Gobierno de Cuautitlán destruye un nuevo patrimonio de Tultepec

Tultepec, EdoMéx.- La madrugada de este 1º de Enero maquinaría custodiada por elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán destruyeron la segunda escultura que daría bienvenida a nuestro municipio del lado oriente. Con la excusa de limites territoriales y aún siendo la segunda entrada principal hacia nuestro municipio, y colocándose al lado de otra escultura tultepequense. Los enviados por los funcionarios cuautitlenses involucrados, de manera cobarde destruyeron y huyeron.

Esta escultura representa a la atracción turística más importante de Tultepec: “La comunión y orgullo por sus raíces de la Gente Tultepequense”. Esta es de las más interesantes del Estado de México, que pocos municipios conservan hasta a nivel nacional. En este emblema se proyectan las principales tradiciones y cultura de este municipio: (T) Toros Pirotécnicos, (U) Tapetes y arcos florales de mayordomías, (L) Globos de Cantolla, (T) Músicos, (E) El Vítor, (P) Castillos pirotécnicos, (E) Paseo de los Farolitos, (C) EL niño de las Palomitas. El Diseño surgió de la Oficina de Comunicación Social 2013-2015.

Fuente: Coacalco Noticias al Momento

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Gobierno de Peña alista la licitación de 26 nuevos gasoductos

A contrarreloj, el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara la licitación de 26 gasoductos a capital privado “nacional e internacional”, y para ello deberá construir, de aquí al 2018, más de 8 mil kilómetros de ductos para transportar gas natural “en todo el país”.

El anuncio fue presumido en el primer congreso internacional en “Logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, organizado por Pemex; en el evento el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, detalló que este ambicioso proyecto permitirá el traslado de “gas natural” en todas las entidades federativas del país.

“Es una estrategia nacional de impulsar más gasoductos, pues actualmente tenemos 11 mil 300 kilómetros lineales, y con esta licitación incrementaremos en 75% lo que tenemos… la licitación se abrirá al sector privado nacional e internacional”, confirmó el director de CFE.

En su intervención el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguró que la licitación de gasoductos, la creación de los mercados de gas y la transformación industrial de esta empresa productiva del Estado obedecen a una instrucción precisa del presidente Peña Nieto de “aprovechar al máximo las herramientas de la reforma energética”.

En su mensaje, Lozoya fue realista sobre quiénes habrán de construir los gasoductos al adelantar: “Ojalá nuestros (futuros) socios fueran representados por capital mexicano”, en alusión a que inversiones de esta envergadura tendrán que ser entregadas –en su mayoría– a capital extranjero.

En el congreso, desarrollado en el municipio de Boca del Río, ni Ochoa Reza ni Lozoya Austin repararon en la inconformidad y polémica por la instalación de gasoductos en los estados de Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Chihuahua, entre otros, luego de que diversas organizaciones de ambientalistas, comunidades enteras y asociaciones civiles acusan que en aras de dar celeridad al proyecto, las empresas –que participan en los estudios previos para construir los gasoductos– y el gobierno federal y locales no han reparado en los Manifiestos de Impacto Ambiental, en los lineamientos de protección civil, así como en afectaciones a asentamientos y fraccionamientos ya construidos hace décadas.

Tan sólo en la entidad la instalación de gasoductos ha traído inconformidades en los municipios de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, San Rafael y Martínez de la Torre.

En el caso de los municipios aledaños a la capital del estado, organizaciones vecinales y ambientales acusan que la instalación de un gasoducto que atravesará siete municipios únicamente se hace con la finalidad de beneficiar a las trasnacionales Nestlé y Coca Cola, a costa de traer problemas de escasez de agua para diversas comunidades.

Para Ochoa Reza, la licitación de 26 gasoductos en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto permitirá reducir el costo de generación de energía eléctrica, suplir el combustóleo y tener una energía de menor daño al ambiente.

Lozoya Austin estimó que la apertura al mercado internacional permitirá entrar a Pemex a un mercado global.

En este primer congreso internacional en “Logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos” quedó fuera de la agenda la caída de los precios internacionales del petróleo, así como la cancelación de plazas en Pemex, situación que tiene alarmados a los empleados de planta en el norte y sur de la entidad.

Apenas el lunes pasado, la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPM), a través de su líder Ramón Hernández Toledo, confirmó la cancelación de mil 283 plazas, lo que representa 43% de los puestos de trabajo que, a nivel nacional, Pemex tenía programado suprimir este 2015.

El dirigente petrolero acotó que en ese recorte emergente 550 plazas canceladas se debieron a jubilaciones.

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

Cierran vecinos de San Pedro Mártir la México-Cuernavaca

México, D.F. Habitantes de San Pedro Mártir cerraron la Autopista México-Cuernavaca para exigir la cancelación de la construcción del viaducto elevado de la Autopista Urbana Sur, a cargo del consorcio Cicsa, Carso, Infraestructura e Impulsora Tlaxcalteca, que ha alterado la vida de la comunidad y dañado 11 viviendas

Pese a múltiples solicitudes realizadas desde el año pasado a las autoridades locales y federales para detener los trabajos de esta vialidad de cuota, “nos han traído de un lado a otro, sin ninguna respuesta puntual, obligándonos a bloquear la autopista”.

Diego Antonio Contreras, vecino de la zona, explicó que personal de la empresa y la delegación se comprometieron a realizar un recorrido por las viviendas afectadas y “ver como se se ha alterado nuestra calidad de vida con tantas vibraciones de la maquinaria”.

Los cerca de 50 vecinos advirtieron que “no nos moveremos de aquí hasta ser atendidos, por lo cual pedimos una disculpa a los automovilistas, que se dirigían a Cuernavaca, al quedar atrapados por esta protesta, misma que se levantará cuando alguna autoridad, nos resuelva”.

Largas filas de automóviles y tráileres se formaron por el bloqueo, que lleva cinco horas.

Fuente: La Jornada

Autor: Laura Gómez Flores

Campesinos de Oaxaca continúan bloqueo en carretera hacia Chiapas

Juchitán, Oax. Campesinos de sorgo, maíz y frijol de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec cumplen 24 horas de bloqueo en la carretera federal, a la altura del puente El Jícaro, que comunica al estado de Chiapas, lo que ha provocado una fila de autos de unos 11 kilómetros de lado poniente de Zanatepec.

Los manifestantes, originarios de los municipios de Chahuites y Tapanatepec, exigen a la Sagarpa el pago de indemnizaciones por la perdida de sus cosechas por las lluvias ocurridas el año pasado. Dijeron que sus cosechas fueron lastimadas por las torrenciales lluvias que azotaron la zona oriente en 2014 y desde esa fecha no han recibido algún pago.

“Pedimos a René Egremy Cruz y a su hermano, Adalberto Egremy Cruz, que cumplan con el pago de los campesinos, ellos trabajan para Sagarpa, a ellos les entregamos nuestras incidencias y ahora no nos quieren cumplir, son miles de hectáreas que cosechamos año con año y lamentablemente fueron lastimadas por las lluvias”, expusieron.

Los manifestantes pidieron atención directa del titular de Sagarpa a nivel región Istmo de Tehuantepec, Efraín Ríos Mendoza, que atienda sus demandas, que agilice los pagos, pues es su única forma de vivir y de poder seguir cosechando sus parcelas.

Fuente: La Jornada

Autor: Diana Manzo

Pronunciamiento de #AlertaXochicuautla, un pueblo otomí que se niega a someterse

PRONUNCIAMIENTO

San Francisco Xochicuautla, el pueblo otomí que se niega a someterse

San Francisco Xochicuautla, Lerma, estado de México.

8 de julio de 2015

Desde el día 18 de junio de 2015 hasta el día 7 de julio del mismo año la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México ha sido sitiada por trabajadores de la empresa Autovan S.A de C.V los cuales están permanentemente custodiados por Policías Estatales, personal del Gobierno Estatal y Policía Ministerial.

Por enésima vez los indígenas otomíes de Xochicuautla resisten el embate de las fuerzas gubernamentales y empresariales quienes se han empeñado en imponer un megaproyecto carretero el cual de realizarse partiría a la mitad sus tierras ancestrales y sus lugares sagrados.

Xochicuautla sostiene una resistencia civil pacífica a este proyecto concesionado a una filial del Grupo Higa desde el año 2007. Han sido años repletos de acciones legales, diversas movilizaciones, las cuales han buscado la cancelación definitiva de este acto de agresión a la naturaleza y a la vida de un pueblo mexiquense.

En mayo de 2013 y noviembre de 2014 la comunidad indígena sufrió detenciones de varios de sus integrantes por la imputación de “oposición a la obra pública”, jóvenes y adultos mayores fueron detenidos y trasladados a la Cd. de Toluca para amedrentar la resistencia, sin embargo, dichos actos arbitrarios no pudieron sostenerse y las personas recuperaron su libertad casi inmediatamente.

Sin embargo, a pesar de los recursos jurídicos interpuestos, la falta de consulta libre previa e informada a la población indígena y el daño ambiental que ocasionaría la obra, la empresa Autovan S.A. de C.V. y gobierno insisten en imponerla con garrote en mano haciendo caso omiso a los llamados estatales y nacionales para su cancelación e iniciar procesos de diálogo con la comunidad.

Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero decidió mantener monitoreo y presencia permanente en la comunidad a efecto de observar directamente el proceder de las autoridades mexiquenses y la empresa en cuestión.

Con nuestra labor de observación civil hemos verificado que los indígenas otomíes defensores de derechos humanos se encuentran en un alto riesgo de ser agredidos físicamente e incluso injustamente detenidos/aprehendidos por su labor de defensa de pueblos indígenas y medioambiental, así como constatamos que no existen señales de voluntad de gobierno y empresa para respetar la decisión del pueblo otomí.

Por lo anterior es que consideramos indispensable hacer del conocimiento público que en el Estado de México se prepara una nueva represión-imposición si es que la sociedad civil nacional e internacional, pueblos, organizaciones sociales, personas dignas y nobles no hacen lo que está a su alcance para evitarla. Es en ese entendido que este Centro de Derechos Humanos llama la atención de todas las organizaciones, pueblos y personas para respaldar la digna resistencia del pueblo de Xochicuautla.

Por nuestra parte fortaleceremos nuestra observación en el territorio y acompañaremos a las personas indígenas a hacer del conocimiento de instituciones y organizaciones internacionales la delicada situación que atraviesan los indígenas defensores de derechos humanos del estado de México.

Desde que nos constituimos como organización de la sociedad civil para participar en la defensa de derechos humanos en el Estado de México lo hicimos convencidos de que los derechos humanos son una herramienta que debe estar a la disposición de la emancipación de los pueblos, hoy la lucha de Xochicuautla refrenda y fortalece nuestra determinación, porque es precisamente en la lucha de los pueblos y personas comunes donde se gesta la construcción de un mundo con dignidad humana.

Fuente: Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero"

Página web: https://cdhzl.wordpress.com/2015/07/09/san-francisco-xochicuautla-el-pueblo-otomi-que-se-niega-a-someterse/

‪#‎FreeNestora‬. Caso OHL: Edomex expropió ilegalmente un rancho a su favor en 2009

El terreno de 28 mil metros cuadrados utilizado para el Circuito Exterior Mexiquense fue expropiado bajo la falsa premisa de que no tenía dueños reconocibles y sin respetar garantía de audiencia. Además el terreno fue valuado 4 veces por debajo de su valor real. Pese a sentencias favorables, trabas judiciales han impedido que los afectados reciban la reparación del daño.

En 2009, el entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto emitió un decreto de expropiación de El Rancho Mayte, ubicado en Tultepec,  para que ahí se construyera un tramo del Circuito Exterior Mexiquense, obra adjudicada a la empresa OHL.

Se argumentó, entre otras cosas, que el rancho no tenía dueño conocido pues no aparecía en el registro público y que su valor era de diez millones de pesos.

Pero contrario a lo establecido en el decreto, el rancho de 28  mil metros cuadrados sí estaba inscrito en el registro público por la familia que lo adquirió desde hace más de 40 años.  Además, el  valor real de la propiedad superaba los 50 millones de pesos.

Dos sentencias de amparo dictadas por un juzgado y un tribunal federal (de las que Animal Político tiene copia), en un proceso legal que se ha extendido por más de cuatro años, concluyeron que la expropiación ordenada por el Estado de México violó la constitución y los derechos de los propietarios del rancho.

En consecuencia,  se ordenó indemnizar a los afectados pues el terreno es irrecuperable: el circuito exterior y los coches lo atraviesan en medio.

Pero escollos legales en el mismo Poder Judicial, como la falta de designación de un perito por parte del Consejo de la Judicatura, han impedido hasta ahora que haya un nuevo dictamen  y que se repare el daño causado.

En el audio de una llamada que se difundió la semana pasada, entre el Director de Relaciones Públicas de OHL México Pablo Wallentin y el Director Jurídico de la compañía Gerardo Fernández, donde se habla de supuestos  sobornos a magistrados, se hace mención, sin abundar en detalles, al proceso por los terrenos de “Tultepec”.

-Oye y lo de los terrenos eh…. Lo de Tultepec, me parece perfecto,  a ver qué dictamen sale, y ni modo! – señala Wallentin

-Ok -responde Fernández

- Hecho

-Hecho Pablito bye

Giancarlo Schievenini, abogado de los dueños originales del rancho, reveló que el dictamen al que se hace referencia en la conversación telefónica es el que falta para la indemnización. “Nosotros no nos atrevemos a interpretar si hay o no sobornos en este caso, pero lo que es una realidad es que a cuatro años de que se hizo esa expropiación ilegal, no se ha reparado el daño” dijo.

El rancho perdido

El Rancho Mayte era una propiedad de aproximadamente 90 mil metros cuadrados ubicado en el pueblo de Santiago Tulyehuaco perteneciente el municipio de Tultepec. Sus propietarios son la familia Schievenini como consta en  su título de propiedad fechado en 1966 e inscrito en la oficina del Registro Público de Cuatitlán (asiento 50, volumen 368).

El rancho era utilizado principalmente para la cría de ganado  y la siembra de alfalfa. Además contaba con un pozo de agua debidamente concesionado, que generaba 216 mil metros cúbicos de este líquido al año.


Pero el 24 de agosto del 2009 en la gaceta de Gobierno del Estado de México se publicó un decreto  firmado por el hoy presidente Peña Nieto en el que se ordenaba la expropiación de casi 30 mil metros cuadrados del rancho.

Gaceta oficial del Edomex:

  Gaceta oficial del Edomex

El argumento fue la utilidad pública del terreno para la construcción de un tramo de la tercera etapa del Circuito Exterior Mexiquense, obra a cargo de la sociedad anónima Concesionaria Mexiquense (Conmex) perteneciente a la compañía española OHL, que en últimas semanas ha sido exhibida en supuestos actos de corrupción y fraude.


En el decreto se expuso que  no había inscripción del terreno en el registro Público. Animal Político tiene copia de los oficios firmados por la registradora de Cuatitlán, Rocío Rojas, y del Director Técnico Jurídico de la Función Registral del estado Luis Alcántara Hinojosa, en donde en efecto, aseguran que no existía el registro, hecho que a la postre fue desmentido en el juicio.

Oficios del Edomex:

  Oficios del Edomex

Además, el decreto firmado entre otros funcionarios por el secretario de Comunicaciones de la entidad, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el valor de los poco más de 28 mil metros cuadrados expropiados era de diez millones 188 mil pesos, los cuales quedaban a disposición como indemnización para quienes acreditaran ser dueños del terreno en fechas posteriores.

El 17 de diciembre del 2009 el rancho  fue entregado oficialmente a Conmex, quienes de inmediato enviaron personal y maquinaria al terreno para comenzar los trabajos.

De acuerdo con los representantes jurídicos de los afectados, la expropiación los tomó por sorpresa e interrumpió una negociación informal que sí había existido meses atrás para la venta del terreno. Dicho proceso estaba detenido porque la compañía ofrecía 200 0 300 pesos por metro cuadrado, cuando su valor superaba los mil pesos.

Tras la expropiación, Conmex construyó en menos de 36 meses el tramo del circuito exterior mexiquense  justo en medio del  rancho.

Irregularidades confirmadas


En enero del 2010, semanas después de la expropiación, la familia Schievenini promovió un juicio de amparo en el que evidenciaron que la propiedad sí estaba inscrita en el registro público y que la misma les fue arrebatada sin derecho a defenderse. La demanda fue dirigida contra diversas autoridades del estado de México, incluida la Oficina del Gobernador, y como tercero involucrado a Conmex.

Denuncia por expropiación de terreno en favor de OHL:

  Denuncia por expropiación de terreno en favor de OHL

“No omitimos mencionar que si la información de los antecedentes registrales de dicho inmueble (el rancho) está a disposición de cualquier persona que lo solicite, con mayor razón tienen acceso a ella las autoridades que intervinieron en el procedimiento de expropiación” señala una parte la demanda.


El 4 de julio del 2011, tras año y medio de proceso, el Juez Cuarto de Distrito con sede en Naucalpan confirmó que la expropiación había violado el Derecho de Audiencia de los dueños contemplado en el artículo 14 de la Constitución, por lo que concedió el amparo 17/2010-V.

Sentencia de tribunal ratificada en favor de dueños de terreno expropiado por el Edomex para OHL:

  Sentencia de tribunal ratificada en favor de dueños de terreno expropiado por el Edomex para OHL

Luego de las apelaciones que se presentaron, el Cuarto Tribunal Colegiado auxiliar en Puebla ratificó de forma unánime que la expropiación fue irregular e incluso amplió el amparo para que los afectados fueran indemnizados, dado que devolver el terreno con la obra ya en marcha era imposible.

Los magistrados desecharon, entre otras observaciones, las realizadas por la propia oficina del Gobernador del estado de México y de la empresa OHL que sostenían que la expropiación estaba justificada por la utilidad pública del circuito exterior.

En el juicio posterior para fijar la indemnización,  el gobierno mexiquense  y la empresa OHL presentaron sus propios dictámenes periciales que establecieron que el valor dela propiedad era de entre 9 y 11 millones de pesos, muy distinto al peritaje de los afectados que fijó su valor comercial en más de 55 millones de pesos.


En ese contexto, el juez solicitó el apoyo de un perito oficial en topografía y valuación, designado por la propia PGR, el cual tras su análisis concluyó que el valor real del terreno era de 53 millones 112 mil 400 pesos, cantidad cuatro veces superior a la planteada originalmente en la expropiación. El juez ordenó el pago de esa cantidad como indemnización.

Sentencias sin castigo

Hasta el día de hoy la familia propietaria del rancho expropiado no ha recibido un solo peso. En agosto de 2013, al analizar una queja presentada por el estado de México y Conmex, un tribunal federal ordenó “reponer el procedimiento de incidente de cumplimiento sustituto”, es decir, reiniciar el juicio para fijar la indemnización, porque se aplicó un procedimiento incorrecto.

En resumen, según los magistrados del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa, el juez debió aplicar los lineamientos del Código Federal de Procedimientos Civiles y no de la Ley de Amparo.

“En los hechos solo se trata de plazos diferentes y de la designación  del perito valuador donde se hace el cálculo del pago. Ellos (los magistrados) pudieron utilizar un criterio en donde se declarara fundada la queja pero inoperante y se dejara la reparación del daño, pero no lo hicieron”, dijo Giancarlo Schievenini.


El abogado subrayó además que antes de que se fijara la indemnización ellos le solicitaron al juez  responsable, Fernando Peñaloza, que siguiera el procedimiento civil pero este se negó.

Sentencia de tribunal que echa abajo pago de indemnización por una cuestión técnica.:

  Sentencia de tribunal que echa abajo pago de indemnización por una cuestión técnica.

Durante 2014 no hubo ningún avance porque el nuevo perito que nombró el Poder Judicial, Manuel García Pérez, no apareció en la lista de especialistas autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo con los Schievenini, durante todo el año se enviaron a través del juez  al menos ocho escritos a  la Dirección Jurídica del CJF para que se autorizara al perito o se nombrara otro pero nunca hubo ninguna respuesta.


“Es claro que OHL ha tenido responsabilidad y a ellos los señalamos pero también de parte del Consejo de la Judicatura ha habido un silencio que en realidad es una omisión y que a nosotros nos sigue afectado. Aquí no hay justicia hasta ahora” dijo el abogado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Vecinos de Coyoacán acusan avance de proyecto inmobiliario que amenaza con desplazarlos

Vecinos de las colonias Ajusco y Santa Úrsula, de la Delegación Coyoacán, denunciaron el “avance sigiloso” del proyecto Ciudad del Futuro, una de las cinco Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes) que promueve el Gobierno capitalino a través de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX).

PROCDMX es una empresa de participación estatal mayoritaria creada durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón para diseñar y realizar proyectos de desarrollo urbano.

Entre sus proyectos están las llamadas Zodes, definidas por las autoridades como áreas a las que por su ubicación, usos de suelo, equipamientos y otros activos intangibles se puede potenciar para generar inversión e infraestructura, mediante “asociaciones estratégicas”.

Una de las cinco Zodes que el gobierno capitalino promueve es la llamada Ciudad del Futuro, cuya área de actuación abarcaría 528 hectáreas, que incluiría las 15.2 hectáreas de la Planta de Asfalto y siete colonias aledañas, de acuerdo con el Documento Ejecutivo de Difusión del proyecto. Las colonias son: Santa Úrsula Coapa, Ajusco, Ajusco, Huayamilpas, Deportivo Huayamilpas, Adolfo Ruiz Cortines y La Zorra Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa.

La Ciudad del Futuro contempla, entre tras cosas, convertir la planta de asfalto en un desarrollo urbano con usos habitacionales, comercial y de servicios; reutilizar 44.13 hectáreas de suelo; modificar las condiciones del espacio público, e intervenir los centros de transferencia multimodal Universidad y Paradero Huipulco.

Para ello plantea modificar los usos de suelo de la zona, que actualmente concentra más del 60 por ciento en uso de suelo habitacional. La intención es modificarlo por usos de suelo habitacional mixto, habitacional comercial, equipamiento, espacios abiertos y áreas verdes.

A los vecinos les inquieta las consecuencias que traerán esos cambios en los usos de suelo, ya que al modificarse se permitirán construcciones de edificios más altos o con vocación comercial o mixta en áreas que hasta ahora son consideradas habitacionales. De acuerdo con un plano incluido en el documento ejecutivo del proyecto, la mayoría del área tendría un uso de suelo habitacional mixto, con densidades de construcción que irían de los 6 a los 40 niveles.

La multiplicación de obras que conllevaría a una redensificación de la zona podría acarrear, además, un problema de escasez de servicios. Los que más les preocupan a los vecinos son el abasto de agua –de por sí insuficiente en las colonias, dicen– y la recolección de basura, también deficiente.

No es esa su única preocupación. Los vecinos también advierten del riesgo de ser desplazados al estarse promoviendo una redensificación de la zona, sobre todo si se considera que el proyecto de Ciudad del Futuro planea la inversión tanto pública como privada.


AVANCE SIGILOSO

El primer antecedente de la Ciudad del Futuro fue la donación de la Planta de Asfalto, ubicada en avenida del Imán 263, en la colonia Ajusco. El 8 de agosto de 2013, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México (como se constituyó originalmente la actual PROCDMX) la desincorporó para posteriormente enajenarla, a título gratuito, para destinarla al proyecto de Zodes Ciudad del Futuro.

Sin embargo, el proyecto contempla mucho más que sólo la Planta de Asfalto, pues abarcaría más de 500 hectáreas.

Hasta ahora la información disponible sobre el proyecto de Ciudad del Futuro es escasa. En su portal electrónico sólo figuran dos respuestas que dio a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tras un punto de acuerdo promovido por algunos legisladores.

Según las contestaciones que el director general de PROCDMX, Simón Levy Dabbah, ha dado a los cuestionamientos de la Asamblea, hasta noviembre del año pasado la creación de una Zodes seguía siendo evaluada.

No obstante, los vecinos de las colonias Ajusco y Santa Úrsula hablan de veladas acciones que se están realizando y que estarían relacionadas con el proyecto Ciudad del Futuro.

Una de ellas es la adquisición de predios. De acuerdo con Francisco Yoshihein Loredo Flores, vecino de la Colonia Ajusco, hay personas que están acudiendo a ver predios abandonados, con irregularidades o que quedaron intestados.

Otro hecho que consideran relacionado con empujar el proyecto de la Ciudad del Futuro es el cierre de los parques Huayamilpas, Zapata y Durango. Los tres espacios, relatan los vecinos, fueron cerrados a principios de año supuestamente para trabajos de remodelación. Sin embargo, dicen, hasta ahora no se han visto avances en esas remodelaciones y quienes han podido entrar a los parques les han hablado de que por dentro están en obra negra.

En el caso del parque Huayamilpas, cuya extensión es de más de 16 hectáreas, el documento ejecutivo del proyecto lo señala con potencial de convertirse en un parque urbano y podría representar un polo de atracción para nuevos desarrollos inmobiliarios. Para ello se propone cambiar su uso de suelo de ser un espacio abierto a uno de equipamiento con construcción de hasta tres niveles.

Los vecinos lamentaron que los proyectos de modificación de ese tipo de espacios no se estén haciendo en función de las necesidades y usos actuales que le dan la gente que vive en la zona.

Ejemplo de ello es el señor Genaro Jiménez, quien tenía un equipo de cachibol en el Parque Durango, pero los 25 jugadores del equipo fueron sacados de ese espacio con el argumento de que se construiría una alberca. Jiménez critica que se pretenda hacer ese tipo de equipamientos en una zona donde escasea el agua, en lugar de permitirle al grupo de ancianos que usara el espacio.

La señora Concepción Gutiérrez añadió otro problema que, dice, están viviendo en la colonia Santa Úrsula y que también estaría relacionado con el proyecto Ciudad del Futuro: el aumento en los costos del impuesto predial. Refirió que en su caso, de los 2 mil pesos que habitualmente pagaba al año, en 2014 le llegó una cuenta por 12 mil pesos, pese a que no había hecho ninguna construcción a su casa. Este año, el monto fue de 16 mil pesos.

Los vecinos ven estos aumentos desproporcionados como una forma de presionarlos para que paulatinamente se vayan de la zona.

Otro mecanismo a través del cual los estarían presionando, y que al mismo tiempo demostraría que hay una intención de renovar la zona, es el cambio de autobuses y el aumento del pasaje en una de las rutas que abarca las colonias implicadas en el proyecto, a decir de Loredo.

Desde hace varios meses algunos vecinos se enteraron de los planes que hay para modificar la zona donde viven, pero se quejan de que no fueron ni han sido tomados en cuenta por las autoridades sobre los cambios.


Tampoco, dijeron, han sido atendidos por las distintas autoridades del Gobierno capitalino a las que se han acercado: la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal y la delegación Coyoacán, cuyo ex titular, Mauricio Toledo Gutiérrez, busca ahora ser Diputado local.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.

‘Bronco’ incumple promesa a reubicados

Antes del violento desalojo en El Fraile I, comuneros de La Ventura aceptaron dejar sus tierras para la construcción de un fraccionamiento porque Jaime Rodríguez se comprometió a regularizarles su nuevo asentamiento... llevan ocho años esperando.

Para los habitantes de la comunidad La Ventura, ubicada en el municipio de García, la palabra de Jaime Rodríguez tiene poco valor.

Hace 8 años el ahora candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León hizo un compromiso con estas personas.

“El Bronco” se comprometió a regularizar sus tierras, a cambio de que aceptaran el plan de reubicación propuesto por la constructora Casas Javer para vivir en un nuevo asentamiento en este municipio metropolitano de Monterrey.

El propósito del entonces director de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León era liberar los terrenos donde vivía la gente de La Ventura desde hace más de 30 años  para que la empresa Javer –propiedad de Salomón Marcuschamer- construyera el fraccionamiento Valles de Lincoln en García.

Ellos confiaron en la palabra del ahora aspirante a la gubernatura de Nuevo León.

Pero 8 años después viven peor que antes: en un terreno mucho menor que el que tenían y sin ninguna escritura que legalmente respalde su nuevo patrimonio.

“El ingeniero Jaime Rodríguez vino y nos prometió que en tres meses iban a estar las escrituras. Era algo sencillo: tierra por tierra. Ten y dame”, recuerda Genaro García, uno de los afectados.

“Ya pasaron 8 años y sólo hemos tenido del señor puras evasivas. Hoy estamos peor que como estábamos antes”.

Como director de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León, Rodríguez fue el responsable de liberar el derecho de vía para la ampliación de la avenida Lincoln hasta el centro del municipio de García.

El expriista también se involucró en las negociaciones de compra-venta entre empresas inmobiliarias con los propietarios y posesionarios de los terrenos ubicados a un costado de la nueva vía.

Por la vía violenta...

Reporte Indigo publicó ayer la denuncia de habitantes de la comunidad El Fraile I, que aseguran que cuando fue alcalde de este municipio, “El Bronco” formó parte del plan que ejecutó una constructora para despojarlos de manera violenta de sus tierras.

Tras dos años de litigio, los afectados lograron que un Juez los acreditara como dueños legítimos y obligó a la empresa Javer a indemnizarlos y reubicarlos en otra zona.

En la investigación las autoridades judiciales encontraron culpables a seis policías municipales por el delito de abuso de autoridad y despojo de bienes.

A diferencia de la gente de El Fraile I, los comuneros de La Ventura aceptaron dejar sus tierras por “las buenas”, a cambio de una reubicación, pero principalmente por la posibilidad de tener escrituras por primera vez en sus vidas.

Hoy, la gente de la comunidad de La Ventura señala al candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León como el responsable de la situación irregular que enfrentan actualmente por no tener escrituras.

“Es Jaime Rodríguez Calderón el que tiene todo parado aquí”, dice Teodoro Oviedo Cerda, otro de los afectados de La Ventura.

“En García todos sabemos que es Jaime quien dice lo que se hace”.

Para concretar la regularización de la tierra de los habitantes de La Ventura, se formó la empresa inmobiliaria Las Láminas, vinculada a la empresa Javer.

Los afectados aseguran que ya no existe legalmente. 

“¿A quién recurrimos ahora?”, se preguntan.

La zona del municipio de García donde viven actualmente los reubicados de La Ventura aparece en los planos de desarrollo urbano como área verde municipal.

 No tiene servicios públicos y se llega a través de un camino de terracería en malas condiciones.

“Nosotros no nos oponemos a la urbanización”, aclara Oligario Ortiz, presidente de la asociación de afectados de esta comunidad.

“Nuestra inquietud es por qué ha pasado tanto tiempo y por qué tantas promesas. 

“Si en realidad sólo era una firma, el Municipio nos iba a ayudar con la firma para que nosotros pudiéramos escriturar individualmente”.

Por la vía pacífica a cambio de tierra

En las negociaciones los comuneros de La Ventura aceptaron entregar el 35 por ciento de sus predios originales con la excusa de que eran para áreas verdes y vialidades del fraccionamiento Valle de Lincoln. 

A cada uno se le entregaron dos lotes en el fraccionamiento y el resto en un predio pegado al cerro.

Hoy esas áreas verdes han sido vendidas por colaboradores del actual candidato a la gubernatura de Nuevo León que trabajan en el Municipio de García.

Hay un dato curioso. La mayoría de los afectados por La Ventura votaron a favor de Jaime Rodríguez –con la promesa de la escrituración- en las elecciones por la alcaldía de García en el 2009.

“Votamos por él con la promesa de que nos iba a ayudar con la regularización”, dice Genaro García, vecino de esta comunidad. 

“Pero cuando él estuvo como alcalde nos puso un montón de trabas… que porque fulano todavía no arreglaba, que porque fulano le faltaba… jamás vimos una respuesta. 

“Hoy van 8 años y ahorita se quiere postular para gobernador. ¿Qué podemos esperar de él? La gente que no lo conoce cometerá el peor error de su vida si vota por él”.

-¿No votarás por él?

“Ni aunque me pague. Si eso hizo con una pequeña comunidad, qué no hará con todo el Estado. ¿A qué le tiramos con un gobernador como él?”.


En García, a Jaime Rodríguez se le involucra también en otro despojo ocurrido en su administración como alcalde en la comunidad de El Palmital, donde incluso un ingeniero resultó muerto durante un enfrentamiento con militares.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

A la CIDH, casos de violaciones a derechos humanos por reforma energética

MÉXICO, D.F: Integrantes de organizaciones sociales advirtieron que llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las eventuales violaciones a derechos humanos derivadas de la reforma energética, que podrían agudizarse si se aprueban las modificaciones a la Ley General de Aguas.

Representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); PODER; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, informaron que ante las repercusiones que tendrán las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, violentando derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales firmados por México, determinaron exponer el problema en una audiencia pública que se realizará el próximo 20 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, durante su 154 periodo de sesiones.

Los defensores enlistaron algunos de los puntos de mayor preocupación que genera la reforma energética, entre ellos los referentes a la propiedad de la tierra, violación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, riesgos de contaminación del ambiente y las amenazas para los activistas y comunidades que se opongan a la operación de las empresas privadas.

Juan Antonio López, de ProDESC, destacó que al convertirse la extracción de hidrocarburos y la producción de energía eléctrica en un asunto de utilidad pública, en los hechos “se sobreponen sobre cualquier derecho humano reconocido en tratados internacionales”, dando prioridad, por ejemplo, a empresas mineras “que tradicionalmente han sido violadoras de derechos humanos”.

López alertó que el diseño de la nueva Ley Minera “permitirá  evitar juicios con ejidos y comunidades, y podrán iniciar procesos ante la Secretaría de Economía para ocupar las tierras sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, por lo que difícilmente permitirá la consulta previa e informada”.

En el contexto de las discusiones sobre las modificaciones a la Ley General de Aguas, advirtió que mientras ello ocurre, las reformas previamente aprobadas permiten a mineras y empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, a través del llamado fracking, “utilizar toda el agua que necesiten sin necesidad de tener una concesión especial”, en detrimento de las comunidades cercanas a esos proyectos extractivos.

El activista de ProDESC puntualizó que la reforma energética dio respuesta a una de las principales preocupaciones que planteaban los inversionistas extranjeros para invertir. “Ellos pedían mayor seguridad en la tenencia de la tierra, y con los procedimientos incluidos de constitución de servidumbre u ocupación temporal, así como los mecanismos de mediación, ya no es necesario respetar los usos y costumbres de los ejidos agrarios o indígenas, dejándolos en indefensión, de manea que el derecho a la consulta previa es enunciativo”, explicó.

Aroa de la Fuente, de Fundar, recordó la opacidad en la que se condujeron los legisladores para aprobar la reforma energética, así como la ausencia de sustento en sus argumentos sobre los supuestos impactos en la sociedad y las comunidades donde se explotarán los energéticos.

Luego de señalar que en la asignación de las rondas cero y uno “la Secretaría de Energía ya violó los derechos a la consulta” dispuestos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apuntó que resulta evidente un “debilitamiento de la política pública en materia de hidrocarburos y electricidad, que ya no es para defensa del interés público sino de las empresas privadas”.

Entre los asuntos que ponen en evidencia lo anterior, enlistó la promoción del fracking contra los daños ambientales y la contaminación de grandes cantidades de agua, ya comprobados, y la renta de tierras por tres a cinco años de parte de empresas privadas, dejando “toda la contaminación y los tóxicos en las poblaciones”. Y aun cuando se promueve que habrá ganancias para las comunidades, de 3% a 3.5% de las utilidades de las empresas, “está comprobado en Estados Unidos que 80% de los pozos fracturados y perforados no resultan comercialmente viables, por lo que son abandonados”, abundó.

Sobre el fondo que se creará para destinarlo a estados y municipios, De la Fuente resaltó que “es una figura para convencer y forzar a las comunidades para que permitan la presencia de empresas privadas y controlar a la sociedad con el fin de que no pongan obstáculos”.

Advirtió que la medida de coerción se apuntala con la creación de la Gendarmería, que tiene como “uno de sus objetivos defender a las empresas privadas frente a cualquier acto en contra. Sabemos que los actores opositores somos nosotros, las organizaciones sociales, y las comunidades que se niegan a los proyectos, no al narco ni a otras cosas”, apuntó.

Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec –procesada penalmente por oponerse a la construcción de un parque eólico en esa región–, se refirió a la ausencia de una consulta previa e informada a las comunidades indígenas en torno de los megaproyectos.

Tras señalar que la consulta está siendo aplicada por las secretarías de Gobernación y Energética, puntualizó que “no es previa, libre informada ni de buena fe, y constituye un experimento de cómo se implementarán estos ejercicios de ahora en adelante”.

Phil Bloomer, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo que su organización ha presentado cuestionarios a unos cien países y 180 empresas sobre las medidas específicas para garantizar que respeten los derechos humanos, por lo que recomendó presionar a los gobiernos para que no se violen lo derechos fundamentales.

En ese sentido, Fernanda Hopenhaym, de PODER, señaló que algunas de las empresas que buscan participar en la extracción de hidrocarburos “cargan con un historial de violaciones a derechos humanos”.

Ante el escenario que se avecina en México y los efectos negativos en las comunidades más pobres del país, Santiago Aguirre, del Centro Prodh, sostuvo que para “enfrentar el despojo”  se requiere explorar mecanismos internacionales, hacer investigación corporativa y litigar la reforma energética en tribunales.


Por ello, sostuvo, el Centro Prodh, Fundar, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Greenpeace México promovieron una audiencia para abordar el asunto en la CIDH.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Miles de campesinos se manifiestan en la Segob contra el despojo de sus tierras

Miles de manifestantes agraristas que reclaman la entrega de tierras protestan en las inmediaciones de la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Bucarelli, Ciudad de México.

Los campesinos denuncian que las pasadas modificaciones al artículo 27 constitucional permitirán a empresas extranjeras “despojarlos” de sus tierras cuando en ellas se encuentre alguna condición favorable para la explotación energética.

El grupo de unos mil quinientos campesinos en dos frentes ha traspasado las cercas colocadas por la Policía Federal en las calles de la dependencia. Alrededor de 150 campesinos, en cada uno de los frentes, ha roto los sellos y se encara con los antimotines preparados con equipo de choque y bombas lacrimógenas.

Los líderes de los inconformes aseguran pertenecer a cuatro organizaciones campesinas con representación en todo el país, aunque es clara la participación mayoritaria de hidalguenses y mexiquenses.


“Exigimos respeto a los preceptos agrarios en términos de lo establecido en la Constitución de 1915, alterados en 1992 en el golpe al ejido dado por Carlos Salinas de Gortari y el año pasado, con la llamada Reforma Energética”, explicó un vocero de los inconformes.

Además se manifiestan habitantes del Estado de México que reclaman derechos sobre los terrenos federales del ex Lago de Texcoco en que el gobierno de Enrique Peña Nieto proyecta el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.


Hasta el momento, los policías antimotines se han replegado hasta las esquinas inmediatas a la Segob, de donde no han retrocedido más.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: Humberto Padgett.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1210089.

Nuevo aeropuerto: en Chimalhuacán exigen pago justo por sus tierras

MÉXICO, D.F: Unos 150 dueños de 954 hectáreas de la zona conocida como Los Tlateles o El Moño, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, exigieron al gobierno federal un pago justo por sus tierras, donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

A manera de protesta, exigieron la salida de la maquinaria y el cese de los trabajos que ya se realizan en la zona. Además, anunciaron que este martes realizarán una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Juan Loreto González  y Tomás Cruz, representantes de los propietarios, aclararon que no se oponen a la construcción de la nueva sede aérea sobre sus parcelas.

Sin embargo, exigieron que el gobierno federal les pague a 2 mil 500 pesos el metro cuadrado y no al precio que una funcionaria de la Secretaría de Gobernación les ha ofrecido, que va de 10 a 120 pesos. Argumentaron que sus terrenos elevaron su plusvalía con el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea.

Los inconformes acusaron a Lorena Roa López, coordinadora jurídica de la Segob, de despojar con engaños a los legítimos dueños de los terrenos.

Durante abril y mayo del 2014, explicaron, la funcionaria fue a la zona para comprar terrenos para el aeropuerto. Detallaron que aprovechó que desde el área jurídica del Valle de México, zona I, se indemnizó a precios “bajísimos” a los afectados por las obras del Circuito Exterior Mexiquense, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

De hecho, según Juan Loreto González propietario de hectáreas, Roa López amenazó a los dueños de las tierras de Chimalhuacán para recibir una gratificación del gobierno federal por sus parcelas. De oponerse, las ocuparía el Ejército.

Tomás Cruz, asesor jurídico de los inconformes, agregó que por el miedo infundido, 70% de los 150 propietarios recibieron la gratificación federal, pero no hubo un contrato de compraventa, “pero sin que existiera de por medio un contrato de compraventa, sólo un documento donde los propietarios se comprometen a desalojar sus predios a cambio de una gratificación”.

El asesor respaldó la afirmación al decir que los propietarios tienen documentos firmados por el presidente Benito Juárez en 1862, así como otros de 1920 y 1930, que los acreditan como dueños al pagar desde uno hasta 30 pesos en oro.

Al mismo tiempo que se realizaba la conferencia, otro grupo de propietarios de Los Tlateles se presentaron en sus terrenos y exigieron la salida de las máquinas, camiones de carga y equipos de construcción que se encontraban haciendo trabajos en la zona.

Encabezados por Édgar González Martínez, marcharon en forma pacífica sobre los terrenos e informaron a los empleados que esas hectáreas son propiedad privada y no pueden realizar ninguna obra.

Les dieron una semana de plazo para retirar la maquinaria; de no hacerlo, la sacarán ellos mismos, advirtieron.

Por lo pronto, anunciaron que mañana martes realizarán una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir el pago justo de sus tierras.


Irán con el apoyo de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) –que agrupa a propietarios de varios estados del país– para demandar al secretario Miguel Ángel Osorio Chong “dé marcha atrás a estas arbitrariedades”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCTIÓN.