Caso por caso, la forma en que la policía de Javier Duarte desapareció a 15 jóvenes

Con el argumento de que tenían una “actitud sospechosa”, la policía estatal de Javier Duarte detuvo a 15 jóvenes, que siguen en calidad de desaparecidos.

Sin órdenes de aprehensión de por medio o denuncias. Sin una investigación en curso o trabajo de inteligencia. Sin que se hubiera cometido algún delito en flagrancia, o protagonizado un disturbio.

Con el único argumento de tener “una actitud sospechosa”, la policía estatal de Veracruz, en la administración de Javier Duarte, detuvo y desapareció de manera forzada a al menos 15 jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, en un periodo de apenas seis meses en 2013.

Policía de Duarte torturó y violó a mujeres y jóvenes por igual: testigo; Bermúdez es vinculado a proceso

Los 19 ex funcionarios estatales que trabajaron durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa fueron vinculados por el delito de secuestro en agravio de al menos 15 personas. Un testigo de identidad reservada relató a Fiscalía cómo algunas mujeres y jóvenes detenidos por los  llamados “Fieles de la Fuerza Civil” eran sometidos a torturas y abuso sexual. Entre las víctimas– muchas menores de edad– estuvo un bebé y su mamá, familia de un policía desaparecido desde 2013.

El ex Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, fue vinculado a proceso este día por su presunta participación en desaparición forzada entre los meses de abril a octubre de 2013.

Luego de más de 12 horas de audiencia en la Sala de Juicios Orales de Pacho Viejo, una Jueza Alma Aleida Sosa Jiménez dictó a Bermúdez Zurita y otros 16 ex elementos de la SSP la vinculación a proceso.

Con cámaras, brigadas de seguridad privada y drones, así planea México blindar a La Bestia

Por primera vez desde que en julio de 2014 se presentara el Programa Frontera Sur, el gobierno mexicano ha plasmado por escrito y en un documento oficial su intención de ‘blindar’ el tren conocido como ‘La Bestia’ para que miles de migrantes indocumentados no puedan utilizarla en su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

El documento es el Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado 23 de agosto de este año, en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) expone cuáles son los motivos por los que un día antes anunció que le quitaba la concesión de la ruta ferroviaria en el sur del país a la empresa privada Chiapas-Mayab.
En el documento, la SCT explica que asumió el control de la línea ‘Mayab’, que recorre mil kilómetros desde Yucatán a Coatzacoalcos, Veracruz; y también de la ruta ‘Chiapas’, que se extiende 500 kilómetros desde la frontera con Guatemala hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.

Entre los motivos que justifican su decisión, la dependencia alega varios puntos, como el abandono de las vías por parte de la empresa concesionada, algo que Chiapas-Mayab rechazó en un comunicado. Mientras que otro motivo clave es el de la “seguridad nacional” y la migración indocumentada.

En este punto, la SCT plantea que en la ruta ‘Chiapas-Mayab’ han tenido lugar diferentes ataques a las vías ferroviarias y al tren, los cuales estarían asociados, según la dependencia, “al proceso migratorio que se origina desde la frontera en el sureste del país y a la existencia de grupos delictivos que operan en esa área”.

Ante este contexto, el gobierno mexicano argumenta que se necesitan “nuevas medidas de seguridad” para ‘blindar’ a ‘La Bestia’.

Por ejemplo, la SCT señala que se requiere la instalación de centros de monitoreo y de vigilancia de los trenes “mediante drones”. Y la instalación de cámaras de vigilancia en los trenes y en “puntos estratégicos” como los patios de maniobra –donde los migrantes suelen subir al tren porque hay menos riesgo de caer y sufrir amputaciones-, así como en túneles, puentes, cruces ferroviarios o centros urbanos.

Otras medidas que se plantean son “la construcción de bardas y el mejoramiento del alumbrado en los patios de maniobras”; la implementación de “brigadas de seguridad privada en los trenes”; la instalación de “sistemas de geolocalización simultáneo en los trenes y en las brigadas de vigilancia”; la instalación de “equipos de alarma y movimiento en las vías”; la “certificación y capacitación a las empresas de seguridad privada contratadas para la vigilancia”; y la “instalación de centros de mando de seguridad en puntos estratégicos”, entre otras.

En el DOF, la SCT indica que estas medidas de seguridad no están incluidas en la concesión que otorgó a la empresa Chiapas-Mayab en el año 1999, por lo que argumenta que es “evidente la necesidad de rescatar la Concesión” y que el Estado, por tanto, asuma el control del tren en estos dos tramos ferroviarios.

Antes de expresar por escrito y en un documento oficial la intención del gobierno de ‘blindar’ a ‘La Bestia’, en julio de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dijo públicamente que no permitirán a los migrantes usar el ferrocarril para acceder ilegalmente a los Estados Unidos, alegando que este medio de transporte los pone en riesgo.

“Vamos a poner orden en La Bestia. Los migrantes ya no podrán subir en el tren”, advirtió el funcionario en una conferencia de prensa días después de que el presidente Peña Nieto presentara el 7 de julio de 2014 el Programa Frontera Sur; un plan que, por un lado, asegura que busca proteger a los migrantes, y por otro, desencadenó la detención y deportación masiva de miles de ellos, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Aunque en ese entonces el gobierno mexicano no detalló más sobre cómo impediría a los migrantes subir a ‘La Bestia’, Animal Político documentó en la investigación ‘Programa Frontera Sur: Una Cacería de Migrantes’ que sobre el terreno se estaban implementando varias medidas, como cambios en los techos de los vagones –para que los migrantes no puedan viajar en convoy-, la implementación de operativos policiacos en los patios de carga, y la construcción de bardas y pilotes para que las personas no puedan abordar el tren.

Además, empresas como Ferromex, otra de las concesionadas por el gobierno federal, contrataron custodios privados para vigilar el ferrocarril, lo cual ha originado denuncias en Tlaxcala y más recientemente en Querétaro, donde la Estancia del Migrante González y Martínez denunció que los guardias balean a migrantes y amenazan a los activistas que les dan comida.

Sospechan que tras la retirada de la concesión se esconde intención de contener el flujo migratorio

Ahora, con el anuncio del gobierno federal de la necesidad de implementar “nuevas medidas de seguridad” en el tren, organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que detrás de la decisión de retirar la concesión a Chiapas-Mayab está la intención de implementar otra media para detener el flujo migratorio en en zona de gran importancia estratégica en el sur del país, en la frontera con Guatemala.

“Sabíamos que el gobierno federal tramaba algo con el anuncio de la retirada de la concesión a Chiapas-Mayab. Sabíamos que no era para mejorar las vías de comunicación, sino para contener el flujo migratorio en una zona estratégica”, señaló en entrevista Alberto Donis, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca.

“La decisión de quitar la concesión a Chiapas-Mayab y de seguir con el discurso de vigilancia en el tren es la continuación de la política de securitización con la que el gobierno mexicano sigue abordando el tema de la migración”, dijo por su parte Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabriniana para migrantes en su sección México, quien criticó que con esta medida de ‘blindar’ el tren el gobierno de Peña Nieto “está haciendo bien la tarea (de contener el flujo migratorio centroamericano) para los Estados Unidos”.

SCT sí opera tramo “rescatado”, revelan documentos

Por otra parte, además del argumento de la seguridad nacional y el tema migratorio, el Gobierno Federal aseguró también que la compañía que originalmente tenía la concesión del tramo ferroviario Chiapas-Mayab no brindaba un servicio de calidad y la infraestructural estaba en mal estado.

Documentos oficiales a los que tuvo acceso Animal Político evidencian que es la SCT la que a través de una empresa paraestatal opera desde hace casi una década el servicio de transporte ferroviario en las vías del ferrocarril Chiapas y Mayab, por donde transita el tren conocido como ‘La Bestia’, y es responsable de su funcionamiento.

Incluso, los oficios demuestran que el gobierno retuvo la concesión aun cuando había firmado al menos en dos ocasiones convenios para devolver las vías a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab SA de CV (CFCM). El gobierno pactó con la empresa en 2014 invertir 6 mil millones de pesos para rehabilitarla, pero luego no aportó los recursos.

Todo inicia en 1999 cuando la CFCM ganó la licitación para operar el transporte de carga ferroviario en el referido tramo de vías.

Pero el 10 de agosto del 2007, a través del oficio 4.3.-1081/20007 firmado por el entonces Director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Oscar Corzo Cruz, la dependencia traspasó la operación, explotación y mantenimiento de esta concesión a Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), una compañía paraestatal bajo control de la misma Secretaría.
https://www.scribd.com/document/322530834/Oficio-Sct-2007-Sct-Toma-Control-Bestia

La SCT argumentó que la empresa fue trasladada a la paraestatal debido a la negativa de CFCM de operar el servicio. La empresa por su parte, argumentó que los daños generados en el tramo por el huracán Stan hacían imposible continuar operando el tramo.

El 23 de noviembre de 2012, a través del oficio 4.3812/2912, la referida dirección de la SCT dio por terminado el convenio con FIT y le ordenó a la paraestatal devolver los equipos y las vías a la empresa CFCM.

“La empresa concesionaria CFCM se encuentra en condiciones de operar y explotar las vías Chiapas y Mayab, por lo que continuará prestando el servicio público de transporte de carga y servicios auxiliares, en términos del Título de Concesión que el otorgó el Gobierno Federal el 26 de agosto de 1999”, indica el oficio que puedes leer aquí:
https://www.scribd.com/document/322530920/Oficio-Sct-Incumplido-Sct-Regresa-Concesion-a-Empresa

Pero lo anterior nunca sucedió. La CFCM no recibió de vuelta los equipos ni las vías. Prueba de ello es que el 25 de febrero de 2013, mediante el oficio 4.3-50/2013, se ordenó a FIT continuar con la operación de la vía. Dicho oficio fue firmado por el nuevo director de Transporte Ferroviario Pablo Suarez, ya con Gerardo Ruiz Esparza al frente de la SCT.
https://www.scribd.com/document/322530975/OFICIO-SCT-2013-SCT-RENUEVA-CONTROL-DE-CONCESIO-N

En los meses siguientes la empresa CFCM envió dos oficios a la SCT en los que solicitaba se respetara el acuerdo de noviembre de 2012 y se les devolvieran las vías y los equipos de su propiedad para continuar operándola, como establecía el título de concesión.

En uno de esos oficios, la empresa incluso menciona que en un periodo de dos meses el ferrocarril operado por la paraestatal ya se había descarrillado diez veces y que las vías se encontraban en mal estado físico y de mantenimiento.
https://www.scribd.com/document/322531046/Carta-Empresa-Exigiendo-Devolucion-y-Denunciando-Fallas

El 14 de marzo de 2014 la SCT entregó a Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab SA de CV la versión final de un convenio a través del cual se comprometían ambas partes a invertir más de 6 mil millones de pesos para la rehabilitación de las vías de la concesión, y se acordaba el regreso de la concesión (otra vez). La promesa quedó en el papel porque la Secretaria de nueva cuenta no lo materializó.
https://www.scribd.com/document/322531113/Oficio-Sct-Inversion-La-Bestia-Incumplido

En este contexto la empresa interpuso dos demanda de carácter civil y administrativo para buscar por la vía judicial que le regresaran la concesión, sin embargo, en agosto de este año la SCT anunció “el rescate” de la misma, es decir, que el título de concesión de 1999 quedaba anulado de forma definitiva.

En el punto 6 del oficio del rescate publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de agosto, la SCT recapitula el traspaso en el 2007 de la operación de las vías a la empresa paraestatal y confirma que “prevalece dicha modalidad”, es decir, que nuca se regresó la concesión a la Compañía Chiapas-Mayab.

Empresa busca anular “rescate”

El pasado 16 de agosto Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab S.A de C.V interpuso un recurso de revisión en contra de la determinación del rescate de la concesión. La compañía argumenta que no existe fundamento legal que sostenga este procedimiento, pues las malas condiciones de las vías o cualquier otro argumento no es responsabilidad de la compañía y por tanto, no puede ser penalizada.

En una entrevista el titular de la SCT Gerardo Ruiz esparza sostuvo que no habría “ninguna indemnización” a CFCM por este rescate pues la compañía no aporto equipos ni capital, y subrayó que el motivo de esta determinación era “brindar un servicio de calidad” en el tramo rescatado

El despacho legal que asesora a la compañía afectada asegura que no buscan ningún tipo de indemnización, sino echar abajo la determinación del rescate de la concesión.

En ese contexto, adelantaron que promoverán juicio de nulidad en los tribunales en contra de esta determinación y varias demandas de amparo en juzgados federales. Se buscará que el gobierno cubra los perjuicios que ha generado a la compañía por retener la infraestructura en malas condiciones físicas y de mantenimiento.

“En efecto el estado de las vías y de los equipos es lamentable y la calidad del servicio es vergonzosa, pero es responsabilidad exclusiva de la SCT. Sobre ella recaen las culpas e incumplimientos de la concesión”, indicó la compañía.

Animal Político buscó a la SCT para que ampliara la explicación sobre las medidas de seguridad en el ferrocarril –cuándo se proyecta ponerlas en marcha y quién las llevará a cabo, el gobierno u otra empresa concesionada-. Sin embargo, al momento de publicar esta nota la dependencia no ofreció respuesta alguna a la solicitud de entrevista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE/ARTURO ÁNGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/camaras-brigadas-seguridad-drones-asi-planea-mexico-blindar-la-bestia/

Mujer musulmana es obligada a desvestirse en la playa por la policía francesa

Ciudad de México | Desinformémonos. Al menos cuatro policías obligaron a una mujer musulmana a quitarse parte de su ropa en un playa de Niza, Francia, en base a la nueva prohibición en el país del uso del “burkini”, mezcla entre la burka y el traje de baño, pues por “motivos de seguridad” no están permitidas las vestimentas religiosas luego de los atentados terroristas.

“Lo más triste fue ver a la gente gritarle ‘vete a casa”. Algunos aplaudían a la policía. Su hija estaba llorando”, señaló Mathilde Cousin, testigo del hecho.

Otro caso similar ocurrió antes, cuando una mujer denunció que fue multada por usar leggins, una túnica y un pañuelo en la cabeza, ya que, a criterio de los policías, no llevaba “ropa respetuosa con la moralidad y el laicismo”.

El tribunal de Niza decretó el lunes que la prohibición era “necesaria, proporcional y apropiada” para impedir desórdenes públicos, después de los atentados ocurridos en Francia. El burkini puede “ofender las convicciones religiosas o no religiosas de otros usuarios de la playa”, y “ser interpretada como un desafío o provocación que puede exacerbar las tensiones” en la comunidad, dijo la sentencia.

Con información de eldiario.es

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/mujer-musulmana-es-obligada-a-desvestirse-en-la-playa-por-la-policia-francesa/

PRD propone conservar Policía Municipal y subrogar funciones de malos elementos

La bancada del PRD en el Senado presentó una iniciativa en la que propone conservar las policías municipales en los lugares donde hayan 20 mil habitantes o 100 elementos, así como la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó este día ante el Senado de la República una iniciativa para modificar el actual modelo de seguridad pública, con la que permitiría subrogar las facultades de las corporaciones municipales, estatales y federales que resulten ineficientes o corruptas.

El proyecto de la bancada perredista será llevado a la Tribuna este martes con la propuesta de crear una Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP) autónoma, de carácter técnico, para encabezar el Sistema de Seguridad Pública (SNSP), es decir, que los municipios mantengan la función fundamental en este ámbito.

Asimismo, se proponen la implementación de las policías municipales sólo en caso de poblaciones con más de 20 mil habitantes o 100 elementos policiales.

“Los municipios mantienen un rol fundamental en la seguridad pública. Persistirían las cooperaciones policiacas municipales sujeto a umbrales cuantitativos de población y estado de fuerza, cuya determinación corresponderá al legislador ordinario a razón, en principio, de 20 mil habitantes y 100 elementos policiales”.

El sol azteca propone lineamientos de  control interno y la supervisión externa de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como un nivel salarial ajustado al costo de vida, respectivamente, y garantizar el cumplimiento de los estándares de organización y funcionamiento policial.

La iniciativa plantea que la intervención, investigación o subrogación de otra corporación “podrá fundamentarse en la vulneración grave y reiterada de derechos humanos o patrón de corrupción sistemática identificada a partir de las investigaciones que conduzca”.

Se establecería estándares policiales nacionales, aplicables a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, en materia de reclutamiento, formación, profesionalización, ascensos, promociones y recompensas, y régimen disciplinario, así como de remuneraciones y derechos sociales de los policías.


En cuanto a los esquemas de subrogación, estos podrán ser parciales o totales; es decir, será posible trasladar una o varias funciones a un orden mayor, sin necesariamente llegar a la desaparición de una corporación policial

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2016/1611948

Choques de Ejército y PF contra civiles, más letales que guerras de Vietnam y del Golfo

Estudio revela que contrario a las guerras convencionales, los enfrentamientos en México entre las fuerzas federales con sus agresores dejan más muertos que heridos. Con Peña Nieto, la Policía Federal se volvió más letal y el Ejército más opaco. Guerrero y Zacatecas, los estados más mortíferos.

México no está en una guerra convencional pero los enfrentamientos que ocurren en su territorio son más mortíferos que si lo estuviera.

A diferencia de conflictos bélicos como el de Vietnam o el de Irak, los choques entre las fuerzas militares y federales con civiles armados (identificados oficialmente como presuntos delincuentes) dejan más muertos que sobrevivientes.

En promedio, durante los últimos ocho años en el país el Ejército mexicano acumula un saldo de casi ocho civiles muertos por cada civil herido, mientras que la Policía federal en seis años tiene un record de por lo menos cuatro supuestos agresores muertos por cada uno que sobrevive.

En los conflictos bélicos convencionales la tendencia es a la inversa, es decir, no hay más muertos que lesionados. La Guerra de Vietnam por ejemplo, dejó una relación de 4 heridos por cada muerto mientras que el conflicto entre Israel y Líbano arrojó un índice de 4.5 lesionados por cada fallecido.

Se trata de una situación que más allá de casos específicos como el de Tlatlaya podría arrojar un patrón de comportamiento que se aleja de los estándares del uso correcto de la fuerza, señala el análisis denominado “Índice de letalidad 2008-2014” elaborado por tres especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y al que Animal Político tuvo acceso previo a su publicación en próximos días.

El estudio identifica que si bien han disminuido los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos agresores en los últimos años así como la cifra total de muertos, los índices de letalidad siguen prácticamente igual y por encima de lo que señalan algunos parámetros y analistas internacionales.

Por ejemplo, el experto en derecho y garantías individuales de la Universidad de Nueva York Paul Chevigny señaló en 1991 que más de 15 civiles muertos por cada agente de seguridad fallecido sugiere un abuso de fuerza letal. En México, el Ejército ha alcanzo promedios de hasta 32 muertos por cada militar caído.

“Los índices expuestos constituyen una clara señal de alarma acerca de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal como posible patrón de comportamiento por parte de las fuerzas federales. Aunque el número total de enfrentamientos y muertos en enfrentamientos ha disminuido desde 2012, el índice de letalidad y la relación entre civiles muertos y miembros de fuerza de seguridad muertos permanecen elevados” señala el estudio.

A esto se suma lo que el análisis identifica como una creciente opacidad por parte del Ejército mexicano el cual desde abril del 2014 se niega a informar por transparencia el saldo de civiles fallecidos durante los enfrentamientos. La Marina por su parte, ni siquiera cuenta con datos suficientes –o eso es lo que dice- que permitan hacer un balance.

¿Sin prisioneros?

En los últimos ocho años en el país el común denominador entre los enfrentamientos de las fuerzas militares y federales con presuntos integrantes del crimen organizado sea el mismo: el número de civiles muertos siempre es más elevado que el de los heridos capturados.

Por el lado positivo, la cantidad de enfrentamientos han disminuido en los últimos años según los datos oficiales en los que se apoya el análisis.

En el caso del Ejército en 2011 se registró el máximo número de choques – 1009- y luego vino una reducción del 70 por ciento a lo largo de los siguientes tres años hasta llegar a 296 enfrentamientos en 2014. En Policía federal, el pico fue en 2012 con 143 choques para después descender 35 por ciento en los dos años que siguieron.

En parte esto pudo deberse a que los elementos desplegados por la Defensa Nacional en operaciones contra el narco bajaron de 52 mil 690 en 2011 hasta 35 mil 615 en 2015, una reducción del estado de fuerza del 32 por ciento. El análisis también considera que la reconfiguración de la estrategia en el actual gobierno o el desplazamiento de cárteles pudo incidir a la baja en el número total de enfrentamientos.

Pero aun con este descenso el índice de letalidad se ha mantenido e incluso ha aumentado en algunas situaciones, siempre con más muertos que heridos.

El Ejército acumula de 2008 a 2014, en promedio, un índice de letalidad de 7.9 civiles muertos por cada lesionado con un índice máximo de 14.7 alcanzado ene l 2012. En 2013, primer año de Peña Nieto, el índice bajó a 7.7 pero en 2014 volvió a repuntar y alcanzó 11.6.

El caso de la Policía Federal es aún más llamativo pues su índice de letalidad se disparó en 2013 hasta 20.2 civiles muertos por cada lesionado, promedio que ni el Ejército ha alcanzado. Luego para 2014 cayó hasta 4.6 aunque dicho nivel es aún más elevado que en la mayor parte del sexenio pasado.

El análisis recuerda que la literatura médica, al verificar el uso de armas convencionales en conflictos armados, invierte el índice para reportar heridos sobre muertos por ser más comunes los primeros que los segundos en los contextos de guerra. La guerra de Vietnam tuvo un índice de 4 heridos por cada muerto, la de Israel y Líbano de 4.5 heridos por fallecido, y la del Golfo de 3 heridos por un caído.

Un índice de más muertos que heridos como el que arrojan los enfrentamientos en México, es propio de crímenes de guerra o de tiroteos contra civiles de acuerdo con los analistas.

Frentes de batalla

De enero del 2013 a abril del 2014, lapso analizado por el estudio a detalle, Tamaulipas fue el estado en donde más enfrentamientos hubo entre el Ejército y civiles armados, un total de 309. El saldo fue de 190 supuestos agresores muertos y 32 heridos, más que cualquier otra entidad. El índice de letalidad fue de 5.9 muertos por cada lesionado.

Pero hay estados que aunque registran un número menor de choques entre soldados y civiles, tienen un índice de letalidad mucho mayor.

Es el caso de Zacatecas, entidad en donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó 58 civiles muertos en enfrentamientos por apenas un herido, es decir, un índice de letalidad de 58, el mayor del país.

El incidente más mortífero ocurrido en ese periodo en Zacatecas se registró el 12 de julio del 2013 cuando 13 civiles perdieron la vida en lo que fue reportado como un enfrentamiento con el Ejército en la comunidad de Sombrerete. Como es común en estos casos se dijo que los civiles dispararon primero y no hubo un solo sobreviviente.

El estado de México tiene el segundo índice de letalidad más alto en choques del Ejército con 30 civiles muertos por un solo sobreviviente. Además el registro anterior aun no incluyó a las 22 personas que murieron el 30 de junio del 2014 en Tlataya, en lo que sí ha sido señalado públicamente como una posible ejecución extrajudicial del ejército.

Guerrero y Coahuila también fueron entidades donde los militares fueron mortíferos. Los índices de letalidad fueron de 26 y 22 supuestos sicarios muertos por cada sobreviviente respectivamente.

Por su parte, la Policía Federal reportó que en Zacatecas y Guerrero logró “abatir” en conjunto a 31 civiles en 26 enfrentamientos ocurridos de enero del 2013 a marzo del 2014, sin que hubiera un solo sobreviviente de parte de los agresores.

En tanto en Michoacán la corporación reportó 42 enfrentamientos con 32 civiles muertos y cuatro lesionados, mientras que en Tamaulipas fueron 55 muertos y 7 sobrevivientes en 88 .enfrentamientos, En ambos casos el índice de letalidad fue prácticamente de 8 muertos por cada civil herido.

El análisis destaca que en general, la proporción de los elementos de fuerzas de seguridad fallecidos respecto a los delincuentes en los choques que se presentan es también muy dispar. En el caso del Ejército llegó a ser de 32 personas muertas por cada militar caído en 2011 y luego descendió hasta 20 civiles por cada soldado en 2013.

Se trata de un registro por encima del umbral de 15 muertos que especialistas como Chevigny advierten como síntoma de abuso de la fuerza.

Borrando el rastro

El otro aspecto que el estudio identifica como un factor de preocupación es el de la opacidad. A partir de abril del 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a seguir proporcionando datos oficiales en torno a civiles muertos o lesionados en enfrentamientos con los soldados.

El argumento expuesto por el Ejército para ya no informar es que luego de las agresiones el personal militar “se limita a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes, se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Los analistas recuerdan que esto es violatorio no solo de la Ley de Transparencia sino del propio Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas el cual indica en su artículo 14 que luego de una agresión se debe elaborar un informe detallado de los hechos ocurridos en el sitio.

“Resulta pues contradictorio que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria (…) esto se traduce no solo en una violación al principio de legalidad y transparencia sino también del derecho a la vida como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas” señalan los analistas en su informe.

En el caso de la Marina el estudio advierte que ni siquiera puede realizarse un análisis por que la dependencia dijo que del 2006 a 2011 ya no tiene datos de enfrentamientos pues se “cumplió el tiempo para tenerlos en conservación”.


“Sorprende en esta respuesta que no exista información sobre la actuación de la dependencia en la administración anterior como si el cambio de administración implicara el nacimiento de una institución distinta” concluye el informe.

Siempre más muertos que heridos (Índice de letalidad: civiles muertos/civiles heridos en enfrentamientos vs Ejército y PF)
Año	Índice Ejército	Índice PF
2007	1.6	n/d
2008	2.8	n/d
2009	3.0	2.1
2010	6.8	1.9
2011	9.4	4.7
2012	14.7	11.9
2013	7.7	20.2
2014	11.6	4.6
Promedio	7.9	4.8

Estados con mayor letalidad del Ejército (balance enero 2013 – abril 2014)
Estado	Enfrentamientos	Civiles muertos en enfrentamientos	Civiles heridos en enfrentamientos	Índice de letalidad
Zacatecas	24	58	1	58
Edomex	17	30	1	30
Guerrero	67	79	3	26.3
Coahuila	25	45	2	22.5

Estados con mayor letalidad de Policía Federal (balance enero 2013 – marzo 2014)
Estado	Enfrentamientos	Civiles muertos en enfrentamientos	Civiles heridos en enfrentamientos	Índice de letalidad
Zacatecas	9	14	0	-
Guerrero	17	17	0	-
Michoacán	42	32	4	8
Tamaulipas	88	55	7	7.9

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Las bajas en las armas de los policías en México: pierden 6 al día

En el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero la mitad del armamento policial está perdido. Incluso el Ejército ha sido víctima de robo de armas de alto poder, granadas y hasta lanzagranadas.

En ocho años las fuerzas policiales de nuestro país han perdido o les han robado más de 15 mil armas de fuego, desde pistolas y revólveres hasta fusiles de alto poder como los que Alemania exportó ilegalmente a México. En promedio, los policías se quedan sin seis nuevas armas todos los días.

El Distrito Federal, el estado de México y Guerrero tienen las policías preventivas y judiciales que han perdido el mayor número de armas: prácticamente concentran la mitad de todo el armamento extraviado y robado a nivel nacional, aunque no hay corporación en el país que esté libre de algún caso.

Incluso las fuerzas federales también han registrado pérdida de armamento – aunque en menor proporción- en los últimos años. Por ejemplo, al Ejército Mexicano le han robado más de un centenar de granadas de distintos tipos del 2008 a la fecha, junto con rifles, ametralladoras y hasta un lanzagranadas de más de 35 kilos de peso.

Las armas arrebatadas a las fuerzas de seguridad han terminado, según las investigaciones realizadas en su momento, en manos de organizaciones del crimen organizado, en el mercado negro, pero también en grupos que se denominan de autodefensa o de fuerzas rurales que no están reguladas.

Autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad consultadas por Animal Político, indicaron que las fuerzas de seguridad son indirectamente una de las fuentes principales de armamento para los delincuentes, (por los robos constantes que padecen) solo detrás del mercado negro de armas que provienen de Estados Unidos.

Quince mil… y podrían ser más

En la respuesta a la solicitud de información folio 00007001199, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló la estadística desglosada de su base de datos relacionada con las armas de fuego que han extraviado las fuerzas estatales de seguridad.

Cabe recordar que todas corporaciones de seguridad pública y privadas del país tienen la obligación, sin excepción, de reportar al ejército las armas que pierden dado que la licencia es proporcionada por la Sedena y así lo marca como obligación la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los datos oficiales de Sedena indican que entre los años 2006 y 2013 las secretarías de Seguridad Pública y procuradurías de Justicia de los estados reportaron 15 mil 609 armas de fuego extraviadas o robadas, sin que se tenga un desglose por separado de cada uno de los dos casos, según lo dicho por Sedena.

De ese total de armamento perdido, casi el 30 por ciento son armas largas que engloban a fusiles de todos los tipos, ametralladoras y subametralladoras, escopetas y rifles francotirador mientras que el resto son armas cortas, es decir, pistolas y revólveres.


La Sedena aclaró que las armas que han perdido las secretarias de Seguridad Pública de los estados incluyen tanto las asignadas a la policía estatal como las que tienen las policías municipales sin que se cuenten con un detalle desglosado en este apartado.

El Distrito Federal encabeza la lista de armamento perdido con 4 mil 570 ese lapso de ocho años, mientras que en segundo sitio está el estado de México con mil 746 armas. Un factor que podría incidir en este sentido es que ambas entidades tienen a las fuerzas policiales más numerosas de todo el país, con más de cien mil agentes de distintas corporaciones en conjunto, y en consecuencia concentran más armamento.

En tercer sitio se ubica Guerrero donde se reportaron más de mil 600 armas de fuego extraviadas o robadas a los policías. El dato cobra mayor relevancia ya que hay estados que tienen un número mayor de agentes de seguridad y por ende de armamento como Jalisco, Chihuahua o tabasco, pero la cantidad de pistolas y rifles perdidos es menor.

En el otro extremo de la estadística están las secretarías de seguridad y fiscalías de Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Querétaro y Colima que tienen un registro inferior a las cien armas robadas en ocho años.

Una situación a destacar es que el número armas que le han robado a las fuerzas de seguridad de los estados podría ser mayor a quince mil. La Defensa Nacional no ha revelado algún dato público de las armas perdidas en 2014 pero además fueron destruidos los registros de años anteriores al 2006.

“Del año 2000 a 2006 la información solicitada es inexistente en virtud de que los archivos correspondientes a esos años fueron depurados conforma al acta de depuración” indicó la Sedena en la solicitud de información.

Armerías vulneradas

Para robar las armas de los policías los delincuentes han logrado en varias ocasiones vulnerar directamente las armerías de las secretarías de seguridad, a veces por la fuerza y en otras ocasiones con la complicidad de las personas a cargo de la vigilancia.

Uno de los robos mejor organizados y de mayor impacto fue el registrado en el pleno corazón del complejo de seguridad de Chihuahua: el Centro de Control y Comunicaciones C4. Ocurrió el 26 de septiembre del 2010.

Ocho delincuentes, vestidos como policías llegaron en una camioneta disfrazada también de patrulla. Los vigilantes, sin verificar bien el vehículo, les permitieron el paso al complejo. Una vez dentro, estacionaron el auto y caminaron aproximadamente cien metros hasta el banco de armas.

Cuando el vigilante encargado exclusivamente de la seguridad del almacén se dio cuenta de lo que pasaba, ya era tarde. Fue golpeado y esposado en cuestión de segundos. El comando venció las cerraduras de la doble puerta de acero, y luego el candado de la reja interior. Ya con las armas en su poder, huyeron sin que alguien se atreviera a hacerles frente.

La operación duró apenas seis minutos, pero el botín fue cuantioso: 69 armas de fuego de alto poder robadas, la mitad de ellos fusiles HK G36 fabricado por la empresa alemana Heckler & Koch, que son utilizados por varios Ejércitos de la misma OTAN.

Hoy se sabe que esos fusiles de asalto fueron exportados ilegalmente desde Alemania a México, violando las regulaciones que se tienen en ese país europeo. Chihuahua no es el único caso con fusiles de este tipo robado. En agosto de 2013 policías comunitarios arrebataron a fuerzas municipales varios KHG36 en Tixtla Guerrero y nunca los regresaron.

Pero hay casos más recientes en los estados que tienen las policías con más armas robadas. El 1 de marzo de este año dos hombres llegaron por la madrugada a una bodega de armas de la Policía Auxiliar en la delegación Iztapalapa, sometieron al vigilante y se robaron 34 armas de fuego entre ellos pistolas calibre 9 milímetros y una subametralladora.

La noche del 7 de octubre en acciones simultáneas fueron asaltadas las armerías de las policías de Tlalnepantla y Huixquilucan en el estado de México. En total fueron sustraídas 39 armas de fuego que hasta el día de hoy no han sido localizadas.

Y al Ejército le roban hasta lanzagranadas

Las fuerzas federales tampoco han estado exentas de perder armamento. De acuerdo con la misma estadística de la Sedena, la Policía Federal registró el robo o extravío de poco más de 300 armas de fuego entre el 2006 y el 2013, e incluso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reportó el extravío de un arma.

Otra estadística separada de la Sedena, revela que del 2008 al 2014 la Procuraduría de Justicia Militar inició 115 averiguaciones por el robo de más de 200 armas y piezas de artillería en las distintas zonas militares del país.

Destaca el caso de más de 40 granadas de fragmentación calibre 40 o similares capaces de destruir incluso vehículos sin blindajes. Además 95 granadas antimotines también fueron sustraídas ilegalmente de una armería de la Primera Región Militar en el centro del país.

Entre el armamento registrado como perdido o robado por el Ejército mexicano hay modelos como el lanzagranadas MK-19 – fabricado por la empresa de equipamiento militar estadunidense General Dynamics – que es un artefacto de más de 35 kilos de peso, diseñado para disparar de forma automática granadas que pueden matar o lesionar a personas hasta en un radio de 15 metros. Normalmente está montado en vehículos artillados.


La Sedena también ha reportado la pérdida de fusiles automáticos de alto poder como los G-3 fabricados en Alemania o los M-16 que son los más usados por las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/05/policias-en-mexico-pierden-seis-armas-de-fuego-al-dia-ya-van-15-mil-robadas-o-extraviadas/.