“Se trata de una práctica que debe eliminarse, pues altera el desarrollo integral de las y los menores”, señalaron integrantes del Senado.
La investigación tuvo como objetivo identificar y analizar cómo el desplazamiento forzado dentro del país afecta las condiciones de vida y los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las fronteras de Tijuana y Mexicali, Baja California.
Entre 2017 y 2022, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ha recibido 447 casos de violencia hacia menores de edad en Oaxaca.
En lo que va del año, en el estado de Oaxaca por lo menos siete niñas y niños han sido víctimas de asesinato, con lo que en los primeros cinco meses de 2022 la entidad ha superado los seis homicidios a niñas y niños de 0 a 14 años de edad que se registraron en total en 2021, y alcanzado el 70% de los 10 totalizados en 2020.
La organización Causa en Común documentó dos casos en su informe Atrocidades enero-abril 2022; uno más, reportado por la Fiscalía del estado, ocurrió el 10 de mayo por arma de fuego en la comunidad de San Francisco del Mar en la región del Istmo de Tehuantepec, en la que también fueron asesinados cuatro menores de edad en la localidad de Chicapa de Castro el 2 de mayo, delito por el cual hasta ahora la única persona detenida es su mamá.
La Comisionada nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana, señaló que la mayoría de los menores desparecidos tenían entre 13 y 17 años; más del 55% eran niñas.
En el marco del Día del Niño, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México informó que existen más de 16 mil 487 personas, quienes eran niñas, niños y adolescentes cuando fueron reportadas como desaparecidas; la mayoría entre los 13 y 17 años.
La comisionada nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana, indicó vía Twitter que más del 55 por ciento de esas personas desparecidas eran niñas.
En los últimos dos años fueron asesinados 3 mil menores de edad en México, de acuerdo con cifras oficiales cada día 4 niños y adolescentes fueron víctimas de un crimen violento.
El incremento de la violencia que registra México ha golpeado a los niños, niñas y adolescentes: desde 2018 fueron asesinados 3 mil 108 menores, de los que 1 mil 161 fueron víctimas directas del crimen organizado, explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Las cifras fueron expuestas durante la presentación del balance de actividades de los últimos dos años de la subsecretaría que dirige Encinas. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el funcionario anunció la puesta en marcha de un Programa Nacional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y cuyo contenido está previsto que se haga público la próxima semana.
En México no hay un registro oficial de cuántos menores de edad han quedado en orfandad a causa del feminicidio, por eso la reforma aprobada este 2 de diciembre, también obliga a crear un padrón permanente y actualizado de niñas, niños y adolescentes que están en esta condición, en el Registro Nacional de Víctimas.
De acuerdo con el Informe Anual de Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la principal forma de trata de niños es con fines sexuales, le sigue el trabajo forzoso, la mendicidad forzada, la remoción de órganos, la venta de niños y el matrimonio forzado, que afecta principalmente a niñas.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que se entregó una nota al gobierno de Donald Trump para condenar la medida migratoria.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, condenó la política migratoria de separar a los niños de sus familias en la frontera de Estados Unidos, hecho que calificó como una acción cruel e inhumana.
Informó que se entregó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para condenar la política migratoria y pidió que se permita y facilite la comunicación entre los niños y familiares.
Informó que se entregó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para condenar la política migratoria y pidió que se permita y facilite la comunicación entre los niños y familiares.
Organismos de Derechos humanos de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pida al gobierno de Estados Unidos interrumpir la separación de menores migrantes de sus familias y que garantice la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Y el Gobierno de México dijo hoy que está intercediendo ante la ONU, días después de que el caso de los niños migrantes ha llamado la atención del mundo. Pero ni el Presidente Enrique Peña Nieto ni el canciller Luis Videgaray se han pronunciado hasta la mañana de este día. “Gobierno sumiso y agachón”, dijo el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes.
El Gobierno de México dijo hoy que denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las “inaceptables políticas” del gobierno de Estados Unidos que permite la separación de los menores de sus padres en la frontera, aunque el Presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray no se habían pronunciado al respecto a pesar de que la tragedia de los niños separados le ha dado la vuelta al mundo.
UNICEF condenó la muerte de cuatro niños, víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas, y pidió a las autoridades garantizar el regreso de las familias desplazadas a sus hogares.
“Es absolutamente inaceptable que hoy en día, en México mueran niños de hambre y frío”, señaló en un comunicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), luego de que se tuviera conocimiento del fallecimiento de cuatro niños de familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas, por el conflicto territorial de sus habitantes con los de la localidad vecina, Chenalhó.
La UNICEF hizo un llamado a que “todo actor involucrado en el conflicto piense como ser humano… y que coloque el deber de proteger a la infancia en el centro de sus consideraciones y acciones”.
La UNICEF hizo un llamado a que “todo actor involucrado en el conflicto piense como ser humano… y que coloque el deber de proteger a la infancia en el centro de sus consideraciones y acciones”.
En un comunicado, la Comisión señaló que dichas violaciones consisten en violencia física y psicológica, instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad, y son atribuibles a personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Servicios de Salud de Oaxaca y DIF-Oaxaca.
En un comunicado, la CNDH destacó que los menores de edad que viven en esa situación no sólo enfrentan la amenaza a su condición de salud, sino que la pandemia los priva, en muchos casos, de la atención y el cuidado de sus padres, además de que son estigmatizados y discriminados por la sociedad.
En el foro “Las niñas y los niños exigimos que se respeten nuestros derechos humanos. Acciones encaminadas a desarrollar los ODS en relación al VIH y la infancia en México”, que se realizó en el marco de la conmemoración del Día de la Niñez en México, se acordó promover y difundir el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud para las niñas y los niños, así como el desarrollo pleno de sus facultades. También se generó la discusión y surgieron propuestas para garantizar los derechos humanos de la población infantil afectada por el VIH.
El pasado 18 de enero Federico, de 15 años de edad, abrió fuego en su salón de clases en un colegio de Monterrey e hirió a su maestra y tres de sus compañeros. Luego, él se disparó en la cabeza y finalmente murió en un hospital. Como él, coincidieron especialistas, muchos otros han estado años expuestos a la violencia que se vive en el país. En Nuevo León, por ejemplo, los asesinatos comenzaron a despuntar a partir de 2010, cuando estos crímenes se triplicaron con respecto al año anterior y pasaron de 267 en 2009 a 828 al año siguiente y, en 2011, a más de dos mil casos.
Especialistas en juventud y justicia, en entrevista con SinEmbargo, coincidieron en que, si bien es complejo determinar qué detono este crimen, sí evidenció las carencias de las instituciones que deberían detectar conductas de riesgo o problemas de salud mental, así como prevenir y castigar la violencia.
Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– En mayo de 2011, cuando Nuevo León vivía el mes más violento de su historia, un video grabado en un salón de clases de la ciudad de Monterrey se convirtió en “viral”. Mostraba a varios niños contra el suelo mientras la voz de una maestra los consuela y, desde el exterior, se escuchan las detonaciones de una metralleta.
Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de la organización Ririki Intervención Social, dice haberse remitido a esa imagen luego del ataque armado cometido el pasado 18 de enero por un adolescente en un salón de clases de una escuela también ubicada en Monterrey y que dejó cuatro personas heridas.
“Creo que los efectos en algunos niños son mayores o menores, dependiendo de cuestiones muy particulares, pero el entorno de violencia que muchos de estos niños han vivido desde que nacieron, o desde muy pequeños, tiene un alto impacto en sus comportamientos”, dice Ramírez.
“Hace unos años se le dio un premio a una maestra de jardín de niños por haber protegido a sus alumnos. Es esa generación la que está por entrar a la secundaria, y nunca nos hemos detenido a pensar qué estamos haciendo con relación a los efectos”, agrega.
El crimen cometido por el adolescente en el Colegio Americano del Noreste fue captado por una cámara de seguridad, en cuyo registro se le observa apartado del resto y, desde su silla, iniciar una serie de disparos a corta distancia contra tres compañeros y la maestra.
El menor, que al final del ataque se suicida, fue identificado como Federico Guevara, de 15 años y, de acuerdo con los reportes de prensa, víctima de acoso escolar en diferentes colegios.
“Uno de sus compañeros de clase lo recuerda como un buen niño y le cuesta mucho entender lo que hizo: ‘Fueron las malas influencias, porque el Fede que yo conocí no hubiera hecho eso”, reportó este medio.
Especialistas en juventud y justicia coinciden en que, si bien es complejo determinar qué detono este crimen, sí muestra las carencias de las instituciones que deberían detectar conductas de riesgo o problemas de salud mental, así como prevenir y castigar la violencia.
“La violencia se empieza a normalizar en el entorno”, dice Paulina Sánchez Román, autora de Justicia para Adolescentes en México, publicado en 2016 por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
“[La violencia] Empieza a ser más común y ahora tienen que ser más violentas las conductas para que generen mayor conmoción y atención. Otro factor importante es la impunidad, en la que parece que estas conductas pocas veces tienen castigo, quedan sin consecuencias, y claro que eso va creando en el imaginario colectivo la idea de que no es tan grave ni es valiosa la vida humana ni la Ley”, agrega Sánchez.
El pasado 18 de enero un adolescente abrió fuego en un salón de clases de una escuela ubicada en Monterrey. Dejó cuatro heridos y él se suicidó. Foto: Cuartoscuro
GUERRA Y JUVENTUD
Diversas fuentes han advertido el peso que la exposición a la violencia y la impunidad tienen en la reproducción de otras formas de agresión, sobre todo en menores de edad.
“Muchas de las teorías que explican el comportamiento delictivo juvenil, como las del aprendizaje social, la frustración, la asociación cognitiva o la de la desorganización social, así como la evidencia empírica con la que se cuenta, permiten sostener que las guerras producen un legado de violencia en la postguerra, particularmente entre los jóvenes”, dice el informe especial “Adolescentes, vulnerabilidad y violencia”, difundido este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este vínculo entre entorno violento y comportamientos agresivos por parte de los niños y adolescentes fue también advertido en 2015, cuando cinco menores de edad asesinaron a Christopher Márquez Mora, de seis años, en la ciudad de Chihuahua, capital de uno de los estados más afectados por la violencia atribuida a la disputa del narcotráfico.
“Indudablemente es reflejo de la sociedad que somos”, dijo entonces Lourdes Almada Mireles, ex dirigente de la Red por los Derechos de la Infancia en Juárez y académica en la Universidad Autónoma de la misma ciudad.
“Consecuencia de la suma de muchas negligencias, omisiones, ausencias de la sociedad, por parte del Estado, y que se acumulan: una situación socioeconómica en la que la pobreza se ha recrudecido en todo Chihuahua, más una historia de violencia que no tengo que platicar y sobre la que no sólo no se ha querido actuar: no se ha querido ni siquiera reconocer”, agregó.
En su nuevo informe especial, la CNDH analiza la problemática de la delincuencia juvenil en el contexto de la crisis de seguridad y derechos humanos registrada en México desde el sexenio pasado y en el que se han registrado casi 200 mil asesinatos, la mayor parte impunes.
“Es dentro de este contexto de la violencia que ha tenido lugar durante los últimos años en México, que debemos situar la violencia que cometen, así como la que padecen, los adolescentes en nuestro país”, dice el texto.
“Sostenemos que la violencia que afecta a este sector específico de la población no puede entenderse al margen o sin tomar en cuenta la grave crisis de seguridad y violencia que afecta a nuestro país”, insiste.
El documento cita que México ocupó en 2015 el lugar 144, de un total de 162, en el Índice de Paz que mide el grado de militarización y extensión de los conflictos en cada país, por debajo de Filipinas y Venezuela e India y “apenas” por encima de Líbano y Colombia. También, que la Encuesta sobre Seguridad Pública Urbana del INEGI arrojó en 2016 que 70 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
“Las guerras tienden a afectar no sólo las tasas de delincuencia juvenil sino también su naturaleza y sus orígenes. La guerra genera las condiciones que propician el incremento de la delincuencia, ya que debilita las inhibiciones y alienta la expresión de los impulsos primitivos, con lo que contribuye a alterar las tasas, la estructura y la naturaleza de las conductas delictivas”, dice el reporte.
“Los mecanismos específicos que se ponen en juego en la relación entre guerra y delincuencia no han sido suficientemente estudiados, aunque se sabe que, durante las guerras, la violencia y la agresión parecen ser medios aceptables para la resolución de conflictos y los niños aprenden estos comportamientos”, agrega.
FAMILIAS Y ESTADO
Nuevo León fue parte de los territorios más afectados por la violencia atribuida a la disputa por el narcotráfico e iniciada en 2006. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el indicador de asesinatos comenzó a despuntar en esa entidad a partir de 2010, cuando estos crímenes se triplicaron con respecto al año anterior y pasaron de 267 en 2009 a 828 al año siguiente y, en 2011, a más de dos mil casos.
Y en ese entorno, coincide Maricela Escamilla, de la organización neolonesa Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), crecieron cientos de miles de niños como Federico y que hoy están en riesgo de reproducir comportamientos agresivos.
“En el caso de este niño, o muchos otros, han estado diez años, ocho años expuestos a la violencia y de alguna manera nos acostumbramos a eso; pero parece que esta realidad anestesia a la sociedad entera”, dice Escamilla, jefa del departamento de sicología de la organización.
“Hay una dureza emocional y hay muchos niños que aprenden a inhibir sus emociones por esta exposición a la violencia, como un mecanismo de defensa”, agrega.
Otra expresión de la normalización de la violencia vivida en la última década en México es la popularización de “corridos” que hacen apología de la misma y describen con detalles las modalidades de asesinato también extendidas durante la última década, como las decapitaciones.
“Hay una desvalorización muy grande de la vida humana”, dice Escamilla. “Empiezan a desarrollar ese mecanismo de defensa que los vuelve insensibles y que de alguna manera creo que actúan bajo efectos de brotes sicóticos que van anulando la voluntad, y creo que no tienen una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y eso tiene que ver con esta sobreexposición a la violencia”, agrega.
En respuesta al ataque del día 18, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció el “reforzamiento” de la revisión de los menores en las escuelas por parte de elementos policiacos, u “Operativo Mochila”.
Niños como Federico, coincidieron especialistas, han vivido durante 10 años expuestos a la violencia. Foto: Cuartoscuro
Las revisiones, sin embargo, consideraron las fuentes consultadas, no sólo son violatorias de la intimidad de los menores, sino también ineficaces, reactivas e incluso probable antecedente de otras conductas de riesgo.
“A los jóvenes se les debe explicar y fortalecer el entendimiento de sus derechos para que los hagan valer los derechos de los demás. No pienso que una solución sea violentarlos, pero además porque esas medidas son reactivas, no preventivas”, dice Sánchez.
Rodríguez Calderón también cuestionó el cuidado de los padres de familia sobre los hijos como parte de la problemática alrededor del ataque registrado en el Colegio Americano y advirtió que se requería mayor disciplina.
“No hay ni habrá ningún programa, ninguna acción que sea tan fuerte como debe ser la disciplina que los padres empecemos a trabajar con nuestros hijos”, dijo Rodríguez Calderón en conferencia de prensa.
De acuerdo con Escamilla, además de valores familiares, se requieren condiciones políticas para una convivencia pacífica.
“El Estado es responsable de la ruptura de las condiciones de paz y de la falta de sustento integral de las familias”, dice.
“Se habla de valores en la casas, pero todos tenemos valores, y fundamentalmente creo que debe haber una convivencia pacífica, y los valores de la vida democrática son el respeto, el diálogo, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, y el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer; no ha generado políticas públicas para tratar a estos niños que son testigos de tanta violencia”, agrega.Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/29-01-2017/3141348
Niños indígenas de la zona de los Altos de Chiapas, junto con integrantes de la organización Melel Xojobal, llevaron a cabo una manifestación en San Cristóbal de las Casas para demandar al gobierno mexicano la atención al sector ante las muertes por desnutrición y enfermedades gastrointestinales.
En la movilización participaron niños dedicados al comercio irregular en la ciudad turística de San Cristóbal, y a ésta se le unieron ciudadanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los menores de edad de la región.
Los integrantes de las organizaciones retomaron las cifras de la Secretaría de Salud y explicaron que 1 de cada 10 niños de entre 1 y 4 años de edad fallece por diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso en el estado, el cual tiene una de las tasas más altas de mortalidad en menores de 5 años con 23 muertes por cada cien mil niñas y niños.
Por otra parte, desde hace más de diez años la pobreza alimentaria en el estado ha permanecido en el mismo nivel, lo que afecta a uno de cada 2 niños y al mismo tiempo a alrededor del 75 por ciento de la población a nivel estatal.
La situación es aún más grave en al menos 8 municipios indígena, donde la pobreza alimentaria alcanza niveles por arriba del 80 por ciento de la población.
“En Chiapas donde el 68 por ciento de la población no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta básica y el 84 por ciento de las niñas, niños y adolescentes vive en pobreza”, señaló la organización Melel Xojobal.
“La muerte por desnutrición y las enfermedades gastrointestinales son curables y prevenibles. Sin embargo, las políticas públicas que se aplican en el estado sobre esta situación no han sido eficaces, y se sigue invisibilizando a niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados”, agregó.
Denunciaron que hasta el momento no hay en el presupuesto público los recursos suficientes para atender a este sector.
Ante el contexto de pobreza y desnutrición, durante la movilización exigieron la adecuada implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y operación del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes en todos sus niveles.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción con información de Proceso
https://desinformemonos.org/ninos-indigenas-exigen-atencion-al-gobierno-chiapas/
En torno al 11 de julio, Día Mundial de la Población, el representante del UNFPA para México, Cuba y República Dominicana del Fondo, Arie Hoekman, afirmó que una inversión y apoyo eficaces a las niñas adolescentes facilitan la transformación del mundo y permiten combatir la pobreza, la violencia, la exclusión y la discriminación. Invertir en las niñas adolescentes permite mayor desarrollo de los países, subrayó.
Recordó que aún ahora, las niñas no tienen las mismas oportunidades académicas y que son aun los “varones” quienes reciben mayores privilegios aun cuando exista inversión para atender las demandas de la población menor de edad en los países de la región, por lo que sigue siendo necesario centrar los esfuerzos en las niñas que serán las próximas trabajadoras, empresarias, líderes lo que requiere de condiciones idóneas que les permitan poder generar mayores habilidades para la vida, lo que implicará también, afirmó Hoekman, mayores retornos de la inversión.
Se trata de un problema que afecta a igualmente a República Dominicana y a Cuba aunque, aclaró, en el caso de éste último país, el acceso al aborto legal se refleja en la tasa de fecundidad por tener acceso al aborto legal, por lo que se requiere de un cambio estructural y temas tabú, otro ejemplo claro de esto es que aunque hoy se ha facilitado el acceso a la información y acceso a anticonceptivos, los estigmas en torno a ellos aun dificultan que las mujeres hagan uso de ellos.
Señaló que en México existe una Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente.. que involucra a todo el Estado, lo que significa que todas las autoridades estatales y locales deben involucrarse y participar, en tanto que se requiere de cambios estructurales, también la sociedad debe transformarse y detener la transferencia de la pobreza, al referirse a los obstáculos económicos que representan los embarazos a temprana edad.
En el marco del Día Mundial de Población, UNFPA llama a los gobiernos a invertir más en las niñas adolescentes y a reforzar las políticas públicas para combatir la desigualdad de género que actualmente beneficia más a los niños y hombres.
Recordó que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incorpora un objetivo enfocado a la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, lo cual llama a todos los países a erradicar todo tipo de discriminación contra de ellas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/8-mil-partos-en-el-pais-son-de-ninas-de-entre-10-y-14-anos-de-edad/
En México, 54 por ciento de la población menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De esto derivan otros problemas que vulneran su desarrollo: rezago educativo, marginación, discapacidad o trabajo infantil son algunos de los problemas que enfrentan.
De los 39 millones de niños y adolescentes que hay en el país, 21.4 millones se encuentra en situación de pobreza; es decir, no tienen garantizados al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y los ingresos que perciben no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
De éstos, 4.6 millones viven en pobreza extrema que ocurre cuando en un hogar se destinan todos los ingresos en la compra de alimentos e, incluso, así no pueden acceder a lo indispensable para tener una nutrición apropiada. Además, presentan al menos tres de las seis carencias sociales incluidas en el cálculo del índice de privación social. Otros 17 millones se encuentran en situación de pobreza moderada.
No obstante, 74.4 por ciento de niños y adolescentes mexicanos presenta al menos una carencia social: 62.6 por ciento no tiene acceso a la seguridad social; 27.6 por ciento tiene carencias en la alimentación; 24.8 por ciento no cuenta con los servicios básicos en su hogar; 16.7 por ciento presenta una carencia en la calidad y espacios de su vivienda; 16.2 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; y 8 por ciento presenta algún rezago educativo.
El índice de mortalidad infantil es el indicador más confiable de bienestar social. De acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, por su sigla en inglés), “más de un 70 por ciento de las muertes infantiles que se producen todos los años se deben a seis causas: diarrea, paludismo, infecciones neonatales, neumonía, parto prematuro o la falta de oxígeno al nacer”. El primer año de vida es el más peligroso y la mayoría de las muertes infantiles son evitables pues se producen en contextos de vulnerabilidad.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 50, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de acceder de forma gratuita al más alto nivel de salud. En materia internacional, el Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho a la vida.
Sin embargo, pese a los esfuerzos internacionales para garantizar el acceso a la salud de los infantes, y aunque en México la mortalidad infantil ha ido a la baja, en el trienio 2011 a 2013 murieron 14.3 niños por cada 1 mil nacimientos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explican en el informe Interrelaciones Agua y Salud Pública en México, de 2008, que las muertes suelen ser por causas prevenibles como la diarrea. Según estimaciones internacionales: la higiene puede reducirla en 37 por ciento; el acceso al agua potable puede hacerlo en un 25 por ciento; y el acceso a drenaje puede evitar su incidencia en un 32 por ciento.
De acuerdo con el estudio Muertes evitables: magnitud, distribución y tendencias, de la Secretaría de Salud, realizado de 2000 a 2004, 48 por ciento de las muertes de niños menores de 14 años son causadas por padecimientos derivados de enfermedades infecciosas intestinales. 58 por ciento de estas muertes se originan por consumir alimentos, agua contaminada o alimentos putrefactos con alguna bacteria, sustancia, parásito o virus. También se originan de la presencia de rotavirus durante los meses fríos y secos.
La diarrea y gastroenteritis son la causa en el 86.9 por ciento de los decesos y se presentan principalmente en los menores de un año, uno de cada 100 fallece por esta causa. La promoción de la lactancia materna, la preparación adecuada de los alimentos, las medidas de higiene, la vacuna contra el rotavirus, la mejora del drenaje y el acceso al agua potable pueden prevenir estas enfermedades y evitar la muerte de los menores.
Los primeros cinco años de vida son vitales para la sobrevivencia de los niños, aquellos que se encuentran en un contexto de pobreza y ambientes hostiles son los más vulnerables.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) hay otros problemas que dificultan el acceso de los niños a sus derechos: 4.1 por ciento de los niños nacidos vivos de 2011 a 2013 no fueron registrados ante el Registro Civil. Además, en 2014, 2.6 por ciento de los niños nacidos no contaban con certificado de nacimiento lo cual les impedía llevar a cabo su registro.
De acuerdo con el UNICEF, el registro civil es indispensable para que puedan adquirir una identidad jurídica y puedan incorporarse como “sujeto de derecho dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
Otro problema es el trabajo infantil. Según el UNICEF, “es un obstáculo para el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes”.
Actualmente, 11 de cada 100 niños y 6 de cada 100 niñas se encuentran laborando. En 2013, 2.5 millones de niños entre 5 y 17 años se encontraban realizando alguna actividad económica según el Módulo de Trabajo Infantil (MTI). De estos, 67.4 eran niños y 32.6 eran niñas.
En México, 41 por ciento de los niños que trabajan tienen menos de 15 años, la edad mínima para trabajar. Además, según la Encuesta Intercensal 2015, de los 20.8 millones de niños y niñas en edad escolar (de 6 a 14 años) 3.5 por ciento no asiste a la escuela.
El acceso a la educación también es un factor esencial para desarrollar potencialidades y ampliar oportunidades. Sin embargo, la educación básica aún no es universal: de los 6.5 millones de niñas y niños de 3 a 5 años, 35.8 por ciento no asiste al preescolar; y el 26.5 por ciento de los 6.4 millones de adolescentes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela.
Fuente: Contralínea
Autora: Karen Carrillo
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/05/01/ninos-violentados-en-sus-derechos-humanos/
Ciudad Juárez. Con un acuerdo entre propietarios de 250 ranchos del estado de Chihuahua y autoridades estatales y federales, se acordó evitar contratar a niños en labores de cosecha durante la actual temporada agrícola que ha iniciado.
A los niños se les van a ofrecer escuelas y otras actividades culturales para que no pierdan el ciclo de enseñanza y se evite que trabajen en el campo como ha sucedido en otros años.
Durante la reunión se instaló una mesa interinstitucional para el trabajo del protocolo de atención de jornaleros agrícolas, mediante el cual se “declaró disminuido el trabajo infantil” en alrededor de 250 ranchos ubicados en esta entidad, dijo el gobernador César Duarte Jáquez.
Explicó que esta estrategia se logró con la coordinación de las autoridades, los propietarios de los ranchos agrícolas y los productores que realizaron supervisiones para evitar que los menores de edad trabajen en los campos, clasificados con foco rojo por tratarse de trabajo infantil forzado.
Uno de los puntos a impulsar, dijeron, es el fortalecimiento de la transportación, contratación y condiciones laborales en general, tanto de trabajo, seguridad y salud; en segunda instancia se atenderán condiciones de vida mediante la supervisión de albergues, alimentación, educación y atención médica.
El tercer tema apunta a continuar con los trabajos para erradicar el trabajo infantil en ranchos agrícolas. Para ello, se pidió a los productores que no admitan a menores de edad en áreas de trabajo.
Se acordó también dar apoyo a los jornaleros para trasladarlos a sus lugares de origen, entregarles becas alimenticias, estímulos educativos y, por último, se entregarán “apoyos” a los productores con distintivos que declaran a los campos “libres de trabajo infantil”, además de otorgarles capacitación laboral.
Según las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social de gobierno del estado, el año pasado se contó con la presencia de cuatro mil 250 jornaleros en la entidad, y de éstos unos dos mil provenían de otras entidades y el resto de la sierra tarahumara.
Lo anterior informó José Luis García, titular de la dependencia, quien además aseguró que los jornaleros fueron albergados en los 17 municipios donde se concentran los plantíos, asegurando que todos se hospedaron en los albergues a cargo de municipios, estado y federación.
Asimismo, más de mil 200 menores de edad fueron atendidos y recibieron educación para no mermar sus avances educativos; esto, en escuelas que se instalaron en los 24 centros o albergues para jornaleros.
Fuente: La Jornada
Autor: Rubén Villalpando
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/05/acuerdan-no-contratar-ninos-en-cosechas-en-chihuahua
Esta día el director ejecutivo de esa organización, Juan Martín Pérez García, dio a conocer esa información, la cual presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 7 de abril en una audiencia temática sobre desapariciones de niños y adolescentes.
El análisis abarca de 2006 a 2014. En éste se da cuenta que a partir del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, inició "un despunte de desapariciones de niños y adolescentes que no ha parado", señaló el activista.
En ese periodo de ocho años, se reportan más de 22 mil ausentes, de los cuales 30 por ciento son menores de edad; es decir, 6 mil 725 niños y adolescentes. En México hay "una epidemia de desapariciones", deploró Pérez García.
Para realizar el reporte integrantes de la Redim se basaron en el proceso de información que el Centro de Salud Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboró del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Las cifras oficiales, tal y como están presentadas tienen inconsistencias, como indicar que alguien ya apareció pero sin dar evidencia de ello. "Es sólo de fe", expresó.
Tamaulipas, estado de México, Guanajuato, Baja California y Coahuila son las cinco entidades donde más desaparecidos había de 2006 a 2014. En la primera se registraron mil 914, de los cuales mil 305 eran hombres. En el Edomex había 562, ahí la mayoría son mujeres: 396.
En cuanto a los municipios, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, en Tamaulipas, ocupan los primeros tres lugares. Le siguen Tijuana, en Baja California, y Ciudad Victoria, de nuevo en Tamaulipas.
De 2 mil 506 adolescentes de entre 15 y 17 años desaparecidos, 65 por ciento son mujeres. Los crímenes en ese grupo de edad podrían estar vinculados al crimen organizado y, en particular, se sospecha que las jovencitas serían utilizadas con fines de explotación sexual, sostuvo el director de Redim.
La situación cambia para los desaparecidos de entre 0 y cuatro años de edad, pues la mayoría son varones. La mayoría se esos niños "coincide con las peticiones de familias adoptantes en Estados Unidos "hombres, pequeños y de tez blanca", apuntó.
La gravedad de ese panorama se incrementa al observar que "no hay nada que garantice que los estén buscando", las únicas constantes en estos casos son la impunidad y la corrupción, añadió. Así que la próxima semana mostrarán estos datos ante el 157 periodo de sesiones de la CIDH para pedir el respaldo internacional.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BLANCA JUÁREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/desaparicion-de-ninas-y-jovenes-crecio-191-en-dos-anos-3991.html
Aunque en 2014 fue una iniciativa preferente de Peña Nieto, en el Presupuesto de Egresos de 2016 tampoco se asignaron recursos para implementar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Sistema Nacional para proteger a la infancia mexicana tendrá un año más como letra muerta y sólo demagogia. Aunque la ley para crearlo se aprobó en diciembre de 2014, ya van dos Presupuestos de Egresos en los que no se le asignan recursos.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos.
Ésta fue una iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso en septiembre de 2014 y que se promulgó en diciembre de ese año.
Según la legislación, es obligatoria la asignación presupuestal suficiente para cumplir la ley y crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Procuraduría Federal de Protección de la infancia y el Sistema Nacional de Información sobre Infancia, que se alimente de datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.
Hasta ahora, la ley no opera y tampoco se ha creado la Secretaría Ejecutiva dentro de Gobernación para implementarla y dar seguimiento a sus mandatos, alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Hay mandatos de ley que se tienen que cumplir y sin presupuesto no hay ninguna posibilidad real de que ocurra. El dinero que está tradicionalmente asignado a la agenda es un presupuesto inercial, es el que cada año se etiqueta, que no cambia, lo mismo se le da a educación, a salud que a pueblos indígenas. Pero que ese dinero exista no implica que se cumpla con la ley porque la ley mandata específicamente la creación de una secretaría ejecutiva en Gobernación y la asignación presupuestal específica”, explicó en entrevista Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red.
Con esta legislación se busca coordinar cada programa presupuestal de los tres niveles de gobierno que atienda a la infancia, para sumar esfuerzos y evitar políticas públicas aisladas.
“La gran tarea es transversalizar la agenda, vincular estados con secretarias, con municipios, articular esfuerzos para que éstos no sean aislados. Si son esfuerzos aislados, no logran impactar”, dijo Juan Martín.
El 4 de diciembre de 2014, un día después de que esta ley se promulgó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó el avance que implicó que México aprobara una ley para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 4% del Producto Interno Bruto del país para cada año. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación”, destacó Unicef en diciembre de 2014 sobre la legislación.
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se le asignaron recursos; y según lo votado por los diputados para el Presupuesto de 2016, tampoco habrá dinero destinado al proyecto.
Con esto, son dos años sin etiquetar recursos desde el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen aprobado por el Legislativo.
La Red por los Derechos de la Infancia hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, principalmente, para analizar y definir el gasto público que se necesita para implementar esta ley; pues esa instancia del gobierno federal puede hacer ajustes de presupuesto durante el primer trimestre del próximo año.
“Sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. Se requieren recursos para la urgente creación del Sistema Nacional de Información sobre Derechos de la Infancia y para la formación de funcionarias y funcionarios públicos que operan los programas desde un enfoque de derechos humanos”, demanda la Redim.
El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado. El monto asciende a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos para ejercer en 2016.
La cifra fue 17 mil millones de pesos superior a lo que solicitó el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Hacienda tiene hasta la tercera semana de diciembre para publicar los tomos que integran el paquete fiscal final.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/el-sistema-para-proteger-a-la-infancia-del-pais-cumple-dos-anos-sin-presupuesto-asignado/
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos.
Ésta fue una iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso en septiembre de 2014 y que se promulgó en diciembre de ese año.
Según la legislación, es obligatoria la asignación presupuestal suficiente para cumplir la ley y crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Procuraduría Federal de Protección de la infancia y el Sistema Nacional de Información sobre Infancia, que se alimente de datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.
Hasta ahora, la ley no opera y tampoco se ha creado la Secretaría Ejecutiva dentro de Gobernación para implementarla y dar seguimiento a sus mandatos, alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Hay mandatos de ley que se tienen que cumplir y sin presupuesto no hay ninguna posibilidad real de que ocurra. El dinero que está tradicionalmente asignado a la agenda es un presupuesto inercial, es el que cada año se etiqueta, que no cambia, lo mismo se le da a educación, a salud que a pueblos indígenas. Pero que ese dinero exista no implica que se cumpla con la ley porque la ley mandata específicamente la creación de una secretaría ejecutiva en Gobernación y la asignación presupuestal específica”, explicó en entrevista Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red.
Con esta legislación se busca coordinar cada programa presupuestal de los tres niveles de gobierno que atienda a la infancia, para sumar esfuerzos y evitar políticas públicas aisladas.
“La gran tarea es transversalizar la agenda, vincular estados con secretarias, con municipios, articular esfuerzos para que éstos no sean aislados. Si son esfuerzos aislados, no logran impactar”, dijo Juan Martín.
El 4 de diciembre de 2014, un día después de que esta ley se promulgó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó el avance que implicó que México aprobara una ley para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 4% del Producto Interno Bruto del país para cada año. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación”, destacó Unicef en diciembre de 2014 sobre la legislación.
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se le asignaron recursos; y según lo votado por los diputados para el Presupuesto de 2016, tampoco habrá dinero destinado al proyecto.
Con esto, son dos años sin etiquetar recursos desde el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen aprobado por el Legislativo.
La Red por los Derechos de la Infancia hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, principalmente, para analizar y definir el gasto público que se necesita para implementar esta ley; pues esa instancia del gobierno federal puede hacer ajustes de presupuesto durante el primer trimestre del próximo año.
“Sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. Se requieren recursos para la urgente creación del Sistema Nacional de Información sobre Derechos de la Infancia y para la formación de funcionarias y funcionarios públicos que operan los programas desde un enfoque de derechos humanos”, demanda la Redim.
El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado. El monto asciende a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos para ejercer en 2016.
La cifra fue 17 mil millones de pesos superior a lo que solicitó el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Hacienda tiene hasta la tercera semana de diciembre para publicar los tomos que integran el paquete fiscal final.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/el-sistema-para-proteger-a-la-infancia-del-pais-cumple-dos-anos-sin-presupuesto-asignado/
En la grave crisis de derechos humanos que vive México, señalada por la comunidad internacional, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer, afirma Juan Martín Pérez García, director de REDIM.
En México cuando se habla de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, se piensa en adultos. Nada más equivocado, dice en esta entrevista Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la falta de acción del Estado, pare detener la maquinaria de muerte y corrupción que día a día sacude a los mexicanos, asegura a SinEmbargo el activista.
Siete de cada 10 personas ya no salen a la calle, o no dejan salir a sus hijos, afirma Juan Martín. El motivo principal es el miedo.
Para el director de REDIM el país podría tocar fondo y convertirse en un narco-estado, si es que ya lo es, acota, gracias a gobiernos simuladores, “engañabobos”, que firman tratados, se abren a la crítica y a la evaluación, pero al final rechazan las observaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recomendaciones van y vienen. También excusas. Es la infancia mexicana la más desprotegida y vulnerada, argumenta
–¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el caso de la infancia en México?
–De los resultados de la llamada guerra contra el narco, de los casi 30 mil desaparecidos y los muertos, ¿qué tanto por viento serían niños o menores?
–Hay una situación compleja en los datos, pero los disponibles, los datos oficiales nos dan cuenta de que las tasas de homicidios, el número de homicidios de niños y niñas frente a adultos, creció. Ahora mismo hay dos tipos de datos: los poblacionales, estadísticos, que se ve como las tasas de homicidios han ido creciendo de manera alarmante a partir de 2007, obviamente vas a notar que los datos van creciendo y que coinciden plenamente con la confrontación entre el Estado y los grupos criminales, pero el segmento más grave, es el de adolescentes de 15 a 17 años. Entidades como Chihuahua en 2012 tenía una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes. En el el país eran 14 casos por cada 100 mil. México ha invertido mucho dinero en armas, policías. Esta confrontación de fuego obliga en un principio a requerir soldados. Esto originó a que detonara de parte del gobierno la contratación de jóvenes para la Policía Federal y el Ejército. Denunciamos ante el Comité de los Derechos del Niño que aumentó el reclutamiento de adolescentes a partir de 15 años en el Ejército. Pero también por los grupos criminales. Nosotros hicimos un recuento hemerográfico, no es oficial, pero lo que logramos tener evidencia, lo tenemos en un mapa y nos dio cerca de 2000 casos, entre 2006 hasta 2014. Todos ellos vinculados a escenarios de crimen organizado.
–Hay quienes dicen que los adolescentes no son niños…
–Nuestras leyes reconocen que se es niño en este concepto jurídico, hasta antes de cumplir 18 años. En términos psicológicos tenemos entonces los recién nacidos; los de primera infancia antes de los ocho años; la niñez de nueve a 12 y la adolescencia que inicia a los 13 hasta los 17. Hasta antes de los 18 años están protegidos por los convenios internacionales y por las leyes mexicanas. El que asesinen adolescentes de 15 a 17 años, nos da cuenta del estado de abandono en el que se encuentra este segmento. Precisamente por esta representación social de que ya no son niños, pero al mismo tiempo tampoco están con posibilidades; por ejemplo, un adolescente de 15 años de edad, no puede registrar un equipo de fútbol solo, no puede tener un proyecto y acceso a crédito, tampoco puede votar, pero sí puede ser privado de la libertad. Hay una incoherencia en la forma que tratamos a nuestros adolescentes, porque ni les vamos incorporando al mundo laboral, ni educativo, pero tampoco les permitimos condiciones legales y sociales para un desarrollo diferente. Así como subieron las tasas de los homicidios, los de los adolescentes estuvieron a veces 100 por ciento por arriba de los adultos. La tasa de homicidio a nivel nacional de 2014 era de 11.3 casos por cada 100 mil habitantes y en el segmento de 15 a 17 años de 14.3 por cada 100 mil, hay un 30 por ciento de probabilidad mayor que asesinen a un adolescente que a un adulto.
–¿Cuántos convenios internacionales en materia de infancia ha firmado México?
–Los tratados internacionales en infancia son complementarios. El corazón del sistema universal de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hace ya 60 años, sobre eso hay nuevos instrumentos. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, este sería el instrumento especializado en infancia, pero es importante tener en cuenta que se complementa con los otros tratados, por ejemplo los tratados para la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, se entremezclan. Hay condiciones que llevan a que se entienda que el sistema universal crea una especie de entramado, de red. Cuando estamos hablando de niños y niñas están protegidos no solo por la Convención y sus protocolos que hay tres: el de Venta, Pornografía y Prostitución Infantil, Conflicto Armado y un tercero que México no ha firmado que son denuncias individuales de niños frente al Comité. Todos esto permite tener un mecanismo de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene otros mecanismos, tiene una Relatoría Sobre los Derechos de la Niñez.
–¿Cómo calificarías a México con los tratados que ha firmado a nivel internacional con respecto a los derechos del niño? ¿Se puede decir que está al nivel de los países desarrollados, en teoría?
–México es un Estado complejo. No es un Estado monolítico. Es un Estado que tiene una gran diversidad dentro del Estado. Hay aquellos gobiernos que son grandes simuladores, firman todo, hablan con discurso de derechos humanos, pero en su espíritu, su corazón, no está en los derechos humanos, sino en otros tipo de intereses. El ejemplo más burdo y básico es la simulación en el Distrito Federal: se mencionan los derechos, pero es la ciudad es donde mantenemos un número muy importante de graves violaciones a los derechos humanos, en lo cotidiano. Hay otros gobiernos, como Coahuila, con un descrédito impresionante, pero que han decidido abrirse al mundo. La primera Ley la tenemos en Coahuila, la más avanzada. En marzo se conocieron datos sobre maltrato infantil, se manejó que se incrementó y entre las entidades con más casos, está Coahuila, con 200 por ciento más. Esto podría significar que está muy grave o que hay más registro de maltrato infantil. Tienen una policía especializada para la infancia. Son policías jóvenes, preparados y sensibilizados. Tenemos otros gobiernos como Chihuahua, retrogradas, violatorios, que no queden saber nada del escrutinio interno, mucho menos el internacional. Entonces, por eso digo que el Estado mexicano no es monolítico y que tiene tal nivel de porosidad, que no puede controlar o generar un acuerdo con las entidades federativas. No tenemos un Estado fuerte, sino sistemas feudales en las entidades federativas y que son como [Javier] Duarte que manda matar a periodistas. Tratando de redondear, toda esta crisis tiene que ver en tres cosas básicas con la infancia: uno, hay incertidumbre en torno al futuro, para niñas y niños no saben qué harán en el futuro. Segundo, tienen miedo. Son las cosas que van reportando las encuestas. El tercer elemento son estos casos de desaparición, homicidio, feminicidio. Lo preocupante, lo grave es que el Estado rechace la crítica, la observación internacional, en un diálogo esquizofrénico. Todas estas visitas han sido por invitación. Es una especie de engañabobos, de decir: “vean qué tan abiertos somos, que hasta invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que venga a vernos, que nos hagan una revisión y, como nosotros lo invitamos, tiene que ser cortés y decir que estamos bien”.
–Y dice lo contrario: que hay una grave crisis y el Estado lanza una maquinaria de descrédito, ¿por qué?
–La respuesta básica, burda, pobre que han hecho, es que ya lo tienen controlado y distraen con temas por un lado, y por el otro empiezan a generar la duda razonable. Entonces el grupo de expertos [GIEI] demuestra jurídicamente, judicial y técnicamente que es imposible lo que están planteando en el tema Ayotzinapa y el Estado se consigue a otras personas que pueden decir que es posible. Es lamentable y pobre. Lo hemos hablado mucho con funcionarios. Lo que les explicamos es que hay que tener presente que los derechos humanos en el mundo han servido para fortalecer la democracia. Los gobiernos que han incluido los derechos humanos en su agenda, tienen democracias fuertes. Pensemos en Europa e incluso América Latina.
– Para el mundo de los adultos el caso más emblemático que retrata la grave crisis de derechos humanos es Ayotzinapa, para el caso de la infancia, ¿cuáles serían los casos emblemáticos que han llegado a nivel internacional, donde hay recomendaciones que México no acató?
–De manera reciente el Comité de los Derechos del Niño emitió 150 recomendaciones a México, el 10 de junio pasado. Del examen que tuvo yo diría que la mitad las destinaron a graves violaciones de derechos humanos: desaparición, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y casos paradigmáticos que el Comité recomendó hacer investigación y justicia como el de la Guardería ABC, el de Mamá Rosa, el del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado en la represión de Puebla, y Tlatlaya, donde de las 22 personas ejecutadas presuntamente de forma extra judicial, cuatro eran menores de edad.
–Aún no ocurría lo de Ostula [Michoacán]. El niño de ocho años que fue asesinado.
–Hay quien dice que el Estado mexicano no se compromete, porque no puede, porqué está sobrepasado en sus instituciones. ¿Qué tiene que hacer el Estado?
–Cada vez más personas que nos dedicamos a los derechos humanos vamos mirando que experiencias como la guatemalteca y una Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad, pudiera ser una salida. Comparto que el Estado mexicano está atrapado en su propia dinámica de corrupción, en el pacto de impunidad, ya reconocido cínicamente por la clase política. En los muchos compromisos internacionales donde ha fallado, en el descrédito y falta de legitimidad. La única manera es que tengamos apoyo internacional. La experiencia guatemalteca es una posibilidad. No son cosas mágicas, no es de la noche a la mañana, no tienen que terminar dos Presidentes presos, pero es un agente externo que ayuda a que se movilice la maquinaria interna. El Presidente [Enrique Peña Nieto] hace acuerdos con los padres de Ayotzinapa que no puede cumplir. El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] hace acuerdos con todo el mundo , que tampoco puede cumplir, porque los gobernadores no le hacen caso, son señores feudales y entonces hacen lo que quieren. Una Comisión sería de gran ayuda y sería de rentabilidad política para esta administración, porque podría afrontar la crisis de derechos humanos con temas serios; porque muy pronto, si no es que ya nos está pasando, vamos a tener un narco-estado. El Estado no puede mantenerse con los ojos cerrados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-10-2015/1526109.
Son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la falta de acción del Estado, pare detener la maquinaria de muerte y corrupción que día a día sacude a los mexicanos, asegura a SinEmbargo el activista.
Siete de cada 10 personas ya no salen a la calle, o no dejan salir a sus hijos, afirma Juan Martín. El motivo principal es el miedo.
“Miedo a la inseguridad a la que estamos expuestos muchos de nosotros. Esto nos da cuenta de que el Estado no está cumpliendo con ese rol de garantizar nuestra integridad. Hay una ruptura en el contrato social. El Estado no es capaz de respetar este contrato, sus instituciones no respetan el acuerdo social que significa tratados internacionales, leyes mexicanas y demás. No respeta la integridad de sus ciudadanos, por eso es que hablamos de una grave crisis de derechos humanos”, dice.
Para el director de REDIM el país podría tocar fondo y convertirse en un narco-estado, si es que ya lo es, acota, gracias a gobiernos simuladores, “engañabobos”, que firman tratados, se abren a la crítica y a la evaluación, pero al final rechazan las observaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recomendaciones van y vienen. También excusas. Es la infancia mexicana la más desprotegida y vulnerada, argumenta
–¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el caso de la infancia en México?
–La violencia tiene entre sus peores expresiones impactos negativos en niños, niñas y adolescentes. Digamos creo, que hay un elemento contextual para entenderlo y tiene que ver con las condiciones de desigualdad. Las niñas, niños y adolescentes viven en la invisibilidad, están considerados como objetos de la propiedad familiar. Eso lleva a que el Estado no realice acciones preventivas, sino que decida generalmente actuar siempre cuando los niños son víctimas o se les considera victimarios. Ese esquema de carecer de una política de Estado para atender de manera apropiada a niños y niñas, lleva a que sean vulnerables o frágiles a todo lo que pasa en el país. Hay que tener presente que los niños y niñas representan el 36 por ciento de la población, cualquier cosa que pase en este país, les toca en gran medida a ellos. Muchos datos rondan a ese impacto de 36 por ciento. En el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles de parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero. Cuando nos muestran estos datos es que pensamos en la grave crisis de derechos humanos y hablamos de desaparición. Todo el mundo piensa en adultos, pero no están reconociendo que en muchos casos los niños y las niñas son víctimas. Hay varios casos que se han encontrado que desaparecen a la familia completa o que es asesinada la familia completa. Niños y niñas van en este escenario de sangre y desaparición, siendo estas víctimas constantes, pero invisibles.
–De los resultados de la llamada guerra contra el narco, de los casi 30 mil desaparecidos y los muertos, ¿qué tanto por viento serían niños o menores?
–Hay una situación compleja en los datos, pero los disponibles, los datos oficiales nos dan cuenta de que las tasas de homicidios, el número de homicidios de niños y niñas frente a adultos, creció. Ahora mismo hay dos tipos de datos: los poblacionales, estadísticos, que se ve como las tasas de homicidios han ido creciendo de manera alarmante a partir de 2007, obviamente vas a notar que los datos van creciendo y que coinciden plenamente con la confrontación entre el Estado y los grupos criminales, pero el segmento más grave, es el de adolescentes de 15 a 17 años. Entidades como Chihuahua en 2012 tenía una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes. En el el país eran 14 casos por cada 100 mil. México ha invertido mucho dinero en armas, policías. Esta confrontación de fuego obliga en un principio a requerir soldados. Esto originó a que detonara de parte del gobierno la contratación de jóvenes para la Policía Federal y el Ejército. Denunciamos ante el Comité de los Derechos del Niño que aumentó el reclutamiento de adolescentes a partir de 15 años en el Ejército. Pero también por los grupos criminales. Nosotros hicimos un recuento hemerográfico, no es oficial, pero lo que logramos tener evidencia, lo tenemos en un mapa y nos dio cerca de 2000 casos, entre 2006 hasta 2014. Todos ellos vinculados a escenarios de crimen organizado.
–Hay quienes dicen que los adolescentes no son niños…
–Nuestras leyes reconocen que se es niño en este concepto jurídico, hasta antes de cumplir 18 años. En términos psicológicos tenemos entonces los recién nacidos; los de primera infancia antes de los ocho años; la niñez de nueve a 12 y la adolescencia que inicia a los 13 hasta los 17. Hasta antes de los 18 años están protegidos por los convenios internacionales y por las leyes mexicanas. El que asesinen adolescentes de 15 a 17 años, nos da cuenta del estado de abandono en el que se encuentra este segmento. Precisamente por esta representación social de que ya no son niños, pero al mismo tiempo tampoco están con posibilidades; por ejemplo, un adolescente de 15 años de edad, no puede registrar un equipo de fútbol solo, no puede tener un proyecto y acceso a crédito, tampoco puede votar, pero sí puede ser privado de la libertad. Hay una incoherencia en la forma que tratamos a nuestros adolescentes, porque ni les vamos incorporando al mundo laboral, ni educativo, pero tampoco les permitimos condiciones legales y sociales para un desarrollo diferente. Así como subieron las tasas de los homicidios, los de los adolescentes estuvieron a veces 100 por ciento por arriba de los adultos. La tasa de homicidio a nivel nacional de 2014 era de 11.3 casos por cada 100 mil habitantes y en el segmento de 15 a 17 años de 14.3 por cada 100 mil, hay un 30 por ciento de probabilidad mayor que asesinen a un adolescente que a un adulto.
–¿Cuántos convenios internacionales en materia de infancia ha firmado México?
–Los tratados internacionales en infancia son complementarios. El corazón del sistema universal de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hace ya 60 años, sobre eso hay nuevos instrumentos. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, este sería el instrumento especializado en infancia, pero es importante tener en cuenta que se complementa con los otros tratados, por ejemplo los tratados para la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, se entremezclan. Hay condiciones que llevan a que se entienda que el sistema universal crea una especie de entramado, de red. Cuando estamos hablando de niños y niñas están protegidos no solo por la Convención y sus protocolos que hay tres: el de Venta, Pornografía y Prostitución Infantil, Conflicto Armado y un tercero que México no ha firmado que son denuncias individuales de niños frente al Comité. Todos esto permite tener un mecanismo de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene otros mecanismos, tiene una Relatoría Sobre los Derechos de la Niñez.
–¿Cómo calificarías a México con los tratados que ha firmado a nivel internacional con respecto a los derechos del niño? ¿Se puede decir que está al nivel de los países desarrollados, en teoría?
–México es un Estado complejo. No es un Estado monolítico. Es un Estado que tiene una gran diversidad dentro del Estado. Hay aquellos gobiernos que son grandes simuladores, firman todo, hablan con discurso de derechos humanos, pero en su espíritu, su corazón, no está en los derechos humanos, sino en otros tipo de intereses. El ejemplo más burdo y básico es la simulación en el Distrito Federal: se mencionan los derechos, pero es la ciudad es donde mantenemos un número muy importante de graves violaciones a los derechos humanos, en lo cotidiano. Hay otros gobiernos, como Coahuila, con un descrédito impresionante, pero que han decidido abrirse al mundo. La primera Ley la tenemos en Coahuila, la más avanzada. En marzo se conocieron datos sobre maltrato infantil, se manejó que se incrementó y entre las entidades con más casos, está Coahuila, con 200 por ciento más. Esto podría significar que está muy grave o que hay más registro de maltrato infantil. Tienen una policía especializada para la infancia. Son policías jóvenes, preparados y sensibilizados. Tenemos otros gobiernos como Chihuahua, retrogradas, violatorios, que no queden saber nada del escrutinio interno, mucho menos el internacional. Entonces, por eso digo que el Estado mexicano no es monolítico y que tiene tal nivel de porosidad, que no puede controlar o generar un acuerdo con las entidades federativas. No tenemos un Estado fuerte, sino sistemas feudales en las entidades federativas y que son como [Javier] Duarte que manda matar a periodistas. Tratando de redondear, toda esta crisis tiene que ver en tres cosas básicas con la infancia: uno, hay incertidumbre en torno al futuro, para niñas y niños no saben qué harán en el futuro. Segundo, tienen miedo. Son las cosas que van reportando las encuestas. El tercer elemento son estos casos de desaparición, homicidio, feminicidio. Lo preocupante, lo grave es que el Estado rechace la crítica, la observación internacional, en un diálogo esquizofrénico. Todas estas visitas han sido por invitación. Es una especie de engañabobos, de decir: “vean qué tan abiertos somos, que hasta invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que venga a vernos, que nos hagan una revisión y, como nosotros lo invitamos, tiene que ser cortés y decir que estamos bien”.
–Y dice lo contrario: que hay una grave crisis y el Estado lanza una maquinaria de descrédito, ¿por qué?
–La respuesta básica, burda, pobre que han hecho, es que ya lo tienen controlado y distraen con temas por un lado, y por el otro empiezan a generar la duda razonable. Entonces el grupo de expertos [GIEI] demuestra jurídicamente, judicial y técnicamente que es imposible lo que están planteando en el tema Ayotzinapa y el Estado se consigue a otras personas que pueden decir que es posible. Es lamentable y pobre. Lo hemos hablado mucho con funcionarios. Lo que les explicamos es que hay que tener presente que los derechos humanos en el mundo han servido para fortalecer la democracia. Los gobiernos que han incluido los derechos humanos en su agenda, tienen democracias fuertes. Pensemos en Europa e incluso América Latina.
– Para el mundo de los adultos el caso más emblemático que retrata la grave crisis de derechos humanos es Ayotzinapa, para el caso de la infancia, ¿cuáles serían los casos emblemáticos que han llegado a nivel internacional, donde hay recomendaciones que México no acató?
–De manera reciente el Comité de los Derechos del Niño emitió 150 recomendaciones a México, el 10 de junio pasado. Del examen que tuvo yo diría que la mitad las destinaron a graves violaciones de derechos humanos: desaparición, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y casos paradigmáticos que el Comité recomendó hacer investigación y justicia como el de la Guardería ABC, el de Mamá Rosa, el del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado en la represión de Puebla, y Tlatlaya, donde de las 22 personas ejecutadas presuntamente de forma extra judicial, cuatro eran menores de edad.
–Aún no ocurría lo de Ostula [Michoacán]. El niño de ocho años que fue asesinado.
–Así es. Además se agrega Tanhuato, Michoacán. De los 43 asesinados, uno de ellos era de 17 años de edad; un adolescente que le pasaron encima un vehículo de la policía federal. Está La Calera, en Zacatecas. De los siete jornaleros, cuatro menores de edad. Tenemos una larga lista de agravios a la infancia en estas violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano no está reconociendo. En el caso de Tlatlaya la necesidad es reconocer la presencia de niños, niños y adolescentes. No lo ha hecho y, eso obliga y debe forzar a tener una respuesta distinta para la atención. En Desaparición, el 30 por ciento son de menores de edad, en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años, donde siete de cada 10 son mujeres adolescentes. El crimen organizado se está robando adolescentes para convertirlas en esclavas sexuales o sicarias, es decir, hay toda una maquinaria que está operando, que además agrego, que el padre [Alejandro] Solalinde y el Comisionado para Michoacán, reconocieron tráfico de órganos. Esto no se ha investigado y con esto seguimos fragilizando al Estado y nos exponemos a que se repitan los acontecimientos. Se convierte en una especie de maquinaria que se para, se oxida y se pudre.
–Hay quien dice que el Estado mexicano no se compromete, porque no puede, porqué está sobrepasado en sus instituciones. ¿Qué tiene que hacer el Estado?
–Cada vez más personas que nos dedicamos a los derechos humanos vamos mirando que experiencias como la guatemalteca y una Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad, pudiera ser una salida. Comparto que el Estado mexicano está atrapado en su propia dinámica de corrupción, en el pacto de impunidad, ya reconocido cínicamente por la clase política. En los muchos compromisos internacionales donde ha fallado, en el descrédito y falta de legitimidad. La única manera es que tengamos apoyo internacional. La experiencia guatemalteca es una posibilidad. No son cosas mágicas, no es de la noche a la mañana, no tienen que terminar dos Presidentes presos, pero es un agente externo que ayuda a que se movilice la maquinaria interna. El Presidente [Enrique Peña Nieto] hace acuerdos con los padres de Ayotzinapa que no puede cumplir. El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] hace acuerdos con todo el mundo , que tampoco puede cumplir, porque los gobernadores no le hacen caso, son señores feudales y entonces hacen lo que quieren. Una Comisión sería de gran ayuda y sería de rentabilidad política para esta administración, porque podría afrontar la crisis de derechos humanos con temas serios; porque muy pronto, si no es que ya nos está pasando, vamos a tener un narco-estado. El Estado no puede mantenerse con los ojos cerrados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-10-2015/1526109.
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