Larrea, el sucio

CANANEA, SONORA: El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de out sourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajadormurió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

* * *

El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.


Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas. Fotos: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba.

LINK: https://desinformemonos.org/larrea-el-sucio/

**Este texto es una publicación de Pie de Página. Es una investigación de la  Red de Periodistas de a Pie y fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas


http://piedepagina.mx/el-banquete-minero.php

Funcionarios de Quintana Roo despojan a empresarios de terrenos, bienes y dinero

Para concretar los despojos, los funcionarios cercanos al gobernador Roberto Borge utilizaron trampas legales como juicios laborales falsos.

Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, han despojado a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.

Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentaron casos –de los cuales revisaron cuatro expedientes–  que prueban cómo el gobierno del priista Borge ha despojado terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún, y se ha apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.

Estos actos han sido legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.

Ese nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para proteger al gobernador priista.


Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

Los despojos y el modus operandi  

El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de QRoo– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.

Ese día lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto– interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.

A pesar de que Joel y Andrés dicen que no se les notificó del juicio en su contra, y de que nunca conocieron a los supuestos demandantes, la justicia de Quinta Roo los condenó a pagar 200 millones de pesos a esos empleados. Para hacer efectivo el pago, embargaron el terreno y el hotel.

En entrevista, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, negó la versión de los afectados acerca de que no se les notificó del juicio en su contra.

Y cuestionado acerca del exhorbitante sueldo de los supuestos trabajadores, el funcionario respondió que “por regla general, la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar“.

Con el mismo modus operandi de juicios laborales a modo, 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– fueron embargados en otra diligencia del actuario Quintal Bojórquez. Como ocurrió en el hotel Plaza Azul, también llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo.

Este embargo ocurrió para pagar 48 millones de pesos a favor de 21 supuestos trabajadores que demandaron a la compañía. En este caso, el tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.

La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó y se ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta la fecha de publicación de este reportaje.

En 2015, el gobernador Borge respondió al reclamo de los empresarios locales sobre la ilegalidad de los juicios laborales amañados y creó una mesa de diálogo; sin embargo, en ella participaban los responsables de los despojos: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

Estos despojos también son conocidos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La Presidencia mexicana turnó el caso a la Procuraduría Agraria.

Departamentos de lujo para funcionarios

Funcionarios y políticos de Quintana Roo ocupan departamentos de lujo en Maioris Tower –un edificio de dos torres ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de Cancún–. Sin embargo, son condominios que se vendieron de forma irregular y a casi la mitad de su verdadero precio en el mercado.

El penthouse 18, por ejemplo, es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, que es regidora del Partido Verde (PVEM) en el municipio de Benito Juárez , Cancún. La funcionaria local compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El verdadero precio de la propiedad es de 10 millones 420 mil pesos.

Entre los dueños de estos inmuebles también se encuentran: la actual directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

La empresa Maioris denunció la venta irregular de al menos 19 departamentos. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de  supervisar este notario”, dijo Francisco Siman, abogado de Maioris.

Cuentas congeladas… sin previo aviso

Otra ilegalidad producto de  juicios laborales irregulares les ocurrió a las empresas Pochteca y Planigrupo, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas sin que se les notificara la existencia de algún juicio en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.

En marzo de este año, el director de  Pochteca, Armando Santacruz, descubrió que siete cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas para hacer efectivo el pago de un juicio laboral donde se había fallado en contra de la empresa y del cual no estaban enterados.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia de los expedientes y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el Juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un Notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos (5 mdp)”, dijo Santacruz.

Según Santacruz, su empresa fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.


También la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. A ellos les retiraron 2.2 millones de pesos de sus cuentas. A la fecha de publicación de este reportaje, la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no estaba constituida.

REPORTE COMPLETO

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SILBER MEZA, MARIEL IBARRAL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/funcionarios-del-gobierno-de-q-roo-despojan-a-empresarios-de-terrenos-bienes-y-dinero/

Vecinos de San Pedro Apatlaco, Morelos, denuncian que la CFE pretende construir “ilegalmente” por sus calles el acueducto para la termoeléctrica de Huexca

Vecinos de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala Morelos, informaron que la tarde del viernes 3 junio, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició mediciones en sus calles 1a. de Oriente, La Huerta y Niño Artillero, “sin permiso ni licencia de construcción municipal ni permiso de quienes viven ahí, como lo exige el reglamento de construcción del municipio”, del acueducto para llevarse el agua, que está concesionada a los campesinos de Ayala, de la planta tratadora y del río Cuautla para utilizarla en la termoeléctrica de Huexca.

Denunciaron que el director de Obras Públicas del ayuntamiento, Juan Luis Martínez Castro, cuando le informaron de esta situación, “dijo que estaba bien que CFE haga la pavimentación (de las calles) pues ellos lo harían hasta dentro de dos años y que ellos no iban a detener a la CFE pues están de acuerdo en que trabajen sin licencia ni permisos”.

Ante esa respuesta, indicaron, llamaron al teléfono del presidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón pero su secretario, quien contestó, “dijo que estaba en una reunión con el gobierno del Estado y que él le pasaría la información de las anomalías de CFE arriba mencionadas. Se le llamó al secretario de Gobernación del gobierno estatal, doctor Matías Quiróz Medina, y se le comentaron los hechos por mensaje de voz regresando un mensaje de texto de que él se comunicaría más tarde. No creemos que nos llame pues así nos ha respondido en otras ocasiones que se le ha solicitado su apoyo intervención e información al respecto de los atropellos, intimidaciones e imposición del proyecto del acueducto por las calle 1a. de Oriente y Huerta”.

Indicaron que ante esta situación llamaron a una patrulla de la policía de Ayala, ya que con base al acta que les firmó de recibida el presidente municipal Antonio Domínguez el pasado 30 mayo, “si no tienen licencia ni permisos no puede trabajar la CFE con base en la legalidad, sin embargo la señora Gloria Buendía -una persona afín a la CFE- les tomó fotos a los oficiales y número de patrulla y llamó al doctor Ramón González Ortiz, del área de Desarrollo Social, para denunciar a los oficiales. Tememos por su seguridad y su fuente de trabajo pues el empleado de CFE también les pidió sus datos y los fotografiaron” añadieron los vecinos.

Mencionaron también que al filo de las 15 horas, un helicóptero estuvo sobrevolando muy bajo sobre su calle para intimidarlos.

Afirmaron que la CFE “compró dos casas e hizo una junta ´clandestina´ el jueves 19 de mayo en casa de unos vecinos para que autoricen el paso por la calle 1o. de Oriente esquina con La Huerta, del acueducto con el que pretende llevarse 50 millones de litros de agua diariamente, y que varias de esas personas ni siquiera viven en nuestra calle”.

Explicaron que once personas vecinas de las calles 1a. de Oriente, la Huerta y Niño Artillero, inconformes con el paso del acueducto por su calle hacia el río Cuautla entregaron al presidente municipal la citada “Acta de negativa al paso del acueducto de CFE y desconocimiento de cualquier comité formado por personas que estén a favor de dicho acueducto” porque quienes sí viven en dichas calles sí resultarán afectados con el paso del acueducto que pretende introducir la paraestatal.

En el escrito se declara “inválido” el comité formado por las señoras Gloria Buendía, Guadalupe NN, y Luis Alfonso Pacheco Pérez, “ya que ninguno de ellos vive en las citadas calles y muchos de quienes sí viven ahí ni siquiera conocen a estas personas”, calificando de “ilegales” los acuerdos o la votación que tomaron para permitir el paso del acueducto ya que no tienen derecho a hacerlo porque no son propietarios de las casas ubicadas en dichas calles.

En el acta agregan que llevan tres años y cuatro meses luchando para evitar el paso del acueducto por la calle de Niño Artillero, todo esto con fundamento en el artículo 16 Constitucional que a la letra dice “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” por lo tanto ni CFE ni nadie puede obligarlos a permitir el paso del acueducto, pues estarían causando molestia en su persona en su domicilio y posesiones.

Subrayan que la paraestatal debe contar con una licencia de construcción expedida por el ayuntamiento para poder realizar obras de construcción y para que el ayuntamiento puede otorgar esa licencia debe pedirle CFE un manifiesto de impacto ambiental basado en la nueva ruta del acueducto, un plano y estudios de suelo.

Agregan que el manifiesto de impacto ambiental de CFE dice claramente: “La trayectoria deberá ser preferentemente alejada de áreas urbanas, evitando potenciales indemnizaciones y potenciales riesgos a vecinos, principalmente por fugas en el ducto (Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad particular III 5, 264 CC Centro). Lo cual nos confirma que si podemos correr el riesgo con dicho acueducto”.

Señalan que la ruta original del acueducto de CFE no es por San Pedro Apatlaco, pues su manifiesto de impacto ambiental dice que “los lugares para instalación del acueducto son Cuautlixco, Yecapixtla y Los Laureles (Gabriel Tepepa)” en el que se agrega que los predios de los sitios mencionados “son de régimen de propiedad ejidal, disponen de superficies superiores a 45 hectáreas y actualmente tienen uso agrícola de temporal y riego respectivamente” lo cual es totalmente falso ya que las calles 1a de Oriente, la Huerta y Niño Artillero se encuentran en una zona urbana y no existen parcelas de uso agrícola.

Agregan que en el acta de asamblea de fecha 6 febrero 2011 donde la paraestatal le compró la senda de paso para el acueducto a los ejidatarios del núcleo agrario San Pedro Apatlaco, claramente dice que le vendieron dicha senda “por caminos del ejido donde no hay bienes distintos a tierra que indemnizar”. “Nosotros no vivimos en parcelas, tenemos casas que hemos construido con nuestro esfuerzo y el ejido no tiene ningún derecho de disponer de nuestros bienes o ponernos en riesgo y como sí hay bienes distintos a la tierra que indemnizar se entiende que su ruta no es por aquí”.

Se agrega en el acta que la CFE el día uno de diciembre de 2013, a través de su representante legal, Rosalía Díaz, le solicitó a los ejidatarios del núcleo agrario mencionado el cambio de ruta para el acueducto, la cual sería por la calle donde son límites de Ayala con Cuautla, a lo cual los ejidatarios accedieron y en ese momento pasaron a firmar aceptando dicho cambio de ruta.”

Por todo ello subrayan “es por lo que hacemos valer nuestro derecho a no permitir el paso del acueducto de CFE, haciendo responsables de cualquier problema que derive de esto (social, físico, de salud y patrimonial) a dicha empresa y a las autoridades competentes que autoricen dicho paso”.

 

Fuente: Desinformémonos

Autora: Rosa Rojas

http://desinformemonos.org.mx/vecinos-de-san-pedro-apatlaco-morelos-denuncian-que-la-cfe-pretende-construir-ilegalmente-por-sus-calles-el-acueducto-para-la-termoelectrica-de-huexca/

Pueblos enteros abandonados por la violencia en Guerrero

Lino N tiene unos 15 años de edad, es oriundo de Laguna Seca, municipio de Teloloapan, y aún siente terror al recordar lo que vivió en mayo de 2013 en el Rancho Los Fresnos: no quiero hablar, dijo mordiéndose la punta del suéter que envolvía su mano derecha.

Pero en el pueblo se sabe que aquel día, cuando iba por la leche, el menor vio cómo unos sujetos descuartizaban y sacaban los ojos a campesinos que trabajaban en ese rancho. Los 15 o 20 sobrevivientes huyeron y no han regresado.

Como ellos, desde 2014, miles de campesinos y sus familias huyeron de unas 20 comunidades de los municipios de Teloloapan y Apaxtla, en la zona norte, donde comienza la Sierra Madre del Sur, debido a la violencia generada por la delincuencia organizada.

Los habitantes apenas se atreven a mencionar lo que se vivió en Laguna Seca. Doña Vicky, por ejemplo, dice:apenas regresó un tercio de la gente (en enero de 2014 salieron más de 500). Se da ánimos: ahora por lo menos ya hay clases, se escucha el murmullo y el escándalo de los niños. Incluso hoy habrá fiesta.

A dos kilómetros de Laguna Seca se encuentra El Rincón del Vigilante, o lo que queda del poblado: un caserío de 28 viviendas abandonadas desde 2014.

Varias de las casas están parcialmente destruidas. Algunas aún conservan en buen estado las pertenencias de sus moradores: un rosario, discos viejos, un televisor, carros de juguete, libros, una Biblia.En otras se observan árboles frutales, utensilios y flores en los patios. Algunas de las puertas tienen candados, como la de la capilla.

Lo que de plano quedó destrozado es el salón multigrado de la escuela primaria, aunque se puede observar los dibujos de los niños, algunos juguetes y mochilas, y la cancha, que da cuenta del abandono.

El ex alcalde Ignacio Valladares Salgado afirmó que le tocó el peor momento que ha vivido Teloloapan:ni en la Revolución Mexicana se han visto atrocidades como las que vivimos hoy.

La mayoría de los desplazados se trasladó a los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México o a las ciudades de Acapulco, e incluso aquí, en Teloloapan (con 192 comunidades), muchos formaron colonias, una de ellas El Pedregal, pero por el momento no piensan regresar, aunque ya lo ha hecho aproximadamente 40 por ciento de los desplazados en las comunidades.

Las autodefensas, el camino

El maestro Adrián Brito, quien es parte del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, conformado en 2014 para enfrentar la delincuencia, manifestó que de no haberse creado esta organización para la autodefensa, “estos amigos (los delincuentes) hubieran acabado con todo el pueblo.

“Un vecino de Tlanipatlán era gente de La familia michoacana, (sus compañeros) se llevaron a dos hombres y una mujer. Su mamá y hermano llevaron parte del rescate, pero estas personas retuvieron también al hermano. La gente salió en masa de ahí, porque los secuestradores les pidieron desde un millón a millón y medio de pesos por cada uno de sus familiares secuestrados, pero era imposible, en su mayoría son campesinos”.

Fueron 67 familias las que salieron de Tlanipatlán (perteneciente al municipio de Teloloapan, ubicado en las inmediaciones de Apaxtla), “cada una con un promedio de cinco a seis personas. Mucha gente vino a refugiarse a la primaria Francisco I. Madero, de Apaxtla. Nos dijeron que de todo el pueblo solamente quedaron cinco familias. Los que se quedaron eran señores de edad que dijeron aquí vamos a morir, nosotros no nos iremos.

Mencionó que hace dos meses el Movimiento Apaxtlense, junto con la policía comunitaria tecampanera de Teloloapan, y con el apoyo de la Policía Federal, encabezada por el comandante Rangel N, convocaron a una reunión en la que nos informaron que regresaron sólo 55 personas a Tlanipatlán. Ahí estuvieron presentes algunos de los que se fueron y los exhortamos a que regresaran. Les propusimos organizarnos en autodefensa para ya no permitir la entrada de los delincuentes.

Es evidente que con los aparatos de seguridad del gobierno, Policía Federal, Ejército y Marina, ellos (los delincuentes) huyen y se van. En Apaxtla vigilamos las 24 horas, principalmente por las noches, cuando hay mayor peligro. En toda la periferia hay puntos de vigilancia, no sólo en las entradas y salidas, sino en todas las colonias y barrios. Si hay indicios de la presencia de la delincuencia de inmediato se da aviso al Ejército y a la Policía Federal para que hagan cumplir la ley.

Una incógnita, la cifra real

No hay un censo real de desplazados, pero Adrián Brito enumeró: “De Xochitepec huyeron más de 800 personas, casi la totalidad se salió desde 2014, cuando fueron asesinadas y quemadas gentes de ahí e incendiados sus carros; de Tlanipatlán, más de 67 familias, todo el pueblo, se fue, unas 400 personas; en Tetela del Río, yo creo que al menos 30 por ciento de su población se desplazó; en Cacalotepec, igual, 40 por ciento.

No tenemos el dato total de cuánta gente salió, pero también hubo desplazados de Liberaltepec, San Felipe del Ocote y de Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, pero colindante con Apaxtla, donde los delincuentes destazaron a machetazos a un joven en el centro del poblado.

Hay más pueblos de la región donde también huyó la gente, pero por falta de comunicación no conocemos su número, como Cacalotepec. De ahí se llevaron al comisario municipal y lo asesinaron, y muchos de los que se fueron no regresaron. Afortunadamente en Cacalotepec “un grupo organizó una autodefensa que también vigila y pertenece al movimiento apaxtlense.

Dijo que hay una comunicación constante con la policía comunitaria tecampanera de Teloloapan, ellos desde que se levantaron bajaron muchísimo las cifras de asesinatos, secuestros y extorsiones, pese a que tenían mucho miedo. Se plantea que este proyecto alcance a las 192 comunidades con que cuenta ese municipio, para que se pueda extirpar el crimen y la delincuencia.

Un factor importante ha sido la participación del pueblo ayudando a los aparatos de seguridad del gobierno “porque solos no pueden, como sucedió en Apaxtla, cuando en el centro secuestraban, levantaban y mataban, porque habían halcones(informantes) que les ayudaban”.

Fuente: La Jornada

Autor: Sergio Ocampo Arista

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/04/estados/024n1est

Mas devastación en el Estado de México, comunicado del pueblo Otomi de Santiago Tilapa.

LA MUERTE DEL CENZONTLE EN EL PUEBLO OTOMI DE SANTIAGO TILAPA

A LOS HERMANOS INDIJENAS DEL MUNDO.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA OPNION PÚBLICA.

AL PUEBLO DE MEXICO.

Reciban un saludo del milenario pueblo indígena otomí de Santiago Tilapa, en el municipio de Tianguistenco, Estado de México; también denunciamos con tristeza que la explotación de una mina se ha convertido en la manzana de la discordia que responde a los intereses de unos cuanto, entre ellos algunas ex autoridades y autoridades del Comisariado Comunal, Delegados Municipales ¡Hasta la Liga de Futbol!; pero sobre todo, el daño ambiental que habrá de afectar a varias generaciones.

Han devastado hermosos paisajes en contubernio con empresas carreteras que operan en la región a nombre del progreso; con ello el habitad de plantas y animales de nuestro milenario “Cerro Cuate” que durante siglos fue orgullo de nuestros abuelos otomíes se encuentra a punto de desaparecer.

En esta región es delito y se encarcela a la persona que recoja leña para sobrevivir a causa de “Delitos Contra el Ambiente” mientas que grandes autopistas, nuevas zonas habitacionales, donde se derriban miles de árboles y destruyen el ecosistema de nuestros pueblos originarios, son aplaudidos los gobernantes como “Símbolo de Modernidad y Progreso”.

Sin ser consultados, en Santiago Tilapa, algunos cuantos, por intereses económicos y políticos, con total cinismo y prepotencia dicen que pueden y tienen la autoridad para decidir por todos.

Con todo esto se violan nuestros derechos contenidos en la Carta Magna y Tratados Internacionales como el Convenio 169 en de la OIT como el derecho de OBTENER NUESTRO CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO.

El canto del jilguero y el cenzontle en nuestros sagrados cerros pueden extinguirse para siempre; es tiempo de reflexionar:

“La naturaleza no pertenece al hombre,

El hombre pertenece a la naturaleza”.

ATENTAMENTE.

PUEBLO INDÍGENA DE SANTIAGO TILAPA.

Fuente: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Autor: Alerta Xochicuautla

http://frentedepueblosindigenas.org/mas-luchas/mas-devastacion-en-el-estado-de-mexico-comunicado-del-pueblo-otomi-de-santiago-tilapa/

Denuncian locatarios del Mercado 'Jamaiquita' en Iztacalco acoso e intimidación de judiciales capitalinos

Foto: El Pueblo, Medio independiente

México, D.F.- Denuncian locatarios del Mercado 'Jamaiquita', ubicado en la Delegación Iztacalco, que por segundo día consecutivo mandan a policías judiciales de la Ciudad de México, por parte del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, con el pretexto de una 'averiguación previa' contra dirigencia del mercado, y apoderarse del terreno donde se ubican.

Más de 30 mil metros cuadrados buscan despojar a mujeres y hombres trabajadores, en este mercado que lleva más de 30 años de existencia.

Vecinos y locatarios han visto como los policías judiciales aprovechan estas intervenciones, para fotografiar e indagar sobre quienes se organizan y como lo hacen.

Aseguran que están documentando y evaluando la agresión e invasión al mercado que quieren entregar a la 'burguesía' de la Ciudad de México, para realizar sus consorcios inmobiliarios y/o comerciales, en una zona popular y con problemas de abastecimiento de agua potable.

Se ha notado también que el gobierno de Mancera mantiene una guerra contra los mercados y concentraciones comerciales populares, afirma Carlos Esteban Jiménez, activista y coordinador de El Pueblo, Medio Independiente, quien ha publicado las denuncias realizadas por colonos y comerciantes contra los despojos, represión e intimidación realizados por el delegado Carlos Estrada, de extracción perredista, junto con su esposa, la ex delegada Elizabeth Mateos, quien también es acusada por desfalco y corrupción en la pasada administración.

También comenta, a través de las redes sociales, que en la colonia Agrícola Oriental no pueden enviar funcionarios a suspender una obra en perjuicio de la comunidad, pero en el mercado de Jamaiquita hasta policías judiciales utilizan en dos días consecutivos.

En el video siguiente, los locatarios tratan con respeto a pesar de estar conscientes de que solo están preparando la represión.

https://www.facebook.com/594676254009620/videos/850462331764343/?pnref=story

Este no es el único caso contra locatarios del 'Jamaiquita', sino también contra el mercado de 'Las Chacharas' y el mercado de sur 16, donde fueron reprimidos e intimidados por parte de los granaderos de la SSP de la CDMX. Además de que han informado el desalojo y robo de mercancía en el mercado de las pulgas.

*Con información de Carlos Esteban Jiménez y El Pueblo, Medio independiente.

Los millones detrás de Xochicuautla

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás del enfrentamiento entre la comunidad de San Francisco Xochicuautla y el Grupo Higa está uno de los contratos que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú refirió ante la firma panameña Mossack Fonseca para crear el año pasado empresas offshore con el propósito de movilizar por lo menos 100 millones de dólares.

El proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Naucalpan aparece como uno de “los más significativos del Grupo Higa en los últimos años”, según la documentación obtenida por Proceso como parte de la investigación internacional #PanamaPapers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/) a partir de la filtración de 11 y medio millones de documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/).

La oposición de los comuneros al proyecto carretero, por las amenazas que representa al ecosistema de esa zona otomí, no es nueva. Sin embargo, Hinojosa Cantú la pasó por alto cuando se apresuró, en julio del año pasado, a crear complejas estructuras a través de sociedades británicas y fundaciones establecidas en Holanda y Nueva Zelanda para mover lo que sus asesores financieros describieron como “una pequeña parte” de su fortuna.

El despacho D’Orleans, Bourbon & Associates Group, que tiene oficinas en distintas partes del mundo, elaboró el documento en el que menciona una docena de contratos del Grupo Higa para justificar la riqueza del constructor de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

Entre ellos está el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan que ha causado el rechazo de los pobladores de San Francisco Xochicuautla por las afectaciones al bosque y a los mantos acuíferos de esa zona. La semana pasada fue necesaria la intervención policial para que comenzaran los trabajos en la zona. Pero se tuvieron que parar de manera indefinida ante el rechazo organizado de los comuneros desde el año pasado.

PEP y UHNWI

La responsable de la obra es la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. De acuerdo con el documento, la Constructora Teya tiene 36 años de existencia y es “una de las empresas líderes en la construcción civil del país”.

Además de la carretera en discordia, menciona otras 10 obras como algunos de los proyectos más significativos del Grupo Higa “en los últimos años”; es decir en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en el federal (Proceso 2058). La mayoría de las obras que refiere son del Estado de México:

La construcción de más de 58 tramos carreteros, el viaducto elevado Bicentenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, la modernización de 31 vialidades primarias y 39 carreteras en el Estado de México, la modernización de la vialidad de las torres de Zinacantepec a San Mateo Atenco, la construcción del estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Hospital de Zumpango.

También menciona la remodelación del hangar presidencial, “a través de una asignación directa por 945.5 millones de pesos”, el acueducto de Monterrey, y su interés para construir 17% del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, “que será el más grande y moderno del mundo”. Sin precisar, como otras obras menciona la construcción y rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios.

Para demostrar la solvencia de Hinojosa Cantú, el documento no se limitó a esas obras y a la constructora Teya. Mencionó que “algunas” de las empresas que tiene son: Eolo, compañía aeronáutica, situada en el aeropuerto internacional de Toluca y que da varios servicios aeroportuarios, entre ellos de aerotaxi. De la flota de Eolo dice tener un avión Challenger, un avión Hawker, un avión Learjet, un helicóptero Augusta Koala y un helicóptero Augusta Grand.

La información indica que también es dueño de la empresa Mezcla Asfáltica de Calidad; Impresión Publicitaria, que tiene entre sus clientes a Coca-Cola, Domino’s Pizza y el Tec de Monterrey; y Bienes Raíces H&G, que desarrolla vivienda de lujo y propiedades vacacionales en el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Campeche. Uno de sus clientes fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, con una residencia de descanso que le vendió en Malinalco, Estado de México, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.

Además, es dueño de Consorcio IGSA Médica del Perú, que cuenta con la exclusividad por 30 años para el tratamiento de pacientes renales en ocho departamentos (estados) del país, incluida Lima, la capital. Según el documento, el negocio tiene un valor de mil 200 millones de soles, casi 370 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Identificado en el documento como ingeniero civil “originario del Estado de México, graduado del Tecnológico de Monterrey”, Hinojosa Cantú fue asesorado para transferir el dinero que tenía en seis cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y la isla Nevis, en el Caribe, a tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su suegra.

En el esquema, esos fideicomisos pasaron a ser los beneficiarios de fundaciones establecidas en Holanda, cuyo propósito era la “protección de bienes”, la “planeación de sucesión familiar”, así como “confidencialidad y privacidad”, publicó proceso.com.mx el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios que participaron en la investigación de #PanamaPapers revelaron en forma simultánea sus hallazgos.

A pesar de ser considerado una PEP (persona políticamente expuesta), por su estrecha relación con Peña Nieto, Mossack­ Fonseca le ofreció sus servicios “no sólo desde el punto de vista de negocio… sino también desde el punto de vista estratégico”, porque este señor conoce a muchos UHNWI (individuo de fortuna neta ultra elevada) en México.

Los UHNWI son personas con activos líquidos superiores a los 30 millones de dólares, sin incluir sus bienes personales, residencia principal ni piezas de colección.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco

http://www.proceso.com.mx/437768/los-millones-detras-xochicuautla

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso

Autor: Rosalía Vergara

http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla