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jueves, 11 de agosto de 2016

Y siguen sin entender

Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña, usa un condominio de lujo –valuado en 2.5 millones de dólares- prestado por el Grupo Pierdant en el lujoso barrio de Cabo Vizcaya en la Florida Estados Unidos, reveló hace dos días el periódico The Guardian.

En el imaginario colectivo sigue retumbando aquel famoso perdón del Presidente por el tema de la “casa blanca”. Posterior al perdón hubo debates interminables sobre si el perdón era suficiente, inclusive algunos sugirieron que podía ser la señal de que cosas en la administración de Peña iban a cambiar.

Nada más lejano a eso. No solamente no cambian sino que la inmersión en la controversia parece ser el estado presidencial donde mejor se siente. Porque independientemente de las carencias periodísticas de la pieza de The Guardian, lo cierto es que la ética del quehacer público para Peña es un ideal inalcanzable. Porque lejos de probar jurídicamente el conflicto de interés en el último escándalo de Riviera, se prueba una duda legítima que merecería una amplia explicación de rendición de cuentas por parte de Peña y su esposa.

Después del escándalo de la “casa blanca” uno de los elementos que quedó claro para muchos era la necesidad de regular elementos de la corrupción como el conflicto de interés. Esto porque ha quedado claro -después de los infames casos que casi diario aparecen en nuestra prensa- que la corrupción en México es legal. Todo se hace bajo el marco normativo, olvidando el elemento ético y filosófico del derecho.

Otro escándalo inmobiliario de la pareja presidencial. Otra controversia sobre el conflicto de interés no regulado. Ávido de leer más sobre el reportaje, de ver qué más se encontraba sobre el departamento en Florida y el grupo empresarial recurrí con fiereza a revisar la cobertura de los medios al día siguiente. Resultaba obvio, para mi ilusa cabeza, que el tema merecía un prominente espacio en las primeras planas.

Después de la búsqueda una fina desilusión arrancó mi bienestar. Solamente el periódico Reforma la trae en portada. Solamente ellos. Para Excélsior, Milenio, La Jornada, El Financiero, La Razón y El Universal la información del periódico británico y el conflicto de interés de Angélica Rivera no merecía ni una sola letra en su periódico. ¿Casualidad? Ciertamente no, más bien una alineación de las líneas editoriales para favorecer a Peña. ¿Qué hay detrás de ese voluntarismo periodístico para agradar al poder? Seguramente las enormes cantidades de dinero público que Presidencia gasta en los medios.

La pieza de The Guardian sin lugar a dudas aporta información valiosa, sin embargo, deja algunos lazos sueltos que merecerían ser atendidos para tener la información completa. Por ejemplo, el diario le llama a Grupo Pierdant “potencial contratista” para manejar los puertos de México. La laxitud de dicha aseveración no puede pasar desapercibida. Hoy no se conoce ningún contrato otorgado por el Gobierno Federal a dicho grupo empresarial, como sí estuvo claro en el caso de Grupo Higa y la “casa blanca”. El reportaje sí hace mención a un contrato de más de un millón de pesos a la hermana del director del grupo: Aurora Pierdant. Pero requiere de un ejercicio de deducción y tal vez no sea apegado a la verdad.

En voz de Eduardo Sánchez, Los Pinos lanzaron una respuesta que lejos de explicar, clarificar e informar, está hecha para denostar la labor del diario británico. En otras palabras, el vocero no negó que la primera dama usaba dicho departamento (el 404 de la torre uno), y mucho menos negó que en 2014 el Grupo Pierdan pagó los impuestos del inmueble declarado por Rivera por un total de 29 mil dólares. ¿Por qué el pago? ¿a cambio de qué? Son preguntas que Sánchez ha decidido dejar en el limbo informativo y abren la puerta para la especulación informativa. “The Guardian faltó a la verdad con la publicación de la nota de hoy en la que alude a la señora Angélica Rivera de Peña”, sentenció el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, de acuerdo con un comunicado.

No, no es normal que un grupo empresarial le pague el predial a la primera dama. En cualquier democracia que verdaderamente valore su sistema de rendición de cuentas este hecho sería un escándalo. El préstamo de un departamento –y no sabemos bajo qué circunstancias- y el pago de miles de dólares es una prueba de que no es suficiente modificar el marco del sistema nacional anticorrupción, sino que la transformación tiene que ser desde la práctica más arraigada entre nosotros.


The Guardian es un periódico no es el ministerio público. La función del diario fue alertar sobre posibles hechos que van en contrario a la lógica del servidor público y su familia. La paupérrima respuesta de Los Pinos y el silencio de Rivera para poder entender bien el esquema de negocios que se tiene en los departamentos de lujo de Ocean Front son elementos que atizan la duda y dejan ver que si no hay respuestas claras es porque las acciones no son legítimas (aunque tal vez legales). Las preguntas pertinentes ahí están. Las el silencio en las respuestas es un indicador de algo: ¿De qué?

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-08-2016/3078732

Gobierno federal confirma que Grupo Pierdant pagó impuestos del departamento de Rivera en Miami

La empresa habría pagado, a petición de la primera dama, los impuestos atrasados del departamento con el número 304, señalan periodistas de Univisión.

El gobierno federal confirmó este miércoles 10 de agosto que Ricardo Pierdant pagó durante un año los impuestos del departamento que Angélica Rivera tiene en Miami, Estados Unidos, aunque precisó que el dinero fue restituido más tarde.

Esa información fue confirmada por autoridades federales a Denise Maerker, según dijo la periodista durante su espacio radiofónico.


Esto ocurre luego de que una investigación de Univisión señalara que la empresa Biscayne Ocean Holdings, relacionada con el Grupo Pierdant, pagó los impuestos del departamento 304 que la primera dama Angélica Rivera tiene en un complejo inmobiliario en Miami, Florida.

En entrevista en el programa Atando Cabos, de Denise Maerker, el periodista Enrique Acevedo de la cadena Univision informó que Rivera se habría atrasado en el pago de los impuestos correspondientes en 2014, por lo que la primera dama habría pedido a un amigo que los pagara y ella después se los reembolsaría. El monto de este pago sería de 29,700 dólares.
Agregó que lograron contactar a Ricardo Pierdant, el empresario dueño de este inmueble, quien señaló dijo que tiene una amistad con el presidente Enrique Peña Nieto y su familia desde hace muchos años. Dijo que les ha prestado ese departamento en diversas ocasiones .

Este martes el diario británico The Guardian publicó que la primera dama es propietaria de dicho departamento y que además utiliza el departamento 404 que está en la Ocean Tower One, mismo inmueble en que se encuentra el que es propiedad de Angélica Rivera y en el que vivió con sus hijas durante un año.

Grupo Pierdant -quien el diario señaló es un potencial contratista del gobierno mexicano- habría pagado los impuestos del departamento propiedad de Rivera identificado con el número 304 y los del 404, publicó The Guardian este martes.

Horas después de la publicación, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, respondió en un comunicado que el texto “faltó a la verdad” y “es una especulación a todas luces dolosa“.

Sánchez descartó que el departamento en Miami sea el “hogar” de Rivera y destacó que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había hecho público en 2005 que posee una propiedad en el mismo edificio que detalla The Guardian, pero es una propiedad distinta.


El recibo del pago de impuestos:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/grupo-pierdant-pago-los-impuestos-del-departamento-propiedad-angelica-rivera/

Pierdant tenía deudas vencidas cuando, en 2014, pagó impuestos del condo de Angélica Rivera

La historia parece no tener mucho sentido: el empresario Ricardo Pierdant, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto, debía dinero por una propiedad y además sus propios impuestos. Pero aún así, primero compró el departamento que usa la Primera Dama, Angélica Rivera, y luego pagó al menos un año sus impuestos. Eso dicen documentos obtenidos por la periodista Sanjuana Martínez durante una amplia investigación.

El impuesto predial del departamento de Angélica Rivera, en la urbanización Ocean Club en la isla Key Biscayne de Miami, fue pagado al menos durante un año por un empresario que se dice amigo del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con documentos públicos y con otros obtenidos durante una investigación.

Ricardo Pierdant, quien dice haber conocido en la universidad al que ahora es Presidente de México, pagó el impuesto correspondiente a 2014 del departamento 304 propiedad de Angélica Rivera, de acuerdo con documentos.

Pierdant pagó el predial cuando la señora Rivera era Primera Dama de México, un cargo honorario sobre el cual no tiene obligación de rendir declaración patrimonial.

Pero el empresario hizo esos pagos a favor de la señora Rivera cuando en otros frentes de su vida empresarial no tenía dinero.

No había liquidado los prediales de su propio departamento, marcado con el número 404. Además, debía otra propiedad.

Biscayne Ocean Holdings LLC, la empresa creada por Pierdant para comprar su departamento en Ocean Tower One, no pagó el impuesto predial de la propiedad del empresario desde 2012.

Sin embargo, el 3 de marzo del 2014, cuando Angélica Rivera era Primera Dama y Enrique Peña Nieto el Presidente de México, pagó 29 mil 703 dólares del impuesto predial del departamento 304, que es el de la pareja presidencial.

Fue hasta el 31 de julio de 2014 cuando Pierdant liquidó su propia deuda, correspondiente al año 2011, de 30 mil 757 dólares. Así aparece en el documento “Delinquent Tax Certificate”, expedido por el condado de Miami-Dade.


Los impuestos de 2014 y 2015 llevan la etiqueta “Delinquent Tax Certificate” por haberlos pagado con retraso. El último, por 44 mil 511 dólares; el anterior por 41 mil 465 dólares, de acuerdo con la documentación obtenida.

De acuerdo con Univisión Investiga, el empresario mexicano –que aparece como propietario de un apartamento en Miami ocupado en temporadas por la señora Rivera y su familia– pagó por la propiedad más de dos millones de dólares de contado cuando afrontaba, además, un millonario embargo por incumplimiento en los pagos de otro apartamento en la ciudad.

Las fechas de compra y escrituración del departamento, afirma Univisión, coinciden con un viaje de Peña Nieto a Miami.

El departamento aparece a nombre de una firma de Ricardo Pierdant, un empresario mexicano y amigo del Presidente. “La revelación de este nexo alimenta las acusaciones persistentes de tráfico de influencias que han circulado en torno a Peña Nieto y a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI)”, dijo una investigación de Univisión.

“La más reciente revelación sobre las propiedades de su esposa y su amigo en Florida se suman al escándalo conocido como la ‘casa blanca’ que sacudió al gobierno de Peña Nieto en 2014, cuando se reveló que su esposa había comprado una mansión de 7 millones en la Ciudad de México a un contratista del gobierno. Estos nuevos hechos desafían los esfuerzos de Peña Nieto para hacer frente a la corrupción pública”, dice la investigación de Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y David Adams, publicada en México de manera exclusiva por SinEmbargo.

Pierdant, quien reside en Miami, confirmó a Univisión Investiga que le ha prestado a la pareja presidencial su apartamento, la unidad 404 del Ocean Club en Key Biscayne.
“La Primera Dama Angélica Rivera ha reconocido anteriormente que compró la unidad 304 del mismo edificio en 2005 por 1.8 millones, pero no se había revelado el arreglo con Pierdant. Ella compró su departamento con un crédito bancario en 2005, mientras estaba casada con el productor televisivo José Alberto Castro. Aunque el acuerdo con el banco le permitía hacer pagos en cuotas por la propiedad hasta 2035, liquidó los 1.3 millones que le restaban de adeudo en 2011, dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto”, dice la investigación.

El departamento de tres dormitorios de Rivera, ahora con un valor de más de 3 millones de dólares, se encuentra en el piso inferior al de Pierdant. El edificio de está ubicado al interior de un condominio cerrado en Key Biscayne.

LOS IMPUESTOS

“El hombre de negocios, de 49 años, quien se describió como un viejo amigo de Peña Nieto, también pagó los impuestos de bienes raíces en 2013 para la unidad de Rivera, por valor de casi 30 mil dólares, de acuerdo a los registros públicos del condado Miami-Dade, revisados por Univision Investiga”, reveló la televisora norteamericana, líder en audiencia en habla hispana.

Univisión revela, enseguida, datos clave:
1. Pierdant negó que haya liquidado los impuestos sobre la unidad de Rivera. “Eso es totalmente falso, yo pago lo del 404, de ningún otro departamento más. Ese departamento es mío y se acabó”, dijo en una entrevista con los reporteros de Univisión.
2. Univision Investiga le envío al empresario los registros de impuestos que muestran que Biscayne Ocean Holdings, una compañía de su propiedad, pagó los impuestos para la unidad 304, a nombre de una empresa de la Primera Dama, en el condominio Ocean Tower One. Pierdant prometió que hablaría con su contador, pero no respondió más mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas de Univisión.
3. Después de ese pago de marzo de 2014, en que la compañía de Pierdant liquidó los impuestos de ambos departamentos, los años siguientes la empresa de la Primera Dama ha cubierto los suyos.
4. Pierdant, por su parte, adeuda actualmente al condado de Miami 86 mil de los impuestos del apartamento a nombre de una compañía él, por los años fiscales 2014 y 2015.
5. “El empresario posee el Grupo Pierdant, una firma de bienes industriales de México, así como la empresa de bicicletas DecoBike, con sede en Miami. El sitio en Internet de Grupo Pierdant, al ser consultado para este reportaje, aparece como una página en construcción. Compró su unidad del Ocean Club en 2010 por 2 millones en efectivo, a pesar de que en ese momento debía 1.2 millones de dólares de otro inmueble suyo en Miami”, de acuerdo con documentos obtenidos por Univision Investiga. Pierdant aseguró que no había nada inusual en la compra, a pesar de que sus dificultades financieras en el momento de la transacción plantean cuestionamientos sobre cómo podía permitirse el gasto sin la ayuda de un intermediario rico.
6. Univision Investiga pudo determinar, con base en información pública, que las fechas de compra y escrituración del departamento coinciden con un viaje de Peña Nieto a Miami.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-08-2016/3078795

miércoles, 10 de agosto de 2016

The Guardian: “Jamás hemos pedido disculpas por reportajes sobre México”

CIUDAD DE MÉXICO: Horas después que el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, calificara como “especulación dolosa” el reportaje publicado por la propiedad inmobiliaria de la primera dama Angélica Rivera en Miami y acusara al periódico británico The Guardian de “faltar a la verdad” y de haber pedido “disculpas” por reportajes anteriores, la vocera de Guardian News and Media aclaró que “jamás hemos pedido disculpas por ninguno de nuestros reportajes previos en México”.

En una breve declaración a Proceso, Katie Thompson, responsable de comunicaciones del grupo mediático británico precisó lo siguiente en relación con el reportaje del departamento de Angélica Rivera en Miami y la respuesta de la Presidencia de la República:

“The Guardian tiene una profunda responsabilidad al reportear en México. Nos mantenemos al tanto de esta historia y jamás hemos pedido disculpas por ninguno de nuestros reportajes previos en México”.


En su respuesta oficial al reportaje firmado por los reporteros José Luis Montenegro y Julio C. Roa, el vocero presidencial Eduardo Sánchez afirmó que “en el pasado reciente, The Guardian ha publicado información sobre temas relacionados en nuestro país que ha sido desmentida. En algún caso tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo publicado. Siento mucho la falta de profesionalismo de este medio que afecta, sobre todo, a sus lectores”.

Sánchez no precisó a qué información se refería y a qué disculpas en el caso de The Guardian. En plena campaña presidencial de 2012, la corresponsal del medio británico Jo Tuckman publicó documentos y testimonios para respaldar el vínculo entre Televisa y Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial del PRI, muy similares a los que Proceso publicó desde octubre de 2005.

En ningún momento The Guardian se desdijo ni desmintió la información. Tampoco desapareció los reportajes que aún están en su edición online. Grupo Televisa amenazó al consorcio británico con una millonaria demanda en ese entonces. The Guardian publicó solamente un comunicado de precisión sobre su reportaje.

El reportero José Luis Montenegro difundió en su canal de Youtube dos audios de llamadas que se hicieron al departamento de Angélica Rivera en Miami, antes de que se publicara el reportaje del periódico británico.

La persona que contesta la llamada indica que, tanto el departamento 304 y 404, en distintos pisos del edificio, es el mismo. Dichas propiedades, según el reportaje de The Guardian, pertenecen a Ángélica Rivera y a Ricardo Pierdant, respectivamente.


Pierdant es identificado por el diario británico como “un potencial contratista” del gobierno de la República.

VIDEOS

PARTE 1:



PARTE 2:



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450494/the-guardian-jamas-hemos-pedido-disculpas-reportajes-mexico

EPN viajó a Miami cuando Pierdant pagó 2 millones en efectivo por depa de Angélica Rivera: Univisión

De acuerdo a documentos obtenidos por Univisión, Ricardo Pierdant, el empresario involucrado en el escándalo del condominio de Miami, pagó la propiedad que dijo prestar a la familia presidencial y los impuestos del departamento de la Primera Dama, aun cuando afrontaba un millonario embargo por incumplimiento en los pagos de otro apartamento en la ciudad. No sólo eso, de acuerdo con la investigación del medio estadounidense, la fecha en que firmó el contrato de compra del inmueble valuado en más de 2 millones de dólares coincide con la de un viaje de Peña Nieto a esa ciudad.

El empresario mexicano que aparece como propietario de un apartamento en Miami ocupado en temporadas por la familia presidencial de México pagó por la propiedad más de dos millones de dólares de contado.

El pago lo hizo pese a que afrontaba un millonario embargo por incumplimiento en los pagos de otro apartamento en la ciudad, según documentos obtenidos por Univisión Investiga.

El departamento de lujo frente al mar del sur de Florida, que ha sido utilizado durante las vacaciones por la pareja presidencial de México, aparece a nombre de una firma de Ricardo Pierdant, un empresario mexicano y amigo del Presidente Enrique Peña Nieto. La revelación de este nexo alimenta las acusaciones persistentes de tráfico de influencias que han circulado en torno a Peña Nieto y a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

La más reciente revelación sobre las propiedades de su esposa y su amigo en Florida se suman al escándalo conocido como la “casa blanca” que sacudió al gobierno de Peña Nieto en 2014, cuando se reveló que su esposa había comprado una mansión de 7 millones en la Ciudad de México a un contratista del gobierno. Estos nuevos hechos desafían los esfuerzos de Peña Nieto para hacer frente a la corrupción pública.

Pierdant, quien reside en Miami, confirmó a Univisión Investiga que le ha prestado a la pareja presidencial su apartamento, la unidad 404 del Ocean Club en Key Biscayne. La primera dama Angélica Rivera ha reconocido anteriormente que compró la unidad 304 del mismo edificio en 2005 por 1.8 millones, pero no se había revelado el arreglo con Pierdant.

Ella compró su departamento con un crédito bancario en 2005, mientras estaba casada con el productor televisivo José Alberto Castro. Aunque el acuerdo con el banco le permitía hacer pagos en cuotas por la propiedad hasta 2035, liquidó los 1.3 millones que le restaban de adeudo en 2011, dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto.

El departamento de tres dormitorios de Rivera, ahora con un valor de más de 3 millones de dólares, se encuentra en el piso inferior al de Pierdant. El edificio de está ubicado al interior de un condominio cerrado en Key Biscayne, un exclusivo enclave de Miami favorito de las familias ricas de América Latina. Las dos unidades están conectadas por un ascensor privado.

El portavoz de Peña Nieto desmintió en un comunicado el contenido de un artículo publicado por el diario inglés The Guardian este 9 de agosto, el cual alegaba que una empresa propiedad de Pierdant era “contendiente para manejar puertos en México”.

Pierdant “no ha celebrado contratos con el Gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso”, según el comunicado publicado a través de la página oficial de la Presidencia de Twitter.

El hombre de negocios, de 49 años, quien se describió como un viejo amigo de Peña Nieto, también pagó los impuestos de bienes raíces en 2013 para la unidad de Rivera, por valor de casi 30 mil dólares, de acuerdo a los registros públicos del condado Miami-Dade, revisados por Univision Investiga.

Pierdant negó a Univision Investiga que haya liquidado los impuestos sobre la unidad de Rivera. “Eso es totalmente falso, yo pago lo del 404, de ningún otro departamento más. Ese departamento es mío y se acabó”, dijo en una entrevista telefónica.

Univision Investiga le envío al empresario los registros de impuestos que muestran que Biscayne Ocean Holdings, una compañía de su propiedad, pagó los impuestos para la unidad 304, a nombre de una empresa de la primera dama, en el condominio Ocean Tower One. Pierdant prometió que hablaría con su contador, pero no respondió más mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas.

Después de ese pago de marzo de 2014, en que la compañía de Pierdant liquidó los impuestos de ambos departamentos, los años siguientes la empresa de la primera dama ha cubierto los suyos. Pierdant, por su parte, adeuda actualmente al condado de Miami 86 mil de los impuestos del apartamento a nombre de una compañía él, por los años fiscales 2014 y 2015.


El empresario posee el Grupo Pierdant, una firma de bienes industriales de México, así como la empresa de bicicletas DecoBike, con sede en Miami. El sitio en Internet de Grupo Pierdant, al ser consultado para este reportaje, aparece como una página en construcción. Compró su unidad del Ocean Club en 2010 por $2 millones en efectivo, a pesar de que en ese momento debía 1.2 millones de dólares de otro inmueble suyo en Miami, de acuerdo con documentos obtenidos por Univision Investiga.



Pierdant aseguró que no había nada inusual en la compra, a pesar de que sus dificultades financieras en el momento de la transacción plantean cuestionamientos sobre cómo podía permitirse el gasto sin la ayuda de un intermediario rico.

“Vi una buena oportunidad aquí. Pierdes en una, ganas en otra. Yo tenía la plata en ese momento”, dijo.

Univision Investiga consultó a la abogada de bienes raíces de Miami, Betty González sobre esta transacciones.

“La realidad es que no es común que una persona que tenga deudas y embargos pague de contado”, explico González. “Si sucede, lo más importante es que haya una transparencia entre dónde vienen los fondos y la persona que aparezca en la escritura de dicha propiedad”, agregó

El mes pasado Peña Nieto se disculpó por el escándalo de la compra de su esposa de la casa $ 7 millones en México de Grupo Higa, un importante contratista del gobierno. El presidente reconoció que había dañado la confianza del pueblo mexicano en la figura presidencial.

Sobre esta mansión en México, Rivera ha negado haber actuado mal y afirmó haber comprado la propiedad con las ganancias de su carrera como actriz. En diciembre de 2014, según información difundida por el gobierno de México, ella devolvió la casa al contratista y terminó el contrato de compra.

Pierdant dijo a Univision Investiga que ha sido amigo de Peña Nieto desde que tenía 18 años, cuando estudiaban Derecho en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, pero negó la celebración de los contratos del gobierno u otro conflicto de intereses.

“Las cuentas claras y las amistades largas. Como somos amigos, yo no le pido ningún favor”, afirmó. La Universidad respondió a una solicitud de Univision Investiga que no podía confirmar en qué años Pierdant estudió allí, porque eran datos personales. En los registros públicos de México consultados no aparece que el empresario posea algún título universitario.


El empresario añadió que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011 lo acompañó en un viaje oficial a China. “He estado viajando a China durante 25 años. Le dije que sería bueno echar un vistazo allí”, indicó.

Igualmente señaló que su hermana Aurora Pierdant fue servidora pública durante muchos años. Univision Investiga estableció que trabajó como directora de nuevos contratos para la petrolera estatal Pemex y actualmente asesora a clientes para ofertas de contratos con la petrolera, desde una compañía privada.

Univision Investiga obtuvo, gracias a una solicitud de acceso a la información pública en México, el expediente de un curso sobre derecho petrolero mexicano, impartido por Aurora Pierdant en la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México. El expediente muestra que ella compitió con otros dos especialistas en el ramo para impartir el curso y presentó la oferta de menor precio. El contrato y la factura de cobro indican que la capacitación fue recibida por ocho funcionarios, durante cuatro sesiones en noviembre de 2014, y ella recibió un pago equivalente a unos 89 mil dólares.

En junio de 2012, cuatro días antes de la elección presidencial, el entonces coordinador de la campaña del opositor Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, denunció en un debate radiofónico que los hermanos Jorge y Ricardo Pierdant habían vendido el equivalente a 790 mil dólares al PRI para la campaña a Gobernador de Eruviel Ávila, sucesor de Peña Nieto en el Estado de México.

Los hermanos habrían sido proveedores de memorias USB y otros promocionales de campaña, con un esquema de doble contabilidad, según la denuncia. Monreal dijo a Univision Investiga que la documentación provenía de una caja de documentos que le había sido entregada en el Estado de México por simpatizantes a López Obrador.

En la entrevista con Univision, Pierdant admitió que posee una empresa de artículos promocionales y que ha vendido material al PRI, el partido de Peña Nieto.


“No hay nada para el PRD”, agregó, en referencia a uno de los partidos de oposición de México, el Partido de la Revolución Democrática, uno de los que postularon a López Obrador en 2012.

En Miami Beach y San Diego, Pierdant es dueño de una concesión de un sistema público de bicicletas compartidas. Próximamente comenzará operaciones en la ciudad mexicana de Puebla. “El único contrato que tiene algo que ver con el gobierno es con la oposición”, añadió, señalando que el estado de Puebla se rige por el partido opositor Acción Nacional (PAN).

Pierdant lleva años invirtiendo en bienes raíces del sur de la Florida, de acuerdo a los registros públicos revisados por Univision Investiga. En varias ocasiones ha tenido problemas de cumplimiento de pagos.

En marzo de 2010, un juez de circuito del condado de Miami-Dade emitió una sentencia firme contra Pierdant y su esposa María del Carmen por 1.25 millones de dólares en favor del US Century Bank de Estados Unidos. La pareja estaba demandada por no haber pagado su deuda sobre una propiedad en Coral Gables, una zona residencial de lujo.

El litigio por esta deuda no impidió que el empresario pagara tres meses antes 2 millones en efectivo por el departamento con vista al mar en Key Biscayne. Dice que optó por pagar en efectivo porque los bancos no estaban ofreciendo crédito durante la recesión. Univision Investiga pudo determinar, con base en información pública, que las fechas de compra y escrituración del departamento coinciden con un viaje de Peña Nieto a Miami.

En 2012, el empresario también había sido demandado en México por el impago de una propiedad que tenía en renta en Lomas de Chapultepec, una zona residencial en la Ciudad de México donde también se ubica el inmueble conocido como la “casa blanca”, que fuera de la familia presidencial.

“No fue la única propiedad que compré a la baja. Compré en Dadeland a la baja y tengo dos apartamentos en Brickell que ahora valen $400,000”, admitió, refiriéndose a dos direcciones conocidas en el sur de la Florida. “Si tuviera el dinero me habría comprado todo el edificio”, se ufanó.

Dos años después de iniciado el litigio, Pierdant logró un acuerdo con el US Century Bank, cuyos términos no aparecen en los registros públicos. Vía telefónica confirmó que el acuerdo permitió al banco para recuperar un porcentaje del dinero que estaba buscando.

“Ese apartamento es mío y se acabó. Es más, se lo vendo”, dijo Pierdant cuando Univision Investiga preguntó acerca verdadero dueño de la propiedad.


La oficina del presidente mexicano Enrique Peña Nieto no respondió a preguntas de Univision Investiga sobre por qué el acuerdo del apartamento no ha sido hecho público.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078496

Otra vez un amigo, una propiedad, la Primera Dama; ha salido caro a EPN no rendir cuentas, resumen

Los escándalos inmobiliarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto continúan como en cascada. De haber puesto acento especial en el ámbito de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, la figura presidencial no habría resultado con tanto daño, indican observadores de la política nacional. No ha pasado un mes de su petición de perdón por la “casa blanca” y es de nueva cuenta una propiedad inmobiliaria la que pone al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, en el centro de la suspicacia. El diario inglés The Guardian asegura que la llamada Primera Dama usa un departamento de lujo en Miami, que es propiedad de un posible contratista del Gobierno. Mientras, la Secretaría de la Función Pública -dependencia eje del combate a la corrupción- permanece acéfala.

En jaque. Bajo los espejos de la suspicacia. Frente a posibles y potenciales escándalos. Así es como se mantienen los políticos mexicanos debido a la inconsistencia de sus declaraciones patrimoniales y la resistencia a la Transparencia y Rendición de Cuentas, desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los Secretarios de Estado, los Gobernadores estatales hasta los alcaldes … Y también, aunque sin ser funcionaria pública, la esposa del Primer Mandatario, Angélica Rivera Hurtado.

Es ella, otra vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida en su peculio, se encuentra en el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés si es que recibe contratos de la presente Administración.

Es un paisaje de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y en consecuencia, al Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación, también del ejercicio.

Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”.

Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere.

Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial. “Tal como quedó, la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expone.

Al cierre de este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración patrimonial actualizada al  31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. El documento tiene el mismo contenido que tanto fue cuestionado en medio del escándalo de la “casa blanca”.  No muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades que posee le fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años de edad.

Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia, con esos 15 años– pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque ella falleció seis años después. El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, está expresado en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los autores del Índice de Impunidad México. Frente al nuevo affair que ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de interés. No se aleja de lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.


LA PRIMERA DAMA, OTRA VEZ

Nada obliga a la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia y a estas alturas, ya no se trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es ella la protagonista del escándalo.

Villanueva Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser regulada”.

El nombre de Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente administración ante el INAI. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia, apegada a la Ley, responde siempre que ella no es funcionaria pública. El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y partidas de los funcionarios públicos y en efecto, Rivera Hurtado no aparece ahí ni por asomo.

Pero nada detiene las preguntas que su ser ha generado ante el INAI. Los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la Presidencia, está declarado como “inexistente”.

En cuanto a los gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los conceptos requeridos…”.


EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA TRANSPARENCIA

Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).

Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.

El impulso por la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.

En 2012 ganó de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se marchitó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento impronta de los Presidentes mexicanos, le dedicó sólo tres párrafos y no expuso ninguna ruta de lo que pensaba hacer en ese ámbito pese a que se proponía impulsar un andamiaje de reformas estructurales en los sectores educativo, económico y petrolero.

Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses. Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción; de modo que sobrevivió con un encargado de despacho mientras el Gobierno transcurría.

En campaña, ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto, las cosas cambiaron. No fue el combate a la corrupción un tema en su Primer Informe de Gobierno. Tampoco en el Segundo. Menos en el tercero. La noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.

La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.

Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.

En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.


Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LINALOE R FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078238

viernes, 1 de julio de 2016

Gobierno de Anguiano otorgó 12 contratos a empresa ligada a exfuncionario estatal

COLIMA, Col: El gobierno de Mario Anguiano Moreno adjudicó entre 2011 y 2014 al menos 12 contratos de servicios, por un total de casi 60 millones de pesos, a la empresa Kiotech S.A. de C.V., que entre sus socios tiene a Ignacio Mimbela López, extitular de la Coordinación Estatal de Conectividad.

El contrato más importante fue el SFA/109-2013/DGIGP/DCN, otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante el oficio de excepción 029/2014, sin licitación abierta, por un monto de 31 millones 968 mil pesos, para la prestación del servicio de bases de datos civiles para las entidades federativas de México.

Este caso fue evidenciado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) –a la que el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez le encargó revisar las cuentas de los dos últimos años de su antecesor–, que en el Libro Blanco de la investigación señaló en torno a ese contrato la “falta de cumplimiento del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Este apartado prohíbe a dependencias y entidades recibir propuestas o celebrar contrato alguno con quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o las sociedades de las que formen parte, sin la autorización previa y específica de la contraloría o del órgano de control correspondiente.

Además de referir que en la fecha de la firma del contrato uno de los socios de la empresa fungía como coordinador estatal de Conectividad del gobierno estatal, la consultora PwC determinó que otro de los socios durante 2014 había formado parte de la nómina de la burocracia en el puesto de director A.

Una revisión realizada en el apartado de adquisiciones del portal de transparencia del gobierno de Colima arrojó como resultado la existencia de diez contratos más otorgados por el gobierno estatal a Kiotech S.A. de C.V., algunos por el concepto de los servicios que otorga esta empresa y otros no identificados, y un contrato de arrendamiento de un inmueble por parte de Ignacio Mimbela López a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Otro de los contratos, por 15 millones 147 mil 900 pesos, fue adjudicado a Kiotech por la Dirección General del Registro Civil de Colima bajo la figura de “invitación restringida”, con el número de requisición 788/2013 –autorizado el 31 de diciembre de ese año–, con el concepto “Adquisición de servicio de sistema web de inscripción de actas registrales”.

El 27 de noviembre de 2012 el gobierno de Mario Anguiano había autorizado, mediante oficio de excepción, un contrato por 5 millones 793 mil 249 pesos con la misma empresa, requisición 305/2012, bajo el concepto “Servicio de contratación para la solución integral de conexión interestatal para que se vincule vía internet con la base de datos nacional del Registro Civil Renapo”.

Un contrato más fue otorgado por oficio de excepción a Kiotech el 6 de noviembre de 2013, por 3 millones 495 mil 690 pesos, con el número de requisición 510/2013, bajo el concepto “Contratación de solución integral de conexión interestatal para la modernización del Registro Civil”.

En la lista de adquisiciones del gobierno estatal aparecen en diferentes fechas siete contratos más con Kiotech, por cantidades inferiores a un millón de pesos cada uno, la mayoría sin especificar el tipo de servicio prestado, aunque el menor de ellos, por 59 mil 856 pesos, precisa como concepto “Contratación de servicios de arrendamiento de isla con kiosco de servicios del gobierno del estado de Colima para Feria de Todos los Santos”.

El monto total de los contratos firmados por la administración de Anguiano Moreno con esa empresa asciende a 59 millones 007 mil 664 pesos.

Asimismo, el entonces coordinador estatal de Conectividad, Ignacio Mimbela, rentó en 2013 al gobierno del estado una vivienda de 490 metros cuadrados para la instalación del Instituto de Becas, en la apartada colonia Las Lagunas, del municipio de Villa de Álvarez. El costo mensual de la renta pactado en el contrato fue de 30 mil 740 pesos mensuales, lo que anualmente reportó una cantidad de 368 mil 880 pesos.


Constituida en 2003, Kiotech S.A. de C.V. se autodefine en su sitio web como “una empresa integradora de software y soluciones de Internet, que va desde el diseño, promoción y colocación de kioscos de acceso público, hasta el desarrollo de publicidad directa a través de este medio de comunicación (internet)”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446012/gobierno-de-anguiano-otorgo-12-contratos-a-empresa-ligada-a-exfuncionario-estatal

miércoles, 8 de junio de 2016

El exgobernador de NL viajó gratis en el avión de un empresario al que dio contratos irregulares

La fiscalía tiene en su poder las bitácoras que acreditan los viajes en un avión Learjet ejecutivo y la lista de tripulantes. Estas pruebas serán entregadas a un juez como parte de la imputación.

A bordo de una aeronave ejecutiva, propiedad de un empresario que recibió del gobierno de Nuevo León mil 579 millones de pesos para remodelar un terreno tras una licitación irregular, la familia del exgobernador Rodrigo Medina viajó 33 ocasiones a los Estados Unidos entre 2010 y 2015, y lo hizo gratis.

La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León cuenta con las bitácoras de vuelo de un avión modelo Learjet que acreditan que los familiares de Medina utilizaron dicho aparato para sus vacaciones y fines particulares. Se trata de la misma aeronave que el exmandatario también usó para vuelos de trabajo desde el 2010.

El titular de la subprocuraduría Ernesto Canales confirmó en entrevista con Animal Político, que los documentos que acreditan estos viajes forman parte del material probatorio que será entregado a un juez para sostener la acusación en contra del exgobernador por ejercicio ilegal del servicio público y peculado, entre otros delitos.

Fue a través de una denuncia que se hizo a la fiscalía anticorrupción como se descubrió y acreditó estos viajes que se realizaron en los últimos cinco años.

“Nosotros tenemos una denuncia dentro de las varias que hemos recibido y bueno, evidentemente cada vuelo que se hace tiene una bitácora no solo del destino sino de quienes son todos los pasajeros del mismo. Es ahí cuando descubrimos esta situación y pues es evidente que  es irregular. La aeronave es de un contratista del gobierno” dijo el subprocurador.

De acuerdo con la investigación los vuelos no fueron pagados con dinero público; de hecho no fueron pagados con nada porque la empresa involucrada no los cobró. Sin embargo, la aeronave es propiedad de una empresario al que la que la administración de Medina le dio un contrato por mil 579 millones de pesos para remodelar un terreno en el municipio de Pesquería donde se construyó la planta de la automotriz KIA.

El subprocurador Canales dijo que como autoridad no pueden dar a conocer el nombre de la empresa contratista vinculada con la aeronave ni la identidad de sus dueños, pues se violentaría el principio de presunción de inocencia que privilegia el sistema penal acusatorio, pero señaló que toda la información estará dentro de la carpeta de investigación que será entregada al juez.

Lo que sí dijo, es que los vuelos gratis para la familia de Medina no son la única irregularidad detrás de estos contratos.

Licitación a modo y compadrazgos

Las irregularidades en torno  al caso de la planta de la automotriz KIA empezaron desde la selección de los terrenos en el municipio de Pesquería.

Canales explicó que las investigaciones de la fiscalía permitieron identificar que dichos terrenos fueron seleccionados a través de un despacho de consultoría que, en teoría, fue contratada vía licitación para buscar el sitio más adecuado.

Sin embargo, se descubrió que los accionistas de dicha consultora están relacionados con los dueños de los terrenos  que además fueron comprados al triple de su costo real.

“La selección de los terrenos se realizó a través de una empresa consultora que tiene vínculos con los dueños de los terrenos adquiridos… es un elemento claramente irregular que estamos verificando” dijo el subprocurador

Aunque las autoridades de Nuevo León evitaron dar a conocer los nombres, desde el año pasado medios revelaron que los terrenos  seleccionados en Pesquería para la planta de KIA pertenecían a Bernardo Castillón Gómez, compadre del exgobernador Rodrigo Medina, y a Juan Manuel García Cañamar, amigo también del exmandatario estatal.

Fue en 2013 cuando Castillón Gómez y García Cañamar adquirieron por 55 millones de pesos estos terrenos de poco más de 120 hectáreas. Luego, apenas 15 meses después, fueron  considerados los “más adecuados” por la consultora contratada por Nuevo León y los vendieron en 186 millones de pesos, es decir,   238 por ciento por encima de lo que se pagó inicialmente.

Luego de adquiridos los terrenos, Nuevo León los entregó a la constructora Profrezac que ganó una licitación por un contrato de mil 579 millones de pesos, con la finalidad de realizar la sobras correspondientes para que la planta pudiera ponerse en marcha.

El subprocurador Canales dijo que están verificando además de la selección de los terrenos, cada fase de la adjudicación de este contrato, desde el diseño de una licitación a modo hasta el posible incumplimiento de los  trabajos realizados. Dijo que se tienen anomalías detectadas pero prefirió no ventilarlas para no afectar el proceso.

Lo que si había denunciado públicamente el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, es que los trabajos de Profrezac  no se realizaron de forma adecuada y prueba de ello era que la tierra que se sustrajo para instalar la planta no se depositó en un sitio seguro a 5 kilómetros de distancia, sino que solo fue aventada a un lado, en una cañada.

“”Muchas cosas se obviaron por traer con urgencia a KIA, y por eso hoy tenemos grandes problemas. Esa tierra debió haberse llevado a 5 kilómetros de distancia, y la llevaron 500 metros, y es la falta de supervisión de las cosas (…) de los contratos que se hicieron estamos haciendo ahorita un análisis muy preciso de cuánta tierra se movió y si fue realmente lo que se pagó” dijo el mandatario.

El avión sospechoso

Para no afectar el principio de presunción de inocencia la Subprocuraduria Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León prefirió no identificar con nombre y apellido al contratita relacionado con la aeronave en la que han viajado Medina y sus familiares, y solo confirmó que se trata de la empresa relacionada con el terreno donde se instaló la planta de la armadora automotriz surcoreana.

Pero en 2014 una investigación periodística reveló que José Aguirre Campo, dueño de la empresa Profrezac a la que se había asignado el contrato para remodelar el terreno donde se instaló KIA,  era también propietario de un avión ejecutivo que el  exgobernador Rodrigo Medina había utilizado prácticamente desde que inició su administración.

Se trata de una aeronave Learjet 45 matrícula XA-UJR  de la compañía Universal Jet Rental de México, de la que también es propietario Aguirre Campo.

Lo que  ahora revelaron las investigaciones de la Fiscalía, es que la aeronave también fue utilizada por los familiares del exgobernador en más de 30 ocasiones y sin ningún costo

El uso del avión y el contrato con el terreno no fue el único vínculo denunciado desde 2014 entre Profrezac y la administración de Medina. El empresario José Aguirre Campo es según el reportaje, dueño del consorcio Noticias en Tiempo Real (NTR), cuyo director general Enrique Laviada Cicerol se desempeñó como director de comunicación social del gobierno de Nuevo León en 2011 y 2012.

Según la investigación periodística, la licitación que ganó Profrezac para remodelar el terreno  donde se instaló la armadora KIA, se realizó “Fast Track” y con supuestos “requisitos inalcanzables” para otras constructoras.

El subprocurador Ernesto Canales confirmó a Animal Político que este contrato se encuentra bajo investigación, desde su concurso hasta su cumplimiento, por las posibles anomalías cometidas por las dependencias estatales involucradas.

Desafuero en puerta

Por la investigación relacionada con el desvío de recursos públicos, Ernesto Canales confirmó que se procederá también en contra de dos diputados federales que fueron servidores públicos en la administración de Rodrigo medina.

Precisó que en el caso de los legisladores  se solicitará en los próximos días un juicio de desafuero ante el Congreso estatal, para luego proceder en su contra penalmente. Omitió como en los casos anteriores revelar las identidades hasta que no se puede formular las imputaciones correspondientes ante el juez

Respecto a Medina y once exfuncionarios de su gobierno a los que se les decretó un embargo precautorio de 22 propiedades, confirmó lo publicado por Animal Político, respecto a que será antes del jueves cuando se presente el caso al juez correspondiente y se pida fecha de audiencia inicial.

Cuestionado sobre los señalamientos de Rodrigo Medina, respecto a que el caso en su contra era productos de una “persecución política”, el subprocurador de Nuevo León rechazó lo anterior al sostener que su trabajo obedece a un cumulo de denuncias que se recibieron desde el periodo de transición en 2015, y al nacimiento de la subprocuraduría anticorrupción en diciembre de ese mismo año.


“No nos hubiéramos atrevido a pedir el embargo precautorio sino consideráramos que hay responsabilidad de las personas a la que embargamos los bienes. Lo decimos con base en las denuncias presentadas y las investigaciones realizadas por la subprocuraduría” dijo Canales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/a-cambio-de-contratos-empresario-de-nuevo-leon-paseo-gratis-en-su-avion-rodrigo-medina/

jueves, 7 de abril de 2016

Conflicto por rutas de mototaxis puede generar conatos de violencia en Atenco, EdoMéx

Conflicto entre mototaxistas del municipio de Atenco y “auto transportes Ixtlixochitl” pudiera provocar un conato de violencia de no llegar a acuerdos para que se respeten las rutas de pasaje.

El representante de la Unión de moto taxistas; Lázaro Huerta Pajaro denunció el que la colocación de mantas de la línea de transporte “Ixtlixochitl” donde anuncian la ampliacion de la ruta Texcoco – Acuexcomac es una provocación.

Ademas de que dicho anunció cae en contrariedad ya que aun no se les ha autorizado por parte de movilidad terrestre del Gobierno Estatal.

Mencionó que son 65 moto taxista los que recorren esa ruta la cuál quiere ser invadida por auto transportes “Ixtlixochitl” y no lo van a permitir pero dijo estar abiertos al diálogo ya que “todos tenemos derecho a trabajar”.

Ademas anunció la creación de la Unión oriente del Estado de México de moto taxistas.

Cabe destacar que en la reunión realizada por la administración municipal y los moto taxista acordaron el “no autorizar la ampliación de la ruta Ixtlixochitl “así como el que el gobierno municipal da el apoyo a la union de moto taxista para solucionar este problema.


Fuente: Contrapapel Noticias
Autora: Claudia Bautista Justo
https://contrapapelnoticias.wordpress.com/2016/04/05/conflicto-por-rutas-de-mototaxis-puede-generar-conatos-de-violencia-en-atenco/

lunes, 22 de febrero de 2016

La Marina compra pantallas, vajillas y aparatos con sobreprecio… a empresas de exmarinos

Los aparatos, destinados a los clubes navales, se entregaron dos meses antes de que siquiera fueran pedidos, y con valores superiores a los del mercado. La Auditoría advierte que se simularon procesos de adquisición incluso con proveedores fantasma y firmas falsificadas. Pide investigar y fincar cargos.

En 2014 la Marina solicitó al Congreso recursos para adquirir diez pantallas destinadas a sus clubes navales, bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores. En realidad, la dependencia compró 86 pantallas con sobreprecio (en promedio cada una por 24 mil pesos), mediante adjudicaciones directas, sin estudios de mercado y dos meses antes de que incluso se formalizaran los pedidos.

Es un ejemplo del cúmulo de anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la revisión de los bienes adquiridos por la Secretaría de Marina en 2014, a través de proveedores que según reveló la investigación, están relacionados con ex servidores públicos de la Armada.

Para hacer parecer legítimas las operaciones, se simularon procesos de invitación a otras empresas que, o no existen, o cuyas firmas fueron falsificadas para hacer parecer que hubo competencia de por medio.

En 2014, la Marina destinó en total más de 10 millones de pesos solamente para la adquisición de aparatos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (pantallas, vajillas regaderas, etc) destinados fundamentalmente a sus clubes navales y unidades administrativas.

Los auditores concluyeron que por lo menos la tercera parte de ese dinero fue movido de forma irregular lo que originó un quebranto de los recursos públicos, mientras que otra tercera parte carece, por lo menos, de una justificación adecuada.

Cabe señalar que por estas irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación recomendó al Órgano de Control Interno de la Armada el inicio de seis expedientes de investigación con el objetivo de fincar responsabilidades a los funcionarios que resulten involucrados.

Caros y por adelantado

La adquisición de aparatos electrónicos y electrodomésticos en 2014 por parte de la Marina, rebasó el monto que originalmente se tenía planteado para estos rubros, concluyó la auditoría financiera practicada a la Marina.

Por ejemplo, dicha dependencia tenía planteada originalmente la compra de únicamente diez pantallas, pero terminó adquiriendo 82 en total lo que requirió una inversión de dos millones 101 mil 300 pesos. Se trata, en promedio, de 24 mil pesos pagados por cada una de las pantallas adquiridas.

El argumento para adquirir dicho número de pantallas esgrimido por la dependencia es que se recibieron solicitudes extraordinarias para los clubes navales.

Luego de este primer hallazgo, los auditores visitaron en total a seis de los proveedores de la Secretaría de Marina a través de los cuales se adquirieron tanto las pantallas como varios de los electrodomésticos.

La información proporcionada por dichos proveedores fue comparada con precios en el mercado, lo que permitió descubrir que los artículos fueron pagados con sobreprecio. En la mayoría de los casos no hubo licitación y ni siquiera un análisis de mercado apropiado. Esto significó un quebranto de por lo menos un millón 800 mil pesos, solo de sobrepagos a este grupo de proveedores.

Pero además de los pagos por encima de lo normal, los auditores descubrieron que los televisores y otros aparatos fueron entregados por uno de los proveedores 66 días antes de que el pedido fuera siquiera formalizado, y 68 días antes de que se realizara el acta administrativa de que lo bienes fueron recibidos.

“Lo anterior significa que dos meses antes de que se hiciera oficialmente y conforme a lo establecido en la ley la solicitud de los aparatos, estos ya se habían pedido y entregado con arreglos previos, fuera del procedimiento”, señala el dictamen de la auditoría.

Mediante un acta entregada por solicitud expresa de la ASF para esclarecer esta situación, los proveedores señalaron que “es habitual” que la Secretaría de Marina solicita bienes sin que haya un proceso aun formalizado, y que luego las cotizaciones que se presentan se modifican de conformidad con lo que pide la dependencia.

En este contexto la Auditoría solicitó expresamente a la Marina el inicio de procedimientos administrativos de investigación para los funcionarios que autorizaron la adquisición de bienes y su recepción, sin que existiera una solicitud formalizada por los mismos.

Proveedores sospechosos

Como parte de la auditoría se realizaron visitas de inspección a empresas involucradas en los supuestos procesos de adjudicación que realizó la Marina, situación que arrojó también graves irregularidades.

Por ejemplo, uno de los proveedores que supuestamente emitió cotizaciones según lo asentado en los documentos, no pudo ser localizado en la dirección que proporcionó y al verificar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este respondió que la supuesta compañía no aparece en sus registros.

En el caso de otros dos proveedores, negaron ante los auditores que hubieran hecho cotizaciones y desconocieron las firmas que aparecían en los documentos. Una de las empresas incluso dijo que la persona que aparece como responsable de las cotizaciones en los papeles no trabaja ahí.

La revisión a profundidad permitió concluir a los auditores que la Marina en realidad seleccionó directamente a los proveedores que le vendieron los aparatos de la cartera con la que ya contaba, sin proceso real de invitación o licitación, lo que resulta limitativo para otras compañías y afecta la transparencia.

Además las solicitudes fueron hechas para modelos y marcas muy específicas de equipos, lo que permite presumir que la adjudicación pudo estar dirigida. Por si fuera poco, los equipos adquiridos fueron comprados con estos proveedores que los vendieron a un precio mayor que el fabricante, el cual, directamente los comercializa al público en general.

Sumado a la falta de un estudio mínimo de mercado, la Auditoría descubrió que varios de estos proveedores seleccionados en realidad directamente, tienen como único cliente a la Armada y están ligados con ex funcionarios de la misma dependencia.

“se detectaron algunos casos en los que los proveedores y/o prestadores de servicios profesionales que comercializaron bienes o prestaron servicios a la SEMAR en el ejercicio 2014 correspondieron a personal que estuvo adscrito a la dependencia, por lo que se considera que en estas adjudicaciones directas a dichos proveedores, la SEMAR no se ajustó cabalmente al criterio de imparcialidad” indica la auditoría.

Por todas estas observaciones, que no fueron solventadas por la Marina, se solicitó expresamente a esa secretaría que a través de su órgano de control interno inicie por lo menos tres procedimientos de investigación en contra de los funcionarios potencialmente responsables,

Usan fondo urgente para vajillas y regaderas

El dictamen de la auditoría financiera revela también que uno de los proveedores que abasteció a la Armada de múltiples electrodomésticos y línea blanca como vajillas o regaderas, presentó facturas por pagos de tres millones de pesos.

La irregularidad es que el origen de ese dinero provino de un fondo rotario de la Marina, el cual es en realidad un mecanismo financiero que la Secretaría de Hacienda autoriza a las dependencias para que se cubran gastos de operación urgentes, por lo que los auditores concluyeron que no era procedente usarlo para las adquisiciones mencionados

“Asimismo, se observó que dichas adquisiciones rebasan 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por lo cual debieron formalizarse mediante un contrato o pedido en el que se indicara el área requirente y el uso de dichos bienes”, subraya el dictamen.

La Marina justificó la compra de los bienes argumentando que en parte estaban destinados al Hospital General Naval de Alta Especialidad, y supuestamente eran necesarios como “parte de la atención médica integral” que se proporciona en dicha instalación.


Los auditores establecieron que dicha aumentación no tenía fundamento legal, por lo que pidieron el inicio de una investigación más para sancionar a los responsables de haber usado recursos del referido fondo para bienes que no son urgentes, y que además se hiciera sin respetar proceso de adjudicación alguno y sin el contrato correspondiente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/semar-compra-pantallas-vajillas-y-aparatos-con-sobreprecio-a-empresas-de-ex-marinos/