Denuncian detención arbitraria de manifestantes contra el gasolinazo en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: La Policía Estatal Única detuvo y esposó a diez personas, seis de ellas adultos mayores, que el domingo se manifestaban en la caseta de peaje de Jiménez.

De acuerdo con la versión de la maestra Araceli Chávez, los detuvieron de manera arbitraria alrededor de las 16:00 horas, y luego los trasladaron a la comandancia municipal.

Al lugar llegaron varios jimenenses para exigir que los liberaran.

Los agentes estatales intentaron trasladar a las siete mujeres y tres hombres (entre ellos a un matrimonio de 75 años de edad) a la ciudad de Chihuahua, pero los ciudadanos de Jiménez lo impidieron, atravesaron una camioneta para que no pasaran.

“Los tienen como delincuentes cuando no son, son ciudadanos libres, que se manifiestan en contra de cosas que nos lastiman y nos hacen daño a todos los ciudadanos. Son tratados como delincuentes, hay adultos mayores, cuando nuestras fuerzas estatales tienen que estar protegiéndonos, cuidándonos, velando por nuestros intereses, tienen adultos mayores detenidos, adentro de una patrulla”, señalaron los manifestantes a través de Facebook en una transmisión en vivo.

Afuera de la comandancia gritaban:

“Ay policía, que lástima me das, teniendo tú las armas, no puedes protestar”, y “Mentira, mentira que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”.

Delante de los policías gritaron: “no nos dejan ir al baño, una señora se está sintiendo mal y nadie le da auxilio, es una señora mayor”, posteriormente mandaron pedir una ambulancia que trasladó a Julia Alvarado al hospital del IMSS.

El profesor Arturo Rentería se comunicó con otros compañeros de resistencia de otros municipios y con autoridades estatales. La gente llegó y se sumó a los gritos de protesta.

Más de dos horas después, el profesor Rentería les avisó que ya se había dado la orden de liberar a sus compañeros.

Al salir, dos de las detenidas dijeron que cuando los detuvieron, les quitaron sus celulares e intentaron llevarlos a Chihuahua pero luego se regresaron.

Dijeron que quien dio la orden es el comandante Brito, pero advirtieron que esta acción los fortalece para continuar con la manifestación.

Alrededor de las 19:00 horas liberaron a Susana Delgado Mendoza, Daniel Baiza, Tania Gabriela Ríos López, Sandra Patricia Armendáriz Rodríguez, Hilda Leticia Armendáriz Rodriguez, Julia Alvarado, María de los Ángeles Hernández Ortiz, Bernardina Galván Ceniceros, Catalino Yepes Ávila y Luis Carlos Benavides Sánchez.

Los jimenenses, como otros ciudadanos de distintos municipios, mantienen liberada de cobro la caseta de peaje y la Comisión Federal de Electricidad, desde el 2 de enero pasado, y durante 24 horas hacen guardias.

Los inconformes informaron que un contingente de Jiménez sale mañana a la Ciudad de México, y otra parte mantendrá tomada la CFE, pero librará 3 días la caseta, hasta que regresen sus compañeros y reorganizar de nuevo la liberación para que las autoridades no puedan cobrar peaje.

“Mañana vamos a la Ciudad México, a las 10 de la mañana llega el camión, sale de la CFE a las 12. Van a salir otros camiones de Chihuahua, los van a acompañar traileros de Chihuahua a Delicias, luego los de Delicias hasta Camargo, luego los traileros de Camargo los acompañan a Jiménez”, dijo el profesor Rentería.

De Jiménez, otros transportistas se les suman para ir en caravana hasta la Ciudad de México.

A la caravana de Cuauhtémoc se le suman los municipios de la Sierra Tarahumara y noroeste, como Madera, Temósachi, Guerrero, Carichí, Nuevo Casas Grandes, entre otros.

“Todos los ciudadanos les hemos dicho y les hemos gritado, unos de una forma y otros de otra, que nos quiten el gasolinazo que nos acaban de dar y precisamente el día 1 vamos a estar en la Cámara de Diputados, para hacer presión y que no le vayan a dar carpetazo a esa iniciativa que dicen los diputados que ya tienen para abrogar totalmente el gasolinazo”, agregó Rentería.


El jueves estarán de regreso, y ese día se reorganizarán para tomar todas las instalaciones de dependencias estatales y federales, si no obtienen respuesta favorable.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472311/denuncian-detencion-arbitraria-manifestantes-contra-gasolinazo-en-chihuahua

Comunidad de cine de Guanajuato denuncia detención arbitraria de uno de sus colaboradores en el AICM

El guanajuatense Erik Zúñiga fue detenido por autoridades federales en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por posesión de armas, mientras se disponía a viajar a Salt Lake City, para participar en el Sundance Film Fest como voluntario, por lo que la comunidad cinematográfica en Guanajuato hizo un llamado a que se difunda la detención pues la consideran injusta.

Erik fue seleccionado como voluntario en Sundance, festival en el que estaría colaborando del 19 al 29 de enero. Al no contar con los recursos suficientes, pidió a la comunidad su apoyo e inició una colecta en Donadora para poder sufragar sus gastos.

En la colecta, Erik se define como “un apasionado del séptimo arte. Mi carrera profesional le he dedicado al cine desde los distintos lugares en los que me he encontrado. Inicié en Guanajuato International Film Festival como voluntario en el 2011, ahí pasé 5 años consecutivos y en el 2016, encabecé la coordinación de Conferencias y Talleres del festival. Me gusta el trabajo voluntario porque la recompensa que tienes al final del día no es equiparable con ninguna otra. También el trabajo voluntario te permite crecer como persona, aprender de otros y sobretodo, conocer gente increíble con tus mismos intereses, lo cual te permite crear lazos personales y laborales que duran para toda la vida”.

La noticia se dio a conocer vía Facebook por el Foro Carpe Diem, sus responsables dijeron que “Es una pena que el talento mexicano vea frustrados sus sueños por este tipo de situaciones, estamos trabajando a marchas forzadas para ayudar en medida de lo posible a Erik, Ayúdanos a difundir este mensaje para evitar una injusticia mayor, cualquier ayuda es bien recibida”.


La publicación en la red social se compartió rápidamente y se han dado numerosas muestras de apoyo.

En entrevista con Zona Franca, Darío Vargas, director general de Carpe Diem dijo que conocen bien a Erik, pues fue “coordinador de la gira universitaria de promoción y difusión del foro, se encarga de promover y presentar las coonvocatorias y los cortometrajes de las ediciones anteriores. Además durante los días de festival, funge como asistente de prensa”.

Vargas considera que Erik “es súper responsable, comprometido y noble, siempre ayuda y apoya en todo, por ningún motivo cargaría o siquiera tocaría un arma. Deseaba intensamente ir a Sundance, hasta hizo una campaña para juntar dinero y poder pagar los vuelos”.

También indicaron que el oriundo de San José Iturbide ha participando en distintos cortos como asistente de producción y ha trabajado como conductor de Radio y Televisión de Querétaro.


El Festival Internacional de Cine de Guanajuato también hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca la situación.

El @giffmx se suma al llamado a toda la comunidad cinematográfica para solicitar la libertad de nuestro compañero Erick Zúñiga. pic.twitter.com/7We8SM4G7z

— Guanajuato Film Fest (@giffmx) 18 de enero de 2017

Se sabe que familiares han llegado a la Ciudad de México para auxiliarlo y por el momento se desconoce su situación legal.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-01-2017/3137556

Familias de detenidos por gasolinazo denuncian incomunicación, arrestos arbitrarios y golpes

A raíz de las protestas y saqueos por el aumento del precio de la gasolina, en el Estado de México y la CDMX han sido detenidas 635 personas, la mayoría acusadas de delitos que se consideran graves, y cuya situación legal se definirá durante los próximos días.

En el Estado de México, al menos 529 personas han sido detenidas, aunque la Procuraduría General de Justicia mexiquense sólo ha dado a conocer los nombres de 153 detenidos.

La identidad y el lugar de detención de las otras 376 personas detenidas aún no es difundido.

Familias de personas detenidas, entrevistadas este 5 de enero por Animal Político afuera de la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, denunciaron diversas irregularidades tanto en las detenciones, como en el procesamiento de sus familiares, entre las que destacan aprehensiones arbitrarias, golpizas, incomunicación, denegación de atención médica y privación de alimentos.

Los padres de uno de estos jóvenes, quienes pidieron guardar el anonimato por temor a represalias, informaron que su hijo tiene 23 años y es empleado de un restaurante en la localidad Ojo de Agua.

Este joven fue detenido el 4 de enero, a las 14:00 horas, cuando regresaba de su trabajo (que cerró sus puertas por temor a saqueos) a su vivienda.

“Mi hijo venía en la combi (transporte público), pero por los bloqueos el pasaje se tuvo que bajar en la carretera y caminar. Mi hijo estaba a la altura del Mercado de las Papas, en Ciudad Cuauhtémoc, cuando lo detuvieron, pero él no era parte ni del bloqueo ni de saqueos, y ahorita su patrón del restaurante, amablemente, ya nos mandó a su abogado, para que lo defienda, porque mi hijo es empleado y a su patrón le consta que iba de vuelta a la casa.”

Esta madre de familia explicó que, en las 24 horas transcurridas desde la detención de su hijo, sólo le permitieron entrar a verlo por “dos minutos”, momento en el que constató que no le había sido proporcionado ningún alimento ni agua, dentro de la agencia del MP, en la que su situación jurídica está aún por determinarse.

“A los menores de edad se los llevaron a (la Agencia del Ministerio Público especializada en menores infractores) de San Agustín, y dicen que van por delito menor. Pero a todos los mayores de edad, como mi hijo, un comandante me dijo que los van a procesar por robo violento… a muchos ya se los llevaron al penal de Chinocautla.”

El gobernador Eruviel Ávila informó la tarde del jueves que 22 de los detenidos ya ingresaron al penal de Barrientos donde enfrentarán un proceso penal.

En similares circunstancias está la señora Beatriz, madre de un joven de 22 años, empleado de un negocio de renta de sillas y mesas para fiestas.

“A mi hijo lo golpearon muy feo: él bajó a la gasolinería en la Vía Morelos (carretera que surca Ecatepec), para cargar el tanque de la camioneta en la que llevan las mesas. Y ahí los policías lo bajaron a la fuerza de la camioneta y en el piso lo patearon, que porque estaba transportando a gente en la camioneta (hacia la zona de los disturbios). Mi hijo tiene mucho dolor en las costillas, yo pienso que se las quebraron, y tiene un golpe muy fuerte en la frente.”

–¿Sabe si su hijo ha recibido atención médica?

Entre sollozos, la señora Beatriz responde que no, y que sólo le permitieron a ella suministrarle un analgésico, en el tiempo que le concedieron para verlo, que fue “como un minuto, y con gente ahí escuchando lo que me decía”.

De los 153 detenidos de los que hasta la fecha ha dado información la autoridad mexiquense, 55 fueron trasladados a esta agencia del Ministerio Público ubicada en el centro de Ecatepec, a la que durante este 5 de enero siguieron llegando personas detenidas, acusadas de participar en saqueos a centros comerciales.

X., un joven de 30 años, llegó a la agencia del MP a las 13:00 horas de este 5 de enero, luego de que su pareja sentimental le informara a través de su teléfono celular que había sido arrestada.

“Mi novia tiene una hija, y ayer (4 de enero) tenía planeado ir con el papá de la niña a comprarle su regalo de Reyes, pero como estaba todo el asunto de los saqueos y los operativos, decidieron esperarse e ir hoy en la mañana, pensando que todo iba a estar tranquilo… como a las 11:30, recibí un mensaje de voz, ellos habían ido a un Chedraui por el juguete y ahí los detuvieron, y yo ahora estoy aquí, intentando ver cómo ayudarlos, porque son inocentes, y la niña está esperando a su mamá.”

Las familias entrevistadas coincidieron en denunciar la presencia de abogados “coyotes” a las afueras de la agencia del MP, quienes ofrecen proporcionar defensa legal para impedir la consignación ante el juez, por cuotas que oscilan entre los mil 500 y los 6 mil pesos.

Cabe destacar que, aún cuando a esta agencia fueron trasladadas al menos 55 personas detenidas, un número indeterminado ya fue trasladado al Juzgado Penal que se ubica a un costado del Reclusorio de Chiconautla, en el Estado de México.

En dicho juzgado, sin embargo, se informó que las personas trasladadas aún no han pasado por el proceso de audiencia ante el juez, momento en el que se determinará si existen pruebas suficientes para iniciarles un proceso penal en su contra.

Por la misma razón, los familiares y los detenidos no han sido informados oficialmente del delito que se les imputa, aunque, de manera extraoficial, estas familias fueron informadas de que el delito será “robo con violencia”.

Al ser considerado un delito grave, las personas a las que se les inicie un juicio formal deberán enfrentarlo en prisión.

Tal como informó personal del Juzgado, las audiencias podrían empezar este viernes o el lunes próximo.
Mientras tanto, los detenidos permanecerán privados de la libertad.

El otro lado de la moneda

Hasta el día de ayer, en la Ciudad de México habían sido detenidas 106 personas en el marco de las protestas por el gasolinazo, la mayoría de ellas investigadas por delitos graves, tal como en el Estado de México, los cuales no alcanzarían libertad bajo fianza en caso de un eventual proceso penal.

Abogados y familiares de varias de estas personas detenidas negaron su participación en los saqueos cometidos el 4 de enero, aunque reconocieron que las personas aseguradas si estaban en los sitios de los incidentes y, en algunos casos, que tienen antecedentes penales.

Por ejemplo el abogado Sergio Ávila, abogado de Jorge Adrian “N” de 38 años, aseguró que su cliente padece trastornos mentales que lo hacen inimputable.

“Adrián es un comerciante y él solo estaba pasando por ese Walmart, pero él no pudo llevarse nada porque de, hecho tiene trastornos, padece de déficit de atención y cuadros de depresión y ahora imagínese,, padece de sus facultades y dicen que se llevó un X-box” dijo el abogado.

La hermana de Oscar “N”, detenido en la agencia del Ministerio Público ubicada en la delegación Gustavo A. Madero por su presunta participación en el saqueo de la tienda Coppel en Cuautepec, dijo que su hermano estuvo preso doce años en el Reclusorio Norte por otros delitos, dijo que desde hace una década que salió no se dedicaba a nada malo.

“A el lo detuvieron, yo creo, porque tiene tatuajes o le vieron cara de malviviente, pero no es así. Nosotros vivimos a tres cuadras de esa tienda y sí, hay gente que se llevó cosas, pero mi hermano no y tengo miedo de que usen lo de que ya ha estado preso, para inculparlo” dijo Ángel Jiménez.

Los familiares de Jorge Alberto Morales, un joven de 23 años de edad detenido por el saqueo en la tienda FAMSA de la delegación Gustavo A. Madero, también negaron que estuviera implicado.

Su primero dijo que él es comerciante ambulante y que solo iba a pasando por el lugar en el momento en que ocurrieron los hechos.

“A él, además, lo golpearon cuando el les dijo que no traía nada. Él sólo se metió porque los policías estaban arrastrando a una muchacha, y aun así se lo llevaron, aunque no tenía nada en sus manos” dijo Edwin, primo de Jorge, quien agrego que no tienen recursos para pagar un abogado particular, por lo que esperan que un defensor de oficio sea suficiente para asesorarlos.

Investigaciones

El plazo legal para definirla situación jurídica de las personas detenidas en la Ciudad de México concluye entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Entre las pruebas recabadas en su contra por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México están las imágenes de las cámaras de seguridad pública en donde se aprecian los disturbios ocurridos en, al menos, una tienda Coppel, una tienda Elektra, una Comercial Mexicana, una tienda FAMSA, un Soriana, varios locales de conveniencia como tiendas OXXO , K y Go Mart, un Sanborns, una Farmacia de Similares, una Bodega Aurrerá, y un Chedraui.

En uno de los videos, que Animal Político pudo visualizar, se aprecia a un grupo de aproximadamente 20 personas, que se trasladan en un camión similar a los microbuses del transporte público.

A llegar a un establecimiento comercial en la delegación Gustavo A. Madero, los tripulantes descienden pero no para realizar protesta o manifestación alguna, sino directamente a generar robos y destrozos en una tienda.

Luego de algunos segundos, el grupo regresa al mismo camión para trasladarse a otro sitio, mientras otras personas del lugar se acercan al establecimiento saqueado.

Estos videos formal parte de una reconstrucción que está realizando el Ministerio Público mediante el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo C4.

La Procuraduría también analiza varias grabaciones de audio y mensajes, a través de los cuales se convocó a personas con el propósito específico de perpetrar disturbios y saqueos en tiendas y supermercados.

De forma paralela, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública está verificando una convocatoria que se hizo en redes sociales, para manifestarse o atacar varios establecimientos comerciales.


El objetivo es identificar con precisión cuáles son las cuentas origen de esta viralización de mensajes, que contribuyó a generar una percepción de inseguridad en varios puntos de la Ciudad de México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL, PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/familias-detenidos-gasolinazo-arrestos/

Ilegal y arbitraria, detención de Susana Molina en Baja California

El caso de Susana Molina Medina, rapera feminista conocida como Obeja Negra que fue detenida ilegalmente el pasado 2 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de La Paz, Baja California, junto con su grupo de Hip Hop Batallones Femeninos, fue repudiado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).

Aproximadamente a las 10:30 horas del 2 de diciembre, Molina, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida con una orden de aprehensión, por lo que fue sometida a un interrogatorio de casi tres horas por parte de la Policía Federal en el interior del aeropuerto.

“Pese a su insistencia en conocer el motivo de su detención, tal cual es su derecho, Susana Molina supo muy poco del porqué”, indicó la Red. Los policías únicamente dijeron que estaba detenida “por una orden de aprehensión por ataques a las vías de comunicación, de 2010 en Oaxaca”.

Alrededor de las 13:30 horas, Susana Molina fue trasladada al Nuevo Edificio de Justicia Penal en Baja California, en donde fue puesta a disposición de la autoridad ministerial.


Casi 6 horas después de ser retenida y cuando la denuncia de su detención ilegal viralizaba las redes sociales, Susana Molina fue liberada, tras el hallazgo de la autoridad de que la orden de aprehensión en su contra había prescrito. “Ya ves lo que te sacas por andar de revoltosa”, le dijo un policía antes partir.

En 2010, Susana Molina ya había sido aprehendida en Oaxaca y procesada por supuestos ataques a un policía, junto con otras 11 personas que se opusieron al desalojo de artesanos y mujeres indígenas del centro de Oaxaca. Después de unas horas de reclusión, fue liberada bajo caución mediante el pago de una fianza, y meses después supo que el proceso estaba cerrado.

Batallones Femeninos es una agrupación de Hip Hop que busca expresar a través de la música la lucha feminista. Con su música y letras, denuncian las injusticias a las que se ven sometidas las mujeres en México y la impunidad con la que el problema crece, sin temor a ser censuradas y con la esperanza de que sus canciones despierten en los oyentes su realidad.


Entre sus integrantes se encuentra Susana Molina, cuyo nombre de rapera es Obeja Negra, quien ha sido amenazada y detenida por su labor de comunicación artística en más de una ocasión pero que, con el trabajo junto a sus compañeras, continúa con la voz en alto para exigir un alto a la violencia contra la mujer y brindar un mensaje de lucha y resistencia.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ilegal-arbitraria-detencion-susana-molina-baja-california/

Plagian a 15 personas que viajaban en un autobús en los límites de Coahuila y Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno de Coahuila informó que 15 personas que viajaban el lunes pasado en un autobús de pasajeros fueron secuestradas en Tamaulipas, entre la ciudad de Nuevo Laredo y el Municipio de Hidalgo, Coahuila.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno estatal explicó que en el retén de Hidalgo se dieron cuenta que el autobús de Transportes Frontera tenía algunos vidrios quebrados, por lo que interrogaron al chofer.

“Al percatarse los elementos de Fuerza Coahuila que la unidad presentaba algunos vidrios quebrados cuestionaron sobre el hecho al operador de la unidad, quien manifestó a los agentes que minutos después de salir de la central de autobuses de la cuidad de Laredo, del Estado de Tamaulipas, fue interceptado por hombres armados que le hicieron señales para que detuviera su marcha”, se informó.

El chofer de la unidad que salió de Tamaulipas con dirección a Coahuila, aseguró que al hacer caso omiso a dicha orden, los sujetos dieron alcance al autobús y le quebraron los vidrios, lo que obligó a éste a detener la marcha.


“El grupo de individuos hizo descender de la unidad a 15 personas del total de los pasajeros del autobús, llevándoselas con rumbo desconocido.

“El operador afirmó que fue amenazado de muerte y escudándose en ello no quiso proporcionar descripción de rostros ni de los vehículos que conducían los sujetos armados”.

Aunque los policías pidieron al conductor interponer una denuncia sobre los hechos, éste se negó por temor a represalias.

La Comisión Estatal de Seguridad descartó que los plagiarios hayan ingresado a Coahuila.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/455062/plagian-a-15-personas-que-viajaban-en-un-autobus-en-los-limites-de-coahuila-y-tamaulipas

Condena Artículo 19 agresión y tortura contra dos periodistas de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 condenó la detención arbitraria de los periodistas Sergio Cruz y Erwin Axel Aragón, quienes además fueron torturados por policías municipales en esta capital.

Por ello, Artículo 19 exigió a las autoridades de la entidad, particularmente a las corporaciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, respetar y garantizar el desarrollo pleno del ejercicio periodístico, condenando cualquier acto tendente a obstruir, criminalizar o realizar injerencias arbitrarias con el fin de impedir el libre flujo de información.

Además, demandó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos, cometidos el viernes 12, de manera diligente, seria, imparcial y exhaustiva, conforme a los estándares internacionales, conduciendo las investigaciones bajo los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, robo y los demás ilícitos que se acrediten contra los agente de policía agresores del municipio de Oaxaca de Juárez.

También pidió dictar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los reporteros agredidos y que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga el caso.

La organización defensora de comunicadores relató que la mañana del viernes 12 los reporteros gráficos, colaboradores de Politik y Diario Rotativo, cubrían un accidente de tránsito cuando elementos de Seguridad Pública les exigieron se identificaran.

Cruz mostró a uno de los policías su credencial de prensa, en ese momento intentaron arrebatarle su teléfono móvil. Cuando Aragón tomaba fotografías de las agresiones, alrededor de siete policías golpearon a los comunicadores y les quitaron sus pertenencias, entre ellas su equipo de trabajo.

Los funcionarios forzaron a Aragón y a Cruz a subir a la patrulla municipal 977. Durante la detención, uno de los oficiales golpeó a los dos reporteros con la culata de una escopeta, provocándoles lesiones en cuello, espalda y cabeza. El mismo agente les apuntó con su arma, cortó cartucho y amenazó con dispararles.

Durante el traslado, los municipales les preguntaron información personal. Obligaron a Aragón a decirles dónde trabajaba, su estado civil, su domicilio, los nombres de sus familias, e incluso, dónde estudia su hija.

Conforme a los estándares internacionales en materia de tortura, así como la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura de Oaxaca, se acredita el delito de tortura por todo acto que inflija dolores o sufrimientos físicos o mentales, como medio intimidatorio, o castigo para obtener información o con cualquier otro fin, cometidos por funcionarios públicos.

Antes de ser presentados ante el juez calificador, el médico legista omitió certificar si hubo maltratos durante su detención y nunca pudieron ver el contenido de los partes médicos.

En el cuartel pretendieron acusarlos por los delitos de lesiones, daño en propiedad ajena y usurpación de funciones. Incluso, les negaron realizar alguna llamada y establecer contacto con sus familiares.

Después de tres horas y media, ninguna de las acusaciones realizadas por los policías agresores pudo ser comprobada, por lo que fueron liberados.

Los policías borraron todo registro de las agresiones de las cámaras y teléfonos celulares de los periodistas. Además de entregar los equipos sin fotografías y videos de los hechos, les devolvieron menos de la mitad del dinero que estaba bajo su resguardo.

En entrevista con Artículo 19, Aragón y Cruz refirieron que el mando que se encontraba al frente del destacamento de policías amenazó con denunciarlos si ellos hacían lo mismo. Además, buscarían a las personas involucradas en el accidente de tránsito para que testifiquen en su contra.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PEDRO MATÍAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/452072/condena-articulo-19-agresion-tortura-contra-dos-periodistas-oaxaca

Caso Tlatlaya “permanece en la impunidad”: Patrón

La Procuraduría General de la República "tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".

A dos años del operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que hay “un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso frente a la realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que establece que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, ya estando a disposición de las autoridades del Estado”.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen , y se privó arbitrariamente de la libertad a tres mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Consideró que hay “una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con autoridades del Estado de México, justo para negar la existencia de los hechos, no podemos olvidar que el día posterior de los hechos, tanto la Sedena emitió un boletín oficial en donde refería que las 22 personas fallecidas era por consecuencia de un enfrentamiento, eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos”.

Agregó que “el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las tres mujeres sobrevivientes”.

A dos años del caso “hay indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado Mexicano. No podemos olvidar de que a pesar de que fueron inicialmente procesados siete elementos del Ejército Mexicano, tres de ellos acusados de la ejecución extrajudicial, homicidio calificado, fueron liberados… por insuficiencia indagatoria”, expuso.

La Procuraduría General de la República “tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Patrón.

Otra versión

El jueves, el diario mexicano El Universal publicó Tlatlaya: otra versión de la historia, una entrevista con Patricia, de 29 años de edad, sobreviviente y testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el periódico”su historia contrasta con la de Clara Gómez —la testigo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó con el nombre de Julia, y fue clave en el expediente contra los militares acusados del homicidio de siete de los civiles— .Clara ha dicho que Érika, su hija de 15 años que murió en el lugar, estaba secuestrada por el grupo armado y que ella estaba esa noche en el lugar del enfrentamiento porque había llegado para recuperarla. Patricia, sin embargo, afirma que ambas estuvieron ahí por su voluntad y que acompañaban a los integrantes del grupo armado que chocó con el Ejército”.


“Explica que llegó al sitio en el que estaba el grupo armado para dar sexoservicio, pero ahí encontró por casualidad a su novio, quien la mantuvo a su lado, lo que le permitió conocer durante los cuatro días previos a los hechos a otras mujeres que convivían con ellos.Entre ellas estaba también Cynthia Nava, recuerda, otra de las sobrevivientes, quien también hacía compañía a los integrantes de la organización delictiva”.

Al respecto, Patrón indicó en la entrevista para Aristegui CNN que “la señora Clara nos ha comentado que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de la llamada de ella, cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio”.

“Nos parece que si bien el reportaje del periódico da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados, la propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangentemente a los hechos posteriores de la ejecución”.

Además “no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y mécanica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las tres mujeres fueron privadas arbitratariamente de su libertad, sometidas a tortura”.

Agregó que “como centro de derechos humanos, nos parece seria la tendencia de la contraposición de los dichos y las versiones de las víctimas. Entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución de un conjunto de personas”.

“Somos respetuoso del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece, incluso irrelevante, si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no, ha habido una tendencia de descalificación al origen de su trabajo de que si era bueno o malo. Llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas, nos puede llevar a justificar atrocidades”, apuntó.

“El testimonio debe tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró.

Recordó que “después de que la CNDH emitió su recomendación en octubre de 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de siete militares, tres de ellos acusados por homicidio calificado, y los otro cuatro por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo pronto se fue diluyendo esa posibilidad del acceso a la justicia”.

Primero fueron liberados cuatro militares “que no habían sido acusados por homicidio, y posteriormente por desgracia sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Militar del Estado de México, en mayo de este año, en donde termina por liberar a los tres militares que estaban por homicidio calificado”.

“El caso permanece en la impunidad, actualmente no hay actores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o por cadena de mando“, acotó Patrón.

El caso Tlatlaya “es un reflejo de un problema sistémico y estructural”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/caso-tlatlaya-permanece-en-la-impunidad-patron-en-cnn/

Un Informe de Amnistía acusa a militares y policías de violar por todo el país a mujeres detenidas

La organización Amnistía Internacional documentó en una investigación de ocho meses, y luego entrevistar a 100 mujeres encarceladas en 11 prisiones federales en México, que 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual. En el informe de AI hay de todo: violaciones tumultuarias de policías y soldados, descargas eléctricas en los genitales y una impunidad que arropa a los agresores y los mantiene en la calle.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Mónica Esparza Castro fue violada por un grupo de policías ante la mirada de soldados el 12 de febrero de 2013: la asfixiaron con una bolsa de plástico, la arrastraron por el suelo sujetándola del cabello, le golpearon las nalgas con un tablón y siete policías, entre ellos un representante de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, la violaron frente a su esposo y su hermano, además la obligaron a realizarles sexo oral.

Mónica es una de las 33 mujeres, de un grupo de 100, que declararon a Amnistía Internacional (AI) que fueron violadas durante su detención. El día del brutal ataque contra Esparza Castro, la mujer de entonces 26 años viajaba en un automóvil con su esposo y su hermano cuando la Policía Municipal de Torreón los detuvo.

“Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados”, dice el informe de la organización titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”.

“La fiesta” a la que se referían los policías era una brutal violación tumultuaria, en donde Mónica fue ultrajada mientras le hacían preguntas que no podía contestar y veía como a su esposo le levantaban la piel de la pierna con un cuchillo y daban latigazos con espuelas de metal que le desprendían la carne.

“Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del Ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR [Procuraduría General de la República] en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura”, narra el informe.

Mónica está presa, pues fue obligada a firmar una confesión. En agosto de 2014 expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura.

“En abril de 2016 la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención”, indica Amnistía Internacional.

Sobre los violadores de Mónica: todos libres, ninguno procesado. De hecho, no existe en México ningún policía preso por tortura sexual, dijo a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional.

A todos ellos los cobija ese manto que se llama impunidad, indicó la investigadora en tortura.

De acuerdo con el informe, pese al alto número de denuncias, las autoridades han afirmado que en los últimos cinco años sólo se han presentado seis cargos de violación contra funcionarios públicos en la justicia federal.

Siete soldados fueron juzgados por violación en 2012 y 2013 por tribunales castrenses. No obstante, entre 2010 y 2015 ningún miembro del Ejército fue suspendido por delitos sexuales. Tres marinos fueron suspendidos por abuso y uno fue condenado, pero inhabilitado sólo hasta salir de prisión.

LA IMPUNIDAD Y LAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL


El estudio de Amnistía reveló que de 100 mujeres entrevistadas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual durante su detención. Los agresores fueron elementos de la Marina, Policía Municipal, Estatal, Federal y Ejército.

“Es realmente alarmante el informe, porque estamos hablando que la tortura sexual se vuelve el método preferido de las fuerzas armadas y de seguridad de este país. Estamos hablando que de 100 mujeres, todas alegaron haber recibido algún tipo de violencia psicológica o verbal. Realmente son cifras escalofriantes y lo peor es que el gobierno sigue sin castigar prácticamente a casi ningún soldado o policía por estos hechos”, dijo Madeleine Penman.

La investigadora reveló que Amnistía no conoce que exista una sola persona encarcelada por los delitos que denunciaron las 100 mujeres.

“Estamos hablando de una impunidad escalofriante. Cuando hablamos con las mujeres vimos que a pesar de haber denunciado, no habían tenido justicia. Peor aún, pedimos datos de las fuerzas armadas y su respuesta fue alarmante, estamos hablando de que en cinco años el Ejército no nos pudo dar un ejemplo de un solo soldado suspendido por abuso sexual o por violación. Entre 2010 y 2015 no suspendieron ningún agente suyo por este tipo de abusos de violencia sexual. Esto realmente nos demuestra que es un método tolerado”, dijo.

De acuerdo con el estudio de AI, un 80 por ciento de los arrestos de la Marina fueron con violación sexual; 60 por ciento de las aprehensiones de la policía municipal; 50 por ciento de los efectuados por la Policía Estatal; 50 por ciento de los del Ejército y 19 por ciento de la Policía Federal.

“La violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–, así como por el Ejército y la Marina. Dependiendo de los perpetradores, hay diferencias en la frecuencia con que se denuncia esta práctica. Las mujeres denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina. Aunque, en su conjunto, la Marina lleva a cabo menos arrestos que la Policía Federal, resulta sumamente preocupante señalar que, de los diez arrestos practicados por la Marina que constaban en los datos recopilados por Amnistía Internacional, ocho habrían incluido violación. De todos los demás cuerpos, excluida la Policía Federal, se habría utilizado la violación en al menos la mitad de los arrestos realizados. La sofisticación de los métodos utilizados para infligir violencia difería de unos casos a otros. Por ejemplo, algunas mujeres que reportaron haber sido violadas por personal de la Marina contaron a Amnistía Internacional que, en ocasiones, los violadores utilizaban los dedos enguantados para no dejar rastros biológicos, mientras que otras denunciaron haber recibido descargas eléctricas en los genitales. En algunos casos se denunció el uso del pene, pero no en la mayoría. Veintisiete mujeres fueron sometidas a violación vaginal durante su detención”, dice el informe.

Entre las mujeres entrevistadas por la organización, hay testimonios que afirman que fueron torturadas en estado de embarazo. De las entrevistadas 10 afirmaron estar embarazadas durante su detención y ocho abortaron a consecuencia de la tortura.Los torturadores golpearon el estómago de todas ellas.

La investigación de AI encontró que las mujeres que no se adaptan a los estereotipos de género fueron torturadas por su orientación sexual.

Amnistía Internacional indica en su informe que el compromiso de México por prevenir y castigar la tortura, sólo está en papel, pues en la práctica no hay ni siquiera castigos en contra de los torturadores sexuales.

“El número de cargos formulados por tortura en México es alarmantemente bajo. A pesar de que la PGR registró en 2014 la recepción de 2, 403 denuncias penales por torturas, no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. En los años anteriores a 2014, según la información del gobierno, se había acusado a menos de cinco personas al año, como media, y algunos años no se acusó a nadie. En febrero de 2016, la PGR seguía sin poder informar a Amnistía Internacional de los cargos presentados el año anterior. Sólo tras un escándalo público sin precedentes que impulsó una respuesta del gobierno, en abril de 2016 la PGR anunció cargos, al parecer por primera vez en dos años, contra cinco agentes federales, en respuesta a la filtración de un vídeo que mostraba a militares y soldados torturando a una mujer. Pese a esta novedad, el alcance de la impunidad por tortura y otros malos tratos queda de manifiesto por el hecho de que las cifras más recientes muestran que desde 1991 sólo 15 casos han desembocado en sentencias condenatorias penales federales”, dice.

La organización recibió información alarmante del Ejército, pues declaró que entre 2012 y 2013 hubo cuatro juicios en contra de soldados por abuso sexual, pero dentro de la jurisdicción militar. Ninguno de los soldados fue suspendido durante la investigación.

La Marina informó que en los últimos años cuatro marinos fueron suspendidos por abuso sexual, pero “a Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de la Marina indica que un miembro del cuerpo declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer, podría reincorporarse al servicio tras cumplir su condena en prisión”.

Madeleine Penman afirmó que la organización enfrentó varios obstáculos para realizar la investigación de parte del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Una obstaculización desde la Secretaría de Gobernación que durante cuatro meses intentamos acudir con un número mayor de mujeres y pasamos de tener un sí en diciembre de 2015, a tener una respuesta que nos ignoraba totalmente y nos pasamos entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Secretario de Gobernación, por eso fue lamentable ver la poca disposición del Secretario de Gobernación, ni de dignarse a respondernos”, acusó la investigadora.

CONSECUENCIAS DE LA TORTURA SEXUAL

Amnistía Internacional dice en su informe que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.

“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir. Otras sobrevivientes han descrito que se sienten como ‘muertas vivientes’, o que vivir con el trauma de la violación era como estar ‘viva pero muerta’. Tal como dijo Verónica Razo a Amnistía Internacional: ‘Lo que queda en tu mente, ¿quién lo puede remediar? ¿Quién me lo puede quitar? Evito cerrar los ojos, no me gusta cerrar los ojos porque repaso todo en mi mente’. El trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación”, dice el documento.

La organización recogió el testimonio de Verónica Razo, de 37 años y desde hace cinco encarcelada y separada de sus dos hijos.

El 8 de junio de 2011 Verónica caminaba por una calle del centro de la Ciudad de México, cuando hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron.

“La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una ‘confesión’. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida”, narra el informe.

Según Amnistía Internacional los hijos de Verónica están a cargo de su abuela. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no pudo continuar sus estudios universitarios por la carga económica que significa que su madre esté presa.

Madeleine Penman dijo a SinEmbargo que el Gobierno tiene la oportunidad en sus manos de hacer algo en el caso de Verónica.

“Hace unos meses, en septiembre de 2015, el Gobierno estableció el Mecanismo para Casos de Tortura Sexual dentro de la Secretaría de Gobernación, desde entonces el caso de Verónica es el primer caso que este mecanismo tenía que haber revisado. Entonces vemos que México tiene todas las oportunidades necesarias para combatir este flagelo, hay que atacar la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, indicó.

La investigadora explicó que el mayor reto del nuevo sistema acusatorio será que cualquier prueba obtenida bajo tortura o malos tratos, deberá excluirse de los juicios penales.

“En México el Gobierno tiene todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo y esperamos que el Congreso tome cartas en el asunto, estemos esperando una Ley General de la Tortura largamente demorada. Quisiéramos ver el compromiso de la Secretaría de Gobernación en este nuevo mecanismo de casos de tortura sexual, que todas las instituciones del Estado cooperen con este mecanismo: la PGR, la CNDH, la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad pueden hacer mucho. Hay que tener la voluntad para acabar con la cultura de encubrimiento”, finalizó.

RETIRAR AL EJÉRCITO DE LAS CALLES

Entre las principales recomendaciones de Amnistía Internacional al Presidente de la República Enrique Peña Nieto está el retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y “por las que no rinde cuentas”.

“Reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, dice el informe.

La organización también recomienda asegurar que los expertos “médicos forenses oficiales son independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal” y pide a la Segob “reforzar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres”, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertinentes colaboran con él.

A la PGR el organismo recomienda “acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad”.

En cuanto al Congreso de la Unión, AI pide adoptar la Ley General contra la Tortura, con los siguientes elementos: penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a los estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y todas “las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan excluidas de las actuaciones judiciales, excepto en contra de un posible perpetrador como evidencia de que la tortura ocurrió”.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: SHAILA ROSAGEL
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3059630

Los detenidos de Nochixtlán: la Policía Federal los sacó de un funeral, no del enfrentamiento

Familiares de 18 de los 23 detenidos aseguran que éstos no participaban en las manifestaciones, pues se encontraban en el panteón local preparando el funeral de un conocido cuando la policía federal los detuvo.

Como se acostumbra en un pueblo como Nochixtlán, Oaxaca, Marcos Cruz cavaba la tumba de su padre, Francisco Cruz, con ayuda de sus tíos, primos y amigos. Comenzaron la labor a las 8 de la mañana del domingo 20 de junio para enterrarlo antes de mediodía; mientras, a unos 50 metros, pobladores mantenían una barricada como parte de las protestas en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A las 8:30, antes de cualquier confrontación directa, elementos de la Policía Federal entraron al panteón, los rodearon: “Manos a la nuca”, les gritaron. Sin saber qué sucedía, los hombres hicieron caso y así, en cuestión de minutos ocurrieron 18 de las 23 detenciones del día.


Ni siquiera los dejaron sepultar a su muerto. Los subieron a un camión custodiado por policías federales, estuvieron boca abajo, con las manos en la nuca y encimados, tal como lo muestra una imagen que circuló en redes sociales el domingo pasado. “Es mi hermano”. “Es mi esposo”. “Ahí está mi hijo”. “La imagen es verdadera”, dicen las familias durante una reunión con el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC., este lunes.

Eloísa Antonio García es la viuda. Además del luto, ahora tiene a ocho familiares detenidos. Entre lágrimas insiste en la inocencia de todos. “Es la gente que me fue a apoyar y no se vale que les hayan hecho eso; ellos fueron a hacer una obra de caridad. Yo quiero justicia”.


Eloísa saca de una bolsa de plástico los documentos que guarda como tesoro: el acta de defunción, que da como fecha de muerte de Francisco Cruz, el 18 de junio por insuficiencia renal crónica y el acta de nacimiento de su hijo, Marcos, de 22 años.

Cristina Pedro González también tiene la prueba para acreditar que su padre Enrique Cruz, estaba esa mañana porque trabaja como sepulturero.

Muestra un documento expedido por el Ayuntamiento en cual le asignan cuatro tumbas “para su cuidado y mantenimiento”, incluida la del recién fallecido.

Otra prueba más es el testimonio de Ismael Aguilar, de 43 años, uno de los dos que escaparon de la detención. “Cuando aventaron los gases, nos metimos a la capilla porque no se aguantaba en los ojos. Cuando salimos ya no pudimos hacer nada. Ellos se saltaron al panteón”, cuenta a las integrantes del Comité.


Eran unos 20 policías y les ordenaron hacer dos filas y ponerse las manos en la nuca. “Cuando ellos dijeron eso yo me escapé por el hoyo en una pared y vi cómo se los llevaban”, dice Ismael con un nudo en la garganta.

Los detenidos se dedican a hacer ladrillos y todos son familiares consanguíneos, políticos o amigos. Esperan que su palabra y las pruebas sean suficiente para demostrar la inocencia de los 18 detenidos en el panteón de Nochixtlán. En tanto, los cinco detenidos restantes no son conocidos por estas familias.

La abogada Alba Cruz asegura que ni siquiera les han informado sobre los delitos que se les imputan, ni tampoco han podido ver el parte judicial; sin embargo, una vez vencido el plazo de 48 horas, la autoridad judicial deberá determinar su situación. En tanto, se encuentran recluidos en los separos de San Bartolo Coyotepec.

La última vez que algunos hablaron con sus familiares fue poco antes de ser detenidos, cuando los federales lanzaron los gases lacrimógenos. Algunos llamaron para alertar a sus madres o esposas de no salir, pero no han vuelto a hablar con ellos. Incluso, las familias temen salir del pueblo por las barricadas y bloqueos que mantienen manifestantes. 

Nochixtlán calcinado 

Un día después del enfrentamiento entre la Policía Federal y miembros de la CNTE que dejó 8 muertos, el pueblo está en la incertidumbre. En la carretera, antes de llegar al poblado – de apenas 13 mil habitantes-, 50 vehículos de carga están estacionados a la orilla en una fila enorme, como clara evidencia de que ahí solo entra sólo a quien el pueblo se lo permite.

En la barricada del acceso principal, hombres con paliacates que les cubren la mitad del rostro dan indicaciones para que los vehículos retrocedan y entren al pueblo por una desviación, un camino de terracería, rodeando los cerros.


Llegar a Nuchixtlán es como entrar a una zona de guerra. Decenas de botellas rotas y trapos a un lado que no llegaron a ser bombas molotov. Montículos de cenizas, una patrulla calcinada. Incluso, todavía le prenden fuego a la carrocería de un tráiler atravesado en la autopista. El humo negro que despide, parece el preludio de tormenta.

La gente está temerosa y desconfía de cualquiera que entra a su pueblo, por eso, en el puente vehicular de acceso, otros encapuchados piden que los autos se detengan para revisar las cajuelas. “Perdón por las molestias”, dicen mientras los conductores siguen su paso.

En el centro está la presidencia municipal. Sus paredes eran blancas con verde limón, pero después de este 20 de junio, los techos y el interior son negros. Todo está quemado. Un día después aún sigue saliendo humo de las oficinas y las escalinatas están llenas de gasolina.

El único cajero automático está destruido y hasta arriba hay una manta con la leyenda: “Asesinos. Peña Nieto-Gabino Cué-Daniel Cuevas. El pueblo de Nochixtlán exige justicia. Castigo a los culpables”; en frente, otra patrulla calcinada.

Los pobladores incendiaron el edificio porque según dicen, el presidente municipal priista, Daniel Cuevas, mandó cerrar el Hospital básico comunitario y la clínica para que no atendieran a los heridos. Por eso es que la iglesia funcionó como un hospital improvisado para atender a los agredidos.


Apenas han pasado 24 horas y están enterrando a sus muertos, pero no saben que pasará en los próximos días ni cómo reaccionarán el resto de las comunidades en una entidad donde hace 10 años hubo un largo movimiento social que tambaleó al gobernador priista, Ulises Ruiz.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/a-los-detenidos-de-nochixtlan-la-policia-los-saco-de-un-funeral-no-del-enfrentamiento-familiares/

Funerales de los caídos en Oaxaca incrementan la solidaridad con los maestros de la CNTE

Desinformémonos| Ciudad de México. 21/ 06/2016.- Con los funerales de Anselmo Cruz Aquino, y de Omar González Santiago, quienes fueron asesinados el domingo 19 de junio en el pueblo de Asunción de ‪Nochixtlán a manos de policías, dio inicio una jornada de actividades, expresiones solidarias a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en rechazo absoluto a estos actos de represión emprendidos por el Estado mexicano contra maestras, maestros y población.

A la despedida y homenaje llevado a cabo en el parque Porfirio Díaz de la comunidad Mixteca de Tlaxiaco, Oaxaca, acudieron cerca de cinco mil personas a despedir a los pobladores mientras lanzaban consignas en contra de la brutalidad con la que el gobierno mexicano actuó.
Al mismo tiempo, en distintas entidades federativas se llevaron a cabo marchas, actos de protesta y múltiples exigencias al gobierno para establecer de inmediato una mesa de diálogo con el magisterio disidente, así como el cese de actos de represión.

En la Ciudad de México, unas 20 personas fueron detenidas arbitrariamente mientras ejercían su derecho a la protesta afuera de la representación de de Oaxaca en ésta ciudad. y llevadas al Juez Cívico de Santa María la Ribera y al MP de la Delegación Miguel Hidalgo en Parque Lira, después de unas horas fueron liberadas sin cargos.

Las y los detenidos fueron encapsulados, agredidos y denunciaron el robo y destrucción de materiales en los que habían estado documentando la actuación de la policía capitalina, las compañeras afirmaron haber recibido insultos machistas en los que se les amenazo de ser violadas. golpeados y robados los teléfonos y cámaras con los que documentaban la represión.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://desinformemonos.org.mx/funerales-de-los-caidos-en-oaxaca-incrementan-la-solidaridad-con-los-maestros-de-la-cnte/

Policía Federal, bajo el mando de Galindo, con historial violento desde 2013

Desde de diciembre 2012, Galindo es el comisionado de la Policía Federal, corporación que ha participado desde entonces hasta la fecha, en diversos desalojos de manifestaciones sociales, usando la fuerza pública.

La Policía Federal, bajo el mando de Enrique Galindo, suma antecedentes de desalojos violentos de manifestaciones y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, como en Apatzingán o Tanhuato, Michoacán. Se trata de la misma corporación policiaca que realizó, el pasado domingo, el desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Nochixtlán, Oaxaca, tras el cual murieron 6 personas y hubo un más centenar de heridos.

El titular de la Policía Federal ha admitido que elementos policiacos sí usaron armas de fuego el domingo, luego de que agencias de noticias nacionales e internacionales difundieron imágenes de los elementos usándolas.

Aquí un recuento de las manifestaciones que han sido disueltas con violencia durante la gestión de Galindo al frente de la Policía Federal:

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2013 (Plantón vs Reforma Educativa): Días antes de las celebraciones del Día de la Independencia, un contingente de maestros de la CNTE había montado un campamento en el Zócalo de la capital del país en contra de la recién aprobada Reforma Educativa, una de las primeras iniciativas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

El comisionado Enrique Galindo personalmente fue quien advirtió a los profesores que tenían unos minutos para retirarse de la plancha del Zócalo, de lo contrario, serían replegados por la fuerza. La mayoría de los manifestantes salieron del lugar, pero un grupo permaneció en la plaza y a las 16 horas los policías federales sacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y golpes de sus escudos y toletes.

No hay noticias de que alguna autoridad haya iniciado una investigación por estos hechos.

Desalojo de maestros en el Zócalo, del 13 de septiembre de 2013 (Foto: Cuartoscuro)

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2014 (Manifestación por Ayotzinapa): La manifestación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, terminó después que la Policía Federal usó sus escudos y toletes para desalojar el Zócalo capitalino, en coordinación con la Policía Auxiliar del Gobierno del Distrito Federal.

Hay imágenes que muestran a los uniformados golpear a personas con niños en los brazos y a ancianos. Las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del DF reprobaron los actos de violencia en un comunicado conjunto, pero hasta el momento sólo la Comisión del DF emitió recomendaciones a las autoridades locales que están dentro de su competencia.

Apatzingán, Michoacán, 6 de enero de 2015 (Policía Federal vs Autodefensas): Policías Federales ejecutaron a civiles desarmados con un saldo de por lo menos 16 muertos y decenas de heridos, después que manifestantes tomaron el Palacio Municipal de Apatizngán, según documentó una investigación de Laura Castellanos en Aristegui Noticias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció esos hechos como violaciones graves de derechos humanos y señaló a la Policía Federal. El caso también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya requirió información al Estado Mexicano.
Tanhuato, Michoacán, 22 de mayo de 2015 (Policía Federal vs Cártel Jalisco Nueva Generación): 42 civiles y un policía federal resultaron muertos después de una refriega. El periodista Carlos Loret de Mola reveló la existencia de un informe que decía que la corporación de Galindo había ejecutado a los presuntos criminales cuando ya se habían rendido, en una zona que controlaba el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Galindo fue quien dio la cara ante esas acusaciones y lo negó todo, al decir que hubo tres personas detenidas que él mismo interrogó. “En Michoacán hubo un enfrentamiento demostrado, claro; no hay una sola ejecución, lo digo categóricamente“, dijo en Radiofórmula sobre Tanhuato.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, aseguró que ninguno de los cuerpos tenía disparos en la cabeza; sin embargo dijo al diario La Jornada que eso no significaba una conclusión en torno a si hubo o no ejecuciones.

¿Quién es el comisionado de la Policía Federal?
El comisionado Enrique Francisco Galindo Ceballos es originario de San Luis Potosí, licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal por la universidad de ese estado; además tiene otra maestría en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, donde además dejó inconcluso un doctorado en Derecho, de acuerdo con su declaración patrimonial.

Antes de llegar al gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre 2012, Galindo había pasado por la dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de San Luis Potosí y por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en ese estado. De acuerdo con una investigación del diario 24 horas, Galindo no pasó las evaluaciones de control y confianza en dos ocasiones y también fue sancionado por negligencia administrativa y denunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su actuación en San Luis Potosí.

Este domingo, Galindo Ceballos dijo: “Al final del operativo yo tomé la decisión de venir al estado y hacer una revisión de los hechos. Sí, efectivamente al final del proceso llegó un grupo de la Policía Federal en apoyo que portaba sus armas de cargo, yo creo que ya había pasado todo, ya habíamos ordenado el repliegue táctico de las policías”.

En los siguientes días se prevén más movilizaciones de maestros en Oaxaca y en la Ciudad de México.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: IRVING HUERTA
LINK: http://aristeguinoticias.com/2106/mexico/policia-federal-bajo-el-mando-de-galindo-con-historial-violento-desde-2013/