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La Consejera Ernestina Godoy detalla medidas para responder a la búsqueda de personas

El Gobierno de México detalló las acciones que implementará para atender la crisis de desapariciones en México, entre las que se incluyen reformas para agilizar la búsqueda de desaparecidos con una plataforma de identidad, sanciones a servidores y un sistema de alerta nacional.

El Gobierno de México presentó una serie de reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para mejorar la identificación y localización de personas desaparecidas. Entre las medidas anunciadas destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad y un Sistema Nacional de Alerta.

Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, explicó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que estas modificaciones buscan agilizar la coordinación entre instituciones y fortalecer la respuesta inmediata ante denuncias de desaparición.

La Plataforma Única de Identidad integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, como fotografía y huellas dactilares, convirtiéndola en un documento oficial de identificación.

Principales acciones de la reforma
  • La CURP será reconocida como documento de identidad oficial.
  • Se implementará la Plataforma Única de Identidad en un plazo de 90 días.
  • Se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre desapariciones.
  • Se actualizará el Banco Nacional de Datos Forenses.
  • Se establecerán sanciones para servidores públicos que incumplan los protocolos de búsqueda.
Godoy explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá facilitar consultas de información en investigaciones oficiales. “Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital”, detalló.
Otra medida clave es la creación de un Sistema Nacional de Alerta para emitir avisos inmediatos sobre desapariciones. Esta herramienta busca una difusión rápida y coordinada en todo el país.

Además, se establecerán obligaciones para que fiscalías estatales y tribunales alimenten y actualicen el Banco Nacional de Datos Forenses, garantizando que la información sea precisa y accesible.


El plan también prevé sanciones administrativas contra funcionarios que incumplan con la generación, actualización o compartición de datos sobre personas desaparecidas.
En cuanto a la Base Nacional de Carpetas de Investigación, Godoy enfatizó que “debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición, sin dilación alguna, nada de 72 horas”.
Las reformas también incluyen la participación del sector privado, obligándolo a proporcionar información útil para la búsqueda de personas, siempre respetando la protección de datos personales.

Otro punto clave es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la división del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDO) en registros de fiscalías y otras fuentes.

Asimismo, se aumentarán las penas para quienes cometan el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, reforzando la acción penal contra estos delitos.

Estas medidas buscarán eliminar la duplicidad de registros, mejorar la comunicación entre autoridades y garantizar una respuesta efectiva e inmediata ante desapariciones en el país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los desaparecidos de Sheinbaum

La Presidenta de México se compromete a echar andar leyes, protocolos y plataformas que no están funcionando por falta de voluntad política

Durante años, décadas, familiares y colectivos buscadores de desaparecidos, han trabajado arduo, propuesto y presionado a las autoridades para la creación e implementación de leyes, reformas, protocolos, mecanismos, sistemas, plataformas y bases de datos para que sea posible y obligatoria, la investigación profesional, rápida y expedita del paradero de las personas obligadas a ausentarse violentamente, víctimas de diversos delitos.

Entre 2017 y 2022, tuvieron avances importantes en leyes y protocolos, logros en papel que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pareció ignorar, generando indignación tras el discurso del lunes 17 de marzo, cuando presentó sus seis acciones “para reforzar la atención al problema de las desapariciones forzadas”, en el país. La palabra clave para responder a las críticas de que no ofreció nada nuevo, fue “reforzar”, porque desde entonces sus aclaraciones han sido que su intención es “fortalecer”.

Adicionalmente existe la preocupación real de los activistas, de que estas propuestas que enfatizan la concentración de datos por parte del Gobierno de México se utilice para que de nuevo el gobierno rasure el padrón de desaparecidos.

En sus propuestas, la primera mandataria habló de protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata de desaparecidos y el inicio de investigaciones, como si fueran nuevas. Ambas acciones ya están ordenadas en la Ley, pero las corporaciones de las entidades del país no las cumplen. Aquí, lo interesante será ver que ahora los obliguen o los castiguen por no hacerlo.

Respecto al Certificado Único de Registro de Población que mencionó, como hermano gemelo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se exige en trámites gubernamentales, escolares, laborales y de salud, pero que, al fortalecerse ahora será requerida para “todos” los trámites de los registros administrativos del país “.para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”, en cuanto a su propuesta de la Base Única de Información Forense, sólo le cambió el nombre al ya existente (en papel y legislado): Banco Nacional de Datos Forenses que desde 2017 la Fiscalía General de la República, ha evitado echar a andar y que se supone debía cumplir ya siete años, alimentando con datos de los 32 servicios forenses y las fiscalías federales.

La Plataforma Nacional de Identificación Humana planteada por Sheinbaum es también el símil del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que el 9 de agosto de 2022 anunció el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que estaba echando a andar y casi tres años después continúa inoperante y  con un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y Reclamadas, desmantelado por el anterior gobierno y que según lo dicho por Sheinbaum, ahora se robustecerá.

Lo de “fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el fin de ampliar su capacidad de atención y la adquisición de equipos que acompañen la búsqueda con evidencia científica”, también ya está ordenado. En todo caso, lo novedoso sería “el compromiso” de publicar mensualmente la incidencia de las desapariciones, aunque legalmente esa información que debería ser pública.

También destacable, lo de equiparar el delito de desaparición con el secuestro, porque, aunque “la legislación actual establece penas homologadas para el delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”, como han destacado los críticos, la realidad es que tienen penalidades diferentes.

Quien secuestra o cometa delito de desaparición forzada, enfrentará penas de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa, más lo que acumulen por agravantes; mientras que, para quien comete el delito de desaparición, las condenas van de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa; y para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, la penalidad va de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. En ese contexto, lo de “equiparar” no suena mal, será cuestión de ver la aplicación real de la propuesta.

Al final, la oferta de la Presidenta resultó ser la de impulsar la implementación real de leyes y protocolos que, pese a existir, hasta hoy no están funcionando o lo hacen deficientemente por falta de voluntad política. Y de ser verdad, aunque echarlos andar es su obligación, esto sería un paso adelante, porque sus antecesores no lo han hecho.

De entrada, Claudia Sheinbaum no evadió el tema, y frente a la crisis que representó que el 12 de marzo la colectiva Guerreros Buscadores, localizaran restos óseos, decenas de objetos y prensas de vestir, propiedades de personas presuntamente desaparecidas y reclutadas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aparentemente usado como centro de entrenamiento, de exterminio y oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación, al abordar el tema de desaparecidos -como es su obligación constitucional-, reconoció nacionalmente la crisis que otros funcionarios intentan minimizar. Ya habló, y no se le puede permitir echarse para atrás.

Ciertamente sus líneas de acción carecen de novedad, pero al revivirlas, cambiarles el nombre como acostumbran hacer los nuevos gobernantes y agregarlas como reformas -aunque resulte ocioso- la doctora está, públicamente y moralmente, haciendo suyos compromisos que ya le imponían las leyes.

Ahora, como siempre toca a la sociedad organizada y a los colectivos analizar el contenido de las reformas, su utilidad, darles seguimiento a las promesas y exigirle a la Presidenta que cumpla.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

MNDM exige a Sheinbaum inclusión de familias y colectivos en su estrategia por desaparecidos

Ante el plan para atender el problema, presentado por Sheinbaum el pasado 17 de febrero, el MNDM llamó a “generar un espacio participativo y de diálogo que considere a las distintas plataformas de víctimas y donde se nos expongan las propuestas”.

El Movimiento para Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió “la integración de las familias y colectivos a los diversos procesos de búsqueda, identificación, localización, restitución y planeación de políticas públicas”, en la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender está crisis humanitaria, en la que se contabilizan al menos 120 mil víctimas. 

A través de un comunicado, las familias que integran el MNDM se sumaron al reclamo de otros colectivos de familiares de personas desaparecidas de “¡Sin las familias, no!”, luego de que Sheinbaum informara de una serie de modificaciones legislativas.

“Somos nosotras las familias, las que aprendimos a buscar cuando las autoridades no lo hacían, de nuestra experiencia han salido aprendizajes indispensables para pensar la búsqueda, la localización y la justicia que se expresa en diversos instrumentos”, puntualizaron los familiares que forman parte del MNDM. 

Al recordar que, en mayo de 2024, el MNDM solicitó a Sheinbaum un encuentro, siendo candidata, lo que fue refrendado en octubre pasado en que la presidenta se abrió a la posibilidad de que se estableciera el diálogo, la red que integra a cerca de cien colectivos de familiares de desaparecidos de México, Centroamérica y Estados Unidos, reconoció la reacción de la presidenta motivada por la indignación genera por el hallazgo de restos humanos calcinados en Teuchitlán, Jalisco.  

Para las familias, el reciente impulso del tema por parte de  Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “no es suficiente” y respaldaron los cuestionamientos a las propuestas presidenciales toda vez que “en la mayoría de ellas son obligaciones estatales que se encuentran contenidas en la Ley General (en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda) y ni siquiera se ha reconocido que en esa medida implican omisiones por parte de las autoridades e instituciones responsables de su cabal implementación”.  

Puntualizaron que la participación de las familias, en cualquier tipo de modificación legal, está contemplada en la Ley General y en los principios rectores para la búsqueda de Naciones Unidas, derecho que han ejercido “con responsabilidad y ánimo de colaborar”.

Ante el plan para atender el problema, presentado por Sheinbaum el pasado 17 de febrero, el MNDM llamó a “generar un espacio participativo y de diálogo que considere a las distintas plataformas de víctimas y donde se nos expongan las propuestas”. 

El MNDM delineó cinco ejes de agenda para ser tomadas en cuenta en un posible encuentro, que comprenden los temas de “búsqueda y seguridad; datos y sistemas de información; bienestar y prevención”.  

Los colectivos con presencia en 25 estados de México, de tres países de Centroamérica y Estaos Unidos, se solidarizaron con las familias de Jalisco que localizaron “un espacio de horror y terror en el que podrían encontrarse algunas de las personas que buscamos”.  

Las familias que integran el MNDM hicieron un llamado a otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a “confluir y construir juntas”, con el objetivo de “seguir buscando con esperanza y determinación para regresar a casa a todas las personas que nos faltan”, al tiempo que se mostraron dispuestas “para dejar atrás esta crisis atroz que tantos impactos tiene en nosotras y la sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Caen funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca por desaparición y asesinato de jóvenes de Tlaxcala

La Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se involucren en conductas delictivas.

Un comandante y un agente estatal de investigaciones adscritos a la Fiscalía General de Oaxaca fueron detenidos por la misma autoridad tras las desapariciones que han ocurrido en la región de la costa, principalmente por los 9 jóvenes oriundos de Tlaxcala.

“Las dos personas del sexo masculino detenidas son trabajadores -de diferentes áreas- dentro de la institución encargada de la Procuración de Justicia, quienes desempeñaban labores en esa región de la entidad”, informó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con reporteros locales, se trata del comandante Miguel A.C.G y del agente A.G.V. quienes son los presuntos involucrados en diferentes hechos ocurridos en esta región de Oaxaca.

La fiscalía detalló que estas detenciones forman parte de las indagatorias que se realizan en esta región de la costa derivado de la desaparición de personas, tras actuar de manera omisa en las investigaciones que se llevan a cabo.

Ante esta noticia, que dos de sus trabajadores tienen injerencia con las desapariciones, la Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se vean involucrados en conductas delictivas, y en caso contrario, tiene el compromiso de aplicar la ley para sancionar sin distinción de quien resulte responsable y con ello evitar que este tipo de casos queden impunes.

El pasado jueves la Fiscalía detalló que supuestamente los jóvenes primeros reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida entre los límites de Oaxaca con Puebla, habrían llegado contratados por una persona a la costa de Oaxaca para realizar actos delictivos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Desapariciones y secuestros no son equiparables, advierte a México experto de la ONU

Santiago Corcuera, especialista en desaparición forzada, afirma que la presidenta Sheinbaum comete un despropósito al comparar el secuestro con la desaparición, cuando son delitos diferentes. Lo sucedido en Teuchitlán podría ser equivalente o constituir un crimen de lesa humanidad, señala.

Santiago Corcuera, expresidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, afirmó que en México se perpetran crímenes de lesa humanidad y que, contrario a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, los delitos de secuestro y desaparición “no son equiparables”.

Remarca el abogado que las desapariciones son un flagelo que “por desgracia, y hay que decirlo, por muchísima desgracia, no es reciente en el país, como se ha venido diciendo. El hallazgo de los zapatos, de las prendas de vestir, de las credenciales y una que otra carta, ha hecho que se hagan comparaciones muy desproporcionadas’’.

“Si uno revisa la definición de exterminio en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, podemos decir sin exageraciones y con rigor que en México hay indicios claros de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque hay ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Entendiendo por ataques contra la población civil una línea de conducta de los cárteles de la droga o del Estado con el fin de cometer múltiples actos, entre ellos asesinatos, desapariciones, tortura o exterminio con base en una política de la organización o del Estado, es decir, determinadas intenciones que se traducen en actos basados en un plan’’.

Las autoridades sabían

El abogado afirma que “cuando nos muestran lo que hemos visto en estos días, pues parecería que no queda duda de que esos cárteles desarrollan actividades que podrían ser equivalentes, o por lo menos hay indicios, de constituir crímenes de lesa humanidad’’.

La presidenta Sheinbaum aclaró que en el pasado las desapariciones eran perpetradas principalmente por el Estado y que ahora lo hace el crimen organizado, “pero algo que no dijo la presidenta es que existen muchas evidencias, y en el caso de Teuchitlán hay indicios de que las autoridades sabían, y no solamente eso, estuvieron ahí (en el Rancho Izaguirre) y no vieron lo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sí vio”.

“Parece inconcebible, como dijo el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero), que las autoridades locales no supieran” lo que sucedía en ese rancho.

“Es muy importante recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una declaración sobre los agentes del Estado en torno a las desapariciones. Por qué. Porque la definición de desaparición forzada dice que se constituye en la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la negativa de conocer tal privación de la libertad, o seguida del ocultamiento o de la negación de información sobre la suerte o el paradero de la víctima a manos de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado’’, explica Corcuera.

El Comité de la ONU, enfatiza, dice que la aquiescencia, “en pocas palabras, es que el agente del Estado que pudiendo y debiendo saber no sabe o que pudiendo y debiendo hacer algo para evitarlo no lo hace, o que pudiendo y debiendo aprehender a la persona responsable tampoco lo hace”.

“La presidenta dice que no quiere minimizar, pero después minimiza, porque las imágenes que hemos tenido a la vista son clarísimas, así como las cartas y los testimonios de las víctimas. Es lamentable que diga que una foto no es suficiente’’, observa Corcuera.

Recuerda que la primera recomendación del Comité de la ONU desde épocas de Calderón es que el Estado debe reconocer la magnitud del problema de las desapariciones. Asimismo Corcuera reconoce que Sheinbaum hizo muy bien en enunciar las medidas para enfrentar este flagelo, “lo malo es que muchas medidas que mencionó ya están contempladas en la ley, no son nada nuevo. Las medidas (de Sheinbaum) son redundantes, pero hay una muy mala idea —no sé quién la está asesorando—: quiere equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, cuando son distintos”, valora.

Sheinbaum propuso, señala Corcuera, “equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía federal”.

La presidenta “no debe equiparar el delito de secuestro con el de desaparición (…) esto sería un despropósito. Espero que desista”.

“Este caso de desaparición forzada se le puede convertir a Sheinbaum en su Ayotzinapa”, remata el experto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.

Crisis forense: FGR incumple con banco nacional de datos y deja sin resolver miles de desapariciones

La fiscalía ha incumplido con la creación y operación efectiva del Banco Nacional de Datos Forenses, clave para buscar e identificar desaparecidos. Pese a su obligación legal desde 2019, no ha resuelto la emergencia de más de 124 mil desaparecidos y entre 52 mil y 72 mil cuerpos sin identificar.

Responsable de la elaboración del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otros instrumentos indispensables para la búsqueda e identificación de desaparecidos, las Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido capaz de responder a la emergencia nacional que representa contar oficialmente con 124 mil 913 desaparecidos y no localizadas, y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados resguardados por fiscalías, como se evidencia en la respuesta al Poder Judicial que ha dado la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, desde 2019 la FGR tenía la obligación de crear el BNDF, y ante el incumplimiento de la autoridad, en 2021 la ciudadana Olimpia Montoya Juárez recurrió a un amparo para buscar información sobre su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017.

Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Proh), en 2022 Montoya Juárez obtuvo la protección de la justicia federal vía el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el BNDF “sigue sin que se implemente a cabalidad, porque la FGR tiene todavía pendiente incorporar registros relevantes para la identificación de personas”, dice César Contreras, abogado de la organización civil.

La relevancia del BNDF volvió a la luz luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 17 de marzo último que enviaría una iniciativa para crear la Base Nacional de Información Forense, lo que motivó que en documentos de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y de buscadores y buscadoras, recordaran a la presidenta que ese instrumento ya estaba contemplado en la ley y que estaba bajo la responsabilidad de la FGR, pero que no operaba.

Contreras, quien de antemano reconoce que “es la primera vez que hay un indicio de esbozo de incluir las desapariciones en la agenda de la presidenta”, considera que la propuesta de Sheinbaum apunta a tener el mismo objetivo ya delineado por las familias de víctimas en la ley general de 2017, “que es concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de desaparecidos para la investigación de los delitos, y sobre todo para devolverles la identidad a los restos no identificados”.

El defensor del Centro Prodh expone que en el proceso de cumplimiento sobre el amparo hay dilación de la FGR, que rindió su último reporte estadístico en febrero de 2024, el cual revela una incompatibilidad entre la información sistematizada con la realidad nacional.

“Oficialmente se tenía un dato de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, y a finales del año pasado información periodística revelaba que serían 72 mil las personas sin identificar. Sin embargo la FGR sólo tiene 490 registros de cuerpos no reclamados”, detalla Contreras para dar cuenta de los datos que faltan por sistematizar.

“Estamos hablando de una dimensión de la crisis forense muy grande, muy dinámica también, y que ni siquiera la Fiscalía ni ninguna autoridad del Estado mexicano está teniendo la capacidad de seguirle el paso para poder dar una cifra en este momento”, puntualiza el abogado.
Lo que nos queda muy claro –continúa el abogado– es que tanto los tres componentes centrales para lograr la identificación de personas son genética, huellas dactilares y características particulares, que son las bases ante mortem y post mortem (AM/PM), en todas esas hay un claro subregistro y en el caso de huellas dactilares específicamente sabemos que no está interconectado todavía.
Incluso refiere que hay datos distintos dentro de las oficinas de la FGR, pues mientras al juzgado que está dando seguimiento al amparo se le dio un dato sobre las bases AM/PM, la Dirección General de Análisis y Proyectos tiene otros datos.

“En el informe del Sistema de Gestión de Información de Base de Datos AM/PM, al corte de noviembre de 2024, sólo se tienen 13 mil registros AM de las más de 124 mil personas desaparecidas consideradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); en tanto que sólo se tienen 14 mil registros PM de fallecidos que están sin identificar en servicios médicos forenses de las más de 72 mil que habría en todo el país”, apunta.

Información disuelta

En respuesta a un requerimiento judicial, el 10 de abril de 2024 la entonces responsable del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, Edna Patricia Cepeda Morales, dio a conocer al Juzgado de Distrito datos estadísticos sobre los “nueve recursos de información interconectados al Sistema de Búsqueda del BNDF”, todos con corte del 31 de marzo de 2024.

En el oficio FGR/AICE/CFIC/OT/36765/2024, del que Proceso conoce, la FGR refirió que en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA) “se han registrado en el sistema un total de 490 fallecidos a nivel nacional”.

La FGR reportó dos mil 64 registros correspondientes al Registro Forense Federal (Refofe), base que “integra la información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas y la recuperación de cadáveres o cuerpos de personas muertas, segmentos óseos, obtenida a través de distintas diligencias de investigación por parte de la FGR”.

En cuanto al Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo), en su último informe al Poder Judicial la FGR reportó contar con mil 789 reportes, sin distinguir qué datos corresponden a fosas comunes y cuántos a fosas clandestinas.   

Mientras que en la Base Nacional de Información Genética (BaNIG) estaba comprendida por nueve mil 374 registros, base conformada por “los datos genéticos ingresados al CODIS y a otros bancos de información genética federales como estatales, herramienta informática que posibilita a los laboratorios forenses el ingreso, almacenamiento, intercambio, confronta automatizada y cálculos estadísticos en los niveles estatal y nacional”.

Respecto de la Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem, “herramienta informática para gestionar información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas, hallazgos y la recuperación de los cadáveres o cuerpos de personas muertas o segmentos o restos óseos así como los inicios y los lugares donde se les encuentra”, el informe de la FGR dató en 134 mil 449 registros, sin distinguir cuántos corresponden a AM y PM.

El documento agregó el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), base con  seis mil 908 expedientes de denuncias de tortura, así como mil 498 reportes de Alerta Amber, creado para “coadyuvar en la búsqueda y localización de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de un delito ocurrido en territorio nacional”.       

De acuerdo con la respuesta de la FGR al juzgado, también se incluyó la base de datos del Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas (SINIED), que contaba con 174 mil 151 registros, plataforma que da seguimiento a los delitos de homicidio doloso, armas de fuego, robo de hidrocarburos, robo a transporte, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículos, narcotráfico, extorsión y secuestro.

De igual manera se dio cuenta de la plataforma del Sistema Nacional de Información Nominal (Sinin), que “permite el registro e integración de fichas nominales, así como la búsqueda alfanumérica para acelerar la consulta de información, a fin de responder las solicitudes de dictámenes nominales en dactiloscopia forense de manera más ágil y oportuna; es alimentado por peritos de Lofoscopía forense”, sistema que contiene 202 mil 642 registros.

Tras señalar que la numeralia presentada se está constantemente actualizado, la FGR informó en abril del año pasado al juzgado que “en los trabajos de implementación del Banco Nacional de Datos Forenses se prospecta que la próxima interconexión se realice con los registros, base y sistemas” del Registro Nacional de Detenciones, el Registro de Antecedentes Criminales, Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas, el Sistema Automático de Identificación de Locutores y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares.

Tortuguismo burocrático

El 11 de febrero último el juzgado de distrito requirió nuevamente al Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) para que aportara información sobre las anteriores bases de datos que se integrarían al BNDF anunciadas en abril de 2023.

En el oficio FGR/AIC/CFIC/OT/0023514/2025, en ausencia del titular del CFIC, Moisés Eduardo Bolaños Bonilla informó que el Registro Nacional de Detenciones ya se había “interconectado” al BNF el 26 de agosto de 2024, pero no ocurre lo mismo con los otros elementos.

En cuanto al Registro de Antecedentes Criminales y el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares, el funcionario explicó al juzgado que “están a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, en ese sentido, se continúa con las gestiones conducentes que permitan el desarrollo de los trabajos de interconexión de los referidos registros y sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses”.

Del Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), se agregó que, “al ser administrado por la Fiscalía General de la República, actualmente se llevan a cabo las gestiones pertinentes que permitan el logro de su interconexión con el Banco Nacional de Datos Forenses”.

El funcionario de la FGR apuntó que “las interconexiones pendientes responden al mismo proceso gradual, con la finalidad de atender a los parámetros de información previstos por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como al ámbito de competencia, necesidades y procesos de cada uno de los entes públicos a cargo de la administración de estos”.

Para César Contreras los restos encontrados en Teuchitlán ejemplifican lo que significa no contar con el BNDF actualizado como debería tenerlo la FGR.
El gran problema –explica– es que hallazgos como el Teuchitlán, en caso de que sea posible obtener ADN de lo restos, deberían poder se procesados y confrontados con una sola base de datos del país de manera inmediata y no depender de tardados procesos burocráticos para devolverles la identidad, como los que se siguen teniendo que llevar a cabo en todo el país.  
Por ello, considera, es importante conocer con claridad la propuesta de la presidenta que se comprometió a presentarla hoy jueves 20 de marzo.

“Si el cambio tiende a quitarle la responsabilidad a la Fiscalía General de la República, nos preocuparía enormemente porque entonces estamos hablando de la fragmentación de responsabilidades que nunca ha funcionado bien en nuestro país y son al final las fiscalías las que tienen en sus manos la información forense de primera mano.

“Es decir, si tenemos 33 fiscalías en la República, que son las que tienen los cuerpos y que saben dónde se encuentran, son ellas las que tienen que tener los registros y la Fiscalía General de la República, como el principal referente dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tiene que liderar el esfuerzo para decir ‘tráiganme toda esta información, yo la reúno para que todas puedan tener acceso a esta información”, dice.

Para el abogado sería lamentable que se tiraran por la borda las herramientas para al búsqueda e identificación de personas que se estipulan en la ley general, por lo que insiste en estar atentos a la iniciativa que ofreció Claudia Sheinbaum.

“Ya hay un número de registros importantes interconectados en una sola plataforma, es la base del proceso que no se tendría que tirar a la basura, mucho menos porque se trata de esfuerzos de familiares de desaparecidos que dedicaron su labor tanto para la ley como para el litigio en relación con el Banco Nacional de Datos Forenses; ciertamente se ha tardado mucho en lograr lo poco que hay, por lo que lo importante ahora debe ser construir sobre eso”, dice César Contreras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Padres de estudiantes de cine desaparecidos rechazan la “verdad histórica”; exigen su búsqueda

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum.

Las desapariciones de Salomón, Marco y Daniel, ocurridas el 19 de marzo de 2018, llevaron a la creación de La Glorieta de las y los Desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Este caso provocó que un gran número de ciudadanos salieran a las calles para exigir su localización.

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum. En aquel momento, el gobierno de Jalisco afirmó que los tres jóvenes habían sido asesinados y que no había forma de localizar sus restos, ya que, según afirmaron, sus cuerpos habían sido disueltos en ácido. Sin embargo, un juez desechó esta versión en 2024, al determinar que faltaban pruebas contundentes.

Los padres de Marco y Daniel rechazan la “verdad histórica” y afirman que “todo ha sido una mentira”. Ellos están inconformes con la manera en que se ha llevado el caso, al tiempo que continúan en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Virginia García y Miguel Díaz, padres de Jesús Daniel, junto con Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco, comentaron sobre las investigaciones, los juicios y las sentencias emitidas el año pasado en relación con el caso de sus hijos. A siete años de la desaparición, sus familias siguen luchando por la verdad y la justicia.

Las familias exigen ahora que se les busque con vida y denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso en 2018 ha realizado un trabajo ineficaz, con múltiples inconsistencias en las investigaciones y sin buscar nuevas líneas de indagación.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de los jóvenes desaparecidos han denunciado que las autoridades no llevaron a cabo una búsqueda adecuada. A lo largo de los años, han ofrecido información valiosa para ayudar en la localización de sus hijos, pero se sienten frustrados por la falta de respuestas.

“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizás hoy tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, declaró Virginia, madre de Daniel.

A casi un año del desahogo de pruebas judiciales que evidenciaron diversas irregularidades en la investigación, las familias continúan manifestando su angustia ante la falta de avances por parte de las autoridades.

Virginia, madre de Daniel, destacó que en el juicio, una perita forense reveló que en los bidones donde supuestamente se habrían disuelto los cuerpos no se encontraron restos humanos, solo diésel. 

“En el juicio, una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses afirmó que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos; únicamente diésel”, enfatizó.

Este testimonio pone en tela de juicio la narrativa oficial y resalta la urgencia de las familias para que se realicen investigaciones más profundas y se busque a los jóvenes con vida.

En mayo de 2024, cuando el juez desechó la versión de las autoridades, señaló que el expediente de investigación carecía de pruebas forenses que corroboraran el relato oficial. Sofía Ávalos, madre de Marco, subrayó que el juez declaró que el caso no podía cerrarse debido a la falta de elementos que confirmaran que los jóvenes habían sido asesinados.

“Lo más importante de ese juicio es que el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había suficientes elementos para afirmar que nuestros hijos fueron asesinados y desaparecidos, como sostiene la Fiscalía”, indicó Sofía, enfatizando la necesidad de continuar la búsqueda de la verdad y asegurar justicia para los jóvenes desaparecidos.

En el reciente proceso judicial se impusieron condenas de 75 años de prisión a cinco individuos por el delito de secuestro agravado, aunque las familias de los estudiantes desaparecidos esperaban que las sentencias incluyeran la responsabilidad por la desaparición.

Los sentenciados son: Luis Fernando Martínez González, conocido como "Cochi"; Javier Antonio López Pérez, alias "QBA"; Samuel Alejandro Ramírez Torres, apodado "Kalimba"; Diego Alberto Sánchez Morales, también conocido como "Tun Tun"; y Ricardo Josué Herrera López, apodado "Choco". En contraste, un sexto implicado, Alejandro N., fue liberado debido a la falta de pruebas que confirmaran su participación en los hechos, una decisión que los padres consideran inaceptable, dado que la investigación señala su implicación. Piden que se revise la libertad de este acusados.

Aunque el caso sigue abierto, las familias aún no han recibido información sobre nuevos avances o planes de búsqueda. “Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años”, afirmó Virginia, quien sigue convencida de que su hijo está vivo.

Las familias solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que revisen el caso y se ocupen de la búsqueda urgente de los tres estudiantes. A casi un año del desahogo de pruebas, la esperanza de que se haga justicia permanece latente, a pesar de la inacción de las autoridades.

Demandan que el gobierno implemente un plan serio de búsqueda que contemple todas las posibilidades, incluyendo la de que los estudiantes puedan estar con vida.

“Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años. Algo me dice que mi muchacho está ahí, en alguna parte. Desde el principio, no se les buscó como se debía; por eso exigimos que se elabore un plan para realizar una búsqueda en campo, para buscarlos con vida”, indicó Virginia, madre de Daniel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Colectivos envían correcciones a la propuesta de Sheinbaum sobre crisis de desaparecidos

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”.

Familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales cuestionaron las propuestas para abordar el flagelo de las desapariciones en México expuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sólo exhibe el “desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”.  

En una carta firmada por centenares de familiares de víctimas, de colectivos de buscadores, organizaciones sociales y activistas, los autores del texto hicieron observaciones a cada uno de los seis puntos de la declaración presidencial, acompañadas de propuestas para corregir los tropiezos.

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, consignaron los firmantes en la carta, en la que expresaron su disposición para dialogar “cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema”.  

Los firmantes cuestionaron que se pretenda incrementar el presupuesto y capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), si no se destituye a su titular, Guadalupe Reyes Sahagún, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierto al diálogo con las víctimas de este país”, por lo que demandaron realizar un proceso de elección de la titularidad del organismo con participación de familiares de víctimas, como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

De la misma manera, en la carta se le solicita a la presidenta separar del cargo a la actual encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, y no sólo incrementar el presupuesto como medida de fortalecimiento, “sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional (de Atención a Víctimas) y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas”.  

Los familiares y colectivos criticaron que el gobierno de Morena pretenda “revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad”, medida que “no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones”, en tanto que enunciar modificaciones a la Ley General en materia de datos forenses, muestra una vez más “el desconocimiento” de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto pero que “se ha negado implementar”.  

La misma crítica se hizo sobre la mención de creación de protocolos de búsqueda, que ya existen, pero que no se aplican por “la falta de voluntad política de romper los pactos de impunidad que persisten en el país”, siendo los “operadores del sistema, Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”.  

Rechazaron “enérgicamente” la pretensión de equiparar el delito de desaparición al de secuestro, al considerar que “es una muestra clara de no entender las dinámicas criminales” y por ser “un claro retroceso en cuanto a la investigación”, al dejar invisibilizada la desaparición y las víctimas “atendidas de manera incorrecta”.  

Al comentar que “no hay certeza” de la confiabilidad en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los familiares y colectivos hicieron votos para que se concrete la propuesta de informar mensualmente sobre la crisis de desapariciones, no sólo un reporte sobre cuántas personas desaparecen al día “sino de cuántas logran encontrar así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez”, porque hasta ahora sólo 1% de los casos son judicializados.  

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado mexicano”, sentenciaron las decenas de remitentes de la carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Madres buscadoras desestiman anuncios de Sheinbaum; exigen ser incluidas en plan y que se indague sexenio de AMLO

Expertos en búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos consideran que “no son ideas nuevas, sino pendientes” las medidas de la presidenta Sheinbaum tras el caso Jalisco. En entrevista, ambos exponen qué se necesita para atender esta crisis de seguridad.

“¿Qué parte de ‘sin las familias no’, no les ha quedado claro?”, cuestiona Grace Fernández Morán, integrante de Buscando Desaparecidos México (Búscame) y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del emprendimiento de una nueva estrategia para enfrentar la crisis de desaparecidos en el país.

Hermana de Dan Jeremeel, desaparecido por miembros del Ejército el 19 de diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila, Fernández Morán alerta que lo que para la presidenta son iniciativas, “en realidad son pendientes de hace siete años desde que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Partícipe en la redacción final de la iniciativa que se convirtió en ley, Fernández Morán recuerda que, por exigencia de las familias de desaparecidos, la Ley General y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) fueron “instrumentos que pensamos, negociamos, trabajamos, implementamos de la mano, codo a codo, las víctimas y las autoridades, y lamentablemente, ya cuando les tocó entrarle a los trancazos, lamentablemente ya no hubo el respaldo”.

La Ley General entró en vigencia a partir de 2017, en tanto que el MEIF fue auspiciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo último tramo de su administración decidió disolverlo, destino que también compartió el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

Entrevistada antes de abordar un vuelo con destino a Italia, para participar en la “Jornada de Recuerdo y Compromiso en Memoria de las Víctimas Inocentes de la Mafia”, que cada 21 de marzo se celebra en Sicilia, Italia, Grace Fernández insiste que lo anunciado por Sheinbaum “no son propiamente ideas nuevas, son pendientes”, y reconoce que después de la exhibición el rancho Izaguirre en Jalisco, la mandataria declara que va a atender el tema de las desapariciones que superan las 120  mil víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPNO).

“Qué bueno que va retomar los pendientes, eso nos da gusto, nos da esperanza. Ahora lo que se sigue es que se lleve a cabo, que el pronunciamiento de la presidenta venga acompañado de voluntad política, presupuesto y capacidad porque esas promesas las vengo escuchando desde que llegó López Obrador y el señor fiscal (Alejandro Gertz Manero). Ya se fue López Obrador, ya casi se va el fiscal y siguen los pendientes”, apunta Fernández Morán.

Horas después de que Claudia Sheinbaum mencionó las seis medidas para enfrentar las desapariciones de personas, Grace Fernández urge no sólo a retomar los pendientes.

Advierten desconocimiento

Respecto de sumar las desapariciones al delito de secuestro, la defensora considera que si se trata de “equiparar en materia de equipo, de infraestructura y de estructura orgánica que tenía la Unidad Antisecuestros, vale, que se destinen cinco mil elementos, que era lo que tenía esa unidad en todo el país para la Comisión Nacional de Búsqueda; pero si se trata de cambiar el delito, preguntamos ¿qué parte de ‘sin las familias, no’, no les ha quedado claro? Qué bueno que ya está volteando a ver el tema, qué bueno que ya lo tenga en la priorización, pero no pueden irse sin las familias”.

Al puntualizar que, si es auténtica la intención de Sheinbaum por atender el problema, se debe combatir la impunidad y la corrupción de autoridades ligadas al crimen organizado “de los sexenios anteriores, incluido el de López Obrador, que dejó 60 mil desaparecidos”, ello como paso fundamental para detener la crisis humanitaria.
Lo anunciado por la presidenta –explica Grace Fernández– es parte de las herramientas para construir la ruta y el camino de la verdadera justicia, que sólo se construye con las familias, es indispensable que entiendan que los familiares de las personas desaparecidas no solamente somos el vehículo, somos la dirección y el destino de cualquier proyecto que intente dar solución a las desapariciones en México. 
La exigencia de incluir a las familias en la discusión de los pasos a seguir para atender el problema de desapariciones en México es también compartido por integrantes de la sociedad civil, como Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de I(dh)eas  Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Asesor de colectivos de familiares de desaparecidos y de colectivos de búsqueda, Gutiérrez Contreras alerta que detrás del discurso de la presidenta hay un profundo desconocimiento el tema que “está híperdiagnosticado en los informes del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los informes de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de víctimas”.

Contrario al anuncio de la presidenta de presentar iniciativas de ley para atender el problema, Gutiérrez Contreras apunta que “no se tiene que reformar nada, a la Ley General y los protocolos de búsqueda ahí están, más bien son acciones cosméticas, parches que no están realmente apuntando al problema estructural, que es la corrupción de las instituciones”.

Señala que en el discurso de Sheinbaum no se habla de las medidas a tomar contra “los funcionarios policiales, ministeriales, soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional que están acusados de desaparición forzada que siguen operando de manera activa”.

El defensor considera que el origen de no plantear acciones estructurales por parte de la presidenta, se debe a que “no se está escuchando a las familias ni a las organizaciones, ni se están revisando las recomendaciones internacionales; estamos hablando de que las desapariciones son crímenes de lesa humanidad y para atenderlas, hay que tomar medidas extraordinarias”.

El director jurídico de I(dh)eas critica que se presente como iniciativa el fortalecimiento de la CNB, “cuando es una obligación de Estado”, además de que otros enunciados son “insustantivos porque ya existen en la ley, como lo que llama ‘Base Nacional Forense”, cuando en los artículos 119 y 120 de la Ley Genera en Materia e Desaparición ya está contemplado, es el Banco Nacional Forense y a quien le corresponde coordinarlo es a la Fiscalía General  de la República, que no se ha echado a andar; tampoco tiene sentido hablar de los protocolos de búsqueda e investigación, que también ya existen”.

Gutiérrez Contreras expone que la ley general ordena la búsqueda inmediata de cualquier persona, y que para ello no es necesario la espera de 72 horas, esa temporalidad “sólo aplica para abrir carpetas de investigación de hombres mayores de 18 años porque para mujeres y personas menores de 18 años la ley obliga a abrir de manera inmediata una carpeta de investigación”.

El defensor lamenta que Claudia Sheinbaum no presente propuestas “para fortalecer los servicios forenses, es ahí donde hay una crisis en México”, y en cambio se hable de equiparar el tipo penal de desaparición con el secuestro.

“Me parece que es grave porque desnaturaliza nuevamente la figura de la desaparición, homologar la desaparición al secuestro va en contravía de años de lucha de las familias, en contravía de años de lucha de identificar la desaparición como un delito de Estado”, explica.

De la misma manera, lamenta que no se incluyan reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, “para ofrecer beneficios a presuntos perpetradores por colaboración eficaz, si no hay manera de negociar con la delincuencia, si no hay manera de pedirles información sobre cómo operan, no se va a poder detener la tragedia”.

Gutiérrez Contreras, quien con I(dh)eas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) denuncias por las desapariciones en Nayarit y Veracruz, puntualiza que ante la dimensión del problema en México, su organización ha urgido la intervención de la  CPI y de la Asamblea de Naciones Unidas, porque “se debe reconocer que en el país se practican crímenes de lesa humanidad, que los grupos delincuenciales en colaboración con agentes del Estado cometen esos actos”.

Ante la dimensión del problema, Gutiérrez Contreras considera que México: 
Debe pedir la intervención a la CPI y asumir que el Estado no puede combatir el problema solo, sin ayuda y cooperación internacional.
“Consideramos que el CED debe presentar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas porque la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición establece que, cuando las desapariciones se practican de manera generalizada, la Asamblea General debe actuar estableciendo un monitoreo y exigirle a México que asuma de manera inmediata una priorización de acciones que tienen que ver con el drama humanitario que se está viviendo en el país”, agrega.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

«No hay nada nuevo en las acciones presentadas» por Sheinbaum: buscador Jorge Verástegui

En las seis acciones presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum contra las desapariciones «no hay nada nuevo», sino «más bien un mal refrito de lo que ya existe», aseguró Jorge Verástegui, activista por los derechos humanos y familiar de Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos desde el 24 de enero de 2009 en Coahuila.

Este 17 de marzo, Sheinbaum anunció «seis acciones inmediatas» contra el delito de desaparición a raíz de los hallazgos en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde el crimen organizado operaba un centro de adiestramiento y exterminio. Entre las medidas se encuentran el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más recursos y equipo; la creación de una base única de información forense, y generar una alerta de búsqueda inmediata y abrir carpetas sin esperar 72 horas.

Verástegui, quien desde 2009 busca a sus familiares desaparecidos en México, criticó cada punto propuesto por la mandataria para demostrar cómo «no hay nada nuevo» en las acciones, mientras que de los procesos de participación y consulta con las familias de las víctimas «no se habla en lo absoluto, pues es lo que menos quieren hacer».

Por ejemplo, sobre las acciones de fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), recordó que la administración de Andrés Manuel López Obrador «colocó a una persona sin experiencia y desmanteló lo poco que se había avanzado» en la CNB y desmanteló el proyecto del CNIH.

Sobre la medida de generar una alerta de búsqueda inmediata y abrir carpetas sin esperar 72 horas, Verástegui precisó que la Ley ya obliga a las autoridades a realizar acciones de búsqueda desde el momento del reporte y se debe iniciar una investigación, y que incluso existe un delito por obstrucción de búsqueda.

Respecto a la propuesta de crear una base única de información forense, indicó que en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada ya está contemplado el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, pero que «esta se ha negado a su consolidación. Hasta se han promovido amparo para presionar a su implementación».

Finalmente, sobre la propuesta de homologar el delito de desaparición con el del secuestro y homologación de proceso de investigación, el activista y buscador criticó que esta acción «es no entender los procesos penales, los fenómenos criminales y sobre todo la búsqueda de personas desaparecidas», y destacó que para cumplir el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender a los familiares, el primer paso debe ser «remover a la actual comisionada», Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

COMUNICADO:

«Claudia Sheinbaum Pardo:

1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más recursos y equipo.

~La anterior administración colocó a una persona sin experiencia y desmanteló lo poco que se había avanzado~.

2. Crear una base única de información forense.

~En la Ley General ya está contemplado el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual es responsabilidad de la FGR, pero esta se ha negado a su consolidación. Hasta se han promovido amparo para presionar a su implementación~.

3. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana.

~En CNIH fue un proyecto desmantelado por la administración de López Obrador~

4. Generar alerta de búsqueda inmediata y abrir carpetas sin esperar 72 horas.

~La Ley ya obliga a las autoridades a realizar acciones de búsqueda desde el momento del reporte. También se debe iniciar una investigación. Existe hasta un delito por obstrucción de búsqueda~.

5. Homologar el delito de desaparición con el del secuestro y homologación de proceso de investigación.

~Esta propuesta es no entender los procesos penales, los fenómenos criminales y sobre todo la búsqueda de personas desaparecidas~.

6. Fortalecer a la CEAV para atender a familiares.

Esperemos que el primer paso sea remover a la actual comisionada.

En resumen, no hay nada nuevo en las acciones presentadas. Más bien un mal refrito de lo que ya existe.

De los procesos de participación y consulta con las familias no se habla en lo absoluto, pues es lo que menos quieren hacer.»

Jorge Verástegui.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Privan de su libertad en Poza Rica a Alin Salas, hija de integrante del Colectivo María Herrera

La desaparición de Alin Salas ocurre días después del asesinato de Magdaleno Pérez, activista que fue golpeado por policías municipales de Poza Rica.

Alin Isaday Salas Isidro, de 27 años, fue privada de la libertad la tarde del 16 de marzo de 2025, mientras circulaba por el centro de la ciudad de Poza Rica.

La joven es hija de una buscadora del Colectivo María Herrera, quien busca a su sobrino Osiel Juárez Isidro, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2020.

Según testigos, hombres armados y vestidos con ropa táctica la interceptaron al descender de su vehículo y, con uso de violencia, la obligaron a subir a un automóvil compacto antes de darse a la fuga.

Ante el reporte de su desaparición, las autoridades activaron el Código Rojo e implementaron operativos en los accesos a Poza Rica, instalando retenes para tratar de localizarla.

Ante la incertidumbre, sus familiares iniciaron una campaña en redes sociales para solicitar apoyo en su búsqueda y recabar información que ayude a dar con su paradero.

La desaparición de Alin Isaday ocurre días después del asesinato de Magdaleno Pérez Santes, activista que fue golpeado por policías municipales de Poza Rica y falleció tras denunciar la agresión. Por este caso, dos policías fueron detenidos.

Colectivos y familiares exigen a las autoridades redoblar esfuerzos para encontrar con vida a Alin Isaday Salas Isidro y brindar garantías de seguridad a quienes buscan justicia por sus seres queridos desaparecidos

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Sheinbaum anuncia 6 nuevas medidas contra desapariciones en México

La presidenta informó que buscan fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición como el de secuestro, así como incorporar en la ley búsqueda de investigación inmediata sin esperar 72 horas.

Luego del caso de Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló seis iniciativas de reforma, entre ellas, tales como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición como el de secuestro, crear una base única de información forense, así como incorporar en la ley búsqueda de investigación inmediata sin esperar 72 horas en ningún estado.

Sheinbaum adelantó que el tema lo abordará dividido en tres temas, primero las medidas legales que tomará su gobierno, así como las reformas jurídicas. Mañana abordará en la mañanera la campaña que ha hecho la oposición que, “como carroñeros” construyen campañas, compran boots. Y el miércoles cómo se construyen esas campañas de narcopresidenta, las cuentas falsas, de dónde vienen, la campaña de la oposición en X.

La mandataria federal dio lectura de dichas iniciativas, así como la firma de un decreto.
Es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno”, aseguró. 
“Hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañan la búsqueda con evidencias científicas”, dijo.

Además, este jueves enviará las siguientes iniciativas de reforma al Congreso de la Unión:

1. Una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.

En esa labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

2. Una iniciativa de reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la FGR así como de los servicios forenses estatal y federal.

Con esa iniciativa se buscará crear la plataforma nacional de identificación humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país

Se incluirá lo que llamarán el registro electoral del INE para cotejo de huellas dactilares, realzar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas.

También se fortalecerá el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la plataforma nacional de identificación humana que contará con todas las técnicas incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la comisión nacional y las comisiones estatales de búsqueda así como la agencia de trans digital.

3. La tercera iniciativa será incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación del delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados.

4. La cuarta iniciativa es equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar penas y procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la en la FGR.

5. La quinta es establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

6. La sexta es fortalecer a la CEAV para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.

El lunes pasado la presidenta fue cuestionada por este medio sobre las medidas que emprendería su gobierno para mejorar la labor del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, dado que familiares de las víctimas que emprenden estas búsquedas denuncian que hacen el trabajo del gobierno, además de que fue una de las principales consignas de la marca del 8M por la cantidad de mujeres que están desparecidas y no son buscadas por la autoridad.  

Ante el planteamiento la mandataria federal señaló la metodología que daba continuidad al sexenio pasado, sólo habló de algunos cambios que perfilaba su gobierno, pero sin entrar a detalle y no fue hasta que familiares de personas desaparecidas comenzaron las vigilias y manifestaciones en el zócalo de la Ciudad de México para protestar por la crisis de no localización de sus familiares, que la mandataria federal expuso dichas iniciativas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

El destino fatal de los desaparecidos

A pesar de la rasurada que se intentó en el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, los desaparecidos en México superan los cien mil registros, con un incremento constante año con año al menos en el último bienio.

De acuerdo al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, rebasada la cifra de los 100 mil desaparecidos en 2022; el siguiente año, 2023, hubo un incremento de 7.3 por ciento y para 2024 la cifra ascendió aún más en un 6.3% de personas desaparecidas.

El reporte del mismo Instituto señala que el 18% de todos los desaparecidos son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 0 y 19 años de edad. Esto, pese a la negativa a aceptar la altísima cifra por parte del Gobierno de México, el presente o el anterior, es un hecho visible en la manifestación y la información que cada día comparten organismos de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas o familiares de víctimas.

Madres, padres, hermanas y hermanos buscadores de personas en todo el país, han localizado a los suyos en narcofosas, enterrados en parajes y patios, y ahora, se sabe después del descubrimiento el 6 de marzo del llamado campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a unos kilómetros de la Capital, en restos de huesos cuyos cuerpos fueron cremados.

Cuando por su “métrica” política y su característico capricho presidencial, Andrés Manuel López Obrador eliminó desaparecidos del registro nacional, lo hizo argumentando que las estadísticas no estaban actualizadas, considerando las personas localizadas con vida. Cierta y desafortunadamente son las menos, sin embargo, se van sumando a la cifra los desaparecidos de cada año que se cuentan entre 13 mil y 15 mil.

El Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, en su momento Los Zetas o el Cártel Arellano Félix (CAF), han empleado a lo largo de su siempre impune trayectoria criminal, métodos indistintos e insanos para deshacerse de sus enemigos, de los que consideran traidores a su causa delincuencia, o de aquellos que por afrentas personales o caprichos desaparecen de la tierra.

En Baja California, en los tiempos en que la seguridad del Estado estaba coordinada por el Ejército Mexicano, con generales como Sergio Aponte Polito o Alfonso Duarte Múgica, fueron descubiertas no sólo fosas clandestinas en las cuales se ocultaban cuerpos masacrados; también crematorios clandestinos en Tijuana en zonas de dominancia criminal del CAF, e inolvidable y aberrante el caso de Santiago Meza López alias El Pozolero, quien colaboraba de manera criminal con Teodoro García Simental alias El Teo, tanto cuando éste fue parte de las filas de la organización criminal Arellano Félix, o cuando se escindió y se refugió en el Cártel de Sinaloa.

Al Pozolero se les adjudica la horrífica hazaña de haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido, personas cuya vida había sido arrebatada con violencia debido a una afrenta con los narcotraficantes, y cuyos cuerpos le eran llevados para deshacerse de ellos, sumergiéndolos en ácido en grandes contenedores ex profeso para ello; de ahí el macabro mote que le adjudicaron. Toda su actividad criminal la llevaba a cabo en un predio conocido como La Gallera, en una zona ejidal de Tijuana.

Meza López realizó esa actividad durante por lo menos nueve años, de 2000 a 2009, hasta que fue detenido en un operativo militar que, de hecho, tenía por objetivo aprehender al Teo cuando se encontraba realizando algún festejo en un lugar de veraneo en la costa tijuanense; el capo fue advertido que iban por él y alcanzó a huir del sitio, dejando atrás a algunos cómplices, como al Pozolero, quien estaba ebrio al momento de su arresto.

El campo de exterminio del CJNG también tenía por lo menos diez años funcionando. Testigos de los terribles hechos que ahí sucedieron han confiado a buscadores de personas las condiciones en que llegaron al Rancho Izaguirre y los momentos de terror que vivieron. La gran mayoría eran jóvenes que atendieron convocatorias de ofertas de trabajo.

Confiados en la oportunidad de tener una actividad que les devengara en un salario entre los 2 mil y 4 mil pesos, acudían a las citas sólo para ser privados de su libertad y llevados al Rancho del CJNG, donde a la fuerza, a base de tortura física y psicológica, eran concentrados para adiestrarlos en la criminalidad y ser reclutados del cártel. Golpes, privación de alimentos y de la libertad, obligados a matar y a ver morir, capacitados en el tiro con arma y otras suertes criminales de contención física, muchos perdieron la vida al negarse a ser parte del fenómeno del narcotráfico, y otros tantos por capricho.

En el rancho de Jalisco, el colectivo de Buscadores Guerreros localizó por lo menos tres crematorios clandestinos, zonas de adiestramiento, hechizas construcciones para mantener privadas de la libertad a las personas y lotes de restos de huesos enterrados en cinco zonas del predio.

Tanto el Rancho Izaguirre en Jalisco, como La Gallera en Tijuana, fue el destino fatal, final, de miles de desaparecidos que aún son buscados por sus familiares y por colectivos, y cuya desaparición es ignorada por gobiernos insensibles y carentes de compromiso con sus sociedades, como el que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el país, o Marina Ávila Olmeda en Baja California, o ahora Pablo Lemus en Jalisco.

En Baja California se ha negado de manera sistemática el apoyo institucional a los colectivos buscadores, quienes arriesgan la vida y la tranquilidad, al adentrarse en zonas agrestes en Tecate, Tijuana, Valle de Mexicali, la costa de Ensenada o en Rosarito, para buscar cuerpos en narcofosas. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los apoyan con herramientas para hacer excavaciones o especialistas para el tratamiento de los restos localizados, no lo hacen hasta que son evidenciados, sea en redes sociales o en medios de comunicación, cuando los buscadores comparten sus macabros hallazgos. Entonces sí, ya obligados por una presión social, los gobiernos entran “a la investigación” y el rescate de cuerpos y restos.

Así sucedió en Jalisco, luego que se conoció que en septiembre de 2024, autoridades de aquella entidad tuvieron conocimiento y “catearon” el Rancho Izaguirre, liberando por entonces a personas que se encontraban secuestradas, pero no vieron lo que los buscadores encontraron el 6 de marzo de 2025: miles de restos de huesos humanos y cientos de objetos y artículos personales de los desaparecidos, ropa, mochilas, chamarras, muchos pares de zapatos, todo de lo que fueron despojados para quitarles la vida.

Que El Pozolero actuara contra la vida durante nueve años, o que el campo de exterminio del CJNG estuviese activo durante una década, no refleja la impunidad de los grupos del narcotráfico en México o el destino fatal de los desaparecidos, también, la ausencia de compromiso por parte de los gobiernos para combatir a los cárteles de la droga y de una sociedad que pasivamente parece acostumbrarse a la muerte a manos del crimen.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Congreso de Guerrero "desaparece" iniciativas de ley en materia de desaparición forzada

La líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para exigir que aprobaran las iniciativas de ley que presentaron en 2019 y 2021, pero que los líderes del Legislativo de Morena mantuvieron en la congeladora. Simplemente les dijeron que las extraviaron.

Las dos iniciativas de ley en materia de desaparición forzada que fueron presentadas en el Congreso de Guerrero desaparecieron, informó a colectivos de familiares de víctimas la dos veces diputada federal y ahora diputada local por Morena, Araceli Ocampo Manzanares.  

Socorro Gil Guzmán, líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para exigir a los diputados que aprobaran la iniciativa de ley que presentaron en 2019 y 2021, pero que los líderes del Legislativo de Morena las habían mantenido en la congeladora.

Simplemente les dijeron que las dos iniciativas se extraviaron.  

El miércoles 12 de marzo, colectivos de familiares de desaparecidos de la entidad se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, encabezada la morenista Araceli Ocampo Manzanares.  

En el encuentro, la diputada les advirtió a los familiares de las víctimas que la iniciativa partirá de cero, debido a que las dos iniciativas elaboradas por organizaciones y expertos en 2019 (legislatura 2018-2021) y 2021 (periodo 2021 - 2024) “están perdidas”.  

La última iniciativa, de acuerdo con representantes de colectivos, plantea autonomía y mayor presupuesto a las comisiones estatales de búsqueda y atención a personas desaparecidas, además la creación de un centro de identificación forense.  

Al salir de la reunión Socorro Gil Guzmán del colectivo subió a la máxima tribuna de la entidad, minutos antes de iniciar una sesión.  

Fue escuchada por la mayoría del pleno que ni se inmutó. 
"Llevo seis años y tres meses buscando a mi hijo (Jhonatan Guadalupe Gil). Y no solamente a mi hijo, buscando justicia que también la hemos perdido, que no tenemos seguridad en la calle, que se llevan a nuestros hijos con la mano en la cintura", expresó.  

Con un gallardete con la imagen de su hijo en las manos recordó que fue desaparecido por policías municipales de Acapulco, Guerrero, el 5 de diciembre de 2018.  

En ese año, el municipio de Acapulco era gobernado por la magistrada Adela Román Ocampo, postulada por Morena. 
“Terminó la carrera de Derecho, tenía tantos sueños, ilusiones, proyectos, de salir adelante, de cambiar el futuro tal vez de su madre que vivía en un cuarto de cuatro por cuatro pagando renta.  

“Un día por defender a su amigo que lo estaban obligando a vender droga se llevaron a los dos. Al amigo de mi hijo lo torturaron y lo asesinaron. De mi hijo es la hora que no sé nada, no lo he podido encontrar".  

Aseguró que Jhonatan fue subido a una patrulla de la policía municipal y nunca más se volvió a saber de él.  

En las investigaciones la Fiscalía de Guerrero, acusó la madre, desapareció todas las pruebas.  

También reveló que fue amenazada y forzada a desplazarse de Acapulco, por cuatro años, por el miedo de que se llevaran a otros integrantes de su familia, como le advirtieron.  

“He ido a los cerros a desenterrar a más víctimas. He visto el dolor y el terror de desenterrar cuerpos debajo de la tierra, esperando encontrar a mi hijo ahí en un puño de huesos".  

Consideró inhumano lo que viven las madres y que, además, el gobierno del estado les niegue “2 mil miserables pesos”, que cada mes les debe de entregar por concepto de despensa.“Dura más una mentada de madre que esos 2 mil pesos que les dan a las familias”.

Explicó que los colectivos, cuyos integrantes son en su mayoría mujeres, botean para cubrir los gastos de las búsquedas.

Los perpetradores frenaron sus vidas el día que se los llevaron, declaró. 

Socorro Gil cuestionó a los diputados ahí presentes: “¿Qué han hecho ustedes por las familias de las víctimas? No han querido aprobar la Ley general de desplazamiento forzado, nos niegan los recursos y nos niegan las búsquedas”.  

Qué pena da que se les hayan salido de las manos la seguridad de todo el estado, lamentó.

“Tenemos que pedir varillas prestadas, palas, picos para ir a buscar porque no tenemos el dinero que nos hace falta. No estoy aquí por gusto, el Estado me obligó a buscar a mi hijo, a hacer el trabajo que les toca a las autoridades”. Señaló que el Estado es omiso, negligente e incompetente ante esta la grave situación que se vive en la entidad.  

“Ni la gobernadora (Evelyn Salgado) ni la presidenta (Claudia Sheinbaum) cuando se presentó en diciembre en Acapulco habló del tema de la desaparición forzada”.

Agregó que, en su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las madres buscadoras como impostoras y negó que hubiera tantos desaparecidos en México.

“Aun cuando hay un registro nacional con más de 100 mil personas desaparecidas, mi hijo fue uno de ellos, a quien el presidente lo volvió a desaparecer. 

La primera vez lo desapareció la policía, después la fiscalía y luego el presidente”, concluyó.  

Al concluir el pronunciamiento de la madre, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado de Morena, Jesús Urióstegui García y el presidente de la Mesa Directiva, el legislador del PRI, Jesús Parra García, entraron al plano para iniciar la sesión como si nada hubiera pasado.  

David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, informó que desde el 2018, colectivos de la entidad y expertos en el tema elaboraron la ley de desaparición forzada para el estado de Guerrero y al siguiente año inició su gestión en el Congreso local.  

Sin embargo, desde esa legislatura encabezada por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel y en otro momento por la actual diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, así como la actual presidida por Jesús Uriostegui, todos de Morena (los dos últimos del grupo del senador Félix Salgado y su hija, la gobernadora Evelyn Salgado), han sido burlados, ignorados y engañados.  

Los diputados de la actual legislatura, en su mayoría de Morena, se han reunido en dos ocasiones con los colectivos, pero para darles largas.

Fue hasta el miércoles que les dijeron que no había ninguna ley de desaparición en su poder, sin dar alguna explicación más que el extravío. 

En la entidad hay un registró histórico de 2 mil 500 desaparecidos. 

En la víspera, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal, la morenista, Araceli Ocampo Manzanares, presumió que presentó una iniciativa para que los maestros reduzcan tareas a sus alumnos para que no se estresen.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.