Ciudad de México. Un marinero con VIH interpuso una nueva demanda contra la Secretaría de Marina (Semar), para exigir que el Estado asuma su responsabilidad y repare el daño causado a su persona tras sufrir discriminación.
El implicado entró como camillero del Cuartel General en 1999 pero fue hasta 2002, cuando fue diagnosticado de esa enfermedad y fue por esa razón que le notificaron su baja inmediata de la dependencia.
“Me dijeron que era seropositivo y ya no podía trabajar ahí”, expuso la víctima quien pidió el anonimato. Además, le retiraron toda prestación médica porque tenía menos de cinco años de servicio.
Posteriormente, el marino asesorado por el abogado Pedro Morales Aché de la consultoría Médico Legal, Medilex, inició un peregrinaje jurídico sin fin, que continúa hasta la fecha, por oficinas, juzgados y tribunales donde ha presentado todos los recursos en su defensa.
Su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2011, luego de nueve años de litigio y de interponer varios escritos de inconformidad, de solicitar cuatro demandas de amparos y de presentar dos recursos de revisión de sentencias judiciales favorables que determinaron la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
La Corte ordenó la inmediata reinstalación del marinero y resolvió a su favor para que le pagaran los salarios caídos, así como su nueva afiliación médica.
Sin embargo, la víctima tuvo que trabajar en restaurantes, cuidar a personas de la tercera edad o desempeñar varios oficios.
Al presentarte de nuevo en la Marina, ingresó directo al Hospital General Naval debido al deterioro de su salud y ya no fue reinstalado como camillero, donde hacía trabajos de rehabilitación, sino que fue asignado al almacén del Centro Médico Naval para realizar labores administrativas.
Pero el hostigamiento no paró ahí. Al año de su reingreso en la Marina, se le inició un nuevo procedimiento de baja que no prosperó gracias a un recurso de inconformidad. Desde entonces lo han mantenido “rebajado” a fuerza de expedirle certificados de incapacidad temporal que le han impedido incorporarse de lleno al servicio activo. “Yo sigo ‘rebajado’, trabajando sí me tienen, pero yo no hago instrucción ni hago guardias en la perimetral, me la paso todo el tiempo en el almacén”, afirma un tanto contrariado.
Además, su condición de seropositividad al VIH se difundió por todos lados. En la peluquería, por ejemplo, la cabo encargada “le anduvo diciendo a todo mundo que yo tenía VIH, que cómo me atrevía a cortarme el pelo ahí. Y luego ya nadie se quería cortar el pelo en ese lugar”. Sus aspiraciones de ascenso también se frustraron, cuando se decidió a participar en las promociones, fue notificado de que estaba excluido por estar “clasificado”.
Ahora, sin justificación alguna, se niegan a renovarle su credencial que lo acredita como elemento activo de la Armada Mexicana, y por ello sus padres han resultado también afectados, pues ya no pueden continuar con la atención médica que recibían. “Ha sido un caso de discriminación reiterada en el tiempo. Hace seis meses que demandamos para que le dieran su credencial y en lugar de ello lo que hacen es hacerlo firmar un contrato laboral pero nada más por seis meses”, con toda la intención de no renovárselo y poder darlo de baja, relata el abogado Pedro Morales.
Es por todo ese daño acumulado, sufrido en su dignidad personal, en su integridad psicológica, emocional y física por lo que él y su abogado han demandado de nuevo a través de un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, pidiendo la reparación del daño causado con motivo de toda la discriminación de la que ha sido objeto, y que afectó irremediablemente su proyecto de vida. “La impresión que tenemos es que ellos van a hacer lo imposible por darlo de baja”, sostiene Morales Aché, abogado litigante quien ha logrado ganar en los tribunales decenas de casos de militares dados de baja por tener VIH. La decisión ahora está en manos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que está próximo a emitir su fallo.
Fuente: La Jornada
Autor: Alejandro Brito
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