Después de siete meses de permanecer refugiados en Guatemala, más de 400 campesinos mexicanos decidieron regresar a sus comunidades en el municipio de Amatenango de la Frontera, localidad que abandonaron por la violencia provocada por los cárteles del narcotráfico que se disputan a balazos el territorio.

Delmi Elizabeth Chávez Roblero, directora distrital del Ministerio de Educación en el departamento de Huehuetenango Guatemala, confirmó que las familias chiapanecas dejaron la comunidad Ampliación Nuevo Reforma, donde vivieron desde el mes de julio pasado, cuando hombres armados irrumpieron en su comunidad y tuvieron que desplazarse forzadamente.

Unos 600 migrantes guerrerenses y michoacanos en Estados Unidos, víctimas de desplazamiento forzado interno, están en riesgo de ser asesinados en caso de ser deportados, alertó el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos). 

El Estado mexicano, agrega el organismo, no cuenta con un marco jurídico que evite o atienda el desplazamiento forzado, el retorno y la reparación integral del daño.

Como cientos de familias de diferentes rancherías, habitantes de El Pinito han dejado sus comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, en busca de su seguridad y para pedir ayuda a los autoridades. En su mayoría son hablantes de la lengua ódami, lo que representa un doble esfuerzo adaptarse a otra cultura o para que sus inquietudes y problemas sean escuchados, así como la exigencia de seguridad y tranquilidad en su tierra.

A pesar de la violencia armada que esta semana ha desplazado a cientos de familias en las comunidades de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, “representantes de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno niegan la existencia de este delito, puesto que ‘no hay denuncias penales’ y ‘no hay amenazas directas’ hacia las familias desplazadas, como si se tratara de movilidad voluntaria de la población”, denunciaron la Consultoría Técnica Comunitaria y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria.

Tras el anuncio gubernamental del retorno a sus comunidades de más de 200 personas desplazadas por la violencia en la región de Tierra Caliente, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán advirtió que todavía no existen condiciones de seguridad para el regreso de las familias.

En rueda de prensa realizada el martes, el secretario general de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que los habitantes que huyeron en agosto de las localidades La Colonia, El Caracol, La Luna y Garachico, municipio de Buenavista —que habían encontrado alojamiento en un albergue de Tancítaro—, ya se encontraban nuevamente en sus lugares de origen.

Policías de Coahuila han provocado el desplazamiento de la población de la comunidad Ragantes 14 y ranchos aledaños, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, donde recientemente golpearon a un adolescente de 15 años de edad, a quien señalaron de “halcón”, pese a que los vecinos del lugar saben que se dedica al cuidado de ganado.

Hace un año sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los vecinos de La Palma, un pueblo de la Sierra de Petatlán, que se arrepentirían de no someterse al pago de cuotas y de negarse a ser reclutados en sus filas.

Lo han pagado caro: los criminales están a punto de acabar con el ganado, han devastado viviendas con bombas lanzadas desde drones, mantienen a 50 familias desplazadas y han asesinado con violencia extrema a seis de sus habitantes.

El Gobierno de Sinaloa descartó que en las últimas semanas se hayan presentado indicios de desplazamiento forzado por la violencia, esto en relación a los enfrentamientos registrados en el estado tras la captura de Ismael Zambada García conocido como El Mayo, y Joaquín Guzmán López.

La titular de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, señaló que no hay indicios de que en el estado se presenten hechos de desplazamiento interno derivado de los recientes asesinatos y enfrentamientos en el estado.

Pobladores tsotsiles de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, huyeron de sus casas y se refugiaron en la escuela del poblado, luego de que presuntos integrantes del grupo armado Los Herrera, los atacaron con armas de fuego.

“Los sicarios, más de cien hombres que habitan en el sitio llamado fracción Tzanembolom, nos llegaron a emboscar el miércoles; tumbaron las casas con marro, incluso escarbaron adentro para hacer sus trincheras, esperando a que regresemos”, dijo uno de los afectados.

“Andan sepultando a los muertos en la madrugada para que no se sepa, ya ni van al Ministerio Público”, señala ‘Samuel’, un habitante de Huajicori, que pide cambiar su nombre y voz ante el miedo de que le pase algo por su testimonio, pero asegura que quiere que se difunda lo que pasa en la sierra de Huajicori.

Que hay muertos, enfrentamientos, desplazamientos, desaparición y reclutamiento de personas en las comunidades rurales de este municipio de Nayarit.

Más de 4 mil choles fueron desplazados forzadamente por la violencia entre grupos del crimen organizado en Tila, Chiapas, cuya “máxima expresión” sucedió los pasados 4 y 7 de junio, “cuando un grupo armado ocupó el poblado provocando asesinatos, quema de casas, saqueo de bienes y personas heridas”, además de violencia sexual contra mujeres y niñas, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).

En un comunicado para exigir atención urgente a las familias desplazadas, las organizaciones de la Red señalaron que en los últimos días los pobladores de Tila vivieron “un clima de terror” por parte del grupo armado, durante los cuales permanecieron encerrados en sus casas sin alimentos, además de que “el suministro de agua fue suspendido, al igual que otros servicios básicos como la educación y la salud”.

En Tila, 4 mil 187 personas que se encontraban escondidas en sus domicilios por los hechos de violencia provocados por grupos de civiles armados que dejaron casas quemadas, negocios saqueados y vehículos destrozados, abandonaron el pueblo y fueron trasladados a diversos albergues del estado; dos personas fueron localizadas sin vida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El dato de la dependencia no coincide con el que tiene Juan Núñez Cancino, delegado de Protección Civil en la región Chol, que asegura que Tila fue abandonado. “Tan solo en la unidad deportiva de Petlalcingo alcanzaron a dar albergue a más de tres mil personas”.

En Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, las balaceras que se desataron en junio de 2023 se reanudaron en marzo último y mantienen a la localidad aislada y a los habitantes con el temor de que algo les pase, y lo mismo sucede con quienes pretenden entrar a esta localidad.

El problema, dicen sus habitantes, es que no se sabe en qué momento puede comenzar un nuevo enfrentamiento.

El próximo 8 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un amparo que tiene el propósito de garantizar que el Estado mexicano repare el daño a las personas víctimas de desplazamiento forzado por violencia, esto como consecuencia del trabajo inadecuado de las instituciones tanto de seguridad como de las fiscalías.

Frente a la omisión del Senado para aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa) han planteado una vía alterna para destrabarla: proponen la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública para que encabece una acción de litigio estratégico contra la parálisis de la minuta que permanece detenida en el Senado.

La Comisión Bicamaral reconoce el desplazamiento forzado interno como “una emergencia nacional”, cuya afectación recae principalmente en pueblos y comunidades indígenas.

Chankin Kimbor Chanabor, expresidente de Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, en el municipio de Ocosingo, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que integrantes de grupos del crimen organizado le devuelvan su casa y su parcela.

Una caravana de 45 vehículos con decenas de personas que habitan la cabecera municipal de Pantelhó en la región de Los Altos de Chiapas, abandonaron el poblado tsotsil tseltal, al cumplirse dos días de “constantes balaceras” entre las autodefensas del pueblo El Machete y el grupo armado llamado “Los Herreras” que se disputan el control.

Entre los evacuados, se encuentran cerca de 200 docentes del magisterio que integran la planta de profesores de educación básica y media básica, los que salieron la tarde de este jueves, luego que personal de la Fiscalía General del estado quitaran los arboles de la carretera que bloqueaban los accesos.

Minerva Espinoza, cuya familia se dedica a la agricultura y la ganadería en Tlapacoyan, Veracruz, relata la historia de su destierro a causa del crimen organizado:

“En la zona había grupos de la delincuencia organizada y rumores de que la Policía Municipal asaltaba y secuestraba a la población. Seguido aparecía gente muerta, destazada. El 22 de junio de 2012, en su camioneta, mi esposo salió del rancho tenía que ir al pueblo porque hacía falta alimento. Nunca llegó, en un punto denominado Lado Verde fue levantado”.