Familiares, amigos y compañeros de Marvin, un joven con discapacidad intelectual, protestaron en el Centro Histórico de Cuernavaca para exigir su liberación inmediata, tras ser detenido arbitrariamente por policías del Mando Coordinado y acusado de participar en el robo a mano armada de una motocicleta. 

La detención del joven de 18 años, que por su condición, su comportamiento es como el de un niño de 10 años, fue cerca de las 15:00 horas, el pasado viernes, en el municipio de Emiliano Zapata en la colonia Prohogar al interior del panteón municipal.

Presuntos policías municipales de Tixtla, Guerrero, detuvieron y golpearon a Mario González, uno de los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014.

En redes sociales, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, difundió un video en el que se observa un momento antes de su detención en el punto conocido como El Triángulo por parte de presuntos policías.

“Nos tiraron piedras, gas lacrimógeno, hubo balas. A una señora le lastimaron su pierna. Ahora van a traer a más policías y hay mucho movimiento. Un señor quería entrar porque tenía una vaca pariendo y los policías lo pisotearon y se lo llevaron, no nos dicen dónde está y no sabemos nada, a su esposa tampoco le dan información”, dijo a Desinformémonos Alejandra Kantún Chim, del colectivo Defensores y Protectores del Futuro de IXIL.

Cuatro hombres vestidos de civil y sin identificar detuvieron aribitrariamente al defensor del agua y el territorio y comunicador nahua Alejandro Torres Chocolatl en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Los hombres llegaron a bordo de dos autos particulares que interceptaron el vehículo en el que iba a bordo Torres, «y lo hicieron bajar para llevárselo detenido en dirección a la casa de INjusticia de Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula», informaron los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que autoridades mexicanas torturaron y detuvieron arbitrariamente a Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan más de 20 años en prisión sin sentencia.

Los tres imputados fueron detenidos sin orden de aprehensión el 13 de agosto de 2002 por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia.

Ante la creciente problemática de detenciones de personas extranjeras y devoluciones arbitrarias en los aeropuertos de México, este lunes la organización Sin Fronteras pondrá en marcha la campaña #VocesAeropuertoMx, con la finalidad de tener un mejor registro de casos, facilitar su difusión en redes sociales y dar información sobre vías formales de denuncia. 

“Hemos visto muchas detenciones y devoluciones arbitrarias que se justifican por algún tipo de alerta migratoria o algún problema en la segunda revisión ante migración; es algo que nos preocupa muchísimo en Sin Fronteras porque ahí hay también personas que eran sujetas de protección internacional que nunca lograron entrar a un procedimiento ante la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) para verificar si requerían ayuda”, explica Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación e incidencia de la agrupación. 

Una patrulla de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue captada por una cámara de vigilancia cuando obligaba a correr a un perro que mantenía atado de la parte trasera del vehículo, mientras éste iba a alta velocidad.

El video fue difundido en redes sociales y condenado por usuarios, que reprobaron los actos de los funcionarios municipales.

Al declarar que actuaron sin órdenes de mandos superiores, elementos rasos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) pretenden encubrir responsabilidades de funcionarios de primer nivel y justificar la detención de tres mujeres buscadoras y una activista durante la manifestación en julio de 2020 cuando se inconformaron por el nombramiento Héctor Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda.

Durante más de dos años, las mujeres detenidas la mañana del 10 de julio en la glorieta Santa Fe, capital del estado, han buscado tener acceso a la justicia, que se sancione a los mandos de Seguridad Pública que ordenaron su detención cuando pretendían ser escuchadas por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció la detención «ilegal y arbitraria» de los maestros p’urhépecha Cecilia Lorenzo Santiago, Miguel González Estrada y José Luis Sebastián Estrada, por los «Kuarichas» de la comunidad de Cheranastico.

Explicó que la policía comunal Kuarichas «aún no obtiene el reconocimiento jurídico, por lo que sus integrantes carecen de personalidad jurídica para poner a disposición a cualquier detenido», de manera que las retenciones son «inconstitucionales» y violan el debido proceso.

En los primeros días del mes de julio, tres mujeres integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria fueron arrestadas por autoridades, como resultado de los pleitos legales que sostienen con sus exparejas tras haberse separado de ellos.

La organización reportó que el pasado 4 de julio Yetlanezy Baltierrez fue detenida en Sonora, acusada de incumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hijo de 18 años, aunque no existe un fallo que determine que le debe dinero a su exmarido por los años que estuvieron separados y el joven aún era menor de edad. Debido a esta irregularidad en su proceso, la mujer fue liberada horas después.

“Esto no me doblega” afirmó la profesora ayuujk (mixe), Micaela Valdivieso Joaquín, al abandonar las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Oaxaca donde permaneció detenida durante 48 horas junto con su hijo por el “delito de oposición” a la obra del Corredor Interoceánico.

Y advirtió que “vamos a seguir luchando (porque) lo único que yo intenté fue defender un patrimonio y que lo voy a seguir defendiendo porque esto no me doblega”.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió la Recomendación 03/2021 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, por detenciones ilegales y arbitrarias de 37 personas, quienes se encuentran en los reclusorios varoniles Norte y Sur, y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

De enero del 2018 a diciembre del 2021, la CDHCM abrió 959 expedientes sobre casos vinculados a hechos donde las personas peticionarias refirieron una detención ilegal o arbitraria, precisó su presidenta Nashieli Ramírez Hernández.

Ocho mujeres que participaron en las manifestaciones de 8M en el estado de Aguascalientes continúan detenidas y este miércoles podrían ser vinculadas a proceso.

Desde el pasado lunes, diversas colectivas y organizaciones acusaron que sus compañeras fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria por las autoridades estatales y municipales.

Además de las 8 mujeres, hay un hombre que también podría ser vinculado a proceso por participar en la marcha.

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y pobladores de Ocosingo, Chiapas, denunciaron la detención arbitraria y «con lujo de violencia y abuso de autoridad» de dos de sus miembros que se trasladaban a Palenque para la venta de café orgánico.

Los detenidos, Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, fueron interceptados el pasado 10 de febrero a la altura del crucero Peña Limonar por un grupo de cincuenta personas con «armas fuego, palos y machetes», liderados por el presidente del comisariado, el concejo de vigilancia, el secretario del comisariado y el agente auxiliar municipal de Ocosingo.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero exigió la liberación inmediata de Jorge Darío Meyra León, de 64 años, quien fue golpeado y detenido arbitrariamente por la policía mexiquense el pasado 14 de enero y recluido en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Chalco.

Meyra León, quien padece bradicardia sinusal, fue detenido luego de que acudiera a donde unos policías violentaban «con uso excesivo de la fuerza» a unos jóvenes en Chalco. En el lugar, los policías empujaron a Meyra y lo llevaron hacia una de las patrullas en el lugar, y lo acusaron de haber quitado un arma tipo revólver a uno de los oficiales.

A un año de la detención «violenta y arbitraria» del defensor y vocero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Fredy García, en su proceso continúan las irregularidades por las que se encuentra «prácticamente obligado a purgar una pena anticipada por un delito que no cometió y del cual no se ha dictado una sentencia», denunció la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca.

La Coordinación explicó que constitucionalmente los plazos para ser juzgado no deben prolongarse más allá de un año, pero en el caso de García apenas el 20 de octubre pasado se declaró cerrado el plazo de la investigación, «sin que se haya señalado fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues escudándose en la pandemia se le ha mantenido en prisión a lo largo de un año».

El Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) de Oaxaca denunció la detención arbitraria de su integrante Fredy García Ramírez, realizada la tarde del 6 de noviembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cuando García y otro integrante del Comité iban en camino a una reunión con funcionarios de gobierno.

«Todo esto se da en el marco de las movilizaciones en contra de la impunidad, por la justicia y por los derechos humanos. Se estaba haciendo la denuncia de la criminalización, persecución y hostigamiento en contra de los pueblos que integran la organización CODEDI y los 10 asesinatos en contra de las organizaciones que integraron estas movilizaciones», explicó el Codedi.