A 15 años de la privatización del Sistema Intermunicipal de Aguas de Saltillo (Simas), hoy Sistema de Aguas de Saltillo (Agsal), las promesas de eficiencia de ciento por ciento en el servicio, cobertura diaria y calidad de líquido aún no se cumplen, al contrari,o el servicio se encarece y se multiplican los abusos contra los usuarios, afirmaron activistas.
Saltillo fue la primera ciudad de México donde el gobierno municipal entregó el servicio de agua potable a una empresa extranjera, la española Aguas de Barcelona (Agbar), mediante asociación mixta con el ayuntamiento en octubre de 2001. La vigencia es por 25 años.
La empresa se quedó en ese entonces con 49 por ciento de las acciones, y el resto, el municipio. Desde 2014 las acciones de Agbar están en manos de la francesa Suez España; su objetivo primordial: maximizar ganancias, se advierte en un estudio de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (Auas).
La privatización del Simas, organismo encargado de operar el sistema de agua de la ciudad, se consumó en las administraciones de los priístas Óscar Pimentel González, alcalde, y Enrique Martínez y Martínez, gobernador del estado.
Prometió solución; no dijo cómo
Durante su campaña para alcalde en 1999, Pimentel prometió resolver el problema del agua, pero no dijo cómo. En marzo de 2000, como edil, empezó la incursión de la española Aguas de Barcelona en las oficinas del Simas para conocer su operación.
Ese mismo año, el ayuntamiento contrató a la consultora estadunidense Freese Nichols (FN) para evaluar esquemas de participación de empresas privadas en el sistema de agua. En sus presentaciones, FN favoreció el esquema de empresa mixta.
“El proceso de la empresa mixta fue criticado por la falta de participación ciudadana, pues el acceso a los foros organizados por la alcaldía estuvo limitado a grupos seleccionados por el mismo edil.
Además, el proceso de licitación lo condujo la empresa Arthur Andersen, asesora contable de Agbar, la única firma que presentó una propuesta y ganó la licitación, recordó Gloria Tobón Echeverri, presidenta de la Auas.
Con el aval del gobernador, Pimentel vendió parcialmente el Sismas, pese a que los gobiernos estatal, municipal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invirtieron para mejorar su infraestructura.
En agosto de 2001 el cabildo aprobó la asociación con Agbar, cuya oferta fue de 81.9 millones de pesos, para obtener 49 por ciento de las acciones del sistema de aguas; sin embargo, dos años antes los gobiernos estatal y municipal y la Conagua invirtieron en el Simas cien millones de pesos, obviamente para hacerlo más atractivo para su privatización, afirmó Tobón Echeverri.
Antes de la privatización, el gobierno asfixió a los usuarios con cortes recurrentes al suministro y desabasto hasta por una semana, denunció Margarita Gutiérrez, usuaria y gestora de mejoras al servicio para vecinos del sector sur y oriente de Saltillo.
Nos quitaban el agua de tres a cinco días; nos manifestábamos en las oficinas del Simas y nos decían que era por fallas en las bombas de extracción, o que la Comisión Federal de Electricidad les había cortado la luz de las plantas. Nos hicieron creer que el Simas era inoperante y la única salida era venderlo a los españoles, expuso.
Trataron de dibujar un escenario fatal, pero en realidad no era catastrófico; el sistema estaba en equilibrio financiero, tenía proyectos, como las terrazas para mejorar la distribución. Faltaba la decisión de los alcaldes para hacer los cortes de agua, expresó Gloria Tobón, activista y doctora en química.
“Los alcaldes no han tenido los pantalones de exigir a los ciudadanos que paguen el agua. Antes bastaba con tener un amigo en el cabildo para obtener descuentos o condonaciones de adeudos; al llegar Aguas de Barcelona dijo: ‘nosotros no somos hermanas de la caridad; nos pagan el agua o la cortamos’”, refirió Tobón.
Legado de abusos
En 2004 la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior del Estado, encontró irregularidades como el aumento de tarifas por encima del índice de precios al consumidor, aumentos que no aprobó el cabildo.
En octubre de ese año, el municipio ordenó a Agsal bajar las tarifas y reintegrar con intereses lo que cobró de más. En el gobierno de Vicente Fox se intentó aplicar 10 por ciento de impuesto al agua; en 2002 la medida quedó sin efecto, pero Agsal se aprovechó y lo aplicó hasta 2004, señaló Tobón.
Desde 2012, Agsal cobra a los usuarios por la reposición de medidores, no obstante que en 2002 su consejo de administración y el cabildo aprobaron aumentar las tarifas 5 por ciento para reponer gratuitamente los equipos.
Además, pese a las promesas de mejor abasto y calidad de líquido, en 2015 sólo 22.13 por ciento de las tomas de agua te-nían flujo continuo. La población de Saltilo fluctúa alrededor de 807 mil 500 habitantes.
Durante los primeros 14 años de gestión, Agsal no obtuvo el certificado de calidad sanitaria del agua potable requerido por la Secretaría de Salud. En febrero de 2016 se lo entregaron, pero los habitantes continúan consumiendo agua embotellada.
En un pozo del área de Carneros, al sur de Saltillo, que surte a la ciudad, se han detectado niveles de arsénico que sobrepasan lo permitido. La empresa ha negado su utilización, y en algunos ejidos, estudios de la Universidad Autónoma de Coahuila comprobaron la presencia del metal.
Fuente: La Jornada
Autor: Leopoldo Ramos
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/030n1est
