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lunes, 27 de noviembre de 2017

Asesinan a Fiscal Especializada en Delitos Sexuales en Veracruz

Xalapa, Veracruz. La Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia, Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fue asesinada la mañana de este lunes, cuando arribaba a su centro de trabajo.
Los hechos ocurrieron a las 09:00 horas de este día, en la calle J. Colorado, número 307 de la colonia Maza de esa localidad, cuando Torres Castellanos se encontraba a bordo de su vehículo Nissan, tipo X-Trail, de color blanca, placas XYG508A.

martes, 7 de noviembre de 2017

Detienen a maestra de kínder acusada de pederastia agravada en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez de la Ciudad de México otorgó auto de formal prisión en contra de una maestra de jardín de niños por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia agravada.

lunes, 3 de abril de 2017

Aumentan los delitos sexuales en México; en un año el registro subió de 27 mil a 30 mil casos

Cada 24 horas se denunciados 80 casos de delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento en promedio en México; Baja California, Chihuahua, BCS y Morelos son los estados con la mayor incidencia y predomina la impunidad.

La violencia sexual en México es un delito que va en ascenso. En 2016 se denunciaron casi 30 mil casos nuevos de posibles delitos sexuales en todo el país, cifra superior en tres mil casos a la registrada apenas un año antes, en 2015, cuando se reportaron 27 mil denuncias.

Y en el primer bimestre de 2017 estos delitos continúan en incremento, con un alza ya del ocho por ciento.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian que en 2016 se registraron en números exactos 29 mil 725 averiguaciones y carpetas de investigación por delitos sexuales. De estos casos, doce mil 889 corresponden específicamente a denuncias por violaciones, mientras que 16 mil 836 son otros delitos como abuso sexual, pederastia, hostigamiento, etcétera.

viernes, 20 de mayo de 2016

Han sido liberadas 650 personas que eran maltratadas en albergues de Jalisco


GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Fiscalía General del Estado informó que logró liberar a 650 personas, entre ellos 202 menores de edad, que estaban retenidas dentro de los albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”
En este momento se encuentra prófugo José Luis Sánchez Ramírez “El Padrino”, supuesto líder de la organización civil, y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El pasado martes, la dependencia estatal montó un operativo para rescatar a 271 personas que presuntamente estaban privadas de su libertad en un albergue para atender problemas de adicción, en Tonalá.
El operativo se realizó después de que una mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General, tras ser agredida y privada de su libertad cuando acudió a visitar a su sobrina a uno de los albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”, con domicilio en la calle Aldama números 70, 70-A y 70-B, de la colonia Loma Bonita. La denunciante pagó la cantidad de mil 500 pesos para que le permitieran salir.
Al día siguiente se revisaron otros tres albergues de esta asociación. Uno de ellos se encuentra en la privada Corregidora número 3, también en Loma Bonita, Tonalá. Ahí se localizaron internos menores de edad y adultos, uno de estos últimos denunció haber sido objeto de abuso sexual y cuatro más señalaron agresión y privación de la libertad en su persona. Por estos delitos, fueron aprehendidos los encargados del albergue, Jorge Adrián Cobián Corona y Ramón Hernández Conchas.
En otro albergue localizado en la calle Rancho El Recodo, número 1243, en la colonia Lomas de San Eugenio, cuatro de sus internos adultos tuvieron que ser trasladados a un puesto de socorros al estar lesionados, mientras que los menores fueron enviados a Ciudad Niñez por presentar maltrato, cinco de ellos por abuso sexual. En este lugar se logró la captura de Samuel González Muñoz acusado presuntamente por maltrato infantil.
En tanto, en el centro de rehabilitación que se ubica en la calle Gigantes número 765, de la colonia Oro en Guadalajara, cinco adultos que presentaron lesiones por golpes señalaron como sus agresores a Cristian Alejandro Jiménez Martínez y a Miguel Alejandro Castillo Arredondo, por lo que quedaron en calidad de detenidos.
De esta asociación civil falta por revisar otro albergue y será en estos días cuando se proceda a visitarlo para su verificación.
El fiscal general, Eduardo Almaguer, explicó que los empleados del albergue de la calle de Aldama, la recepcionista, María de Jesús García Ortiz, y Sergio Pacheco Sánchez, fueron consignados al Juzgado Octavo de lo Penal para que sean procesados por los delitos de lesiones, robo y privación de la libertad.
A su vez, por los delitos de maltrato infantil y lesiones, fueron consignados al mismo juzgado Carlos Humberto Isidoro González y Jairo Eduardo Savalza Venegas, quienes también fueron detenidos en este mismo albergue.
Cabe recordar que 11 internos de la calle de Aldama que contaban con órdenes de aprehensión fueron puestos a disposición de los jueces que los requerían.
Por su parte, la Unidad de Investigación de Delitos en Contra de las Mujeres inició cuatro indagatorias por los delitos de lesiones, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas.
También se aseguraron tres vehículos y 40 objetos, algunos con los que se agredían a los internos.
El fiscal informó que ya comparecieron ante el agente del ministerio público menores de edad para rendir declaración y algunos confirmaron que los obligaban a practicar sexo oral.

“Las declaraciones que tenemos de los menores y algunas de las mujeres son particularmente inquietantes, algunos menores como hemos mencionado señalan el sexo oral que eran obligados a practicar”, expuso Almaguer.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA REZA M.

sábado, 7 de mayo de 2016

Reportan más de 10 mil delitos sexuales en cinco años en Veracruz

Entre 2010 y 2015 en Veracruz se reportaron 10 mil 295 delitos sexuales contra mujeres y niñas. Ninguna pudo interrumpir su embarazo, a pesar de que la legislación lo contempla para los casos de violación, por lo que diferentes organizaciones, encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitaron otra alerta de violencia de género.

En septiembre pasado defensores de los derechos de las mujeres pidieron por primera vez ese mecanismo debido al alto número de feminicidios (la Fiscalía General del Estado reconoció mil 214 en los últimos 15 años). Cuando el gobierno federal inició una investigación para determinar si era pertinente emitir tal medida las propias autoridades locales revelaron tal cifra y admitieron que nadie pudo acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE).

El año pasado 487 niñas veracruzanas entre 10 y 14 años dieron a luz, "la mayoría de esas pequeñas fue violada", aseveró en entrevista Rodolfo Domínguez, del OCNF. Funcionarios de salud y de procuración de justicia "con prejuicios" no les informan sobre su derecho a no continuar con la gestión o impiden que si ellas lo desean la puedan detener.

"Son embarazos forzados, lo cual constituye una forma de tortura", sostuvo el activista. Por ello en esta ocasión la petición de alerta de violencia de género es bajo la figura de “agravio comparado”, pues además de que se les niega ese derecho, el próximo jueves el Congreso local discutirá una reforma constitucional antiaborto.

Bajo la premisa de "proteger la vida desde la concepción", el gobierno local de Javier Duarte de Ochoa pretende obstaculizar totalmente el derecho a no continuar con el embarazo, explicó. Sin embargo, eso pone en riesgo la vida de las niñas, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud tener a un hijo en es etapa es una de las principales causas de muerte materna.

La criminalización y discriminación de las mujeres que abortan es una constante en el entidad, agregó Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía -otro de las que pidieron la alerta-. "Es importante que se revise la legislación vigente en cuanto a los derechos sexuales y la salud reproductiva para evitar que se violen otras garantías de las mujeres", sostuvo también en entrevista.

Algunos funcionarios actúan bajo prejuicios y otros más ante la ignorancia, señaló. En un monitoreo que realizó Equifonía al cumplimiento de la norma 046 "nos dimos cuenta que hay un gran desconocimiento del personal en las clínicas sobre cómo restablecer la salud de las mujeres que sufrieron violencia sexual"; es decir, pruebas de VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual, darles una pastilla de emergencia para evitar un embarazo o interrumpirlo en caso de que ya haya ocurrido, explicó.

"El Estado no garantiza la seguridad de las mujeres", aseveró. Luego, ante las consecuencias de estar desprotegidas, como sufrir una violación, les niega el derecho a la justicia, pues no aprehenden o no sentencian al culpable, y les prohíben decidir si quieren seguir con un embarazo que nunca desearon, deploró.




Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/06/reportan-mas-de-10-mil-delitos-sexuales-en-cinco-anos-en-veracruz