El PRI nos quiere fuera, pero ni con su gas lacrimógeno nos sacará: vecinos de Xochicuautla

Vecinos del municipio de Lerma afectados por la empresa Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, temen que más casas sean destruidas por el paso de la carretera Toluca-Naucalpan. ¿A quién han beneficiado las autoridades del Estado de México?

San Francisco Xochicuautla, Estado de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Los habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, anuncian resistencia pacífica luego de que ayer por la mañana 700 elementos policiacos arribaran al pueblo con el propósito de demoler una casa, como parte del proyecto carretero Toluca-Naucalpan de Grupo Higa.

Sin orden judicial, representantes del Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, se presentaron en el poblado de no más de 6 mil habitantes, ubicado dentro del municipio de Lerma.

En una mañana, la familia García vio esfumarse los bienes que había acumulado durante toda su vida. Alrededor de las 10:30 horas la llegada de la fuerzas de seguridad ya conformaban una valla serpenteada sobre el cerro donde vivía el doctor Armando García, una de las tres autoridades locales.


“Subieron cuatro camionetas 4×4 y nosotros nos quedamos ahí en la casa. Y en eso vimos como una máquina empezó a llegar. Yo me subí al tercer nivel y en eso empezaron a patear la puerta. Se escuchaba mucho ruido “, relató Selene Romero Gil, familiar del afectado, en entrevista con SinEmbargo.

El lugar en la mayoría de habitantes se dedica a la albañilería o al trabajo del campo fue tomado por sorpresa, sin opciones a auxiliar a los miembros de la comunidad afectados.

“Yo venía de trabajar, a eso de las 12 y media, cuando me percaté de que había muchos elementos de seguridad”, dijo Luis Antonio Baltazar Lucas, oriundo del sitio.

Entre 40 y 50 personas, entre ellas niños y ancianos, fueron desalojados a la fuerza, de acuerdo con testigos.

“Nos vinieron a provocar. Y una mujer policía me pateó”, dijo María Isabel Hernández García, miembro del Consejo Supremo, el órgano de autoridad local.

El desplome de la edificación conocida por los lugareños como “El castillo” fue lento.


“Ya no nos dejaron hacer nada mientras la derrumbaban. Después, desde una capilla que estaba arriba de la casa [colina arriba], empezaron a tirar gas lacrimógeno, lo que hizo que la gente corriera”, relató Romero a punto de llorar.

Más de dos horas tardó la maquinaria custodiada por la policía estatal en transformar el paisaje en nada más que escombros. Un hecho que acusaron los vecinos es ilegal, ya que en febrero se interpusieron dos amparos aún no resueltos: el registrado con el número 1117/2015 y también el 1123/2015.

No obstante, una persona que se presentó como Luis Enrique García encabezó las obras de derrumbe tan sólo con el decreto de expropiación, acusaron los vecinos.

¿Y LA CNDH?

Sergio García, hermano de Armando, lamentó el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiempo atrás había otorgado alarmas de pánico por la resistencia pacífica que lleva más de siete meses en contra de la carretera de Autovan-Teya, filial de Grupo Higa.


“Las sonamos pero no llegaron en nuestro auxilio, sino hasta muchas horas después”, dijo a este medio.

Los habitantes apuntaron que esta sería la cuarta casa demolida y que la última construcción fue removida en julio. Sin embargo, en todos los casos anteriores decidieron vender en vez de oponer resistencia.

Esta amenaza a los bienes patrimoniales que siguen en el trazo de la carretera, dijeron, no han querido ser atendidas por las autoridades municipales.

“Desgraciadamente aquí está gobernando el PRI [Partido Revolucionario Institucional] Y sabemos que es Peña Nieto, y aquí nunca ha habido ningún apoyo. Y aquí en la comunidad, Mario Villavicencio, el ex presidente de Bienes Comunales apoyó estas obras a espaladas de la población en el trienio pasado”, dijo Sergio García.

Tras la retirada de los policías al filo de las cinco de la tarde, vecinos y voluntarios llegados de la Ciudad de México ayudaban a la familia afectada a buscar objetos de valor entre los escombros.

“De aquí no nos vamos a ir. Vamos a seguir con el campamento de resistencia pacífica”, dijo Romero. Hasta ahora los turnos de personas en resistencia oscilan entre las 20 y las 50. Familiares aseguraron que esperan que una denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR) esta tarde provoque la reparación de los daños causados.

Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de “represión y desalojo cometidas” en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla y exigieron que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.


“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

El pasado 9 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Juan Luis García Hernández

http://www.sinembargo.mx/12-04-2016/1647146

Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.

El desvanecimiento

Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.

–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?

–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.

Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”

Paramilitares y narcos

En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulso en 1996 contra el EZLN.

El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.

“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes… Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”

–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.

–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.

El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.

“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.

Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.

En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.

En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.

Las adicciones

Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.

“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.

Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.

“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.

Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.

–¿Eso en Tila? –se le inquiere.

–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula…

–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?

–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.

Fuente: Proceso

Autor: José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras.

Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.

“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.

Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.

Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.

La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.

El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.

La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.

En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.

La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.

Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.

Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.

“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.

Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.

Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.

En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.

La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía

Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.

En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.

La construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats, denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.

En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.

El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.

“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.

En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.

Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.

En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.

Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.

“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.

Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.

Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.

Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.

Fuente: Contralínea

Autor: Emilio Godoy

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/25/chicoasen-ii-despojan-a-zoques-de-chiapas/?utm_content=buffer156a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Asesinan a defensor de Reserva de la Biosfera Maya

Guatemala. La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), en el norte de Guatemala, denunció este viernes el asesinato a balazos de uno de sus dirigentes, opositor a la deforestación y a proyectos hidroeléctricos en la región fronteriza con México y Belice.

El líder comunitario Walter Campos fue encontrado muerto el miércoles pasado en su propiedad "con varios disparos" en el cuerpo, precisó en un comunicado la entidad que agrupa a varias poblaciones asentadas en la Reserva de la Biosfera Maya, que reciben concesiones para el manejo sostenible del bosque.

"A raíz de las causas que él defendía, venía recibiendo amenazas de muerte por parte de invasores ilegales de las tierras y que había denunciando públicamente. Además era parte del Frente Petenero contra las Represas, el cual se opone a la realización de proyectos hidroeléctricos en río Usumacinta", agregó el comunicado.

La ACOFOP señaló que la muerte violenta de Campos se suma a la represión en Centroamérica contra los defensores de la naturaleza, luego del asesinato de la indígena ambientalista Berta Cáceres en Honduras el pasado 3 de marzo, y de su compatriota, el dirigente Marleny Reyes, parte del movimiento de la líder lenca.

Los crímenes "son resultado de la violencia sistemática que sufren en Centroamérica los líderes que están luchando por defender la naturaleza, las culturas y los territorios, de amenazas tales como las grandes represas hidroeléctricas (y) los cultivos extensivos", añadió la organización.

Fuente: La Jornada

Autor: AFP

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/18/asesinan-a-defensor-de-reserva-de-la-biosfera-maya-7970.html

Desplazados: La tragedia invisible de la violencia en México

La guerra contra las drogas ha dejado en México una este de dolor. Los desplazados son una de las tantas caras de las víctimas de la violencia. Miles de personas en distintas regiones del país han tenido que dejar sus comunidades y sus pertenencias. Salvar su vida y escapar del crimen es su pan de cada día.

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Tras el asesinato de su hijo, Indalecio Benítez Mondragón y su familia tuvieron que salir del municipio de Luvianos, Estado de México. No fue sencillo llegar a un nuevo lugar, dice el comunicador, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A casi dos años de salir de su hogar en la región de Tierra Caliente, asegura que fue complicado conseguir trabajo, cubrir los gastos y estar al pendiente de la averiguación respecto al atentado que sufrió el 1 de agosto de 2014, en el que un grupo armado asesinó a su hijo Juan Diego Benítez, de 12 años de edad.

“Es difícil, en primera porque te tienes que adaptar a otra forma de vida: llegas a un lugar donde todo es más caro y tienes que acoplarte, no sólo tú, sino toda tu familia. Son gastos, comidas, el clima… El Estado es opaco, no hay ningún respaldo. Y todavía, después que te desplazas, viene –en algunos casos– la criminalización”, relata director de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM.

Al llegar a un nuevo refugio, Indalecio no sólo asumió los gastos cotidianos de un jefe de familia, sino que a partir de la protección con la que cuenta, tuvo que destinar recursos para las medidas de seguridad en la radio y en su antiguo hogar, el cual está custodiado por al menos 10 policías que “prácticamente viven ahí”.

En entrevista con SinEmbargo, Benítez refiere que durante estos 20 meses fuera se acabaron sus ahorros, sumado a ello, la vida de su familia cambió.

–¿Recuerda cómo fue el comienzo?


–Desde entonces tenemos que vivir con bajo perfil. A veces, cuando voy al pueblo tengo que ir con acompañamiento de seguridad. No se puede hacer vida social. No puedo ir a ver un partido de futbol a la deportiva. Todo cambia: el convivir con tus amistades. Te comienzas a marginar y te comienzan a marginar ellos. Porque ellos mismos te saludan con miedo, porque piensan que si en el momento en que te están saludando llegan y te madrean, les va a tocar a ellos. Esto es constante. Es crónica esta situación. Te cambia la vida y aprendes a lidiar con ello.

–¿Se sentía seguro en su nuevo hogar?

–Yo me sentía seguro, pero en una ocasión, a unos días de que pasara eso [el asesinato de Juan Diego Benítez] salimos del refugio para ir por víveres. Fuimos a la tienda entre ocho u ocho y media de la noche. Cuando íbamos llegando a la casa, comenzaron a llorar: primero mi esposa, y mis hijos al verla llorar también comenzaron a llorar. Les pregunté: ¿qué tienen? Mi esposa me dijo que me esperara, que revisará si alguien nos estaba esperando. O sea, entraron en un estado de pánico.


–¿Y alguien los seguía o esperaba?

–No, nadie. Pero te quedas con esa tensión, porque era de noche y estaba la calle sola. Yo estaba confiado porque nadie sabía nuestra ubicación, ni mis familiares. No sentí desconfianza. Claro, si alguien nos quería hacer algo, pues tendrían que ser del Gobierno, porque ellos son los únicos que saben dónde estoy porque me dieron el botón de pánico.

–¿Cree que se ha quedado corto el mecanismo?

–No sé si el mecanismo se quede corto, o es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no está haciendo su parte, porque ahí debería tener un rubro que subsane la educación de los hijos y los gastos secundarios, o sea una protección más integral, que contemple otras cosas.

–¿Qué tipo de cosas?

–Por ejemplo, a un año ocho meses [de exiliarse], el vehículo donde recibí el atentado todavía está en el corralón porque no he tenido dinero para sacarlo; primero metí un escrito a la FEADLE [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión] para que redujeran el costo, pero no resolvieron nada, luego hice la solicitud directa a la Comisión Ejecutiva y hasta la fecha no me han resuelto si hay alguna condonación. Hace un año cuatro meses, metí una solicitud a la Comisión para las becas de mis hijos, pero tampoco he tenido respuesta.

En México existen cientos de miles de desplazados internos por la violencia en el marco del combate al narcotráfico. Médicos, activistas, docentes, campesinos, amas de casa, periodistas, choferes, entre otros, han tenido que abandonar su hogar por culpa de la violencia generalizada. Sin embargo, no existe una cifra oficial, ni mucho menos un marco jurídico nacional que regule esta situación, tampoco hay políticas públicas que la atiendan.

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) calcula que al menos existen 281 mil desplazados por culpa de la violencia relacionada con grupos criminales. Sin embargo, este conteo se realizó tomando en cuenta éxodos de comunidades completas y no contempla el registro de casos “gota a gota”, que por su naturaleza, se trata de personas o familias que se mueven pero no dejan rastro para no ser perseguidas.

Brenda Gabriela Pérez Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, informó que de 2011 a 2016, se han registrado 154 episodios de desplazamientos masivo –más de 10 familias–. Los estados donde impera este fenómeno son: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas; justo las entidades donde hay operaciones del crimen organizado o se mantiene o surgió un conflicto armado.


“A nivel local no hay capacidad para atender y proteger los derechos de este sector de la población. Ni siquiera se investigan los delitos de las víctimas, tampoco se sanciona a los responsables. Y por supuesto hemos documentado que hay una ausencia terrible de programas de atención integral. Incluso nos hemos dado cuenta que hay procesos de revictimización cuando las víctimas se acercan a una institución u organismo”, detalló Pérez Vázquez.

La integrante de la CMDPDH explicó que las víctimas de desplazamiento viven violaciones incluso antes de tener un nuevo comienzo, pues en ocasiones sufren delitos o algún integrante de su familia –como secuestro, extorsión, entre otros–.

–¿Hay un sector específico de la población al que afecte este fenómeno?


–No, puede ser cualquiera. Históricamente veíamos que el desplazamiento lo encabezaban campesinos o indígenas, ubicados en territorios específicos. Ahora estas composiciones se diversifican. Digamos, se democratiza el desplazamiento. Le toca a todo mundo: el campesino, activistas, periodistas, pequeños propietarios de negocios, empresarios, alcaldes u otros funcionarios…

–¿El Gobierno reconoce este fenómeno de desplazamiento?

–No. De manera oficial no ha reconocido el desplazamiento en su más alto nivel. Escuchamos pronunciamientos, que no son oficiales. Son reconocimientos implícitos, por parte de algunos alcaldes, algunos funcionarios de desarrollo social.

–¿Lo hacen para esconder la situación de violencia?

–Claro. Justamente la implicación de reconocer este tema es demasiado grave, por las causas que provocan el desplazamiento. Y además, siempre se disfraza el término de desplazamiento con otros términos. ¿Por qué? Porque entonces le otorgaría la responsabilidad que tiene el Estado. En muchas ocasiones, el lugar de desplazados se les llama damnificados, para disfrazar quiénes son y así evadir las responsabilidades.



El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe “Situación de Derechos Humanos en México”, el cual plantea que el gran desafío del Estado mexicano radica en romper “el ciclo de impunidad imperante” que persiste en el país desde hace décadas y así poder lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató, después de que siete de sus integrantes visitaran en octubre al país, los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares”.

Respecto al desplazamiento interno forzado, la Comisión Interamericana constató en terreno que la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país tiene un grave y desproporcionado efecto sobre las personas que se mueven de sus lugares de origen.

“Los desplazamientos se realizan de manera silenciosa, furtiva, incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores”, dice el documento.

El informe agrega que: “La sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento interno afecta de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de Gobierno”.

El organismo internacional refirió también que las dificultades específicas de las personas desplazadas son: en el acceso a la vivienda, acceso a educación y derechos de propiedad, el acceso a una atención integral de la salud, dificultades en obtención de empleos, y la afectación general a los derechos económicos, sociales y culturales.

En 2010 México contaba con 3.2 millones migrantes internos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En aquel entonces las personas que se desplazaban por el país eran indígenas o campesinos originarios de estados como: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.

De acuerdo con un informe de la organización Tlachinollan, la principal razón de la movilidad fue: “Una estrategia de supervivencia frente a las condiciones de precariedad en las que viven, comunidades enteras se trasladan de sus lugares de origen a otras partes de México para trabajar en campos agrícolas como jornaleros”.

En la actualidad, a esas cifras se suman los desplazados por la violencia y megraproyectos o situaciones relacionadas con el cambio climático.

En el informe “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana” se exponen que la inseguridad y la lucha de las autoridades mexicanas contra los cárteles de las drogas no son fenómenos nuevos en México. Sin embargo, tres factores recientes contribuyen a intensificar la violencia: la estrategia de seguridad puesta en marcha del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la cual se basó “en una policía de enfrentamiento abierto y en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el Ejército, la Martina y las policías locales”.

En segundo lugar menciona el recrudecimiento de la lucha por distribución de drogas de los cárteles. Finalmente está la proliferación de grupos delictivos más pequeños que luchan entre sí por el control del territorio, concentrando su actividad criminal en otros delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestro, distribución y venta de drogas en el mercado local.


“La presencia del Ejército mexicano en las calles de las principales ciudades agitadas por el crimen ha sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad”, detalla el texto.

El estudio, realizado por la profesora Laura Rubio Díaz-Leal del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Daniela Bachi de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que como consecuencia de los patrones de violencia que se vive en México, al menos en 12 estados se han producido éxodos de personas, fenómeno que no sólo afecta a las entidades que los expulsaron, también a los receptores, debido a que éstos últimos deben incorporar a una población con necesidades económicas.


“Si bien, el desplazamiento forzado en México en las condiciones actuales pega a toda la sociedad en su conjunto, afecta de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables: ancianos, mujeres, niños e indígenas con recursos ilimitados”, sostiene la investigación.

La guerra contra las drogas en México ha cobrado la vida de al menos 100 mil personas en los últimos ocho años y más de 27 mil desaparecidos, aunque las cifras son objeto de un intenso debate.
***

La respuesta del Gobierno mexicano, ante “la crisis de desplazamiento forzado” es casi nula, consideró Brenda Gabriela Pérez Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH.

Sólo en Chiapas y en Guerrero existe una ley para la prevención y atención de desplazamiento forzado, pero Brenda Pérez denunció que la mala implementación ha provocado que la legislación sea inútil.

Por otra parte, cuando una víctima acude a instituciones, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o algún organismo público de derechos humanos, no siempre se le reconoce como tal.


“El registro de las víctimas está supeditado a que haya una denuncia ante un Ministerio Público Federal. Esto genera ambigüedades cuando registran a las víctimas. Otro camino es por medio de denuncias por violaciones a derechos humanos. Y algo que decimos nosotros es que debe entederse al desplazamiento como una acción reactiva –o sea, después de que algo ocurre–, o preventiva, que surge por un temor fundado de que tu vida corra peligra. Entonces qué pasa cuando alguien no fue víctima de algún delito, pero huye porque la violencia está cerca de él. Entonces las autoridades deben entender eso como un derecho legítimo”, detalló la activista.

–¿Qué puede hacer una víctima de desplazamiento forzado? –se le preguntó a Pérez.

–Hay dos vías: una es que levanten una queja ante una comisión de derechos humanos y la otra es buscar la inscripción ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), buscando sus dependencias estatales o regionales –finalizó.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Sergio Rincón

http://www.sinembargo.mx/07-03-2016/1631750

Reconoce Martínez Veloz el saqueo de mineras en la Tarahumara

Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, reconoció ante representantes de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara que no hay vigilancia sobre las 32 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras en el país por los entonces presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ni siquiera creo que tengan control de cuántas toneladas de oro salen del país. En Chihuahua hay 3 millones 120 mil hectáreas concesionadas; 90 por ciento de esa superficie, que equivale a 2 millones 800 mil hectáreas, fueron otorgadas en los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Sólo de 2009 a 2015, en ese estado la producción de las minas fue equivalente a 200 mil millones de pesos y únicamente dejaron 500 millones en la entidad, sostuvo el funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Sostuvo que en Chihuahua, sobre todo en la zona Tarahumara, se han producido en siete años más del total de reservas que tiene el país en oro. Este país no puede seguir así, no aguanta más.

Agregó: Si tomamos como base la producción de oro en el país, en 21 años se ha producido la mitad del oro, mil 100 toneladas; entonces, ¿cómo te puedes explicar que con estos volúmenes de riqueza siguen existiendo los mismos índices de pobreza que en 1994? Algo no está funcionando.

Menosprecian a indígenas

En el encuentro celebrado en la Cámara de Senadores, tras escuchar las demandas de los gobernadores tradicionales, quienes se quejaron de que en el gobierno estatal les dicen que no hay recursos para proyectos, Martínez Veloz cuestionó a los representantes de los gobiernos local y federal, presentes en la reunión:¿dónde están los 241 millones de pesos que se dieron a Chihuahua por impuestos de las mineras?

La respuesta que recibió fue:bueno, sí existe una cantidad de dinero que se distribuye ya. No tenemos aquí la lista de comunidades y programas a los que se aplicará, pero se la enviamos.

Martínez Veloz y el senador Alejandro Encinas tuvieron que exigir respeto a los representantes del gobierno de César Duarte, luego de que se refirieron con menosprecio a los indígenas. La secretaria de Turismo estatal, Ivonne Barriga, al detallar lo que hace en beneficio de la Tarahumara, dijo: me he acercado a los gobernadorcillos para incorporarlos al plan de desarrollo integral de la región.


Y Miguel Ángel González, coordinador estatal de la Tarahumara, intentó descalificar a un representante de los indígenas. “Tú –le dijo– no eres gobernador tradicional, eres representante de una comunidad”. Ante la llamada de atención por el trato a los indígenas, subrayó: el término gobernadorcillo no es despectivo ni discriminatorio. Los gobernadores indígenas no eran nada, nosotros los reconocimos.

Ante el reclamo de los rarámuris de que se les ha informado que el Fideicomiso Barranca del Cobre no tiene recursos, los representantes del gobierno estatal –de las secretarías de Economía y Turismo, así como del propio fideicomiso– sostuvieron queno tiene recursos. No maneja dinero, por eso no se pueden construir obras en las comunidades.

Los senadores Alejandro Encinas (PRD) y Sylvia Martínez Elizondo (PAN) increparon a los representantes de César Duarte: “me preocupa que el fideicomiso sólo triangule recursos mediante la concesión a particulares; pido que le proporciones información de con cuántos recursos cuenta, su naturaleza jurídica, quién es el fideicomitente y quién el fiduciario “.

Martínez Veloz advirtió sobre el avance del crimen organizado en la Tarahumara al amparo, dijo, de las concesiones mineras, porque se ha creado un vacío que llena el crimen organizado.

Los indígenas señalaron que su principal problema es el reconocimiento legal del territorio y la falta de consulta libre sobre los proyectos que el gobierno lleva a esa región mediante empresas trasnacionales, la carencia de programas sociales, pues no tenemos acceso a ellos; la falta de agua potable y de médicos, medicamentos y equipo hospitalario.

En la sierra, señalaron, los problemas se agravan por la violencia, por el miedo. Llega gente de fuera y obliga a la nuestra a sembrar enervantes. No hay quien ponga alto a los homicidios.



Fuente: La Jornada

Autores: Victor Ballinas y Andrea Becerril

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/politica/009n1pol

Derriban casas en Tlaxcalancingo, Puebla para paso de Radial

Aparentemente sin haberles reparado el daño, desde hace unas semanas el Ayuntamiento de San Andrés Cholula ha realizado la demolición de algunos inmuebles para el paso de la Radial a Tlaxcalancingo.

El jueves pasado personal de Obras Públicas se constituyó en la Avenida Camino Real a San Andrés Cholula y calle Los Álamos en la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo en dónde realizó la destrucción de la parte de enfrente de dos casas que se encontraban justo en la esquina.

Tanto el director de Obras Públicas como los afectados, se negaron a dar entrevistas. Uno de los propietarios se limitó a decir que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento en el cual también se les pidió no dar declaraciones, “ya tenemos un acuerdo mi hermana y yo, somos los dueños de estas dos casas. Estamos de acuerdo con esto, porque nos van a hacer la reparación del daño”.

A decir de los vecinos del barrio de Coyotepec en esta junta auxiliar, suman alrededor de cinco propiedades dónde la maquinaria del Ayuntamiento ha derribado parte de su construcción con la promesa de regresar a pagarles.

“Hace como un mes tiraron la casa de doña Ricarda enfrente del Panteón y le prometieron que le pagarían, pero es la hora que no regresan a darle lo que le prometieron. Sólo la convencieron y ahorita ya nadie le responde por el daño”, expresó uno de ellos en entrevista.

Hasta el momento se desconoce cuándo arranquen la construcción de la Radial a Tlaxcalancingo, obra que consiste en la pavimentación de 2.4 kilómetros de carretera, ampliación a cuatro carriles, banquetas, un camellón y espacio para ciclovía en ambos sentidos y tendrá un costo de 25 millones de pesos, en dónde el Gobierno Estatal aportará un 70 por ciento y el Ayuntamiento el resto.

Fuente: Metropolitano Puebla

Autora: Marisa Nolasco

http://www.metropolitanopuebla.com/noticia.php?id=19027

Las etnias de Chiapas casi sin agua pero ahogadas en Coca-Cola

Un documental francés, Coca-Cola, la fórmula secreta, transmitido por la televisión de Bélgica hace tres años, molestó enormemente a esa compañía refresquera, la cual incluso se quejó ante el consejo deontológico de la prensa belga. El documental relata las peripecias de una reportera francesa para conocer la receta precisa del refresco. Y entre sus descubrimientos está que uno de los ingredientes principales… es agua. En grandes cantidades. Tres litros del líquido se necesitan para elaborar uno de la bebida azucarada. Y uno de los sitios donde la multinacional obtiene esa materia prima, casi gratis y a costa del desabasto de la población local, es Chiapas.

BRUSELAS (Proceso).- Coca-Cola: la fórmula secreta es el título de un documental que relata las vicisitudes de la periodista francesa Olivia Mokiejewski para conocer los ingredientes con los que se elabora ese refresco, los cuales resguarda la compañía con celo militar.

Uno de esos ingredientes es agua. Por eso una parte del documental está filmado en la zona de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde abunda.

La periodista, que viajó a esa localidad, señala que para producir un litro de Coca-Cola son necesarios tres litros de agua.

“Agua no es lo que falta –señala la voz superpuesta de Mokiejewski–. La región es una reserva de México: un paraíso para los fabricantes de refrescos. No es por azar que en los ochenta Coca-Cola decidió instalar una fábrica aquí.”


La periodista entrevista al hidrólogo Antonino García, quien explica que la refresquera se instaló “estratégicamente” en ese sitio para poder sacar directamente agua de los mantos freáticos de San Cristóbal. Afirma que todos los días extrae 750 mil litros, suficientes para abastecer a una población de 10 mil personas diariamente.

–Me imagino que con toda el agua que extrae, Coca-Cola debe pagar muy caro para compensar a toda la región por eso –comenta la joven periodista.

García, riendo, responde que no. Coca-Cola pagó apenas 25 mil euros en 2003, y todo gracias a los favores del entonces presidente Vicente Fox, quien fue presidente de la compañía en México.

Mokiejewski reflexiona: “25 mil euros por centenas de millones de litros de agua: el principal ingrediente de Coca-Cola no le costaría prácticamente nada a la compañía”.

El documental explica que hay cinco comunidades que dependen de los mismos mantos freáticos explotados por la refresquera. Ahí el agua es cada vez más escasa.

Una familia de uno de esos poblados le muestra a la periodista que en ese momento no tienen agua y que cada vez es más frecuente el desabasto. Abren la llave y no sale nada. Deben utilizar agua de lluvia o de pozo, que no es potable y enferma a los niños.

Mokiejewski expone ante la cámara: “Privados de agua en una región en la que sobra, los habitantes contactaron a Coca-Cola. Pero la multinacional asegura que no hay ningún vínculo entre su bombeo intensivo y la escasez de agua. El colmo de la ironía: cuando en el pueblo no hay agua, los niños toman refresco. Es una historia sin fin, una trampa en la que están atrapados los indígenas de Chiapas”, razona Mokiejewski mientras aparece la imagen de un niñito, casi un bebé, tomando refresco de cola de un biberón.

Ese fragmento del reportaje se incluye específicamente en una queja que la empresa Coca-Cola Services Belgique presentó el 22 de mayo pasado ante el Consejo de Deontología Periodística de Bélgica (CDPB) contra la compañía pública Radio Televisión Belga Francófona (RTBF), que transmitió en este país el documental francés.

Este consejo, creado en 2009 y formado por 20 periodistas y editores, recibe quejas y ofrece su opinión sobre casos relacionados con el tratamiento de la información en el conjunto de los medios belgas. Su secretario general, André Linard, comenta a Proceso que esa instancia nunca había recibido una demanda internacional de tal naturaleza.

La refresquera acusó ante el CDPB que la investigación relativa a México contiene “informaciones inexactas”, además de que todo el reportaje muestra “una voluntad manifiesta de destruir la reputación de Coca-Cola”.

El pasado 1 de diciembre, el organismo deontológico publicó sus conclusiones: el documental, sentencia, siguió un método de investigación periodística “correcto” y la periodista que efectuó el trabajo, Olivia Mokiejewski, respetó las pautas éticas profesionales.

El consejo no encontró en el documental violaciones al código deontológico belga ni “fallas de investigación y respeto a la verdad” (artículo 1), ni “ausencia de verificación de las fuentes” (artículo 4) y tampoco “deformación de información o eliminación de informaciones esenciales” (artículo 3).

Documental “correcto”

El documental Coca Cola: la fórmula secreta fue realizado en 2012 por la productora francesa Nilaya y coproducido por France Télévisions, el grupo audiovisual del Estado francés. Está filmado en Francia, Estados Unidos y México y fue transmitido originalmente en el canal de televisión pública France 2 como parte del programa de investigaciones periodísticas Infrarouge. Su duración es de 65 minutos; la parte relativa a México dura 12 minutos.

En Bélgica el documental fue difundido en cuatro ocasiones en el canal Uno de la RTBF en enero de 2013. Antes de la cuarta redifusión, el 13 de mayo de 2015, Coca-Cola refiere que se comunicó con la RTBF para exigirle que rectificara las supuestas informaciones erróneas, lo cual rechazó la televisora.

Una parte importante del reportaje transcurre en Estados Unidos (Atlanta, Nueva York y California), donde por medio de entrevistas con fuentes de primera mano la periodista logra dar con la fórmula secreta de la Coca-Cola. Entre esos componentes hay extracto de hojas de coca (las cuales se importan de Perú y Bolivia y sirven para dar el aroma amargo al refresco); una cantidad de azúcar equivalente a 10 cucharadas soperas por cada lata del producto, y un caramelo químico, el E.150D, que en 2007 se reveló cancerígeno (causa leucemia en animales).

Las autoridades sanitarias de California limitaron el uso del E.150D a 29 microgramos por cada lata de Coca-Cola, señala a la reportera francesa Mike Jacobson, director del Centro de Ciencias de Interés Público californiano. En los documentos que enseña el experto a la cámara se observa que en México se permiten 147 microgramos del químico por lata.

La refresquera asegura que perdió 1 millón 600 mil euros en ventas en Bélgica como resultado de las primeras cuatro transmisiones del documental.

Según consta en la resolución del CDPB, al cual tuvo acceso el corresponsal, la emisora argumentó en su defensa que no había producido el reportaje y, por tanto, no podía responder con detalle sobre cada afirmación precisa del mismo.

Alegó también que “el objetivo del documental nada más es informar” y consideró que “el resultado (informativo) es suficientemente creíble para que France Télévision lo difunda sin modificaciones, a pesar de las críticas”.

La televisora belga puntualiza que durante su investigación Mokiejewski no obtuvo respuestas precisas de la firma cuando la buscó: “Rehusarse a dar entrevistas constituye siempre un riesgo y es muy fácil quejarse después”, reclama la RTBF a Coca-Cola, en cuya demanda también asegura que es mentira que la refresquera se haya negado a responder sus cuestionamientos y que en todo caso “ella no se dirigió a los interlocutores que podían contestarle”.

En el documental la periodista menciona que durante dos meses solicitó entrevistas a dirigentes de la empresa, para lo cual envió 21 correos electrónicos e hizo 12 llamadas telefónicas. En una de ellas se escucha a una persona de prensa de la compañía negarle definitivamente cualquier declaración.

En otra secuencia se ve a Mokiejewski ir a buscar a un domicilio particular en Estados Unidos al presidente y director ejecutivo de la firma, Muhtar Kent. Por el intercomunicador del portón de la casa, ella explica que lleva dos meses pidiendo una entrevista con Kent, pero la persona que la escucha le cuelga groseramente, por lo que sólo deja encima del aparato una hoja con su solicitud de entrevista.

Paraíso refresquero

Otro fragmento rodado en México y que también integra la denuncia de Coca-Cola en Bélgica tiene que ver con el precio del refresco, que se menciona en el documental.

Ese episodio comienza cuando Mokiejewski expone: “Los mexicanos se han convertido en los mayores consumidores de Coca-Cola del mundo. Y en Chiapas se rompen los récords: tres latas diarias por habitante”.

Mientras viajan en una camioneta por un camino local, Marcos Arana, médico y experto en salud pública, comenta a la periodista que en esa región las madres dan de tomar Coca-Cola a sus hijos antes de los dos años de edad, con lo que deforman sus hábitos alimenticios y los vuelven adictos al azúcar.

Arana invita a la periodista a contar las tienditas que venden Coca-Cola: se encontraron 166 en 42 kilómetros que recorrieron.

Las imágenes de jovencitos indígenas reunidos afuera de una de esas tiendas se suceden. Mokiejewski dice: “Un país pintado en rojo y blanco, el modelo económico perfecto para Coca-Cola. Hasta en el pueblo más alejado de Chiapas la multinacional ha puesto en marcha una estrategia imbatible”.

La periodista se refiere al préstamo de refrigeradores exclusivos para los productos de ese fabricante de refrescos, lo cual le platica un tendero a quien entrevista.

Afuera de una tienda hay una especie de cartel, que dan las empresas con las fotografías de diferentes bebidas y sus respectivos precios. Se indica que un litro de Coca-Cola cuesta siete pesos; el de agua, ocho pesos. La botella de tres litros de Coca Cola se vende a 21 pesos. Arana comenta que tres litros de agua deben valer entonces 24 pesos. “El agua es más cara que la Coca-Cola; ese es el problema”, resume la periodista.

Enseguida, con una voz de fondo afirma: “Hoy los indígenas de Chiapas no pueden vivir sin Coca. A tal punto que la marca se ha logrado imponer en la religión y reemplaza el pox, la bebida tradicional, en las ceremonias sagradas”.

La reportera asiste a un rezo familiar en que se pide por la salud de un niño que tiene fiebre. Describe así la escena: “Para satisfacer a los dioses, no hay menos de siete botellas de Coca en ofrenda”.

El patriarca de la familia, un hombre de edad avanzada, afirma muy orgulloso que la bebida ya es parte de la “cultura” de la región, y explica que los eructos que causa ahuyentan a los malos espíritus. Sus dichos son intercalados en el reportaje con imágenes de los miembros de la familia tomando Coca-Cola en pequeños vasos y con una actitud ritual, incluso cerrando los ojos.

El último comentario de Mokiejewski en la parte chiapaneca de su documental es aterrador: “En México, 70% de la población padece sobrepeso u obesidad. Según el Observatorio Mexicano de la Salud en 2020 lo padecerá 100% de la población”.

Caso inédito

Proceso contactó a Mokiejewski, quien dijo no tener conocimiento de la queja de Coca-Cola en Bélgica.

Por su parte, André Linard, secretario general del Consejo de Deontología Periodística de Bélgica, explica: “Nosotros no rehacemos la investigación de la periodista; lo que examinamos es cómo trabajó: si todas las reglas éticas del ejercicio periodístico fueron respetadas. En este caso no vamos a ir a Chiapas para verificar”.

No obstante, durante los ochenta y noventa Linard viajó a Chiapas unas siete u ocho veces para hacer coberturas periodísticas. Estuvo en particular en San Cristóbal, por lo que, dice, “conocía el contexto de la demanda” de Coca-Cola.

Linard no comprende las razones por las cuales Coca-Cola pretendió desacreditar el trabajo periodístico del reportaje francés en Bélgica, pero subraya: “Desde hace seis años de existencia del consejo hemos tratado más de 300 expedientes y no recuerdo la queja de una empresa conocida internacionalmente con relación a una producción de contenido periodístico difundido en Bélgica”.

El fallo del CDPB tiene un carácter moral entre el gremio periodístico; no deriva en sanciones materiales ni multas.

–Si la opinión del consejo hubiera sido contraria a la RTBF, ¿qué hubiera ocurrido? –se le pregunta.

–Una opinión negativa significa que constatamos una falta deontológica, y en ese momento el medio afectado está obligado a informar a su público de nuestra decisión a través de una mención en su sitio de internet. No hay censura: no vamos a prohibir la difusión futura de un reportaje, pero la RTBF hubiera tenido que tomar en cuenta nuestra decisión al plantearse una nueva difusión del documental. El medio es responsable de tomar una decisión al respecto. No tenemos derecho a prohibir la publicación de nada. La libertad de expresión es un derecho fundamental.

La resolución del consejo refiere que en el caso de la información que se maneja en el fragmento mexicano del documental, “la problemática que se aborda genera debates, tanto en lo referente a la cantidad de agua necesaria como a los efectos de la producción chiapaneca sobre las poblaciones locales”.

Y remata: “El tono dominante es crítico, pero eso es legítimo por parte de los medios, ya que son contrapoderes. No porque un reportaje es crítico está tomando partido o es imparcial”.


Fuente: Proceso
Autor: Marco Appel
http://www.proceso.com.mx/429101/las-etnias-de-chiapas-casi-sin-agua-pero-ahogadas-en-coca-cola

Grupo Femsa-Coca Cola se acaba el agua de Apizaco, Tlaxcala

Apizaco, Tlax.- Un angustioso llamado de los habitantes de la comunidad de San Luis Apizaquito, del municipio de Apizaco, fue lanzado para llamar a atención del gobierno federal y de ambientalistas, por la brutal extracción de millones de litros cúbicos de agua diariamente del agua potable por parte dela empresa Femsa Coca Cola.

Los preocupados vecinos mostraron el tendido subrepticio de dos kilómetros de un tubo de al menos diez pulgadas para conducir, por la parte trasera de la planta ubicada en este lugar, para llevar miles de litros que se convertirán en bebidas gaseosas y agua embotellada.

Los vecinos que por razones obvias pidieron omitir sus nombres, indicaron que cada día los mantos acuíferos se abaten en Apizaquito, no obstante la existencia de manantiales que surten de agua potable a municipios como Tetla de la Solidaridad y Apizaco.

LA OBRA

Indicaron que desde hace un mes, la empresa contrató a trabajadores para cavar una zanja que va encubierta a la ribera del río Apizaquito, hasta llegar a la arte trasera de la planta.

Mostraron que incluso con maquinaria pesada se realizan los trabajos que van desde un costado del Centro de las Artes, donde se ubican dos pozos de la mejor agua potable de la región.

De ahí bordean el río y conducen mangueras de a menos diez pulgadas de diámetro, lo que indica que la extracción será de miles de litros por segundo cada día, que se suman a la explotación del agua por medio de pozos internos con que cuenta la planta.

NO TIENE LLENADERO

Manifestaron que esta obra no se sabe si cuenta con los permisos oficiales, aunque ni falta que hacen, ya que cada presidente de comunidad que llega es comprado por la empresa, lo mismo que la autoridad municipal y ni se diga de la Conagua, “para que no se metan en ese tipo de obras”.

Indicaron que hay alarma porque saben que esta planta fue corrida de Veracruz y de Puebla, porque llega para acabarse el agua, que como en este caso compran los pozos para que la autoridad no diga nada y extraen el agua de manera brutal.
Indicaron que ante la pasividad de la autoridad de la comunidad, del municipio, del gobierno de Mariano González Zarur, van a recurrir a instancias nacionales, para frenar este abuso de la planta Femsa Coca Cola.

Reconocieron que es posible que la planta no viole la ley, porque no perfora ningún pozo, pero no es posible permitirle que se apropie de pozos comunales y los empresarios hagan lo que se les pegue la gana, sin que nadie les diga nada.

CAÑONAZOS DE 50 MIL

Los vecinos de la zona por donde se rascan zanjas y se tiende la tubería, indicaron que esta empresa no deja beneficios para la población, aunque reconocieron que genera algunos empleos, el daño que causan al llevarse el agua va a ser irreversible.

Sin embargo cuando el pueblo les solicita ayuda para beneficio de todos, como sería el caso de entubar el río para evitar contaminación, ellos dicen que nunca hay recursos para nada.

Si brindan alguna ayuda, la dan a cuenta gotas, pero se haba de que a los alcaldes les dan como antes “cañonazos de 50 mil pesos al mes, para que se queden callados y no se metan”.

SE ACABAN EL AGUA

Un problema severo en el abasto de agua potable se prevé para los próximos tres años en la región de Apizaco, a causa de la sobreexplotación de este recurso natural.

Esto ocurre principalmente por parte de la empresa Coca-Cola, Procter and Gamble, Celfimex y nuevas unidades habitacionales; revelaron estudios hidrogeológicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (INTA).

Aún más, en 50 años la situación podría ser "alarmante", si desde ahora las autoridades no toman medidas, para evitar esta situación a través de planes estratégicos para la conservación del recurso natural.

El ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco (Capama), Héctor Osorio Chumacero, recordó los resultados del estudio que elaboró el INTA en 25 municipios de la zona norte del estado, principalmente en Apizaco.

AUMENTA LA SOBREEXPLOTACIÓN

Con base en los resultados de la investigación, a la que se le denominó "Estudio Hidrogeológico de la porción alta del acuífero Alto Atoyac (Apizaco-Tlaxcala)", se desprende que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos de alrededor de siete millones de metros cúbicos al año.

Osorio Chumacero indicó que la superficie que se sometió al análisis correspondiente fue de 934.34 kilómetros cuadrados, que representan 45.27 por ciento de la superficie total de los municipios en estudio.

El censo se efectuó en 231 aprovechamientos, de los cuales 199 se ubican en la poligonal de la zona de estudio, que corresponden a 197 pozos y dos manantiales, así como otros 32 pozos fuera de la poligonal.

LOS POZOS

"Entre los pozos censados se ubican los que abastecen a la población, los industriales y agrícolas".

La filtración de las aguas pluviales hacia los mantos freáticos es de 41.33 millones de metros cúbicos al año, sin embargo, existe una extracción de 48.49 millones de metros cúbicos, lo que provoca una sobreexplotación de 7.6 millones de metros cúbicos.

De los manantiales se extraen 1.44 millones de metros cúbicos anuales, mientras que de los pozos de agua potable se explotan 23.40 millones de metros cúbicos al año y por fugas de las redes naturales se van 14.65 millones de metros cúbicos al año.

Del total de los 48.43 millones de metros cúbicos que se extraen anualmente de los mantos acuíferos, el 72.92 por ciento son explotados por la población urbana, el 14.43 por ciento por la industria y el 9.14 por ciento corresponden a pozos agrícolas.

"La explicación es simple, pues el crecimiento urbano ha crecido de manera acelerada y desordenado, hubo nuevas unidades habitacionales, en los últimos años se crearon los tres parques industriales, el corredor de Xaloztoc y todo eso tiene sus repercusiones".

Estas son el paulatino abatimiento de los mantos freáticos de la zona que están a punto de secarse, lo anterior debido al mal uso de los consumidores y a la explotación por parte de las empresas que trabajan en por lo menos 5 municipios conurbados a la ciudad de Apizaco.

URGE FRENAR SOBREEXPLOTACIÓN DE AGUA

Hace cinco años, la vicerrectora de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) de Costa Rica, Lorena San Román Johanning, urgió a la población y a las autoridades municipales de Apizaco a poner un alto a la sobreexplotación de los mantos freáticos que desde hace varios años realiza la empresa Coca Cola, instalada en la comunidad de San Luis Apizaquito.

Advirtió que “de no tomar cartas en el asunto, los habitantes de la comuna padecerán una severa crisis por la falta del líquido, que incluso podría provocar que cierto puntos de la región terminen como zonas geográficas prácticamente inhabitables.

"Yo pregunto si el futuro de Apizaco lo quieren limpio, que si lo quieren con agua o sin agua. Este problema lo deben arreglar con la mano en el corazón y pensando en sus hijos y sus nietos, pero si no están dispuestos a hacerlo, mejor busquen otro lugar para vivir, porque el agua es indispensable".

La investigadora y especialista en temas ambientales refirió que la empresa embotelladora de bebidas debería emprender, en el municipio y en toda la cuenca, acciones encaminadas a la reforestación, a fin de garantizar la recuperación de los mantos acuíferos de los que se abastece.

"Tienen que hacer alguna cosa si se está sacando tanta agua. Tienen que ver cómo se repone esa agua. Debería haber una responsabilidad social de la Coca Cola para, así como saca agua, reforestar este municipio".

San Román Johanning advirtió que, de no tomar cartas en el asunto, en los próximos años Apizaco y los municipios aledaños podrían padecer el mismo problema que actualmente enfrenta la Comarca Lagunera (conformada por zonas de los estados de Coahuila y Durango), en donde -dijo- la llegada de la empresa Lala significó la sobreexplotación de agua y el inicio de una crisis por la falta del líquido.

"La Comarca Lagunera se llama así porque había lagunas; hoy es un desierto. Hay puentes en donde había un río y hoy sólo están los puentes. Lo que pasó fue que ahí llegó Lala y antes sacaban el agua a 30 metros de profundidad; ahora lo tienen que hacer a 300 metros. Están en una crisis".

FEMSA Apizaco

FEMSA SE ACABA EL AGUA Y SE VA

Cabe señalar que la empresa FEMSA ha realizado una extracción día y noche de los mantos freáticos profundos, desde hace 27 años, pero hay otras empresas más que abaten el recurso al paso de los años.

Además, Celfimex, Hovomex y Procter and Gamble están en la mira de las autoridades y los ciudadanos, por la despiadada explotación de los mantos acuíferos del subsuelo.

Otro aspecto de corresponsabilidad de pasadas administraciones municipales ha sido la autorización para construir unidades habitacionales que demandan miles y miles de litros de agua cada día.

Por otra parte, ya se ha solicitado información para cuidar que no se acabe el agua; sin embargo, FEMSA es una empresa que se ha expandido y lo grave es que nunca ha dado atención a la población.

Los mantos freáticos de las comunidades aledañas a la planta, como son las de Texcalac, San Isidro, Apizaquito, el Cerrito de Guadalupe y de la propia ciudad de Apizaco están en riesgo.

DESPOJO DE ÁREA COMUNAL EN APIZAQUITO

La empresa Envases Universales es acusada por el presunto delito de despojo de área comunal en la periferia de la Iglesia de Apizaquito y de haberse apropiado de una calle.

Feligreses y vecinos de Apizaquito encabezados por Luis Hernández Hernández, Manuel Hernández Pérez, Baltazar Hernández Zamora, Aurelio Franquis y Silvano Torrentera denunciaron los hechos.

Durante un recorrido por el sitio, mostraron que la empresa cerró arbitrariamente la calle Olmeca, para instalar una reja, sin respetar la vialidad de automóviles y transeúntes.

En lo que era la calle ha construido un lugar para embarcar su mercancía, ya que esta empresa elabora botellas de plástico para la empresa Femsa, instalada a unos cuantos metros.

Pero además la empresa ya construyó una barda y prácticamente dejó encajonada la periferia de la iglesia, sin respetar las banquetas y menos las vialidades.

Además de que con sus instalaciones también ha invadido un paso comunal, y pese a que le han hecho saber a la empresa de estas irregularidades, no han obtenido respuesta.

Temen que les quiten tierras o parte de sus propiedades, porque la actitud de los representantes de la empresa les hace temer lo peor, ya que existe una muestra palpable del abuso que están cometiendo.

Indicaron que tienen temor de que se inunden, porque precisamente la calle olmeca es por donde baja el agua del cerro de La Cruz, que en temporada de lluvias ha causado inundaciones.

Explicaron que al construir en la calle, además de que se impide el paso, se evita la salida y el desfogue del agua, además de que consideraron que esto es un despojo para el pueblo.
Sostuvieron que desde hace más de cinco años han solicitado la intervención del ayuntamiento de Apizaco, debido a que la autoridad de su comunidad nunca hace nada por recuperar este espacio público.

Ante esta situación solicitaron la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de quien regule la tenencia de la tierra, ya que es a todas luces un acto de arbitrariedad.

También pidieron la intervención del gobierno estatal, ya que los feligreses se encuentran muy molestos porque les han invadido el perímetro de su iglesia de manera abusiva.

A la Conagua le solicitan que realice un estudio para conocer las dimensiones del peligro que representa impedir que las corrientes de agua causen algún daño.
También para que delimite el derecho federal de los ríos que cruzan por el lugar, ya que como nadie molesta a las empresas, estas se han apropiado de tierra que es considerada como un bien federal.

Indicaron que una vez más enviarán por escrito a las autoridades su queja, pero que ya se cansaron de gastar dinero y tiempo sin que les hagan caso y ante esta situación advirtieron que si no tienen respuesta, van a tomar otras medidas.

Mientras esto ocurre, en Apizaquito hay mucho descuido, enromes montones de basura frente al panteón, no hay obra, hay afectación de un sitio histórico, pero lo más grave es constatar que esta empresas trasnacional se acaba el agua de Apizaco.

Autores: Pedro Morales/Jorge Lezama

Extraído de la página: https://www.facebook.com/pedro.moralesgonzalez.52/posts/1098330900197902