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Ministro propone reservar datos sobre vuelos de Peña Nieto

By: Draco Dracul on 10:41:00 / comment : 0 , ,

CIUDAD DE MÉXICO: Con el argumento de afectación a la seguridad nacional, el ministro Javier Laynez Potisek busca que la Suprema Corte revierta un fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y se nieguen en definitiva los datos sobre los horarios y rutas de toda la flota aérea de la Presidencia de la República.
Laynez propuso al pleno de ministros resolver a favor de la Consejería Jurídica de la Presidencia el recurso excepcional que ésta interpuso en contra del INAI por haber ordenado al Estado Mayor Presidencial (EMP), en 2015, la entrega de esa información a un particular.

Inconstitucional, etiquetado de alimentos que no es claro sobre azúcar dañina

By: Draco Dracul on 22:04:00 / comment : 0 , ,

El etiquetado es impreciso y contraviene el derecho de los consumidores a ser informados de forma veraz, resolvió un juez federal.
Un juez federal declaró inconstitucional el sistema de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas usado en México, tras resolver que impide a los consumidores identificar con claridad la cantidad real de azúcar dañina para la salud, informó este jueves el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

 El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, resolvió que el etiquetado es impreciso y contraviene el derecho de los consumidores a ser informados de forma comprensible, visible y veraz sobre productos que arriesgan su salud.

 Silva García hizo el fallo dentro de un juicio de amparo promovido en 2015 por la organización civil “El Poder del Consumidor” en contra del sistema diseñado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Economía, expuso el CJF.

 El juez destacó que el etiquetado tiende a ocultar el porcentaje de azúcar perjudicial de los productos porque sólo muestra los llamados “azúcares totales”, los cuales incluyen “azúcar intrínseca” y “azúcares añadidos que resultan dañinos para la salud”.

 La claridad para los consumidores es necesaria ante el contexto de emergencia sanitaria que enfrenta el país por la epidemia de obesidad y diabetes, esta última causante de más de 90 mil muertes al año, advirtió en el fallo Silva García.

 En su resolución, el juez también remarcó que el reglamento y el sistema de etiquetado parte de la premisa de que la dieta diaria saludable tolera hasta 3 mil 600 calorías, cuando estudios de especialistas, la Organización Mundial para la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud apuntan que el máximo es de 2 mil calorías.

 Silva García expuso que el máximo de calorías usado para las etiquetas rebasa en 40 gramos el consumo de azúcares diario recomendado por la OMS, que es de hasta el 10 por ciento de las 2 mil calorías equivalentes a 50 gramos.

 “El aumento de 2 mil a 3 mil 600 calorías contenido en el etiquetado de la Cofepris genera que se distorsione el porcentaje de azúcares para una alimentación diaria saludable en perjuicio del consumidor”, explicó.

 El juez ordenó que la Cofepris y la Secretaría de Economía modifiquen el sistema de etiquetado para que sea clara la cantidad de azúcares añadidos, se use como base el máximo de 10 por ciento de 2 mil calorías y que, en caso de que el producto rebase los 50 gramos, se advierta que su consumo habitual puede causar diabetes u obesidad.
“Si bien es verdad que el Estado no debe prohibir los productos y bebidas que elija el consumidor, ello no tiene el alcance de impedir que el Estado exija que las personas sean informadas sobre el contenido veraz de cada producto”, determinó.

 FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0902/mexico/inconstitucional-etiquetado-de-alimentos-que-no-es-claro-sobre-azucar-danina/

Derecho a la información, esencial en la consolidación democrática: Orozco Henríquez

By: Draco Dracul on 10:24:00 / comment : 0 ,

Durante la conmemoración de su quince aniversario, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información agrupó a especialistas, académicos y titulares de organismos autónomos para analizar los retos en la materia; Carmen Aristegui fue reconocida por su defensa de la libertad de expresión.
El derecho a la información es fundamental en la consolidación de la democracia, afirmó José de Jesús Orozco Henríquez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Agregó que el derecho a la información necesita de tres obligaciones: un marco jurídico, su implementación y la transparencia.

 En el marco del 15 aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, este martes se efectuó el foro “Históricos y nuevos retos del derecho a la información y autonomía de instituciones” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde Orozco Henríquez ofreció la conferencia magistral.

 La directora de la Facultad, doctora Angélica Cuéllar y Jorge Fernando Negrete, presidente del Consejo Directivo de la AMEDI, fueron los encargados de la inauguración, que contó con la participación de académicos como Raúl Trejo Delarbre, presidente del consejo consultivo de la AMEDI y catedrático de la UNAM, Jacqueline Peshard y Néstor García Canclini, académico de la UAM Iztapalapa.

 Asimismo participaron los titulares del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Ximena Puente, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, quien adelantó que están próximos a publicarse los lineamientos de los derechos de las audiencias.

 En representación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos asistió Rodrigo Santiago, director general de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, quien recordó que la libertad de expresión y el derecho a la información rigen un Estado democrático. 

 Destacó que un mal panorama prevalece en México, pues del año 2000 a la fecha se han cometido 119 ejecuciones de periodistas y 90 por ciento de estos crímenes ha quedado impune. En este sentido, Trejo Delarbre advirtió que se necesitan políticas públicas que protejan a los periodistas y lamentó el fracaso de las instituciones en la defensa de la libertad de expresión.

 En el evento se otorgaron 5 premios:

 Beatriz Solís Laree fue reconocida por su trayectoria en Derecho a la Información. 

 La periodista Carmen Aristegui, por su defensa de la Libertad de Expresión 

 El periodista Jenaro Villamil, por su ejercicio periodístico en Derecho a la Información. 

 Alma Rosa Alva de la Selva, por su investigación en Tecnologías de la Información.
Gabriel Sosa Plata, actual ombudsman de la audiencia del Canal 22, por su trabajo en la Divulgación del Derecho a la Información.

 FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LAURA BARRANCO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1511/mexico/derecho-a-la-informacion-esencial-en-la-consolidacion-democratica-orozco-henriquez/

Derecho al olvido en internet: ¿un derecho, censura o un redituable negocio en México?

By: Unknown on 8:51:00 / comment : 0 , , ,

¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?

 La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.
El caso en México de la revista ‘Fortuna’

 En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.

 El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.

 Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.

 Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.

 La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno.

 “Google no quiere el rol de censor de la red”

 Los puntos no tranquilizaron a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

 La oficina en México de Artículo 19 denuncia que aunque no se elimine la nota original, el acto de suprimir los enlaces provoca un daño al medio de comunicación, puesto que deja de recibir tráfico a su nota, y supone “un claro acto de censura”.

 “Para nosotros, el mal llamado ‘derecho al olvido’ en un concepto regresivo para la libertad de expresión -subraya Paulina Gutiérrez, abogada integrante de Artículo 19-, puesto que a partir de una interpretación errónea de la ley de protección de datos personales, se valida un mecanismo que sirve para censurar información”.

 El punto sobre la ‘relevancia’ de la información es la otra gran polémica.

 La resolución europea establece que cuando la ciudadanía solicite eliminar un link, los buscadores deberán ponderar “caso por caso” si la información publicada es aún relevante o no, y si por tanto el enlace se elimina o no. Una decisión “muy grave”, en opinión de la jefa de políticas públicas de Google México, Lina Ornelas, puesto que deja en manos de una empresa privada la facultad de impartir justicia.

 “Intervenir en las notas periodísticas que Google debe o no buscar puede pegarle a la neutralidad de la Red, y nos parece que es un acto de censura previa y de privatización de la justicia, porque al final del día es una empresa la que determina a qué información tenemos derecho a acceder y a cuál no. Y nosotros no queremos ese rol de censores”, recalca Ornelas.

 En este sentido, la especialista de Google señala que hay “excepciones” para eliminar links en México y en cualquier otro país, aunque se trata de casos muy claros como pornografía infantil, cuando se publican datos personales como el pasaporte, el IFE, o grupo sanguíneo, o cuando hay una violación a los derechos de autor.

 “Si hay un ilícito, no hay interpretación posible: se elimina el enlace. El problema es que la sentencia europea dice que no debemos desindexar –eliminar- los enlaces a notas que sean de interés público y relevante. Pero esto es algo muy subjetivo y ahí está el peligro, porque lo que puede ser de interés para Google, para otra persona puede que no lo sea, y viceversa”.
Derecho a la rectificación, sí; borrado, no

 Para evitar esto, el director de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando Garza, recuerda que en el caso de México la ley ya reconoce mecanismos para limitar la libertad de expresión cuando se producen abusos, como la demanda por daño moral, u otras medidas como el derecho a rectificación o el derecho de réplica.

 “Por ejemplo, si el empresario Carlos Sánchez cree que la nota de Fortuna daña su imagen de manera ilegítima, pues que demande a la revista o que le pida una rectificación –plantea Garza-. Y entonces será responsabilidad del medio analizar si rectifica. Pero será una decisión del medio, que es el responsable de la información, y no de un tercero como Google”.

 Lina Ornelas trae a colación otro ejemplo de un caso real en Colombia. En aquel caso, una ciudadana pidió a Google que eliminara los links a las búsquedas que la relacionaban con una investigación de trata de personas, misma que prescribió y de la que no fue hallada culpable.

 “La diferencia es que la justicia colombiana, en lugar de pedirle a Google que desindexara los enlaces (como hizo en México el INAI en el caso del empresario Carlos Sánchez) le ordena al medio que aclare en otra nota que el delito prescribió. Es decir, no borra la verdad sobre que una ciudadana estuvo mencionada en este caso, sino que aclara que no es culpable”.

 De esta manera, para Ornelas la justicia sí garantiza una protección integral a la afectada, porque en la resolución europea solo le pide al buscador que elimine los links, pero la nota sigue apareciendo en el sitio original, lo cual puede continuar generando afectaciones a la persona.

 En definitiva, para la directora de políticas públicas de Google existen “otros mecanismos mucho más eficaces”, que el borrado de la información para proteger a los ciudadanos. No obstante, coincide con los activistas de Artículo 19 y de la R3D en que “se está malinterpretando” el llamado ‘derecho al olvido en internet’, para permitir a personas “borrar un pasado ominoso en la Red”. Una situación, critica, que está generando que empresas vean en este ‘derecho’ una jugosa oportunidad de negocio.

 “Borramos tu pasado en Internet desde 60 mil pesos”

 Eliminalia, una empresa española que aterrizó en México en 2015 con el lema ‘Borramos tu pasado’, es una de esas compañías.

 “Borrar tu nombre y apellidos de internet y sus buscadores es posible –reza uno de sus reclamos publicitarios-. En Eliminalia nos dedicamos a borrar su pasado, porque usted también tiene derecho al olvido”.

 Dídac Sánchez es el fundador de esta compañía que, según el joven empresario, tiene un volumen de 400 clientes mensuales entre políticos, personas de negocios, ciudadanos, “y alguna compañía de electricidad y suministros”. Un grupo heterogéneo de clientes que paga cifras que van desde los 3 mil euros “si eres un ciudadano anónimo” (60 mil pesos aproximadamente), hasta los 20-30 mil “si eres un personaje público” (400-600 mil pesos), o incluso hasta los 100 mil “si eres un personaje muy público” (2 millones de pesos).

 “El derecho al olvido en internet es un derecho que merece todo el mundo”, plantea Sánchez nada más arrancar la plática vía Skype para, a continuación, exponer un ejemplo con el que argumenta su afirmación.

 “Imaginemos que hablan de mí en un diario. Y esa información puede ser veraz o no. Pero durante todo el tiempo en el que un juez lo decide, la información está en la Red. Pero ojo, incluso aunque el juez me diera la razón, tampoco tendría el derecho de eliminar la información. Entonces –se pregunta el empresario-, ¿para qué me sirve que la Justicia me dé la razón si voy a seguir condenado en los medios toda mi vida?”.

 Por ello, Sánchez muestra a su compañía como el resultado de la necesidad en México de hacer lo que el INAI, a la fecha, no ha conseguido hacer: “satisfacer al ciudadano que quiere salir de Internet”.

 “Cuando el río suena…”

 Sobre las herramientas planteadas por Google y la R3D para solicitar mecanismos de reparación que rectifiquen una información sin borrar los enlaces, el fundador de Eliminalia opina que éstas no son suficientes: “El cliente no quiere que la noticia que lo perjudica se alimente de más noticia, sino que su nombre deje de estar relacionado a esa noticia”.

 “Además –agrega- Sánchez-, hay una expresión que dice que ‘cuando el río suena, agua lleva’ . Y si durante un año un medio ha publicado que yo era un violador, ¿de qué me sirve que de forma puntual ese medio, de otros 200 que ya habrán replicado la nota, diga ahora que las acusaciones no eran ciertas? No sirve de nada, porque el daño va continuar”.

 Por otra parte, se le cuestionó sobre las acusaciones que organizaciones civiles vierten sobre su compañía, acerca de que ésta defiende a personajes corruptos llevando a cabo prácticas agresivas, como asistir a medios de comunicación para advertir que deben bajar tal información sobre un cliente so pena de iniciar una demanda.

 “Nuestro targeting en México es un cliente que ha tenido roces con su Gobierno, pero no tiene por qué ser un cliente corrupto, sino un cliente con un perfil público. En cualquier caso –matiza el empresario-, Eliminalia no es un juzgado. No somos fiscales, ni la policía. Somos una compañía que nos dedicamos a eliminar contenido en Internet, y defendemos los intereses de cualquier cliente, independientemente de si es político o no, y de si gusta o no a los medios”.

 -¿Aunque sea un político con acusaciones de corrupción? –se le insiste, a lo que Sánchez contesta muy puntual:

 -Creemos que todas las personas tienen el derecho al olvido en Internet, sin importar qué es lo que hizo durante su vida profesional.

 Epílogo: anulan resolución en México sobre ‘derecho al olvido’

 El pasado 24 de agosto, el debate sobre el ‘derecho al olvido en Internet’ escribió un nuevo capítulo en México. Ese día, un tribunal colegiado concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, representada legalmente por la R3D, en contra del INAI. Con esta decisión, se anuló la orden que giró el INAI a Google México en enero de 2015 para remover un enlace a la nota periodística de esta revista.

 Aunque para la R3D esta decisión es un triunfo frente al ‘derecho al olvido’, la comisionada del INAI Patricia Cursain matiza que la decisión de la justicia significa que el procedimiento de protección de derechos del empresario Carlos Sánchez deberá reiniciarse. Solo que en esta ocasión están obligados a llamar a la revista Fortuna, ya que en la resolución de 2015 la excluyeron del proceso.

 “El juez no consideró si la decisión del INAI (de ordenar a Google eliminar los links a la nota de Fortuna) es una decisión que debemos cambiar. No, lo que el juez dijo fue: ‘no escuchaste a un tercero (revista Fortuna) que tenía derecho a audiencia y por lo tanto debes llamarlo y repetir todo el proceso”, explica la comisionada, quien recalca que una vez que analicen de nuevo todos los argumentos, incluidos los de la revista, “volveremos a emitir un resolución, y ésta puede ser en el mismo sentido de la primera (cuando ordenaron retirar los links), o a lo mejor puede cambiar. Pero eso aún no lo sabemos”.

 En otras palabras, el debate sobre el ‘derecho al olvido’ continuará.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/derecho-olvido-internet-censura-mexico/

La Sedena debe hacer públicas fotos y videos tomados por militares sobre el caso Ayotzinapa

By: Unknown on 12:44:00 / comment : 0 , , , , , ,

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá hacer públicas las fotografías y videos que han sido tomados por militares la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, resolvió este domingo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

 El comisionado ponente que presentó el caso ante el pleno, Joel Salas Suárez dijo que “la mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente”.
Aseguró que la transparencia es la mejor vía para garantizar a los mexicanos que los militares actuaron en todo momento conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. “Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”, señaló el comisionado.

 “Las autoridades mexicanas negaron en un inicio la intervención de las fuerzas armadas en el caso, pero poco después modificaron esta versión. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, denunciaron que elementos castrenses sí conocieron y presenciaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la PGR en septiembre de 2015”, dijo Salas Suárez.

 Ante ello, una particular solicitó toda la documentación, escrita y audiovisual, que el militar Eduardo Mota Esquivel, adscrito al 27 Batallón de Infantería, recogió la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala y que entregó a su superior, el Teniente Joel Gálvez Santos.

 La Sedena declaró inexistente esta información, pero entregó a la solicitante un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar. La particular se inconformó ante el INAI pues según la versión pública del expediente dada a conocer por la PGR hay aparecen testimonios de Eduardo Mota Esquivel respecto al material de su interés.

 El comisionado Salas dijo que no se valida la respuesta de la Sedena, por ello el INAI ordenó a la dependencia una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre ellas la IX Región Militar, que se integra con la 35/a y 27/a Zonas Militares, así como al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-sedena-debe-hacer-publicas-fotos-y-videos-tomados-por-militares-sobre-el-caso-ayotzinapa/

Lo que pide la Amedi a los candidatos a gubernaturas

By: Draco Dracul on 0:57:00 / comment : 0 , , ,

En los estados "existen inequidad y desequilibrios informativos, coberturas a favor de ciertos candidatos en detrimento de otros y sesgos noticiosos que afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial, objetiva, oportuna y veraz", señaló la organización.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) llamó a los candidatos(as) a las distintas gubernaturas que presenten y se comprometan con una agenda ciudadana de derecho a la información.

 En un comunicado, detalló que dicha agenda debe contemplar los siguientes temas:

-Transparencia. Respeto a los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia local; respeto a la autonomía y decisiones del órgano garante de la trasparencia y el acceso a la información de la entidad; no politización ni partidización en la elección de los comisionados.

 -Libertad de expresión. Respeto irrestricto a la libertad de expresión y protección a los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En los últimos años se han incrementado las agresiones y los atentados contra la integridad física de los periodistas por parte de autoridades locales, elementos de la fuerza pública y el crimen organizado.

 Todo gobierno está obligado a garantizar la integridad de los informadores, iniciar averiguaciones para esclarecer las agresiones y sancionar a los responsables, de manera rápida y expedita. Crímenes recientes contra periodistas en entidades como Veracruz han activado alarmas internacionales porque existe la percepción de que en México no hay garantías suficientes y efectivas a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

 -Medios públicos. Cobertura informativa del actual proceso electoral como parte de su razón de ser y función social de informar a la ciudadanía. Compromiso con la independencia editorial de los medios públicos locales (radio y televisión) para que no respondan a los intereses y agenda del mandatario en turno. Que el director(a) sea nombrado por el Congreso local para garantizar una mayor independencia informativa, a partir de un perfil profesional con experiencia y conocimiento en materia de medios públicos, sin vinculaciones políticas, partidistas o amiguismos. Nombramiento de un defensor de audiencia con reconocido prestigio y experiencia profesional en los medios públicos.

 Convocatoria democrática y transparente para la instalación de un consejo ciudadano plural, conocedor e independiente que vigile la pertinencia de los contenidos y el desempeño del medio público. Recursos públicos suficientes para la modernización y digitalización de sus instalaciones e infraestructura, así como para la capacitación y profesionalización de su personal. Actualización al nuevo régimen legal de concesión única.

 -Gasto en comunicación social. Asignación neutral, clara y transparente de recursos a los medios impresos, electrónicos y digitales locales sin distinción de opinión o postura ideológica. El gasto para propaganda gubernamental no debe utilizarse para premiar la lealtad política o para castigar el disenso informativo, sino para informar oportunamente a la población de los temas de interés general. El presupuesto de comunicación social debe emplearse para subvencionar la pluralidad y la democracia, no para limitar indirectamente la libertad de expresión con asignaciones discrecionales.

 -Radios comunitarias. Respeto y promoción de las expresiones comunitarias, indígenas, étnicas y culturales a través de los medios de comunicación. Dejar de criminalizar y de perseguir a los comunicadores comunitarios. Evitar la confiscación de sus equipos transmisores o daños a su propiedad. Apoyo económico para el crecimiento de los proyectos sociales y comunitarios a través de asignaciones equitativas de partidas de comunicación social de dependencias públicas estatales promotoras de programas sociales, educativos y culturales.

 -Inclusión digital. Acciones tendientes a incrementar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre todo de banda ancha, para cerrar la brecha y la exclusión digitales. Diseño de políticas públicas y de una Agenda Digital estatal para incrementar la conectividad, las oportunidades de empleo, la alfabetización digital y el acceso a servicios públicos en línea en la entidad. Coordinación con el programa México Conectado para que más espacios públicos como escuelas, hospitales y plazas proporcionen acceso gratuito a Internet. Planeación estratégica para que la futura Red Compartida conecte las comunidades más alejadas y pobres del estado.

 La Amedi indicó que “tradicionalmente, los gobiernos estatales han ignorado los temas del derecho a la información y la libertad de expresión, por lo que el actual proceso electoral es un buen momento para que los candidatos(as) partidistas e independientes se comprometan con la ciudadanía a atender algunas de las ausencias más notables en materia de transparencia, impulso a los medios públicos y comunitarios, salvaguarda de los periodistas, rendición de cuentas en el gasto de comunicación social y reducción de la brecha digital”.

 Los estados que elegirán nuevo gobernador el 5 de junio son: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

 La Amedi lamentó que “a un mes de que arrancaron las disputas por el voto ciudadano, ninguno de los candidatos a la gubernatura en esos estados, provenientes tanto de las filas de los partidos políticos como los candidatos independientes, han presentado una agenda en defensa del derecho a la información, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.
“La omisión de las candidatas y candidatos partidistas e independientes es grave porque es precisamente en el espacio local donde ocurren más atentados, violaciones y omisiones al derecho a la información. También es en las entidades del país donde se ejerce más control político sobre la prensa y los medios electrónicos locales, incluidos televisoras, radiodifusoras y portales de internet”, abundó.

 FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0405/mexico/lo-que-pide-la-amedi-a-los-candidatos-a-gubernaturas/

Protestan cientos frente a MVS y reclaman por acto de censura contra Aristegui

By: Draco Dracul on 22:43:00 / comment : 0 , , ,

MÉXICO, D.F: Entre gritos de “¡Fuera Peña!”, “¡Queremos a Carmen!”, “¡Carmen, escucha, estamos en tu lucha!”, alrededor de 3 mil personas se manifestaron esta tarde frente a las instalaciones de MVS Radio para condenar la salida de Carmen Aristegui y de su equipo, además de que presentaron 174 mil firmas que se han recopilado en la plataforma Change.org con la frase “Carmen se queda”.

 Convocada a unas horas de que se conociera la posición de MVS de cancelar su relación contractual con Aristegui, el mitin conjuntó a cientos de radioescuchas, colaboradores del programa matutino como Denise Dresser, escritores e intelectuales como Paco Ignacio Taibo, Fabricio Mejía, la actriz Jesusa Rodríguez, así como los cuatro defensores de audiencia existentes en otros medios electrónicos que se unieron a la posición del ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata.
En un documento leído por Adriana Solórzano, ombudsman del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), los defensores de la audiencia lamentaron que MVS “haya ignorado a sus audiencias”, condenaron “la campaña desproporcionada” de la empresa y expresaron su preocupación “ante un acto de censura”. “Se debió privilegiar el diálogo”, sentenció Solórzano.
Por su parte, Gabriel Sosa Plata, ombudsman de MVS, afirmó que está valorando si continúa en la empresa. Afirmó que hubo “faltas peores” que la cometida por los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta y la empresa no actuó antes.

 Dresser leyó su más reciente artículo para condenar la salida de Aristegui y sentenció: “no es por Méxicoleaks. Su salida es porque a Enrique Peña Nieto no le conviene una voz crítica”.

 Los gritos de “¡Fuera Peña, fuera Peña!” se escucharon en la avenida Mariano Escobedo de la colonia Anzures, donde están ubicadas las instalaciones de MVS Radio.

 “La mano que mece la cuna está en Bucareli”, afirmó Paco Ignacio Taibo, quien consideró que este acto contra Aristegui y su equipo es equiparable al “golpe a Excélsior” ocurrido en 1976, durante el gobierno de Luis Echeverría para expulsar a Julio Scherer y a su equipo.

 “La libertad de expresión ahora hay que construirla desde abajo”, sentenció Taibo, quien consideró que la posición de MVS es “de un cinismo brutal”.

 El escritor Fabricio Mejía convocó a seguir la resistencia civil ante la agresión al equipo de Aristegui. El próximo miércoles 18 de marzo, frente al Hemiciclo a Juárez, se citó a otra protesta, a las 16 horas.
Compañeros de la maestría de periodismo del CIDE de Irving Huerta y amigos de Daniel Lizárraga también iniciaron en este acto una compilación de firmas en la plataforma Change.org con la frase “Irving y Daniel de Vuelta”.
Otra de las propuestas que se está promoviendo en la plataforma ciudadana es pedir a Radio UNAM que abra el espacio para que Aristegui transmita su programa informativo en esta estación de la principal universidad pública del país.

 “La idea no es sólo recolectar firmas sino que la gente y las audiencias se conecten e impulsen causas a favor de la libertad de expresión”, afirmó Alberto Herrera, responsable en México de Change.org.

 Entre los asistentes había radioescuchas de Tijuana y de Rosarito, Baja California, hasta donde se sintonizaba el programa informativo de Aristegui.

 “Esto es ultraje tras ultraje. Toda la gente con honestidad debe unirse para apoyar a Aristegui”, afirmó Santa Quiroz, de Rosarito, Baja California, que acudió al acto para protestar en contra de lo que la gran mayoría de los asistentes consideraron una censura.

 “Diario la escucho. Yo no tengo televisión restringida. ¿A quién voy a escuchar ahora?”, se quejó Quiroz.
Otros manifestantes acudieron con pancartas y chayotes, símbolo de la corrupción periodística en México. Una decía: “un borracho no la silenció. Un pendejo menos. #YoConCarmen”.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

“Apartheid informativo”

By: Draco Dracul on 11:53:00 / comment : 0 , , , ,

El trabajo de investigación reporteril es la piedra angular del periodismo socialmente útil.

 Ningún buen medio de comunicación sobrevive con credibilidad y prestigio sin un grupo de reporteras y reporteros profesionales, éticos, capaces de jugarse la vida a ratos y de arriesgarse a los cada vez más notables y sistemáticos ataques vengativos de gobernadores, alcaldes, policías y personajes públicos que tienen el dinero para crear ciberdesacreditadores, periódicos y revistas estilo pasquín hechos a modo para la defensa a ultranza de los poderes fácticos y de los pactos de corrupción que tienen a nuestro país arrodillado ante la violencia y desánimo que las corruptelas generan en todos los ámbitos políticos y sociales.

 En los últimos años hemos presenciado y documentado los daños directos y colaterales de los ataques a la prensa, tanto a medios particulares como a periodistas en lo individual.

 Hemos buscado nuevas formas para explicar con claridad el costo emocional, profesional y económico que tiene para una reportera haber sido encarcelada y torturada por órdenes de un gobernador abocado a defender a la delincuencia organizada; o a una reportera amenazada por militares hasta el día en que apareció asesinada en su hogar; o el de un editor que fue secuestrado durante 60 horas para torturarlo psicológicamente y luego soltarlo lleno de miedo, advertido por los criminales de que su vida y los textos del periódico ya no le pertenecen a él sino al líder del cártel.

 Paralelamente hemos documentado con nombres, apellidos y cifras comprobables que por cada periodista perseguida, amenazado, hay una decena que renuncia o se somete,se prostituye por miedo al peligro potencial o simplemente porque no tenía vocación y ética.

 Nada es tan simple como parece, no todos tienen la fortaleza y resiliencia para seguir adelante a pesar del peligro, de la fatiga emocional por vivir bajo espionaje estatal, a pesar de los ataques constantes a integridad, de los intentos por desacreditarles inventando historias sobre una supuesta vida privada. No todos ni todas resisten el miedo a las amenazas contra sus hijos o padres, ni tampoco es fácil soportar las crisis de pareja que derivan de haber elegido una profesión de alto riesgo como el periodismo, en el que sí aplica eso de necesitar tener la lengua larga y la cola corta.

 Es claro que los criminales organizados y los políticos que ejercen el poder desde la ideología de la corrupción delictiva, operan con estrategias similares. Ellos han comprendido que deben atacar por cuatro flancos: intentar comprar voluntades y plumas, amenazar con retirar las onerosas cuotas de publicidad gubernamental que sostienen a tantos medios, ofrecer dádivas y amistades simuladas para acercar a periodistas a las mieles putrefactas del poder y, finalmente, orquestar golpes al interior de medios, conseguir despidos por presión política o por amenazas sutiles a cambio de beneficios empresariales que el gobierno controla de manera discrecional.

 Por otro lado tenemos a los propietarios: empresarios dedicados principalmente a obtener dinero a través de uno o varios medios de comunicación que se convierten en cotos de poder importante. Esos propietarios una vez instalados en la credibilidad que el raiting les otorga, valoran a sus periodistas en la medida en que suman lectores, televidentes o radioescuchas, porque aunque la buena fama se la ganan las y los individuos, el medio, siendo su altavoz, se convierte en socio victorioso de ese prestigio. Es un ganar-ganar hasta que comienzan las batallas por el poder. Las y los periodistas, conductoras o reporteros que han hecho una carrera propia, de pronto se descubren maniatados por el propietario del medio, que condiciona su libertad, que decide si pueden o no tener Blog y redes sociales o investigar a todos los políticos por igual.

 Tal es el caso de Carmen Aristegui y su equipo de reporteros y reporteras, ellas y ellos revivieron a MVS, le atrajeron seguidores, credibilidad, mejoraron sus ventas, rescataron a un medio para que se convirtiera en un ejemplo del servicio informativo a la sociedad amplia. Sólo entonces comenzó la batalla por el poder, por desacreditarla para controlarla, la exigencia de absoluta exclusividad, la estrategia de aislamiento bajo un modelo empresarial que considera a los periodistas su propiedad; obedientes empleados que deben responder a los intereses, a veces transparente y otra veces opacos, de la empresa. Sí, son una empresa, pero no fabrican autos, producen información socialmente útil, de allí que se deban a un código ético diferente porque están inherentemente ligados a los Derechos Humanos y a la libertad de pensamiento como ejes de la democracia ciudadana, protegida por leyes nacionales e internacionales.

 Los medios de comunicación no deberían convertirse en cómplices del apartheid informativo que los gobiernos corruptos pretenden establecer para aislar a la sociedad y silenciar el disenso.

 En este contexto la indignación por el despido de los reconocidos y respetables reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta (quienes investigaron los casos La Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa y la mansión de Videgaray), responde a la lectura de que hay una represalia por haberse metido con el presidente y su operador principal; lo cuál parece acertado, ya que Eduardo Sánchez ex consejero y abogado de Joaquín Vargas, propietario de MVS, asumió el cargo como Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia de la República. Curiosamente Vargas  en este contexto descalificó a Carmen sin llamarla en privado y despidió a los reporteros quedándose con sus discos duros y toda la información de sus investigaciones.

 Nadie puede negar que la información y la comunicación se han convertido en fuerzas motoras de la reorganización política y social; ahora más que nunca el poder y la articulación económica dependen del acceso inmediato a información auténtica y diversa. Aun en países como México, con elevados niveles de impunidad, el buen periodismo de investigación pone sobre la mesa elementos para el debate, afecta las dinámicas financieras e incita a la reacción social en defensa de los derechos humanos, de la justicia y la paz; logra que millones de personas se sientan escuchadas y sus preocupaciones validadas.

 Al periodismo no le corresponde incitar a la Revolución, pero sí le concierne mostrar los hechos para que la sociedad forme su opinión, incluso para que descubra si está siendo obligada a mirar un mundo monocromático que pretende legitimar un modelo económico y político dominante cuya misión es asegurar la sumisión social, el desánimo paralizante que causa el saber que no tenemos poder contra quienes manejan nuestros recursos, que deciden sobre nuestra seguridad, nuestra vida, nuestro futuro y ponen precio al agua que bebemos.

 Los medios en México están en riesgo de facilitar un poder autocrático en el que un pequeño grupo domina el discurso público y descarta toda posibilidad de diversidad discursiva y de análisis, lo cuál impide a las y los ciudadanos tener acceso al poder para la toma de decisiones que la constitución y la democracia les confieren. Es decir, los medios de comunicación que se someten a las reglas del poder político corruptor, terminan por convertirse paradójicamente en censores, en patológicos reproductores de un discurso monolítico que narra solamente lo que conviene a un pequeño grupo de miembros de poderes fácticos cuyo interés no es servir a la sociedad, sino engañarla para seguirse nutriendo del poder. Esos medios traicionan a la sociedad que les otorga su confianza y gracias a la cuál cotizan mejor en la Bolsa de Valores.

 El buen periodismo cuesta caro, en un mundo regido por el capitalismo, en que los servicios, la educación, alimentación y la salud no son gratuitos es injusto y ridículo exigir que las y los periodistas profesionales regalen su trabajo, su inteligencia y su tiempo.

 Quienes celebran la libertad de los Blogs particulares no comprenden los gastos onerosos que implica mantener un medio independiente con reporteros profesionales, con diseñadoras, editoras y fotógrafos, que contrasta fuentes y paga investigaciones de largo aliento, que implican viajes y cientos de horas invertidas en cada tema.

 El periodismo profesional en México es un trabajo de tiempo completo, una forma de vida, y en ocasiones, una misión democratizadora.

 Minimizar el aniquilamiento de la libertad de prensa y de la autonomía económica para poder ejercer esta profesión, es hacerse cómplice de un Sistema que busca la opacidad para tener el control absoluto de la decadencia asimilada.

 FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO
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