Los expertos han puesto el foco en las fuerzas de seguridad, ante el temor a una falta de controles independientes y eficaces y al riesgo de que los detenidos puedan ser sometidos a abusos "para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias".
Entre los progresos recientes, el grupo de expertos ha citado los avances en materia de jurisprudencia, la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión de las medidas de amparo a los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, la entrada en vigor de una Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones.
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