Organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades federales y del estado de Chihuahua implementar medidas de protección para las familias que fueron desplazadas de sus comunidades en el municipio de Guadalupe y Calvo, por la violencia armada y las amenazas perpetradas por un grupo del crimen organizado.

La llamada urgente a los gobiernos federal y estatal se realizó luego de que se alertara por el desplazamiento forzado de más de 300 personas originarias de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, así como de Cinco Llagas, Los Placeres, El Silverio y La Trampa, las cuales se encuentran en una situación de emergencia ante las amenazas y la falta de alimentos.

Más de 300 rarámuri de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, en el municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fueron desplazados de manera forzada luego de que “un centenar de civiles armados los han amenazado y expulsado de sus casas”, informaron organizaciones de derechos humanos e indígenas en la Sierra Tarahumara.

Los desplazados llegaron a la población de Cinco Llagas, donde permanecen como refugiados en el domo de la escuela. “Estas personas, que huyen de la violencia que amenaza sus vidas, ahora enfrentan la falta de alimentos y de un lugar seguro en el cual resguardarse”, denunciaron las organizaciones, que presentaron una solicitud formal a las autoridades federales y estatales para atender la emergencia y garantizar la vida de la víctimas.