La Presidenta de México defendió las acciones que implementa su Gobierno para atender la crisis de personas desaparecidas que hay en México, y afirmó que ella y la Administración que encabeza no es como la del PRIAN y se dará seguimiento a todos los casos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves, al hablar sobre el fortalecimiento de los mecanismos y las leyes para la búsqueda de personas desaparecidas, que su Gobierno es diferente al del PRIAN y que tiene confianza en que tomarán las decisiones correctas en la materia.
"Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que estamos haciendo lo correcto, y eso es lo que nos da la tranquilidad. Por su puesto de que atendemos todo y estamos en todo. Pero en el sentido de que no somos el Gobierno del neoliberalismo, no somos el PRIAN. No, no somos el PRIAN. Nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. Así hasta el último día de mi mandato", expresó.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que confía que la Fiscalía General de la República (FGR) hará una investigación sólida y con evidencia científica respecto al rancho Izaguirre de Jalisco, lugar catalogado por colectivos de búsqueda como un campo de extermino, pues en dicho predio habrían sido cremadas un número todavía indeterminado de personas desaparecidas, posiblemente reclutadas a la fuerza por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En ese sentido, la jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que el próximo lunes se presentarán las nuevas reformas en materia de desaparición, pues la Consejería Jurídica sigue trabajando en ellas. Sin embargo, ante una pregunta de la prensa, Sheinbaum aprovechó para comentar sobre la importancia de dar atención a las víctimas y, por otro lado, la "campaña" de la oposición que ha comenzado a instrumentalizar los hechos de Jalisco para golpear a su Administración.
"Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. ¿Qué problema ha habido en nuestro país? Para empezar, el número de personas desaparecidas o no localizadas. En el sexenio del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador se hizo una búsqueda intensa y se llegó a un número, y nosotros estamos dando seguimiento", comentó.
"Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas. Hay una parte [de los registros] que viene de carpetas de investigación, es decir, de la Fiscalía, y hay otra parte que viene de otros reportes, y eso es importante que la gente lo conozca, porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información y eso es algo que vamos a presentar muy pronto. Pero tenemos que decir la verdad: cuántas personas desaparecidas existen [registradas] en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda y cuál es el origen de la información", adelantó la Presidenta.
Sobre las familias buscadoras, Sheinbaum Pardo aseguró que en su Gobierno siempre habrá cercanía y atención a las víctimas. "Eso hay que afrontarlo, revisarlo, atenderlo, desde la prevención hasta dar con la verdad, y que se haga justicia y que se encuentre a las personas, por eso en una carpeta de investigación hasta que no se encuentre a una persona desaparecida no se cierra. Tiene que haber trabajo por parte del Estado", añadió.
Posteriormente, la mandataria abordó el uso que ha dado la oposición al caso particular de Jalisco. "Sin la información suficiente ya vino una supuesta crítica al Gobierno, porque la verdad es que no tienen mucho impacto. Y la campaña, de nuevo, de narcopresidenta, que qué tiene que ver una cosa con la otra", explicó.
"Ya sabemos quiénes son", subrayó Sheinbaum, e insistió en que es su responsabilidad decir la verdad, pero también que haber derecho de réplica ante las mentiras de la oposición.
"Tomamos en serio el tema de la desaparición. Que salga a la verdad el tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades", finalizó.
A siete años de la desaparición de los estudiantes de cine Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz en Jalisco sus familias desmienten la versión oficial que apunta, sin evidencia, a que los tres fueron asesinados, también exigen que sigan las búsquedas.
La Fiscalía de Jalisco aseguró que los estudiantes de cine Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en Tonalá, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido, una versión que la Fiscalía General de la República (FGR) respaldó pese a que ambas dependencias no mostraron evidencias, por ello, las familias de los jóvenes exigen a las autoridades justicia, continuar las investigaciones y agilizar las búsquedas.
A siete años del caso que movilizó a cientos de personas en el país, familiares de los estudiantes expusieron que incluso quienes analizaron el lugar que la Fiscalía de Jalisco identificaron como el espacio donde habrían sido disueltos los cuerpos de los estudiantes, han reconocido que no hallaron restos humanos, sólo diésel.
"En la carpeta de investigación vimos el reporte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí ellos reportaron que no habían encontrado restos humanos, que era diésel en los tambos, en los bidones. Y en el juicio se presentó una testigo del instituto, ella narró que no se encontraron restos humanos, que lo que se había encontrado era diésel", expuso Virginia, mamá de Daniel Díaz, en conferencia de prensa vía remota.
Familiares de los estudiantes también denunciaron que cuando la FGR atrajo él caso no inició una nueva línea de investigación, por lo que validó una versión que, aseguran, “fue fabricada”.
Por ejemplo, en mayo de 2024 la FGR celebró la condena de más de 70 años de privación de la libertad dictada a cinco hombres que estarían relacionados con el caso por el delito de secuestro agravado, pero durante el juicio tres de ellos denunciaron haber sido víctimas de tortura para corroborar la versión de los hechos de la Fiscalía jalisciense.
"Tres de ellos participaron [en las audiencias], pero lo único que dijeron fue que en el momento de que a ellos los detuvieron fueron torturados y obligados a decir esa versión, pero ya de los datos de nuestros hijos pues no, no hicieron ningún comentario”, agregó Virginia.
Mientras que Miguel Díaz, padre del estudiante Daniel, insiste en que, tanto al escuchar los testimonios de los agentes del Ministerio Público, al leer la carpeta de investigación, así como al visitar junto a autoridades locales los lugares en los que habrían sido secuestrados sus hijos, encontraron que “todo se veía como algo fabricado”.
Recordó que con la entonces Fiscal de Jalisco Marisela Gómez Cobos realizaron recorridos para identificar dónde fueron desaparecidos los estudiantes y a las casas en las que, de acuerdo con la versión oficial, habrían sido llevados por integrantes del crimen organizado, pero las autoridades cambiaron frente a los familiares y en la carpeta de investigación las versiones de los sitios identificados.
Por ejemplo, los baños de las viviendas que ellas y ellos revisaron no eran los que la Fiscalía estatal fotografió e incluyó en la carpeta de investigación. Miguel Díaz recordó que en mayo pasado, cuando se dictaron sentencias relacionadas con esta investigación, el juez pidió al Ministerio Público federal que no cerrara el caso porque aún está pendiente su esclarecimiento.
Por ello, las y los familiares de los estudiantes de Marco García y Miguel Díaz pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenar la búsqueda en vida de los estudiantes y a la FGR que no dé por concluida la investigación y la refuerce con testimonios que no fueron incluidos en las audiencias del caso pese a su relevancia para esclarecer qué pasó desde las primeras horas de las desapariciones.
Se trata del testimonio de otro compañero de los jóvenes, quien dejó la casa a la que asistieron para realizar una tarea escolar desde la mañana del lunes. Además de una mujer identificada como Edna, ella avisó a las familias sobre la desaparición de sus hijos, aunque lo hizo horas después. De acuerdo con los familiares, la mujer dijo a la FGR que no declararía por temor; también falta que las autoridades entreguen videos de cámaras de seguridad cercanas a donde fueron vistos por última vez los estudiantes.
El caso de Marco García, Daniel Díaz y Salomón Aceves, movilizó a cientos de personas en Jalisco y en distintos estados del país. La posible relación entre la crisis de desapariciones y el crimen organizado quedó evidenciado en esa ocasión. Una situación que este mes volvió a ser exhibida con el hallazgo de restos humanos y miles de objetos como prendas, zapatos y mochilas en un rancho de Teuchitlán donde, según han señalado testimonios anónimos, las personas eran obligadas a trabajar para el crimen organizado.
Desde 2018 las autoridades de Jalisco sabían de estos sitios para reclutar de manera forzada a personas, así lo confirmó el exgobernador de Aristóteles Sandoval, con quien ella y otros familiares de los estudiantes de cine se reunieron en distintas ocasiones.
“En ese tiempo Aristóteles, el licenciado Aristóteles, nos decía: "No hay nada de sus hijos. Pero sí sé, dice que hay muchos lugares que están reclutando a muchos jóvenes. Siempre nos daban esa esperanza de que pronto nuestros hijos estarían a nuestro lado y seguiremos esperando”, dijo Virginia, mamá de Daniel Díaz.
Después de las desapariciones
Carlos Valencia, profesor de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), donde estudiaban los jóvenes Salomón, Marco y Daniel, lamentó en entrevista que la versión que “construyeron las autoridades ayudó a desmovilizar y provocar horror en la población”.
La desaparición de los estudiantes a quienes estudian y, como él, dan clases en el CAAV. Desde entonces, aunque han tomado protocolos como evitar que las y los estudiantes salgan de la zona metropolitana para realizar ejercicios estudiantiles, Carlos Valencia reconoce que la preocupación es constante porque, al seguir impune este caso, sigue sin haber garantías de que no se repetirá.
“Es una posibilidad que está latente y se vive con eso, es terrible tener que vivir y aceptar esa realidad. Por más que tratamos de cuidar a los chicos, de decirles protocolos, la posibilidad está ahí porque no hay nada que garantice realmente su seguridad. El problema [de las desapariciones] incluso ha aumentado”.
El también profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) que ha acompañado a las familias en su búsqueda de justicia durante estos siete años, recordó que los jóvenes desaparecieron después de acudir a una casa en la colonia Los Amiales, en Tonalá, en la que ya habían grabado otras de sus tareas, para realizar un trabajo cinematográfico.
“Ellos estaban haciendo una tarea en un lugar donde ya habían estado antes, por eso estaban con toda la confianza, sin ninguna preocupación. Eso es lo que suceden una escuela de cine, les dejan ejercicios y ellos buscan locaciones y van y hacen los ejercicios. Aquí la versión oficial fue que los confundieron porque esa casa ya había sido asegurada antes. Esa es la versión, que los confunden porque ven movimiento en la casa y piensan que son del de algún grupo rival y que por eso es que se los llevan, pero no hay una verdad real de eso, no podemos decir que eso es cierto porque faltan muchas piezas de arma. No hay evidencias científicas que respalden esa ‘verdad histórica’.
"Que la sociedad sepa que las familias de Marco y Daniel siguen buscándoles y que siguen luchando por encontrar la verdad”, mencionó.
El subregistro de personas migrantes desaparecidas, un problema que reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda, no se ha resuelto a cuatro años de la creación del registro federal. Diversos factores impiden su solución
A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no existe claridad sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México. Según la fuente que se consulte, las cifras oscilan desde poco más de un centenar hasta 35,000 personas, lo que complica el proceso de búsqueda e impide visibilizar el alcance de la desaparición de migrantes en el país.
“No hay datos exactos de cuántas personas están desaparecidas desde hace muchos años. La Comisión Nacional de Búsqueda [CNB, que gestiona el RNPDNO] no tiene un registro claro porque no quieren reconocer que en México están desaparecidas las personas migrantes, y esa ha sido nuestra exigencia”, dice en entrevista Ana Enamorado, activista y madre hondureña que busca a su hijo en México desde hace más de diez años.
La Fiscalía de Sonora informó que ya investiga la probable privación ilegal de la libertad de Yessenia Guadalupe.
Este miércoles se reportó la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo Cota, quien busca a su esposo y es integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Sonora.
A través de Twitter Ceci Flores, líder de la colectiva, compartió la ficha de búsqueda para dar con la ubicación de la joven de 33 años.
El funcionario de ONU-DH reconoció la lucha de las familias de desaparecidos, movimiento liderado principalmente por mujeres, empeñadas no sólo en la búsqueda de sus familiares sino en el diseño de la misma Ley General, que se ha convertido en “ejemplo mundial en la lucha de los derechos humanos”.
El recién nombrado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, se pronunció por los cinco años de la entra en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la falta de implementación de partes esenciales de esa legislación.
En un mensaje videograbado, transmitido por la oficina en México de ONU-DH, Türk alertó que “el país no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, tanto a víctimas como a sus familiares.
Familiares de desaparecidos, en su mayoría personas de bajos recursos, son amenazados para no denunciar. La violencia ha generado caída de hasta 70% del turismo en Chapala.
“Lo que queremos es que nos los regresen vivos, pero si no al menos que nos digan donde están sus cuerpos. Que nos permitan despedirnos de ellos… Todo menos la incertidumbre de no saber que les estarán haciendo…” Griselda y Adán desaparecieron la noche del martes 9 de junio, cuando personas armadas los bajaron de la camioneta que conducían en un camino de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala, Jalisco. Hoy se cumple el sexto día sin que sepa nada de ellos.
Ante la vigente emergencia humanitaria que implican las desapariciones de miles de personas en el país, organizaciones civiles pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las familias de las víctimas. En dos audiencias públicas realizadas durante el 172 Periodo de Sesiones de la CIDH, desarrollado en Kingston, Jamaica, dieron cuenta de las debilidades del Estado mexicano para atender la crisis humanitaria, a pesar de la voluntad expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterada en las audiencias por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Desaparecer personas se volvió una rutina en el SEMEFO de Jalisco. Datos inéditos obtenidos develan el uso sistemático e ilegal del horno crematorio y las inconsistencias en los registros de mil 559 cuerpos no identificados que fueron convertidos en cenizas. De él había sólo cenizas, una bolsa plástica con restos humanos. Se llamaba Óscar Ramírez Reyes. Tenía 20 años. Su primera desaparición fue el 7 de febrero de 2014 cuando se lo llevaron unos presuntos policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que “el caso ha sido y es la principal preocupación del Gobierno que encabeza el Presidente López Obrador”. Por su parte, Michelle Bachelet celebró y reconoció “la voluntad del Gobierno del líder del Ejecutivo para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, “que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República”.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que nadie en México “debe ser sometido por más tiempo al calvario” que enfrentan las familias de las 40 mil víctimas de desapariciones, y dijo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que “cuentan con todo mi apoyo y el de mi oficina, nos solidarizamos con su lucha y exigencias”.
David, Margarita y Alfredo Elías fueron privados de la libertad y desaparecidos por policías municipales de Ahome, Sinaloa, en julio de 2015; sus familiares ubicaron sus cuerpos en una fosa clandestina.
El 21 de julio de 2015, David, Margarita y Alfredo Elías fueron privados de la libertad y desaparecidos por policías municipales de Ahome, Sinaloa, tras ser señalados como “sospechosos”, dada su pertenencia a la comunidad gitana de dicha localidad. Su delito: ir de puerta en puerta, preguntando a las personas si tenían autos viejos que les interesara vender, ya que se ganaban la vida arreglando esos autos y revendiéndolos.
“No se trató de subejercicio, sino que nunca se libraron los recursos para la comisión”, explicó el Subsecretario Encinas. López Obrador dijo que la paz y la seguridad son producto de la justicia: “Esto es muy doloroso, también muy lamentable. El compromiso de que nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra, para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo por el modelo económico”.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó esta mañana que existen 40 mil personas desaparecidas, 27 mil cuerpos sin identificar en forenses y unas mil fosas clandestinas. Dijo que es una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Encinas dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Víctimas. El año pasado se asignaron 468 millones de pesos 946 mil y se ejercieron apenas 6 millones.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes del Colectivo de Víctimas de Desaparecidos de Oaxaca, protestan en el kiosko del Zócalo de la Ciudad, para exigir la aparición con vida de sus familiares.
Pidieron la aparición con vida de sus familiares y compañeros desaparecidos Aldo González Aguirre, Federico Cruz Morales, Álvaro Bernardo Reyes Cruz, Bruno Alonso Avendaño Martínez. Con cartulinas en mano, exigieron al gobierno la creación de la comisión estatal de búsqueda para personas desaparecidas.
En el marco del Día internacional de las víctimas de desaparición forzada, se llevó a cabo el conversatorio “La desaparición forzada. Desafíos para la implementación de la Ley General en Oaxaca.
A un poco menos de un año de su aprobación; la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada sigue presentando retos profundos mismos que se complejizan todavía más a nivel local, como en el caso de una Fiscalía Especial en el estado de Oaxaca.
Era la tarde del pasado jueves 23 de agosto. El activista Sergio Rivera Hernández se dirigía en moto a su casa en Sierra Negra, una comunidad al sureste de Puebla, cuando un grupo armado dentro de una camioneta blanca comenzó a perseguirlo. Al alcanzarlo, los gatilleros lo embistieron y cayó al suelo, luego se lo llevaron.
Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa desaparecieron en Tlatlaya, Estado de México, a donde se dirigieron para efectuar una notificación de auditoría.
Dos años y un mes después de la desaparición de dos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Tlatlaya, Estado de México, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió ofrecer una recompensa de 1 millón y medio de pesos para localizarlos. Este martes 31 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos a quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa.
Romualdo Ixpango Merino, líder de la organización campesina Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad (TUCC), se encuentra desaparecido desde el sábado pasado, cuando familiares reportan que se encontraba en Cuautla. De acuerdo con su hija, Ilse Ixpango, su padre fue visto por última vez el sábado 28 de julio a las 17 horas en las inmediaciones de Cuautla. Los dos teléfonos celulares que utiliza se encuentran apagados. La familia decidió iniciar una denuncia ante la Fiscalía de la Región Oriente, misma que emitió una ficha de localización. Este dirigente campesino, según la familia, habría desaparecido junto con “un compadre”, identificado únicamente como Abel.
En conferencia de prensa, Omar Hamid García Harfuch, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), precisó que José Guadalupe “N” es el probable encargado de la coordinación logística para la venta y trasiego de estupefacientes en los municipios jaliscienses de Ciudad Guzmán, San Gabriel, Tecalitlán, Tolimán, Tonalá, Tuxpan y Zapotitlán de Vadillo; así como en Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, en Colima.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo ayer en Zapopan, Jalisco, a José Guadalupe “N” por su probable vinculación con la desaparición de tres italianos, ocurrida en Tecalitán el pasado 31 de enero. Omar Hamid García Harfuch, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que José Guadalupe “N” es el presunto responsable de entregar recursos económicos a efectivos de la Policía Municipal de Tecalitlán, quienes habrían entregado a los italianos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Emisarios del gobierno” acosan y amenazan a los activistas del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces, en Michoacán, por exigir la aparición con vida de 300 personas, de las cuales por lo menos 50 fueron desaparecidas “por motivos políticos”, denunciaron integrantes del Comité. Cristina y Janahuy Paredes Lachino, hermanos que forman parte del Comité señalaron que en varias ocasiones sujetos armados han ido a su vivienda desde 2016 para pedirles que se detengan “con el asunto de los desaparecidos”, y apenas hace unas semanas desconocidos desmantelaron el sistema de videovigilancia de la casa de uno de ellos.
El estado de Veracruz, Gobernado por Miguel ángel Yunes Linares se ha convertido en un cementerio clandestino. En sus dos años al frente del estado, el panista poco ha podido hacer para detener la ola de violencia que se vive en la entidad tal y como lo prometió durante su campaña. Ahora, a días de los comicios para elegir a un nuevo mandatario para el Estado, Veracruz vuelve a ser noticia luego de que el actual Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fuera señalado por el presunto desvío de recursos públicos para la campaña de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Analistas refieren que la contienda en Veracruz se definirá entre Cuitláhuac García de la coalición “Juntos Haremos Historia” y Yunes Márquez de “Al Frente por México” luego de que diversas encuestas colocaran a ambos candidatos a la cabeza.
Cuitláhuac García Jiménez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno Veracruz, denunció a Miguel Ángel Yunes, actual mandatario, por el presunto desvío de recursos públicos para la campaña de su hijo Miguel Yunes Márquez. García Jiménez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), interpusieron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Xalapa.
Amigos, familiares y compañeros de escuela convocaron a una nueva marcha para exigir la presentación con vida de los estudiantes que el próximo jueves cumplen un mes de desaparecidos.
El próximo jueves 19 de abril se cumple un mes de la desaparición de tres estudiantes de cine en Jalisco: Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años; Daniel Díaz, de 20 años y, Marco Ávalos, también de 20. A través de redes sociales, amigos, familiares y compañeros de los jóvenes, quienes estudiaban en la Universidad de Medios Audiovisuales, convocaron a una nueva marcha para exigir la presentación con vida de los estudiantes.