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Rechazan familiares y organizaciones solicitud del Senado para destituir al presidente del CED

Colectivos de búsqueda y centros de derechos humanos rechazaron el pronunciamiento aprobado por el Senado para exigir la destitución del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, después de que el organismo, dirigido por Olivier Frouville, inició un procedimiento contra el Estado mexicano tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática” en el país.

“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos. Los lamentables antecedentes inmediatos de inconformidad no llegaban a este extremo”, criticó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en sus redes sociales.

 
El pronunciamiento contra el CED fue aprobado el pasado 8 de abril con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. Los legisladores, en su mayoría de Morena, aprobaron la moción bajo el argumento de que la crisis que suma más de 124 mil desaparecidos en México no son “una política de Estado”.

“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones. Lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la Ley General en la materia”, agregó el Centro Prodh.

Por su parte, la Glorieta de las y los Desaparecidos lamentó “profundamente” la posición de un Senado “lejano a las víctimas y a la realidad que vive en el país en materia de desaparición”.

“Nos avergüenza la clase política que hoy vota en contra de la justicia pero que en el pasado nos utilizó como bandera política. Muchas familias de personas desaparecidas, desde hace años hemos solicitado, y lo seguiremos haciendo, a la ONU su intervención en México ante las desapariciones generalizadas que se perpetran en el país. Respaldamos al CED de los ataques de algunos políticos”, señalaron las familias y colectivos de la Glorieta.

La acción del gobierno contra el Comité de la ONU sucede luego de que el 7 de abril el CED activara el procedimiento, considerado “el más extremo” del organismo internacional, para la crisis de desapariciones forzadas en el país, la cual fue negada por la presidenta Claudia Sheinbaum al declarar que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el dictamen del CED era una “acusación carente de sustento”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desde 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve a México ante la Asamblea General de la ONU por graves violaciones a los DH

También se solicitó que se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

En 2021 el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios pidió que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.

También pidió el apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

DOCUMENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021:

Estimada Carmen Rosa Villa Quintana
Presidenta del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y

Albane Prophette Pallasco
Secretaria Técnica

Contexto de la desaparición en el Estado de Coahuila

Bienvenidas a Coahuila y agradecemos ser tomadas en cuenta para la visita que este Comité realiza a nuestro país. Una visita que hemos esperado durante años y por fin se lleva a cabo.

Coahuila es un estado que hasta el día de hoy cuenta con 3,452 personas desaparecidas, con ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas que hoy estamos presentes y que compartimos un pequeño panorama de la crisis en desapariciones en el estado y el porqué. Aunque a Coahuila la reconozcan como un estado ejemplo, podemos decir que el único ejemplo es el de la IMPUNIDAD.

La región noreste de México se ha visto sumamente afectada por la disputa entre grupos del crimen organizado que, con la participación o connivencia de fuerzas de seguridad y el apoyo o aquiescencia del Estado, ha resultado en un nivel de violencia exacerbado.

Ese fue y sigue siendo el origen de la desaparición de cientos de personas y que alertamos de esta crisis humanitaria desde el 2009; sin embargo, a la fecha continúan y el número, desgraciadamente, es mucho mayor.

Las desapariciones continúan

Del 12 de agosto al 12 de septiembre, oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informa que en Coahuila hay un incremento de tres mil 679 nuevos reportes, de las cuales mil 269 se encuentran en estatus de desaparición o no localización. Esto significa que en promedio 122 personas desparecen al mes, es decir por lo menos tres diarias. De las personas localizadas con o sin vida, no hay datos públicos sobre la naturaleza de la desaparición o no localización, solo discurso político mediático. Mientras que la Fiscalía de Personas Desaparecidas reportan 5,488 con 1,891 personas sin localizar.

Búsqueda inmediata

Cuando desaparece una persona, es importante que se inicie la búsqueda inmediatamente pues las primeras horas son fundamentales para su localización; sin embargo, las autoridades todavía dicen a las familias que esperen 72 horas, lo que incumple el protocolo de búsqueda establecido.

Las familias aprendimos a sobrevivir con la desaparición de nuestro familiar; nuestro mundo se convirtió en la búsqueda de la verdad y justicia. Sabemos en donde desapareció, pero no a donde se lo llevaron. La búsqueda en vida es importante porque los podemos encontrar en situación de calle; recorremos en caravanas con la intención de localizar en centros de detención, CERESOS, CEFERESOS, hospitales psiquiátricos, centros de beneficencia y rehabilitación; queremos encontrar a nuestros desaparecidos con vida, aunque también aprovechamos para buscar en SEMEFOS porque tampoco descartamos la posibilidad de encontrarlos en este lugar; utilizamos medios cibernéticos como un apoyo para nuestra búsqueda; realizamos desde brigadas callejeras vespertinas, hasta brigadas nocturnas; organizamos marchas pacíficas para concientizar a las autoridades y sociedad civil; visitamos iglesias en donde se ofician misas por nuestros desaparecidos y nosotras sus familias; planteles educativos para una visibilización, concientización y prevención.

La omisión de las autoridades prevalece pues no integran en las carpetas de investigación la información que nos aportan en las búsquedas en vida y que se han dado positivos en personas que se encuentran en situación de calle; necesitamos que las autoridades les den seguimiento a esas líneas de investigación, a esos posibles positivos para poder localizarles.

Búsqueda en fosas clandestinas

En Coahuila existe la Ley Estatal de Exhumación e Identificación Forense creada en el 2016;. Del 2017 al 2020 se han recuperado 135 restos; en el 2021 se realizaron cinco exhumaciones masivas en las que se recuperaron 703 cuerpos sin identificar en fosas comunes, de las cuales oficialmente solo se ha reportado un cuerpo identificado y entregado y 14 con posibles cotejos.

Las familias tenemos un papel muy importante porque presionamos a las autoridades para que realizaran este trabajo ante la crisis que vivimos; también nosotras decidimos salir al campo en donde hemos recuperado 115 mil fragmentos óseos y 700 kilogramos de fragmentos, sin contar lo que la fiscalía ya en operativos anteriores había recuperado y que esperan ser procesados y confrontados para obtener un nombre y regresar a casa.

Exigimos el cumplimiento real de su trabajo y no la simulación, exigimos el debido proceso en cada trabajo forense, pues su incumplimiento llevó al estado a tener estas cifras de inhumados sin identificar y familias con el sufrimiento; exigimos que nos muestren paso a paso dónde está lo recuperado, pues ya nos demostraron que se les pierden los cuerpos. Queremos resultados, no voluntades ni simulaciones.

El CRIH, una conquista de las familias en riesgo de convertirse en un hermoso mausoleo

Las entrevistas a prensa siguen siendo el recurso privilegiado por las autoridades de Coahuila para “informar” de supuestos cotejos. De estos a la fecha se tiene un rezago de 837 número mínimo de individuos (NMI), de los que no hay información sobre los procesos de identificación, ni las consecuentes acciones ministeriales necesarias para concluir procesos de identificación, notificación y entrega de cuerpos.

Nos preocupa la postura expresada desde el CRIH y en alianza con la Fiscalía de Personas Desaparecidas de no procurar e integrar la información ministerial a los procesos de identificación forense. El riesgo de que se emitan sólo certificados de muerte desvinculados a los procesos de procuración de justicia puede llevar a concluir que en varios casos no hubo delito como el de desaparición forzada, tipificándolos como simples homicidios entre particulares, lo que perpetuaría la impunidad. Así como el que se repita la práctica de emitir certificados de defunción sin plena identificación y entrega de cuerpos, con tal de “dar resultados”. La estrategia de desaparición de personas está encaminada a desaparecer a nuestros Pueblos.

Siguen desapareciendo a los desaparecidos

La autoridad sigue acumulando y así sigue desapareciendo. Siguen desapareciendo a los desaparecidos. El Gobierno desaparece una, dos y tres veces. Estas exhumaciones han demostrado cómo antes, ayer y hoy, siguen repitiendo las mismas malas prácticas de inhumaciones. No está claro y más bien hay evasivas de qué va a hacer el Gobierno de Coahuila por las graves violaciones a los derechos humanos.

El impacto en la familia, sobre todo en los/as hijos/as

La desaparición forzada se convierte en un viacrucis que cambia la dinámica familiar completamente; cuando el papá desaparece y es quien provee económicamente el hogar, la mamá tiene que hacerse cargo de todo, no solo de la educación, sino también en la manutención; aunado a ello, los hijos e hijas, que en su mayoría eran pequeños cuando ocurrió el hecho, deben enfrentar el impacto en la salud física y emocional. Madres, padres, hijos, hijas, esposas, esposos, hermanas, hermanos, después de tantos años de búsqueda, se enfrentan al deterioro de la salud personal y familiar, situación no atendida por las autoridades; si bien existe el Programa de Familias de Personas Desaparecidas en Coahuila (PROFADE), éste no ha sido suficiente para responder a la urgencia provocada por esta crisis humanitaria.

Autoridades cómplices

Uno de los colectivos documentamos más de 100 casos de desaparición forzada perpetrada por las distintas corporaciones policiacas del estado de Coahuila,  desde el inicio de su operación como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (G.A.T.E) en la administración del Ex Gobernador Rubén Moreira Valdés, seguida del cambio de nomenclatura a Fuerza Coahuila y al día de hoy en cualquiera de sus denominaciones: Policía Civil Coahuila (PCC), Policía Especializada Coahuila (PEC), Policía de Acción y Reacción (PAR) dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigación Criminal, Grupo Operativo Especial del Estado GOEE, estas últimas dependientes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los elementos aprehensores continúan violentando los derechos humanos del detenido y consumando las desapariciones forzadas, pues es evidente el grado de IMPUNIDAD que el Estado permite. Los colectivos hemos desarrollado mecanismos de Búsqueda Inmediata que hoy en día representa el 90% de los casos localizados con vida.

Impunidad y tortura en México-Coahuila

La justicia en Coahuila y en todo México no es ni pronta ni exhaustiva. Tenemos más de diez años en diálogo directo con autoridades, pero, a pesar de los esfuerzos, no hemos encontrado a nuestros seres queridos desaparecidos y cada día son más y más a quienes buscamos. En un estado donde nunca ha habido alternancia de partido en su gobierno, las redes de corrupción están tejidas y afianzadas muy fuertes y por lo tanto muy, muy difíciles de romper.

Los vínculos con la delincuencia organizada de empresas, políticos y gobiernos son evidentes, e incluso comprobadas, como se dio en los Juicios de Texas, donde, pese a sentencias de relevancia por graves crímenes en nuestro país, no se han fincado responsabilidades o se ha sancionado responsables. Lo mismo en la llamada “Masacre de Allende”, donde la verdad y la justicia se entierra o esconde con simulaciones de investigaciones y recomendaciones amañadas de la CNDH.

La tortura es otra de las constantes para con las familias, pues sólo simulan hacer un trabajo que es deficiente, pobre y poco profesional intencionadamente. No es falta de capacitación, es decidida acción de ocultamiento, encubrimiento y protección de intereses de grupo y coaliciones corruptas.

Y pese al mal desempeño, en Coahuila se premia a los funcionarios que son cómplices de la desaparición, acción, omisión o aquiescencia del Estado, que a la vez son corruptos y no hacen su trabajo. Se les premia como magistrados en el poder judicial para seguir entorpeciendo el arduo camino hacia la JUSTICIA.

Por eso afirmamos que la impunidad es la principal problemática en este país, es por esta circunstancia que se han podido cometer delitos de cualquier naturaleza, hasta llegar a los más graves que son los crímenes de lesa humanidad como son la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.

Por eso pedimos que en esta visita confirmen lo que les comunicamos y nos otorguen a través de sus recomendaciones:

Que se lleve al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos, y se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.
Apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos para una certera identificación y así poder saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa.

Firman:

Alas de Esperanza

Buscando Desaparecidos México (BUSCAME)

Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, A.C.

Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)

Grupo VI.D.A (Víctimas por sus Derechos en Acción)

Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas

Rastreadoras Nacionales de Personas Desaparecidas, A. C. (RANADES)

Organización acompañante:

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité ONU sobre Desapariciones defiende sus acciones tras protesta del Gobierno mexicano

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que justifica su reciente decisión de solicitar que la situación de México en esta materia sea tratada en la Asamblea General de la ONU, una petición que ha sido muy criticada por el Gobierno mexicano.

Se trata de la primera vez que este Comité activa este mecanismo, que eleva el caso a la máxima instancia de Naciones Unidas.

Las decisiones del comité que implican referir una situación nacional de desapariciones forzadas a la Asamblea “se toman siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad”, asegura la nota, en la que se expresa el deseo del Comité de “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México”.

El pasado 4 de abril, el grupo de expertos -cuya misión es vigilar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada– anunció su intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.

Esta decisión provocó las protestas de distintas autoridades mexicanas, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este martes acusó al Comité de tener “mucho desconocimiento” sobre su país.

El Comité recordó que el artículo 34 (cuyas decisiones no tienen un carácter vinculante) permite llevar casos nacionales a la Asamblea General si recibe información creíble de que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática en un país.

Sheibaum comentó a este respecto que las desapariciones forzadas en México eran perpetradas por “la delincuencia organizada“, no por el Estado, e indicó que se había enviado una nota diplomática al Comité para expresar la disconformidad del Gobierno mexicano.

El Comité afirmó que algunas reacciones tras su decisión “revelan cierta confusión respecto al procedimiento” y aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 se adoptó “por consenso” y sobre la base de denuncias recibidas, de informes -incluido el del Estado parte- y otros elementos.

Asimismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas, “lo cual no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento en virtud del artículo 34“.

Subrayó, por otro lado, que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Inédito y mal augurio que Senado exija sanción contra funcionario de la ONU: Centro ProdH

El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) rechazó el pronunciamiento aprobado por el Senado de la República que busca sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos”, escribió Centro Prodh en su cuenta de X.

“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”, añadió.
Este martes, con 71 votos a favor de la mayoría oficialista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el Senado aprobó el pronunciamiento contra el funcionario de la ONU.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña anunció que recurrirán a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada.

Al leer el pronunciamiento, Noroña dijo:

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?

“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México

[…]

Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum acusa a Comité de Desaparición de ONU de 'mucho desconocimiento' sobre México

El presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir "información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México".

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó el martes de “mucho desconocimiento” sobre México al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que busca llevar la crisis nacional de desapariciones a la Asamblea General bajo el argumento de que son “sistemáticas o generalizadas”.

“No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado, entonces se mandó una nota diplomática para expresar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, declaró la mandataria en su conferencia diaria.

La gobernante mexicana rechazó el diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que activó el viernes en carácter de urgente un procedimiento sobre México bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El presidente del CED, Olivier De Frouville, expuso que comenzó el proceso tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.

Pero Sheinbaum argumentó que en México “hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada“, no con el Estado, al defender que su Administración está “haciendo todo lo que esté en sus manos para combatir, atender, desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.
Rechazamos (los dichos del Comité), lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México.
El pronunciamiento del organismo ocurre tras el reciente hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el occidental estado de Jalisco, donde colectivos de buscadores de desaparecidos denunciaron un “campo de exterminio” en marzo.

México acumula a la fecha más de 120 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba 'moción' para condenar y pedir sanciones a funcionario de la ONU que pidió investigar desapariciones en México

A nombre de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el presidente de la CED de la ONU, Olivier de Frouville, por señalar que México tiene un problema generalizado de desapariciones forzadas.

El Senado de la República condenó las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Olivier de Frouville, en las que se afirma que en México hay desapariciones forzadas “de manera general o sistemática”, por lo que incluso pidió al funcionario de la ONU que se retracte.

En voz de Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores también advirtió que pedirá a la ONU sancionar al titular del Comité contra la Desaparición Forzada por sus aseveraciones “irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país” en materia de desaparecidos.

Morena acusa al Comité de la ONU contra desapariciones forzadas, de actuar de manera facciosa

Diversos liderazgos del partido Morena se pronunciaron en contra del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus sigla en inglés), que el 4 de abril de 2025, anunció que iniciaría, por primera vez, un procedimiento contra México, que eventualmente podría llegar a la Asamblea General de la ONU, al considerar que en dicho país se registraban desapariciones de manera general o sistemática.

El 7 de abril de 2025, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena señaló que dicho órgano internacional actuaba de manera “facciosa” contra el Gobierno mexicano, “sin ningún elemento objetivo”.

“A propósito del procedimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la @ONU_es. No es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo”, escribió la presidenta del CEN de Morena, en su cuenta de la red social X.

“Desde 2018 a la fecha, el @GobiernoMX no desaparece personas ni viola derechos humanos, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad. Al contrario, como nunca se han desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito”, afirmó Alcalde Luján.

“El mejor ejemplo son las acciones implementadas en su momento durante el sexenio pasado, así como las que, con mucha contundencia, envió la Presidenta @Claudiashein al Congreso de la Unión en días recientes”, enfatizó la líder partidista.

“No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”, finalizó la presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Un día después, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cuestionó al presidente del citado Comité, Olivier de Frouville, por haber sostenido que en México la desaparición forzada se lleva a cabo “de manera general o sistemática”

En la apertura de la sesión de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el legislador anunció que recurriría a las más altas instancias de la ONU para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que eso significara que el Estado mexicano dejaría de cumplir con sus obligaciones para informar lo que se les solicitara.

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno”, alegó el senador de Morena.

Asimismo, Fernández Noroña aseguró que el informe del Comité no contemplaba ninguna consideración crítica, exigencia o reclamo hacia el Gobierno mexicano, en materia de desapariciones forzadas. Además, opinó que el funcionario de la ONU no tenía facultad para hacer esos señalamientos a nombre de la Comisión que presidía, lo cual provocaría, dijo, la falsa e injusta especulación de que había desapariciones forzadas en México.

“Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que éstas son generalizadas y sistémicas, cuando el Estado Mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame”, enfatizó Fernández Noroña.

“Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que sólo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del Comité aquí señalado. El Gobierno que encabeza la jefa del Estado Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada”, insistió el senador de Morena.

El 8 de abril de 2025, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció que, por acuerdo de la mayoría, San Lázaro enviaría una nota legislativa a la ONU por los señalamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas, al cual acusó de actuar con irresponsabilidad y frivolidad, al iniciar un procedimiento contra el Gobierno mexicano, por considerar que en México se registran desapariciones forzadas de manera general y sistemática.

Además, el legislador zacatecano expresó el rechazo de la mayoría al comunicado emitido por el organismo de la ONU el 4 de abril de 2025, el cual, según él, contenía desaciertos, inexactitudes y falsedades. Aunque reconoció que estaban conscientes del enorme reto que implicaba la defensa y protección de los derechos humanos, aseguró que el Gobierno de Sheinbaum Pardo lo estaba haciendo de manera enérgica y con eficacia. Por tanto, acusó al Comité de tener una actitud injerencista e incluso perversa.

“Enviaremos también nosotros notas legislativas al Congreso norteamericano, pero, sobre todo, a la ONU, de que no se puede actuar con tanta irresponsabilidad y frivolidad por parte de un organismo tan importante que, sin bases, sin pruebas, sin elementos, de manera directa, establecen culpabilidades contra el Estado mexicano y que no estamos de acuerdo”, dijo Monreal Ávila.

“Lo que nos pareció es una actitud injerencista, de mala fe, perversa, sin información. Y, por eso, el grupo parlamentario de Morena respalda a la presidenta en su lucha contra la inseguridad, contra las desapariciones, y en mantener el principio rector que el Estado mexicano tiene sobre la protección de los derechos humanos”, expresó el diputado, quien reconoció que sí existían desapariciones en México, pero, según él, era la delincuencia organizada la que las estaba generando.

“Sí existen desapariciones, pero decir ‘desapariciones forzadas’ es decir que el Gobierno las está haciendo y eso no es así. Está demostrado que la delincuencia organizada es quien principalmente está generando este tipo de desaparición. Está documentado”, subrayó el coordinador de los diputados federales de Morena.

Aunado a lo anterior, el legislador zacatecano aseguró que México no iba a desconocer sus obligaciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, pero sí expresaría su desacuerdo, cuando se tratara de falsedades.

“México seguirá atendiendo las solicitudes de todos los Comités y habremos de expresar con contundencia y fuerza que no estamos de acuerdo con falsedades. Entonces, aquí mismo tenemos que hacer valer nuestra inconformidad con el Alto Comisionado, con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que está en México. Por eso, no podemos de ninguna manera quedarnos callados cuando se señala a México, al Gobierno, como el autor de estas desapariciones forzadas”, reiteró Monreal Ávila.

El mismo día, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México envió una nota diplomática de reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego que el Comité contra las Desapariciones Forzadas iniciara un procedimiento contra su Administración, por considerar que ese registraban desapariciones de manera general o sistemática.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal expresó su inconformidad y acusó al organismo internacional de carecer de información para emitir una opinión sobre el problema de las desapariciones en México.

“Se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, reclamó la mandataria nacional, quien recordó que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), habían emitido una primera respuesta.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en México no existía la desaparición forzada de personas a manos del Estado, ya que los casos registrados estaban vinculados a grupos del crimen organizado. No obstante, reveló que su Gobierno había solicitado a las fiscalías General de la República (FGR) y de los estados, actuar frente a estos delitos, para que no hubiera impunidad.

“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México, hay un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para atender a las víctimas, prevenir y combatir este delito, principalmente de la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado”, finalizó la presidenta.

El 7 de abril de 2025, tras una reunión de cuatro horas con el colectivo jalisciense, Guerreros Buscadores, la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se comprometió a remover de su cargo a “funcionarios indolentes”, por no dar seguimiento a las denuncias de desapariciones.

La funcionaria federal lanzó un ultimátum para los trabajadores de las fiscalías estatales y de instituciones federales, incluso de la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al pedirles que realizaran su trabajo con apego a los derechos humanos.

Asimismo, la titular de la SEGOB apuntó que, de no atender dicha petición, serían destituidos de sus funciones, en atención a las demandas de los integrantes de la organización no gubernamental.

“Hay cambios que se van a hacer y también cambios de servidores públicos, que si no lo hacen, pues van a tener que irse porque la presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien ella va a tomar una actuación distinta”, advirtió Rodríguez Velázquez.

“Yo tenía que hacer un llamado de atención para que los funcionarios de la Secretaría pongan atención a los casos de las víctimas. Lo único que no podemos permitir es que tengan un maltrato hacia las víctimas. Entonces se va a poner remedio, eso no se justifica”, expresó la titular de la SEGOB.

“¿Es un ultimátum?”, le preguntó un reportero. “Sí, esto es a nivel nacional y federal, también dentro de la propia Comisión Nacional de Búsqueda”, respondió Rodríguez Velázquez, quien también comentó que los activistas acusaron que los funcionarios de fiscalías estatales, como Nayarit, Jalisco y Sonora, no investigaban, ni daban seguimiento a los casos, y, además, eran indolentes.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Gobierno alista ley para "desaparecer a los desaparecidos": Madre buscadora

Cecilia Flores acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum ignorar a las madres buscadoras y no tomar en cuenta sus demandas.

La activista Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó este lunes al Gobierno de México de preparar una ley para “desaparecer completamente” a las personas no localizadas, en medio de la crisis por desapariciones que atraviesa el país.

Flores sostuvo una reunión con Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, para conocer el paquete de reformas que el Legislativo prepara ante la problemática de las desapariciones en México, puesta sobre el relieve tras el hallazgo de presunto campo de adiestramiento y exterminio en Jalisco.

“Quieren hacer una ley que va a desaparecer completamente, por completo, a los desaparecidos”, advirtió Flores, al salir de la reunión en la Ciudad de México.

La activista señaló a medios que ella misma buscó el encuentro porque considera que las leyes deben prepararse escuchando a las víctimas, y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de ignorarlas y no tomar en cuenta sus demandas.
Debe pensar en tomarle la voz a las víctimas, no nada más lo que ella (Sheinbaum) diga, porque la verdad todo lo hacen para minimizar y perjudicar la búsqueda.
La madre que busca a dos de sus hijos desaparecidos consideró que estas leyes “lamentablemente van a perjudicar más, y van a empezar a desaparecer por completo las personas”.

A juicio de Flores, lo que necesitan los colectivos de buscadores es que se agilice la búsqueda, investigación y localización de inmediata ante una desaparición.

“Ellos (el gobierno) tienen todas las herramientas y los recursos para hacerlo, lo que no tienen es disponibilidad, sensibilidad, empatía en el tema (…) porque es un trabajo que estamos haciendo sin recursos, sin herramientas, sin tecnología y que lo hacemos mejor que ellos como autoridad”, agregó.

Flores participó en la reunión en el Legislativo con varias personas buscadoras, que pedían ser tomadas en cuenta para la construcción de las reformas anunciadas por la presidenta del país hace unos días.

A la par, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió por primera vez con colectivos de personas que buscan a sus seres queridos, la mayoría de Jalisco, donde no estuvo Flores.

Según Rodríguez, este es el inicio de una serie de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para atender “como prioridad de Estado” el problema de las desapariciones, como le instruyó Sheinbaum.

“Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo, que nos lleve a la localización de sus seres queridos”, afirmó Rodríguez.

El hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, ha elevado la presión para que el Gobierno atienda la crisis de desapariciones en el país.

México acumula a la fecha más de 120,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1950.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos de búsqueda piden a ONU “mano dura” contra el Estado mexicano por desapariciones

Colectivos de búsqueda de desaparecidos calificaron de positiva la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, que inició un procedimiento contra el Estado tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.

El Comité de Naciones Unidas también ordenó al Estado mexicano resguardar el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un campo de exterminio del crimen organizado, restos humanos y más de 400 indicios de víctimas de desaparición. La orden de la ONU incluye el resguardo del predio y de todos los restos óseos y elementos probatorios encontrados en el lugar, así como realizar de manera inmediata el análisis genético de los fragmentos para su identificación.

Frente a las medidas del CED, familiares de búsqueda y colectivos celebraron la intervención, pero señalaron que la ONU debe ser “más dura” en sus medidas contra el Estado por la crisis de desaparecidos y su falta de atención a las víctimas. “Nosotros siempre estamos acudiendo a organismos internacionales porque la justicia mexicana ya se nos negó. La ONU debería ser más dura en sus medidas y en las resoluciones que dicta”, dijo al diario El Universal Yoltzi Martínez, del Colectivo Raúl Trujillo Herrera.

Se trata de la primera vez que se activa este procedimiento, considerado “el más extremo” del Comité, para la crisis que suma más de 124 mil víctimas en México, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que llamó al Estado a colaborar activamente en el nuevo análisis “enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional”.

“Este recurso extremo no se habría adoptado si México hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que el Comité recomendó en su visita de 2021”, añadió el Centro Prodh.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que la decisión del CED “es un reconocimiento sobre la preocupante situación que ha vivido México en materia de desaparición por años, y abre la posibilidad para que haya un escrutinio internacional que ayude en el acceso a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.

Las medidas del CED para Teuchitlán también incluyen la comparación de los resultados con perfiles genéticos de personas desaparecidas, analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad, así como llevar a cabo un análisis de contexto para determinar patrones, motivos, modus operandi, perfiles de las personas desaparecidas y particularidades de la región que explican el fenómeno.

La intervención de la ONU tras los hallazgos del Rancho Izaguirre es resultado de la petición de la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que presentaron ante el organismo internacional 18 casos con medidas cautelares, en los que argumentan que estas son de interés para todos los colectivos y personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los fragmentos encontrados y objetos con sus respectivos dueños.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité de la ONU usa por primera vez 'sistemáticas' para referirse a desapariciones forzadas en México: expresidente

El expresidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, consideró que el organismo activó el procedimiento contenido en el artículo 34 por primera vez en su historia como último recurso frente al Estado mexicano.

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) activó el pasado viernes y por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permite llevar una situación grave de desapariciones generalizadas o sistemáticas a la atención de la Asamblea General de la ONU.

Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (CCU), hablaron en Aristegui en Vivo de la activación de este mecanismo, del que coincidieron que se ha dado en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional.

Corcuera explicó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México. “El Comité ya había señalado, en informes previos, que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas, una conclusión que reiteró en 2018 y luego en 2021 y 2022″, señaló.

“Lo último que le quedaba al Comité es activar el procedimiento del artículo 34. Ya se había agotado el uso de otros mecanismos, y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU”, explicó.

El académico apuntó que se trata de un procedimiento se activa cuando el Comité recibe información que considera bien fundamentada sobre desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, por lo que el CED solicitó al Estado mexicano que entregue información al respecto en las próximas semanas.

Destacó que el procedimiento del artículo 34 no había sido utilizado hasta ahora y que aunque no implica sanciones, busca que la Asamblea General considere las medidas adecuadas para abordar la situación, las cuales podrían incluir mecanismos de vigilancia, supervisión y apoyo en la búsqueda de justicia, aunque no se sabe con certeza qué decisiones tomará la Asamblea de la ONU, dado que es la primera vez que lo activa.

“Aquí quiero decir algo importante. Por primera vez, el Comité usó la palabra ‘sistemáticas’. No lo había dicho antes, solo había dicho ‘generalizadas’ en 2015, en 2018, en 2022, generalizadas. Pero ahora dijo que son ‘sistemáticas’. Entonces, hablar de ‘sistemático’ ya implica que haya un plan del gobierno o de las organizaciones no estatales, como el crimen organizado, que pueden estar cometiendo estos crímenes con base en un plan, es decir, como una política. Esta política puede ser política de Estado o puede ser política de organización, porque tanto las organizaciones criminales como los gobiernos o los Estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad”, dijo, al tiempo que señaló que el presidente del Comité nunca usó el término “política de Estado”.

“El Comité no ha afirmado que se trate de una política de Estado. Ese es un error que ha cometido el gobierno mexicano al intentar desvincularse de cualquier responsabilidad, aunque las desapariciones puedan ocurrir bajo la aquiescencia del Estado”, añadió.


Resalta que la negación de cualquier vínculo con las desapariciones forzadas es una postura errónea, porque el Derecho Internacional establece que un acto ilícito cometido por funcionarios públicos, aunque no sea ordenado de manera directa, puede constituir una responsabilidad del Estado. “Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer para evitar o sancionar estos crímenes, se considera aquiescencia. Y eso puede implicar que las desapariciones no son solo de actores no estatales, sino que pueden ser consideradas forzadas”, explicó.

En este sentido, el expresidente del CED destacó la idea de que la responsabilidad no solo recae en los perpetradores directos, sino en el Estado por su omisión o negligencia.

Recordó que el pasado jueves, el CED emitió medidas cautelares urgentes sobre los hallazgos del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, a solicitud de un colectivo y una organización de la sociedad civil, si bien consideró que este hecho no tuvo un “impacto definitorio” para la decisión adoptada el viernes por el organismo.

De acuerdo con Corcuera, tras recibir la información solicitada al gobierno mexicano, el Comité deberá analizarla antes de decidir si llevará el caso ante el Secretario General de la ONU para que lo presente a la Asamblea General.

“Es un momento histórico, pero también incierto. No sabemos qué medidas adoptará la Asamblea General. Es la primera vez que se llega a este punto, y las decisiones que se tomen dependerán de los elementos de juicio que se presenten”, concluyó Corcuera.

“México necesita ayuda externa”: Jacobo Dayán

Por su parte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, aseguró que “el Estado mexicano no está reaccionando de manera efectiva ante el problema”.

“Esto ha sido evidente incluso desde la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, que no ha dado los resultados esperados. Los registros están desactualizados y fragmentados”, agregó.

El académico también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la gravedad del problema, descalificando las recomendaciones internacionales. “El Gobierno federal ha hecho declaraciones en las que niega que exista una política de Estado para las desapariciones, lo cual no es correcto. La desaparición forzada no solo involucra a actores estatales directos como policías y militares, sino que también incluye casos donde el crimen organizado actúa en complicidad o con la omisión del Estado. Esto constituye una desaparición forzada bajo la definición de la Convención de la ONU”, precisó.

Ademas, señaló que es relevante  que el CED utilice los términos “sistemáticas o “generalizadas” al referirse a las desapariciones en el país: “Cuando se habla de un crimen como la desaparición forzada, que está ocurriendo de manera generalizada o sistemática, los términos preocupan a los gobiernos, porque estamos ya bajo el supuesto de crímenes de lesa humanidad. Y es por ello que es competencia de la Asamblea General o de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no interviene, no sugiere qué hacer, no presiona a un país por un asesinato o una desaparición o cinco casos de tortura, pero cuando esto ocurre bajo parámetros generalizados o sistemáticos, entramos en los supuestos de los crímenes internacionales o crímenes atroces, en este caso el crimen de lesa humanidad, que por definición es competencia y preocupación de la comunidad internacional”, apuntó.


Sobre el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que negó la existencia de un fenómeno generalizado de desapariciones forzadas en México, aseguró que rechazar el diagnóstico del Comité de Desapariciones Forzadas, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra “se aleja completamente de la realidad”. “Si no se reconoce el problema, no podemos avanzar en su solución”, señaló Dayán, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación internacional para abordar esta crisis.

Consideró que la activación del artículo 34 implicará una mayor presión internacional sobre México. “La preocupación de la comunidad internacional no es solo por un caso aislado de desaparición, sino por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, explicó. “Es por ello que la Asamblea General de la ONU y otras instancias internacionales tienen la competencia para intervenir y buscar soluciones a este grave problema”, enfatizó.

Para Dayán, el Estado mexicano debe reconocer “la necesidad de colaborar con los colectivos de víctimas y con expertos internacionales para encontrar soluciones a este problema. México necesita ayuda externa para superar el caos en los registros, mejorar los procesos de identificación y, sobre todo, garantizar que las víctimas obtengan justicia”.

MESA DE ANÁLISIS:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Crisis de desapariciones también le pega a estadunidenses en México

Pese al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, las desapariciones van en aumento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas indica que en los primeros dos meses del gobierno de Trump hay 945 casos en estados vecinos con EU.

Las desapariciones en los estados fronterizos de México con Estados Unidos continúan, pese al blindaje que el gobierno de México mantiene con el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional, con los cuales busca frenar la llegada de migrantes y el tráfico de drogas.

En los dos meses que Donald Trump tiene al frente del gobierno estadunidense ocurrieron 945 desapariciones en las entidades fronterizas mexicanas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPNDNO).

Entre éstas figuran 14 personas originarias de Estados Unidos, de las cuales ocho estaban en Baja California, cinco en Sonora y una en Tamaulipas al momento de su desaparición.

Entre los municipios fronterizos con mayor cantidad de personas desaparecidas se encuentran Tijuana, en Baja California, con 120 hombres y 43 mujeres, mientras que en Tamaulipas son Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Mante las urbes que concentran la mayoría de casos al sumar 88 de los 120 reportes. De ellos 19 son por mujeres.

En Sonora, Nogales es uno de lo que presenta más casos de desaparición de personas con 37, Caborca con 19, San Luis Río Colorado con 14 y Agua Prieta con cuatro. En total, el estado suma 74 casos en dichas fronteras; de los cuales 15 son mujeres.

Adriana Moreno Becerril, madre de Víctor Adrián Rodríguez, quien el próximo 11 de mayo cumple 16 años desaparecido en Coahuila, denuncia que las cifras están distorsionadas y pueden ser muchas más las personas que ha desaparecido en los últimos dos meses, pese a la presencia de la Guardia Nacional en la frontera.

“En Ensenada se está tornando muy agresivo y el registro que venga de las autoridades no es muy certero. Debiera de verse algo diferente, pero no es así. Nosotras no esperábamos algo distinto con la presencia de los militares”, dice desde Ensenada.

Moreno Becerril explica que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera no hace diferencia para que no se comentan ilícitos, como los que han ocurrido antes de la llegada de Trump. Asegura que el blindaje en la zona está más enfocado a contener la migración, para que no se apliquen aranceles por parte de gobierno del presidente de Estados Unidos, y no a ayudar en la seguridad de la población.

Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, califica el blindaje fronterizo como algo mediático y político que no se relaciona con evitar la comisión de delitos contra la población fronteriza.

“En Coahuila nosotras sabemos que en realidad estos blindajes no han garantizado seguridad para la población y en nada han contribuido a que no se violen derechos humanos y se eviten desapariciones y toda la serie de delitos que por casi 20 años hemos vivido. El blindaje es político y selectivo, mediático y ni creemos que sirva de algo para proteger los derechos de la ciudadanía”.

Dudas sobre cifras

En el RNPDNO también aparecen como desaparecidos un hombre y una mujer de Honduras, una de Guatemala, un salvadoreño y un venezolano, de los cuales no se tiene información de su paradero y se encontraban en el resto de las entidades fronterizas.

Nuevo León aparece con la cifra más alta de desapariciones, con 418, la mayor parte de ellas ocurrieron en Monterrey y su área metropolitana y sólo una en el municipio fronterizo de Anáhuac, donde se encuentra el puente internacional de Colombia. Del total, 98 no han sido localizadas.

Le sigue Sonora, con 195. En el caso de los hombres sobresale que la mayor cantidad de las víctimas tiene de 25 a 29 años y en el caso de las mujeres hay siete adolescentes de entre 10 a 14 años; 16 casos de 15 a 19 años y cuatro de 20 a 24.

Chihuahua y Coahuila aparecen como las entidades fronterizas con Estados Unidos con menos desapariciones en los primeros meses del gobierno de Trump, además de que la mayor parte ocurrieron en municipios fuera de la franja fronteriza.

En el citado periodo se registraron cuatro desapariciones en Ciudad Juárez, tres mujeres y un hombre, de los 21 casos reportados en todo el estado de Chihuahua y de los cuales 12 son del sexo femenino.

En Coahuila suman 13, pero es en Saltillo donde se concentra la mayor cantidad de casos con cuatro y dos en el municipio fronterizo de Piedras Negras.

Martínez Bustos advierte que las cifras no están apegadas a lo que ocurre en esta zona, ni en el resto del país, debido a que las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda no suben los casos de manera habitual y, en unos días, la cifra de 945 de personas desaparecidas en los estados fronterizos mexicanos puede variar.
El problema que tenemos en el Registro Nacional, y que no lo va a resolver la nueva iniciativa de Claudia Sheinbaum -detalla la titular del Fray Juan de Larios-, es que las fiscalías y las comisiones de búsqueda no suben en tiempo real la información. Van subiendo como por bloques y es parte de la estrategia y del manejo mediático, pero cuando hacemos análisis por temporalidades, como en este caso en los dos meses del gobierno de Trump, claro que hay desapariciones. En el centro y entre los colectivos se envían las fichas que circulan y no hay semana que, bajita la mano, no haya tres o cuatro reportes. 
A su vez, Moreno Becerril también dudó que esa cifra fuera real en el caso de Baja California y en particular para lugares como Tijuana o Ensenada.

“Se me hace muy poquita la cantidad; andan muy cortos porque a diario hay fichas y mandan los reportes. No sé si todos han aparecido, pero acá está muy tremendo”, dice la integrante de los colectivos Siguiendo tus Pasos en Ensenada y Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

IDHEAS critica a México por negar desapariciones forzadas y pone como ejemplo a Nayarit y Veracruz

México es el Estado parte con el mayor número de Acciones Urgentes activadas ante el CED, con un total de 681 solicitudes relacionadas con desaparición forzada.

La organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expresó su preocupación por la respuesta del Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), al considerar que minimiza la gravedad de la crisis de desapariciones en el país.

En un comunicado, IDHEAS señaló que México es el Estado parte con el mayor número de Acciones Urgentes activadas ante el CED, con un total de 681 solicitudes relacionadas con personas desaparecidas.

“Esta cifra, que supera ampliamente a la de otros países miembros de la Convención, evidencia la magnitud de la crisis que enfrentamos”, sostuvo la organización.

IDHEAS destacó que ha documentado desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en distintas regiones del país, con especial énfasis en los casos de Veracruz y Nayarit.

Según la organización, en estas entidades se han identificado “patrones sistemáticos y generalizados de actuación que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

Frente a ello, criticó que el Estado mexicano haya negado las observaciones realizadas por el Comité de la ONU, lo que, a su juicio, “debilita la voz de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

“La apertura del procedimiento ante el CED es una oportunidad para construir entre todos/as los actores involucrados verdaderas acciones frente a una crisis de esta magnitud”, señaló IDHEAS.

La organización expresió su preocupación “ante la reciente respuesta del Estado mexicano a la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada, de Naciones Unidas (CED)”, emitidas en el marco del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Además, llamó al Estado mexicano a asumir sus obligaciones internacionales y a colaborar de manera efectiva con los mecanismos de supervisión de derechos humanos.

La organización recordó que México fue el primer país condenado por el Comité en un caso individual de desaparición forzada, un hecho que, dijo, “refuerza el carácter estructural del problema”.

IDHEAS concluyó que solo el reconocimiento del problema, la voluntad política y la cooperación permitirán avanzar frente a las desapariciones forzadas en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las víctimas son los más de 124 mil desaparecidos, no Sheinbaum: colectivos, familiares, activistas y periodistas

«El dolor, la indignación y la rabia que ocasiona saber que existen campos de exterminio en México (aunque parece que desde arriba se evita reconocer que esas escuelas del terror son eso) no debe ser utilizado ni por quienes provocaron esta crisis humana desde 2006, ni por quienes dicen haber roto con las prácticas del pasado mientras repiten sus vicios. Tampoco por quienes dentro y fuera de México ven en el dolor una oportunidad política, de negocios, o injerencista», señalaron decenas de colectivos de búsqueda, familiares de víctimas, periodistas, intelectuales y activistas de México y otros países en una carta tras el hallazgo del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco.

En el documento, titulado «Porque todo México es Teuchitlán», activistas, familiares, artistas y escritores como Jorge Verástegui González, Juan Villoro, Carolina Coppel, Francisco Barrios «El Mastuerzo», Juan Carlos Rulfo, el Nodo de Derechos Humanos (NODHO), los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes y Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ) se pronunciaron contra la «indiferencia» y la impunidad en la crisis de desaparecidos en México, que suma más de 124 mil víctimas en el país.

«Aquí estamos, nos somos bots, no somos trolls. A la presidenta Sheinbaum le decimos que las víctimas son ellas y ellos, los más de 124 mil desaparecidos y desaparecidas, no ella. Escuche a sus madres y padres, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos e hijas, es una deuda de Estado. Se les debía ayer, usted se los debe hoy, se los deberá para siempre, mientras no haya respuesta. Nos ponemos los zapatos ahí tirados, amontonados, y vacíos, los zapatos de los otros y otras que en alguna parte están. Su dolor no puede ser solo suyo, si dejamos que eso suceda les condenaremos, nos condenaremos a muerte, porque nada florece en el infierno», señalaron en la carta.

COMUNICADO:

A quienes la guerra no les es indiferente

El hallazgo del campo de explotación, tortura y exterminio en Teuchitlán, Jalisco es una pequeña y terrible muestra de la cruel crisis humana que vive México como resultado de la Guerra del Narco desatada en 2006 y que no ha terminado. El dolor de las familias de las y los desaparecidos atraviesa prácticamente cada rincón del país y se extiende más allá de nuestras fronteras. Al menos 124 mil personas han sido desaparecidas, una cifra desoladora porque no son números ni entradas en una base de datos, son niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres arrancados de sus hogares y comunidades, son personas que nos faltan y que el olvido amenaza con borrar.

La desaparición -cualquier desaparición- es un crimen injustificable, sin importar su causa o motivo, sin excusas ni matices. La búsqueda -cualquier búsqueda- es una obligación ineludible y nos convoca a no parar hasta encontrarles a todas y a todos, a comprometernos con ponerle fin al horror, sin importar a qué nos dedicamos, cuál es nuestra ideología y nuestra geografía.

El dolor, la indignación y la rabia que ocasiona saber que existen campos de exterminio en México (aunque parece que desde arriba se evita reconocer que esas escuelas del terror son eso) no debe ser utilizado, ni por quienes provocaron esta crisis humana desde 2006, ni por quienes dicen haber roto con las prácticas del pasado mientras repiten sus vicios. Tampoco por quienes dentro y fuera de México ven en el dolor una oportunidad política, de negocios, o injerencista.

No somos bots, trolls, o voces mercenarias ni ficticias, somos quienes gritamos NO cuando Tlatelolco, cuando Acteal, cuando Atenco, cuando Ayotzinapa. Somos quienes desde hace décadas nos oponemos a la militarización y el militarismo, a la guerra, a la deshumanización y al horror.

Somos seres humanos que no seguimos ciegamente ni condenamos por consigna, que siempre usaremos la razón para escuchar críticamente y el corazón para escuchar solidariamente, y que actuaremos en consecuencia ante la infamia. No nos confundan, no nos minimicen, no nos mientan.

Hemos visto cómo la sangre que recorre el país y los huesos que se esconden debajo de la tierra se multiplican porque la violencia -tanto estatal como no estatal- no cesa. Mientras, las estructuras criminales dentro y fuera del Estado se fortalecen, bajo el cobijo de la política de silencio e impunidad estructural, sistemática y rutinizada, que solo justifica más guerra, más muerte y más dolor. Sabemos que personajes de la política que permitieron que funcionara un campo de exterminio, que hoy es Teuchitlán, pero ayer fue Patrocinio, la Gallera, la Guapota o Colinas de Santa Fe, hoy gozan del horror en libertad y con trato preferencial, algunos en México, otros en el extranjero.

Saber que hoy mismo los y las que estuvieron presentes en Teuchitlán pueden estar vivos solo hace que la rabia aumente al saber que cada minuto cuenta para encontrarles. Saber que campos como ese pueden estar muy cerca de donde estamos y que nada pasa, que crecen con cuerpos, vidas y sueños rotos cada día hace que las ganas de gritar alto y de hacer algo desafíe todo, colores de partidos políticos, instituciones inoperantes, fiscalías que encubren, militares cómplices, poderosos que siguen haciendo de la cobardía y la crueldad el negocio más lucrativo.

Llamamos a que quien ahora nos pretende borrar, acallar, desaparecer y utilizar deje de hacerlo, porque de no ser así esta rabia irá creciendo junto con las aberrantes cifras de muerte, desaparición y normalización de la pesadilla. Criminalizar a las y los desaparecidos, desestimar la profundidad del dolor y la autenticidad de las familias buscadoras, minimizar su capacidad técnica y su oficio en la búsqueda son mecanismos que perpetúan la impunidad y colocan a las y los agredidos como agresores. Esta dinámica hace que todo quede en el campo no de la urgencia humana sino del oportunismo político. Así se garantiza la reproducción de crímenes como éste porque las redes de poder que involucran gobiernos, empresas y carteles no son señaladas.

Aquí estamos, nos somos bots, no somos trolls. A la presidenta Sheinbaum le decimos que las víctimas son ellas y ellos, los más de 124 mil desaparecidos y desaparecidas, no ella. Escuche a sus madres y padres, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos e hijas, es una deuda de Estado. Se les debía ayer, usted se los debe hoy, se los deberá para siempre, mientras no haya respuesta. Nos ponemos los zapatos ahí tirados, amontonados, y vacíos, los zapatos de los otros y otras que en alguna parte están. Su dolor no puede ser solo suyo, si dejamos que eso suceda les condenaremos, nos condenaremos a muerte, porque nada florece en el infierno.

Estamos más allá de pliegos petitorios, de exigencias, de mecanismos especiales y de tecnicismos. La lucha de los y las buscadoras es el último llamado de humanidad para parar esta locura de ambición, muerte y dolor. Después de eso no hay nada más que esperar sino la fosa que nos toque, a quienes hoy sentimos el dolor y a quienes lo provocan.

¡SIN LAS FAMILIAS NO!

Firmas:

Individuales

Oscar Olivera Foronda, Comunidad del Agua, Bolivia

Italia Mendez (Integrante de la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la Tortura Sexual)

Raúl Zibechi

Michael Hardt

Carlos Taibo

Juan Villoro

Luis Hernández Navarro

Gilberto López y Rivas

Luis de Tavira / La Casa del Teatro.

Jorge Verástegui González

Volga de Pina R.

Alicia Castellanos Guerrero

Sylvia Marcos

Raquel Gutierrez Aguilar

Jorge Alonso Sánchez

Dr. Raúl Delgado Wise

Magdalena Gómez

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera

Juan Carlos Rulfo

Francisco Barrios “El Mastuerzo”

Márgara Millán

Servando Gaja

Ana Esther Ceceña

Carolina Coppel

Inés Durán Matute.

Mariana Mora

Raúl Romero

Argelia Guerrero Rentería. Bailarina

Jaime Pastor Verdú

Pepe Mejía, periodista. Militante de Anticapitalistas

Manuel Garí Ramos

Lucia Linsalata

Nuria Ciofalo

Javier Sáenz Munilla, periodista, España.

Sabrina Melenotte, CIESAS/IRD, México/Francia

Dra Anita Schrader McMillan, Universidad de Oxford, Inglaterra.

Erika Sancruz

Azael Soriano

Alma Rosa Garcia Guevara

Valeria Moscoso Urzúa, Especialista Psicosocial, Docente y Defensora de Derechos Humanos

Nelly Perez Costana, Fundación Abril Cochabamba-Bolivia

Fernando Machicao, Colectivo Yakutantanaku, Cochabamba-Bolivia

Natividad Zurita, Comunidad Casa de semillas Muju Huasi, Cochabamba-Bolivia

Bernardo Bautista Hoepfner, Vietnam

Isabel Lozano Maurer

Francisco Robles Gil Martínez del Río

Genevieve Galán

Eduardo García Vásquez

Anahí García Reyes

Marco A Avendaño Mtz

David Roca Basadre

Evaristo Villar

Pepe Luna

Angel Madina

Juan Ibarrondo, Vitoria-Gasteiz

Celeste Maribel Tamayo Carrera

Iñaki madina

Josune

Koldo Camon Erostarbe

Unai Otxoa de Txintxetru

José Luis Torremocha Martín

Ana Laura Suárez Lima y Deva Esther Suárez Lima

Maite Monge. Vitoria-Gasteiz

Gerardo Pisarello

Txomin Arzallus Egia

Gurutze Morado Ibargutxi

Silvia Villaseñor

Prisciliano Leobardo Sosa Alvarado

Carlos Johari Pérez Herrera

Liliana Souza

David Jiménez

Roberto Contreras «Gato»

Jessica Trejo

Inés Eguino Clavel

Aitor Luna Olivares

Jorge Riechmann. Profesor universitario UAM.

Cristian Salcedo

Matilde Belem Huerta Lastra

Jorge Augusto Chávez Vera

Paulino Alvarado Pizaña

Ariadna Flores Hernández

Lao Tsé López Lozano

Jo James

Ana María Vera Smith

Luis Antonio D. Ordóñez,

Lourdes Valderrabano Teresa

Raúl García Sánchez

Mireya Perea Perea

Ranulfo Hidalgo Albino

Nieves Sanz Álvarez

Mariano Rolón Castelán

Vicente Gallego Ergueta

Yolanda Girón Molina

Guadalupe Solis Ramirez

Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México D.F

Enrique Espinoza Camarena,

Pilar del Carmen Espinoza Höpfner

Carmen Höpfner Boner

Ana María Hoepfner Boner

Cecilia Zeledón/ Universidad de la Tierra en Puebla

María Recolons de Arquer Barcelona

Daniel Batista Hoepfner Londres

Ana Hoepfner en Calgary, Canadá

Bernardo Hoepfner Boner

José de Jesús Legorreta

Virginia Pérez Martínez

Lilia González Espinosa

Guadalupe Ortiz Chávez

Eduardo García Vázquez

Coral Morales Espinosa

Álvaro Quiroz Magaña

Pilar Chávez Ortiz

Benjamín Berlanga

Mercedes Núñez Cuétara Ibero Puebla

Carolina Díaz Iñigo

Itzel López Nájera Ibero Puebla

Patricia Hidalgo Rame

Pilar Salazar

María de Lourdes Covarrubias Velasco

Mario Sabato Magno Italia

Teresita Acquitter Francia

Valentina Soto

Claudia Alonso González, Centro para el Desarrollo de la Mujer A.C. (CEDEMAC), México

Juan Carlos Canales Fernández.

Bruno Baronnet, Universidad Veracruzana

Blanca Laura Cordero. BUAP

Davydd Greenwood

Luz María Sánchez

Roger Maldonado Baqueiro. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

Jorge Ángel Sosa Márquez, Ibero Puebla.

Oscar Soto Badillo

Francisco Valverde

Organizaciones

Les trois passants (Francia)

Ongi etorri errefuxiatuak araba

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia

Unión de sindicatos Solidaires (Francia)

Nodo Solidale (México/Italia)

Colectivo Armadillo Suomi/Finlandia

Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-

Asamblea Berlin, Alemania

La Resistencia Los Angeles

Vocesenlucha – Comunicación Popular

20zln – italia

Museo de Formas Imposibles, Finlandia

Alerta Feminista, París

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Nodo de Derechos Humanos (NODHO)

Fanzinoteka Guerra Idealista, Puebla

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán

Colectivo Los Otros Abogadoz

Colectivo Casa Click

Encuentro Fotográfico México

Libertad bajo palabra editorial

Movimiento Atzin

Brigada en defensa del territorio Xochiteco

Asociación Cultural Loquesomos.org

Libélula Espacio Creativo, Puebla

Terraformar Librespacio Cultural

El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A. C.

IMDEC AC

Consejo Tiyat Tlali

Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG/ Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía

Raíces en resistencia

Sexta por la libre Yucatán

Morada Tropikal El Teatrito Yucatán

Rizoma

Redmycz. Resistencias Enlazando Dignidad y Corazón Zapatista

Poposteando Ando

Mexicanos Unidos

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (Rais).

Colectivo de Profesorxs En La Sexta

Comunidad de Tlanezi Calli En Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Colectivo Gavilanas

Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Asociación de Exploración Científica y Recreativa

Brújula Roja

Colectivo La Otra Justicia

Colectivo Panadero La Grieta

Mexicali Resiste

Colectivo Mochosbij en común

Colectivo Noche de los Mayas

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.