En un comunicado, el movimiento recordó que desde mayo de 2024 se hizo un llamado a Sheinbaum para reunirse con los colectivos. “Siempre hemos estado preparadas para dialogar y construir con las autoridades porque de eso también depende que encontremos a las personas que buscamos y amamos”.

“Coincidimos con las plataformas que se han expresado públicamente en semanas pasadas: ¡Sin las familias no!”.

“Exigimos la integración de las familias y colectivos a los diversos procesos de búsqueda, identificación, localización, restitución y planeación de políticas públicas es una necesidad imperiosa que fortalece la posibilidad de alcanzar resultados concretos. Somos nosotras, las familias, las que aprendimos a buscar cuando las autoridades no lo hacían, de nuestra experiencia han salido aprendizajes indispensables para pensar la búsqueda, la localización y la justicia que se expresa en diversos instrumentos”.

Asimismo, recalcaron que el parlamento abierto que proponen no sustituye la necesidad impostergable de un diálogo de alto nivel con el Poder Ejecutivo.

El Movimiento para Nuestros Desaparecidos en México planteó una agenda de cinco ejes: búsqueda y seguridad, identificación, datos y sistemas de información, bienestar y prevención.

“Aquí estamos para dialogar y construir juntas. Es el momento propicio para hacerlo”, finalizó.

Sheinbaum anuncia acciones para atender crisis de desapariciones

Sheinbaum aseguró que para el gobierno de México atender el problema de las

personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional.

Familiares y activistas consideraron que si bien es importante que la presidenta haya propuesto, por primera vez desde que comenzó su administración, acciones para atender el fenómeno de las desapariciones en México, la mayor parte se trata de mecanismos ya existentes cuya operación se adeuda desde el sexenio pasado.

Desde octubre, las familias de personas desaparecidas y madres buscadoras le enviaron una carta a la mandataria para concretar una reunión para abordar los casos y conocer sobre las políticas públicas de su gobierno para atender las desapariciones; sin embargo, el encuentro no se concretó y es hasta ahora, con el caso de Teuchitlán, cuando la presidenta anuncia una serie de acciones y reformas para atender el tema.

El Centro Prodh apuntó “es fundamental que se dialogue con actores internacionales y con buscadoras”, y recordó la exigencia de la #SinLasFamiliasNo. 

Ante los hallazgos de restos humanos en un rancho de Teuchitlán, la organización criticó que sobre el tema “el debate se centre en cuestionar cómo es nombra el sitio, cuando se ha probado que jóvenes eran reclutados, privados de la libertad contra su voluntad, asesinados si no acataban”. 

Tras puntualizar que lo anterior “de suyo es gravísimo, (y) tendría que estar al centro”, el Centro Prodh consideró que “las medidas anunciadas para reformar la Ley de Población y la Ley de Desapariciones son insuficientes”. 

Apuntó que por la “magnitud de la crisis”, las medidas anunciadas este lunes 24 de marzo por la presidenta, por las que se pretende reformar las leyes de Población y en Materia de Desapariciones Forzadas, Desapariciones por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, “se quedan cortas” además de que son “redundantes frente a lo que prevé la ley”. 

La organización insistió en que “las iniciativas deben ser retroalimentadas por los colectivos” de familias de personas desaparecidas, y en el caso específico de Teuchitlán, “es esencial la voz de las familias de Jalisco”. 

En el contexto del Día Internacional del Derecho a la Verdad, “honramos a todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas que luchan por justicia, verdad y memoria en México”, puntualizó el Centro Prodh.

Principales acciones de la reforma

En sus propuestas, la primera mandataria habló de protocolos para generar una alerta de búsqueda inmediata de desaparecidos y el inicio de investigaciones, como si fueran nuevas. Ambas acciones ya están ordenadas en la Ley, pero las corporaciones de las entidades del país no las cumplen. Aquí, lo interesante será ver que ahora los obliguen o los castiguen por no hacerlo.

Respecto al Certificado Único de Registro de Población que mencionó, como hermano gemelo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se exige en trámites gubernamentales, escolares, laborales y de salud, pero que, al fortalecerse ahora será requerida para “todos” los trámites de los registros administrativos del país “.para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”, en cuanto a su propuesta de la Base Única de Información Forense, sólo le cambió el nombre al ya existente (en papel y legislado): Banco Nacional de Datos Forenses que desde 2017 la Fiscalía General de la República, ha evitado echar a andar y que se supone debía cumplir ya siete años, alimentando con datos de los 32 servicios forenses y las fiscalías federales.

La Plataforma Nacional de Identificación Humana planteada por Sheinbaum es también el símil del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que el 9 de agosto de 2022 anunció el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que estaba echando a andar y casi tres años después continúa inoperante y  con un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y Reclamadas, desmantelado por el anterior gobierno y que según lo dicho por Sheinbaum, ahora se robustecerá.

Lo de “fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el fin de ampliar su capacidad de atención y la adquisición de equipos que acompañen la búsqueda con evidencia científica”, también ya está ordenado. En todo caso, lo novedoso sería “el compromiso” de publicar mensualmente la incidencia de las desapariciones, aunque legalmente esa información que debería ser pública.

También destacable, lo de equiparar el delito de desaparición con el secuestro, porque, aunque “la legislación actual establece penas homologadas para el delito de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”, como han destacado los críticos, la realidad es que tienen penalidades diferentes.

Quien secuestra o cometa delito de desaparición forzada, enfrentará penas de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa, más lo que acumulen por agravantes; mientras que, para quien comete el delito de desaparición, las condenas van de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa; y para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, la penalidad va de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. En ese contexto, lo de “equiparar” no suena mal, será cuestión de ver la aplicación real de la propuesta.

Al final, la oferta de la Presidenta resultó ser la de impulsar la implementación real de leyes y protocolos que, pese a existir, hasta hoy no están funcionando o lo hacen deficientemente por falta de voluntad política. Y de ser verdad, aunque echarlos andar es su obligación, esto sería un paso adelante, porque sus antecesores no lo han hecho.

De entrada, Claudia Sheinbaum no evadió el tema, y frente a la crisis que representó que el 12 de marzo la colectiva Guerreros Buscadores, localizaran restos óseos, decenas de objetos y prensas de vestir, propiedades de personas presuntamente desaparecidas y reclutadas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, aparentemente usado como centro de entrenamiento, de exterminio y oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación, al abordar el tema de desaparecidos -como es su obligación constitucional-, reconoció nacionalmente la crisis que otros funcionarios intentan minimizar. Ya habló, y no se le puede permitir echarse para atrás.

Ciertamente sus líneas de acción carecen de novedad, pero al revivirlas, cambiarles el nombre como acostumbran hacer los nuevos gobernantes y agregarlas como reformas -aunque resulte ocioso- la doctora está, públicamente y moralmente, haciendo suyos compromisos que ya le imponían las leyes.

Ahora, como siempre toca a la sociedad organizada y a los colectivos analizar el contenido de las reformas, su utilidad, darles seguimiento a las promesas y exigirle a la Presidenta que cumpla.

“Somos nosotras las familias, las que aprendimos a buscar cuando las autoridades no lo hacían, de nuestra experiencia han salido aprendizajes indispensables para pensar la búsqueda, la localización y la justicia que se expresa en diversos instrumentos”, puntualizaron los familiares que forman parte del MNDM. 

Al recordar que, en mayo de 2024, el MNDM solicitó a Sheinbaum un encuentro, siendo candidata, lo que fue refrendado en octubre pasado en que la presidenta se abrió a la posibilidad de que se estableciera el diálogo, la red que integra a cerca de cien colectivos de familiares de desaparecidos de México, Centroamérica y Estados Unidos, reconoció la reacción de la presidenta motivada por la indignación genera por el hallazgo de restos humanos calcinados en Teuchitlán, Jalisco.  

Para las familias, el reciente impulso del tema por parte de  Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “no es suficiente” y respaldaron los cuestionamientos a las propuestas presidenciales toda vez que “en la mayoría de ellas son obligaciones estatales que se encuentran contenidas en la Ley General (en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda) y ni siquiera se ha reconocido que en esa medida implican omisiones por parte de las autoridades e instituciones responsables de su cabal implementación”.  

Puntualizaron que la participación de las familias, en cualquier tipo de modificación legal, está contemplada en la Ley General y en los principios rectores para la búsqueda de Naciones Unidas, derecho que han ejercido “con responsabilidad y ánimo de colaborar”.

Ante el plan para atender el problema, presentado por Sheinbaum el pasado 17 de febrero, el MNDM llamó a “generar un espacio participativo y de diálogo que considere a las distintas plataformas de víctimas y donde se nos expongan las propuestas”. 

El MNDM delineó cinco ejes de agenda para ser tomadas en cuenta en un posible encuentro, que comprenden los temas de “búsqueda y seguridad; datos y sistemas de información; bienestar y prevención”.  

Los colectivos con presencia en 25 estados de México, de tres países de Centroamérica y Estaos Unidos, se solidarizaron con las familias de Jalisco que localizaron “un espacio de horror y terror en el que podrían encontrarse algunas de las personas que buscamos”.  

Las familias que integran el MNDM hicieron un llamado a otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a “confluir y construir juntas”, con el objetivo de “seguir buscando con esperanza y determinación para regresar a casa a todas las personas que nos faltan”, al tiempo que se mostraron dispuestas “para dejar atrás esta crisis atroz que tantos impactos tiene en nosotras y la sociedad”.

Ante esta noticia, que dos de sus trabajadores tienen injerencia con las desapariciones, la Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se vean involucrados en conductas delictivas, y en caso contrario, tiene el compromiso de aplicar la ley para sancionar sin distinción de quien resulte responsable y con ello evitar que este tipo de casos queden impunes.

El pasado jueves la Fiscalía detalló que supuestamente los jóvenes primeros reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida entre los límites de Oaxaca con Puebla, habrían llegado contratados por una persona a la costa de Oaxaca para realizar actos delictivos.

Las autoridades sabían

El abogado afirma que “cuando nos muestran lo que hemos visto en estos días, pues parecería que no queda duda de que esos cárteles desarrollan actividades que podrían ser equivalentes, o por lo menos hay indicios, de constituir crímenes de lesa humanidad’’.

La presidenta Sheinbaum aclaró que en el pasado las desapariciones eran perpetradas principalmente por el Estado y que ahora lo hace el crimen organizado, “pero algo que no dijo la presidenta es que existen muchas evidencias, y en el caso de Teuchitlán hay indicios de que las autoridades sabían, y no solamente eso, estuvieron ahí (en el Rancho Izaguirre) y no vieron lo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sí vio”.

“Parece inconcebible, como dijo el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero), que las autoridades locales no supieran” lo que sucedía en ese rancho.

“Es muy importante recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una declaración sobre los agentes del Estado en torno a las desapariciones. Por qué. Porque la definición de desaparición forzada dice que se constituye en la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la negativa de conocer tal privación de la libertad, o seguida del ocultamiento o de la negación de información sobre la suerte o el paradero de la víctima a manos de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado’’, explica Corcuera.

El Comité de la ONU, enfatiza, dice que la aquiescencia, “en pocas palabras, es que el agente del Estado que pudiendo y debiendo saber no sabe o que pudiendo y debiendo hacer algo para evitarlo no lo hace, o que pudiendo y debiendo aprehender a la persona responsable tampoco lo hace”.

“La presidenta dice que no quiere minimizar, pero después minimiza, porque las imágenes que hemos tenido a la vista son clarísimas, así como las cartas y los testimonios de las víctimas. Es lamentable que diga que una foto no es suficiente’’, observa Corcuera.

Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Proh), en 2022 Montoya Juárez obtuvo la protección de la justicia federal vía el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el BNDF “sigue sin que se implemente a cabalidad, porque la FGR tiene todavía pendiente incorporar registros relevantes para la identificación de personas”, dice César Contreras, abogado de la organización civil.

La relevancia del BNDF volvió a la luz luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 17 de marzo último que enviaría una iniciativa para crear la Base Nacional de Información Forense, lo que motivó que en documentos de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y de buscadores y buscadoras, recordaran a la presidenta que ese instrumento ya estaba contemplado en la ley y que estaba bajo la responsabilidad de la FGR, pero que no operaba.

Contreras, quien de antemano reconoce que “es la primera vez que hay un indicio de esbozo de incluir las desapariciones en la agenda de la presidenta”, considera que la propuesta de Sheinbaum apunta a tener el mismo objetivo ya delineado por las familias de víctimas en la ley general de 2017, “que es concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de desaparecidos para la investigación de los delitos, y sobre todo para devolverles la identidad a los restos no identificados”.

El defensor del Centro Prodh expone que en el proceso de cumplimiento sobre el amparo hay dilación de la FGR, que rindió su último reporte estadístico en febrero de 2024, el cual revela una incompatibilidad entre la información sistematizada con la realidad nacional.

“Oficialmente se tenía un dato de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, y a finales del año pasado información periodística revelaba que serían 72 mil las personas sin identificar. Sin embargo la FGR sólo tiene 490 registros de cuerpos no reclamados”, detalla Contreras para dar cuenta de los datos que faltan por sistematizar.

“Estamos hablando de una dimensión de la crisis forense muy grande, muy dinámica también, y que ni siquiera la Fiscalía ni ninguna autoridad del Estado mexicano está teniendo la capacidad de seguirle el paso para poder dar una cifra en este momento”, puntualiza el abogado.

Incluso refiere que hay datos distintos dentro de las oficinas de la FGR, pues mientras al juzgado que está dando seguimiento al amparo se le dio un dato sobre las bases AM/PM, la Dirección General de Análisis y Proyectos tiene otros datos.

“En el informe del Sistema de Gestión de Información de Base de Datos AM/PM, al corte de noviembre de 2024, sólo se tienen 13 mil registros AM de las más de 124 mil personas desaparecidas consideradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); en tanto que sólo se tienen 14 mil registros PM de fallecidos que están sin identificar en servicios médicos forenses de las más de 72 mil que habría en todo el país”, apunta.

Información disuelta

En respuesta a un requerimiento judicial, el 10 de abril de 2024 la entonces responsable del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, Edna Patricia Cepeda Morales, dio a conocer al Juzgado de Distrito datos estadísticos sobre los “nueve recursos de información interconectados al Sistema de Búsqueda del BNDF”, todos con corte del 31 de marzo de 2024.

En el oficio FGR/AICE/CFIC/OT/36765/2024, del que Proceso conoce, la FGR refirió que en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA) “se han registrado en el sistema un total de 490 fallecidos a nivel nacional”.

El 11 de febrero último el juzgado de distrito requirió nuevamente al Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) para que aportara información sobre las anteriores bases de datos que se integrarían al BNDF anunciadas en abril de 2023.

En el oficio FGR/AIC/CFIC/OT/0023514/2025, en ausencia del titular del CFIC, Moisés Eduardo Bolaños Bonilla informó que el Registro Nacional de Detenciones ya se había “interconectado” al BNF el 26 de agosto de 2024, pero no ocurre lo mismo con los otros elementos.

En cuanto al Registro de Antecedentes Criminales y el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares, el funcionario explicó al juzgado que “están a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, en ese sentido, se continúa con las gestiones conducentes que permitan el desarrollo de los trabajos de interconexión de los referidos registros y sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses”.

Del Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), se agregó que, “al ser administrado por la Fiscalía General de la República, actualmente se llevan a cabo las gestiones pertinentes que permitan el logro de su interconexión con el Banco Nacional de Datos Forenses”.

“Si el cambio tiende a quitarle la responsabilidad a la Fiscalía General de la República, nos preocuparía enormemente porque entonces estamos hablando de la fragmentación de responsabilidades que nunca ha funcionado bien en nuestro país y son al final las fiscalías las que tienen en sus manos la información forense de primera mano.

“Es decir, si tenemos 33 fiscalías en la República, que son las que tienen los cuerpos y que saben dónde se encuentran, son ellas las que tienen que tener los registros y la Fiscalía General de la República, como el principal referente dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tiene que liderar el esfuerzo para decir ‘tráiganme toda esta información, yo la reúno para que todas puedan tener acceso a esta información”, dice.

Para el abogado sería lamentable que se tiraran por la borda las herramientas para al búsqueda e identificación de personas que se estipulan en la ley general, por lo que insiste en estar atentos a la iniciativa que ofreció Claudia Sheinbaum.

“Ya hay un número de registros importantes interconectados en una sola plataforma, es la base del proceso que no se tendría que tirar a la basura, mucho menos porque se trata de esfuerzos de familiares de desaparecidos que dedicaron su labor tanto para la ley como para el litigio en relación con el Banco Nacional de Datos Forenses; ciertamente se ha tardado mucho en lograr lo poco que hay, por lo que lo importante ahora debe ser construir sobre eso”, dice César Contreras.