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En un año 479 mujeres criminalizadas por tener un aborto

Al cierre de 2017 en México 479 mujeres fueron investigadas por el delito de aborto, de acuerdo con el nuevo registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En diciembre pasado la dependencia de la Secretaria de Gobernación (Segob) informó que en la nueva metodología para clasificar y registrar la incidencia delictiva incluiría delitos como aborto, violencia familiar, trata de personas y feminicidio, aunque de este último los datos se publicarán hasta el próximo 20 de enero.

“En México se usan las demandas para callar a los periodistas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de demandas contra periodistas y la controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre indemnizaciones –sin un tope— por difamación, están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico, advierte el rotativo estadunidense The New York Times.

En su editorial, el diario explica que la recién aprobada ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas, ayudará a acabar con “la cultura del amiguismo y con los sobornos” en México, pero eso dependerá en gran medida de que tanto los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase gobernante.

Considera que los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas demanden por difamación: “El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”.

Y pone como ejemplo a la periodista Carmen Aristegui, y la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, “la historia más importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto”, y quien ha sido demandada recientemente.

“Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera”.
MVS, señala el periódico, la empresa de medios en la que trabajaban, y que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la crónica de la investigación y sus consecuencias.

“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Y cita las palabras de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA: “Esto ha encendido las alarmas”, “Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.

En otro caso, menciona al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. “Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.

Peña Nieto, sigue el diario, quien a la fecha no ha explicado con claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en julio, sin embargo, esa disculpa “sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluye The New York Times.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454662/en-mexico-se-usan-las-demandas-callar-a-los-periodistas-advierte-the-new-york-times

En alerta defensores de la tierra ante criminalización de quienes defienden el Bosque de Nixticul en Zapopan, Jalisco

Ciudad de México | Desinformémonos. La inmobiliaria Spinelli Corporation demandó por la vía penal y civil a quienes conforman el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil en Zapopan, Jalisco.

https://soundcloud.com/user-514678347/whatsapp-audio-2016-09-06-at-132739

Las y los defensores del bosque son acusados de extorsión y chantaje. La demanda pone en alerta a defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, ante cualquier posible acto de detención ilegal contra los defensores del medio ambiente.

https://soundcloud.com/user-514678347/mario-luna-defensor-del-pueblo-yaqui

Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; Mario Luna, defensor del Pueblo Yaqui; Claudia Zenteno, defensora ambientalista de Xochimilco y Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) desde diversas regiones de nuestro país exigen a las autoridades estatales y federales el cese de las agresiones contra los ambientalistas de Zapopan y manifiestan su solidaridad para prevenir cualquier acto de represión.

https://soundcloud.com/user-514678347/claudia-zentenodefensora-ambientalista-de-xochimilco

En el mes de febrero de 2015 la inmobiliaria Spinelli Corporation devastó un área forestal colindante con el área natural protegida del Bosque Nixticuil, esto en colusión con la administración municipal priísta de Héctor Robles Peiro, acción que la organización identificó como una injusticia donde se sobreponen los intereses económicos de la élite ante el derecho común al ambiente sano y del derecho  a la vida. 

https://soundcloud.com/user-514678347/omar-esparzamovimiento-agrario-indigena-zapatista-maiz

La demanda contra el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil fue hecha pública por la empresa el pasado 30 de agosto.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-alerta-defensores-de-la-tierra-ante-criminalizacion-de-quienes-defienden-el-bosque-de-nixticul-en-zapopan-jalisco/

Miriam: Nueve años víctima de violencia obstétrica e institucional

Ciudad de México | Desinformémonos. Luego de que Miriam tuviera un parto fortuito y fuera “injustamente” acusada de “homicidio del producto” fue privada de su libertad por casi nueve años aunque no existían pruebas que acreditaran su culpabilidad, fue absuelta ayer al no existir pruebas que comprobaran su culpabilidad, así lo informó la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) quienes acompañaron el caso y señalaron que “El caso es un claro ejemplo de la violencia institucional y obstétrica que prevalece en el país y que deriva en graves violaciones a los derechos de las mujeres”.

“Miriam fue víctima de las instituciones de salud y de procuración de justicia al ser señalada por un delito que hasta el día de hoy no ha sido resuelto”, por lo que para ASILEGAL su liberación representa un paso que valoran como “muy importante en el ejercicio del derecho a la justicia de las mujeres” aunque también afirmaron que es una prueba más de que en “México se criminaliza a partir de estereotipos y no se juzga con perspectiva de género” es decir, con un análisis que tome en cuenta las condiciones sociales que colocan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad basándose en su sexo.

Sobre los hechos explicaron que la joven guerrerense sufrió un parto fortuito luego de caer accidentalmente en su propio domicilio. La caída provocó que perdiera el conocimiento y que al recuperarlo su hemorragia aumentara y sintiera que “algo” se desprendía dentro de su vientre. Ella no sabía que estaba embarazada.

Momentos después, sus familiares cubrieron el cuerpo del producto con una toalla y observaron que éste no presentaba más lesiones que un golpe en la cabeza y que al llegar el concubino de Miriam, éste la llevó al Hospital General de Acapulco para que recibiera atención médica.

En el hospital, narran que, un médico pidió a la familia que le llevaran el cuerpo del producto lo cuál resulta , en opinión de la organización “indebido” porque los familiares no están autorizados ni capacitados para esta labor. El médico observó el cuerpo envuelto en una toalla y notó que el producto tenía 5 heridas en el pecho y ombligo, por lo que el personal del hospital dio aviso a las autoridades.

“La autoridad hospitalaria, al recibir un oficio en el que se informaba que Miriam estaba siendo investigada por el delito de homicidio, la dio de alta inmediatamente para que fuera trasladada al Ministerio Público a declarar, sin que quedara constancia de que hubiera recibido toda la atención médica necesaria que el caso requería, esto provocó que el propio Agente del Ministerio Público ordenara el regreso de Miriam al hospital, debido a una hemorragia vaginal abundante” detallan.

Finalmente el 25 de noviembre de 2008 se inició el juicio en contra de Miriam por homicidio, y aseguran que desde su ingreso al Penal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, sufrió insultos y amenazas del personal del penal y que incluso un agente de la policía estatal la insultó y amenazó con asesinarla argumentando que “asesinar a su propio hijo” era lo peor que podía existir y que merecía la muerte.

Con relación al proceso, detalla ASILEGAL que, desde el inicio Miriam no contó con una defensa adecuada que, de acuerdo con la Constitución mexicana, implicaba que estuviera asistida jurídicamente en todas las etapas del procedimiento por una o un defensor con carácter de profesional en derecho, explican para detallar las violaciones a los derchos humanos que durante todo el proceso enfrentó Miriam.

“Esto no sólo no sucedió, sino que el abogado que en el inicio asesoró a Miriam, le cobró 10 mil pesos y después de su primer acto de asesoría no volvió a conocer del caso”. Por otra parte, aseguran que sin asistencia jurídica, Miriam fue obligada a firmar su Auto de Formal Prisión.

Pese a que, dicen, lo único que el Juez consideró para fincarle responsabilidad fueron “los testimonios iniciales y contradictorios de su concubino, su cuñada y su suegra”, Miriam fue condenada en 2012 a 20 años de prisión. En noviembre de ese mismo año se ordenó la reposición del procedimiento y fue hasta el 16 de agosto de 2016, a poco más de un año de que ASILEGAL tomara el caso, que Miriam pudo conseguir su absolución.

Explican que la violencia obstétrica e institucional de la que Miriam fue objeto constituyen una constante en la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México, la misoginia de las instituciones de salud y operadores de justicia, acusan, fueron clave para el “injusto encarcelamiento” de Miriam, lo que aseguran, indica que se sigue juzgando a las mujeres con base a estereotipos de género, que en el caso concreto fue el de castigarla por incumplir con el mandato de “buena madre”.

Según cifras de ASILEGAL, en México, hay 12 mil 640 mujeres en prisión y el 51 por ciento de ellas en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia, que acredite su culpabilidad o inocencia, lo cual , asegura la organización, representa una grave violación a sus derechos humanos.

Sobre la violencia obstétrica, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirma en su página oficial que “En México, cuando las mujeres embarazadas llegan a los hospitales están en alto riesgo de ser maltratadas verbal o físicamente” y que esta violencia también se expresa “como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas”.

Según cifras de GIRE, a esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/miriam-nueve-anos-victima-de-violencia-obstetrica-e-institucional/

Liberan bajo fianza a 28 normalistas de Michoacán

Morelia, Mich. Tras pagar una fianza de dos mil pesos, 28 normalistas arrestados el pasado 15 de agosto fueron puestos en libertad esta madrugada, en tanto los 11 restantes continuarán bajo proceso en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres.

La jueza Amalia Herrera indicó que ocho de los normalistas son probables responsables del delito de robo calificado y tres porque su defensa solicitó el doble de tiempo (72 horas más) que marca la ley para que se defina su situación legal

Los 39 estudiantes de las escuelas normales de Cherán y Tiripetío, principalmente, fueron detenidos el lunes pasado porque retuvieron vehículos e incendiaron al menos cuatro de ellos cerca de la caseta de peaje de Ecuandureo, lugar donde fueron detenidos.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA, Corresponsal
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/michoacan-liberan-bajo-fianza-a-28-normalistas

Gobierno de Morelos se desiste de la denuncia penal contra madre de desaparecido

El gobierno de Morelos se desistió de la denuncia penal interpuesta contra María Concepción Hernández, una ciudadana que buscó a su hijo en una fosa clandestina en el municipio de Tetelcingo, y a la que las autoridades estatales habían acusado de sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultrajes.
En entrevista con Radio Fórmula, el fiscal Javier Pérez Durón declaró que el gobierno del estado se desistió de la denuncia penal porque “una vez realizada la investigación, se dieron cuenta que no hubo destrozo en la zona”.
Pérez Durón dijo que sí hubo un motivo para presentar la denuncia, ya que Concepción Hernández y otras personas sí ingresaron a a una zona acordonada, aunque no causaron daños a la evidencia, por lo que“hubo un acuerdo de abstención de investigar”.
Aunque el proceso de investigación contra funcionarios públicos del estado por las irregularidades del entierro de los cuerpos comenzó desde noviembre de 2015, el único servidor público que ha sido imputado directamente pertenece a la coordinación de servicios periciales, informó el fiscal.
Pérez Durón mencionó que la Fiscalía local no cuenta con datos exactos sobre la posible existencia de otras fosas de este tipo en el estado.
La denuncia ahora retirada fue interpuesta el pasado 16 de mayo por la Fiscal Regional de la Zona Oriente de Morelos, Monserrat Castañeda Delgado.
Esa acción legal fue interpuesta luego de que Concepción Hernández, madre del joven desaparecido Oliver Navarrete Hernández, ingresara junto con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y el activista Javier Sicilia, a la zona acordonada de la fosa de Tetelcingo.
En ese momento dieron a conocer conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) había determinado que la UAEM participaría en el rescate y análisis forense de más de 100 cuerpos que se calcula se encuentran en esa fosa.
La carpeta de dicha denuncia fue cerrada “porque no hay elementos suficientes para fincar responsabilidades a las personas que están mencionadas en la demanda”, mencionó Héctor Rangel, funcionario del área de comunicación social.
Según activistas, en una fosa en Tetelcingo trabajadores de la Fiscalía General del Estado habrían inhumado ilegalmente, el 28 de marzo de 2014, al menos 100 cuerpos, entre ellos el del joven Oliver Navarrete Hernández.
El proceso de “exhumación digna” de los cuerpos de la fosa de Tetelcingo comenzará el próximo lunes 23 de mayo, de acuerdo con la Fiscalía estatal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO