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martes, 21 de julio de 2015

La CNDH pide a Graco Ramírez reparar daño ocasionado a joven madre

MÉXICO, D.F. (apro).- El 27 de febrero de 2014 Leticia Moreno del Ángel, de entonces 16 años de edad, acudió al Hospital General de Tetecala ”Doctor Rodolfo Becerril de la Paz’, en el estado de Morelos, luego de por presentar actividad uterina producto de su embarazo.

Eran las siete con diez minutos de la mañana cuando el médico que la atendió diagnostico en su “Nota Médica” una amenaza de parto pretérmino sin establecer, como indican el protocolo, hora y signos vitales del binomio materno-infantil.

Tres meses después, la joven madre volvió a acudir al nosocomio. Una vez ahí, fue valorada por un segundo médico, quien en la “Hoja de Seguimiento de Riesgo de Prueba sin Estrés” suscribió que la paciente no presentaba contracciones, sin pérdidas vaginales y con signos estables, dejando la cita abierta.

Sin embargo, omitió la hora, cargo, indicaciones, datos de alarma y no reportó el fondo uterino.

Finalmente, el 27 de mayo de 2014, la paciente acudió nuevamente al hospital con dolores de labor de parto al cursar embarazo de 39.4 semanas de gestación. En esa ocasión, fue atendida por un tercer médico, quien, sin tomar en cuenta los antecedentes gineco-obstétricos ni los síntomas que presentó en la valoración de este día –mareo, zumbido auditivo anormal y náuseas—, determinó un posible embarazo de alto riesgo, cuando debió diagnosticarla con un cuadro de preeclamsia severa que requería la interrupción del mismo mediante cesárea urgente.

La paciente ingresó al quirófano para extraer a su hijo mediante cesárea, quien al nacer no presentó esfuerzo respiratorio y registró frecuencia cardiaca muy débil; cuarenta minutos más tarde se determinó su defunción por “asfixia por bronco aspiración de líquido amniótico”, lo que consta en el certificado de muerte fetal del recién nacido.

No obstante, en el Resumen Clínico de la paciente, el médico, luego de realizar diferentes maniobras de reanimación, reporta “probable cardiopatía congénita compleja no compatible con la vida”; representando esto, una contradicción.

El caso llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que este martes emitió la recomendación 20/2015 al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, por violencia obstétrica e inadecuada atención médica en agravio de Leticia Moreno.

Con base en el conjunto de evidencias, el organismo encontró elementos que prueban violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, trato digno y derecho a una vida libre de violencia (obstétrica) en agravio de la madre, así como al derecho a la protección de la salud, trato digno y a la vida, en agravio de su menor hijo.

Por ello, la CNDH recomendó al mandatario morelense reparar el daño ocasionado a la madre, que incluya el pago de indemnización o compensación por la pérdida de la vida de su hijo, así como atención médica y psicológica, además de participar en el seguimiento e inscripción de la mujer en el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos a efecto que, en lo conducente, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación.

En protección de la garantía de no repetición, le pidió también que emita una circular dirigida al personal médico de dicho hospital, en que se ordene copia de la certificación o recertificación tramitadas ante los Consejos de Especialidades Médicas, que acredite la actualización, experiencia y conocimientos suficientes, y permita brindar un servicio médico adecuado y profesional.

También que los servidores públicos de ese hospital adopten medidas preventivas, que los expedientes clínicos estén debidamente integrados y se diseñen e impartan cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos, además de colaborar en las investigaciones por la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos en contra de las autoridades señaladas como responsables.


Fuente: La Jornada
Autor: Redacción

lunes, 20 de julio de 2015

Mineros, la mayoría de las víctimas emboscadas en Sierra de Durango

DURANGO, Dgo., (apro).- La mayoría de las 11 víctimas mortales de la emboscada ocurrida el sábado 18 de julio en el municipio de San Dimas, eran mineros de la región. Al menos así lo han expresado los familiares que han acudido al Servicio Médico Forense a reconocer los cuerpos.
La titular de la Fiscalía General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, reconoció que hasta el momento no existen indicios de vínculos de la víctimas con la delincuencia, por lo que incluso no se descarta la posibilidad de una confusión.
“Los familiares que han acudido a identificarlos, indican que (las víctimas) se dedicaban a la minería”, dijo la servidora pública al admitir que hasta el momento no hay personas detenidas por el incidente.
De comprobarse que se los ahora fallecidos se dedicaban a dicha actividad, podría abrirse la posibilidad de una confusión, reconoció de la Garza Fragoso.
Dijo, de igual forma, que se ordenó de inmediato una mayor presencia de elementos de la Fiscalía a su cargo en la zona donde ocurrió el ataque, misma que fue respaldada con un fortalecimiento de los recorridos por parte del Ejército mexicano.
Señaló, de igual forma, que es poco probable que el incidente tenga su origen en el recrudecimiento de la violencia detonada tras la evasión de Joaquín Guzmán Loera del penal federal del Altiplano.
Hasta el mediodía de este lunes, los nombres de las víctimas mortales de la emboscada no habían sido dados a conocer por las autoridades ministeriales.

Fuente: Proceso
Autor: Luis Lozano

jueves, 9 de julio de 2015

Eruviel Ávila solicitó una alerta de género para once municipios del Edomex

Toluca, Méx. El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó que solicitó de manera oficial al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género –que encabeza la Secretaría de Gobernación–, emita una alerta de género para once municipios mexiquenses, donde se tienen los mayores índices de violencia contra las mujeres.
El mandatario indicó que pese a que el estado no es de los primeros en el país en incidencia de delitos cometidos contra mujeres, reconoce que existe un problema serio en algunas regiones que se debe de atender de inmediato y recalcó que ven en la alerta de género una oportunidad para enfrentar y superar la problemática.
La alerta de género ha sido una demanda añeja de varias organizaciones sociales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que desde 2008 hizo la solicitud a las autoridades para que se decretara en territorio mexiquense, sobre todo por el número de homicidios cometidos contra mujeres y la desaparición de niñas, y jóvenes en la entidad.
El entonces gobierno estatal de Enrique Peña, se opuso a la alerta de género y el Observatorio inició una batalla legal en tribunales para que se iniciara el proceso para investigar si en el estado de México se requería la alerta.
El año pasado finalmente, el observatorio ganó y se ordenó al Sistema Nacional Para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que iniciara la investigación. Hoy el gobernador se anticipó a la resolución y pidió la alerta de género para: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
“La alerta de género nos permitirá fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres, lo vemos como un área de oportunidad, incluso podremos obtener recursos adicionales para canalizarlos a este sector y aun cuando la tendencia nos dice que no somos la entidad con el mayor índice de delitos contra las mujeres, nuestro compromiso con ellas es tan fuerte, que con un solo caso (de feminicidio) que existiera deberíamos estar en alerta. Más que preocupados, estamos ocupados en la materia”, dijo Eruviel Ávila, quien aprovechó un evento donde firmó un convenio de colaboración con Inmujeres para hacer pública su petición de la alerta de género en once demarcaciones de la entidad.

Fuente: La Jornada
Autor: Israel Dávila

lunes, 8 de junio de 2015

Denuncian desaparición de lideresa magisterial en Oaxaca

OAXACA, Oax: La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de la entidad alertó hoy sobre la detención y desaparición de la lideresa magisterial Danielle Herrera Castro durante los disturbios de ayer en el municipio de Tuxtepec.

Razhy González, defensor especializado en Protección a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, detalló que la profesora fue detenida por elementos del Ejército, junto con varios integrantes del magisterio disidente, pero su nombre no aparece en la lista oficial de detenidos.

Por tal motivo, indicó que ya dio parte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por estar presuntamente involucrados elementos de las fuerzas federales.

Según versiones de familiares, Danielle Herrera habría sido detenida en Tuxtepec por militares en el contexto del boicot electoral que decretó la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y que derivó en la quema de 283 casillas, el robo de 26 más, la suspensión de la votación en 75.

Su captura habría ocurrido en el parque Juárez, ubicado en la calle Allende, alrededor de las doce horas.

La familia informó a medios locales que el día de ayer recibieron una serie de mensajes del celular de la profesora en los que dijo que se encontraba detenida en la pista de Loma Bonita y que posiblemente serían trasladados a Nayarit y el Distrito Federal.

También confió que ella y los otros maestros detenidos tenían escondidos dos teléfonos celulares y pidió que se difundiera  la información en Tuxtepec.

Danielle volvió a comunicarse más tarde con su familia para decirles que era conducida a las instalaciones del Sexto Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado en Loma Bonita, y luego a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicadas en el muro bulevar “Francisco Fernández Arteaga”.

Es fue la última llamada.


Maestros de la Sección 22 de la región de la Cuenca del Papaloapan realizaron este lunes una marcha y un mitin en el parque central de Tuxtepec, para exigir la libertad de los detenidos durante la jornada electoral.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

martes, 5 de mayo de 2015

Madres veracruzanas buscan a sus hijos en cada fosa clandestina

Están convencidas de que policías y militares se los llevaron en diciembre de 2013. Desaparecieron después de una operación de seguridad, coinciden. Indagan por cuenta propia ante la inacción de autoridades ministeriales. Cada reunión con el MP, una pérdida de tiempo.

Veracruz, Ver. Angélica María Berrospe Medina tiene un hijo desaparecido desde hace más de un año. Durante días lo buscó en cárceles y hospitales del estado, sin dar con una sola pista. Ahora, cuando se entera de que las autoridades encuentran una fosa clandestina, corre para ver si allí está el muchacho.

En abril pasado, ella y otros padres en la misma situación arribaron a unos terrenos situados al norte del puerto de Veracruz, donde la Procuraduría General de la República (PGR) encontró restos humanos inhumados clandestinamente. Las víctimas habían sido decapitadas.

Ella y los demás padres aguardan resultados de las pruebas de ADN y gestionan que la dependencia siga con la búsqueda de entierros clandestinos.

En este trajinar, Angélica se hizo amiga de Amelia Hernández Namorado, Velia Aurora García Cruz, y Dolores González Cortés. Viven en la misma colonia, la Formando Hogar del puerto, pero no se conocían hasta que comenzaron a verse en el Ministerio Público porque las cuatro perdieron a sus hijos entre el 9 y 11 de diciembre de 2013.

Todas señalan que las desapariciones ocurrieron después de una operación de fuerzas estatales y están seguras de que alguien se los llevó.

Cuando acuden al Ministerio Público para saber cómo van las pesquisas para localizar a sus hijos, en lugar de darles respuestas las reciben con más preguntas: ¿Qué más ha investigado, señora? ¿Qué más sabe? ¿Quiere ampliar su declaración con esos datos?

Las mujeres coinciden en que ellas –que investigan sin método ni preparación– son capaces de aportar más datos que el personal de la Fiscalía General del Estado.

Ellos no dan resultados. Cada reunión es pérdida de tiempo y dinero, reprocha Velia Aurora García Cruz, madre de Ricardo Adrián García Cruz, desaparecido el 9 diciembre del 2013.

Ese día el joven y su amigo David Salas Sarías fueron interceptados por supuestos policías estatales en la carretera Veracruz-Cardel. Su desaparición quedó consignada ante la cuarta agencia del Ministerio Público en la investigación 1416/2013.


“Estamos como los padres de los normalistas, buscando nosotros mismos –expresa Angélica María, madre de Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años–. Busco a mi hijo en cárceles y fosas. No voy a parar hasta encontrarlo.”

Recuerda el día en que se lo llevaron de su casa: ¿Dónde está el cabrón?, gritaban agentes estatales y marinos que allanaron su casa, a las 14:20 horas del 11 de diciembre de 2013. Sin mencionar nombres ni orden de cateo, irrumpieron en cocina, sala y baño, hasta encontrar una habitación al fondo de la casa, cerrada con llave. Con las culatas rompieron la chapa. Jonathan estaba escondido debajo de la cama; su esposa, en el clóset.

Los uniformados lo sometieron y lo subieron a la patrulla. Desde entonces Angélica Berrospe no sabe nada de él.

A Concepción Marcial Chapo le sucedió lo mismo. En la camioneta en que se llevaron a Jonathan subieron a su nieto, Víctor Álvarez Damián (expediente 1269/2013, integrado en la agencia cuarta).

Lo sacaron de su trabajo, un taller mecánico en la avenida Cuauhtémoc, donde realizaba cambios de aceite. La policía argumenta que participó en un robo, recuerda Concepción. Sin embargo, ni Víctor Álvarez ni Jonathan Isacc ni Ricardo Adrián fueron consignados.

Las madres averiguaron que el día de esa operación se realizaron más detenciones en colonias aledañas. Muchos ingresaron a la cárcel preventiva conocida como el penalito de Playa Linda, en las instalaciones de lo que fue la Policía Intermunicipal, ahora bajo el control de la Policía Naval. Tras pagar multas, los liberaron.

Un muchacho que fue secuestrado el mismo día que Víctor le dijo a mi hija que lo había visto en la camioneta el día que lo detuvieron. Pero también le dijo que cuando llegó a Playa Linda ya no lo vio en los separos, relató Concepción.

En los días siguientes a la desaparición de sus hijos, las madres acudieron a diario a la cárcel preventiva, hasta que las autoridades pasaron de regañarlas, por no entender que ahí no estaban sus hijos, a ignorarlas.


Por ello, Angélica, Amelia, Velia y Dolores decidieron integrarse a la Red de Madres Buscando a sus Hijos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Eirinet Gómez.

martes, 17 de marzo de 2015

Habrá ‘zar’ para desaparecidos

El debate sobre desaparición forzada de personas, impulsado por las fracciones del PAN y el PRD en ambas Cámaras del Congreso, busca homologar las leyes que hay en el país respecto a este delito.

Después del debate por la Ley de Transparencia y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso de la Unión entrará a la discusión de una Ley General de Desapariciones Forzadas, que buscará homologar las definiciones y castigos de este delito en todo el país.

En el nuevo borrador para esta legislación, México accederá a las demandas de la ONU a casi seis meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y tras ser blanco de fuertes críticas en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

El Gobierno Federal responderá con la creación de un zar con amplios poderes para la búsqueda de miles de desaparecidos a escala nacional y una nueva ley de mano dura, con penas de casi 50 años de prisión a quien cometa este delito.

Actualmente, el Código Penal Federal contempla una pena de entre cinco y 40 años de cárcel.

A diferencia de la desaparición “simple” de personas, en el delito de desaparición forzada están involucradas autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México hay un total de 25 mil 736 personas en esa condición desde que se comenzaron a documentar, en 2014, hasta febrero de este año. De ellas, 18 mil 467 son hombres y 7 mil 269 son mujeres.

La mayoría de los casos fueron denunciados en el fuero común. Ahí se encuentran radicadas 25 mil 293 denuncias por la desaparición de personas. En el fuero federal son apenas 443 denuncias.

En México, sin embargo, no existe una estadística diferenciada sobre las personas que han sido víctimas de una desaparición forzada y quienes han desaparecido por alguna otra razón.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, revela que existen 32 iniciativas de ley sobre el tema que han sido presentadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y no han sido tratadas en comisiones.

En su estudio “La Desaparición Forzada de Personas”, el IBD señala que esto sucede a pesar de la preocupación que organismos internacionales han expresado sobre la situación de las desapariciones en México.

“La desaparición forzada es recurrente, la legislación ha sido insuficiente y existe impunidad en cuanto a la sanción a los responsables de la comisión de este delito”, expone el estudio.

“La característica más significativa de este delito es que el Estado, las personas o los grupos de personas que actúen con su autorización o su apoyo, no solo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace de forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte (…) sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida”, cita el IBD a Juan José Gómez en un artículo sobre desaparición de personas publicado en la Revista Mexicana de Política Exterior.

Sin embargo, ante la presión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en días recientes afirmaron la urgencia de legislar sobre este delito en México, el Congreso de la Unión apresurará en este periodo el debate sobre las desapariciones forzadas.

El panorama de las desapariciones

La cuarta parte de las personas desaparecidas en el país son menores de edad.

Del total de desapariciones registradas en el país, 25 mil 736 de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, 6 mil 452 corresponden a menores de entre cero y 19 años; esto representa el 25 por ciento del total.

En general, el rango de edad con más prevalencia en las desapariciones es entre los 15 y los 19 años. Un total de 4 mil 149 jóvenes de esa edad han desaparecido en el país.

Entre los 20 y los 29 años hay 6 mil 121 personas desaparecidas; entre los 30 y los 39 años, la cifra alcanza los 4 mil 976 personas.

En el caso de las desapariciones denunciadas en el fuero común, en procuradurías o fiscalías estatales, la estadística recoge los datos del último lugar donde estas personas fueron vistas.

En los cinco primeros lugares de esta estadística se encuentran Tamaulipas, con 5 mil 392; le sigue Jalisco, con 2 mil 235 desaparecidos; el Estado de México, con 2 mil 055; Nuevo León, con 2 mil 009 personas desaparecidas; y Sinaloa, con mil 569.

Los estados con menos desaparecidos, de acuerdo a la estadística del fuero común, son Campeche, con 83; San Luis Potosí, con 53 casos; Baja California Sur, con 19; Tlaxcala, con 13; y Nayarit, con 12.

En el caso del fuero federal, denuncias hechas en la Procuraduría General de la República, los estados donde las personas desaparecidas fueron vistas por última vez están encabezados por Guerrero, con 116 casos; Tamaulipas, con 88; Veracruz, con 66; el Distrito Federal, con 38 casos; y Coahuila y el Estado de México, con 20 casos cada uno.

La urgencia de legislar

A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala y la presión de organismos internacionales para legislar sobre las desapariciones forzadas en México, tanto el Senado como la Cámara de Diputados se preparan para analizar las iniciativas que se han presentado en la materia y otras que podrían darse a conocer en los próximos días.

La nueva legislación buscará homologar las leyes que hay en el país respecto a la desaparición forzada de personas.


La primer reforma en el proceso es el cambio constitucional para otorgar al Congreso el poder de legislar en materia de desapariciones forzadas. Una vez que esto sea aprobado, el Congreso de la Unión podrá trabajar sobre una Ley General en la materia.

Actualmente, el Código Penal Federal establece que si la víctima se libera espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención, la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión. 

Si se libera dentro de los 10 días siguientes a su detención, la pena será de dos a ocho años de prisión. Para modificar estas penas y buscar que haya una sola norma aplicable a los casos denunciados, son al menos 30 las iniciativas que se han presentado sobre este tema en el Congreso.

Una de las iniciativas que se encuentran aún en comisiones del Senado fue enviada por el Ejecutivo en octubre del 2013, y se establecían penas por hasta 50 años de prisión, además de la inhabilitación definitiva para los servidores públicos que participaran de estos delitos.

Iniciativas como la presentada por Silvano Aureoles, hoy candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán, sugieren la necesidad de crear una Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias.

Aún pendiente de presentación se encuentra una iniciativa que de Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, quien propone que el delito sea también imputable a particulares y no solo a servidores públicos.

El senador panista propondrá que la pena mayor sea de hasta 70 años de prisión si se oculta o se comete cualquier acción sobre el cadáver de la víctima “que evite o intente evitar su identificación posterior”, señala la iniciativa.

La nueva legislación contempla:

> Colaboración de ciudadanos en las investigaciones
> Castigo a la obstrucción de pesquisas
> La creación de bancos de datos genéticos de cadáveres a nivel federal y estatal
> Reparación de daños a las familias de las víctimas
> Derecho a la verdad

> El destino de hijos menores de personas desaparecidas

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

miércoles, 4 de marzo de 2015

Alertan por desaparición de estudiante de Medicina en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: Rafael Jáquez Fierro, estudiante de Medicina, se encuentra desaparecido desde el sábado pasado, cuando salió a lavar su automóvil en la ciudad de Cuauhtémoc.

Familiares y amigos del estudiante han emprendido una exhaustiva búsqueda, ya que lo consideran un joven tranquilo y buen alumno que cursa el sexto semestre de carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

Rafael Jáquez viaja cada lunes a la ciudad para estudiar, donde vive con otro amigo estudiante.

La familia de Rafael es conocida en Cuauhtémoc porque durante décadas se han dedicado a la música.

El reporte indica que el joven desapareció la tarde del sábado, luego de que salió de la casa de sus papás a lavar su vehículo.

La Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Zona Occidente solicita también la colaboración de la ciudadanía para localizar al joven y se puede dar información en los teléfonos (625)128-1100, extensiones 77073 y 77065.


A partir de 2011, ha incrementado de manera importante el número de personas desaparecidas en Cuauhtémoc.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

viernes, 13 de febrero de 2015

Desaparece alumna de la Normal; lanzan desesperada búsqueda

Saltillo, Coah.- Una estudiante de la Escuela Normal de Coahuila se encuentra desaparecida desde la tarde de ayer, cuando y abandonó el plantel sin dejar rastro. Desesperados, familiares y amigos han emprendido una intensa búsqueda.

Alba Gutiérrez Beltrán, de 22 años, originaria de Nueva Rosita, salió de la institución alrededor de las 13:50 horas, manifestando a docentes y compañeros que iba a casa, pues se sentía enferma.

Horas después sus amigos intentaron comunicarse con ella para saber de su salud pero no contestó llamadas y su celular se encontraba apagado.

La familia se ubicó con el novio de Alba, quien dijo desconocer su paradero; posteriormente se dio parte a Alerta AMBER, que ya comenzó a difundir la información a través de las redes sociales.

La Procuraduría de Justicia activó la alerta verde por la desaparición de la joven alumna.

Lanzan campaña de localización

A la par de la Alerta Amber, compañeros y amigos de Alba Gutiérrez Beltrán, implementaron una campaña solicitando información de la estudiante por medio de los medios electrónicos.

Karina comentó a este medio que Alba nunca había desaparecido por un tiempo prolongado o sin avisar, además descartó que tuviera problemas con alguien o que hubiera salido de la ciudad, pues en la cartera cargaba a lo mucho 100 pesos.

Por lo pronto, la familia descartó haber recibido alguna llamada solicitando rescate por la estudiante, aclarando que la desaparición de Alba los mantiene preocupados, pues no habían padecido con ella alguna situación similar.


Hasta el cierre de esta edición familiares no lograban ubicar a la estudiante en hospitales, delegación o en el domicilio de sus amigos.

FUENTE: ZÓCALO.
AUTOR: REDACCIÓN.

jueves, 12 de febrero de 2015

Desaparición forzada se consolida como política de Estado: activistas

OAXACA, Oax: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos denunció que la desaparición forzada en el México se ha consolidado como política de Estado.

Muestra de ello, apuntó, son los más de 110 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales.

A casi ocho años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Comité anunció que iniciará en esta entidad una gira nacional para exigir al Estado mexicano que acate la resolución judicial emitida por el noveno tribunal colegiado, donde ordena buscar en las principales cárceles y campos militares a fin de dar con el paradero de los dos luchadores sociales.

Esa resolución, apuntó, es un hecho que por sí mismo sienta un precedente jurídico-político en la lucha histórica por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos en México.

La gira, denominada “Desaparición forzada, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad”, recorrerá varias ciudades del país, donde los participantes se proponen dar nombre y apellido a cada una de las víctimas y exigir al Estado que acate la resolución judicial.

El Comité destacó que en una situación similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; Teodulfo Torres Soriano, y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Reconoció, asimismo, que la lucha emprendida por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa ha sido abrazada por el pueblo mexicano, porque la violencia proviene del Estado mexicano.

Sin embargo –subrayó–, no debe extrañar que la versión oficial de que fue la “delincuencia organizada” la que ejecutó ese crimen contra los normalistas haya caído por su propio peso y colocado a las fuerzas castrenses como responsables de estos y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.

El Comité, conjuntamente con la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), demandaron que el Estado acepte la búsqueda en los cuarteles militares, porque no es un hecho fortuito ni una concesión benevolente, se trata de un logro basado en una lucha emprendida tanto en el aspecto jurídico como en el político.

Las organizaciones consideraron que el movimiento popular en su conjunto debe mantener en alto las banderas por la exigencia de la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos porque son del pueblo.


De igual manera, destacaron la necesidad de conformar un organismo colectivo o una asociación de familiares en el plano nacional, para romper el miedo del silencio y sacar del anonimato a las miles de víctimas de estos crímenes de Estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

lunes, 9 de febrero de 2015

Con Peña Nieto, 13 desaparecidos al día

Nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años… Dos bases de datos –una elaborada por el gobierno de Felipe Calderón, otra por el de Peña Nieto– arrojan cifras y tendencias estremecedoras sobre los desaparecidos en México. La maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Proceso presentan, con los auspicios de la Fundación Omidyar Network, esta amplia investigación sobre el tema, el cual está en el centro de la agenda nacional y expone la profunda crisis de justicia y derechos humanos que sufre el país.

MÉXICO, D.F: Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración.

Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada cuatro horas con cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos.

Estas son algunas de las cifras que arroja la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) correspondiente al periodo de enero de 2007 a octubre de 2014. Dicha base de datos fue elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) después de “depurar” una previa: la heredada del gobierno de Calderón y en la cual hay 26 mil 569 casos de personas extraviadas o desaparecidas.

Ambas bases de datos –obtenidas por José Merino, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y quien las facilitó para la elaboración de este texto– ofrecen información reveladora sobre un tema que a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha colocado en el centro de la agenda nacional.

El hecho, ocurrido el pasado 26 de septiembre, sacudió a la sociedad mexicana, y entre otras consecuencias ha vuelto a dar visibilidad a la profunda crisis que el país enfrenta en materia de justicia y derechos humanos.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA (REPORTAJE ESPECIAL)

martes, 3 de febrero de 2015

Demandan relator especial por desaparición forzada en México

Ginebra. Organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso mexicano, al cierre de dos jornadas de evaluación a México.

El Comité de la ONU revisó por primera vez a México el lunes y martes sobre el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y emitirá sus conclusiones el 13 de febrero.

Stephanie Brewer, integrante del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, afirmó que las organizaciones civiles han solicitado que haya "una estrategia de seguimiento por parte del comité".

La designación de un relator "no tendría que ser un nombramiento muy formal", pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, explicó Brewer en diálogo con periodistas en un enlace telefónico desde Ginebra a México.

El examen de la ONU estuvo marcado por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en un hecho que involucró a policías municipales y un grupo criminal, aunque el comité abordó el tema de las desapariciones en México en general.

En las sesiones, el relator Luciano Hazan advirtió que las discrepancias entre palabras y hechos son importantes. Los integrantes de comité hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.

Una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México. La delegación oficial mexicana afirmó que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que "todavía debe ser perfeccionado" y requiere de actualización.

"En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay", dijo el subsecretario mexicano de Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, cabeza de la delegación oficial.

"Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente", indicó. "Es algo que hay que corregir sin duda alguna".

El abogado de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, afirmó en Ciudad de México, durante la conferencia de prensa en la que se hizo el enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano "se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada".

Las autoridades mexicanas están "diluyendo su responsabilidad", indicó. Las desapariciones forzadas son una "situación estructural", debido a que se mantiene el "ciclo de impunidad".

Para Brewer, el caso Ayotzinapa "representa una prueba para México ante el mundo" y "se vuelve muy importante la intervención del comité" en un contexto en el que las víctimas desconfían de las autoridades.

La fiscalía de México decidió la semana pasada dar por muertos a los 43, a pesar de que sólo los restos calcinados de uno de ellos fue identificado con pruebas de ADN.

"Tengo esperanza de que el comité de desapariciones forzadas esté de observador a distancia", dijo Hilda Legideño, madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, que viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres.

En la sesión del comité de la ONU, el relator Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a organizaciones no gubernamentales por la valiosa información proporcionada al Comité.

El encuentro generó un interés sin precedentes, señaló por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre y se mostró esperanzado de que el interés en este "grave problema" en México persista.

Durante las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.

Además, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.

"México se toma muy en serio estos ejercicios (de evaluación)", dijo Gómez Robledo en una conferencia de prensa final de cierre. Para México fue "una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional", agregó.

Robledo indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, "y evidentemente, habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento".

FUENTE: LA JORNADA/DPA.

lunes, 2 de febrero de 2015

Chihuahua: mil 500 desapariciones

CHIHUAHUA, Chih: Una representación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) viajó hasta Ginebra, Suiza, para denunciar ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la escalada de violencia que priva en el estado de Chihuahua y que ha dejado más de mil 500 personas desaparecidas, 355 de ellas residentes del municipio de Cuauhtémoc, según cifras reconocidas por la propia Fiscalía General de esa entidad.

Olaya Dozal, maestra que busca a su hija desaparecida en Cuauhtémoc, llevó el siguiente mensaje a la ONU:

“Somos las mamás de Cuauhtémoc, como las mamás de todo Chihuahua y el país, que estamos sufriendo. Son cientos y miles de desaparecidos. Es por humanidad que les pedimos a quien tenga y pueda querer hacer algo, que busquen una solución, porque esto se debe de detener, porque cada día son más personas, cada día es más grande el miedo, cada día tenemos que estar más encerrados en nuestras casas, cada día es más el miedo por nuestros hijos. Estamos en manos de los delincuentes que al mismo tiempo son las autoridades”.


Las mujeres grabaron un video con sus testimonios en los que pintan el desolador panorama que enfrentan en la entidad gobernada por el priista César Duarte Jáquez.



María de Jesús Gutiérrez, quien perdió a dos hijos y un hermano, pide a la ONU su apoyo para que quiten la policía de Cuauhtémoc porque en la mayoría de los casos de desapariciones están involucrados agentes de Tránsito o de la Policía Municipal.

“Yo oí que les estaban diciendo a Pedro (uno de los desaparecidos), que si no iba a trabajar lo iban a traer (…) ‘dijo que el peligro ya está’, de que se fueran a desaparecer, si no entraban a trabajar (…) Yo trabajaba en la fiscalía, ya hace quince días que dejé de trabajar ahí. Vi a uno de los que fueron a ofrecerles trabajo a la fiscalía, ya lo habían traído de ministerial a municipal. Me lo encontré y le dije que qué había pasado con mis hijos, que qué me les habían hecho y agachó la casa, nunca me dijo nada”, señala María de Jesús para evidenciar las pruebas que tienen las autoridades y no han hecho nada”, dice.

María Teresa Almas cuenta que a su hijo se lo llevó un grupo de gente armada que pertenece a la fiscalía y ella misma descubrió y dio esas evidencias a las autoridades, pero no sucedió nada. “Pedí ayuda, fui a la fiscalía y con el gobernador, di santo y seña de esas personas, pero mi hijo no regresa. Lo sigo buscando”.

Rubí Martínez ofrece su historia:

“Mi hermana se quiso suicidar tres veces, es muy doloroso. Cuando estaba él, yo tenía mis calificaciones normales y he bajado mucho en mis calificaciones. Me hacían bullying porque se dieron cuenta que mi papá estaba desaparecido y para mí era una desesperación”.

Y su mamá, Dolores Pérez, explica que las madres debieron asumir de golpe el papel de papás. “Las autoridades no saben el dolor y el trauma. Debemos trabajar doble para que nuestros hijos no dejen los estudios, para que sean alguien en la vida. Sólo pido justicia, no me importa quién se lo llevó (a su esposo), quiero que lo regresen vivo, porque vivo se lo llevaron”.

Para Dámaris y su hermano de 14 años, la desaparición de la hermana mayor en Cuauhtémoc también significó un cambio radical en sus vidas, porque era quien trabajaba para apoyar a su mamá en la manutención de su hogar.

Dámaris cuenta en el video que tuvieron que dejar de estudiar para ayudar a su mamá con los gastos. “Que nos ayuden a buscarla, viva o muerta, sólo queremos sabe que ahí está”.

En el camino de la búsqueda de sus seres queridos, han quedado varias madres de personas desparecidas, como Martha Loya que desapareció en el 2012 por buscar y exigir justicia para su hijo; Artemisa Ibarra, Marisela Escobedo Ortiz y otra madre más del municipio de Guerrero.

El video muestra a abuelas, tías, hermanas, que han quedado frente a las familias destrozadas por la violencia y sin políticas públicas eficientes a las que puedan acceder, por lo que ha mermado su salud, economía y seguridad.

Martha Arana sólo pide que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Cuauhtémoc.

“Por favor, que las autoridades sean sensibles no insensibles, humanas, no inhumanas, que sean personas que sientan el dolor ajeno y que por favor hagan lo que se tenga que hacer, vayamos a donde tengamos que ir, pero que hagan algo por encontrar a las personas que estamos buscando, que en este caso es mi hijo, que estuchen el dolor de una madre que los busca incansablemente”.

Consuelo Prado relata que su esposo desapareció el 1 de abril de 2011 y desde entonces han tenido dificultades económicas y emocionales para sus hijos, “estamos en proceso de aceptación de que mi esposo no está, no sabemos si está vivo o muerto, hay testigos de cuando sucedieron los hechos”.

La familia Muñoz Veleta, a quien le desaparecieron a ocho integrantes en junio de 2011, indica que las autoridades sólo les dicen que iniciarán de nuevo la investigación, sin resultados.

Luisa Veleta, madre de uno de ocho desaparecidos, pide que los encuentren como sea. Ya no le importa si no castigan a los culpables, porque el dolor de no saber dónde está, los está consumiendo.

Al lado de su abuela, Emma Veleta, la niña Blanca Solís Muñoz explica que extraña a su papá y a sus otros siete familiares y pide que los regresen con vida.

“Es muy grande el dolor que estamos viviendo. Quiero que nos los regrese como Dios lo disponga. A mis hijos que todos ellos dejaron a su familia, un hogar vacío, a igual como me han dejado a mí, a donde quiera que ellos estén, los adoro los quiero y quisiera volverlos a ver, para no quedarnos con este dolor tan grande”, dice doña Emma Veleta.

Teodosia Hernández, a quien un agente de vialidad le desapareció a su hijo José Rosario, pide: “Ayúdenos hombre, no nos dejen solos, estamos sufriendo mucho. Apóyenos porque pues cómo va a ser justo”.

La esposa de José Rosario, Antonia Aguilar, explica que ellos hicieron la investigación. Incluso ellos presionaron para que el caso llegara ante un juzgado pero lo dejaron en libertad y posteriormente, ordenaron la detención cuando el agente había huido. Se encuentra prófugo.

El hijo de José Rosario, Alexis Hernández, pide apoyo para los hijos de personas desaparecidas, porque los hijos quieren seguir estudiando y no pueden porque las familias se quedan sin dinero.

“No quiero morirme sin volverlo a ver, así enferma como estoy, pero ando luchando por él. Que Dios me permita volverlo a ver antes de morirme, porque no quiero morirme sin volverlo a ver”.

Al hijo de Norma Villarreal se lo llevaron con otras seis personas de un centro de rehabilitación, también en 2011 y sólo dos familias los buscan porque hay mucho miedo para denunciar los casos.

“Él tenía amenazas de un policía municipal, hasta mi casa fue. Yo presencié ese caso, hasta la casa de mi madre fue en Cuauhtémoc. Le dijo que vivo o muerto se lo iba a llevar. Yo quisiera que hicieran justicia, Cuauhtémoc es un volcán, se come a la gente y no la encontramos ni viva ni muerta. Dejó dos niños chiquitos que a veces no tienen ni para comer, una de mis hermanas está muy mal, mi madre, y así estamos todas las madres que han perdido hijos”, relata Tania Gutiérrez.

María Luisa Gutiérrez informa que el 9 de febrero de 2013 desaparecieron a diez trabajadores de una mina, en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara y no los han localizado.

Como parte de la problemática de desaparición forzada, 11 integrantes de la familia Alvarado, del municipio de Buenaventura, tuvieron que pedir asilo político en Estados Unidos, donde se encuentran en espera de la resolución.

Sin políticas públicas ni voluntad

Las víctimas de desaparición en la entidad se han vuelto invisibles, principalmente las mujeres, las más vulnerables. “En los pueblo somos obligadas a convivir con grupos obligados, con policías y militares, presas del terror, a caminar bajo mirada dominante de los hombres, con sus armas listas para disparar, allanar cualquier hogar para llevarse a hijos como botín de guerra”, expone el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

En su opinión, “las autoridades no hacen cruce de la información genética con ADN que les proporcionan con cuerpos de gente no identificada del país”.

Además, añade que las familias hacen investigación, que hay decenas de fosas con restos humanos sin investigar, que no hay protocolos de búsqueda, y que no hay diligencias para buscarlos vivos ni muertos.


En cuanto a los niños, Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm, advirtió que el Fondo de Atención a Víctimas de la Violencia (Fanvi), sólo contempla apoyo para algunos casos de hijos de personas asesinadas, no de desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).

viernes, 23 de enero de 2015

Autoridades tardaron 11 días en identificar la cámara de video del lugar donde desapareció Moisés Sánchez

Tras tener acceso al expediente de la investigación del caso de Moisés Sánchez, Artículo 19 denuncia que existen numerosos elementos para sostener que, contrario a las afirmaciones de la procuraduría veracruzana, nadie en Veracruz llevó a cabo “una búsqueda inmediata” del periodista desaparecido.

Las autoridades del gobierno de Veracruz encargadas de la investigación del caso de Moisés Sánchez tardaron 11 días en identificar una cámara de video del C4, ubicada en un punto de acceso y salida principal que conecta Veracruz con el municipio de Medellín de Bravo, donde un grupo armado sustrajo a la fuerza al director del semanario La Unión el pasado 2 de enero.

Así lo revela la organización civil Artículo 19 luego de tener acceso al expediente de la investigación como asesores legales de la familia del comunicador. En ese expediente, el equipo legal de la organización defensora de la libertad de expresión expone que existen muchos otros elementos para sostener que, contrario a las afirmaciones de la procuraduría veracruzana, nadie en Veracruz llevó a cabo “una búsqueda inmediata” de Moisés Sánchez.

Estos son los elementos:

11 días después, autoridades no tenían conocimiento de una cámara de video cercana al lugar de los hecho

En el expediente hay una solicitud por parte de las autoridades para revisar una cámara de video, aunque Artículo 19 denuncia que el hijo del comunicador ya había señalado a la PGJ estatal la ubicación de otra cámara del C4 que se encuentra en un punto de acceso y salida principal de Medellín. Sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta el contenido de esta cámara hasta 11 días después.

“Nos dijeron que no la habían solicitado porque no tenían conocimiento de esa cámara -apunta Artículo 19-. Es decir, fue el hijo de la víctima quien les tuvo que señalar que en ese lugar hay una cámara que puede dar información importante. Y esto fue el día 13. Esto es, 11 días después de los hechos”.

Por ahora, nadie de la familia del comunicador conoce el contenido de la cámara.

Policías municipales no recibieron orden de búsqueda 

De acuerdo con la declaración de los policías municipales registrada en el expediente, ninguna autoridad les ordenó buscar al periodista, a pesar de que la familia denunció la desaparición de éste el mismo día en que fue sustraído. En su declaración, los uniformados refieren que tuvieron conocimiento de los hechos hasta tres días después, pero insisten en que en ningún momento se les instruyó u ordenó la búsqueda de Moisés.

Incluso, el juez que otorga el arraigo para los 13 policías municipales argumenta que hubo una omisión y una ausencia de mando.

“Es necesario también recordar que la SCJN ha reiterado que las pruebas obtenidas durante el arraigo de personas otorgado a nivel estatal, es ilícito. Es decir, carece de legalidad y no funge como elemento probatorio en las investigaciones”, apunta Artículo 19.

No hay pruebas periciales ni protocolos de búsqueda

En el expediente no se informa sobre cuáles son las pruebas periciales realizadas que lleven al esclarecimiento de los hechos. Tampoco se informa sobre los operativos y esquemas de búsqueda del periodista, ni cuáles son las áreas o zonas geográficas que se han recorrido para identificar la ruta de escape del grupo armado que se lo llevó. Además, sólo hay una línea de investigación que apunta a una mala relación entre Moisés y el alcalde como posible motivo de la desaparición del periodista.

“Preguntamos quiénes están apoyando la investigación. Es decir, si son policías ministeriales, agentes de la secretaría de seguridad pública, etcétera. Y nos respondieron que necesitan tener información para saber por dónde empezar a buscar”, indica el equipo legal de la organización civil.

“Entonces, estar esperando a que alguien declare algo para dar con el paradero de Moisés, no responde a sus obligaciones de búsqueda inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. Nosotros creemos que la búsqueda debería ser muy amplia en términos geográficos, de testigos, de declaraciones, de pruebas periciales, y no sólo ceñirse a ver qué dice alguna persona o los policías detenidos, que hasta el momento en que consultamos el expediente, era la única línea de investigación que estaban siguiendo”, añade Artículo 19, que además denuncia que la familia de Moisés no está recibiendo ningún tipo de información sobre los avances de las pesquisas por parte de la autoridad estatal.

Ninguna autoridad responde a los oficios de búsqueda

En casos de desaparición, las procuradurías tienen protocolos y lineamientos específicos para iniciar la búsqueda. Entre esos protocolos se incluye la emisión de oficios que son enviados a las diferentes autoridades (secretarías de seguridad pública, hospitales, transportes, centros de reclusión, etcétera), las cuales deben responder en 24 horas.

En el expediente de Moisés Sánchez sí están los oficios, pero no se informa sobre el seguimiento que se tuvo que hacer de éstos, ni tampoco incluye las respuestas de las autoridades señalando que, efectivamente, los recibieron.

“Es decir –concluye el equipo legal-, en el expediente se ve que tras la desaparición de Moisés sí hay una actuación de trámite, inicial, pero no hay un seguimiento puntual y efectivo de esos protocolos de búsqueda”.

Autoridades se guían por dichos de informantes

De acuerdo con Jorge Sánchez, el procurador de Veracruz le dijo que las autoridades cuentan con un informante que puede aportar datos sobre la línea de investigación que apunta a una mala relación entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín de Bravo como posible móvil de la desaparición del periodista. Algo que Artículo 19 considera como “muy preocupante”.

“Nos parece que la actuación del procurador es muy preocupante, porque el hecho de decirle a Jorge que hay un informante y no presentarlo a declarar, habla de que el mismo procurador se está guiando por dichos que además no se están integrando como parte de la investigación”, refiere la abogada.

Errores de forma en la integración del expediente

En el expediente también hay errores graves en la integración del documento. Por ejemplo, las hojas no están numeradas.

“Cada hoja del expediente debe tener un número, un rótulo y un sello –detallan los abogados de la organización civil-. De lo contrario, se podría fabricar o agregar diligencias al expediente, o quitarlas. Simplemente se alteran e incluyen oficios sin ejecutarlos. Nosotros no afirmamos que lo estén modificando –recalcan-, pero el hecho de no cumplir con las cuestiones formales en la integración del expediente, puede prestarse a que esto suceda”.

Inspeccionan taxi de Moisés días después

Artículo 19 refiere que algunas de las pruebas que pudieron haber servido a las autoridades para ampliar las líneas de investigación, o para descartar hipótesis, se han perdido.


“El taxi que manejaba Moisés era de otro propietario, y en lugar de hacer una inspección o un peritaje del vehículo en el momento de la desaparición, permitieron que el propietario se lo llevara sin realizar un peritaje. Se lo requieren al dueño, pero éste se lo lleva y hasta unos días después lo inspeccionaron”, apuntan los abogados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

jueves, 22 de enero de 2015

Exige Reporteros Sin Fronteras intensificar búsqueda de Moisés Sánchez

MÉXICO, D.F: La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró hoy su “preocupación” ante la ausencia de cooperación entre las autoridades federales y veracruzanas para encontrar “sano y salvo” al periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, al que levantó un comando el viernes 2 en el municipio de Medellín de Bravo.

La responsable de la oficina de la organización en las Américas, Claire San Filippo, urgió a las autoridades, entre ellas la Fiscalía Especial en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a “explorar más a profundidad la pista profesional y la posible implicación del crimen organizado en esta desaparición, en colaboración o no con autoridades locales”.

RSF recordó que en un primer momento “las autoridades locales” –en realidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa– desvincularon la desaparición forzada con la labor periodística de Moisés Sánchez, con el argumento de que no era periodista sino taxista, “ya que sólo publicaba en las redes sociales”.

También deploró que las autoridades veracruzanas se tardaron más de cuatro horas antes de iniciar los operativos de búsqueda, a pesar de que los familiares del desaparecido dieron aviso apenas 40 minutos después de que el grupo armado se llevara a Moisés Sánchez.

En entrevista con Aristegui Noticias ayer, el director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, aseveró que la PGJE no entregó información sobre la búsqueda del comunicador, por lo que, aseveró, “nos lleva a decir que no hay investigación y que no están buscando a Moisés Sánchez”.

RSF también recordó que Veracruz es “uno de los estados más peligrosos para los periodistas”, cuya incidencia de criminalidad resulta “alarmante” debido a “la convergencia de distintos tráficos”.


“Varios profesionales de los medios afirmaron haber sido vigilados, acosados y amenazados por publicar en redes sociales informaciones relativas a la inseguridad”, planteó RSF, para luego añadir que “las autoridades (veracruzanas) tratan de ocultar la realidad de la violencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

lunes, 19 de enero de 2015

Examinan cuatro cuerpos y ninguno corresponde al reportero Moisés Sánchez

XALAPA, Ver: A casi tres semanas de haber sido secuestrado por un comando en su domicilio de Medellín de Bravo, el reportero de La Unión y activista vecinal Moisés Sánchez Cerezo no ha sido localizado.

Pese a que el fiscal general del estado Luis Ángel Bravo admitió que ya se han examinado cuatro cadáveres hallados en la región donde Sánchez Cerezo fue levantado el viernes 2, las pruebas periciales, de genética y la propia auscultación física y el reconocimiento de los familiares del reportero han resultado negativas.

“Les hemos hecho exámenes de ADN, físicos y genéticos, e incluso el propio hijo de Moisés Sánchez (José Sánchez Ordóñez) ha visto los cuerpos y no ha reconocido que alguno corresponda al de su padre”.

Bravo Contreras aseguró que elementos de la Secretaría de Marina, Fuerza Civil –cuerpo de élite de la Policía Estatal Acreditable– y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya extendieron el cerco de localización del activista a los municipios de Soledad de Doblado, Jamapa, Cotaxtla, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y más municipios.

El fiscal Luis Ángel Bravo dijo que, hasta el momento, “la única línea fuente de investigación” son los conflictos del alcalde panista Omar Cruz Reyes con Moisés Sánchez: “Dicho por los familiares del periodista, no por el gobierno del estado; es en esa línea de investigación en la que hay pruebas y videos”.

En una mesa de trabajo con periodistas de Xalapa, quienes han protestado en seis ocasiones para exigir al gobierno de Javier Duarte la localización de Moisés Sánchez y el deslinde de responsabilidades, Bravo Contreras se hizo acompañar del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, para garantizar que día con día hay un “bitácora de trabajo” en donde policías ministeriales y de SSP dan a conocer el avance de la indagatoria, documento que se mantiene en secrecía “para no entorpecer las investigaciones” por parte de la autoridad estatal.

En la búsqueda del comunicador, hasta el momento sin resultados, Bravo Contreras admitió que el caso no ha sido del todo atraído por la PGR, que hasta el momento “sólo coadyuva”.

Además explicó que en tanto no se demuestren indicios de delincuencia organizada, no se podrá dar una total atracción por parte de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR.

En el encuentro, Gerardo Buganza y el propio Luis Ángel Bravo fueron increpados por los reporteros de Xalapa por los homicidios de Regina Martínez (corresponsal de Proceso), Gregorio Goyo Jiménez (Liberal del Sur y Notisur), Víctor Manuel Baez Chino y Miguel Ángel López Velasco, entre otros.

Estos casos, fustigaron los comunicadores, fueron resueltos “a medias” por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El fotoperiodista Rubén Espinosa señaló que entre el gremio se percibe una estela de impunidad y de “total desconfianza” hacia las instituciones, quienes a casi tres años del homicidio de Regina Martínez no han podido dar con el paradero del primer indiciado, José Adrián Hernández, El Jarocho.

Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz, exigió a la FGE detallar “caso por caso” e impulsar la atracción de la PGR en homicidios y desapariciones de reporteros, pues recordó que en lo que va de este sexenio diez comunicadores han sido asesinados y cuatro se encuentran desaparecidos.

También recriminó que en varios casos de agresiones a medios de comunicación o reporteros, incluyendo el de Moisés Sánchez, el gobierno de Duarte trata de “minimizar” la labor profesional de la víctima: “Sí sería muy puntual que ustedes nos reconozcan, y ¿sí ven a Moisés como reportero o no?”, soltó la reportera.

Al concluir la mesa de trabajo, los inconformes también exigieron al secretario de Gobierno, el expanista Gerardo Buganza, frenar el hostigamiento de los “espías” y “orejas” de la dependencia que encabeza, así como de la Subsecretaría de Gobierno, que día con día se dedican a fotografiar, videograbar y tomar datos de los reporteros durante manifestaciones, actos políticos o gubernamentales.


Asimismo, solicitaron a Buganza su intervención para que la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) deje de financiar “oficinas alternas de prensa”, en donde constantemente se emiten correos anónimos dirigidos a políticos, empresarios y medios para desprestigiar o distorsionar la labor de reporteros independientes y no afines al gobierno priista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.