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El infame caso de Marco Antonio y la descomposición política

El caso del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores es resultado de la descomposición moral del sistema político y social del México contemporáneo. Se vive en el país lo que Arnold Toynbee en su Estudio de la Historia calificaba como cisma en el cuerpo y el alma de las sociedades en descomposición.

Una manifestación de tal cisma es el ir a la deriva, sin dirección, sin rumbo que conduzca a la sana convivencia, a la acción social conforme a las virtudes cívicas.

Dirigir es poner delante de un pueblo ideas teñidas de valor para impedir el empuje avasallante de los factores disolventes, tal como lo describe Max Scheller en Sociología del Saber. Hoy se ponen delante estultas propagandas de nulidades políticas salidas de ambientes putrefactos para corresponder a la abyección de tantos, para ocultar el drama del caos social.

La descomposición

El sexenio de Enrique Peña Nieto parece haber terminado dos años antes de su final. La demagogia del presidente se desvanece a la par de su protagonista. Carente de autoridad y credibilidad, el mandatario se evidencia políticamente acabado. Ya no se le respeta ni se le cree. El rechazo social a su fallido gobierno –incapaz, corrupto y mendaz– es casi unánime. Acaso el único poder que conserva sea el del aparato represivo del Estado y el de influir en la nominación del candidato de su partido para sucederlo en 2018. Además, claro, del poder para moler a México.

El desprestigio acumulado de la actual administración ha hecho explotar la ira ciudadana en redes sociales, calles y carreteras de todo el país tras el gasolinazo. El mandatario remató el agravio con un desafortunado mensaje de año nuevo dedicado a justificar su decisión mediante argumentos falaces y medias verdades, utilizando el lenguaje corporal de un autómata.

Atribuyó la medida al aumento internacional del precio del combustible, pero omitió mencionar que siendo productor de petróleo México importa toda la gasolina que consume debido a la ineficacia y corrupción en Pemex. Mintió al decir que “el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por ese incremento”, ocultando la grave crisis en que se encuentran las finanzas públicas del país, verdadero origen del alza. Mañosamente presentó la disyuntiva de suprimir el subsidio a la gasolina o eliminar cuatro meses de servicios del Seguro Social, dos años del programa Prospera o tres años del Seguro Popular, habiendo cancelado antes más de 9 mil millones de pesos en programas de Sedesol (Proceso 2097).

Al igual que los discursos vacuos del mandatario, la puesta en escena llamada Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía de la Familia fue recibida como una afrenta más, como otro engaño. A la usanza del priismo decrépito, los genios de la comunicación gubernamental improvisaron esa farsa con el ingenuo propósito de paliar la indignación nacional a base de generalidades y lugares comunes. Ninguna solución concreta del gobierno ni de sus comparsas, los representantes obreros, campesinos y empresariales. Corporativismo trasnochado e inútil.

El regalo presidencial de año nuevo causará una incontenible inflación, a pesar de la vana promesa de “evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea pretexto para incrementos injustificados en otros productos o servicios”. Como siempre, los más afectados serán los sectores menos favorecidos de la población, incluida la depauperada clase media.

El hartazgo alcanza niveles de alto riesgo. La indignación ciudadana es resultado no sólo de la suspensión del subsidio al combustible sino de la impudicia política desbordada. El derroche de la casta política, salarios y prestaciones desmedidos para la alta burocracia, la falta de transparencia en el gasto de los gobernadores, el endeudamiento sin control, el desfalco del erario, la falta de crecimiento económico y, sobre todo, la corrupción e impunidad reinantes son las marcas intolerables e imborrables del peñanietismo. Si a ello agregamos el aumento de la violencia, no es remoto que al México bronco se sume el México hastiado. Los saqueos, organizados o no, prefiguran el caos.

En medio de esa situación crítica en los ámbitos político, económico y social, México se enfrenta frágil a la amenaza de Donald Trump. Aun antes de su toma de posesión, que será el viernes 20, los embates del nuevo mandatario estadunidense ya han tenido efectos desastrosos sobre la paridad monetaria, la confianza de los inversionistas y la industria automotriz. El magnate fascistoide ha reiterado que la construcción del muro fronterizo será pagada por México, directamente o a través de impuestos, pues será un elemento esencial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “México se ha aprovechado de Estados Unidos y eso ya no ocurrirá”, amenazó Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, el miércoles 11.

En ese contexto poco esperanzador resalta el nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores para encabezar la defensa de la dignidad y la soberanía nacionales, los derechos de los migrantes, así como la economía del país. La supuesta cercanía del canciller Videgaray con el yerno y asesor de Trump Jared Kushner no garantiza una rectificación de la política del déspota hacia su vecino del sur. Por el contrario, el temor es que se incremente la sumisión del gobierno mexicano ante el desprecio del imperio. La docilidad expresada por Peña Nieto ante el candidato Trump durante la visita organizada por el aprendiz de diplomático, hoy a cargo de la política exterior del país, no es un buen precedente.

La primera prueba será ver cuál posición prevalece, la de Trump –de que México pagará el muro– o la de Peña Nieto –que lo niega. El cuadragésimo quinto presidente de la máxima potencia mundial parece decidido a imponer, no a negociar, en todos los temas de la compleja agenda bilateral: deportación de indocumentados, tráfico de armas y drogas, comercio, integración productiva. Especialmente sensible para México es el envío de las remesas, que podría ser gravado como medida de presión.

El panorama es sombrío. Concebir el poder como fuente de enriquecimiento personal tiene un alto costo para el país y también para los gobernantes, quienes a cambio de su codicia reciben el desprecio de sus gobernados. Peña Nieto llegó al poder gracias a la complicidad tramposa de las televisoras y burlando la Constitución. Su gestión ha sido la continuación de ese desdén por el estado de derecho, anteponiendo sus intereses particulares a la responsabilidad de gobernar con eficacia y honradez. Faltan dos años. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante la descomposición irrefrenable de su gobierno, señor presidente?





Fuente: Proceso
Autor: Héctor Tajonar
http://www.proceso.com.mx/470789/la-descomposicion-2

Morelos se hunde en la descomposición

La violenta degradación de las condiciones sociales, políticas y de seguridad de Morelos estalló el sábado 2 con el asesinato de la presidenta municipal de Temixco. Esa descomposición, señalan analistas, viene de hace mucho tiempo. La dejaron llegar y hasta la alimentaron los mandatarios estatales, desde Jorge Carrillo Olea hasta los panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame. Pero todos los testimonios coinciden en que el actual gobernador ha sido el más omiso frente a la tragedia morelense.

CUERNAVACA, Mor: Cuando Graco Ramírez tomó posesión del gobierno de Morelos, en 2012, afirmó que en 18 meses controlaría la situación de violencia y descomposición social que azota a la entidad desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea. Hoy, sin embargo, aquí se vive una severa crisis política, social y de seguridad que se agravó el sábado 2, cuando la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio por un comando de sicarios, apenas un día después de haber asumido el cargo.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Las Brisas, en Cuernavaca, Morelos se convirtió en una plaza que se disputan Los Rojos y Guerreros Unidos, grupos criminales que ahora controlan 14 de los 33 municipios de la entidad.

El gobierno de Graco Ramírez tiene la información de que el crimen organizado ha presionado a los 14 alcaldes para controlarlos. Lo que quieren, dice en entrevista el comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, son tres cosas: rechazar el mando único e imponer a quien comande a las policías municipales, acaparar la obra pública y que les den 10% del presupuesto otorgado.

Los 14 municipios en estado de alerta para el gobierno morelense son los que están en el sur, colindantes con Guerrero y controlados por Los Rojos; además de la capital, Cuernavaca, y el municipio de Emiliano Zapata que dominan los Guerreros Unidos, más Temixco, donde ambos bandos se disputan el control.


(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2045, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425749

Cultura corrupta

El debilitamiento del estado y la descomposición en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que comunidades completas intenten hacer justicia de propia mano, considera el abogado y defensor de derechos humanos Raúl Rodríguez Guillén.

La principal causa de los linchamientos en México es la ausencia del estado como entidad rectora para la impartición de justicia. Si bien es cierto que México no repunta entre los países en donde el mayor número de linchamientos se dan, sí es cierto que es uno de los primeros del mundo en donde la impunidad cobija a los linchadores, dijo en entrevista con Reporte Indigo el abogado Raúl Rodríguez Guillén, defensor de derechos humanos y principal autoridad en el tema del estudio del linchamiento.

Sumado al debilitamiento del estado, el especialista estimó que también la corrupción en las esferas de gobierno contribuyen de forma importante para que los sucesos, en donde comunidades completas intentan hacer justicia de propia mano, sigan a la alza, evidenciando el estado de descomposición social. 

El experto aseguró que en nuestro país, a causa de la corrupción reinante, el estado ha dejado de lado su función rectora para la impartición de justicia. “Pero lo más lamentable es que en la mayoría de los linchamientos, los perpetradores no son perseguidos, como no se persiguen la mayoría de los delitos”.

De acuerdo a lo plasmado en el estudio ‘El Linchamiento en México’, de Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Ávila, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en nuestro país, de 1988 al 2014, se han registrado por lo menos 336 muertes por linchamiento. El factor común ha sido la ausencia del estado para atender reclamos de justicia de grupos sociales.

Un recuento de lo publicado en la mayoría de los medios locales de comunicación apunta que solo en lo que va de este año se han registrado 24 linchamientos, en tanto que al menos 49 quedaron solo en el intento. La mayor parte de esos linchamientos e intentos de ejecución colectiva se concentran en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 

Solo en los estados de Colima, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí no se han registrado eventos de linchamiento en lo que va de este año. La entidad que mayor cantidad de linchamientos consumados ha registrado hasta la semana pasada es Puebla, en donde las ejecuciones públicas, sangrientas y masivas son consideradas con aspectos culturales e idiosincráticos.

La cultura del linchamiento en algunas entidades, como Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, no solo es vista como un fenómeno cultural, sino que es tolerada por las instancias procuradoras de justicia, las que hacen poco o nada para dar con la detención y procesamiento judicial de los participantes en esos eventos, dijo el investigador Oaxaqueño, Nicolás Hernández.

No por nada, así lo revela la información de las procuradurías de justicia de Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, menos del dos por ciento de los que intervienen en linchamientos son sometidos a procesos penales. En Chiapas, en donde en los últimos tres años se han registrado 11 linchamientos, solo hay una persona procesada por ese delito. En Oaxaca, con ocho linchamientos en dos años, solo se tienen procesados a dos detenidos. En tanto que en el Estado de México, con 19 linchamientos en 18 meses, solo hay seis procesados por ese delito.

De acuerdo a lo expresado por el abogado Raúl Rodríguez Guillen, la impunidad que se le ha otorgado a este delito, ha hecho que la figura de la justicia comunitaria -fincada en usos y costumbres, con métodos punitivos conciliadores- se tergiverse, para derivar en eventos de barbarie colectiva tolerados por el estado.

Es otra forma de autodefensa

Para el investigador y promotor de los derechos humanos en Puebla, Mirsha Herfer, los linchamientos, no es otra cosa que una forma de autodefensa. “Es la respuesta de la población, la que cansada de no ser escuchada por la autoridad en sus reclamos de justicia, decide hacer justicia por su propia mano”.

Las revueltas de linchamientos –explicó Herfer- son iguales que los movimientos de autodefensa, solo que no hay armas de grueso calibre de por medio, pero la intención es la misma: asumir el papel del estado en la impartición de justicia. Todo porque el estado ha quedado rebasado, a veces a causa de la corrupción.

Mirsha Herfer coincidió con el abogado Raúl Rodríguez Guillén, al considerar que las lonas colocadas en cientos de colonias populares, en donde los vecinos organizados anuncian el linchamiento de los ladrones que sean sorprendidos en sus inmediaciones, son una clara advertencia de la justicia por propia mano, tanto para los ladrones como para el mismo estado, que se manifiesta apacible ante esa intención.

Raúl Rodríguez Guillén, dijo que en el caso de los linchamientos el estado no solo es responsable por su omisión antes y durante los sucesos, o por la impunidad otorgada después de alguno de esos eventos, sino porque propicia a veces los linchamientos, “sobre todo cuando permite la presencia de agentes encubiertos para sus investigaciones”. Eso hace que comunidades completas se sientan agredidas y se mantengan en alerta. 

En Michoacán, aun cuando no se registran como linchamiento los grupos de autodefensa que se mantienen armados –reconoció un funcionario de la Secretaría de gobierno del estado-, en lo que va de este año también se han registrado ejecución por mano propia, encabezadas por grupos sociales apoyados por lo civiles armados.

De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de gobierno del estado, los grupos de autodefensas de Michoacán, sin recurrir a la escenificación de movilizaciones sociales en plazas públicas o a la escenificación de protestas colectivas, han realizado más de 20 ejecuciones por mano propia en lo que va del 2015. En la totalidad de esos casos la Procuraduría de justicia solo ha integrado las averiguaciones previas correspondientes, sin ahondar en el proceso de investigación para la detención de los responsables.


El robo y el PRI, lo que más enardece

La estadística nacional de linchamientos con la que México cerrará el presente año será récord. La sola cifra preliminar que se lleva a la fecha de 24 homicidios colectivos y 49 intentos de ejecución pública ya supera las estadísticas del 2014. El mayor número de linchamientos se ha registrado en comunidades municipales gobernadas por el PRI.

A ese dato se le debe agregar que el mayor número de homicidios resultados de la colérica turba fueron ejecutados por la masa a causa del delito del robo. El 78 por ciento de los ejecutados en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, fueron personas sorprendidas en el acto del robo. Después, siguen las estadísticas de los medios locales de esas entidades, fue el secuestro y la violación.

La forma preferida de la turba, para hacer justicia por su propia mano, es la horca. El 84 por ciento de los linchados en este año han muerto a mano de sus captores colgados de un árbol o poste frente a la plaza principal, para demostrar a la autoridad el poder de las masas. Otros métodos utilizados para las ejecuciones públicas son la lapidación, la laceración y la incineración, respectivamente.

En suma, en los estados de Puebla, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, en donde se concentra el mayor número de personas linchadas e intentos de linchamiento, solo hay 12 personas sometidas a proceso penal por su probable participación. En Michoacán no hay un solo procesado pese a la existencia de 20 posibles linchamientos.

Para el abogado Manuel Fuentes Muñiz, defensor de derechos humanos, la falta de procesamiento de los involucrados en linchamientos también es una debilidad clara del estado. “No hay policía que responda de inmediato ni número suficiente (de policías) para enfrentar casos eventuales”.


Los ministerios públicos solo levantan actas, más no realizan investigaciones que permitan la detención de los que asumieron el papel del estado en la impartición de justicia, ello motiva estos actos graves y que deben ser castigados.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Matanzas en México, descomposición social y negligencia en derechos humanos: Perseo Quiroz

"Estamos en un momento de crisis de derechos humanos", señaló por su parte Edgar Cortez.

Ante las recientes matanzas en Apatzingán, Tlatlaya y los hechos ocurridos en Ecuandureo, Michoacán, “tenemos que tener una reflexión de que estos casos que están sucediendo… se dan en un contexto de descomposición social, en un contexto de mucha negligencia respecto a tema de derechos humanos, no solamente en este gobierno, sino a lo largo de varios sexenios”, señaló Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los casos ya mencionados “se dan en un contexto en donde se ha privilegiado una política de mano dura, donde se han dejado los derechos humanos de lado, pero sobre todo en un contexto donde no hay un costo político para las violaciones a derechos humanos, donde los ciudadanos hemos ido poco a poco normalizando estos hechos violentos, ha dejado de ser noticia que haya una masacre, que haya otros muertos más”.

“En cualquier otro país democrático cualquier acontecimiento donde hayan muerto 42 civiles, merece una investigación por sí misma. Aquí todavía estamos debatiendo si lo investigamos o no lo investigamos”, refirió.

Además, indicó que como sociedad tenemos que “estar más pendiente de esto y ejercer mucho más nuestros derechos en este sentido”.

Por su parte Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que “vale la pena detenernos y ponerlos en perspectiva, estos casos de las masacres, en Tanhuato-Ecuandureo, Apatzingán, y Tlatlaya donde lo que tenemos es un número muy elevado de víctimas civiles, presuntamente delincuentes pero en realidad es difícil saberlo, frente a un número mínimo de bajas de policías o fuerzas armadas”.

Hay que recordar “que tenemos prácticamente veinte años que las fuerzas armadas entraron a labores de seguridad pública, en 1996 arrancó el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Eso significa que salieron a las calles y entraron a esta interacción con la sociedad”.

“En tercer lugar, tenemos estos casos ahora pero no son los únicos, un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2011 presentaron un informe, lo que llamaron el índice de letalidad, y midieron, hicieron un registro”.

“Un recuento que entre enero de 2008 hasta mayo de 2011, registraron 234 casos de confrontación entre fuerzas armadas y civiles. Hicieron toda una estadística para medir cuántos muertos y heridos había del grupo de fuerzas armadas, policía, Marina o Ejército,  y  cuántos de los presuntos delincuentes, es un elemento importante porque es una versión objetiva”, indicó.

Explicó que “planteaban que de esa medición, de esos enfrentamientos en donde había habido participación de Policía Federal, por cada policía muerto había 1.4 presuntos delincuentes muertos. En el caso del Ejército subía, por cada soldado, 13.5 delincuentes, y en el caso de la Marina se iba por cada uno, a 34.5 delincuentes”.

“Es importante porque lo que estamos viendo es que hay una base objetiva para plantear la hipótesis de lo que ha pasado en estos casos”, recalcó.


“Frente a una crisis tienes dos posibilidades: una es resignarte y decir no hay remedio, la otra es tratar de convertirlo en una oportunidad, en una exigencia permanente de fin a la impunidad, de investigación, de efectividad de las instituciones y de construir un costo realmente de lo que está pasando en materia de derechos humanos. Pero siendo muy conscientes de que ese costo sólo se va a construir por el trabajo y la exigencia permanente de la ciudadanía”, finalizó.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.