tiempo como un legislador que definirá una nueva normatividad, no supone un conflicto de interés.

El debate sobre la pertinencia de los camiones doble remolque en las carreteras mexicanas surgió nuevamente debido a accidentes provocados por este tipo de vehículos en el último mes y que han dejado muertos y heridos. Diputados y senadores han presentado iniciativas para prohibir la circulación de dichos automotores y el próximo 19 de octubre iniciará un foro de análisis sobre el tema.

El diputado Rodríguez Dávila ha recibido a los empresarios transportistas, pero no estuvo en la reunión con los ciudadanos que impulsan la prohibición. Como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados será un actor activo en las discusiones, pero cualquier decisión, dice, “será por consenso”.

El diputado panista ha llevado su carrera política y empresarial a la par. En 1999 fue coordinador en las precampañas del PAN a la presidencia municipal de Monterrey y ha sido legislador local y federal; desde 1996 es propietario y dirige la empresa Corsa Transportes, establecida en Nuevo León, de donde es originario.

Según la página de internet de la empresa de carga, da “servicio en plataformas y equipo especializado como Step Decks y Double Drops”, con lo cual cumplen las necesidades de los clientes para el “traslado de mercancía tanto con exceso de dimensiones como en carga Legal”.

La empresa opera en México, Estados Unidos y Canadá con “250 remolques propios y 90 tractocamiones” y entre sus clientes están las siderúrgicas Deacero, Ternium y Villacero; la empresa proveedora de autopartes automotrices, Metalsa; Prolamsa, dedicada a la fabricación de productos laminados, y Prolec, fabricante de generadores eléctricos, entre otras.

Corsa Transportes forma parte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), organizaciones involucradas en el debate sobre los camiones de doble remolque.

– ¿Ve un conflicto de interés en esto?

– El conflicto de interés sería inverso. Porque si se eliminan los doble remolques habría más trabajo para los transportistas. La perspectiva que se pudiera tener es estar apoyando que se eliminaran porque se necesitarían el doble de camiones pero estamos aquí con el interés de hacer lo mejor para el país.

– ¿Es posible estar en ambas líneas y en este caso, en algo que se va a legislar?

– Todos los que participan liderando comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados normalmente deben tener un conocimiento amplio de lo que se está planteando. ¿Quién preside las comisiones de salud? Los doctores; en la de educación, maestros; en medio ambiente, especialistas. Es una práctica en todo el mundo, no solamente en esta cámara y esta comisión. Si hablamos de una reforma electoral o transparencia podríamos llegar al ridículo de que nadie puede llegar a legislar porque todo mundo vota.

Con este argumento, descartó retirarse del debate que se intensificará en los próximos días en ambas cámaras.

En tanto, el diputado panista Jorge López, secretario de la comisión de Transporte y autor de la iniciativa para prohibir el doble remolque en la Cámara de Diputados, asegura que Rodríguez Dávila debe continuar en la discusión y darle “un voto de confianza”.

Aunque tenga actividades privadas, el legislador debe privilegiar el interés social. “Si en la actividad legislativa de día a día se acredita que los legisladores estamos defendiendo el interés de los ciudadanos, no vería ningún conflicto de interés. A las pruebas nos debemos remitir y yo daría un voto de confianza respecto a esta y otras iniciativas”, afirma López.

¿Conflicto de interés? 

Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que en este caso, el diputado debería “excusarse” del proceso legislativo y privilegiar el interés público.

“El conflicto de interés no es un acto irregular, pero es una situación de riesgo, por eso se trata de evitar. No queremos que haya conflicto de interés porque normalmente cuando lo hay, lo que pasa después es un acto de corrupción”, asegura en entrevista.

Kaiser, integrante de la International Anti Corruption Academy, considera que “la salida más adecuada en este caso sería que el diputado no participara en la discusión porque si se privilegia en un sentido o en otro, la decisión quedará manchada y se trata de proteger a las instituciones”.

El IMCO fue una de las organizaciones que impulsó la Ley 3de3 que buscaba que todos los funcionarios públicos difundieran su declaración patrimonial, fiscal y de interés, para que la ciudadanía conociera sobre los bienes que poseen, los impuestos que pagan y las actividades adicionales a la labor pública que realizan.

El julio próximo entrará en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé la figura de conflicto de interés y, en casos como este, existirá una comisión que analice la situación y determine si un funcionario público debe participar o excusarse de algún proceso donde persista un conflicto de intereses y pueda derivar en un acto de corrupción.


Por lo pronto, ninguna legislación obligaría a algún funcionario de abstenerse de participar en procesos donde converjan sus intereses particulares y públicos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/diputado-doble-remolque-empresa-transporte/

Los 3 amigos: Un nuevo petrolero, un Senador de gran poder y un burócrata que “no tiene bienes”

Eran tres: Emilio Gamboa Patrón, Guillermo Ruiz de Teresa y Emilio Díaz Castellanos. El helicóptero en el que viajaban el fin de semana pasado aterrizó en Isla de Alacranes, un Área Natural Protegida. El video de los hombres descendiendo del vehículo fue difundido en redes sociales y el coordinador del PRI en el Senado de la República se vio forzado a ofrecer disculpas. La explicación oficial señala que se trataba de una reunión entre amigos, pero queda la duda: ¿qué hacían juntos un funcionario federal, un Senador y un empresario?

Al empresario Emilio Díaz Castellanos la suerte le sonrió conforme su amigo de la juventud, Emilio Gamboa Patrón, se encumbraba en la política nacional. Obras en Yucatán y servicios prestados a dependencias gubernamentales componen el portafolio de sus empresas.

En 2014 se asoció con Vicente González Dávila, director de la empresa Geo Estratos y sin experiencia previa en el sector energético, Díaz Castellanos incursionó en el sector petrolero, pues en alianza con González Dávila obtuvo cuatro contratos en la tercera licitación de la Ronda Uno de la Reforma Energética, realizada el año pasado.

Gamboa Patrón, coordinador de los senadores priistas, ha sido un promotor de la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto antes y después de su aprobación en el Congreso.

“El Presidente Enrique Peña Nieto ha tenido la templanza y el liderazgo para tomar una decisión valiente, necesaria, que genera posiciones encontradas al proponer un cambio de paradigma de hondo calado. Pero es hora de hacer una nueva historia, que proyecte al país hacia el futuro brindando mayores oportunidades de crecimiento y generando más empleos y mejor remunerados, con miras a alcanzar el desarrollo que todos los mexicanos esperamos y merecemos”, argumentó públicamente el legislador del tricolor.

En tanto, la Inmobiliaria Hotelera Montecristo, una de las empresas que conforman el Grupo Dicas, propiedad de Díaz, ha ganado además 12.6 millones de pesos por la prestación de servicios a dependencias federales desde 2005.

Esta amistad, cultivada durante cuatro décadas, nunca ha estado oculta.

En Yucatán, Emilio Díaz es visto en medios de comunicación y en el sector empresarial como “prestanombres” del Senador priista. Él, a través de Grupo Dicas, ha incursionado en las industrias automotriz, turística, inmobiliaria, financiera, de infraestructura y, desde 2014, en la energética. Sin experiencia previa en este sector, el empresario logró ganar cuatro de los 25 contratos licitados el año pasado en la Ronda Uno.


Díaz Castellanos invitó a dos amigos a pasar el fin de semana en una isla del Golfo de México. Díaz rentó un helicóptero que aterrizó en un Área Natural Protegida. El video que muestra a tres personas descendiendo de la aeronave para abordar un yate fue difundido en redes sociales y el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado se vio forzado a ofrecer una disculpa pública por “el error cometido por el helicóptero”.



Además del Senador, en la filmación se observa también cómo Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, funcionario federal, aborda un yate.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que Ruiz de Teresa es Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, explicó que el funcionario asistió a la reunión a título personal porque Emilio Díaz Castellanos y él son amigos desde hace varios años.

El otro amigo, muy cercano, es el propio Gamboa Patrón.

“Atendiendo a la invitación de mi amigo Emilio Díaz Castellanos, para pasar el fin de semana en la Isla Alacranes, abordamos el pasado viernes en la tarde un helicóptero que él rentó para trasladarnos a ese lugar, y cuando aterrizamos, me subí al barco de Emilio Díaz Castellanos”. Así explicó el Senador Gamboa el aterrizaje de ese helicóptero en un arrecife catalogado como Área Natural Protegida. Así, también, hizo público que Díaz Castellanos es su amigo.

EMILIO DÍAZ CASTELLANOS: EMPRESARIO CON SUERTE

Grupo Dicas fue constituido en 1975. Está compuesto por 30 empresas y genera más de mil 500 empleos directos en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Esto de acuerdo con el sitio web de la compañía.

Sobre Grupo Dicas es posible conocer que ha incursionado en sectores tan diversos como el automotriz, el financiero, el inmobiliario, el turístico, el de infraestructura y recientemente el energético. No obstante, el nombre de cada una de las tres decenas de empresas que dice poseer no es información accesible.

Se puede saber, por ejemplo, que el consorcio es propiedad de Emilio Díaz Castellanos. También que una de las empresas que lo conforman es la Inmobiliaria Hotelera Montecristo, información que fue corroborada a SinEmbargo por empleados de Grupo Dicas vía telefónica.

La Inmobiliaria Hotelera Montecristo ha obtenido, entre 2005 y 2016, 43 contratos con dependencias federales de acuerdo con la información alojada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Gobierno federal. De estos, 30 fueron concedidos por adjudicación directa. La empresa cobró, en total, 12 millones 657 mil 560 pesos por contratos con el objetivo de prestar servicios de logística, organización de eventos, coffee breaks y capacitación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Compañía Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional del Agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) son las entidades que han contratado los servicios de la empresa durante los últimos 11 años.

El Yucatán Country Club, uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos y exitosos del estado, también está ligado al empresario. En el Consejo de Administración, Díaz Castellanos es socio de Mario Gamboa Patrón, hermano del Senador priista.

La ruta del empresario Díaz Castellanos, por años se mantuvo en el sector turístico y hotelero, pero en 2014, con la Reforma Energética en puerta, sus negocios dieron un giro y encontró un nuevo objetivo que alcanzó rápido gracias a la empresa Geo Estratos.

En ese año, Díaz Castellanos anunció una alianza con la empresa Geo Estratos, de Vicente González Dávila, para construir el Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía en Mérida, Yucatán. Se trata de una universidad privada especializada en el desarrollo energético. Previo a ello, Geo inauguró el Centro de Investigación de Crudo Extrapesado y Recuperación Mejorada (Cicerm), primer sitio dedicado a generar conocimiento para la extracción de este tipo de hidrocarburos, que contó con una inversión de 150 millones de pesos.

De 2003 a 2005, Geo Estratos brindó servicios a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción. Por nueve contratos que celebró con esa filial de Petróleos Mexicanos, ganó 55 millones 849 mil 802 pesos.

Con Díaz Castellanos dentro de la sociedad, Geo Estratos fue una de las principales ganadoras de las rondas de licitación de hidrocarburos. En la Ronda Terrestre y Extracción, se hizo de cuatro proyectos en Veracruz: Pontón, campo del que podrán extraerse 7 millones de barriles de aceite y 6 mil millones de pies cúbicos de gas; Tecolutla, que tiene una producción acumulada de 2 millones de barriles de aceite y 2 mil millones de pies cúbicos de gas; La Laja, que a inicios de 2015, tuvo una producción de 200 mil barriles de aceite y 100 millones de pies cúbicos de gas, y Paso de Oro, que cuenta con un volumen original en sitio de 500 mil barriles de aceite y 400 millones de pies cúbicos de gas. Para la realización de esos proyectos anunció una inversión de 250 millones de dólares.

En cada una de las licitaciones, Geo Estratos no tuvo más de dos competidores.


GUILLERMO RUIZ DE TERESA: FUNCIONARIO OPACO

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que Guillermo Ruiz de Teresa acudió a la reunión celebrada en Arrecife Alacranes en Yucatán no como funcionario, sino como amigo de Díaz Castellanos.

El funcionario encargado de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2013, cuando era Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Durante tres años, en los dos cargos públicos que ha ostentado, presentó este documento en seis ocasiones. En ninguna de ellas estuvo de acuerdo con hacer pública su declaración de posible conflicto de interés. Lo único que ha divulgado es su trayectoria académica y experiencia profesional.

Ruiz de Teresa tampoco hace públicos sus bienes patrimoniales, lo que significa que no es posible saber si las condiciones en que vive corresponden a su salario actual: 175 mil 828 pesos mensuales. Además, el funcionario no aclara si esa es su única percepción o tiene, además, ingresos por actividades industriales, comerciales, financieras u otras.

Su trayectoria, que sí es pública, inició en 1976, en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Luego pasó a la Subdirección Comercial de Azúcar, dependiente de la Secretaría de Energía. En 1989 llegó por primera vez a la SCT como Subdirector General de Planeación y Desarrollo; estuvo dos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y regresó a la SCT para ser Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Antes de ocupar cargos políticos dentro del PRI, estuvo en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde fungió en 1998 como Secretario Particular del Secretario y Coordinador General de Protección Civil.

En la iniciativa privada, Ruiz de Teresa es actualmente Presidente de Promotora de Desarrollos Industriales S.A. de C.V., empresa enfocada en otorgar servicios de ingeniería y construcción, y de Promotora del Desarrollo y Capacitación Estratégica S.A. de C.V.


Durante su paso actual como funcionario de la SCT, de los 12 proyectos que se han realizado en su área, con motivo del Plan Nacional de Infraestructura, 11 se han llevado a cabo en el sureste mexicano; el otro se operó en Tamaulipas. Estos proyectos forman parte de la estrategia de la SCT para dotar de infraestructura a los puertos y facilitar la puesta en marcha de los proyectos de la Reforma Energética.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ALEJANDRA PADILLA DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-10-2016/3100374

Peña Nieto y sus “amigos” generosos

CIUDAD DE MÉXICO: En menos de 20 segundos, Enrique Peña Nieto se lanzó hasta el fondo de la fosa de clavados cuando el conductor del noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga, le preguntó sobre el reciente escándalo del departamento rosa de su esposa Angélica Rivera, en Miami, y el pago de casi 30 mil dólares de impuesto predial realizado por el empresario Ricardo Pierdant.

Peña Nieto ya había dicho, indignado, que la nota de The Guardian era “una calumnia” y que “es completamente falso que mi esposa tenga otra propiedad en Miami”. Sin embargo, no resistió la tentación de hacer la siguiente explicación en sus declaraciones televisadas el lunes 15:

“Te repito, es un amigo que está allá y que, efectivamente, le hizo un favor (a Angélica Rivera). En una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad, en una única ocasión, porque mi esposa estaba aquí, le dijo: ‘oye, puedes cubrir el impuesto predial, yo te lo cubro aquí’, como de hecho ocurrió…

“Esto acontece, es una relación común, ordinaria, que puede pasar entre quienes son amigos y vecinos”, se jactó el primer mandatario mexicano, que quizá ignora que el 99.9% de los mexicanos no tienen amigos que les paguen los impuestos prediales, menos poseen propiedades en Miami que valen más de 2 millones de dólares y tampoco son amigos del presidente de la República en un sistema político tan “amistoso” como México.

Si la entrevista con López Dóriga, en el ocaso de su noticiero en Televisa, pretendía ser un “control de daños” al escándalo producido la semana anterior, o si Peña Nieto buscaba demostrar claridad y contundencia en vísperas de su cuarto informe de gobierno, el efecto logrado fue exactamente el inverso.

De entrada, Peña Nieto cometió cuatro errores de comunicación política y una grave irregularidad jurídica:

1. En primer lugar, dejó muy mal parado a su propio vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien calificó la nota como “una especulación a todas luces dolosa” y criticó aThe Guardianpor “orientar a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la verdad”.

Sánchez negó que Rivera tuviera su “hogar” en los dos departamentos señalados por The Guardian, pero Peña Nieto confirmó que su esposa y Ricardo Pierdant son vecinos y que él es su amigo. Sánchez negó que Pierdant fuera contratista, algo que el primer mandatario confirmó, pero el vocero evadió señalar algo en relación con el documento que acreditaba el pago de impuesto predial.

Al confirmar Peña Nieto su amistad con Pierdant y que éste, “amigo” de sus tiempos en la Universidad Panamericana, le pagó a Rivera el impuesto predial de su departamento, simplemente transformó la “especulación” y la “calumnia” en una nota veraz, al menos en este punto muy delicado.

2. En segundo lugar, el mandatario no resiste mostrarse molesto ante las cámaras de Televisa. Halaga el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero comunica hartazgo y furia con los medios y periodistas que investigan sus propiedades y las de Angélica Rivera. Incluso se enoja porque los mortales mexicanos no entiendan que todo es un error de “percepción”. Insiste Peña Nieto en creer que sólo es un problema de percepción cuando son hechos que él mismo ha validado.

3. Peña Nieto sigue peleándose con un fantasma cuando el gigante lo tiene al lado: sus “amigos” y sus favores, que constituyen un presunto conflicto de interés, porque estamos hablando del primer mandatario de la República y no sólo de un ciudadano común, hijo predilecto de Atlacomulco.

Primero fue el escándalo de Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, intermediario financiero e inmobiliario de Angélica Rivera en la Casa Blanca (según la versión oficial para “corregir” el reportaje del equipo de Carmen Aristegui), y de Luis Videgaray y su mansión en Malinalco, que cubrió a una tasa de interés inaccesible para la mayoría de los mexicanos; luego, Roberto San Román Widerkher, quien le vendió a precio de ganga una casa en Ixtapan de la Sal que no correspondía con su entonces nivel de ingresos como gobernador del Estado de México, y ahora Ricardo Pierdant, quien amablemente paga 30 mil dólares de impuesto predial a la esposa de Peña. ¿A cambio de qué? Simple amabilidad, nos dice el presidente.

4. Para atajar rumores, percepciones y contradicciones en sus dichos y los de su propio vocero, el gobierno de Peña Nieto debe entregar la prueba de que se le reembolsaron los casi 30 mil dólares a Pierdant y que las empresas de éste no tienen ninguna relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Cuando Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue consultado sobre este caso, el exfuncionario mexiquense afirmó que no era necesario “rascar”, ya que los arreglos entre particulares “no son motivo de conflicto de interés” para el primer mandatario, según una versión manejada al interior del gobierno federal. Error garrafal.

Irregularidad jurídica

Por otro lado, Peña Nieto abrió las compuertas para que se investigue una posible violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en 2014, cuando se realizó el pago del “favor entre vecinos”, señalaba claramente en su fracción XII que los servidores públicos debían:

“Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o interpósita persona, dinero, bienes muebles e inmuebles, mediante enajenación a precio inferior al que tenga el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí o para las personas a las que se refiere la fracción XI (esta fracción incluye a cónyuges y familiares consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado), que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

La misma fracción XII del artículo 8 que estaba vigente definió como “intereses en conflicto” cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

En su respuesta a The Wall Street Journal, que en enero de 2015 publicó la mansión de Ixtapan de la Sal de Peña Nieto, el vocero Eduardo Sánchez afirmó que “al presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”. Una argumentación muy similar a la de Ruiz Esparza desde la SCT. De esta manera, el insólito vocero pretendía negar que hubiera conflicto de intereses entre Peña Nieto y sus amigos.

Si mantienen esa idea, resultaría que todos los amigos y amigas del presidente de la República, de su esposa, de sus hijas e hijo, de sus hermanos y hasta de sus cuñados y concuños pueden seguir haciendo lo que quieran con la administración pública.


Este es el problema real que con tanta claridad se los señaló la revista británica The Economist: “No han entendido que no entienden” la furia de la sociedad mexicana contra los desplantes de corrupción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/451216/pena-nieto-sus-amigos-generosos

Favor de vecinos, el pago que hizo Grupo Pierdant del departamento de Angélica Rivera en Miami

El mandatario mexicano negó que su esposa sea propietaria de otro departamento en Miami. Aseguró que el pago del predial que hizo Grupo Pierdant solo fue un favor de vecinos.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró el pago de predial del departamento en Miami de la primera dama Angélica Rivera que hizo Grupo Pierdant fue un “favor de vecinos” y que es falso que su esposa tenga otro inmueble en el mismo lugar como lo publicó el diario The Guardian.

“Me parece una calumnia y de las calumnias y las infamias siempre quedan manchas, no es cierto es falso”, dijo Peña en entrevista con Joaquín López Dóriga.

El pasado 9 de agosto el diario británico publicó que la primera dama, Angélica Rivera, usa un lujoso departamento en Miami, Florida, que es propiedad de la empresa Grupo Pierdant, quien ha concursado por millonarios contratos con el gobierno mexicano.

“De ahí que tenga un vecino amigo como todos tenemos y que alguna vez alguien lo haya ocupado es muy distinto a afirmar que esa propiedad sea de ella”, dijo el mandatario.

“Es completamente falso que mi esposa tenga otro departamento en Miami”, aseguró.

Peña señaló que Ricardo Pierdant es un vecino que radica en Miami y que no tiene ningún contrato con el gobierno mexicano, “es un amigo que está allá y le hizo un favor, puedes cubrir el impuesto predial yo te lo pago aquí”, explicó Peña.

Peña Nieto también se refirió a la compra de la Casa Blanca, caso que provocó que se realizara una investigación por posible conflicto de interés y que el mandatario pidiera disculpas por el hecho.

“Fue un hecho que no incurrió en ninguna ilegalidad, sí generó una percepción de corrupción. Si me dijeras lo hubiese hecho distinto, o de forma diferente, sí”, señaló Peña sobre la compra de la residencia en las Lomas de Chapultepec.

Peña dijo que le ha hecho frente a la corrupción y que desde que era candidato no ha dejado de señalar el tema. Dijo que si se quiere transformar realmente a México debe combatirse la corrupción “aquí no hay ni evadimos ni dejo de reconocer que es un tema que está ahí que se siente”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/pago-impuestos-grupo-pierdant-departamento-angelica-rivera-miami/

Palabrería hueca, la respuesta automática ante las “Casas Blancas”

Ya se hizo costumbre: cada dos por tres se documenta alguna nueva “Casa Blanca” en el entorno íntimo del presidente Enrique Peña Nieto. La última la dio a conocer The Guardian hace una semana. Se trata de un departamento de Angélica Rivera en Miami. Los casos han sido tantos que el gobierno federal ya perfeccionó una técnica para “responder” a las pruebas, documentos y testimonios que evidencian los recurrentes conflictos de interés. Esa técnica se llama verborrea: palabrería insustancial que descalifica, insulta, confunde y distrae, pero que rehúye informar, aclarar o dilucidar las cuestiones de fondo.

CIUDAD DE MÉXICO: Según el gobierno federal, los medios internacionales que investigan las propiedades inmobiliarias del primer círculo presidencial “faltan a la verdad”, especulan “de manera dolosa” y hasta “orientan a sus reporteros a predecir el futuro”, como en el caso reciente de The Guardian, o “carecen de rigor” al hacer la conversión de “viejos” a “nuevos pesos”, como sucedió con la agencia Reuters, o ignoran que al primer mandatario mexicano “no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, en respuesta a The Wall Street Journal.

Esas son las expresiones utilizadas por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, quien desacredita de forma automática, pero no aclara las dudas y menos aporta información. El regaño, los reproches, el silencio o la descalificación han sido el “recurso del método” de Sánchez para enfrentar los crecientes escándalos en torno a las propiedades inmobiliarias de la primera dama, Angélica Rivera; del presidente, Enrique Peña Nieto, y hasta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, exhibido por The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg.

El caso más reciente ocurrió con el periódico británico The Guardian, a raíz de la publicación de un reportaje firmado por los reporteros José Luis Montenegro y Julio C. Roa. El texto revela que el empresario mexicano Ricardo Pierdant, amigo de Peña Nieto desde sus tiempos de estudiantes en la Universidad Panamericana, pagó 29 mil dólares de impuestos correspondientes al departamento que aparece como propiedad de Angélica Rivera.

Según el reportaje, Rivera ocupa no sólo el departamento 304 (que adquirió desde 2005 por 1.8 millones de dólares), sino también el 404, adquirido en 2009 por Pierdant y registrado a nombre de la empresa Biscayne Ocean Holdings. Ambos están en la misma torre de condominios en Key Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Miami.

Pierdant es señalado en el texto como un “potencial contratista” del gobierno federal porque “hay reportes de que una de las compañías del empresario, Grupo Pierdant, está en la contienda para ganar contratos gubernamentales que le permitan desarrollar puertos marítimos en México”.

En Estados Unidos, Pierdant es cofundador de la empresa DecoBikes, un programa para compartir bicicletas en Miami y San Diego. “El aparente conflicto de interés entre su otra compañía, Grupo Pierdant, y la primera dama, hace eco del ocurrido con la Casa Blanca”, anotó The Guardian.

Antes de la publicación de este reportaje, el área de investigación de la cadena televisiva Univisión reveló que Angélica Rivera liquidó los 1.3 millones de dólares que le restaban a su adeudo inmobiliario por 35 años en 2011, “dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto”.
Pierdant no respondió ni a The Guardian ni a Univisión cuando le solicitaron aclarar por qué la compañía Biscayne Ocean Holdings, de su propiedad, pagó los impuestos del departamento 304 en el condominio Ocean Tower One.

“Después de ese pago de marzo de 2014, en que la compañía de Pierdant liquidó los impuestos de ambos departamentos, los años siguientes la empresa de la primera dama ha cubierto los suyos. Pierdant, por su parte, adeuda actualmente al condado de Miami 86 mil dólares de los impuestos del apartamento a nombre de una compañía de él, por los años fiscales 2014 y 2015, según registros públicos de Miami-Dade”, abundó la nota de Univisión, firmada por Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y David Adams.


Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2076 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450902/palabreria-hueca-la-respuesta-automatica-ante-las-casas-blancas