De los 273 contratados que hasta septiembre pasado fueron asignados por el Gobierno federal para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casi un tercio le fueron asignados a empresas de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, así como a personas cercanas a él, como su yerno Fernando Romero Havaux. Otros dueños de empresas con montos destacados en las asignaciones son Hipólito Gerard Rivera, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Desde 2015, un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) observó que hasta un 70 por ciento de los primeros contratos celebrados para la obra pública del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) habían sido sujetos de procesos distintos a las licitaciones públicas.
Un 31 por ciento de los casos, mostró el documento “Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de Infraestructura. El Caso del NAICM”, habían sido adjudicaciones directas; hasta un 39 por ciento se había asignado en competencias restringidas o en “invitación a cuando menos tres personas”, y sólo un 30 por ciento habían sido licitaciones.
“Al limitar la competencia a licitantes invitados, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) incurrió en el riesgo de recibir propuestas que no tuvieran suficiente calidad y, por tanto, tuvo que cancelar y volver a publicar el proceso correspondiente (en 21 por ciento de los procesos)”, advirtió el análisis de la OCDE, que afirma haber revisado 36 procesos de contratación realizados hasta agosto de 2015.
“Esas tendencias —tanto respecto de los procesos competitivos de contratación como en lo referente a la apertura— cambiarán drásticamente según las declaraciones públicas que se han hecho: todas las actividades de contratación relacionadas con la construcción del NAICM serán mediante licitaciones públicas abiertas”, agregó el reporte.
Un análisis de SinEmbargo.mx sobre 273 contratos celebrados hasta septiembre pasado muestra que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), efectivamente, aumentó el monto de los procesos sujetos a licitación pública, que ahora es un 61 por ciento de los 34 mil 721 millones de pesos ya asignados a contratos.
Las compañías ganadoras más recientes fueron seleccionados apenas el pasado 2 de septiembre, cuando se difundieron los nombres de las constructoras de las pistas 2 y 3 y que, juntas, recibieron el 44 por ciento del costo total hasta el momento.
Uno de los ganadores fue el consorcio en el que participan la sexagenaria compañía mexicana Constructora Nacional (Coconal), que compitió con 61 empresas para obtener el acuerdo de construir la Pista 2, por un monto de 7 mil 926.2 millones de pesos.
El otro contrato anunciado ese día, para construir la Pista 3, fue obtenido por el consorcio formado –entre otras empresas– por Operadora Cicsa (Carso Infraestructura y Construcción), propiedad de Carlos Slim, y Edificadora Gia+A, dirigida por el cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivera, con un monto de 7 mil 359.2 millones de pesos.
“Con estos fallos se están licitando las obras más importantes del Nuevo Aeropuerto”, dijo Federico Patiño, director general de GACM, de acuerdo con el boletín emitido ese día.
Hasta antes de estos dos mega-contratos, sin embargo, el monto de los proyectos licitados (4 mil 80.5 millones de pesos, de acuerdo con el análisis de SinEmbargo) era menor al asignado de manera directa (9 mil 347.1 millones).
Entre ellos, se observa en un listado de los 273 contratos, se celebró el pasado 21 de agosto un contrato por 2 mil 709.09 millones de pesos asignados de manera directa a la compañía Ferrovalle (o Ferrocarril y Terminal del Valle de México), en la que participa como propietario el Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco.
También el de 2 mil 136.4 millones asignado en diciembre de 2014 al consorcio Romero-Foster and Partners, representado por José Fernando Romero Havaux, yerno de Slim Helú; empresario éste último que con el contrato para la Pista 3 se vinculó a 9 mil 495.6 millones de pesos, o un 27 por ciento del capital ya contratado para el NAICM.
Otro contrato asignado de manera directa fue para la Gerencia del Proyecto, otorgado en octubre de 2014 a la compañía norteamericana Parsons Corporation, que ganó dos mil 361.9 millones de pesos.
Como el consorcio representado por Romero Havaux, o despacho “arquitecto maestro”, Parsons se encuentra a la cima de la estructura orgánica que supervisa el resto de los contratos.
“La estructura orgánica depende también del trabajo de otros tres actores, que operan de la mano con el GACM: el gerente de proyecto (empresa Parsons International Limited), el arquitecto maestro (empresa Romero-Foster & Partners), y el ingeniero maestro (grupo de empresas integrado por Netherlands Airports Consultants, TADCO y SACMAG)”, dice el documento de la OCDE.
“Ante estos actores, el GACM es el propietario del proyecto NAICM e integra todos sus aspectos, con el apoyo del Gerente del Proyecto. Éste se ocupa de elaborar el plan para poner en marcha el programa de implementación, el cual se emplea como documento guía para la ejecución. Supervisa, orienta y dirige al arquitecto maestro, al ingeniero maestro y a otros consultores clave, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y los plazos de las etapas. El GP es también responsable del presupuesto, el calendario y los controles generales”, agrega.
BARDA PERIMETRAL, A CARGO DE LA SEDENA
Previsto para ocupar cuatro mil 430 hectáreas ubicadas al nororiente del aeropuerto actual, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfrentó desde 2001 la oposición de los habitantes de los poblados afectados, sobre todo en el municipio de Atenco, que se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y, en 2002, lograron detener el decreto expropiatorio.
Después de 12 años, sin embargo, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto y anunció el inicio de la construcción del NAICM en 12 mil 500 hectáreas de “propiedad del Gobierno federal”.
Las implicaciones del mega-proyecto, sin embargo, ha renovado la introducción de Juicios de Amparo por parte de los habitantes de la zona, que lo consideran “proyecto de muerte” y en los últimos meses han interpuesto unos ocho recursos judiciales buscando aplazar lo que temen será un despojo de sus tierras y, también, la alteración total de su modo de vida.
“Quieren engañar diciendo que estamos nosotros violentando los derechos de sus trabajos de ellos, cuando que sabemos que nuestra comunidad, nunca ni vamos a aceptar el cambio de uso de suelo al dominio pleno”, dijo en mayo pasado Jorge Espinoza, de 69 años y ejidatario de San Miguel Tocuila.
Como él, otros campesinos integrantes del FPDT instalaron en abril pasado un plantón en un bordo aledaño a los trabajos de la nueva obra y, con piedras pintadas con cal, formaron el mensaje “no al aeropuerto”.
De acuerdo con un posicionamiento público del FPDT, “a la par del uso de golpeadores para alejar a los campesinos de las tierras donde están las obras del aeropuerto, las empresas concesionarias siguen con las obras a pesar de los amparos federales”.
En ese contexto, en el listado de 273 contratos asignados por el GACM destaca una asignación no licitada sino entregada bajo un “convenio de colaboración” a la Secretaría de la Defensa Nacional, por mil 547.4 millones de pesos, para construir barda y camino perimetrales y “aseguren” la obra entre los municipios mexiquenses de Ecatepec, Atenco y Texcoco.
“Objetivo: contratar los trabajos para la construcción de la barda perimetral, camino perimetral, alumbrado que lo acompaña, servicios inducidos subterráneos y casetas de acceso, que permita el aseguramiento de las instalaciones durante y después de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, dice el Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sedena.
Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/29-10-2016/3108534
A treinta años de haber sido despojados de su patrimonio mediante una requisa ordenada en 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la zona portuaria de Veracruz –una de las más importantes del mundo– se convirtió en un jugoso negocio de políticos y empresarios que se confabularon para desplazar al Sindicato de Maniobristas, cuyos socios e hijos ahora piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador que les restituyan sus edificios, cuentas bancarias y la fuente de trabajo que les arrebataron y que desde entonces –aseguran– explotan tres empresas cuyos manejos no son transparentes.
